“La porción de gasto dedicado a asistencia social en la región parece ser mucho más costo-efectiva que la parte asignada a seguridad social.”
El Inter American Dialogue publicó esta semana su tercera nota de política Síntesis, titulada “La política fiscal y los pobres en América Latina”. Un documento que en poco más de tres páginas esboza con gran nitidez los rasgos más sobresalientes de la política fiscal en la región, identificando las principales causas de su fracaso para reducir pobreza y desigualdad.
Lo hace de dos maneras. Por una parte, comparando a la región con los países miembros de la OCDE, con lo cual logra un efecto de claroscuro que llama a la reflexión sobre lo que podría llegar a ser el músculo fiscal latinoamericano. Y por la otra, citando cifras y estudios todos relativamente recientes y de autores diversos y reconocidos, dando así autoridad suficiente a la línea de argumentación.
Por el lado de los ingresos fiscales la radiografía revela, entre otras cosas, una incapacidad muy grande para redistribuir; bajos niveles de recaudación (a pesar de contar con tasas impositivas no muy distintas a otras regiones del mundo); importantes agujeros negros de deducciones, exenciones y vacíos legales; incapacidad de desplazar la carga de ingresos tributarios desde los hogares pobres y de clase media hacia los hogares más ricos; y una seria debilidad para recaudar impuestos individuales sobre la renta (e.g. mientras que la OECD recauda por este concepto cerca del 9 por ciento del PIB, América Latina ligeramente supera el 1 por ciento).
Por el lado del gasto los problemas tampoco son menores. A pesar de haber aumentado su nivel en las últimas décadas, los beneficios de dicho gasto – ya sea en forma de servicios o de transferencias de ingreso – no están llegando a la población más pobre. Sobre este último punto es interesante el análisis que hace sobre los recursos públicos dedicados a educación, señalando dos problemas fundamentales: bajos niveles de calidad y deficiente focalización. Alarman los datos con respecto a beneficiarios del gasto en educación por cada nivel educativo, de lo cual se deduce que es urgente trabajar en la progresividad, sobre todo en el caso de educación media y superior.
Para terminar, el reporte cierra con una discusión que es central para la definición del papel redistributivo del gasto público, y que pasa por el rol que juegan las transferencias públicas. Dichas transferencias típicamente vienen en forma de seguridad social (pensiones ó seguro al desempleo) ó de asistencia social (transferencias condicionadas o no condicionadas).
Contrario al imaginario que muchos comparten, la porción de asistencia social no solamente alcanza un magro 15% del gasto en transferencias públicas, sino que además evidencia niveles aceptables de focalización hacia los estratos socioeconómicos más bajos. Lo opuesto sucede en el caso de la seguridad social, en donde no solamente son quintiles superiores de población los más beneficiados, sino que además por su capacidad de movilización social y presión política logran imponer rigideces que hacen más difícil la implementación de reformas. En suma, la porción de gasto dedicado a asistencia social en la región parece ser mucho más costo-efectiva que la parte asignada a seguridad social.
Después de leer el documento quedé con un sabor de boca agridulce. Sin decirlo de forma explícita, deja en el ambiente dos mensajes muy sutiles. El primero tiene que ver con el profundo poder y valor que tiene el cabildeo en la construcción y conducción de los Estados – particularmente los latinoamericanos, que adolecen de una crónica debilidad institucional, muchas veces en un contexto de sociedades segmentadas, así como de procesos políticos que impiden pensar el quehacer público con una perspectiva de mediano plazo –.
El segundo mensaje, todavía más sutil, se deduce de hacer un rápido análisis de procesos fallidos y exitosos de reforma en la región, en donde el hilo rojo de procesos exitosos ha sido la construcción de confianza entre actores con capacidad de un efectivo cabildeo político. Parece que es allí en donde reside en última instancia la posibilidad de transformación o estancamiento indefinido de cualquier agenda.
La historia de la región demuestra una y otra vez que siempre se puede construir una línea argumental técnicamente fundamentada, sin que ello garantice reforma alguna. De la misma manera, con un efectivo cabildeo ejecutado por operadores políticos conscientes de su entorno idiosincrático, hasta la más débil de las propuestas coge vuelo. Pan para nuestro matate.
Prensa Libre, 26 de agosto de 2010.
jueves, 26 de agosto de 2010
lunes, 23 de agosto de 2010
¿Pensar y escribir para quién? (Marcela Gereda)
Mis héroes son los campesinos, la gente de a pie.
Hace algunos días conversaba con un amigo y reconocido antropólogo, entre otras cosas hablámos de la urgente necesidad que tenemos intelectuales y gente de ciencias sociales de democratizar y desmonopolizar el conocimiento.
Es muy característico de las ciencias sociales pensar para sí misma. No llegar a dar explicaciones a la gente, con la que y sobre la que describe fenómenos sociales. Al igual que muchos artistas posmodernos, muchos científicos sociales son elitistas. Vemos en centros de investigación enormes anaqueles de publicaciones que no las lee ni Dios.
En un país como el nuestro, deberíamos de pensar para todos. Hacer investigación no sobre la subalternidad sino con la subalternidad. ¿De qué sirven las grandes publicaciones si las leen sólo los intelectuales?, ¿puede el periodismo alternativo ser un vehículo para democratizar y desmonopolizar el conocimiento?
Para dar vida a un texto, partimos de la necesidad urgente de que las ciencias sociales tengan un terreno para hablar a la sociedad en toda su amplitud. Parto de la necesidad de incorporar el arte y la cultura como herramienta explicativa de lo que somos y de por qué las cosas son como son.
Con el periodista polaco Ryzard Kapuscinsky, creemos que es fundamental que un periodista esté entre la gente sobre la cual va, quiere o piensa escribir. La mayoría de la gente en el mundo, vive en muy duras y terribles condiciones y si no las entendemos y compartimos, no tenemos derecho a escribir.
Todo lo que dicen los medios debe ponerse a prueba por la experiencia y la reflexión. Para explicar, para informar de una verdad se tiene qué tener un conocimiento directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros ni escudos protectores, sobre aquello de lo que se habla.
Me encanta intentar combinar los registros de la antropología en un espacio periodístico. Es decir, la observación participante. Para comprender una cultura ajena hay que internarse y asentarse en su tierra. Sólo así podrá captarse esa “otredad”. Para ello hace falta estar dispuesto a movernos, a ser nómadas, a saber regalar sonrisas.
Hoy leemos la gran mayoría de los periódicos y sentimos que todo es una gran tomadera de pelo. Hay una parte de las historias que parecen estar ausentes. Nos hacen falta los personajes del campo, la vida marginal. Pareciera entonces que los periódicos y telenoticieros hablaran de un cuerpo incompleto, donde falta una mitad. Entonces sucede que las historias que nos llegan ignoran a una población, que es la mayoría.
En un tiempo de oscuridad, en el que nos relacionamos casi sólo como mercancías, donde todo se legitima y da continuidad a la máquina perversa que es el mundo que habitamos, creo que lo que nunca olvidaremos de los periódicos es lo que hay en ellos de buena literatura y de buena crítica cultual. Es desde ahí que podemos rescatar los destellos que descubren el lado oculto de la vida. Y volver a intentar relacionar la cultura como patrón de conducta a través de una historia y no como una invención postiza.
Muchas veces no escribimos de grandes acontecimientos, ni de personajes poderosos, aunque unos y otros estén presentes como sombras. Mis héroes son los campesinos, la gente sencilla, la gente de a pie, los pescadores, los artesanos, los panaderos, la gente que vive cada día como un fin en sí mismo.
Hay mentiras a medias y verdades a medias. Las que se repiten una y otra vez parecen convirtiéndose en verdades. De lo que hay que huir es de creer que se posee la verdad absoluta. Y de las posturas científicas que adoran la verdad y la estadística. La verosimilitud no es una media, no se obtiene de la estadística.
Dice Walter Benajamin que la condición de escuchar consiste en olvidarse de uno: “cuanto más olvidado de sí mismo está el que escucha, tanto más profundamente se imprime el relato en el que lo escucha”.
Para quienes buscamos dar una explicación a nuestro tiempo, ¿podemos asumir el desafío de amar la escritura y no a nosotros en la escritura, de amar el arte y no lo que hay de nosotros en arte, buscar desmonopolizar el conocimiento y escribir y pensar para los otros
elPeriodico, 23 de agosto de 2010.
Hace algunos días conversaba con un amigo y reconocido antropólogo, entre otras cosas hablámos de la urgente necesidad que tenemos intelectuales y gente de ciencias sociales de democratizar y desmonopolizar el conocimiento.
Es muy característico de las ciencias sociales pensar para sí misma. No llegar a dar explicaciones a la gente, con la que y sobre la que describe fenómenos sociales. Al igual que muchos artistas posmodernos, muchos científicos sociales son elitistas. Vemos en centros de investigación enormes anaqueles de publicaciones que no las lee ni Dios.
En un país como el nuestro, deberíamos de pensar para todos. Hacer investigación no sobre la subalternidad sino con la subalternidad. ¿De qué sirven las grandes publicaciones si las leen sólo los intelectuales?, ¿puede el periodismo alternativo ser un vehículo para democratizar y desmonopolizar el conocimiento?
Para dar vida a un texto, partimos de la necesidad urgente de que las ciencias sociales tengan un terreno para hablar a la sociedad en toda su amplitud. Parto de la necesidad de incorporar el arte y la cultura como herramienta explicativa de lo que somos y de por qué las cosas son como son.
Con el periodista polaco Ryzard Kapuscinsky, creemos que es fundamental que un periodista esté entre la gente sobre la cual va, quiere o piensa escribir. La mayoría de la gente en el mundo, vive en muy duras y terribles condiciones y si no las entendemos y compartimos, no tenemos derecho a escribir.
Todo lo que dicen los medios debe ponerse a prueba por la experiencia y la reflexión. Para explicar, para informar de una verdad se tiene qué tener un conocimiento directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros ni escudos protectores, sobre aquello de lo que se habla.
Me encanta intentar combinar los registros de la antropología en un espacio periodístico. Es decir, la observación participante. Para comprender una cultura ajena hay que internarse y asentarse en su tierra. Sólo así podrá captarse esa “otredad”. Para ello hace falta estar dispuesto a movernos, a ser nómadas, a saber regalar sonrisas.
Hoy leemos la gran mayoría de los periódicos y sentimos que todo es una gran tomadera de pelo. Hay una parte de las historias que parecen estar ausentes. Nos hacen falta los personajes del campo, la vida marginal. Pareciera entonces que los periódicos y telenoticieros hablaran de un cuerpo incompleto, donde falta una mitad. Entonces sucede que las historias que nos llegan ignoran a una población, que es la mayoría.
En un tiempo de oscuridad, en el que nos relacionamos casi sólo como mercancías, donde todo se legitima y da continuidad a la máquina perversa que es el mundo que habitamos, creo que lo que nunca olvidaremos de los periódicos es lo que hay en ellos de buena literatura y de buena crítica cultual. Es desde ahí que podemos rescatar los destellos que descubren el lado oculto de la vida. Y volver a intentar relacionar la cultura como patrón de conducta a través de una historia y no como una invención postiza.
Muchas veces no escribimos de grandes acontecimientos, ni de personajes poderosos, aunque unos y otros estén presentes como sombras. Mis héroes son los campesinos, la gente sencilla, la gente de a pie, los pescadores, los artesanos, los panaderos, la gente que vive cada día como un fin en sí mismo.
Hay mentiras a medias y verdades a medias. Las que se repiten una y otra vez parecen convirtiéndose en verdades. De lo que hay que huir es de creer que se posee la verdad absoluta. Y de las posturas científicas que adoran la verdad y la estadística. La verosimilitud no es una media, no se obtiene de la estadística.
Dice Walter Benajamin que la condición de escuchar consiste en olvidarse de uno: “cuanto más olvidado de sí mismo está el que escucha, tanto más profundamente se imprime el relato en el que lo escucha”.
Para quienes buscamos dar una explicación a nuestro tiempo, ¿podemos asumir el desafío de amar la escritura y no a nosotros en la escritura, de amar el arte y no lo que hay de nosotros en arte, buscar desmonopolizar el conocimiento y escribir y pensar para los otros
elPeriodico, 23 de agosto de 2010.
jueves, 19 de agosto de 2010
Bienes públicos para el campo
“Algunos años más tarde y tres o cuatro crisis bajo el cincho, hemos aprendido que las condiciones estructurales de nuestro país obligan a pensar en mezclas más balanceadas entre la acción pública y la iniciativa privada.”
Ayer salió publicada una pequeña nota de prensa en la que se comenta sobre la reactivación del Sistema Nacional de Extensión Agrícola (SNEA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Es una de esas noticias que salen chicas y usualmente pasan desapercibidas, pero que reflejan cambios conceptuales importantes en la forma de imaginar nuestro Estado y el diseño de las políticas públicas. Por esa razón creo que vale la pena dedicarle un poco de tinta.
La nota dice que el SNEA se reactivará – después de 14 años de no funcionar – con una inversión de 20 millones de quetzales, con lo cual se podrá dar asistencia gratuita a pequeños y medianos agricultores a través del apoyo de 800 técnicos agrícolas y la instalación de agencias en diferentes municipios del país. En la actualidad ya se han instalado 37 en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz y El Progreso. Para fines del 2010 se espera llegar a 87 y para el 2011 a 214 agencias en total.
Básicamente los servicios de extensión agrícola son una forma de aplicar la investigación científica a las prácticas agrícolas a través de educación y asesoría técnica. El grupo objetivo es la población rural y los técnicos (extensionistas) son profesionales de diferentes disciplinas tales como agronomía, administración de negocios y mercadeo de productos.
La premisa que subyace a dichos servicios es que a través de la aplicación de técnicas y conocimiento científico moderno se puede elevar la productividad – es decir, mejorar cantidad y calidad producida – de los pequeños agricultores. Con ello se proveen los medios para generar mayor ingreso y empleo rural conducentes a un mejoramiento en las condiciones de vida del campo.
En el caso de Guatemala, la provisión pública de dichos servicios de extensión se abandonó hace una década y media. Eran aquellos los años en que nuestro país escuchaba muy atentamente las recomendaciones del Consenso de Washington. Tiempos en los que prevalecía un clima para replantear (reducir) el papel que el Estado en la Economía. Hoy, algunos años más tarde y tres o cuatro crisis bajo el cincho, hemos aprendido que las condiciones estructurales de nuestro país obligan a pensar en mezclas más balanceadas entre la acción pública y la iniciativa privada.
De manera que la idea de recuperar ahora la provisión pública de los servicios de extensión puede que tenga sentido. Además, porque tenemos en la actualidad la posibilidad de promover espacios de cooperación con la comunidad científica nacional. Contamos con muchos campus regionales de diferentes universidades tanto privadas como pública a lo largo del país. Lógicamente ese debiera ser un aliado natural del SNEA porque ofrece institucionalidad, capital humano cualificado y conocimiento rural base para relanzar dicho sistema.
Sin conocer detalles de la arquitectura que las autoridades del MAGA han pensado para relanzar este sistema, lo importante debe ser rescatar las lecciones aprendidas a lo largo de nuestra historia reciente. En otras palabras, hay que tratar de entender el espíritu de la reforma anterior que llevó al abandono por parte del Estado por tantos años.
Claramente el punto flaco de todo bien público está en un adecuado sistema de incentivos que garantice calidad. En el caso de los servicios de extensión la calidad es lo que los agricultores más pequeños y vulnerables necesitan para poder competir en un mercado abierto y globalizado. En ese sentido, promover la competencia entre extensionistas puede que sea una forma de lograrlo, aunque no necesariamente la única.
En una perspectiva más amplia, lo fundamental debiera ser preservar el principio de subsidiariedad, según el cual la autoridad central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones que, por diferentes razones, no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. Es decir, en tanto dichos servicios no puedan ser proveídos con calidad y pertinencia de manera privada, el acceso debe garantizarse a través de instancias superiores de organización social.
Ello, por supuesto, no implica de forma alguna que la única y exclusiva fuente de provisión sea el gobierno central. Hay en nuestro Estado niveles inferiores y más cercanos a las comunidades que con el tiempo y un adecuado fortalecimiento institucional deben llegar a hacerse cargo de las necesidades de sus poblaciones.
Por de pronto es bueno recobrar conciencia de dos cosas. Primero, que el ámbito rural necesita urgentemente bienes y servicios públicos como los servicios de extensión agrícola. Y segundo, que el Estado puede y debe jugar un papel asegurando una adecuada provisión de los mismos.
Prensa Libre, 19 de agosto de 2010.
Ayer salió publicada una pequeña nota de prensa en la que se comenta sobre la reactivación del Sistema Nacional de Extensión Agrícola (SNEA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Es una de esas noticias que salen chicas y usualmente pasan desapercibidas, pero que reflejan cambios conceptuales importantes en la forma de imaginar nuestro Estado y el diseño de las políticas públicas. Por esa razón creo que vale la pena dedicarle un poco de tinta.
La nota dice que el SNEA se reactivará – después de 14 años de no funcionar – con una inversión de 20 millones de quetzales, con lo cual se podrá dar asistencia gratuita a pequeños y medianos agricultores a través del apoyo de 800 técnicos agrícolas y la instalación de agencias en diferentes municipios del país. En la actualidad ya se han instalado 37 en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz y El Progreso. Para fines del 2010 se espera llegar a 87 y para el 2011 a 214 agencias en total.
Básicamente los servicios de extensión agrícola son una forma de aplicar la investigación científica a las prácticas agrícolas a través de educación y asesoría técnica. El grupo objetivo es la población rural y los técnicos (extensionistas) son profesionales de diferentes disciplinas tales como agronomía, administración de negocios y mercadeo de productos.
La premisa que subyace a dichos servicios es que a través de la aplicación de técnicas y conocimiento científico moderno se puede elevar la productividad – es decir, mejorar cantidad y calidad producida – de los pequeños agricultores. Con ello se proveen los medios para generar mayor ingreso y empleo rural conducentes a un mejoramiento en las condiciones de vida del campo.
En el caso de Guatemala, la provisión pública de dichos servicios de extensión se abandonó hace una década y media. Eran aquellos los años en que nuestro país escuchaba muy atentamente las recomendaciones del Consenso de Washington. Tiempos en los que prevalecía un clima para replantear (reducir) el papel que el Estado en la Economía. Hoy, algunos años más tarde y tres o cuatro crisis bajo el cincho, hemos aprendido que las condiciones estructurales de nuestro país obligan a pensar en mezclas más balanceadas entre la acción pública y la iniciativa privada.
De manera que la idea de recuperar ahora la provisión pública de los servicios de extensión puede que tenga sentido. Además, porque tenemos en la actualidad la posibilidad de promover espacios de cooperación con la comunidad científica nacional. Contamos con muchos campus regionales de diferentes universidades tanto privadas como pública a lo largo del país. Lógicamente ese debiera ser un aliado natural del SNEA porque ofrece institucionalidad, capital humano cualificado y conocimiento rural base para relanzar dicho sistema.
Sin conocer detalles de la arquitectura que las autoridades del MAGA han pensado para relanzar este sistema, lo importante debe ser rescatar las lecciones aprendidas a lo largo de nuestra historia reciente. En otras palabras, hay que tratar de entender el espíritu de la reforma anterior que llevó al abandono por parte del Estado por tantos años.
Claramente el punto flaco de todo bien público está en un adecuado sistema de incentivos que garantice calidad. En el caso de los servicios de extensión la calidad es lo que los agricultores más pequeños y vulnerables necesitan para poder competir en un mercado abierto y globalizado. En ese sentido, promover la competencia entre extensionistas puede que sea una forma de lograrlo, aunque no necesariamente la única.
En una perspectiva más amplia, lo fundamental debiera ser preservar el principio de subsidiariedad, según el cual la autoridad central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones que, por diferentes razones, no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. Es decir, en tanto dichos servicios no puedan ser proveídos con calidad y pertinencia de manera privada, el acceso debe garantizarse a través de instancias superiores de organización social.
Ello, por supuesto, no implica de forma alguna que la única y exclusiva fuente de provisión sea el gobierno central. Hay en nuestro Estado niveles inferiores y más cercanos a las comunidades que con el tiempo y un adecuado fortalecimiento institucional deben llegar a hacerse cargo de las necesidades de sus poblaciones.
Por de pronto es bueno recobrar conciencia de dos cosas. Primero, que el ámbito rural necesita urgentemente bienes y servicios públicos como los servicios de extensión agrícola. Y segundo, que el Estado puede y debe jugar un papel asegurando una adecuada provisión de los mismos.
Prensa Libre, 19 de agosto de 2010.
jueves, 5 de agosto de 2010
Más que bajo ingreso
“Llevar una vida digna o estar en capacidad de ejercer mis derechos no es algo que se puede comprar con tan poco dinero.”
Simple es bello, dice el refrán sajón. Sin embargo, la simpleza acarrea costos que en ocasiones pueden implicar desviarnos del objetivo deseado. Algo parecido nos ha pasado con la medición de la pobreza en países en desarrollo. La medición es una de las dos preguntas más viejas que han acompañado el debate. La otra es la conceptualización misma de la pobreza. Ambas están íntimamente relacionadas, pero cumplen fines muy distintos. Mientras que la definición permite quedarse en el plano de lo teórico y especulativo, la medición necesariamente obliga a aterrizar y hacer “tangible” el concepto.
En el caso de la medición de pobreza humildemente hay que reconocer que hemos optado por simplificar – ¡a veces a costa de empobrecer el debate conceptual! –. El paradigma que impera es usar indicadores monetarios tales como uno o dos dólares diarios por persona. Con eso nos ha bastado por varios años para caracterizar poblaciones y decir cosas como “en aquel país hay tantos miles de pobres” ó “en aquella otra región cuesta tantos millones de quetzales eliminar la pobreza”.
Por supuesto que dicha simplificación tiene alcance limitado. De allí que la crítica nunca se ha hecho esperar. ¡Será para menos! Tan sencillo como que llevar una vida digna o estar en capacidad de ejercer mis derechos no es algo que se puede comprar con tan poco dinero.
Sin embargo, la discusión conceptual ha seguido avanzando en paralelo, reconociendo que la condición de pobreza está determinada por muchos otros factores además de la cantidad de ingreso diario de que disponen las personas. En otras palabras, la pobreza es algo multidimensional.
Recientemente la teoría y los métodos de medición se han movido otro poco, como intentando unir los dos enfoques prevalecientes: necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el de líneas de pobreza (indicador monetario). Ambos tienen sus fortalezas y sus limitaciones. Individualmente nos revelan solamente unas pocas facetas de lo que implica ser pobre. ¿Por qué no intentar juntarlos entonces?
En el año 2007 el Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford lanzó un Centro para la Investigación de la Pobreza y el Desarrollo Humano. Uno de sus proyectos insignia es OPHI, el cual se propuso como meta implementar una metodología de medición de pobreza, bautizada como el índice de pobreza multidimensional – MPI por sus siglas en inglés –. (Dicho sea de paso, el reporte de Desarrollo Humano de Naciones Unidas para el año 2010 utilizará algunos de los resultados de dicho esfuerzo.)
El índice, como su nombre lo indica, intenta recoger varias dimensiones de la vida humana que debieran ser tomadas en cuenta al momento de clasificar a la población como pobre o no pobre. Recoge variables de educación, salud, condiciones materiales de la vivienda, acceso a servicios, entre otras. En eso se parece mucho al NBI.
Pero además, tiene la cualidad de integrar todas esas dimensiones de una manera tal que permite medir las condiciones de vida de la población de forma muy parecida al enfoque de líneas de pobreza. Bajo dicho indicador, un hogar es considerado pobre si está privado del 30% de las dimensiones que contempla dicho indicador, sin importar cuáles sean estas dimensiones.
Llama la atención cómo los primeros resultados que han salido de la aplicación de este nuevo índice pueden cambiar el ordenamiento (ranking) de países, y con ello la noción que tenemos de ellos y su nivel de desarrollo. Así por ejemplo, mientras que Etiopía duplica su nivel de pobreza bajo el índice multidimensional en comparación con la medición de ingreso, Tanzania y Uzbequistán tienen el efecto contrario. Para el caso latinoamericano, el MPI ya ha sido calculado para países como Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Uruguay.
Además, el índice puede descomponerse para poder observar con mayor claridad el “tipo” de pobreza que enfrentan personas en diferentes regiones de un país. Con ello se identifica de mejor manera el tipo de necesidades de diferentes grupos poblacionales, y por consiguiente se puede mejorar el diseño de intervenciones privadas ó públicas.
Finalmente, en un plano más filosófico, el valor del proyecto OPHI es que es un nuevo intento por tratar de encontrar formas mejores y más prácticas de medir el bienestar, acercando conceptos relativamente complejos a instrumentos de fácil aplicación y mucha utilidad para la política pública. Al final del día lo que cuenta en el campo del desarrollo es lo que se pueda hacer con una idea para transformar una realidad.
Prensa Libre, 5 de agosto de 2010.
Simple es bello, dice el refrán sajón. Sin embargo, la simpleza acarrea costos que en ocasiones pueden implicar desviarnos del objetivo deseado. Algo parecido nos ha pasado con la medición de la pobreza en países en desarrollo. La medición es una de las dos preguntas más viejas que han acompañado el debate. La otra es la conceptualización misma de la pobreza. Ambas están íntimamente relacionadas, pero cumplen fines muy distintos. Mientras que la definición permite quedarse en el plano de lo teórico y especulativo, la medición necesariamente obliga a aterrizar y hacer “tangible” el concepto.
En el caso de la medición de pobreza humildemente hay que reconocer que hemos optado por simplificar – ¡a veces a costa de empobrecer el debate conceptual! –. El paradigma que impera es usar indicadores monetarios tales como uno o dos dólares diarios por persona. Con eso nos ha bastado por varios años para caracterizar poblaciones y decir cosas como “en aquel país hay tantos miles de pobres” ó “en aquella otra región cuesta tantos millones de quetzales eliminar la pobreza”.
Por supuesto que dicha simplificación tiene alcance limitado. De allí que la crítica nunca se ha hecho esperar. ¡Será para menos! Tan sencillo como que llevar una vida digna o estar en capacidad de ejercer mis derechos no es algo que se puede comprar con tan poco dinero.
Sin embargo, la discusión conceptual ha seguido avanzando en paralelo, reconociendo que la condición de pobreza está determinada por muchos otros factores además de la cantidad de ingreso diario de que disponen las personas. En otras palabras, la pobreza es algo multidimensional.
Recientemente la teoría y los métodos de medición se han movido otro poco, como intentando unir los dos enfoques prevalecientes: necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el de líneas de pobreza (indicador monetario). Ambos tienen sus fortalezas y sus limitaciones. Individualmente nos revelan solamente unas pocas facetas de lo que implica ser pobre. ¿Por qué no intentar juntarlos entonces?
En el año 2007 el Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford lanzó un Centro para la Investigación de la Pobreza y el Desarrollo Humano. Uno de sus proyectos insignia es OPHI, el cual se propuso como meta implementar una metodología de medición de pobreza, bautizada como el índice de pobreza multidimensional – MPI por sus siglas en inglés –. (Dicho sea de paso, el reporte de Desarrollo Humano de Naciones Unidas para el año 2010 utilizará algunos de los resultados de dicho esfuerzo.)
El índice, como su nombre lo indica, intenta recoger varias dimensiones de la vida humana que debieran ser tomadas en cuenta al momento de clasificar a la población como pobre o no pobre. Recoge variables de educación, salud, condiciones materiales de la vivienda, acceso a servicios, entre otras. En eso se parece mucho al NBI.
Pero además, tiene la cualidad de integrar todas esas dimensiones de una manera tal que permite medir las condiciones de vida de la población de forma muy parecida al enfoque de líneas de pobreza. Bajo dicho indicador, un hogar es considerado pobre si está privado del 30% de las dimensiones que contempla dicho indicador, sin importar cuáles sean estas dimensiones.
Llama la atención cómo los primeros resultados que han salido de la aplicación de este nuevo índice pueden cambiar el ordenamiento (ranking) de países, y con ello la noción que tenemos de ellos y su nivel de desarrollo. Así por ejemplo, mientras que Etiopía duplica su nivel de pobreza bajo el índice multidimensional en comparación con la medición de ingreso, Tanzania y Uzbequistán tienen el efecto contrario. Para el caso latinoamericano, el MPI ya ha sido calculado para países como Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Uruguay.
Además, el índice puede descomponerse para poder observar con mayor claridad el “tipo” de pobreza que enfrentan personas en diferentes regiones de un país. Con ello se identifica de mejor manera el tipo de necesidades de diferentes grupos poblacionales, y por consiguiente se puede mejorar el diseño de intervenciones privadas ó públicas.
Finalmente, en un plano más filosófico, el valor del proyecto OPHI es que es un nuevo intento por tratar de encontrar formas mejores y más prácticas de medir el bienestar, acercando conceptos relativamente complejos a instrumentos de fácil aplicación y mucha utilidad para la política pública. Al final del día lo que cuenta en el campo del desarrollo es lo que se pueda hacer con una idea para transformar una realidad.
Prensa Libre, 5 de agosto de 2010.
martes, 3 de agosto de 2010
La paradoja de la educación
“Ambas fuerzas (fertilidad y participación) operan en el mismo sentido: a mayor educación se acceden a mejores trabajos, se planifica más el tamaño del hogar, y por ende el ingreso per cápita de la familia aumenta.”
Si hay una recomendación cajonera en el ámbito del desarrollo económico es la inversión en educación. Los ejemplos nos vienen por docenas, en estudios teóricos, en análisis de política pública, en diseño de programas sociales, en recomendaciones de ajuste macroeconómico cuidando de tocar lo menos posible el gasto público social. En fin, para donde uno voltee a ver se topa con que indefectiblemente es bueno que los países inviertan en más y en mejor educación para su gente.
Pero más allá de esa conclusión general, al tratar de hilar un poco más fino nos damos cuenta que hay menos discusión sobre los efectos que tiene la inversión en educación sobre variables como la pobreza y la desigualdad. Campo fértil en países con características como las de Guatemala.
Evidencia empírica reciente para el caso de países en Asia y América Latina ha revelado que hay fuerzas que operan de manera contrapuesta sobre estos dos fenómenos (pobreza y desigualdad). Tanto así que han dado por llamarlo “la paradoja del progreso”. Cuando se analizan por separado los impactos de la educación en la pobreza y la desigualdad aparecen por lo menos cuatro efectos muy claros, dos relacionados con la pobreza y dos con la desigualdad.
En el caso de la pobreza, la expansión en educación tiene un efecto directo y uno indirecto. El efecto directo tiene que ver con el mayor número de años de escolaridad que las personas pueden vender en el mercado laboral por un salario. Es lo que comúnmente se conoce como retornos a la educación, ya que educarse es finalmente una inversión en un tipo particular de capital (ie. capital humano) y por lo tanto se espera obtener algún retorno. Luego, a mayor educación mayor posibilidad de ingreso.
Por otra parte, el efecto indirecto tiene que ver con el ingreso disponible de los hogares. A mayor educación mayor ingreso disponible. ¿Por qué? Aquí operan dos factores básicamente: el primero tiene que ver con las tasas de fertilidad de la población. Hay evidencia que señala una correlación negativa entre el nivel de escolaridad de las personas y el número de hijos que desean tener. Pero además, porque a mayor educación también aumenta la participación de las personas en el mercado laboral. Este último factor es particularmente visible en el caso de las mujeres. ¡Obvio!, no es lo mismo salir a trabajar con un hijo que con cuatro o cinco.
En todo caso, ambas fuerzas (fertilidad y participación) operan en el mismo sentido: a mayor educación se acceden a mejores trabajos, se planifica más el tamaño del hogar, y por ende el ingreso per cápita de la familia aumenta.
En cuanto a la desigualdad la historia es un poco más compleja. Aquí operan otros dos mecanismos. El primero tiene que ver con los retornos diferenciados a la educación. No se gana lo mismo por aumentar un año de escolaridad de primero a segundo de primaria que de tercero a cuarto de bachillerado. Al contrario, la evidencia apunta a que cuando se aumenta un año de educación en la población, se benefician en una proporción mayor aquellos que ya tenían más escolaridad que el resto.
El segundo mecanismo tiene que ver con las implicaciones de corto plazo que tiene mandar a nuestros jóvenes a la escuela. Es ampliamente reconocido que, sobre todo en hogares pobres, la fuerza laboral del hogar la constituyen incluso niños y adolescentes. Luego pedirles que se eduquen implica una reducción en el ingreso corriente del hogar. Con ello no solamente se corre el riesgo de profundizar la pobreza, sino que además se aumenta la desigualdad, ya que esa decisión no la tienen que tomar hogares con más posibilidades económicas.
De manera que ambas fuerzas apuntan en dirección a aumentar la desigualdad, por lo menos de forma transitoria, hasta que la población más pobre logra acumular un stock de educación tal que le permite beneficiarse de los retornos crecientes que tiene la educación.
Es aquí en donde reside la paradoja. Por una parte reduce pobreza y cierra la brecha histórica que existe entre diferentes grupos – hombres versus mujeres, indígenas versus no indígenas, etc. –. Pero por otra parte también hay que reconocer que la inversión en educación también puede implicar por un tiempo aumentos en la desigualdad de ingresos.
Por supuesto, tal evidencia de ninguna manera significa que debamos dejar de educar a nuestra población, ¡para nada! Simplemente señala que hay que estar preparados para asimilar posibles aumentos transitorios en la desigualdad de ingresos a través de redes de protección social. Por lo menos mientras se logra que la mayoría pueda educarse lo suficiente y desarrollarse según sus capacidades.
Prensa Libre, 29 de julio de 2010.
Si hay una recomendación cajonera en el ámbito del desarrollo económico es la inversión en educación. Los ejemplos nos vienen por docenas, en estudios teóricos, en análisis de política pública, en diseño de programas sociales, en recomendaciones de ajuste macroeconómico cuidando de tocar lo menos posible el gasto público social. En fin, para donde uno voltee a ver se topa con que indefectiblemente es bueno que los países inviertan en más y en mejor educación para su gente.
Pero más allá de esa conclusión general, al tratar de hilar un poco más fino nos damos cuenta que hay menos discusión sobre los efectos que tiene la inversión en educación sobre variables como la pobreza y la desigualdad. Campo fértil en países con características como las de Guatemala.
Evidencia empírica reciente para el caso de países en Asia y América Latina ha revelado que hay fuerzas que operan de manera contrapuesta sobre estos dos fenómenos (pobreza y desigualdad). Tanto así que han dado por llamarlo “la paradoja del progreso”. Cuando se analizan por separado los impactos de la educación en la pobreza y la desigualdad aparecen por lo menos cuatro efectos muy claros, dos relacionados con la pobreza y dos con la desigualdad.
En el caso de la pobreza, la expansión en educación tiene un efecto directo y uno indirecto. El efecto directo tiene que ver con el mayor número de años de escolaridad que las personas pueden vender en el mercado laboral por un salario. Es lo que comúnmente se conoce como retornos a la educación, ya que educarse es finalmente una inversión en un tipo particular de capital (ie. capital humano) y por lo tanto se espera obtener algún retorno. Luego, a mayor educación mayor posibilidad de ingreso.
Por otra parte, el efecto indirecto tiene que ver con el ingreso disponible de los hogares. A mayor educación mayor ingreso disponible. ¿Por qué? Aquí operan dos factores básicamente: el primero tiene que ver con las tasas de fertilidad de la población. Hay evidencia que señala una correlación negativa entre el nivel de escolaridad de las personas y el número de hijos que desean tener. Pero además, porque a mayor educación también aumenta la participación de las personas en el mercado laboral. Este último factor es particularmente visible en el caso de las mujeres. ¡Obvio!, no es lo mismo salir a trabajar con un hijo que con cuatro o cinco.
En todo caso, ambas fuerzas (fertilidad y participación) operan en el mismo sentido: a mayor educación se acceden a mejores trabajos, se planifica más el tamaño del hogar, y por ende el ingreso per cápita de la familia aumenta.
En cuanto a la desigualdad la historia es un poco más compleja. Aquí operan otros dos mecanismos. El primero tiene que ver con los retornos diferenciados a la educación. No se gana lo mismo por aumentar un año de escolaridad de primero a segundo de primaria que de tercero a cuarto de bachillerado. Al contrario, la evidencia apunta a que cuando se aumenta un año de educación en la población, se benefician en una proporción mayor aquellos que ya tenían más escolaridad que el resto.
El segundo mecanismo tiene que ver con las implicaciones de corto plazo que tiene mandar a nuestros jóvenes a la escuela. Es ampliamente reconocido que, sobre todo en hogares pobres, la fuerza laboral del hogar la constituyen incluso niños y adolescentes. Luego pedirles que se eduquen implica una reducción en el ingreso corriente del hogar. Con ello no solamente se corre el riesgo de profundizar la pobreza, sino que además se aumenta la desigualdad, ya que esa decisión no la tienen que tomar hogares con más posibilidades económicas.
De manera que ambas fuerzas apuntan en dirección a aumentar la desigualdad, por lo menos de forma transitoria, hasta que la población más pobre logra acumular un stock de educación tal que le permite beneficiarse de los retornos crecientes que tiene la educación.
Es aquí en donde reside la paradoja. Por una parte reduce pobreza y cierra la brecha histórica que existe entre diferentes grupos – hombres versus mujeres, indígenas versus no indígenas, etc. –. Pero por otra parte también hay que reconocer que la inversión en educación también puede implicar por un tiempo aumentos en la desigualdad de ingresos.
Por supuesto, tal evidencia de ninguna manera significa que debamos dejar de educar a nuestra población, ¡para nada! Simplemente señala que hay que estar preparados para asimilar posibles aumentos transitorios en la desigualdad de ingresos a través de redes de protección social. Por lo menos mientras se logra que la mayoría pueda educarse lo suficiente y desarrollarse según sus capacidades.
Prensa Libre, 29 de julio de 2010.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)