¿Otro ministerio?

"Sin decirlo abiertamente, estamos poniendo a competir la vieja concepción sectorial con una visión más transversal de la administración pública.”

El fin de semana pasado los medios nos contaron la última novedad del gobierno.  En el marco de la iniciativa “Todos tenemos algo que dar”, el Presidente Pérez Molina salió al campo con un grupo de voluntarios para darles su baño de realidad nacional: vivir con los pobres un día, comer su comida, hablar con ellos, darse la mano, usar su baño, sentir por un rato sus necesidades. 

Pero no es eso lo que quiero resaltar.  Y no porque sean poco importantes estos ejercicios de sensibilización.  Al contrario, ¡ojalá y fuera la norma en el país!  Si los jóvenes de la capital y cabeceras departamentales tuvieran la oportunidad de salir con frecuencia a exponerse a las condiciones de vida de nuestros paisanos en lugares apartados y mucho más limitados de oportunidades, seguramente nos imaginaríamos a Guatemala de otra manera.  Mucho más incluyente, compartida, de todos.   

Al final de la jornada el Presidente anuncio que analizan crear un ministerio de desarrollo rural que coordine a entidades como la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Fondo de Tierras, y a todas las instituciones públicas que desarrollen programas y proyectos para combatir la pobreza en las áreas rurales y políticas de desarrollo agrícola.  Así como lo lee: otro ministerio más.  ¿Qué le parece? 

Algunos no tardarán en saltar con pancartas y a grito pelado bufarán que ya hay suficientes burócratas y trámites en el país.  Que eso solamente contribuirá a hacer todavía más lenta y onerosa la gestión pública.  Otros, probablemente contaremos hasta diez antes de opinar. 

Aunque si lo piensa un poco más despacio, en realidad la idea no está fuera de foco.  Es claro que el organigrama del Estado necesita una remozada.  Ya no responde a las necesidades de momento.  Hay ministerios urgidos de redefinir su papel.  Hay instituciones del Estado que necesitan ganar espacio y autonomía para poder tener más presencia estratégica en la gestión pública.  Como también hay nuevas necesidades que demandan la creación de espacios institucionales inéditos.

Pero además, y quizás aquí es donde valga la pena poner más atención, poco a poco nos deslizamos hacia un nuevo organigrama del sector público.  Primero, el esfuerzo que hizo la SEGEPLAN en materia de descentralización y desarrollo territorial, luego la creación del ministerio de desarrollo social, y ahora la idea de un ministerio de desarrollo rural.  Sin decirlo abiertamente, estamos poniendo a competir la vieja concepción sectorial con una visión más transversal de la administración pública.  Le estamos cambiando la función objetivo al gobierno. 

Lo importante aquí es no caer en la trampa de soluciones “suma cero”.   No se trata de una pelea entre los ministerio de educación y salud versus el ministerio de desarrollo social, o entre el ministerio de agricultura versus un ministerio de desarrollo rural. 

Se trata de reflejar en el aparato público la realidad del país.  En el caso del campo, por ejemplo, hay que reconocer que desde hace muchos años el desarrollo rural dejó de pasar única y exclusivamente por el desarrollo del sector agrícola.  Hay otras dimensiones que definen a los hogares rurales y sus formas de vida. 

En esa medida debemos entonces reflexionar esta gradual reforma del Estado, y definir las competencias de cada institución, la manera en que se coordinarán, los mecanismos que tendrán para monitorear y evaluar sus intervenciones en los territorios y para rendir cuentas a la ciudadanía.  Es la única forma de mejorar la gestión pública y aumentar la presencia pública en las zonas más atrasadas del país. 

Si conceptos como desarrollo territorial, desarrollo social y desarrollo rural son cada vez más una prioridad, y por ello es que se corresponden con una reorganización del aparato estatal; si estamos dispuestos a cambiar la función objetivo de las políticas públicas, dándole un enfoque cada vez más integral y coordinado; y si estas nuevas prioridades se traducen efectivamente en un ejercicio presupuestario que las refleje como tales; entonces iniciativas como las que escuchamos el fin de semana podrían traer buenas noticias para los guatemaltecos.

Prensa Libre, 3 de mayo de 2012.

El informe RIMISP

“Distinto sería si estuviésemos hablando de países como los nórdicos, en donde la gran mayoría de su población está alrededor de la media.”

La literatura sobre desigualdad ha reconocido desde hace unos años la necesidad de cambiar el eje de la discusión.  Cada vez se habla menos de desigualdad entre países y más de desigualdad a lo interno de cada país.  Algunos llevan el argumento todavía más lejos y dejan atrás la distinción gruesa entre urbano y rural, para escarbar en diferencias más finas.  Entre regiones y municipios, ó con relación a diferentes grupos sociales – mujeres, jóvenes, indígenas, o afro descendientes.  

Es en esa perspectiva que el centro latinoamericano para el desarrollo rural RIMISP hizo una apuesta interesante hace algunos meses al proponerse elaborar un informe regional sobre pobreza y desigualdad con enfoque territorial.  A partir de estadísticas y bases de datos oficiales capturan seis dimensiones socioeconómicas del bienestar: salud, educación, dinamismo económico y empleo, ingresos y pobreza, seguridad ciudadana e igualdad de género.  Y lo hacen al mayor nivel de desagregación posible.  

Además, diferente a los informes que regularmente producen organismos regionales y mundiales como PNUD, CEPAL o Banco Mundial, el trabajo fue comisionado a especialistas de universidades, centros de pensamiento y organismos de la sociedad civil en la región, con lo cual abona al fortalecimiento de capacidades locales.  Los países investigados fueron: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.  Cabe señalar que estos diez países concentran aproximadamente el 85% de la población de América Latina, el 90% del producto interno bruto y casi la totalidad de los pobres de la región. 

La primera parte del informe documenta las brechas territoriales que existen en cada país.  Allí se revela cómo en algunas dimensiones de bienestar, las zonas urbanas son más rezagadas que las rurales.  Por ejemplo en materia de desigualdad y seguridad ciudadana.  Por su parte, las zonas rurales no solamente presentan los mayores rezagos en acceso a servicios básicos, sino que además una profunda inequidad de género así como con relación a ciertos grupos étnicos.  

La segunda parte busca explicaciones a estas brechas.  Dentro de las hipótesis que lanza están la existencia de políticas públicas regresivas por cuanto apoyan de manera privilegiada a territorios que cuentan con capacidades, riqueza y bienestar mayores al resto del país.  Así también se señala la debilidad de gobiernos locales para gestionar la función pública y articular esfuerzos públicos y privados.  O bien capacidades limitadas de la misma sociedad civil, que no logra acuerdos básicos que le permitan plantearse objetivos de mediano y largo plazo en territorios definidos. 

El valor agregado de un documento como este es que pone el énfasis de la discusión sobre equidad a lo interno de cada uno de los países, a diferencia de las típicas comparaciones internacionales del país A con el país B o la región X con la región Y.  La comparación intrarregional da un sentido de pertenencia y pertinencia mayor para la ciudadanía porque los referentes son realidades familiares, cercanas.  Con ello la posibilidad de sensibilización y cambio aumenta.

Pero además, al poner el acento en los territorios, automáticamente estamos escarbando más allá de los promedios nacionales, que por definición esconden las grandes heterogeneidades de una región tan desigual como la latinoamericana.  Distinto sería si estuviésemos hablando de países como los nórdicos, en donde la gran mayoría de su población está alrededor de la media. 

Finalmente, hay que reconocer que el enfoque territorial no solamente es una herramienta poderosa para diagnosticar, sino también para interpelar a las políticas sectoriales.  Sin embargo, también hay que decir que el enfoque territorial tampoco ofrece una respuesta contundente al problema.  De manera que la discusión sigue abierta. 

El lanzamiento oficial del informe RIMISP se llevó a cabo en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado martes 24, y habrá presentaciones en diferentes países.  En Guatemala se hará en la última semana de mayo.  Tanto el documento como las bases de datos que sirvieron de soporte están disponibles en el sitio de internet www.informelatinoamericano.org

Prensa Libre, 26 de abril de 2012. 

Pobres de ingreso medio

“Latinoamérica goza de una oportunidad interesante para posicionarse como región que lidere esta nueva discusión, aportando de manera sustantiva a la comprensión de cómo países de ingreso medio tratan de superar altos niveles de pobreza y desigualdad.”

Comienza a darse una discusión interesante en la comunidad del desarrollo. Tiene que ver con el aumento en el ingreso nacional de algunos países y su ascenso a la categoría de ingreso medio. Un interesante artículo del instituto de estudios del desarrollo (IDS, por sus siglas en inglés), señala cómo el porcentaje de pobres viviendo en países de ingreso medio pasó de 7% a finales de la década de los años ochenta a 72% a finales de la década pasada.

Por supuesto que allí dentro está el factor China e India, que sesgan cualquier promedio mundial. De cualquier manera, aun excluyendo de la lista a los dos colosos asiáticos, los porcentajes serían 7% y 22% respectivamente. Es decir, un aumento de tres veces en veinte años. La pregunta es si dicho crecimiento de los países en desarrollo está cambiando sustantivamente el entorno de los pobres.

Para comenzar, ya se escucha un discurso, que seguramente irá in crescendo, sobre la necesidad de movilizar más recursos propios en los países de renta media, para la reducción de la pobreza. Tal argumento se contrapone a la vieja y tradicional estrategia de movilizar recursos internacionales en forma de préstamos o donaciones.

De lo anterior se deprende una pregunta natural: ¿tienen los gobiernos de países de renta media los medios para asumir el financiamiento de sus propias estrategias de reducción de pobreza? La respuesta, por de pronto, parece ser que no. Por lo menos a juzgar por los niveles de tributación promedio en los países de renta media, que rondan entre el 18 y 19 por ciento del producto interno bruto, y por los altos porcentajes de pobreza que prevalecen en la mayoría de ellos.

¿Cuál será el efecto de esta discusión para una región como América Latina, en donde la gran mayoría de sus países pertenecen al club de renta media? La respuesta es dual. Por una parte, uno puede anticipar que se quedará marginada de la discusión. Especialmente a partir del poco peso relativo que tiene la pobreza latinoamericana en comparación con otras regiones del mundo. Según el IDS, al usar una medida de pobreza multidimensional, hoy día el 66% de los pobres viven en Asia, el 29% en África Sub Sahariana y solamente el 3% en América Latina.

Por otro lado, Latinoamérica goza de una oportunidad interesante para posicionarse como región que lidere esta nueva discusión, aportando de manera sustantiva a la comprensión de cómo países de ingreso medio tratan de superar altos niveles de pobreza y desigualdad. En términos de pobreza, la región ha desarrollado instrumentos de política pública innovadores y efectivos para aumentar el ingreso de los pobres. Nuestras programas de protección social son indiscutiblemente un aporte al mundo en desarrollo.

Y en términos de desigualdad, por el solo hecho de seguir ostentando la corona en materia de concentración de recursos y oportunidades, de facto nos coloca como población objetivo para ensayar formas alternativas de romper con las disparidades estructurales que nos definen. La gran interrogante es ¿seremos capaces de asumir el reto?

Prensa Libre, 19 de abril de 2012.

La socialdemocracia se repiensa

“(…) aprender a comunicar mejor la visión de interdependencia entre crecimiento económico y desarrollo, por un lado, y la seguridad social y la igualdad, por el otro.”

El País comenzó desde hace unas semanas a publicar una serie de artículos sobre el futuro de la socialdemocracia europea. Interesante ejercicio de catarsis ante el punto bajo por el que atraviesa dicha corriente de pensamiento político en el viejo continente.

Si se la juzga por el resultado que ha obtenido en las urnas después de que iniciara la Gran Recesión en el 2008 los números son demoledores. Hoy solamente gobiernan en 4 países de la Europa de los 27.

Sin embargo, las próximas elecciones en Francia, los traspiés conservadores del Reino Unido, pero fundamentalmente las elecciones en Alemania en el 2013, despiertan la esperanza de poder reposicionarse ante su ciudadanía como una mejor opción para conducir la política glocal.

Dos hechos parecen marcar esta parada conceptual para repensar el camino futuro. Por una parte, el agotamiento de la llamada “Tercera Vía”, como alternativa para reformar y dar más agilidad a un estado de bienestar europeo que debe ponerse a tono con los tiempos. Por la otra, el descalabro del neoliberalismo de los ochenta generado por la aguda crisis global, de la cual no acabamos de salir y recomponernos.

La gran ironía es que en casi todos los países europeos, del mundo desarrollado, y otras economías emergentes, el reclamo de sus clases medias es afín al ideario socialdemócrata: empleo, seguridad social, equidad. Sin embargo, la respuesta práctica no convence. ¿Por qué? Si la evidencia empírica muestra cómo la socialdemocracia redistribuye más que otras opciones ideológicas.

¿Será que el votante medio está hilando más fino que sus dirigentes políticos? ¿O simplemente estamos en un típico caso de comunicación rota entre gobernantes y gobernados?

Como bien apuntan Olaf Cramme y Patrick Diamond del Policy Network, el reto principal del pensamiento político de centro-izquierda contemporáneo está en poder proporcionar a la gente un moderno sentido de pertenencia y de objetivos colectivos en un mundo rápidamente cambiante. Ignorar esa discusión es políticamente inviable.

Las condicionantes de la sociedad europea están allí: cambio (envejecimiento) demográfico, recomposición del Estado nacional, migración e interculturalidad, y una agenda internacional cada vez más interdependiente. Todos son factores que condicionan los espacios de acción para cualquier agenda programática. Es allí donde la socialdemocracia debe rencontrar su espacio y, como sugiere Pär Nuder, “aprender a comunicar mejor la visión de interdependencia entre crecimiento económico y desarrollo, por un lado, y la seguridad social y la igualdad, por el otro.”

Guardando las diferencias de rigor, es increíble como demandas tan parecidas encuentran vehículos para canalizarse tan diferentes entre aquellos países y los nuestros. Allá, se protesta contra el paro, aunque con una pizca mayor de sofisticación, crítica y propuesta. La ciudadanía entiende que su participación política es la herramienta para exigir condiciones que después se transformarán en cosas concretas como tener trabajo, devengar un salario, acceder a una pensión, gozar de educación y salud, optar a vivienda propia.

Aquí la gente también necesita empleo y todo lo demás, pero el discurso es más limitado cuando no del todo ausente. La clase media mantiene su silencio ensordecedor, porque hacer política quita tiempo o es de shumos. En el mejor de los casos escuchamos la perorata del crecimiento económico arriba del 6 ó 7 por ciento. Y del Estado, se acuerdan solo aquellos para los que peor es nada, ó aquellos otros a quienes les estorba.

Cualquiera sea la afiliación o simpatía política individual, no me cabe duda que es preferible una sociedad con opciones políticas que sin ellas, con debates sobre visiones alternativas en lugar de un mutismo apático que deja vía libre a politiquería vacía. Buen aporte a la discusión y al debate político, a la construcción de ciudadanía, el que hacen los medios de comunicación europeos al ventilar este tipo de temas. Me pregunto ¿podríamos ensayar algo similar en Guatemala?

Prensa Libre, 12 de abril de 2012.

El único y mismo motor

“(…) las condiciones estructurales, esas que subyacen y definen a una economía – es decir, su dotación de recursos naturales, institucionales, pero sobre todo humanos – sí que juegan un papel siempre..”

El lunes se publicó un artículo en el Financial Times escrito por el economista Lawrence Summers. Profesor de Harvard, ex secretario del tesoro norteamericano, asesor de los presidentes Clinton y Obama, y uno de los nombres que sonaba como candidato a presidente del Banco Mundial. Figura controversial, más no por ello menos lúcida que otras que componen la flora y fauna de los economistas del mundo.

Su columna hace un análisis de coyuntura de la economía de los Estados Unidos, sugiriendo, con mucha cautela eso sí, algunos signos de recuperación. Entre otros menciona que el empleo lleva ya algún tiempo creciendo más rápido que la población; el nivel de los mercados de bolsa es más alto y su volatilidad más baja que en ningún momento desde 2007, sugiriendo que la incertidumbre de los agentes privados disminuye; hay una cierta demanda contenida de consumidores que pospusieron compras de bienes durables a causa de la crisis, la cual comienza a emerger; y el mercado de vivienda parece estarse estabilizando.

Pero los más importante, desde una perspectiva estructural, de crecimiento económico en el largo plazo, es la afirmación que hace sobre los motores de la inversión y la generación de empleo y la centralidad que tienen medidas de política fiscal y monetaria. En cuanto a lo primero, nos dice que (sic) “(…) asumiendo que no hay una regulación punitiva, la innovación en tecnología móvil de información, redes sociales, y nuevos descubrimientos de petróleo y gas natural, probablemente serán los motores…”. Y en cuanto a lo segundo, reconoce que la recuperación americana tiene más que ver con las extraordinarias medidas de política macroeconómica que se han tomado, y menos relación con la tradicional resiliencia de la economía americana para amortiguar el desapalancamiento del sector privado.

El mensaje central que planta Summers en su análisis es muy simple: la tasa de crecimiento histórica de un país es simplemente reflejo de sus condiciones estructurales, de las medidas de política económica que se toman a cada momento – más aún en tiempos de crisis – y de factores externos.

El peso específico de cada uno de esos elementos depende del contexto, eso es verdad. Sin embargo, las condiciones estructurales, esas que subyacen y definen a una economía – es decir, su dotación de recursos naturales, institucionales, pero sobre todo humanos – sí que juegan un papel siempre. Tanto en coyunturas de contracción como la actual, contribuyendo a acortar tiempos en los que la economía retoma el rumbo; pero sobre todo en el largo plazo, permitiendo que operen la innovación y la reconversión productiva.

Tan sencillo como que un recurso humano calificado es más productivo en el sector en donde se emplea, pero también es mucho más ágil y capaz de actualizarse y-o reconvertirse ante cambios adversos y-o aprovechar nuevas oportunidades. Ese mismo recurso humano es el que al final tiene en sus manos el diseño y la implementación de políticas económicas o de cualquier otra índole, así como la capacidad (o incapacidad) de hacer un uso óptimo de la dotación de recursos naturales en la sociedad donde vive.

Summers tiene razón, la inventiva, las redes sociales, las tecnologías de la comunicación, las políticas macroeconómicas y la explotación de recursos naturales, todo ello contribuye a la recuperación y el crecimiento económico de un país. Y todos esos determinantes, sin excepción, pasan por un único y mismo motor: la dotación de recurso humano disponible.

Prensa Libre, 29 de marzo de 2012.

El caribe inglés

“A pesar de ser tan diminutos algunos, todas estas características socioeconómicas se traducen en niveles de desarrollo humano alto, que ya quisieran tener territorios inmensos como Guatemala o Nicaragua.”

Al pensar en el caribe inglés seguramente la imagen que nos cruza por la mente es la de un lugar muy parecido al paraíso. Arena blanca, mar azul profundo, brisa, tranquilidad. Territorios pequeños, que en el mapa asemejan un collar de perlas-islas, en el cuello del mar de las Antillas.

Países de los que muy poco se habla, de los que se conoce poco. Generalmente porque se lo comen los promedios. Los grandes números de Latinoamérica, en donde Caribe se escribe con letras más chicas.

Pero que al igual que el resto, también son pueblos con diversos y muy complejos retos de desarrollo. Algunos comunes a otros Estados más grandes, otros que solamente los viven y entienden ellos. Allí, escondidos detrás de un ingreso por habitante que los coloca en la franja media del termómetro, población escolarizada a nivel medio, pobreza por debajo del promedio continental, cobertura de servicios básicos aceptable.

Recursos hay. Humanos, naturales, y hasta cierto punto institucionales. Son naciones jóvenes, herederas de la tradición inglesa de servicio civil (ahora bastante tropicalizado), que ciertamente les podría dar un piso mínimo para una estrategia de crecimiento y desarrollo a mediano plazo. A pesar de ser tan diminutos algunos, todas estas características socioeconómicas se traducen en niveles de desarrollo humano alto, que ya quisieran tener territorios inmensos como Guatemala o Nicaragua.

Los embudos parecen estar en otra parte. Por ejemplo, en un cierto aislamiento natural, producto de su geografía. Poca tierra, poca población, poca masa crítica para hacer economías de escala. Ayer nos decía una economista local: “un aeropuerto o un puerto marítimo tiene tamaños y costos mínimos que no se pueden encoger solo porque en tal o cual isla viven 50 o 70 mil habitantes. Eso eleva el peso relativo de nuestros costos fijos”.

Además tienen una alta vulnerabilidad a desastres naturales. Tormentas tropicales y huracanes se pasean como Pedro por su casa. Como dicen los sajones “it is not if, but when…”. Y no solamente dejan un rastro de pérdidas al aparato productivo, que inevitablemente hay que volver a reconstruir, sino que además impactan a dos o tres islas a la vez. Riesgo correlacionado puro y duro, que a no hace sino encarecer aún más sus costos de producción y opciones de aseguramiento.

Para completar el boceto, padecen de la enfermedad de moda: sus niveles de endeudamiento y la restricción (incluso amenaza) que ello implica a la estabilidad macroeconómica de estas pequeñas economías. Niveles de deuda con respecto al producto interno bruto del 60%, 80%, y hasta 150%, con cargas tributarias alrededor del 20%, son una fuente de vulnerabilidad a la gestión de sus finanzas públicas, que fácilmente puede tener consecuencias devastadoras para su calidad de vida.

Es un reto pensar en las perspectivas a mediano plazo del caribe inglés. Imaginar sus motores de desarrollo, más allá de “commodities” y la maldición que las acompaña por la volatilidad de los precios internacionales; o del turismo y su fragilidad ante condiciones económicas externas; o incluso de los sistemas financieros fuera de plaza, y el riesgo de reventar a toda una generación con un simple esquema de Ponzi, como ya ha ocurrido antes.

Pero quizás la lección más clara que nos deja a practicantes del desarrollo, es constatar que la complejidad de los desafíos no están asociados al tamaño de los pueblos ó a la extensión de sus territorios. Así que por ahora, de vuelta al pizarrón a seguir pensando juntos…

Prensa Libre, 22 de marzo de 2012

Cambios en el INE

“A aquellos que tienen acceso a formación e información – que en países pobres y desiguales no son muchos, dicho sea de paso –, debe dárseles la oportunidad y el espacio de ser servidores públicos, aportar con ideas y a la vez nutrirse de la realidad nacional.”

Esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) se estrenó con nuevo Gerente, Rubén Darío Narciso. Ha sido muy grato constatar el apoyo que una gran cantidad de personas le han expresado a este joven profesional, formado en uno de los centros de pensamiento del país, así como la alta valoración que mucha gente tiene de la institución que ahora le toca dirigir.

El nombramiento es una buena noticia, por muchas razones. Acercar la academia a la práctica diaria de formular, negociar e implementar política pública es un ejercicio positivo. A aquellos que tienen acceso a formación e información – que en países pobres y desiguales no son muchos, dicho sea de paso –, debe dárseles la oportunidad y el espacio de ser servidores públicos, aportar con ideas, y a la vez nutrirse de la realidad nacional. Sobre todo cuando se trata de nuevas generaciones. Es un aprendizaje en doble vía del que nos beneficiamos todos como sociedad.

Pero además, la designación de Narciso es una señal positiva en cuanto a la prioridad y espacio que el nuevo equipo de gobierno quiere darle al trabajo técnico que realiza esta institución. La incorporación de este nuevo cuadro es coherente con las señales de monitoreo y evaluación de la política social que impulsa la ministra Lainfiesta, con la planificación estratégica que impulsa el secretario Carrera, con la estrategia de desarrollo rural que coordina el comisionado Zapata, por citar algunos ejemplos.

Aquellos que hemos tratado de seguirle la pista al INE sabemos de los inmensos esfuerzos que ese equipo de trabajo hace para sacar adelante la tarea. Porque a pesar de que en la página de internet del instituto se lee que (sic) “es el organismo descentralizado del Estado, semiautónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que tiendan al desarrollo de sus fines, contribuyendo a la realización de un conjunto de programas y actividades sustantivas, orientadas hacia la ejecución de la política estadística nacional”, la verdad es que los grados de libertad y dotación de recursos humanos y financieros, no siempre han estado acordes a su agenda de trabajo.

Una lectura desde afuera parece indicar que la nueva gerencia tiene dos grandes retos por delante. Por una parte, continuar empujando por una reforma institucional que fortalezca su espacio y real autonomía dentro del aparato público, que profundice y ordene sus alianzas – no solamente a lo interno del gobierno, sino con otros actores de la sociedad y organismos internacionales –, y que consolide el sistema estadístico nacional como un instrumento esencial para la gestión del gobierno.

Y por la otra, darnos a los ciudadanos una señal clara de cuáles serán aquellas variables (fenómenos sociales) a los que darán prioridad con un monitoreo regular y sistemático. Las necesidades de información son muchas, y por tanto el riesgo de diluirse es alto.

Desde esta esquina le deseamos mucha suerte a Rubén y al INE, una institución tan noble y fundamental para nuestro país.

Prensa Libre, 15 de marzo de 2012.

Sucesión en el Banco Mundial

“(…) el aporte más importante está en la capacidad de movilizar conocimiento, ahorrar tiempos de aprendizaje, documentar experiencias exitosas y fallidas, llevar y traer diseños institucionales, movilizar ideas y airear debates.”

El actual Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, ha anunciado su retiro para mediados de año. Con dicha noticia nuevamente se han atizado dos debates. Uno más viejo, que tiene que ver con el papel del multilateralismo en el mundo contemporáneo y, de manera más específica, sobre el rol que una institución como el Banco Mundial puede y debe jugar. El otro es más nuevo, aunque cada vez gana más fuerza, tiene que ver con la sucesión en las instituciones de Bretton Woods.

Sobre la primera cuestión, en un artículo publicado recientemente por Foreign Affairs, Zoellick hace un repaso general de su gestión y el contexto en el que le tocó dirigir el banco. Pero además lanza algunas ideas prospectivas para el que recoja el guante.

Para comenzar, reconoce abiertamente que el desarrollo de los pueblos no es un problema de préstamos y donaciones. Ninguna novedad en ello, pero bien vale la pena dejarlo consignado en algún lugar, porque refleja mejor las condiciones del mundo actual, en donde una buena parte de los requerimientos de financiamiento para el desarrollo pueden y de hecho son asumidos con recursos domésticos. Es el caso típico de los países de ingreso medio, en donde se ubica caso toda Latinoamérica.

Pero si no es financiamiento la razón principal, entonces ¿dónde está el valor agregado de una institución como el BM para nuestra región? Algunos pensamos que el aporte más importante está en la capacidad de movilizar conocimiento, ahorrar tiempos de aprendizaje, documentar experiencias exitosas y fallidas, llevar y traer diseños institucionales, movilizar ideas y airear debates. Todo ello alineado en el marco de resolver problemas clásicos de cobertura, calidad, y equidad en la provisión de servicios públicos; ampliación, profundización y hacer más eficientes los mercados; y facilitar el diseño de instituciones, haciéndolas más transparentes, auditables y eficaces.

Al respecto, el mismo Zoellick cita una frase de un oficial hindú, quien le dijo “(…) yo no necesito otro experto en India. De esos tengo más de un billón. Lo que necesito son expertos a nivel mundial en sistemas de pensiones, en inversiones público-privadas, y en logro educativo”. Dicho de otra manera, más asistencia técnica, más cooperación sur-sur, más conocimiento puesto al alcance de la administración pública.

Otros llevan el planteamiento aún más lejos. Proponen que una institución global como el BM debe especializarse en la provisión de este software (i.e. conocimiento e instituciones), dejando el financiamiento para hardware (i.e. infraestructura física) a banca de desarrollo regional (e.g. BID, CAF, BCIE, ADB, AfDB, etc.), a banca desarrollo nacional (e.g. BNDES) o incluso a la misma banca comercial.

Lo fundamental para América Latina es que en toda esta discusión subyace el peso específico de los países de ingreso medio quienes, por una parte, tienen la capacidad efectiva ó potencial de movilizar recursos propios, siendo en este momento la locomotora del crecimiento económico mundial, pero que también albergan a dos terceras partes de los pobres del planeta.

Mientras tanto, como bien señala Nancy Birdsall, instituciones multilaterales como el BM –aunque no exclusivamente– tienen dificultad en producir una nueva generación de instrumentos más a tono con la realidad de las economías de ingreso medio y de los retos de desarrollo transnacional que enfrentan. Esto en cuanto a multilateralismo y financiamiento para el desarrollo.

Sobre la cuestión de la sucesión, nuevamente hay un grupo de voces que clamamos por acabar con la vieja y anacrónica regla tácita, en la cual Estados Unidos nombra al presidente del Banco Mundial y Europa al director gerente del FMI. Un dejavú de lo que sucedió el año pasado con el nombramiento de la francesa Christine Lagarde, con la competencia inédita del presidente del banco central mexicano, Agustín Carstens.

Suenan unos cuantos nombres, entre los que están los norteamericanos Jeffrey Sachs, Hillary Clinton, Larry Summers, Timothy Geithner, pero también la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala y el hindú Nandan Nilekani. Todos con muy buenas y diversas credenciales. De manera que oferta mundial de recurso humano cualificado hay. Falta ver si la institución y el mismo gobierno norteamericano tiene la cintura suficiente para conducir un proceso abierto, competitivo y meritocrático, lo cual sería una bocanada de aire fresco para la gobernanza mundial.

Perder esta oportunidad de transparentar el proceso, o peor aún, usarlo como un retiro dorado de servidores públicos norteamericanos en un año electoral, sería no solamente lamentable, sino que minaría el potencial del banco en un mundo completamente distinto al de hace cinco años –no digamos al que había en la posguerra–.

La economía mundial se mueve hacia un esquema de polos de crecimiento múltiples. La gran pregunta es si el multilateralismo será capaz de adaptarse a este nuevo esquema de representatividad y responsabilidad compartidas. Por ahora es el turno del Banco Mundial.

Prensa Libre, 8 de marzo de 2012.

Carlos y Marcola

“(…) la política social se justifica sí y solo sí actúa en este sentido doble: como catapulta y red de seguridad.”

Hace unos días Carlos Mendoza publicó en su columna de Plaza Pública un artículo titulado “¿Cómo se relacionan desigualdad y violencia?”. Interesante argumentación a partir de un estudio de Pratt y Godsey (2003), en la cual discute las relaciones entre desigualdad, asistencia social y violencia.

El análisis de Mendoza se apoya en dos ideas muy poderosas, que se capturan en dos frases de su columna. Primero nos señala que (sic) “la asistencia social contribuye a alterar el desbalance social que favorece a la economía en detrimento de otras instituciones.” En otras palabras, dejarnos a la libre del mercado no garantiza que todos llegaremos nadando a la otra orilla. Ciudadano no es equivalente a consumidor o productor de un sistema económico. Es un concepto mucho más complejo. Y el fortalecimiento de dicha ciudadanía pasa por la consolidación de una política social que cumpla una función de cohesión social.

La segunda idea es que (sic) “(…) cuando hay demasiada desigualdad en una sociedad, los excluidos se comparan con los privilegiados y deciden que ellos también desean y merecen lo que los otros poseen, y llegan a la conclusión que no lo pueden obtener por medios legítimos, por lo que recurren a la fuerza y el engaño”. Esta frase no hace más que subrayar el papel de la movilidad social como la variable clave.

Es justamente allí hacia donde debiéramos estar dirigiendo nuestras energías y recursos. Más importante incluso que la desigualdad y la política social es la movilidad social. Podemos coexistir con niveles altos de desigualdad siempre que los individuos y sus familias puedan ascender socialmente producto de su esfuerzo e ingenio. En sentido inverso, sociedades con alta movilidad social también permiten que sus individuos desciendan socialmente como consecuencia de malas decisiones. Nada de qué asustarse. Así debiera ser.

En este marco, la política social no hace sino potenciar las capacidades de las personas para que puedan ascender, a la vez que provee una red de seguridad para que el descenso de aquellos que corren con mala racha no sea un salto al vacío del cual no se levanten nunca más. De cualquier manera que se enfoque, la política social se justifica sí y solo sí actúa en este sentido doble: como catapulta y red de seguridad. Y tal cosa solo puede suceder en sociedades con niveles aceptables de movilidad social.

Al fin de cuentas, la motivación principal del esfuerzo individual es la capacidad de ascender socialmente. Y cuando a los individuos se les priva este derecho, es entonces que se generan expresiones violentas y al margen de la ley.

Hace unos días recibí un correo electrónico de mi padre, compartiéndome una entrevista al capo brasileño “Marcola”. Una de sus respuestas recoge con muchísima claridad este triángulo perverso de desigualdad, inmovilidad social y violencia. Cuando le preguntaron a Marcola si era el máximo dirigente de una organización criminar en Sao Paolo respondió: “Más que eso yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas periferias; la solución nunca aparecía… ¿Qué hicieron? Nada. ¿El Gobierno Federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros? Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de las villas en las montañas o en la música romántica sobre "la belleza de esas montañas al amanecer", esas cosas… Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social.”

Me parece que Carlos y Marcola dicen lo mismo desde dos trincheras muy diferentes. Han dado en el clavo los dos. Desarmar este complejo animal de la violencia no será cosa fácil, pero ciertamente pasa por repensar conceptos viejos como los que hoy emergen una vez más.

Prensa Libre, 1 de marzo de 2012.

El rezago inconsciente

“(…) ese mismo rezago que hoy es claramente una restricción al desarrollo, puede también ser una fuente de oportunidad y aprendizaje.”

A Guatemala los procesos le llegan con rezago. Cinco, diez, o hasta veinte años. Democracia, liberalización económica, salida negociada del conflicto armado, privatizaciones, reformas tributarias, redes de protección social. Aunque si hemos de ser precisos y justos, no es que los procesos le llegan tarde al país. Más bien son sus élites quienes asumen los cambios con demasiada lentitud. Nuestros liderazgos procesan despacio, son conservadores, cautelosos en extremo, desconfiados.

Y esta condición no es exclusiva de un sector en particular. Para nada. Nos corta con la misma tijera, parejito, a empresarios, académicos, religiosos, sindicalistas, oenegeros, políticos, a todo mundo. Por supuesto hay sus excepciones, pero no son más que eso. Pocas golondrinas que no logran hacer verano. Vea usted lo que le digo con estos tres ejemplos.

Primero, y para no hablar de cosas que sucedieron en la prehistoria de los años 80s y 90s, en medio de la última y más profunda crisis global, prácticamente todos los gobiernos del mundo se pusieron a reaccionar contra-cíclicamente, en la medida de sus posibilidades por supuesto. Centro América hizo lo propio, a su ritmo y escala. Pasó el aguacero más fuerte y casi en paralelo los gobiernos emprendieron un proceso de consolidación de sus cuentas públicas. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, todos montaron propuestas de reforma fiscal.

A Guatemala le llegó el turno con por lo menos dos (si no cuatro) años de rezago. Y ahora muchos analistas económicos hablan de la insuficiencia de las medidas aprobadas. Ya sea porque deja de lado otros compromisos que se habían planteado en el marco del pacto fiscal, o porque carga demasiado la mano sobre clases medias, o bien porque esta actualización tributaria ya ha sido rebasada por los acontecimientos ocurridos del 2008 a la fecha. Casi todos coinciden, eso sí, en que probablemente el mayor rédito de la reforma es político y no fiscal.

Segundo, la semana pasada me tocó participar en una mesa de discusión del Foro Campesino. Es un evento organizado cada dos años por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Allí se dan cita diversos líderes de organizaciones de pequeños productores del mundo. Se conformaron mesas de diálogo por regiones geográficas y fue muy ilustrativo escuchar a los latinoamericanos. Las diferencias en cuanto a capacidad de análisis de coyuntura, claridad conceptual, articulación de propuestas, y capacidad de debatir, son abismales entre sur y centro América.

Mientras que los de Suramérica hablaban del papel de las organizaciones campesinas en un contexto de globalización, de aprovechar los espacios abiertos por gobiernos afines, de consolidar y ampliar espacios de incidencia como la red de agricultura familiar (REAF), o de impulsar propuestas de ley para regularización en la tenencia de la tierra, en el centro todavía nos peleábamos con el monstruo del neoliberalismo y las formas de explotación del hombre por el hombre.

Tercer y último ejemplo. A finales de los años noventa México y Brasil impulsaron una innovación en la forma de atender a sus poblaciones en pobreza extrema. Darle dinero en efectivo a madres de familia a cambio de que eduquen y vacunen a sus hijos. Desde entonces las transferencias condicionadas en efectivo prendieron fuego por todo el continente. Una idea simple, poderosa, bastante exitosa, pero que pasó poco discutida y comprendida en Guatemala. Nos tomó una década poner a funcionar un programa – de hecho fuimos el último país de la región en hacerlo – y solamente ahora estrenamos ministerio para darle orientación estratégica a nuestra política social.

¿Para qué echar todo este cuento? Para lamernos las heridas, no. Para compadecernos, tampoco. Quizás porque, como dicen los psicólogos, para poder comenzar a cambiar algo, primero debemos hacerlo consciente. El rezago en procesos, conceptos y discurso, está allí. Sin embargo, ese mismo rezago que hoy es claramente una restricción al desarrollo, puede también ser una fuente de oportunidad y aprendizaje. Porque el país necesita sacudirse el polvo, dar un par de zancadas largas, cerrar brechas, y ponerse a tono con los tiempos. Para eso todo este cuento.

Prensa Libre, 23 de febrero de 2012.

Más que la suma de las partes

“(…) la política social no es la simple suma aritmética de una colección de programas de atención a grupos vulnerables.”

La oportunidad de crear instituciones de cero es algo que en política pública no sucede muy a menudo. Menos aun teniendo condiciones políticas favorables y un cúmulo de experiencia internacional sobre la cual poder capitalizar, lo cual permite anticipar lo que funciona bien y aquello que debe evitarse para no cometer errores innecesarios.

Eso es lo que nos está pasando hoy con el Ministerio de Desarrollo Social. Una entidad que ha nacido de la necesidad de institucionalizar los programas que el gobierno anterior puso en marcha en su afán de crear una mínima red de protección social en el país. Y aunque hoy la experiencia está demasiado fresca y los desaciertos son lo que más asalta la memoria, no me cabe duda que con el tiempo seremos capaces de hacer una evaluación más equilibrada de la política social en Guatemala durante el cuatrienio anterior. Así como hoy vemos a la administración Cerezo como la de transición democrática, y la de Arzú como la de liberalización económica, probablemente el sello de la administración anterior será, con luces y sombras, colocar a la política social en el centro de la acción estatal.

Hoy el reto es de otro tipo. Es de institucionalizar, de afinar criterios técnicos para focalización, de construir capacidades en el sector público para dar continuidad, de implementar sistemas de monitoreo y evaluación robustos, de comunicar a la población avances y desafíos. Pero sobre todas las cosas, de dar sentido estratégico a nuestra política social.

Y en ese esfuerzo hay que tener claridad en cuanto a dos cosas: primero, que la política social no es la simple suma aritmética de una colección de programas de atención a grupos vulnerables. Y segundo, la política social no se limita a políticas para reducción de pobreza.

De allí que el equipo que llega al nuevo ministerio debe darse el espacio no solo para corregir el funcionamiento de lo que ya está en marcha, sino de evaluar las diferentes intervenciones y tratar de compatibilizarlas en sus esquemas de incentivos. Como sucede en muchos países, hay programas sociales que atienden a población en pobreza, otros a la niñez rural, a trabajadores informales, a trabajadores formales, etcétera. Y cada uno manda señales que los beneficiarios rápidamente aprenden a interpretar para obtener el mayor provecho posible.

Nada de malo en ello, así debe ser. Por algo asumimos que los individuos son racionales, aunque sean pobres o extremadamente pobres. El reto está en trasladar esa misma racionalidad individual a un plano mayor, y convertirla en racionalidad sistémica. Porque la evidencia internacional también nos ha enseñado que programas sociales bien intencionados pero mal diseñados pueden perpetuar a la población en situación de pobreza, cuando justamente lo que se quiere es lo contrario. Como sugiere Santiago Levy en su libro “Pobreza y transición democrática en México”, si no hacemos el ejercicio de compatibilizar los incentivos de las políticas sociales, (sic) “las buenas intenciones estarían atrapando a los pobres en la pobreza y haciendo que la economía sea menos eficiente”. Este es entonces un trabajo silencioso pero esencial.

En el caso de Guatemala, además de la inmensa tarea de construir una institucionalidad que coordine y perfeccione el conjunto de programas sociales que hasta muy poco pendían de la presidencia de la república, hay que agregar una complejidad adicional. Por razones que seguramente obedecen más al realpolitik que a una lógica técnica, se han quedado fuera del paraguas del MIDES instancias que debieran habérsele trasladado. Por ejemplo, la secretaría de bienestar social y la de obras sociales de la esposa del presidente, entre otras dependencias. Con ello la coordinación adquiere una dimensión todavía más compleja.

¡Menuda tarea se ha echado a hombros la ministra Lainfiesta! Pero una que ciertamente es muy necesaria para un país en donde mucha de su elite urbana todavía percibe a la política social como el pescado y no como la forma de enseñar a pescar.

Prensa Libre, 16 de febrero de 2012.

Qué, cuánto, ¿con qué?

“(…) la estructura es por definición largo plazo. Viene desde muchos años y se extiende por muchos más. Y un cambio sostenible implica modificar estructuras.”

Hay condiciones para hacer cosas. Una mezcla del entusiasmo natural que los cambios generan, pero apoyado esta vez con un cierto síndrome fatalista de es ahora o nunca. De cualquier manera, ambas son percepciones que empujan en la misma dirección y que explican la expectativa que el inicio del ciclo político ha despertado entre ciertos estratos de la ciudadanía, aunque evidentemente aún es muy temprano para definir con precisión cuál será el rostro más tangible del cambio anunciado.

La crítica recurrente ante la ausencia o inmovilidad de los gobiernos es falta de voluntad política. Que, como bien nos señalaba uno de los integrantes del actual equipo, se puede descomponer en dos elementos: falta de liderazgo y poca claridad en lo que se quiere lograr.

Bien, esos dos ingredientes parecen estar presentes en buena medida. Sin embargo, eso no necesariamente disipa preocupaciones ni es garantía de éxito. En otras palabras, ¿es posible que aun así el país no despegue? Es posible. Totalmente indeseable, pero crudamente posible. Porque superado el primer test de la voluntad política, la complejidad la impone ahora una muy grande e histórica debilidad institucional.

¿Es eso razón para desanimarse o una elegante salida para justificar lo que no funcione? De ninguna manera. Simplemente es parte del esfuerzo que hay que hacer. Estamos topándonos de frente con restricciones estructurales de toda la vida. Y la estructura es por definición largo plazo. Viene desde muchos años y se extiende por muchos más. Y un cambio sostenible implica modificar estructuras. Trabajo paciente, con frecuencia invisible a primera inspección, pero permanente. No hay atajos para transformaciones de fondo.

El fortalecimiento institucional, que pasa por el fortalecimiento de la burocracia estatal, pero que no se agota allí, es el siguiente escalón en la batalla por el fortalecimiento del Estado. Es lo que toca resolver una vez superadas las discusiones primarias de qué se quiere hacer y cómo se logran recursos financieros mínimos para financiar eso que se quiere hacer. Es un reto igual de básico que los anteriores, aunque ciertamente un peldaño o dos más arriba.

El tipo de instituciones, su fragilidad y ausencia o estabilidad y fuerte presencia es lo que responde la pregunta de ¿con qué se cuenta para impulsar esas transformaciones necesarias? En este momento hay mucho más de lo primero que de lo segundo. No estamos descubriendo el agua tibia. Sin embargo, la pregunta es ¿cómo nos apuntalamos en aquellas dos o tres islas en las mal que bien las cosas suceden con un nivel mínimo de eficiencia y estrategia – BANGUAT, SEGEPLAN, MINFIN, MINEDUC – y contagiamos al resto?

Más en lo inmediato, es urgente un plan estratégico de fortalecimiento de las instituciones del Estado, que defina con la misma claridad con la que se han identificado los tres grandes ejes de trabajo – hambre, fiscalidad y seguridad – y que sea consecuente con tales objetivos. Que nos deje saber por dónde y cuándo comenzarán. Sin eso las probabilidades de éxito y cambio se minimizan.

La forma como el nuevo equipo de gobierno atienda las instituciones del Estado determinarán hasta dónde se logre avanzar. Un delicado balance entre lo que el país necesita a mediano plazo y lo que la campaña ofreció para los próximos cuatro años.

Prensa Libre, 9 de febrero de 2012.

Cuestionando el ABC

“(…) política industrial, clase media, movilidad social, justicia distributiva, capitalismo de Estado, asignación de recursos en contextos de incertidumbre, Estado de bienestar, son todos vocablos que estamos reaprendiendo.”

Las crisis siempre crean tensión. A veces creativa, sea esta en el plano intelectual solamente o, si las condiciones están dadas, pueden incluso inducir cambios en las formas de organización social o política. Y aunque todavía no conocemos cuál será la síntesis que saldrá de esta profunda crisis económica, sí sabemos que este tampoco será otro “fin de la historia”, como pregonamos hace dos décadas.

Todo lo contrario, el hervidero de ideas es tan rico actualmente, que pareciera adentrarnos poco a poco en un túnel revisionista de conceptos que, o bien habíamos dejado de lado pensando que los mercados se harían cargo, o simplemente creíamos que el proceso de aprendizaje Darwiniano los había enviado al camposanto de la historia económica.

De tal suerte que política industrial, clase media, movilidad social, justicia distributiva, capitalismo de Estado, asignación de recursos en contextos de incertidumbre, Estado de bienestar, son todos vocablos que estamos reaprendiendo. Que han vuelto de manera sonora en las discusiones de letrados, ante la necesidad de encontrar explicaciones a la coyuntura.

En medio quedamos atrapados los ciudadanos de a pie con dos opciones: hacernos los locos y mirar para otro lado hasta que la tormenta amaine, o tratar de escarbar un poco textos por aquí y por allá para seguirles la pista a las voces calificadas. Algunos hacemos barra a planteamientos como los de Krugman, Stiglitz, Reich y Skidelsky, cuando apelan a la necesidad de revisar la forma en que hemos construido ideas y supuestos básicos sobre el funcionamiento de la economía y su más poderosa herramienta de asignación de recursos, el mercado.

La razón es muy sencilla: aunque no siempre se entienda hasta el último vericueto de sofisticación y elegancia formal en teorías y modelos económicos – que tampoco es imprescindible hacerlo, dicho sea de paso – el mundo real señala a gritos que algo está saliendo mal. Y ojo que hasta me atrevería a decir que la fuente del malestar ciudadano ya no es tanto por la crisis misma, sino por la incapacidad de los expertos para advertirla, primero, y corregirla, después.

En una de sus últimas publicaciones, Keynes: The return of the Master, Robert Skidelsky hace una muy sugerente revisión de la secuencia de eventos y las distintas respuestas de política económica desde que comenzó la crisis. Lamentablemente, dada la velocidad que han cobrado acontecimientos más recientes – con el cambio de centro de gravedad hacia Europa – el sabor que deja el texto es entre historia muy reciente y cronología incompleta. Nos queda debiendo lo que pasó en el 2011 y lo que va de este año.

El otro valor agregado de la publicación está en la crítica que hace a los tres grandes cuerpos teóricos sobre los que ha descansado el análisis económico contemporáneo: expectativas racionales, ciclos reales y la teoría del mercado eficiente, y la interpelación a los supuestos que subyacen detrás de cada uno. Por ejemplo, que los individuos hacen un uso eficiente de toda la información que está a su alcance; que a los mercados hay que dejarlos con la menor regulación posible; o que siempre se puede crear un mercado para asegurar cualquier tipo de incertidumbre –mal llamándola riesgo–, generando así la expectativa de que hay información y maneras de estimar probabilidades de ocurrencia de todo cuanto nos rodea.

Francamente es un texto que vale la pena leer y someter a discusión. Sobre todo entre economistas más jóvenes, que han estado entrenados más en las artes de estimar y derivar y mucho menos en las de analizar con perspectiva histórica, pensar críticamente y proponer medidas de política en un contexto específico.

A veces ilusiona pensar que si ideas como estas siguen cuajando, es posible que las nuevas generaciones de profesionales se nutran de un marco teórico menos dogmático, que procure más integralidad en el análisis a una ciencia social tan compleja y apasionante como la Economía. El tiempo dirá.

Prensa Libre, 2 de febrero de 2012.

Del olvido a la memoria institucional

“Un esfuerzo por pasar del olvido a la memoria institucional, que seguramente constituirá uno de sus mayores legados a las nuevas generaciones de dominicanos.”

Conocí a Roberto hace unos 12 años en Santiago de Chile cuando llegó a visitar a su hija, María del Carmen, con quien yo estudiaba la maestría en Economía que ofrecen los jesuitas. En aquel entonces no tenía idea de quién era, pero recuerdo que en esa ocasión trabamos una conversación larga, intensa, y amena sobre la realidad política y económica de su país y del mío. Por algún tiempo intercambiamos mensajes y opiniones sobre temas de interés mutuo, aunque con los años eso fue espaciándose cada vez más.

La semana pasada lo volví a encontrar, esta vez en su querida Santo Domingo. Otra vez conversamos mucho, ahora movidos por la coyuntura electoral que atraviesan los dominicanos. Supe además que desde hace unos años es el Director del Archivo General de la Nación, cargo que ha desempeñado con muchísima creatividad y entrega. Recuperar los documentos históricos de República Dominicana desde la época colonial se ha convertido en su cruzada personal. Un esfuerzo por pasar del olvido a la memoria institucional, que seguramente constituirá uno de sus mayores legados a las nuevas generaciones de dominicanos y extranjeros.

Al despedirnos me regaló uno de sus más recientes libros, “La rebelión de los capitanes: viva el rey y muera el mal gobierno”. En el prólogo, escrito por uno de sus alumnos, encontré esta frase que lo describe muy bien: “Roberto Cassá es profesor universitario e investigador histórico y uno de los principales exponentes del materialismo histórico en la República Dominicana. Juicioso escritor y ensayista, ha escudriñado en sus numerosos trabajos prácticamente todos los ámbitos de la historia dominicana”.

El último día que estuve en la isla le robamos un rato a la agenda que teníamos, y con algunos colegas fuimos a visitar el Archivo General de la Nación. Francamente no pude creer todo el trabajo que han desarrollado en tan pocos años. Hay allí una enorme inversión financiera, institucional, política y humana.

No solamente es impresionante el nivel de sofisticación en las técnicas para recuperación de documentos, sino el esfuerzo amplio de formación de profesionales jóvenes que hoy tienen, literalmente en sus manos, la delicada tarea de recuperar con mucha paciencia la historia de las instituciones de su país. Además, con mucho sentido de futuro han complementado toda esta inversión con iniciativas de ley para dejar sentadas las bases que permitan seguir ampliando este esfuerzo a escala nacional.

Fotos de Santo Domingo a principios del siglo XX, de los gobiernos de Juan Bosch y Balaguer, correspondencia del período colonial, periódicos de distintas épocas, la vida y asesinato de las hermanas Mirabal, fueron solamente algunas de las cosas que pude ver muy a la carrera. Actualmente están trabajando en la recuperación del Archivo de la Presidencia de la República que corresponde al gobierno del General Rafael Trujillo, período histórico largo y doloroso, que sigue teniendo una influencia grande en formas y comportamiento político de los dominicanos.

Salí de allí con sana envidia y mucha satisfacción. Envidia porque quisiera que los guatemaltecos hiciéramos una inversión parecida de recuperación sistemática de toda la evidencia escrita y gráfica de nuestras instituciones. Porque como leí en un diario dominicano de 1941, “preferimos sufrir por la verdad antes que la verdad sufra con nuestro silencio”.

Satisfacción porque ¿quién mejor que un tipo como Roberto para echarse a hombros semejante tarea?, siendo que él ha vivido y crecido profesionalmente como usuario de esa misma documentación que le fue confiada para recuperar, cuidar y poner al servicio de su país y más allá. Pero además, porque entiendo que esta iniciativa ha contado con el apoyo decidido del actual Presidente de la República. Ese es un ejemplo concreto de cómo la memoria institucional puede ser valorada y promovida al más alto nivel político. ¡Bien por los dominicanos!

Prensa Libre, 26 de enero de 2012.

El túnel haitiano

“El campo haitiano es muy parecido al resto de América Latina. Vegetación exuberante en algunas partes, erosión en otras. Ríos, pequeñas parcelas, agricultores, pequeñas aldeas.”

Siempre quise visitarlo. Por varias razones. Desde una perspectiva analítica, porque es un país que muchas veces citamos como caso extremo de precariedad en latinoamérica. El ejemplo clásico del Estado fallido. Ese lugar casi surreal en donde todo hace falta: instituciones, infraestructura física, capital social, mercados.

Desde una dimensión más bien política, mi interés aumentó después de haber participado en el proceso de aumento de capital del Banco Interamericano de Desarrollo. Como suele suceder, muchas veces eventos externos e inesperados determinan cursos de acción y acuerdos finales. En este caso, el terremoto de Haití del 2010 se convirtió en el rostro más tangible de la novena capitalización de dicho banco. La emergencia nos puso a todos los países miembros a pensar colectivamente en la manera como podíamos ayudar al socio más débil de la cooperativa durante la próxima década.

La oportunidad finalmente llegó la semana pasada y pude visitarlo. Desde el aterrizaje comenzó el aluvión de estímulos. Aunque trataba de imaginarlo, es una realidad difícil de digerir y aceptar. La miseria humana de Puerto Príncipe provoca una sensación de desasosiego general. De encierro, de trampa de pobreza, de círculo vicioso, de callejón sin salida, de no saber por dónde comenzar.

La ciudad entera, sus calles y viviendas, alcantarillados, el derruido palacio nacional con su bandera ondeando muda y dignamente en el jardín, los campamentos de refugiados por toda la ciudad, caminos llenos de polvo, mucho polvo, basura por todas partes, el campamento logístico de las Naciones Unidas. Todo asemeja un país en guerra. Quizás con menos tiros, pero donde las consecuencias son básicamente las mismas: destrucción, desesperanza, sofoco, muerte.

Hasta este punto de la misión de trabajo la sensación que tenía era una mezcla de angustia y frustración. Si esa es la capital del país, no puedo imaginar lo que vamos a encontrar en el campo – me repetía. Y en efecto no pude. No pude porque el paradigma que tenemos es que el campo es sinónimo de rezago en comparación con las ciudades.

Pero cuando finalmente salimos al suroeste del país, esa pequeña península que se mete al mar frente a las costas de Cuba, la historia fue otra. Salir de Puerto Príncipe nos tomó un buen rato, pero valió la pena. El paisaje comenzó a ser más familiar, los espacios se ampliaban, como indicando un modesto sendero para atajar las inmensas necesidades que tiene ese país.

El campo haitiano es muy parecido al resto de América Latina. Vegetación exuberante en algunas partes, erosión en otras. Ríos, pequeñas parcelas, agricultores, pequeñas aldeas. Allí los desafíos son más conocidos: caminos rurales, sistemas de irrigación, servicios de extensión, asociatividad de los pequeños productores, seguridad alimentaria, acceso a mercados. En fin, cosas mucho más manejables que el laberinto de Puerto Príncipe.

Tampoco es que sea fácil. Por una parte, el país no cuenta con las instituciones necesarias para desarrollar lo rural. La ausencia del Estado es evidente – como en muchas otras partes de nuestro continente – y la construcción de capital social entre pequeños productores rurales es un trabajo lento y pendiente.

El individualismo y la desconfianza no son exclusivos de la ciudad. Aunque fue en la capital donde vi vendedores callejeros colocados en fila, pero separados por algunos metros unos de otros. Como levantando diariamente una pequeña barrera invisible. Así es –me decía un intérprete del creole que nos acompañó durante la visita–, somos producto de nuestra historia. A veces nos cuesta confiar.

Aunque estoy seguro que mi lectura es incompleta, lo cierto es que volví del campo haitiano con un poco de más esperanza. Con una sensación de ´por aquí es la cosa´, de luz al final del túnel.

En todo caso, y guardando las distancias, creo que hay muchas lecciones que destilar para Guatemala de lo que está pasando en el lado oeste de La Española. Allá, igual que aquí, tenemos dos realidades. Allá, tanto como aquí, el desarrollo y destino del país está amarrado al desarrollo y destino rural.

Prensa Libre, 19 de enero de 2010.

¿Qué dice el menú?

“(…) sostenibilidad fiscal, protección social y desarrollo rural, aparecen como temas centrales para el equipo que está por estrenarse.”

Hasta hace unos pocos años, entrar a comer a un restaurant nuevo – a menos que se tuvieran referencias previas – era un juego de ruleta rusa. No se sabía qué platos iba a encontrar en el menú, ni tampoco el precio de los mismos. Más de una vez tocaba pasar el rato colorado de tener que levantarse de la mesa sin ordenar nada, y salir nuevamente en busca de algo más a hoc a gustos y posibilidades.

Algo similar ha pasado con esta última elección de gobierno. Como nunca antes en la era democrática reciente, nos habíamos dado el lujo de tener dos equipos de gobierno en funciones por dos meses. Un gabinete oficial y un gabinete sombra, este último anunciado con mucha anticipación, y por lo mismo puesto a trabajar desde antes que comience su período oficial, esperando solamente el pitazo de salida para recibir las llaves de la oficina.

Ese simple pero significativo hecho nos dio información, comenzó a mandar mensajes a un electorado que, otra vez, se vuelve a esperanzar ante la posibilidad de que, con el fin de un ciclo político y el inicio de uno nuevo, algunos temas puedan retomarse con energías renovadas. A otros más escépticos, el interregno vivido en noviembre y diciembre pasados fue como haber tenido el menú en la puerta del restaurant, para poder ver platos y precios antes de entrar. Y debo confesar que en algunos casos ha despertado alguna dosis de optimismo, porque vemos pequeñas islas de oportunidad para seguir avanzando en la modernización del Estado.

Es curioso cómo a veces la clase política y la administración pública nos hace creer que el país está dando pasos cortos, modestos, pero hacia adelante. Hago una lectura rápida de un par de señales en el área socio-económica, porque ese es el pequeño metro cuadrado en el que me toca desenvolverme profesionalmente.

Por ejemplo, los nombramientos en carteras como Finanzas – tanto a nivel de ministro como de viceministros – y la Secretaría de Planificación Económica, dan razones para pensar que la complementariedad que debiera existir entre ambos entes vuelve a ser una posibilidad en el futuro inmediato. Hay varias coincidencias en ambos equipos: comparten una visión de desarrollo con equidad así como el papel del sector público en dicho proceso.

Más importante aún, también comulgan de la necesidad de seguir dando la batalla por una reforma fiscal en el país, que cumpla varias funciones: dotar al Estado de más recursos para atender problemas urgentes como la seguridad ciudadana, nuevas inversiones físicas y más inversión social; modernizar los sistemas tributarios, dándole un sentido de eficiencia y de progresividad; avanzar en los sistemas de planificación económica, eficiencia y transparencia y rendición de cuentas del gasto público.

De igual forma, la claridad con la que se nos ha hablado de un nuevo ministerio que atienda temas de desarrollo social también sugiere que las redes de protección a grupos vulnerables, y la política social en un sentido más amplio, tendrá un espacio real de institucionalización y de convertirse en política estratégica del Estado guatemalteco en los siguientes años. En otras palabras, tendrá la posibilidad de migrar a un nivel superior, dejando de ser un simple apéndice de iniciativas individuales o pequeños programas inconexos, unos más exitosos que otros.

En materia de desarrollo rural, el nombramiento de un comisionado presidencial para temas rurales, así como la asignación presupuestaria del ministerio sectorial, indican hacia una renovada ventana de oportunidad, para discutir e implementar acciones sobre un tema postergado pero estratégico para la reducción de la pobreza y la exclusión en que viven muchos de nuestros paisanos: el desarrollo rural.

Finalmente, la conformación del equipo de trabajo del MINECO indica el retorno a temas de competitividad y promoción de una agenda exportadora. Eso es positivo en tanto llena un vacío dejado por la administración saliente. El país necesita mayores tasas de crecimiento, y el gobierno debe asignara ello cuadros técnicos y políticos que trabajen de manera complementaria al resto de áreas prioritarias.

Así pues, sostenibilidad fiscal, protección social, competitividad y desarrollo rural, aparecen en el centro del equipo que está por estrenarse. O al menos eso es lo que se puede leer hasta hoy en la carta que han colocado a la entrada del palacio nacional de la cultura. Falta ver cómo preparan y sirven los platos, y qué sabor de boca nos dejan al final.

Como guatemalteco no puedo sino desear que tengan éxito, y confiar en la capacidad y compromiso que muchos de ellos han demostrado, desde las diferentes arenas profesionales en las que se desenvolvían hasta hace muy poco. Ahora ¡a cocinar!

Prensa Libre, 12 de enero de 2012.

¿En qué están nuestros jóvenes?

“Los jóvenes son el futuro, dice el refrán. Una frase tan romántica como perversa, que bien puede dar sentido de esperanza como simplemente significar trasladar la responsabilidad de una generación a otra.”

Los jóvenes son el futuro, dice el refrán. Y Guatemala, como buena parte del continente latinoamericano, es un territorio de población joven. Luego debiéramos estar llenos de futuro, de sueños y planes, todos promisorios, todos llenos de energía y utopías. ¿Es así?

La juventud es barro húmedo entre los dedos. Es inexperiencia pero también es muchas ganas de hacer cosas nuevas. Por ratos es comportamiento errático pero generalmente bien intencionado. Es campo fértil para sembrar y cosechar casi de inmediato. En una escala mayor, es una oportunidad de corrección social, de cohesión, fuente de crecimiento económico, potencial de innovación y desarrollo.

Y por si fuera poco, en la Latinoamérica actual es un fenómeno social que trae su propio pan bajo el brazo. El bono demográfico es la manera en que técnicamente se ha bautizado a sociedades en las que la proporción de población en edad de trabajar continuará creciendo más rápidamente que la población dependiente en edad escolar o en edad de retiro. Es decir, por algunos años habrá potencial de aumentar el ingreso por habitante.

Paradójicamente, en un país de jóvenes, cuando uno se pregunta cosas tan sencillas como ¿qué hacen nuestros patojos? ¿qué los inspira? ¿qué los preocupa? ¿qué los mueve? ¿cómo viven su sexualidad? ¿cómo encuentran empleo? ¿en qué usan su tiempo libre? ¿qué los hace migrar, meterse a maras, o usar drogas?¿hay diferencias entre los jóvenes de la capital y los de las cabeceras?...generalmente hablamos de oídas. Los datos son escasos, y los análisis a nivel de país lo son más todavía.

Por eso me dio mucho gusto cuando Bienvenido Argueta me escribió hace unos días para contarme que la otra semana harán públicos los resultados de la “Primera encuesta nacional de juventud en Guatemala”. Creo que, otra vez, dio en el clavo, coordinando un nuevo esfuerzo amplio, esta vez para sacarles una radiografía social a los guatemaltecos entre 15 y 29 años.

Estuve hojeando rápidamente algunos cuadros generados a partir del módulo de empleo. Como en todo, hay hallazgos que uno puede anticipar por simple intuición, como que más escolaridad genera mayores posibilidades de estar empleado, o que los jóvenes en situación de pobreza están más propensos a comenzar a trabajar que el resto de sus pares en mejores condiciones económicas.

Sin embargo, también hay aquel otro grupo de resultados que sorprenden por su capacidad de interpelar mitos. Por ejemplo, que las redes sociales (amigos y familia) son, de lejos, la principal fuente para encontrar empleo, no solamente el primero sino también los subsiguientes. Esto es un serio cuestionamiento al funcionamiento de nuestro mercado laboral, pero también pone en evidencia la desigualdad de oportunidades que prevalece en el país. Constata aquella frase infame de “no es tanto cuánto sabes sino a quién conoces”.

De igual manera, las respuestas diferenciadas que dan los jóvenes sobre por qué no buscan trabajo indican con mucha claridad la necesidad de diseñar políticas públicas distintas para cada segmento socioeconómico. Incompatibilidad entre trabajo y estudio, falta de interés o necesidad son las razones de los jóvenes en estratos más altos. Embarazo, cuidados de personas ancianas o niños, y quehaceres del hogar son las respuestas más recurrentes entre los más pobres.

Los jóvenes son el futuro, dice el refrán. Una frase tan romántica como perversa, que bien puede dar sentido de esperanza como simplemente significar trasladar la responsabilidad de una generación a otra, y continuar dejando a los jóvenes desatendidos porque todavía no es su momento, porque todavía no son adultos. Esa percepción es equivocada.

Los jóvenes son futuro pero al mismo tiempo son presente. Viven hoy, trabajan hoy, sueñan y se frustran hoy, se entusiasman o defraudan hoy, igual que usted y yo. Por lo mismo, debiéramos emplearlos a fondo, no solo como objetos, sino también como sujetos de la vida social. Que opinen, que sean escuchados al momento de tomar decisiones que les afectan, que cometan errores y asuman su responsabilidad, que su participación política obligue el recambio en nuestros liderazgos.

Ojalá y este modesto esfuerzo por darnos información estadística actualizada sirva para reanimar el interés y compromiso que todos debiéramos tener hacia la juventud. Ojalá y esos datos sean puestos inmediatamente a disposición de todos aquellos que directa o indirectamente trabajan con dicho grupo. Solamente así nos ayudará a responder la pregunta ¿en qué están nuestros jóvenes?

Prensa Libre, 5 de enero de 2012.

Solidaridad y confianza en quiebra

“(…) están en quiebra los dos pilares sobre los que se articula cualquier sociedad: solidaridad y confianza.”

Cuando le preguntaron al filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, qué pensaba del futuro de Europa en estos momentos cruciales, se refugió en cuatro palabras, cuatro conceptos que ciertamente han movido a la humanidad por siglos, y cuyas interrelaciones explican en buena medida la evolución de la sociedad. Estas son: política, poder, solidaridad y confianza.

Para Bauman, es justamente en la manera de asociar o disociar estos cuatro términos donde subyacen las explicaciones a la crisis actual. En donde lo único que parece cambiar cada poco es el epicentro y la sensación de ansiedad y catástrofe, cada vez mayores que en la crisis precedente. Lo ejemplifica diciendo que “[a]ntes el poder y la política residían en el estado nación, podía haber contradicciones, debates y posiciones contrapuestas sobre un tema, pero una vez se había decidido qué era lo que se iba a hacer ya no había ninguna duda: el estado nación lo haría. Nada de esto sucede ahora. Los políticos han perdido el brazo ejecutor. (…) El poder, el poder real que controla nuestras vidas ya es global, pero nuestros políticos piensan y actúan como si todavía fuera local. Nos enfrentamos a la necesidad de crear un nuevo paradigma, un nuevo modelo que vuelva a conectar la política con el poder. La soberanía es un concepto zombie, que hace creer que está viva, pero está muerta.”

Y por si eso no fuera suficiente, concluye que están en quiebra los dos pilares sobre los que se articula cualquier sociedad: solidaridad y confianza. Conceptos que en la actualidad parecen haberse depreciado a tal punto que “[e]n estos momentos sólo se construyen alianzas ad hoc, mientras dure la satisfacción. No existe la lealtad. Una cosa sirve sólo hasta que sale la siguiente que la reemplaza. De la misma manera que las relaciones entre el yo y el resto son extremadamente volubles, lo mismo sucede para entrar o salir de una alianza. La confianza es la base de las relaciones humanas y ahora no hay nada en que confiar. De hecho se produce una especie de círculo vicioso. La gente cree que las cosas son frágiles y quebradizas, que nada es permanente, lo que hace que se comporten como si todo fuera frágil y quebradizo, lo que hace que esta percepción acabe cumpliéndose”.

¿Cómo resuena esto en nuestra América Latina? Curiosamente la región compró en los últimos diez o quince años, más en el discurso que en la práctica me dirá usted con mucha razón, dos paradigmas que reflejan la crítica de Bauman. El primero tiene que ver con la promoción del capital social y la importancia de construir redes de confianza como elemento fundamental para aumentar la eficiencia económica y profundizar la cohesión social. Mayores niveles de confianza entre agentes económicos y sociales resultarían en costos de transacción menores entre agentes privados, cumplimiento de contratos, certeza para planificar inversiones en un horizonte temporal más largo, apropiación de la democracia como marco de convivencia.

El segundo tiene que ver con el relanzamiento de la protección social como expresión concreta de la solidaridad ejercida desde el ámbito público. Apostamos a la idea de que era posible llegar a un acuerdo en el que aquellos grupos más aventajados de nuestra sociedad contribuyeran (o por lo menos no vetaran) a la institucionalización de programas para atender a aquellos otros históricamente rezagados, y que en muchos países son mayoría.

Así pues, la región parece estar en la senda correcta en cuanto a solidaridad y confianza. Ahora bien, en lo que corresponde al campo de la política y el poder hay ciertamente muchas más sombras que luces. La disfuncionalidad de los sistemas de partidos políticos, el pobrísimo debate parlamentario, y la creciente amenaza que supone el crimen organizado hacen sonar alarmas tanto en América Latina como en el viejo continente y la actual potencia hegemónica.

Aunque todavía falta tiempo para saber si la lectura de Bauman es la correcta, lo cierto es que sus argumentos dan un marco para observar el impasse que viven los países desarrollados, por un lado, y la atípica resiliencia latinoamericana ante esta crisis, por el otro.

¡Le deseo a usted y su familia una Navidad en paz!

Prensa Libre, 22 de diciembre de 2011.

¿Pan francés o pan de rodaja?

“(…) probablemente allí se explica por qué en países como Guatemala, con una clase media que no termina de dibujarse con nitidez, las discusiones son más primarias.”

Moisés Naim y Andrés Oppenheimer publicaron hace unos días sendas columnas de opinión en el diario El País de España. Una sobre desigualdad y la otra sobre pobreza. Rico que ambos temas parecen estar ya bien sembrados en el jardín latinoamericano. ¡Pero pucha que costó sangre, sudor y lágrimas, eh!

Oppenheimer comenta las últimas cifras publicadas por CEPAL con relación a la pobreza en la región. De los años 80s para acá hemos logrado reducir como nunca, tanto la pobreza general como extrema (en 17 y 10 puntos porcentuales respectivamente). Sin embargo, dice Andrés, no hay razón para ufanarse demasiado. Asia ha conseguido cifras y ritmos mucho mayores. Y se lo atribuye a tres condiciones objetivas: mejor distribución del ingreso, mayor integración económica y mejores niveles de educación, ciencia y tecnología.

Naim se centra en el descontento ciudadano de los chilenos. Las protestas por una educación de calidad y menos onerosa. Señala dos factores clave para leer el momento por el que atraviesa Chile: el crecimiento de la clase media y la desigualdad económica. Paradójicamente, uno de esos factores es reconocido como un síntoma de desarrollo más que como fuente de malestar. Una aspiración de la gran mayoría de sociedades latinoamericanas.

Estábamos mucho más acostumbrados a pensar en las bondades de una amplia clase media: mercados más amplios para los productores locales, salarios más altos, productividad mayor, crecimiento más sostenido, ciudadanía más apropiada de conceptos abstractos como democracia y Estado de Derecho, demanda vigorosa por productos de mayor valor agregado, profundización financiera, etcétera. Eso era lo que incluía el combo de hacerle un upgrade a nuestro software social, para ponerlo en términos de cibernauta.

Lo que no se nos ocurrió, o no fuimos capaces de anticipar con suficiente precisión, fue la velocidad y beligerancia con que la clase media exigiría instituciones, bienes y servicios públicos, de calidad y con un mínimo de equidad en su provisión. Ahora bien, una clase media exigiendo calidad y equidad no tendría por qué ser un problema en sí mismo. Obviamente, siempre que exista una oferta capaz de satisfacer a ese colectivo creciente que, además, nos ha dejado bien claro que está cada día más dispuesto a la exigencia y movilización social.

Si lo anterior es verdad, probablemente allí se explica por qué en países como Guatemala, con una clase media que no termina de dibujarse con nitidez, las discusiones son más primarias: mucho o poco, presente o ausente, provisión pública o privada. Y solo en los últimos años hemos comenzado a hacer tiritos al marco para plantear temas de calidad institucional, en el sector educación fundamentalmente.

¿Somos diferentes al resto? No, no lo somos. Simplemente estamos en otro estadio de desarrollo. Por eso agendas de discusión como la que ya se plantean los chilenos en las calles de Santiago, en Guatemala siguen confinadas (cada vez menos, hay que reconocerlo) a espacios bastante limitados. Todavía suenan demasiado ajenas, abstractas, salvo por lo concreto que es para la mitad de la población, vivir en pobreza y con oportunidades tan dispares que hasta rayan en lo injusto.

La tendencia regional todavía no nos llega, la reducción de pobreza y mejoras en equidad observadas en otros países no se ve en el nuestro. La expansión de la clase media sudamericana es por ahora un enano de otro cuento. Para nosotros el reto es poner pan sobre la mesa de todos los chapines. Luego quizás podremos tener la discusión de si mejor pan francés o pan de rodaja.

Prensa Libre, 15 de diciembre de 2011.

¿Y las estadísticas rurales?

“(…) al igual que los seguros contra accidentes, las mejores estadísticas son las que se tienen en el momento que se necesitan.”

Para nadie es un secreto que durante los últimos quince años el sector rural ha sufrido las consecuencias de una desafortunada retirada de instituciones públicas. Es verdad que eso fue motivado, en muchos casos, por servicios públicos que tenían una calidad mediocre, en donde prevalecían programas con incentivos clientelares y con poca o ninguna visión estratégica. Y para ajuste de penas, la solución fue gestionarlo a través de una iniciativa privada que francamente no dio todos los frutos que se esperaban.

Tampoco nos toma por sorpresa cuando repetimos ad nauseam que los sistemas estadísticos nacionales nunca han sido una prioridad para los gobiernos de turno. Son contadas las excepciones, generalmente motivadas por una coyuntura internacional favorable, que ofrecía recursos técnicos y financieros sobre determinados temas – pobreza, población, salud materno-infantil, por citar un par de ejemplos –.

Si sumamos los dos párrafos anteriores, imagínese usted lo que podríamos concluir de los sistemas estadísticos del sector agrícola y rural. Algo así como “crónica de un vacío de información anunciado”.

Eso es grave para cualquier país. Pero lo es más todavía para uno que, como Guatemala, tiene a la mitad de su población habitando en el sector rural. Somos un territorio con una vocación forestal en ciertas partes, una altísima productividad agrícola en otras, pero que también conjuga territorios en condiciones de crisis profundas y recurrentes.

Tales características debieran ser razón suficiente para tener un sistema de información que nos permitiera planificar nuestro desarrollo rural, para que efectivamente contribuya a una agenda de crecimiento económico inclusivo y sostenible. Pero no es así.

El problema de no contar con información es que, al igual que los seguros contra accidentes, las mejores estadísticas son las que se tienen en el momento que se necesitan. En otras palabras, a la hora de los pepitazos se trabaja con el dato que hay o, peor aún, se planifica la acción estatal y privada “al oído”. Como ejemplo tenemos desastres naturales y shocks externos de precios, que ponen a todo el sector público a pegar carreras para costear intervenciones sin mayor evidencia, mucho menos líneas de base.

Por supuesto que este vacío de información no es exclusivo de Guatemala. Ha sido más bien una tendencia observada en casi todo el mundo en desarrollo. Tan grave, que durante el último par de años se han ido alzando y alineando voces, señalando la importancia de volver a contar con mejores estadísticas para el campo.

Hoy está dando vueltas en el ambiente una “Estrategia global para mejorar las estadísticas agrícolas y rurales”, esfuerzo promovido por varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, Banco Mundial, y varios gobiernos nacionales en América Latina y el resto del mundo.

En el papel, esencialmente se propone tres cosas: 1. establecer un conjunto mínimo de datos que los países recojan de manera regular para monitorear el sector rural, 2. integrar al sector rural en los sistemas estadísticos nacionales, de manera que puedan estar en el radar de hacedores de política (más allá de los ministros de agricultura), analistas y sociedad en general, y 3. apoyar en la construcción de capacidades nacionales para hacer que este esfuerzo sea sostenible en el tiempo.

Hasta donde he podido averiguar, los guatemaltecos no estamos en la lista de países que han dado el paso al frente para servir como piloto, y francamente creo que deberíamos estarlo. Porque, independientemente de lo que al final pueda aportar esta estrategia global, ofrece una oportunidad muy favorable para revisar el tema en Guatemala.

La necesidad de más y mejores estadísticas rurales es una realidad en nuestro país. Que no solamente coincide hoy con un apoyo de varias instituciones internacionales, sino también con la entrada de un nuevo equipo de cuadros técnicos que llegarán a ministerios, secretarías y demás dependencias del Ejecutivo.

Unos necesitarán mostrar resultados de su gestión, y otros necesitamos hacer auditoría social. De modo que hay condiciones para una alianza muy positiva, que de regularidad y consistencia a los datos. Es también una forma efectiva de seguir posicionando el desarrollo rural como tema de agenda nacional.

Sólo hace falta (¡otra vez!) un poco de pensamiento estratégico dentro de la burocracia estatal, y una pizca de voluntad política y gerencial para alinear intereses de gobierno y de país con tiempos y plazos internacionales. Una batalla fácil de ganar, en la que si por lo menos lográramos beneficios parecidos a aquel otro programa llamado “Mejoramiento de las encuestas de condiciones de vida (MECOVI)”, podemos darnos por muy bien pagados.

¡Pan para el matate del INE, MAGA, SEGEPLAN y MINECO!

Prensa Libre, 8 de diciembre de 2011.