jueves, 22 de noviembre de 2012

Protección, producción y pobreza rural

“Baja calidad e inestabilidad hacen una combinación nefasta en el servicio civil.”

¿Por dónde comenzar a desatar ese nudo de pobreza estructural en el que se encuentran sumergidas millones de campesinos en América Latina?  ¿Cuál es la secuencia de intervenciones que se necesitan? ¿Cuál es la combinación óptima?  ¿Existe tal cosa o simplemente hay que colgar los guantes y dejar que en algún momento y por azar del destino su suerte cambie? 

Todas esas son preguntas que consumen horas de reflexión y millones de dólares en la región y el mundo entero.  Y si hemos de ser honestos, la verdad es que no tenemos mucha idea.  De otra manera ya lo hubiéramos resuelto desde hace años.  Tan simple como eso.  A lo sumo, sabemos que hay acciones puntuales que ayudan, inversiones que crean condiciones propicias, instituciones que aceleran procesos, prácticas locales y ancestrales que deben ser tomadas en consideración.  Pero su combinatoria, secuencia y peso específico de cada uno de estos elementos sigue siendo más arte que ciencia.  Una función del momento histórico, del territorio y de la población.

Pero a pesar de esta visión artesanal de las estrategias de reducción de pobreza rural, hay dos factores que parecen comunes a casi cualquier realidad latinoamericana.  En primer lugar, los pobres rurales carecen de interlocutores con peso político suficiente, que hagan cabildeo ante las instancias más altas de toma de decisión para la asignación de recursos humanos, físicos y financieros que los ayuden a salir adelante. 

En el mejor de los casos dependen de iniciativas de caudillos locales, liderazgos que logran colarse en el real politik y empujan, reclaman, movilizan, hasta que finalmente algo consiguen.  No siempre son efectivos, ni siempre son bien intencionados, eso también es verdad.  Pero son una fórmula mucho más frecuente que la institucionalización y permanencia de programas en atención a grupos rurales pobres.   

La otra constante es una ausencia de personal de planta en el servicio público que piense estratégicamente, que identifique y articule programas y políticas de desarrollo rural, no solamente proyectos.  Por una parte, la burocracia latinoamericana ya de por sí débil, lo es todavía más cuando se trata de aquel funcionariado que tiene bajo su responsabilidad atender poblaciones marginadas geográficamente.  Y por la otra, la inestabilidad en los cuadros públicos inhibe cualquier capacidad de reflexión y acción con perspectiva de mediano plazo. 

Baja calidad e inestabilidad hacen una combinación nefasta en el servicio civil.  De allí que la provisión de bienes públicos y asistencia técnica, son hoy los grandes ausentes para el campesino.  Con ello desperdiciamos el potencial que yace en la ruralidad y las estrategias de vida del pequeño productor latinoamericano. 

El avance que se ha tenido en la región por la vía de la protección social para aliviar un poco las carencias de ingreso de estas poblaciones debe seguir perfeccionándose y evolucionando hacia una atención más integral y sostenible, capaz de transformar el entorno de ese sujeto que hasta hoy solamente se le ve como un beneficiario de la política social.  Los latinoamericanos tenemos que movernos a una nueva generación de instrumentos de atención a poblaciones rurales pobres, tomando en consideración lo que ya hemos aprendido en casi dos décadas de programas de protección social. 

La capacidad de medición, de monitoreo y evaluación, de diseñar intervenciones que articulan esfuerzos sectoriales en salud y educación, de hacer visibles en los presupuestos gubernamentales a poblaciones históricamente desatendidas, son avances que debieran aprovecharse para dar el siguiente salto hacia la construcción de capacidades productivas, generadoras de ingreso y empleo.  

Para lograrlo, tres ingredientes siguen siendo esenciales: instituciones, servidores públicos, y una sociedad rural con capacidad de cabildeo.  Sin ello, difícilmente abatiremos la pobreza rural. A lo sumo, la transformaremos en pobreza urbana.     

Prensa Libre, 22 de noviembre de 2012. 

jueves, 15 de noviembre de 2012

¿Clase media o ingreso medio?

“En otras palabras, una cosa es un país de ingreso medio y muy otra es una sociedad de clase media.”

El Banco Mundial ha publicado recientemente un estudio titulado “Economic mobility and the rise of the Latin American middle class”.  La cobertura mediática que ha tenido el mismo y las opiniones tan diversas y ricas que ha generado entre expertos hace pensar que bien podría constituirse en un tema central para la agenda de la región en los próximos años – dicho sea de paso, eso no estaría nada mal.  Es un tema que se complementa y sigue la secuencia lógica de la discusión tan fuerte que se tuvo hace algunos años sobre pobreza, y más recientemente sobre el papel que la protección social juega para su reducción.  

El documento provoca varias reflexiones, resalto solamente tres.  La primera tiene que ver con el crecimiento significativo de un grupo social latinoamericano que hoy intenta ser bautizado como clase media.  Allí mismo comienza a surgir el debate, haciendo reaparecer la vieja discusión de si los niveles de ingreso bastan para pertenecer a tal o cual estrato, o si más bien hay que considerar otras dimensiones como educación, tipo de empleo y propiedad de activos para tener una definición más completa y sobre todo sostenible en el tiempo.  En otras palabras, una cosa es un país de ingreso medio y muy otra es una sociedad de clase media. 

La segundo reflexión deriva de los factores que han permitido el aumento en tamaño de este grupo socioeconómico.  Según el reporte son esencialmente tres: crecimiento económico dinámico, bajo desempleo y reducción de la desigualdad en varios países de la región.  Aquí es relevante el énfasis que se da al crecimiento económico como motor principal de la expansión de una clase media, en contraposición al protagonismo que han tenido las políticas de protección social para la reducción de la pobreza y mejoras en la distribución del ingreso. 

La tercera reflexión está relacionada con las implicaciones que este fenómeno puede tener en la región.  Una de las más importantes tiene que ver con cómo una clase media más grande puede además contribuir a tener mayores niveles de movilidad social y cohesión social.  Porque al final del día solamente así es que se podrá decir que Latinoamérica efectivamente ha alcanzado mayores niveles de desarrollo y no solamente de ingreso.    

De alguna manera el referente implícito que todos tenemos en la cabeza cuando se piensa en sociedades de clase media son países como Canadá y la región escandinava, en donde la forma no es piramidal, con muchos pobres en la base y pocos ricos en la cima, sino  más bien como una cebolla, en donde el grueso de la población pertenece a un estrato sin excesos ni miserias. 

En lo inmediato, el reto que tenemos por delante los latinoamericanos es mantener viva la discusión.  Darle tanto empuje y fuerza como la que tuvo la de reducción de pobreza.  Este puede (quizás debe) ser el tema central de países de ingreso medio como los nuestros.  Aún en aquellos como Guatemala, con un alto porcentaje de pobreza y alta desigualdad, debatir estos temas nos debe dar un sentido de orientación, de saber en términos concretos hacia dónde hay que dirigir energías y esfuerzos. 

En el mediano plazo, la aspiración debe ser encauzar este crecimiento de un estrato socioeconómico con mayor capacidad de compra y ahorro en una auténtica clase media, capaz de valorar y exigir bienes públicos y una calidad en sus instituciones estatales que le garanticen el bienestar adicional que sus ingresos no van a poder comprar jamás. 

Prensa Libre, 15 de noviembre de 2012.

jueves, 8 de noviembre de 2012

El imaginario del ministro

“La sola política económica ha demostrado ser necesaria pero insuficiente para que la mayoría de la población tenga mayor bienestar.”

Hace unos días se publicó una entrevista con el Ministro de Economía, Sergio De la Torre.  La discusión que generó entre lectores del diario e internautas en las redes sociales me hicieron volver a leerla con más detenimiento y reflexionar un poco sobre su contenido.   

Creo que hay dos formas de leer el texto.  La primera es con un sentido de información a la población.  Una suerte de “cuentadancia”, ciertamente inducida por la iniciativa que tuvo Beatriz Colmenares, pero de cualquier manera un ejercicio saludable para nuestra democracia.  Estas cosas debieran suceder con mayor regularidad y sistematicidad, para que los ciudadanos comunes y corrientes nos enteremos de qué es lo que están haciendo los funcionarios que administran nuestro Estado. 

En este caso particular, saber que hay esfuerzos y agilizar la tramitología para hacer negocios formales, para reducir la mortalidad prematura de nuestros emprendimientos, así como el apoyo a encadenamientos productivos, pues suena a buenas noticias.  Son acciones que pretenden hacernos más eficientes y productivos como país, lo cual esperaríamos que resulte en más crecimiento económico y salarios reales más altos.   

La otra forma de mirar el texto del ministro es a partir de sus mensajes implícitos.  Esos que revelan su imaginario.  Es decir, las cosas en las que cree, su visión del Estado guatemalteco – expresado de manera concreta en el ministerio que hoy tiene a su cargo –, el rol de la política pública en dos de sus expresiones más esenciales: la económica y la social, etcétera.  Esta narrativa que el funcionario intenta construir y comunicarnos es mucho más interesante y útil, creo yo.  Porque a la postre nos revela el modelo de desarrollo que tiene en su cabeza.

Hay allí muchos elementos interesantes y que seguramente concitan amplio apoyo de la sociedad.  Por ejemplo, la importancia de la competitividad, la diversificación de mercados internacionales, y los apoyos a micro y pequeñas empresas, como factores dinamizadores de la economía nacional. 

Otras piezas, sin embargo, generan más crítica.  Como su frase de cierre cuando dice que (sic) “la mejor política social es una buena política económica”.  O las ideas de que (sic) “(…) este país se convierta en la fábrica de Latinoamérica”, que se impulsen incentivos de tercera generación en materia fiscal y flexibilización de relaciones entre empleados y empleadores.     

¿Qué se puede comentar al respecto?  Bueno, por lo menos dos cosas.  La primera es agradecer su claridad y franqueza.  De hecho, la prefiero por sobre posiciones ambivalentes y confusas.  Son declaraciones consistentes y coherentes con el sector que representaba antes de ser ministro de Estado.  Aunque puede que no comparta todos sus puntos de vista –de hecho tengo diferencias conceptuales sustantivas–, saber cómo realmente piensa un funcionario da certeza e invita a la discusión. 

Dicho lo anterior, la segunda cosa que puedo comentar es que obviamente no comparto varios elementos de su visión de desarrollo para Guatemala.  No creo que convertirnos en una gran fábrica sea el camino a seguir.  Y menos aún si se hace sobre la base de incentivos fiscales de tercera, cuarta o nonagésima generación.  Eso debilita la capacidad fiscal del Estado.  Pero además porque creo que la estructura productiva del país es mucho más rica y compleja.  Y por consiguiente, las condiciones y necesidades de sectores más allá del industrial deben tener un espacio equivalente en su narrativa. 

Finalmente, por supuesto que tampoco creo que la mejor política social es una buena política económica.  Ese fue el discurso de aquellos años en los que la región adolecía de una pobre gestión macroeconómica.  Días oscuros en que los grandes consensos y manuales de uso y gestión de los estados nacionales latinoamericanos emanaban de las instituciones financieras de Washington.  Afortunadamente esa etapa ha quedado ultra superada. 

De hecho, hoy hay un amplio consenso en la comunidad del desarrollo internacional sobre lo fundamental que es la política social como mecanismo para elevar la productividad y con ello las tasas de crecimiento de los países.  En otras palabras, la sola política económica ha demostrado ser necesaria pero insuficiente para que la mayoría de la población tenga mayor bienestar. 

Si algo ha enseñando Latinoamérica al resto del mundo en tiempos recientes, es que justamente ha sido la política social un instrumento esencial, no solamente para la reducción de pobreza y desigualdad, sino para sentar bases de un crecimiento económico más robusto y de largo plazo. 

Pero por supuesto, en la variedad está el gusto, y es mejor tener muchas visiones de desarrollo que compitan entre sí, en vez de un único discurso fotocopiado, incoloro e insípido. 

Prensa Libre, 8 de noviembre de 2012.
 

jueves, 1 de noviembre de 2012

El mundo cambió

“(…) bien le vendría a la región una reflexión y apoyo de organismos regionales para diseñar verdaderos sistemas de reacción contra-cíclica, que sean ágiles en su función de sístole y diástole.”

Ese es el título de la última publicación que hizo el BID analizando los desafíos y oportunidades de crecimiento económico en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.  Un documento sintético pero muy rico en contenido y métodos de análisis, que intenta dar una lectura de las condiciones estructurales de las economías de la región a la luz de las nuevas condiciones del mercado internacional. 

Son cinco capítulos en total, que comienzan por describir el escenario de la economía global, para inmediatamente pasar a tres desafíos principales de la región: fiscal, financiero y comercial.  Finalmente cierra con una reflexión simulando los efectos que podría llegar a tener en la región una nueva crisis financiera global de magnitud similar a la del 2008-2009.  Este ejercicio responde a la incertidumbre que prevalece en las economías del Euro. 

Resalto tres mensajes del informe porque me parece que son buenas provocaciones a las que los tomadores de decisión de la región debieran prestar atención. 

El primero tiene que ver con las transformaciones, algunas permanentes en apariencia, que ha tenido el entorno internacional.  La recesión de la economía norteamericana y de buena parte del mundo industrializado, así como la fuerte entrada de China como actor global han impactado variables que para los centroamericanos son muy importantes.  Entre otras, el volumen y dinamismo de las remesas que envía nuestra diáspora, la pérdida de correlación positiva entre el precio del petróleo y el nivel de actividad de la economía americana, y la recomposición en el financiamiento de la cuenta corriente – en este último caso aumentando la exposición de las economías de la región a flujos financieros de naturaleza más volátil. 

Todos estos fenómenos apuntan en la misma dirección: pérdida de herramientas que antes servían para paliar choques externos e internos entre la población, cuyos efectos se acentúan aún más en aquellos estratos de menores ingresos.

El segundo mensaje tiene que ver con el replanteamiento de la política comercial de la región.  Coyunturalmente, la pérdida de dinamismo de las economías industrializadas – Estados Unidos y Europa –se ha traducido en una menor participación de dichos socios comerciales en el total de la oferta exportable de los países centroamericanos. 

Ahora bien, desde una perspectiva de más largo plazo, es todavía más importante reconocer que no solamente estos son mercados en declive sino que además la región ha perdido participación en los mismos.  De allí la importancia de analizar opciones para diversificar el destino de las exportaciones hacia economías que hoy son más dinámicas como las economías de Suramérica y Asia.  Algo más fácil dicho que hecho, pues implica cambios en la estructura productiva doméstica, inversiones en infraestructura y lograr acuerdos comerciales con tales países.

Finalmente, el tercer mensaje se refiere a la dimensión fiscal.  Es muy provocadora la reflexión que hace el BID en cuanto a los efectos del gasto público contra-cíclico aplicado por los gobiernos de la región durante la crisis de 2008-09.  El razonamiento es que (sic) “la política contra-cíclica implementada durante la crisis financiera dejó a los países de la región parados sobre un nivel de gasto público de difícil reversibilidad”. 

Sin embargo, el mismo informe reconoce que el tipo de gasto que tuvo lugar durante ese período fue en renglones que difícilmente pueden ser considerados en una lógica puramente contra-cíclica.  Es decir, aquel tipo de gasto público que se expande en momentos de contracción de la economía y se remueve cuando llega la recuperación. 

En ese sentido, hay que ser cuidadosos al analizar y calificar los distintos tipos de aumento que ha tenido el gasto público regional.  Son cosas muy distintas una expansión en la nómina o de los salarios de empleados públicos, de los programas de transferencias condicionadas en efectivo, ó de lo que debieran ser estabilizadores automáticos en su versión más pura. 

La racionalidad de cada uno responde a factores que no necesariamente tienen que ver con el ciclo económico.  En tal sentido, bien le vendría a la región una reflexión y apoyo de organismos regionales para diseñar verdaderos sistemas de reacción contra-cíclica, que sean ágiles en su función de sístole y diástole.  

Como bien señala el informe, la región centroamericana, Panamá y la República Dominicana tienen hoy un nuevo entorno mundial del cual se deriva una agenda de trabajo que permita a estas economías sacarle el mayor provecho posible.  Como siempre, el mayor reto sigue siendo generar condiciones y capacidades domésticas para pensar y actuar en clave de mediano plazo. 

Prensa Libre, 1 de noviembre de 2012.