jueves, 27 de diciembre de 2012

El legado de OPM

“Muchas de estas señales iniciales positivas se han revertido y hasta transformado en amenazas de crisis.”

Se terminó.  Uno de cuatro.  El 25% de la gestión.  Para algunos, el año de la luna de miel, del aprendizaje, el que prepara 18 meses de implementación, de legado, de obra, antes de entrar a la última fase en la que cíclicamente el gallinero político se alborota y la rueda vuelve a girar.

Hay que reconocer que el primer cuatrimestre del año fue impresionante.  Un sprint en la gestión pública que no habíamos visto en mucho tiempo.  Grandes pendientes, no solo de la administración anterior sino históricos, parecían encontrar una coyuntura favorable.  Una elite urbana en el gabinete daba la impresión de haber encontrado su equilibrio para empujar un paquete de reformas y transformaciones al Estado. 

Después de un año se revela la estrategia política seguida: un puñado de objetivos y el aprovechamiento sagaz de conocer los entresijos parlamentarios.  Ello permitió anotar goles tempraneros y crear un clima distinto al de tan sólo unos meses atrás.   

Los logros estuvieron a la vista desde muy al comienzo: un ministerio de desarrollo social, que diera forma y cobijo, con reglas y procedimientos, a las acciones impulsadas con tanta vehemencia por la administración anterior.  La ratificación del estatuto de Roma, instrumento de la Corte Penal Internacional, en vigor desde el 2002, para condenar delitos como internacionales como crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad.  La aprobación parlamentaria del presupuesto de ingresos y gastos del Estado, otro cuco que no dejó dormir tranquilo al gabinete anterior.  La aprobación en tiempo record de una reforma tributaria, aunque no entraría en plena vigencia sino hasta 2013.  La instalación del desarrollo rural como prioridad de Estado, creando incluso la figura de un comisionado presidencial, personaje que encarna años de investigación y reflexión sobre el tema y una amistad cercana con el Presidente de turno. Una iniciativa por impulsar reformas constitucionales en varios temas considerados estratégicos para modernizar nuestro contrato social. 

Así, parecía que el Presidente estaba como tocando una tremenda sesión de jam, en la cual sus principales músicos tenían su pedacito y su solo.  El problema fue que a medida que transcurrió el tiempo, claridad y entusiasmo iniciales se fueron perdiendo, y la heterogeneidad del equipo gobernante dejo de ser un activo y se convirtió más bien en un freno. 

Hoy tenemos a la vuelta de la equina un año que ya amaga con arrancar complicado.  Muchas de estas señales iniciales positivas se han revertido y hasta transformado en amenazas de crisis.  Para muestra un par de botones: la reforma a la carrera magisterial y las leyes de desarrollo rural y de actualización tributaria. 

La estrategia de objetivos múltiples no dio todos los frutos que se esperaban.  Y a medida que avanza el reloj político, tendrán que irse priorizando y desapareciendo de escena muchas de las iniciativas que consumieron buena parte de las energías de la actual administración.  En medio, se ha perdido claridad y norte.  Si hoy nos preguntaran cuál será el legado de la administración Pérez Molina, creo que la mayoría de ciudadanos tendríamos dificultades en dar una respuesta. 

Apreciado lector, ¡le deseo unas muy felices fiestas de fin de año, en paz, y rodeado de sus seres más queridos!    

Prensa Libre, 27 de diciembre de 2012.

jueves, 20 de diciembre de 2012

Subsistencia en tiempos de crisis

“(…) pobreza, desigualdad y ruralidad son condiciones que generalmente vienen asociadas a otras como bajos niveles de institucionalidad y capacidad de respuesta de las agencias públicas.”

Para amortiguar los efectos que tienen las crisis económicas en los deciles más bajos de la población típicamente se recomienda utilizar a las redes de protección social como instrumento de política.  Eso es correcto en la medida en que los gobiernos cuenten con tales redes. 

El problema es que en países con elevados niveles de pobreza, desigualdad y ruralidad, generalmente se hace más costosa cualquier intervención debido a la amplia dispersión de la población.  Además, pobreza, desigualdad y ruralidad son condiciones que generalmente vienen asociadas a otras como bajos niveles de institucionalidad y capacidad de respuesta de las agencias públicas.  Guatemala es un buen ejemplo. 

Desde una perspectiva más amplia de atención a los pobres, hay que pensar entonces en instrumentos de política pública adicionales que se complementen con programas de protección social más tradicionales.  La escalada en precios internacionales de los alimentos que hemos observado durante los últimos años ha detonado reflexiones de este tipo. 

En un interesante artículo titulado “Subsistence farming as a safety net for food-price shocks” los profesores Alain De Janvry y Elisabeth Sadoulet discuten alternativas que desde la agricultura de subsistencia se pueden poner en marcha para mitigar los efectos negativos que acarrean las alzas de precios de alimentos para los hogares más pobres en el campo.  La idea central de su planteamiento viene en dos vías. 

En un nivel macro, países pequeños y más pobres generalmente tienen un menú de instrumentos de política mucho más restringido, distintos a los que pueden utilizar países grandes y más ricos.  Así por ejemplo, reducciones arancelarias a la importación de alimentos tiene un alcance limitado debido a la liberalización comercial que ya ha tenido lugar.  Lo mismo sucede con políticas de subsidios, fuertemente restringidas por el costo de oportunidad que supone utilizar los exiguos recursos fiscales en tales fines. 

En un nivel micro se debe reconocer que los agricultores de subsistencia participan de manera diferente en los mercados de alimentos.  Es decir, algunos son vendedores netos, otros autosuficientes, y otros compradores netos.  Claramente el grupo de compradores netos de alimentos es el que absorbe el impacto negativo ante subidas de precios y por lo tanto demanda una atención prioritaria sobre los otros dos grupos. 

En ese contexto, las recomendaciones de De Janvry y Sadoulet van por la vía de elevar la productividad de la tierra y del trabajo de los productores de subsistencia, a través de una combinación de apoyos de asistencia técnica, acceso a semillas, fertilizantes y otros insumos, así como a servicios financieros, entre otros.   La novedad de su propuesta no radica tanto en las medidas que proponen, que de hecho son todas muy conocidas y estándar.  Lo interesante es que aborda a la agricultura de subsistencia desde una óptica distinta.  Más como parte de la solución y menos como parte del problema.  Más como sujetos con capacidad de identificar y ejecutar sus propias estrategias de vida y menos como simples objetos pasivos de una política de protección social. 

Con todo, los autores también son muy claros al referirse a la agricultura de subsistencia como un instrumento transitorio y sub óptimo en el largo plazo, pero que ciertamente puede ser utilizado cuando (sic) “los shocks de precios son recurrentes, la pobreza rural es amplia, los servicios financieros son incompletos, y la capacidad de atender a los pobres con otros mecanismos resulta más costoso”.  Es decir, en entornos muy similares a los que tenemos en Guatemala hoy día.    

Insumos analíticos de este tipo son muy valiosos y pertinentes para provocar pensamiento alternativo que nos permita oxigenar la discusión local, y diseñar así mejores estrategias de reducción de pobreza rural, que atiendan de manera más activa a los eslabones más débiles de la cadena de producción en el campo.    

Prensa Libre, 20 de diciembre de 2012.

jueves, 13 de diciembre de 2012

¿Milpa o salario?

“(…) fundamentalmente se trata de mudarnos hacia una visión estratégica que reconozca a la ruralidad como algo que hace rato dejó de ser sinónimo de la gran agricultura comercial.”

El campo en la ciudad está que arde. El campo por haberse atrevido a ser sujeto principal de una agenda que ha estado pendiente por años, y la ciudad porque es allí en donde se toman las decisiones políticas de ambos mundos: el rural y el urbano.   La hoy ya famosa iniciativa de ley 4084 ha puesto a unos y otros a pegar de gritos, escribir pancartas, hacer plantones, mandarse mensajes por la prensa, presentar recursos ante cortes y cabildear tupido y parejo.  De todo se vale con tal que la ley pase o no pase, según a quién usted le pregunte. 

Por supuesto, en todo esto hay también aquellos que quieren hacer su agosto con cada coyuntura.  Al final, la politiquería se aprovecha ante la falta de un sistema político con incentivos para operar pensando más en el mediano plazo, y menos en cómo hacerse de la guayaba cada 48 meses.  La oposición de turno no hace sino ponérsele al brinco al gobierno de turno mientras espera su turno, cuando lo más sensato sería enfriar la cabeza y trabajar una propuesta única que construyera sobre el proceso ya recorrido. 

Alguien propuso que lo que le falta para superar la pobreza del campo es más inversión.  ¡Brujo!  Pero la pregunta del millón de quetzales no es esa, sino más bien ¿cómo se logra esa bendita inversión en el campo en niveles suficientes para generar empleo?

Ciertamente no será por la vía de dar exenciones fiscales ni tratos preferenciales a inversionistas para que vayan a poner una fábrica a Chuatuj ó a San Manuel Chaparrón.  Cualquier empresario medianamente exitoso sabe hacer cuentas y entiende que ningún negocio será suficientemente rentable en el mediano plazo si lo que tiene a la mano son empleados con escasamente 3 ó 4 años de escuela de baja calidad y deficiente estado nutricional.  Eso no es más que síntoma de la ausencia de bienes públicos rurales, que hacen poco atractivo invertir capital en condiciones de baja productividad y rentabilidad. 

También se rumora sobre la pulverización en la tenencia de la tierra.  Francamente no creo que nadie en su sano juicio esté hoy proponiendo tal cosa para el país.  Otros andan presentando a la agricultura familiar como una visión dicotómica milpa versus salario, lo cual me parece igualmente equivocado. 

Se trata de reconocer la heterogeneidad de los pequeños productores, en donde aquellos que están en condiciones más precarias difícilmente saldrán sin una intervención focalizada que debe gestarse desde el sector público.  Se trata también de que aquellos otros pequeños productores con mayor capacidad de producir y comercializar tengan condiciones mínimas: una carretera saca cosechas, un paquete tecnológico, asistencia técnica, semillas de calidad, instituciones públicas que les faciliten información para asociarse y producir eficientemente, y productos financieros que respondan a los riesgos que su actividad agropecuaria enfrenta. 

Pero fundamentalmente se trata de mudarnos hacia una visión estratégica que reconozca a la ruralidad como algo que hace rato dejó de ser sinónimo de la gran agricultura comercial.  De entender que el mercado no es algo que funciona al vació, sino que esta constituido por una densa red de instituciones sin las cuales es prácticamente imposible que opere adecuadamente, y que muchas de estas instituciones todavía no existen para una parte importante del sector rural guatemalteco.   

En democracia se vale disentir, es verdad.  Lo que ya no se vale es que en pleno siglo XXI sigamos comportándonos como el perro del hortelano, y que además se ande asustando con el petate del muerto a una clase media urbana, que en su gran mayoría no tiene mayor conexión ni empatía con la realidad del campo.   

Prensa Libre, 13 de diciembre de 2012.

El sospechoso gasto social

“(…) pareciera que tenemos una cierta sospecha inconsciente con relación al gasto social.”

Las últimas tres décadas nos han dejado muchos aprendizajes en América Latina en términos de gestión y política económica.  Quizás la enseñanza mayor tiene que ver con la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica como condición básica para avanzar en cualquier otro espacio de la gestión pública.  De eso se ha escrito y documentado profusamente. 

El texto “Ensayos sobre economía mexicana” de David Ibarra resume mucha de esta discusión.  Aunque escrito para aquel país, es perfectamente aplicable para toda la región al decir cosas como que (sic) “los nuevos paradigmas abandonan la idea de que el ritmo y la estabilidad del desarrollo, el cierre de la brecha con las naciones avanzadas, constituya el meollo de la política económica de las naciones periféricas.  En su lugar, las preocupaciones se han desplazado hacia la búsqueda de la estabilidad macroeconómica y de precios de cara a la integración de los mercados internacionales.  La disciplina fiscal y la eficiencia parecen ganar la batalla a los valores de la igualdad y la solidaridad sociales”. 

Ibarra lo plantea como una batalla entre agendas de política pública.  Yo prefiero enfocarlo como una minimización temporal de la equidad como prioridad de los países, que encontró su momento más agudo durante los años del ajuste estructural y el desmantelamiento del Estado latinoamericano. 

Dicha minimización pareciera estarse revirtiendo.  La equidad recupera espacio en las agendas políticas de los latinoamericanos.  Lo interesante es que esto no sucede solamente en países en desarrollo.  Más bien, en dicha vuelta a escena de la equidad como elemento central, ha jugado un papel fundamental el cuestionamiento que las clases medias en los países industrializados se están haciendo, sobretodo durante estos últimos años post Lehman Brothers y la inequitativa distribución de los costos que ha supuesto el ajuste económico por el que atraviesa la mayor parte de economías de Europa y Estados Unidos. 

Pero además de lo anterior, es interesante resaltar otra mega tendencia que acompaña este retorno de la equidad a la esfera de la política pública.  Tiene que ver con una cierta obsesión de gobiernos y organismos internacionales por evaluar el uso de los recursos destinados al gasto social. 

Sectores como salud, educación y protección social se han visto sometidos a complejos procesos para documentar productos, resultados e impactos, muchas veces utilizando métodos ultra sofisticados.  Mecanismos que, además de costosos, son monopolizados por una elite mundial de tecnócratas ilustrados, ante la cual el resto de mortales no tenemos más opción que tragar sus conclusiones, sin más asidero que la buena fe que puedan tener en lo que hacen.   

Lo curioso es que este mismo auge y protagonismo que han adquirido diferentes técnicas de evaluación de impactos en política social no han tenido un correlato similar en otras esferas de la política económica.  Como comentaba un colega mexicano, pareciera que mantenemos una cierta sospecha inconsciente con respecto al gasto social.  El rigor y publicidad que damos a las evaluaciones del gasto dedicado a promover derechos universales como educación y salud o a programas de reducción de pobreza y desigualdad, ni de lejos se compara con el tratamiento que se da a otras políticas como la comercial, financiera, o monetaria. 

¿Por qué será? ¿Es que acaso son tan eficientes esas otras políticas que no necesitan ser evaluadas con la misma intensidad, rigurosidad y pompa? O dicho de otra manera, ¿es la política social más ineficiente que las demás y por tanto necesita auditarse de manera distinta? Por supuesto que no hay nada de malo en evaluar la manera en que se gastan recursos públicos cualquiera sea su fin.  Al contrario, entre más se haga mejor.  Es solo que quizás llegó el momento de hacer un esfuerzo equivalente con otras dimensiones del gasto y política pública. 

Prensa Libre, 6 de diciembre de 2012.