“Ellos, por diferentes razones, siguen siendo los rezagados, los invisibles, los que hemos sido incapaces de montar a la bicicleta y pedalear al unísono para salir del fango del atraso, todos juntos.”
Hace unos días tuve el gusto de sentarme a conversar con un grupo muy interesante de especialistas en temas de desarrollo rural y reducción de pobreza en América Latina. La idea era intercambiar opiniones para tratar de entender por dónde va la agenda en dicha materia, y con ello tratar de extraer señales, tendencias que mandan gobiernos, organismos multilaterales y agencias de cooperación.
Al revisar los números gruesos de pobreza, pobreza extrema y desigualdad de la región durante los últimos 30 años, y casi independientemente del indicador de bienestar que utilicemos, el mensaje es claro: los ochentas nos dejaron con un repunte de pobreza y desigualdad. Esa fue la maldición de la década perdida. Pero a partir de los noventas hemos ido ganando la batalla, aún a pesar de la seguidilla de crisis de los últimos cuatro años.
Como siempre, números agregados esconden realidades diferentes entre las subregiones del continente. Por ejemplo, la reducción en el número absoluto de pobres ha estado liderada por los países del Mercosur, y en mucho menor medida por los centroamericanos. Por otra parte, los países de la región andina más bien han incrementado el número total de pobres en los últimos años.
De manera que los hechos estilizados de América Latina pintan hoy una región que reduce su pobreza, aunque todavía se encuentra en niveles suficientemente altos como para que sigan siendo una prioridad en la política pública. Una región que también reduce desigualdad, en buena medida gracias a un gasto social mejor focalizado y con sabor a transferencias condicionadas en efectivo.
Sin embargo, a pesar de dichos avances – que no son para nada despreciables –, tampoco se puede perder de vista que en el camino hemos dejado botados a ciertos grupos sociales. Ellos, por diferentes razones, siguen siendo los rezagados, los invisibles, los que hemos sido incapaces de montar a la bicicleta y pedalear al unísono para salir del fango del atraso, todos juntos.
El primero de ellos es el grupo rural. Producto del acelerado proceso de urbanización y crecimiento de nuestras ciudades grandes e intermedias, las estadísticas nos dicen que dos terceras partes de nuestros pobres se ubican en centros urbanos. Ello quiere decir que, por definición, una tercera parte se ha quedado en el campo, en condiciones estructuralmente distintas.
El riesgo es que el tercio de pobres del campo con facilidad puede volver a quedar fuera de la discusión y prioridades de desarrollo e inversión pública en la región. Están mucho más aislados de los polos productivos y de centros donde se toman las principales decisiones políticas en nuestros países. Pero además, enfrentan un rezago en inversión pública y privada que los pone ya de entrada en una posición de desigualdad en oportunidades respecto al resto. Son actores políticos con menor capacidad de articularse de manera ordenada y hacer escuchar sus demandas por un Estado débil y un mercado roto ó inexistente – por lo menos en los términos en que los definen nuestros libros de texto de introducción a la economía.
El segundo grupo es el de los informales. Una masa de difícil cuantificación, a la que tradicionalmente hemos fracasado en atender economistas, políticos y tecnócratas. La vemos de cuando en cuando, así de refilón, durante las épocas en que el desempleo y la recaudación fiscal aprietan el zapato. Pero solamente desempolvamos argumentos sin mayor capacidad de innovar y proponer una nueva forma de leerlos. La informalidad no es cosa de dar NIT y facturas a chicleros y achimeros. Va mucho más allá de lo que revelan aceras y mercados. Toca la médula de las economías latinas: baja productividad y poquísima capacidad e absorción de su mano de obra.
El tercer grupo es el de los históricamente olvidados. Los que salen a luz de cuando en vez cuando se ponen de moda porque hay un aniversario importante, un premio nobel, un presidente, o un alzamiento armado para el cual constituyen en fuerza de tarea. Los que el sistema de justicia no entiende y el de educación y salud ve con asco. Nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes son ese otro segmento con el cual el resto de la ciudadanía de países como Guatemala, Perú y Bolivia sigue estando profundamente en deuda.
Todos ellos, los rurales, los informales, los indígenas y afrodescendientes son los rezagados de nuestro magro proceso de desarrollo en la región. Es allí en donde debemos volcar una buena parte de nuestra atención. Pero las prioridades regionales parecen ir en otra dirección. Una que opera con un paradigma de actores sociales homogéneos, en donde movilidad y protección social, cobertura y calidad en la inversión pública, aparecen todos como conceptos de aplicación y beneficio universal.
Hay que afinar la criba. La historia ya nos lo ha dicho, en reiteradas ocasiones, que seguirlos viendo con el rabo del ojo ó apostando al milagro de un “melting pot”, no va a ponernos en posición de despegue.
Prensa Libre, 24 de marzo de 2011.
viernes, 25 de marzo de 2011
lunes, 21 de marzo de 2011
La Latinoamérica bicéfala
“Aún cuando Latinoamérica ofrece perspectivas bastante optimistas para su recuperación, al escarbar un poco más en los datos, salta a la vista una región que se mueve a dos tiempos.”
La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar una presentación realizada por los economistas del BID Santiago Levy, Alejandro Izquierdo y Ernesto Talvi, sobre el nuevo orden global y los desafíos de política económica para Centroamérica. La utilidad de observar los patrones de comportamiento de algunas variables macroeconómicas clave en economías industrializadas y emergentes está en que revelan la manera diferenciada en que la gran recesión de 2008-2009 nos afectó a todos.
Con cerca de ocho años de información estadística, la tendencia en consumo e inversión privadas, exportaciones, importaciones, PBI, ingresos fiscales, gastos primarios, y resultado fiscal, dibuja con regular nitidez dos grupos de países. Por un lado aquellos en los que la mayoría de variables tuvieron una contracción importante y los gastos primarios se expandieron a partir de los programas contracíclicos impulsados por los gobiernos – unos más, otros menos, según el espacio fiscal de cada cual –.
Para dicho conjunto de países el resultado fiscal es un déficit que hoy debe atenderse y comenzar a revertirse para dar sostenibilidad a las finanzas públicas y a las condiciones macroeconómicas en general. El paradigma de este modelo de país son los Estados Unidos y México.
Por otro lado, tenemos el grupo de economías para las cuales consumo e inversión privados no reflejan contracciones significativas, ó si las tuvieron inmediatamente hubo un proceso de recuperación que los puso de vuelta en la trayectoria pre crisis. Es decir, en tales países ni consumidores ni inversionistas se dieron mucha cuenta de la hecatombe que desató Lehman Brothers y compañía. Las exportaciones sí sufrieron, pero la posición fiscal no se deterioró de manera dramática. Los referentes de este segundo modelo son China y Brasil.
Lo interesante es que cuando se analiza al conjunto de países de la región, los autores identifican un grupo bautizado como el clúster mexicano. Este grupo se caracteriza por ser importadores netos de commodities, con una alta exposición a lo que suceda con las exportaciones de bienes y servicios en países industrializados así como a las remesas que mandan los migrantes en dichos países. Allí se ubica el istmo centroamericano, República Dominicana, y varios países del Caribe.
En contraposición estaría el clúster brasileño, que son economías caracterizadas por ser exportadores netos de commodities y una baja exposición relativa a las exportaciones de países industrializados. En este conjunto se ubican principalmente los países de América del sur.
La gran diferencia entre uno y otro es que, ahora en tiempos de recuperación económica, las perspectivas para uno y otro grupo son muy distintas, sobretodo en términos de crecimiento económico. Para el clúster brasileño las proyecciones son mucho mayores (casi el doble) de las que se adelantan para el clúster mexicano.
Con estos hechos estilizados, puestos en el contexto de la región centroamericana, y tras observar las nuevas tendencias en crecimiento económico y comercio mundial, los autores adelantan tres o cuatro recomendaciones para la gestión macroeconómica de nuestros países en los próximos meses. Entre otras destacan: trabajar en la consolidación de las cuentas fiscales para asegurar una trayectoria de deuda pública que de credibilidad a la gestión macroeconómica, consolidar acuerdos comerciales con economías emergentes dinámicas, remover distorsiones para incrementar la productividad y facilitar la reconversión productiva ante los desafíos del nuevo orden económico global. Una lista de acciones nada sencilla para nuestros gobiernos.
De manera que aún cuando Latinoamérica ofrece perspectivas bastante optimistas para su recuperación, al escarbar un poco más en los datos, salta a la vista una región que se mueve a dos tiempos. Una mitad que se beneficia del alza en precios de commodities y de su comercio diversificado, y otra que sigue bastante atada al destino de lo que suceda en los Estados Unidos y a una estructura productiva que no le permite tomar mayor ventaja de buenos precios en productos primarios. Tenemos pues una región bicéfala.
Prensa libre, 17 de marzo de 2011.
La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar una presentación realizada por los economistas del BID Santiago Levy, Alejandro Izquierdo y Ernesto Talvi, sobre el nuevo orden global y los desafíos de política económica para Centroamérica. La utilidad de observar los patrones de comportamiento de algunas variables macroeconómicas clave en economías industrializadas y emergentes está en que revelan la manera diferenciada en que la gran recesión de 2008-2009 nos afectó a todos.
Con cerca de ocho años de información estadística, la tendencia en consumo e inversión privadas, exportaciones, importaciones, PBI, ingresos fiscales, gastos primarios, y resultado fiscal, dibuja con regular nitidez dos grupos de países. Por un lado aquellos en los que la mayoría de variables tuvieron una contracción importante y los gastos primarios se expandieron a partir de los programas contracíclicos impulsados por los gobiernos – unos más, otros menos, según el espacio fiscal de cada cual –.
Para dicho conjunto de países el resultado fiscal es un déficit que hoy debe atenderse y comenzar a revertirse para dar sostenibilidad a las finanzas públicas y a las condiciones macroeconómicas en general. El paradigma de este modelo de país son los Estados Unidos y México.
Por otro lado, tenemos el grupo de economías para las cuales consumo e inversión privados no reflejan contracciones significativas, ó si las tuvieron inmediatamente hubo un proceso de recuperación que los puso de vuelta en la trayectoria pre crisis. Es decir, en tales países ni consumidores ni inversionistas se dieron mucha cuenta de la hecatombe que desató Lehman Brothers y compañía. Las exportaciones sí sufrieron, pero la posición fiscal no se deterioró de manera dramática. Los referentes de este segundo modelo son China y Brasil.
Lo interesante es que cuando se analiza al conjunto de países de la región, los autores identifican un grupo bautizado como el clúster mexicano. Este grupo se caracteriza por ser importadores netos de commodities, con una alta exposición a lo que suceda con las exportaciones de bienes y servicios en países industrializados así como a las remesas que mandan los migrantes en dichos países. Allí se ubica el istmo centroamericano, República Dominicana, y varios países del Caribe.
En contraposición estaría el clúster brasileño, que son economías caracterizadas por ser exportadores netos de commodities y una baja exposición relativa a las exportaciones de países industrializados. En este conjunto se ubican principalmente los países de América del sur.
La gran diferencia entre uno y otro es que, ahora en tiempos de recuperación económica, las perspectivas para uno y otro grupo son muy distintas, sobretodo en términos de crecimiento económico. Para el clúster brasileño las proyecciones son mucho mayores (casi el doble) de las que se adelantan para el clúster mexicano.
Con estos hechos estilizados, puestos en el contexto de la región centroamericana, y tras observar las nuevas tendencias en crecimiento económico y comercio mundial, los autores adelantan tres o cuatro recomendaciones para la gestión macroeconómica de nuestros países en los próximos meses. Entre otras destacan: trabajar en la consolidación de las cuentas fiscales para asegurar una trayectoria de deuda pública que de credibilidad a la gestión macroeconómica, consolidar acuerdos comerciales con economías emergentes dinámicas, remover distorsiones para incrementar la productividad y facilitar la reconversión productiva ante los desafíos del nuevo orden económico global. Una lista de acciones nada sencilla para nuestros gobiernos.
De manera que aún cuando Latinoamérica ofrece perspectivas bastante optimistas para su recuperación, al escarbar un poco más en los datos, salta a la vista una región que se mueve a dos tiempos. Una mitad que se beneficia del alza en precios de commodities y de su comercio diversificado, y otra que sigue bastante atada al destino de lo que suceda en los Estados Unidos y a una estructura productiva que no le permite tomar mayor ventaja de buenos precios en productos primarios. Tenemos pues una región bicéfala.
Prensa libre, 17 de marzo de 2011.
Comida cara, bienestar en riesgo
“Una de las lecciones que hemos aprendido a sangre y fuego los latinoamericanos en las últimas décadas, es a no trastocar el sistema de precios en una economía.”
Cuando creíamos que por fin estaban superadas algunas de las crisis que nos han golpeado durante los últimos años, nuevamente aparece el fantasma de otra de ellas. Esa que quizás a algunos les pega más duro porque significa la capacidad o incapacidad de poner el sustento necesario sobre la mesa en cada tiempo de comida. Así es, los precios de los alimentos se vuelven a salir de control y entran en una espiral ascendente que ya ha llegado a los niveles más altos desde el pico del 2008.
Algunos incluso especulan que la crisis económica internacional que devino tras la quiebra de Lehman Brothers no fue sino una válvula de escape temporal a la subida de los precios en los alimentos. En otras palabras, de repente hasta estaríamos peor si el mundo no hubiera tenido aquella gran recesión. Hoy se habla de un cambio estructural en el nivel de precios de alimentos – es decir, una subida que será más bien de carácter permanente –, así como de la “primarización” de aquellas economías que se ven favorecidas por tal aumento.
Lo que sí nos dicen los números hoy es que tenemos más o menos 44 millones más de pobres desde junio del 2010 a la fecha. Por supuesto que no todo ha sido desastre. Se piensa que algunos hogares que antes estaban en pobreza han logrado salir de ella porque ahora pueden vender más caro su maíz, trigo, soja, y arroz, y con ello han aumentado sus ingresos lo suficiente como para mejorar traspasar la línea de pobreza. Esos son los que se clasifican como productores netos de alimentos.
Sin embargo, también están aquellos hogares, igualmente pobres, pero que lamentablemente no cuentan con capacidad de producir, sino que al contrario, todo o casi todo cuánto consumen tienen que comprarlo a precios de mercado. Como es de esperar, para este grupo una subida de precios implica un nuevo hoyo en el cincho. Esos son los consumidores netos de alimentos.
A este último grupo no le quedan muchas opciones. Tiene que bajar sus niveles de consumo (que dicho sea de paso ya es bastante precario), ó tiene que bajar la calidad de lo poco que ya consume, ó bien sacrifica lo poco que invierte en educación y salud para cubrir otros rubros más urgentes como darle de comer a los patojos. No hay más alternativas para mitigar la crisis.
Es en momentos como este cuando las redes de protección social, como las transferencias condicionadas en efectivo o cualquier otro programa que atienda a los segmentos más pobres, viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque si los hogares no pueden generar más ingresos propios, o incluso ven mermados los que ya generan, entonces es posible usar estos programas para aumentar de manera temporal las transferencias, y con ello amortiguar de manera temporal la caída de bienestar de aquellos grupos de población que más lo necesitan. Eso fue lo que hizo Brasil al aumentar la transferencia que ya reciben los beneficiarios de Bolsa Familia, para paliar así de forma temporal la subida en precios de alimentos.
Por supuesto que esa es solamente la respuesta de corto plazo. También es necesario iniciar en paralelo una serie de acciones que tiendan a mejorar la capacidad de generación de ingresos de los hogares. En tal sentido, los expertos recomiendan otro menú de medidas de política tales como aumentar la inversión en tecnología para mejorar la productividad del agro, el desarrollo de líneas de crédito contingentes, mejorar el acceso a mercados a pequeños productores a través de infraestructura e información para la toma de decisiones, entre otras.
De igual forma, se recomienda no intentar subsidios a los precios de los alimentos ni tampoco intentar distorsionar el comercio internacional a través de restricciones a las exportaciones de determinados productos. Una de las lecciones que hemos aprendido a sangre y fuego los latinoamericanos en las últimas décadas, es a no trastocar el sistema de precios en una economía. Al contrario, la piedra fundamental para lograr alinear incentivos entre los diferentes agentes económicos es la información que entregan los precios.
En este caso, por doloroso que parezca en el corto plazo, hay que dejar que los precios pasen desde los mercados internacionales hasta los productores, para que así se ajusten expectativas y planes de producción a futuro. En lo que sí deben ser muy firmes y vigilantes las autoridades de gobierno es en prevenir abusos por la vía de la especulación. No se vale que productores y comerciantes faltos de ética se salten las trancas y asusten a la población con el petate del muerto.
Además, es fundamental en coyunturas como la actual, que las autoridades desarrollen buenas estrategias de comunicación a la población. Cuando se habla con la verdad, por dolorosa que parezca, la sociedad lo valora, entiende y apoya. Son pues, momentos difíciles, pero todos podemos aportar nuestro grano de arena.
Prensa Libre, 10 de marzo de 2011.
Cuando creíamos que por fin estaban superadas algunas de las crisis que nos han golpeado durante los últimos años, nuevamente aparece el fantasma de otra de ellas. Esa que quizás a algunos les pega más duro porque significa la capacidad o incapacidad de poner el sustento necesario sobre la mesa en cada tiempo de comida. Así es, los precios de los alimentos se vuelven a salir de control y entran en una espiral ascendente que ya ha llegado a los niveles más altos desde el pico del 2008.
Algunos incluso especulan que la crisis económica internacional que devino tras la quiebra de Lehman Brothers no fue sino una válvula de escape temporal a la subida de los precios en los alimentos. En otras palabras, de repente hasta estaríamos peor si el mundo no hubiera tenido aquella gran recesión. Hoy se habla de un cambio estructural en el nivel de precios de alimentos – es decir, una subida que será más bien de carácter permanente –, así como de la “primarización” de aquellas economías que se ven favorecidas por tal aumento.
Lo que sí nos dicen los números hoy es que tenemos más o menos 44 millones más de pobres desde junio del 2010 a la fecha. Por supuesto que no todo ha sido desastre. Se piensa que algunos hogares que antes estaban en pobreza han logrado salir de ella porque ahora pueden vender más caro su maíz, trigo, soja, y arroz, y con ello han aumentado sus ingresos lo suficiente como para mejorar traspasar la línea de pobreza. Esos son los que se clasifican como productores netos de alimentos.
Sin embargo, también están aquellos hogares, igualmente pobres, pero que lamentablemente no cuentan con capacidad de producir, sino que al contrario, todo o casi todo cuánto consumen tienen que comprarlo a precios de mercado. Como es de esperar, para este grupo una subida de precios implica un nuevo hoyo en el cincho. Esos son los consumidores netos de alimentos.
A este último grupo no le quedan muchas opciones. Tiene que bajar sus niveles de consumo (que dicho sea de paso ya es bastante precario), ó tiene que bajar la calidad de lo poco que ya consume, ó bien sacrifica lo poco que invierte en educación y salud para cubrir otros rubros más urgentes como darle de comer a los patojos. No hay más alternativas para mitigar la crisis.
Es en momentos como este cuando las redes de protección social, como las transferencias condicionadas en efectivo o cualquier otro programa que atienda a los segmentos más pobres, viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque si los hogares no pueden generar más ingresos propios, o incluso ven mermados los que ya generan, entonces es posible usar estos programas para aumentar de manera temporal las transferencias, y con ello amortiguar de manera temporal la caída de bienestar de aquellos grupos de población que más lo necesitan. Eso fue lo que hizo Brasil al aumentar la transferencia que ya reciben los beneficiarios de Bolsa Familia, para paliar así de forma temporal la subida en precios de alimentos.
Por supuesto que esa es solamente la respuesta de corto plazo. También es necesario iniciar en paralelo una serie de acciones que tiendan a mejorar la capacidad de generación de ingresos de los hogares. En tal sentido, los expertos recomiendan otro menú de medidas de política tales como aumentar la inversión en tecnología para mejorar la productividad del agro, el desarrollo de líneas de crédito contingentes, mejorar el acceso a mercados a pequeños productores a través de infraestructura e información para la toma de decisiones, entre otras.
De igual forma, se recomienda no intentar subsidios a los precios de los alimentos ni tampoco intentar distorsionar el comercio internacional a través de restricciones a las exportaciones de determinados productos. Una de las lecciones que hemos aprendido a sangre y fuego los latinoamericanos en las últimas décadas, es a no trastocar el sistema de precios en una economía. Al contrario, la piedra fundamental para lograr alinear incentivos entre los diferentes agentes económicos es la información que entregan los precios.
En este caso, por doloroso que parezca en el corto plazo, hay que dejar que los precios pasen desde los mercados internacionales hasta los productores, para que así se ajusten expectativas y planes de producción a futuro. En lo que sí deben ser muy firmes y vigilantes las autoridades de gobierno es en prevenir abusos por la vía de la especulación. No se vale que productores y comerciantes faltos de ética se salten las trancas y asusten a la población con el petate del muerto.
Además, es fundamental en coyunturas como la actual, que las autoridades desarrollen buenas estrategias de comunicación a la población. Cuando se habla con la verdad, por dolorosa que parezca, la sociedad lo valora, entiende y apoya. Son pues, momentos difíciles, pero todos podemos aportar nuestro grano de arena.
Prensa Libre, 10 de marzo de 2011.
Clientelismo y manipulación
“La gente recibe la lámina, la gorra, el fertilizante ó la remesa. Va al mitin, aplaude, se pone la camiseta y grita. Pero al final del día – y cada vez lo hace menos – ya no transa tan fácilmente su voluntad soberana por cascarones de carnaval.”
Hace unos días leí una columna de opinión de mi amigo y colega economista, Hugo Maúl, titulada “clientelismo y manipulación”. En ella reflexiona y hace sonar algunas alarmas con relación a estrategias clientelistas de gobiernos para tratar de buscar (sic) “el apoyo electoral para tratar de concentrar el poder y eliminar los límites al uso del mismo.”
La provocación de Hugo me parece interesante porque en el fondo interpela el uso del clientelismo como instrumento para impulsar modelos afines al socialismo del siglo XXI. Supongo que es una alusión a un grupo de países latinoamericanos que se han cobijado bajo ese término tan etéreo y confuso, y que de alguna manera han seguido un cierto patrón para irse quedando en el ejercicio del poder. Al final su columna lanza la pregunta: ¿seremos nosotros la excepción?
Como la pregunta fue lanzada a todos, voy a aventurar unas ideas al respecto. Comienzo diciendo que desde mi perspectiva Guatemala no va en esa dirección. Es decir, parafraseando a mi colega, creo que sí somos y podemos seguir siendo la excepción. ¿Por qué creo esto?
Primero, porque la estructura y dinámica de nuestro sistema político es incapaz de engendrar caudillismos del calibre de los que reclama esa nuevo experimento de socialismo. Aunque ciertamente la psiquis política del guatemalteco es más proclive a la personalización que a modelos institucionales para encauzar sus demandas, también es verdad que los caudillismos contemporáneos en este país ya no van demasiado lejos. Poco a poco están mutando hacia ejercicios artificiales, construcciones mediáticas, producto de la ausencia de un sistema de participación política más sólido y estable, sobre el cual se pueda conformar una propuesta programática más allá de lo meramente electorero.
Segundo, si bien es cierto que el clientelismo es una práctica vieja en política, también vemos en Guatemala a un elector que da muestras de mayor madurez. En cada evento electoral va aprendiendo a utilizar mejor el sistema, ese mismo que aún no le resuelve sus necesidades de fondo. Es decir, la gente recibe la lámina, la gorra, el fertilizante ó la remesa. Va al mitin, aplaude, se pone la camiseta y grita. Pero al final del día – y cada vez lo hace menos – ya no transa tan fácilmente su voluntad soberana por cascarones de carnaval. El proceso de discriminación de opciones electoreras es cada vez más complejo, y hoy va más allá de la grotesca dádiva manipuladora.
Tercero, Guatemala difícilmente caerá en ese socialismo del siglo XXI porque no tiene los interlocutores ni operadores locales para poder implementarlo. Somos una sociedad conservadora aún, con una clase política que históricamente ha sido incapaz de articular una propuesta progresista viable y coherente, con posibilidad real de tomar el poder, no digamos una opción más radical. Con esfuerzo hemos tenido efímeros alumbrones en algunos espacios muy puntuales de la acción pública.
Finalmente, debo decir que en la reflexión que hace Hugo sí me parece importante el llamado a no prostituir ni contaminar más de lo necesario la batería de instrumentos de política para atender a grupos vulnerables ó rezagados. De igual forma es fundamental estar vigilantes de no trastocar ciertos fundamentos básicos del funcionamiento de nuestra democracia. Cualquiera de ambas cosas sería un gran retroceso para la transformación institucional y fortalecimiento del Estado guatemalteco.
Lo que necesitamos es airear y profundizar aún más el debate. Trascender la opción política que se haga del poder en cada ciclo. Llevar discusión verdadera a distintos foros, y procurar que sea amplia y lo más plural posible, en vez de seguir dándonos misa entre curas. Claudicar en esta responsabilidad ciudadana sería como tirar el agua sucia con el niño adentro.
Prensa Libre, 3 de marzo de 2011.
Hace unos días leí una columna de opinión de mi amigo y colega economista, Hugo Maúl, titulada “clientelismo y manipulación”. En ella reflexiona y hace sonar algunas alarmas con relación a estrategias clientelistas de gobiernos para tratar de buscar (sic) “el apoyo electoral para tratar de concentrar el poder y eliminar los límites al uso del mismo.”
La provocación de Hugo me parece interesante porque en el fondo interpela el uso del clientelismo como instrumento para impulsar modelos afines al socialismo del siglo XXI. Supongo que es una alusión a un grupo de países latinoamericanos que se han cobijado bajo ese término tan etéreo y confuso, y que de alguna manera han seguido un cierto patrón para irse quedando en el ejercicio del poder. Al final su columna lanza la pregunta: ¿seremos nosotros la excepción?
Como la pregunta fue lanzada a todos, voy a aventurar unas ideas al respecto. Comienzo diciendo que desde mi perspectiva Guatemala no va en esa dirección. Es decir, parafraseando a mi colega, creo que sí somos y podemos seguir siendo la excepción. ¿Por qué creo esto?
Primero, porque la estructura y dinámica de nuestro sistema político es incapaz de engendrar caudillismos del calibre de los que reclama esa nuevo experimento de socialismo. Aunque ciertamente la psiquis política del guatemalteco es más proclive a la personalización que a modelos institucionales para encauzar sus demandas, también es verdad que los caudillismos contemporáneos en este país ya no van demasiado lejos. Poco a poco están mutando hacia ejercicios artificiales, construcciones mediáticas, producto de la ausencia de un sistema de participación política más sólido y estable, sobre el cual se pueda conformar una propuesta programática más allá de lo meramente electorero.
Segundo, si bien es cierto que el clientelismo es una práctica vieja en política, también vemos en Guatemala a un elector que da muestras de mayor madurez. En cada evento electoral va aprendiendo a utilizar mejor el sistema, ese mismo que aún no le resuelve sus necesidades de fondo. Es decir, la gente recibe la lámina, la gorra, el fertilizante ó la remesa. Va al mitin, aplaude, se pone la camiseta y grita. Pero al final del día – y cada vez lo hace menos – ya no transa tan fácilmente su voluntad soberana por cascarones de carnaval. El proceso de discriminación de opciones electoreras es cada vez más complejo, y hoy va más allá de la grotesca dádiva manipuladora.
Tercero, Guatemala difícilmente caerá en ese socialismo del siglo XXI porque no tiene los interlocutores ni operadores locales para poder implementarlo. Somos una sociedad conservadora aún, con una clase política que históricamente ha sido incapaz de articular una propuesta progresista viable y coherente, con posibilidad real de tomar el poder, no digamos una opción más radical. Con esfuerzo hemos tenido efímeros alumbrones en algunos espacios muy puntuales de la acción pública.
Finalmente, debo decir que en la reflexión que hace Hugo sí me parece importante el llamado a no prostituir ni contaminar más de lo necesario la batería de instrumentos de política para atender a grupos vulnerables ó rezagados. De igual forma es fundamental estar vigilantes de no trastocar ciertos fundamentos básicos del funcionamiento de nuestra democracia. Cualquiera de ambas cosas sería un gran retroceso para la transformación institucional y fortalecimiento del Estado guatemalteco.
Lo que necesitamos es airear y profundizar aún más el debate. Trascender la opción política que se haga del poder en cada ciclo. Llevar discusión verdadera a distintos foros, y procurar que sea amplia y lo más plural posible, en vez de seguir dándonos misa entre curas. Claudicar en esta responsabilidad ciudadana sería como tirar el agua sucia con el niño adentro.
Prensa Libre, 3 de marzo de 2011.
Cohesión Social 2.0
“La política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.”
En los últimos dos días han salido dos noticias dignas de comentarse por su valor ilustrativo, tanto del pensamiento de nuestra clase política como de la psiquis del ciudadano de a pie. La primera fue una nota de Prensa Libre del pasado viernes 18 de febrero, cuyo titular fue “PP planea usar a cadetes en Academia de la policía”. A propósito de las filtraciones de Wikileaks nos enteramos de una de las acciones que planea impulsar el partido Patriota en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, la segunda parte de la nota también nos daba otra noticia, quizás más importante, al comentar que Pérez Molina (sic) “mantendrá los programas de asistencia incluidos en Cohesión Social, pero con elementos adicionales de transparencia y rendición de cuentas”.
La segunda apareció el martes recién pasado en elPeriódico, bajo el título “Programas de Cohesión Social, bien calificados; seguridad y carreteras, mal vistos”. En ella se resumen los principales resultados de una encuesta encargada por dicho medio de comunicación a la firma Borge y Asociados. Resulta que el 68% de los consultados califica bien el programa Mi Familia Progresa, un 75% piensa igual de los comedores solidarios, y un 69% se expresa en favor de las bolsas solidarias (bolsas de alimentos). Por su parte, los programas de salud son bien vistos por un 48.5% de la población y los de educación por un 66%.
Ambas noticias son muy sugerentes por varias razones. En primer lugar, porque vemos al principal candidato de oposición reconocer los méritos del esfuerzo más visible y consistente que ha tenido la administración Colom: la batería de programas para protección social.
No es descabellado entonces suponer que difícilmente alguno de los aspirantes a la presidencia tendrá la intención de desmontar esta proto-red de protección a grupos vulnerables. Ciertamente no lo va a hacer el partido oficial pues es la madre de la criatura, y por lo visto tampoco lo harán sus principales contendientes políticos.
En segundo lugar, queda claro que la estrategia política que siguió el actual gobierno para la implementación de dichos programas dio resultado. En una frenética carrera contra reloj le apostaron a la cobertura, como factor que haría irreversibles dichas intervenciones – o cuando menos una buena parte de ellas –. Hoy son casi un “entitlement” en poblaciones tradicionalmente sub-atendidas por el Estado, algo que la clase política y la oferta electoral no podrán obviar.
En ese sentido, recuerdo muy bien la desazón que tuvimos muchos en el 2008 cuando las autoridades entrantes optaron por desmantelar el programa Creciendo Bien, también impulsado por la primera dama de aquel entonces. La lección que podemos sacar de una y otra experiencia es que la política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.
En tercer lugar, vemos a una ciudadanía que sabe reconocer la importancia de programas y proyectos gubernamentales para atender a las poblaciones más vulnerables. Cosa no menor en una sociedad poco acostumbrada a atender desde lo público sus problemas más acuciantes, y en donde el imaginario estatal está siempre en entredicho. Es decir, el ciudadano no solamente sabe valorar sus necesidades individuales, sino que también es capaz de ver, de palpar, y de opinar sobre el potencial de un Estado que dio un par de pasos tímidos hacia la progresividad, la inclusión y la equidad.
Si este esfuerzo se logra mantener en el tiempo, es posible que hayamos ya sentado las bases para la reconstrucción de un sistema de protección social. Uno que vaya más acorde con el perfil de las condiciones de vida de la mayoría de nuestra población.
Por supuesto que estas dos señales que nos dan la clase política y la opinión popular no eximen en modo alguno la necesidad de seguir perfeccionando el diseño y la ejecución de la política social en Guatemala. Simplemente están mandando un mensaje de reconocimiento hacia intervenciones que van en la dirección correcta.
PS. Aprovecho dos líneas más para congratularme por el nacimiento del periódico digital Plaza Pública. Uno de los grandes logros de nuestra democracia es ir consolidando espacios de expresión plural del pensamiento. Conquista nada fácil, pues bien sabemos que hemos tenido nuestro par de arranques de creatividad despótica y autoritaria en los últimos 25 años de vida democrática. ¡Adelante amigos de Plaza Pública!
Prensa Libre, 24 de febrero de 2011.
En los últimos dos días han salido dos noticias dignas de comentarse por su valor ilustrativo, tanto del pensamiento de nuestra clase política como de la psiquis del ciudadano de a pie. La primera fue una nota de Prensa Libre del pasado viernes 18 de febrero, cuyo titular fue “PP planea usar a cadetes en Academia de la policía”. A propósito de las filtraciones de Wikileaks nos enteramos de una de las acciones que planea impulsar el partido Patriota en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, la segunda parte de la nota también nos daba otra noticia, quizás más importante, al comentar que Pérez Molina (sic) “mantendrá los programas de asistencia incluidos en Cohesión Social, pero con elementos adicionales de transparencia y rendición de cuentas”.
La segunda apareció el martes recién pasado en elPeriódico, bajo el título “Programas de Cohesión Social, bien calificados; seguridad y carreteras, mal vistos”. En ella se resumen los principales resultados de una encuesta encargada por dicho medio de comunicación a la firma Borge y Asociados. Resulta que el 68% de los consultados califica bien el programa Mi Familia Progresa, un 75% piensa igual de los comedores solidarios, y un 69% se expresa en favor de las bolsas solidarias (bolsas de alimentos). Por su parte, los programas de salud son bien vistos por un 48.5% de la población y los de educación por un 66%.
Ambas noticias son muy sugerentes por varias razones. En primer lugar, porque vemos al principal candidato de oposición reconocer los méritos del esfuerzo más visible y consistente que ha tenido la administración Colom: la batería de programas para protección social.
No es descabellado entonces suponer que difícilmente alguno de los aspirantes a la presidencia tendrá la intención de desmontar esta proto-red de protección a grupos vulnerables. Ciertamente no lo va a hacer el partido oficial pues es la madre de la criatura, y por lo visto tampoco lo harán sus principales contendientes políticos.
En segundo lugar, queda claro que la estrategia política que siguió el actual gobierno para la implementación de dichos programas dio resultado. En una frenética carrera contra reloj le apostaron a la cobertura, como factor que haría irreversibles dichas intervenciones – o cuando menos una buena parte de ellas –. Hoy son casi un “entitlement” en poblaciones tradicionalmente sub-atendidas por el Estado, algo que la clase política y la oferta electoral no podrán obviar.
En ese sentido, recuerdo muy bien la desazón que tuvimos muchos en el 2008 cuando las autoridades entrantes optaron por desmantelar el programa Creciendo Bien, también impulsado por la primera dama de aquel entonces. La lección que podemos sacar de una y otra experiencia es que la política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.
En tercer lugar, vemos a una ciudadanía que sabe reconocer la importancia de programas y proyectos gubernamentales para atender a las poblaciones más vulnerables. Cosa no menor en una sociedad poco acostumbrada a atender desde lo público sus problemas más acuciantes, y en donde el imaginario estatal está siempre en entredicho. Es decir, el ciudadano no solamente sabe valorar sus necesidades individuales, sino que también es capaz de ver, de palpar, y de opinar sobre el potencial de un Estado que dio un par de pasos tímidos hacia la progresividad, la inclusión y la equidad.
Si este esfuerzo se logra mantener en el tiempo, es posible que hayamos ya sentado las bases para la reconstrucción de un sistema de protección social. Uno que vaya más acorde con el perfil de las condiciones de vida de la mayoría de nuestra población.
Por supuesto que estas dos señales que nos dan la clase política y la opinión popular no eximen en modo alguno la necesidad de seguir perfeccionando el diseño y la ejecución de la política social en Guatemala. Simplemente están mandando un mensaje de reconocimiento hacia intervenciones que van en la dirección correcta.
PS. Aprovecho dos líneas más para congratularme por el nacimiento del periódico digital Plaza Pública. Uno de los grandes logros de nuestra democracia es ir consolidando espacios de expresión plural del pensamiento. Conquista nada fácil, pues bien sabemos que hemos tenido nuestro par de arranques de creatividad despótica y autoritaria en los últimos 25 años de vida democrática. ¡Adelante amigos de Plaza Pública!
Prensa Libre, 24 de febrero de 2011.
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