jueves, 27 de diciembre de 2012

El legado de OPM

“Muchas de estas señales iniciales positivas se han revertido y hasta transformado en amenazas de crisis.”

Se terminó.  Uno de cuatro.  El 25% de la gestión.  Para algunos, el año de la luna de miel, del aprendizaje, el que prepara 18 meses de implementación, de legado, de obra, antes de entrar a la última fase en la que cíclicamente el gallinero político se alborota y la rueda vuelve a girar.

Hay que reconocer que el primer cuatrimestre del año fue impresionante.  Un sprint en la gestión pública que no habíamos visto en mucho tiempo.  Grandes pendientes, no solo de la administración anterior sino históricos, parecían encontrar una coyuntura favorable.  Una elite urbana en el gabinete daba la impresión de haber encontrado su equilibrio para empujar un paquete de reformas y transformaciones al Estado. 

Después de un año se revela la estrategia política seguida: un puñado de objetivos y el aprovechamiento sagaz de conocer los entresijos parlamentarios.  Ello permitió anotar goles tempraneros y crear un clima distinto al de tan sólo unos meses atrás.   

Los logros estuvieron a la vista desde muy al comienzo: un ministerio de desarrollo social, que diera forma y cobijo, con reglas y procedimientos, a las acciones impulsadas con tanta vehemencia por la administración anterior.  La ratificación del estatuto de Roma, instrumento de la Corte Penal Internacional, en vigor desde el 2002, para condenar delitos como internacionales como crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad.  La aprobación parlamentaria del presupuesto de ingresos y gastos del Estado, otro cuco que no dejó dormir tranquilo al gabinete anterior.  La aprobación en tiempo record de una reforma tributaria, aunque no entraría en plena vigencia sino hasta 2013.  La instalación del desarrollo rural como prioridad de Estado, creando incluso la figura de un comisionado presidencial, personaje que encarna años de investigación y reflexión sobre el tema y una amistad cercana con el Presidente de turno. Una iniciativa por impulsar reformas constitucionales en varios temas considerados estratégicos para modernizar nuestro contrato social. 

Así, parecía que el Presidente estaba como tocando una tremenda sesión de jam, en la cual sus principales músicos tenían su pedacito y su solo.  El problema fue que a medida que transcurrió el tiempo, claridad y entusiasmo iniciales se fueron perdiendo, y la heterogeneidad del equipo gobernante dejo de ser un activo y se convirtió más bien en un freno. 

Hoy tenemos a la vuelta de la equina un año que ya amaga con arrancar complicado.  Muchas de estas señales iniciales positivas se han revertido y hasta transformado en amenazas de crisis.  Para muestra un par de botones: la reforma a la carrera magisterial y las leyes de desarrollo rural y de actualización tributaria. 

La estrategia de objetivos múltiples no dio todos los frutos que se esperaban.  Y a medida que avanza el reloj político, tendrán que irse priorizando y desapareciendo de escena muchas de las iniciativas que consumieron buena parte de las energías de la actual administración.  En medio, se ha perdido claridad y norte.  Si hoy nos preguntaran cuál será el legado de la administración Pérez Molina, creo que la mayoría de ciudadanos tendríamos dificultades en dar una respuesta. 

Apreciado lector, ¡le deseo unas muy felices fiestas de fin de año, en paz, y rodeado de sus seres más queridos!    

Prensa Libre, 27 de diciembre de 2012.

jueves, 20 de diciembre de 2012

Subsistencia en tiempos de crisis

“(…) pobreza, desigualdad y ruralidad son condiciones que generalmente vienen asociadas a otras como bajos niveles de institucionalidad y capacidad de respuesta de las agencias públicas.”

Para amortiguar los efectos que tienen las crisis económicas en los deciles más bajos de la población típicamente se recomienda utilizar a las redes de protección social como instrumento de política.  Eso es correcto en la medida en que los gobiernos cuenten con tales redes. 

El problema es que en países con elevados niveles de pobreza, desigualdad y ruralidad, generalmente se hace más costosa cualquier intervención debido a la amplia dispersión de la población.  Además, pobreza, desigualdad y ruralidad son condiciones que generalmente vienen asociadas a otras como bajos niveles de institucionalidad y capacidad de respuesta de las agencias públicas.  Guatemala es un buen ejemplo. 

Desde una perspectiva más amplia de atención a los pobres, hay que pensar entonces en instrumentos de política pública adicionales que se complementen con programas de protección social más tradicionales.  La escalada en precios internacionales de los alimentos que hemos observado durante los últimos años ha detonado reflexiones de este tipo. 

En un interesante artículo titulado “Subsistence farming as a safety net for food-price shocks” los profesores Alain De Janvry y Elisabeth Sadoulet discuten alternativas que desde la agricultura de subsistencia se pueden poner en marcha para mitigar los efectos negativos que acarrean las alzas de precios de alimentos para los hogares más pobres en el campo.  La idea central de su planteamiento viene en dos vías. 

En un nivel macro, países pequeños y más pobres generalmente tienen un menú de instrumentos de política mucho más restringido, distintos a los que pueden utilizar países grandes y más ricos.  Así por ejemplo, reducciones arancelarias a la importación de alimentos tiene un alcance limitado debido a la liberalización comercial que ya ha tenido lugar.  Lo mismo sucede con políticas de subsidios, fuertemente restringidas por el costo de oportunidad que supone utilizar los exiguos recursos fiscales en tales fines. 

En un nivel micro se debe reconocer que los agricultores de subsistencia participan de manera diferente en los mercados de alimentos.  Es decir, algunos son vendedores netos, otros autosuficientes, y otros compradores netos.  Claramente el grupo de compradores netos de alimentos es el que absorbe el impacto negativo ante subidas de precios y por lo tanto demanda una atención prioritaria sobre los otros dos grupos. 

En ese contexto, las recomendaciones de De Janvry y Sadoulet van por la vía de elevar la productividad de la tierra y del trabajo de los productores de subsistencia, a través de una combinación de apoyos de asistencia técnica, acceso a semillas, fertilizantes y otros insumos, así como a servicios financieros, entre otros.   La novedad de su propuesta no radica tanto en las medidas que proponen, que de hecho son todas muy conocidas y estándar.  Lo interesante es que aborda a la agricultura de subsistencia desde una óptica distinta.  Más como parte de la solución y menos como parte del problema.  Más como sujetos con capacidad de identificar y ejecutar sus propias estrategias de vida y menos como simples objetos pasivos de una política de protección social. 

Con todo, los autores también son muy claros al referirse a la agricultura de subsistencia como un instrumento transitorio y sub óptimo en el largo plazo, pero que ciertamente puede ser utilizado cuando (sic) “los shocks de precios son recurrentes, la pobreza rural es amplia, los servicios financieros son incompletos, y la capacidad de atender a los pobres con otros mecanismos resulta más costoso”.  Es decir, en entornos muy similares a los que tenemos en Guatemala hoy día.    

Insumos analíticos de este tipo son muy valiosos y pertinentes para provocar pensamiento alternativo que nos permita oxigenar la discusión local, y diseñar así mejores estrategias de reducción de pobreza rural, que atiendan de manera más activa a los eslabones más débiles de la cadena de producción en el campo.    

Prensa Libre, 20 de diciembre de 2012.

jueves, 13 de diciembre de 2012

¿Milpa o salario?

“(…) fundamentalmente se trata de mudarnos hacia una visión estratégica que reconozca a la ruralidad como algo que hace rato dejó de ser sinónimo de la gran agricultura comercial.”

El campo en la ciudad está que arde. El campo por haberse atrevido a ser sujeto principal de una agenda que ha estado pendiente por años, y la ciudad porque es allí en donde se toman las decisiones políticas de ambos mundos: el rural y el urbano.   La hoy ya famosa iniciativa de ley 4084 ha puesto a unos y otros a pegar de gritos, escribir pancartas, hacer plantones, mandarse mensajes por la prensa, presentar recursos ante cortes y cabildear tupido y parejo.  De todo se vale con tal que la ley pase o no pase, según a quién usted le pregunte. 

Por supuesto, en todo esto hay también aquellos que quieren hacer su agosto con cada coyuntura.  Al final, la politiquería se aprovecha ante la falta de un sistema político con incentivos para operar pensando más en el mediano plazo, y menos en cómo hacerse de la guayaba cada 48 meses.  La oposición de turno no hace sino ponérsele al brinco al gobierno de turno mientras espera su turno, cuando lo más sensato sería enfriar la cabeza y trabajar una propuesta única que construyera sobre el proceso ya recorrido. 

Alguien propuso que lo que le falta para superar la pobreza del campo es más inversión.  ¡Brujo!  Pero la pregunta del millón de quetzales no es esa, sino más bien ¿cómo se logra esa bendita inversión en el campo en niveles suficientes para generar empleo?

Ciertamente no será por la vía de dar exenciones fiscales ni tratos preferenciales a inversionistas para que vayan a poner una fábrica a Chuatuj ó a San Manuel Chaparrón.  Cualquier empresario medianamente exitoso sabe hacer cuentas y entiende que ningún negocio será suficientemente rentable en el mediano plazo si lo que tiene a la mano son empleados con escasamente 3 ó 4 años de escuela de baja calidad y deficiente estado nutricional.  Eso no es más que síntoma de la ausencia de bienes públicos rurales, que hacen poco atractivo invertir capital en condiciones de baja productividad y rentabilidad. 

También se rumora sobre la pulverización en la tenencia de la tierra.  Francamente no creo que nadie en su sano juicio esté hoy proponiendo tal cosa para el país.  Otros andan presentando a la agricultura familiar como una visión dicotómica milpa versus salario, lo cual me parece igualmente equivocado. 

Se trata de reconocer la heterogeneidad de los pequeños productores, en donde aquellos que están en condiciones más precarias difícilmente saldrán sin una intervención focalizada que debe gestarse desde el sector público.  Se trata también de que aquellos otros pequeños productores con mayor capacidad de producir y comercializar tengan condiciones mínimas: una carretera saca cosechas, un paquete tecnológico, asistencia técnica, semillas de calidad, instituciones públicas que les faciliten información para asociarse y producir eficientemente, y productos financieros que respondan a los riesgos que su actividad agropecuaria enfrenta. 

Pero fundamentalmente se trata de mudarnos hacia una visión estratégica que reconozca a la ruralidad como algo que hace rato dejó de ser sinónimo de la gran agricultura comercial.  De entender que el mercado no es algo que funciona al vació, sino que esta constituido por una densa red de instituciones sin las cuales es prácticamente imposible que opere adecuadamente, y que muchas de estas instituciones todavía no existen para una parte importante del sector rural guatemalteco.   

En democracia se vale disentir, es verdad.  Lo que ya no se vale es que en pleno siglo XXI sigamos comportándonos como el perro del hortelano, y que además se ande asustando con el petate del muerto a una clase media urbana, que en su gran mayoría no tiene mayor conexión ni empatía con la realidad del campo.   

Prensa Libre, 13 de diciembre de 2012.

El sospechoso gasto social

“(…) pareciera que tenemos una cierta sospecha inconsciente con relación al gasto social.”

Las últimas tres décadas nos han dejado muchos aprendizajes en América Latina en términos de gestión y política económica.  Quizás la enseñanza mayor tiene que ver con la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica como condición básica para avanzar en cualquier otro espacio de la gestión pública.  De eso se ha escrito y documentado profusamente. 

El texto “Ensayos sobre economía mexicana” de David Ibarra resume mucha de esta discusión.  Aunque escrito para aquel país, es perfectamente aplicable para toda la región al decir cosas como que (sic) “los nuevos paradigmas abandonan la idea de que el ritmo y la estabilidad del desarrollo, el cierre de la brecha con las naciones avanzadas, constituya el meollo de la política económica de las naciones periféricas.  En su lugar, las preocupaciones se han desplazado hacia la búsqueda de la estabilidad macroeconómica y de precios de cara a la integración de los mercados internacionales.  La disciplina fiscal y la eficiencia parecen ganar la batalla a los valores de la igualdad y la solidaridad sociales”. 

Ibarra lo plantea como una batalla entre agendas de política pública.  Yo prefiero enfocarlo como una minimización temporal de la equidad como prioridad de los países, que encontró su momento más agudo durante los años del ajuste estructural y el desmantelamiento del Estado latinoamericano. 

Dicha minimización pareciera estarse revirtiendo.  La equidad recupera espacio en las agendas políticas de los latinoamericanos.  Lo interesante es que esto no sucede solamente en países en desarrollo.  Más bien, en dicha vuelta a escena de la equidad como elemento central, ha jugado un papel fundamental el cuestionamiento que las clases medias en los países industrializados se están haciendo, sobretodo durante estos últimos años post Lehman Brothers y la inequitativa distribución de los costos que ha supuesto el ajuste económico por el que atraviesa la mayor parte de economías de Europa y Estados Unidos. 

Pero además de lo anterior, es interesante resaltar otra mega tendencia que acompaña este retorno de la equidad a la esfera de la política pública.  Tiene que ver con una cierta obsesión de gobiernos y organismos internacionales por evaluar el uso de los recursos destinados al gasto social. 

Sectores como salud, educación y protección social se han visto sometidos a complejos procesos para documentar productos, resultados e impactos, muchas veces utilizando métodos ultra sofisticados.  Mecanismos que, además de costosos, son monopolizados por una elite mundial de tecnócratas ilustrados, ante la cual el resto de mortales no tenemos más opción que tragar sus conclusiones, sin más asidero que la buena fe que puedan tener en lo que hacen.   

Lo curioso es que este mismo auge y protagonismo que han adquirido diferentes técnicas de evaluación de impactos en política social no han tenido un correlato similar en otras esferas de la política económica.  Como comentaba un colega mexicano, pareciera que mantenemos una cierta sospecha inconsciente con respecto al gasto social.  El rigor y publicidad que damos a las evaluaciones del gasto dedicado a promover derechos universales como educación y salud o a programas de reducción de pobreza y desigualdad, ni de lejos se compara con el tratamiento que se da a otras políticas como la comercial, financiera, o monetaria. 

¿Por qué será? ¿Es que acaso son tan eficientes esas otras políticas que no necesitan ser evaluadas con la misma intensidad, rigurosidad y pompa? O dicho de otra manera, ¿es la política social más ineficiente que las demás y por tanto necesita auditarse de manera distinta? Por supuesto que no hay nada de malo en evaluar la manera en que se gastan recursos públicos cualquiera sea su fin.  Al contrario, entre más se haga mejor.  Es solo que quizás llegó el momento de hacer un esfuerzo equivalente con otras dimensiones del gasto y política pública. 

Prensa Libre, 6 de diciembre de 2012.
 

jueves, 22 de noviembre de 2012

Protección, producción y pobreza rural

“Baja calidad e inestabilidad hacen una combinación nefasta en el servicio civil.”

¿Por dónde comenzar a desatar ese nudo de pobreza estructural en el que se encuentran sumergidas millones de campesinos en América Latina?  ¿Cuál es la secuencia de intervenciones que se necesitan? ¿Cuál es la combinación óptima?  ¿Existe tal cosa o simplemente hay que colgar los guantes y dejar que en algún momento y por azar del destino su suerte cambie? 

Todas esas son preguntas que consumen horas de reflexión y millones de dólares en la región y el mundo entero.  Y si hemos de ser honestos, la verdad es que no tenemos mucha idea.  De otra manera ya lo hubiéramos resuelto desde hace años.  Tan simple como eso.  A lo sumo, sabemos que hay acciones puntuales que ayudan, inversiones que crean condiciones propicias, instituciones que aceleran procesos, prácticas locales y ancestrales que deben ser tomadas en consideración.  Pero su combinatoria, secuencia y peso específico de cada uno de estos elementos sigue siendo más arte que ciencia.  Una función del momento histórico, del territorio y de la población.

Pero a pesar de esta visión artesanal de las estrategias de reducción de pobreza rural, hay dos factores que parecen comunes a casi cualquier realidad latinoamericana.  En primer lugar, los pobres rurales carecen de interlocutores con peso político suficiente, que hagan cabildeo ante las instancias más altas de toma de decisión para la asignación de recursos humanos, físicos y financieros que los ayuden a salir adelante. 

En el mejor de los casos dependen de iniciativas de caudillos locales, liderazgos que logran colarse en el real politik y empujan, reclaman, movilizan, hasta que finalmente algo consiguen.  No siempre son efectivos, ni siempre son bien intencionados, eso también es verdad.  Pero son una fórmula mucho más frecuente que la institucionalización y permanencia de programas en atención a grupos rurales pobres.   

La otra constante es una ausencia de personal de planta en el servicio público que piense estratégicamente, que identifique y articule programas y políticas de desarrollo rural, no solamente proyectos.  Por una parte, la burocracia latinoamericana ya de por sí débil, lo es todavía más cuando se trata de aquel funcionariado que tiene bajo su responsabilidad atender poblaciones marginadas geográficamente.  Y por la otra, la inestabilidad en los cuadros públicos inhibe cualquier capacidad de reflexión y acción con perspectiva de mediano plazo. 

Baja calidad e inestabilidad hacen una combinación nefasta en el servicio civil.  De allí que la provisión de bienes públicos y asistencia técnica, son hoy los grandes ausentes para el campesino.  Con ello desperdiciamos el potencial que yace en la ruralidad y las estrategias de vida del pequeño productor latinoamericano. 

El avance que se ha tenido en la región por la vía de la protección social para aliviar un poco las carencias de ingreso de estas poblaciones debe seguir perfeccionándose y evolucionando hacia una atención más integral y sostenible, capaz de transformar el entorno de ese sujeto que hasta hoy solamente se le ve como un beneficiario de la política social.  Los latinoamericanos tenemos que movernos a una nueva generación de instrumentos de atención a poblaciones rurales pobres, tomando en consideración lo que ya hemos aprendido en casi dos décadas de programas de protección social. 

La capacidad de medición, de monitoreo y evaluación, de diseñar intervenciones que articulan esfuerzos sectoriales en salud y educación, de hacer visibles en los presupuestos gubernamentales a poblaciones históricamente desatendidas, son avances que debieran aprovecharse para dar el siguiente salto hacia la construcción de capacidades productivas, generadoras de ingreso y empleo.  

Para lograrlo, tres ingredientes siguen siendo esenciales: instituciones, servidores públicos, y una sociedad rural con capacidad de cabildeo.  Sin ello, difícilmente abatiremos la pobreza rural. A lo sumo, la transformaremos en pobreza urbana.     

Prensa Libre, 22 de noviembre de 2012. 

jueves, 15 de noviembre de 2012

¿Clase media o ingreso medio?

“En otras palabras, una cosa es un país de ingreso medio y muy otra es una sociedad de clase media.”

El Banco Mundial ha publicado recientemente un estudio titulado “Economic mobility and the rise of the Latin American middle class”.  La cobertura mediática que ha tenido el mismo y las opiniones tan diversas y ricas que ha generado entre expertos hace pensar que bien podría constituirse en un tema central para la agenda de la región en los próximos años – dicho sea de paso, eso no estaría nada mal.  Es un tema que se complementa y sigue la secuencia lógica de la discusión tan fuerte que se tuvo hace algunos años sobre pobreza, y más recientemente sobre el papel que la protección social juega para su reducción.  

El documento provoca varias reflexiones, resalto solamente tres.  La primera tiene que ver con el crecimiento significativo de un grupo social latinoamericano que hoy intenta ser bautizado como clase media.  Allí mismo comienza a surgir el debate, haciendo reaparecer la vieja discusión de si los niveles de ingreso bastan para pertenecer a tal o cual estrato, o si más bien hay que considerar otras dimensiones como educación, tipo de empleo y propiedad de activos para tener una definición más completa y sobre todo sostenible en el tiempo.  En otras palabras, una cosa es un país de ingreso medio y muy otra es una sociedad de clase media. 

La segundo reflexión deriva de los factores que han permitido el aumento en tamaño de este grupo socioeconómico.  Según el reporte son esencialmente tres: crecimiento económico dinámico, bajo desempleo y reducción de la desigualdad en varios países de la región.  Aquí es relevante el énfasis que se da al crecimiento económico como motor principal de la expansión de una clase media, en contraposición al protagonismo que han tenido las políticas de protección social para la reducción de la pobreza y mejoras en la distribución del ingreso. 

La tercera reflexión está relacionada con las implicaciones que este fenómeno puede tener en la región.  Una de las más importantes tiene que ver con cómo una clase media más grande puede además contribuir a tener mayores niveles de movilidad social y cohesión social.  Porque al final del día solamente así es que se podrá decir que Latinoamérica efectivamente ha alcanzado mayores niveles de desarrollo y no solamente de ingreso.    

De alguna manera el referente implícito que todos tenemos en la cabeza cuando se piensa en sociedades de clase media son países como Canadá y la región escandinava, en donde la forma no es piramidal, con muchos pobres en la base y pocos ricos en la cima, sino  más bien como una cebolla, en donde el grueso de la población pertenece a un estrato sin excesos ni miserias. 

En lo inmediato, el reto que tenemos por delante los latinoamericanos es mantener viva la discusión.  Darle tanto empuje y fuerza como la que tuvo la de reducción de pobreza.  Este puede (quizás debe) ser el tema central de países de ingreso medio como los nuestros.  Aún en aquellos como Guatemala, con un alto porcentaje de pobreza y alta desigualdad, debatir estos temas nos debe dar un sentido de orientación, de saber en términos concretos hacia dónde hay que dirigir energías y esfuerzos. 

En el mediano plazo, la aspiración debe ser encauzar este crecimiento de un estrato socioeconómico con mayor capacidad de compra y ahorro en una auténtica clase media, capaz de valorar y exigir bienes públicos y una calidad en sus instituciones estatales que le garanticen el bienestar adicional que sus ingresos no van a poder comprar jamás. 

Prensa Libre, 15 de noviembre de 2012.

jueves, 8 de noviembre de 2012

El imaginario del ministro

“La sola política económica ha demostrado ser necesaria pero insuficiente para que la mayoría de la población tenga mayor bienestar.”

Hace unos días se publicó una entrevista con el Ministro de Economía, Sergio De la Torre.  La discusión que generó entre lectores del diario e internautas en las redes sociales me hicieron volver a leerla con más detenimiento y reflexionar un poco sobre su contenido.   

Creo que hay dos formas de leer el texto.  La primera es con un sentido de información a la población.  Una suerte de “cuentadancia”, ciertamente inducida por la iniciativa que tuvo Beatriz Colmenares, pero de cualquier manera un ejercicio saludable para nuestra democracia.  Estas cosas debieran suceder con mayor regularidad y sistematicidad, para que los ciudadanos comunes y corrientes nos enteremos de qué es lo que están haciendo los funcionarios que administran nuestro Estado. 

En este caso particular, saber que hay esfuerzos y agilizar la tramitología para hacer negocios formales, para reducir la mortalidad prematura de nuestros emprendimientos, así como el apoyo a encadenamientos productivos, pues suena a buenas noticias.  Son acciones que pretenden hacernos más eficientes y productivos como país, lo cual esperaríamos que resulte en más crecimiento económico y salarios reales más altos.   

La otra forma de mirar el texto del ministro es a partir de sus mensajes implícitos.  Esos que revelan su imaginario.  Es decir, las cosas en las que cree, su visión del Estado guatemalteco – expresado de manera concreta en el ministerio que hoy tiene a su cargo –, el rol de la política pública en dos de sus expresiones más esenciales: la económica y la social, etcétera.  Esta narrativa que el funcionario intenta construir y comunicarnos es mucho más interesante y útil, creo yo.  Porque a la postre nos revela el modelo de desarrollo que tiene en su cabeza.

Hay allí muchos elementos interesantes y que seguramente concitan amplio apoyo de la sociedad.  Por ejemplo, la importancia de la competitividad, la diversificación de mercados internacionales, y los apoyos a micro y pequeñas empresas, como factores dinamizadores de la economía nacional. 

Otras piezas, sin embargo, generan más crítica.  Como su frase de cierre cuando dice que (sic) “la mejor política social es una buena política económica”.  O las ideas de que (sic) “(…) este país se convierta en la fábrica de Latinoamérica”, que se impulsen incentivos de tercera generación en materia fiscal y flexibilización de relaciones entre empleados y empleadores.     

¿Qué se puede comentar al respecto?  Bueno, por lo menos dos cosas.  La primera es agradecer su claridad y franqueza.  De hecho, la prefiero por sobre posiciones ambivalentes y confusas.  Son declaraciones consistentes y coherentes con el sector que representaba antes de ser ministro de Estado.  Aunque puede que no comparta todos sus puntos de vista –de hecho tengo diferencias conceptuales sustantivas–, saber cómo realmente piensa un funcionario da certeza e invita a la discusión. 

Dicho lo anterior, la segunda cosa que puedo comentar es que obviamente no comparto varios elementos de su visión de desarrollo para Guatemala.  No creo que convertirnos en una gran fábrica sea el camino a seguir.  Y menos aún si se hace sobre la base de incentivos fiscales de tercera, cuarta o nonagésima generación.  Eso debilita la capacidad fiscal del Estado.  Pero además porque creo que la estructura productiva del país es mucho más rica y compleja.  Y por consiguiente, las condiciones y necesidades de sectores más allá del industrial deben tener un espacio equivalente en su narrativa. 

Finalmente, por supuesto que tampoco creo que la mejor política social es una buena política económica.  Ese fue el discurso de aquellos años en los que la región adolecía de una pobre gestión macroeconómica.  Días oscuros en que los grandes consensos y manuales de uso y gestión de los estados nacionales latinoamericanos emanaban de las instituciones financieras de Washington.  Afortunadamente esa etapa ha quedado ultra superada. 

De hecho, hoy hay un amplio consenso en la comunidad del desarrollo internacional sobre lo fundamental que es la política social como mecanismo para elevar la productividad y con ello las tasas de crecimiento de los países.  En otras palabras, la sola política económica ha demostrado ser necesaria pero insuficiente para que la mayoría de la población tenga mayor bienestar. 

Si algo ha enseñando Latinoamérica al resto del mundo en tiempos recientes, es que justamente ha sido la política social un instrumento esencial, no solamente para la reducción de pobreza y desigualdad, sino para sentar bases de un crecimiento económico más robusto y de largo plazo. 

Pero por supuesto, en la variedad está el gusto, y es mejor tener muchas visiones de desarrollo que compitan entre sí, en vez de un único discurso fotocopiado, incoloro e insípido. 

Prensa Libre, 8 de noviembre de 2012.
 

jueves, 1 de noviembre de 2012

El mundo cambió

“(…) bien le vendría a la región una reflexión y apoyo de organismos regionales para diseñar verdaderos sistemas de reacción contra-cíclica, que sean ágiles en su función de sístole y diástole.”

Ese es el título de la última publicación que hizo el BID analizando los desafíos y oportunidades de crecimiento económico en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.  Un documento sintético pero muy rico en contenido y métodos de análisis, que intenta dar una lectura de las condiciones estructurales de las economías de la región a la luz de las nuevas condiciones del mercado internacional. 

Son cinco capítulos en total, que comienzan por describir el escenario de la economía global, para inmediatamente pasar a tres desafíos principales de la región: fiscal, financiero y comercial.  Finalmente cierra con una reflexión simulando los efectos que podría llegar a tener en la región una nueva crisis financiera global de magnitud similar a la del 2008-2009.  Este ejercicio responde a la incertidumbre que prevalece en las economías del Euro. 

Resalto tres mensajes del informe porque me parece que son buenas provocaciones a las que los tomadores de decisión de la región debieran prestar atención. 

El primero tiene que ver con las transformaciones, algunas permanentes en apariencia, que ha tenido el entorno internacional.  La recesión de la economía norteamericana y de buena parte del mundo industrializado, así como la fuerte entrada de China como actor global han impactado variables que para los centroamericanos son muy importantes.  Entre otras, el volumen y dinamismo de las remesas que envía nuestra diáspora, la pérdida de correlación positiva entre el precio del petróleo y el nivel de actividad de la economía americana, y la recomposición en el financiamiento de la cuenta corriente – en este último caso aumentando la exposición de las economías de la región a flujos financieros de naturaleza más volátil. 

Todos estos fenómenos apuntan en la misma dirección: pérdida de herramientas que antes servían para paliar choques externos e internos entre la población, cuyos efectos se acentúan aún más en aquellos estratos de menores ingresos.

El segundo mensaje tiene que ver con el replanteamiento de la política comercial de la región.  Coyunturalmente, la pérdida de dinamismo de las economías industrializadas – Estados Unidos y Europa –se ha traducido en una menor participación de dichos socios comerciales en el total de la oferta exportable de los países centroamericanos. 

Ahora bien, desde una perspectiva de más largo plazo, es todavía más importante reconocer que no solamente estos son mercados en declive sino que además la región ha perdido participación en los mismos.  De allí la importancia de analizar opciones para diversificar el destino de las exportaciones hacia economías que hoy son más dinámicas como las economías de Suramérica y Asia.  Algo más fácil dicho que hecho, pues implica cambios en la estructura productiva doméstica, inversiones en infraestructura y lograr acuerdos comerciales con tales países.

Finalmente, el tercer mensaje se refiere a la dimensión fiscal.  Es muy provocadora la reflexión que hace el BID en cuanto a los efectos del gasto público contra-cíclico aplicado por los gobiernos de la región durante la crisis de 2008-09.  El razonamiento es que (sic) “la política contra-cíclica implementada durante la crisis financiera dejó a los países de la región parados sobre un nivel de gasto público de difícil reversibilidad”. 

Sin embargo, el mismo informe reconoce que el tipo de gasto que tuvo lugar durante ese período fue en renglones que difícilmente pueden ser considerados en una lógica puramente contra-cíclica.  Es decir, aquel tipo de gasto público que se expande en momentos de contracción de la economía y se remueve cuando llega la recuperación. 

En ese sentido, hay que ser cuidadosos al analizar y calificar los distintos tipos de aumento que ha tenido el gasto público regional.  Son cosas muy distintas una expansión en la nómina o de los salarios de empleados públicos, de los programas de transferencias condicionadas en efectivo, ó de lo que debieran ser estabilizadores automáticos en su versión más pura. 

La racionalidad de cada uno responde a factores que no necesariamente tienen que ver con el ciclo económico.  En tal sentido, bien le vendría a la región una reflexión y apoyo de organismos regionales para diseñar verdaderos sistemas de reacción contra-cíclica, que sean ágiles en su función de sístole y diástole.  

Como bien señala el informe, la región centroamericana, Panamá y la República Dominicana tienen hoy un nuevo entorno mundial del cual se deriva una agenda de trabajo que permita a estas economías sacarle el mayor provecho posible.  Como siempre, el mayor reto sigue siendo generar condiciones y capacidades domésticas para pensar y actuar en clave de mediano plazo. 

Prensa Libre, 1 de noviembre de 2012. 

jueves, 25 de octubre de 2012

Trabajo y pa’todos

“(…) no sabemos si estos logros sociales serán duraderos, pero sí sabemos que no son suficientes para garantizar una mayor cohesión y movilidad social que la región necesita.”

Cuando uno piensa en los grandes temas que consumen la discusión sobre desarrollo en América Latina y buena parte del mundo, sobresalen dos: empleo y desigualdad.  Es allí en donde residen las raíces de buena parte de la conflictividad social que vive actualmente la región.  Y por consiguiente, es hacia allí a donde la clase política – al menos en el discurso – está dedicando buena parte de sus energías para tratar de enganchar con unas clases media y baja de la sociedad que esencialmente están pidiendo una sola cosa: oportunidades.

Son dos temas tan importantes que no por casualidad los principales análisis de instituciones mundiales han dedicado sus energías a reflexionar sobre ellos.  El informe sobre desarrollo mundial 2013 del Banco Mundial está dedicado al tema empleo, el informe sobre desarrollo humano 2011 del PNUD es sobre sostenibilidad y equidad, el informe 2012 del período de sesiones de la CEPAL se titula “Cambio estructural para la igualdad”.  Hasta publicaciones de menor calado analítico pero de amplia cobertura mediática como la revista The Economist vuelven cada poco sobre el tema dedicando reportes especiales. 

Son empleo y equidad y no otra cosa lo que ha decidido las elecciones más recientes en varios países de Europa, como seguramente será lo que defina la próxima elección presidencial en los Estados Unidos.  Es allí donde se encuentra respuesta a buena parte del éxito económico y social de economías grandes y emergentes como Brasil y China, así como la estabilidad social de países más pequeños como Uruguay y Costa Rica. 

Pero ¿cuál es la historia latinoamericana en materia de equidad y empleo?  En el primer caso, la evidencia reciente muestra a una región que tímidamente comienza a revertir una tradición de altísima concentración en la distribución de sus recursos.  Los expertos explican este fenómeno por una combinación de factores: una caída en la prima salarial que ganan los trabajadores calificados producto de un aumento en la cobertura escolar; crecimiento económico robusto en los últimos años, lo cual ha aumentado la demanda por trabajadores menos calificados; y un gasto social que ha mejorado su focalización (llega más a los pobres), su efectividad (las transferencias condicionadas han tenido el doble efecto de aumentar ingreso y años de escolaridad de los pobres) y su progresividad (aparentemente estamos gastando más en educación primaria y secundaria que en universitaria). 

En cuanto a empleo el cuadro es más variopinto.  Por una parte, persiste la incapacidad del sector formal de la economía de absorber a una masa de población joven que año a año ingresa al mercado laboral.  De hecho, la gran mayoría ingresan al ejército de subempleados o de trabajadores informales.  Y por la otra, continuamos padeciendo de una fuga importante de recurso humano calificado y no calificado que opta por la migración ante la imposibilidad de generar un ingreso suficiente en su lugar de origen.   

De manea que a pesar de los avances es claro que aún queda un trecho por recorrer.  Para comenzar, no sabemos si estos logros sociales serán duraderos, pero sí sabemos que no son suficientes para garantizar una mayor cohesión y movilidad social que la región necesita para terminar de despegar. 

Por ejemplo, aunque hemos avanzado en el tema de cobertura educativa, no podemos perder de vista que el vínculo entre la escolaridad de los padres y la de los hijos sigue siendo muy fuerte en América Latina, síntoma de baja movilidad social.  Los jóvenes, los indígenas y afro descendientes, y los migrantes son tres segmentos que constantemente nos recuerdan que vivimos en territorios donde cada mico es muy probable que nazca, se reproduzca y muera en su mismo columpio.  Y los guatemaltecos, por supuesto, no estamos muy lejos este diagnóstico regional.  

Prensa Libre, 25 de octubre de 2012.



viernes, 19 de octubre de 2012

¡La siguiente gran campaña!

“Si no atendemos ese inmenso tapón en la gestión pública de nada sirve que nos perdamos buscando el sexo de los ángeles del crecimiento económico y los determinantes de la inequidad.”

Por razones de trabajo me ha tocado esta semana estar conversando tupido y parejo con una serie de actores de la vida nacional.  Servidores públicos, académicos, empresarios, comunicadores, organismos internacionales, empleados, desempleados, subempleados, un poco de todo.  Además de las lecturas específicas de cada uno de los sectores a los que pertenecen, escuché dos percepciones comunes en todos ellos. 

La primera tiene que ver con la debilidad institucional del Estado guatemalteco como algo que nos está carcomiendo en silencio, que nos dificulta el avance, que amplifica cualquier crisis por muy pequeña que sea, que bloquea y hace inviable cualquier iniciativa individual o gremial.  Todos, sin excepción, han reconocido el inmenso déficit para poder atender desde lo público las necesidades más básicas y elementales. 

Y ojo que aquí no estoy haciendo ninguna apología a esa visión – creo yo incompleta y equivocada – que algunos pocos propugnan en el país:  un Estado que solamente se dedique a proveer seguridad y justicia y que, si acaso, supervise un par de cositas más.  (De hecho, lo leí así tal cual en una entrevista que le hicieron a una joven comunicadora social). 

La segunda percepción común es que pareciera estarse cocinando en el grupo de población entre 25 y 45 años, que tiene cierto nivel de escolaridad y protagonismo social, un tímido despertar e interés por participar más activamente en política.  Ello, por supuesto, no implica nada más que una cierta preocupación compartida por las nuevas generaciones ante los grandes desafíos que tiene el país por delante.  No quiere decir tampoco que estemos todos de acuerdo en cómo hacerlo, ni mucho menos.  Pero al menos se reconoce la necesidad de “hacer algo”, una progresiva toma de conciencia de que las transformaciones que se necesitan no van a suceder por generación espontánea. 

¿Estaremos mudando de discurso y arena para el debate? ¿O será solamente llamarada de tusas? Es curioso, porque generalmente las discusiones urbanas que tenemos en cuanto a enfoques de desarrollo nacional suelen quedarse en juegos de suma cero: más impuestos o mejor gasto, más crecimiento o más redistribución.  Sin embargo, como que la realidad se va imponiendo lenta pero progresivamente, y una pregunta mucho más relevante y transformadora para la Guatemala actual cobra protagonismo: ¿con quiénes se implementa cualquier visión de país?

Sí, ¿con quienes se echa a andar una estrategia de competitividad y crecimiento? ¿con quiénes se implementan instituciones de protección social? ¿con quiénes se montan sistemas de monitoreo y evaluación del gasto público? ¿con quiénes se diseñan políticas y reformas fiscales? ¿con quiénes se imparte justicia y se garantiza seguridad a la población?

Porque la realidad de las cosas es que Guatemala no tiene cuadros suficientes para gestionar su enclenque aparato público.  En el mejor de los casos, corriendo con mucha suerte y viento en cola, el gobernante entrante logra cubrir las primeras dos capas de la administración pública.  Es decir, la alta gerencia.  Pero…¿y el resto?  ¿Y los operadores en terreno? ¿Y los ejecutores de la planificación estratégica? ¿Y los responsables de monitorear y evaluar los avances y retrocesos? ¿Y los proveedores de servicios que hoy por hoy el sector público debiera estar entregando a la población con cierta regularidad y calidad? 

Si no atendemos ese inmenso tapón en la gestión pública de nada sirve que nos perdamos buscando el sexo de los ángeles del crecimiento económico y los determinantes de la inequidad.  Mientras la decencia y el expertisse técnico continúen siendo dos cualidades mutuamente excluyentes en la función pública, todo lo demás que hagamos seguirá siendo un monólogo estéril sin más trascendencia que una nota de prensa, una ENADE, una entrevista en radio o un panel-foro en donde usualmente nos damos misa entre curas.  

Así como hemos sabido gestionar grandes campañas nacionales para distintos motivos, desde la teletón, vacunaciones, emergencias por desastres naturales, por la educación, por la reforma al sector justicia, me pregunto yo si no debiéramos lanzar una gran campaña para una reforma profunda a nuestro servicio civil.  Es una necesidad urgente e importante, no solamente para quienes llegan a hacer gobierno cada cuatro años, sino para todos los demás que desde la llanura interactuamos con ese elefante flaco llamado Estado guatemalteco. 

Prensa Libre, 18 de octubre de 2012.


domingo, 14 de octubre de 2012

Entre fuentes y lagos

“Reflexiones todas en clave latinoamericana, matizadas por las experiencias que cada uno de estos dos intelectuales ha acumulado a lo largo de su vida.”

Dos de los mejores intelectuales que tiene la izquierda latinoamericana se juntaron a hablar hace unos meses en un hotel de Londres.  A tener una conversación amplia, franca, nada acartonada.  A ventilar ideas, reflexionar sobre la coyuntura mundial y a preocuparse mutuamente sobre los desafíos que enfrenta la Latinoamérica del siglo XXI.  Ese diálogo fue puesto en forma de libro y se llama “El siglo que despierta”. 

Ricardo Lagos, socialista, intelectual  y político chileno, miembro del equipo de gobierno del presidente Salvador Allende, quien fuera derrocado y muerto durante el golpe militar de septiembre de 1973.  Tras vivir exilios fue una de las figuras que, como dice el prólogo del libro, “puso en vilo a Pinochet y luego contribuyó decisivamente a deshacer su funesta construcción dictatorial”.  En el año 2000 se convierte en el tercer presidente de la democracia chilena – después de Patricio Aylwin y Eduardo Frei – apoyado por una coalición de partidos que gobernó el país por dos décadas ininterrumpidas. 

Todavía recuerdo la emoción que nos causó a miles de jóvenes su campaña y triunfo electoral.  Los mítines en la plaza Brasil, la celebración en el parque forestal con grupos musicales, y el nudo en la garganta que se nos hizo a todos en la plaza de la Moneda cuando el electo presidente Lagos salió esa misma noche a darnos su primer discurso al mismo balcón desde donde Allende había pronunciado el suyo, y al rendirle un homenaje póstumo se le quebró la voz y todos inundamos de inmediato ese espacio con aplausos y vítores.  

Carlos Fuentes (1928-2012), mexicano nacido en Panamá, diplomático, intelectual progresista, profundamente democrático, uno de los máximos exponentes de la narrativa mexicana.  Junto a Lagos, igualmente testigo y protagonista de ese intenso siglo XX que mi abuelo muchas veces comparaba con El Renacimiento.  Autor de obras como Terra Nostra, La silla del águila, Agua Quemada, Todas las familias felices, entre muchas muchas otras. 

En una de sus últimas entrevistas, al referirse a su oficio, a la creación literaria, Fuentes dijo que uno tenía que tener mucho miedo de escribir.  Porque no es un acto natural, como comer, hacer el amor o dormir.  Es un acto contra natura, es oponerle la escritura a la naturaleza y con ello decirle que no se basta a si misma sino que necesita otra realidad, un añadido que es la imaginación literaria.  Recordó también cómo la literatura no es una actividad inofensiva, ¡para nada!  De allí la violenta reacción que regímenes dictatoriales han tenido ante ciertas obras y sus autores.

Pues estos fueron los dos personajes que decidieron conversar sobre una gama amplia de temas, que van desde los efectos de la globalización, cómo seguir avanzando para superar la pobreza, el papel de la política, la importancia que tiene la cultura, el valor de las utopías, nuevos y viejos actores – Europa, Cuba, Brasil, España, China –, indigenismo, educación, fanatismos y el incierto futuro. 

Reflexiones todas en clave latinoamericana, matizadas por las experiencias que cada uno de estos dos intelectuales ha acumulado a lo largo de su vida.  Con mucha coherencia respecto de su visión del mundo, pero sobre todo con muchísima honestidad respecto a la ansiedad que los desafíos de este cambio de época les genera. 

Dos pincelazos solamente: Fuentes dice “(…) la continuidad de la cultura es sorprendente en América Latina.  Porque es una cultura multifacética, no es sólo multi-europea, sino que a través de España es árabe, es judía, es romana y es griega y es india y es negra y es mulata y es mestiza.  Y más adelante Lagos añade “Tenemos la lengua común pero lo que no hemos tenido es la voluntad común de Europa, que es una voluntad política de integración”.

Una constante atraviesa el diálogo, el valor del lenguaje común, la centralidad de la cultura y la imperiosa necesidad de pensarnos como región, en un mundo que progresivamente se piensa y articula en bloques para enfrentar los nuevos retos de naturaleza global.  Como nos dice el editor de la obra, Juan Cruz, la obra es de alguna manera una redición de otro diálogo parecido que en 2002 se dio entre Felipe González, presidente de España entre 1982 y 1996, y Juan Luis Cebrián, director-fundador del diario El País. 

Ese es el tono de la conversación fluida entre Fuentes y Lagos.  Si puede, léalo. 

Prensa Libre, 11 de octubre de 2012.


jueves, 4 de octubre de 2012

De la anécdota al dato

“(…) si no hay información estadística de soporte, la acción del Estado aparece muy débil, miope, carente de memoria de largo plazo, y limitada en sus capacidad para ser más eficiente y oportuna.”

La información estadística juega un papel fundamental en la administración pública moderna.  No es casualidad que países con un mínimo de institucionalidad y eficiencia en el funcionamiento de su Estado también cuenten con institutos de estadística autónomos y de mediana calidad. 

Sin información regular y sistemática estamos condenados a reinventar la rueda cada tantos años.  A soportar una práctica política repleta de discursos y buenas intenciones – a veces con la razón de su lado – pero sin la fuerza que da la evidencia empírica.  Así, sin información de soporte, los grandes debates se resuelven por el que somate la mesa más duro, el que tenga la narrativa más apasionada, el que cuente la anécdota más dramática, y no por quién tenga la propuesta más coherente, realista y viable. 

Sin sistemas de información es muy difícil imaginar y proyectar el mediano plazo, impulsar procesos de transformación productiva, evaluar impactos de política social, identificar retrocesos en reformas institucionales, corregir ineficiencias en el gasto público, documentar procesos, modificar rumbos, desmentir populismos. ¿Por qué? Porque el protoplasma cambia, la gente envejece, se harta, decide cambiar de empleo, se les termina el período de gobierno, y si no hay datos simplemente no hay memoria institucional. 

Por ejemplo, en el Estado, los que están en puestos de toma de decisión, en el mejor de los casos aguantan cuatro años la peña.  Y los de niveles técnicos, cuando no se mueven dentro del organigrama público de manera lateral, se quedan donde están con la boca callada para cuidar su chamba, ó simplemente se tienen que ir cuando llega el momento de pagar la factura política del partido gobernante de turno.    

De forma similar, proyectos y consultores financiados con recursos de cooperación internacional también cambian.  Se agotan sus financiamientos – sean de préstamo, donación o cooperación técnica –.  Y si bien es cierto que logran acumular un bagaje y experiencia que en ocasiones es muy útil, no siempre logran tener una visión de conjunto para hacer recomendaciones estratégicas que vayan mucho más allá del ámbito de acción de su proyecto específico.   

La academia, que podría ser el Pepe Grillo de la sociedad, contrastando teoría con evidencia empírica, analizando y recomendando cursos de acción a la acción del gobierno, sin no cuenta con datos estadísticos también queda maniatada.  Confinada a lo que puedan hacer con los recursos limitados que logren procurarse para levantar su propia información, la mayoría de las veces sin poder ir más allá de espacios territoriales pequeños.   

Finalmente, los ciudadanos, sujeto y razón de ser de proyectos y políticas de desarrollo, tampoco son tontos.  Aprenden con mucha rapidez a sacarle raja y maximizar los beneficios que les ofrezcan los de transferencias públicas que tienen a su disposición.  Saben que si para recibir unos pocos quetzales tienen que dedicar tiempo y energía a responder cuestionarios, encuestas, participar en talleres y grupos focales, pues que así sea.  A la postre, si no hay información estadística de soporte, la acción del Estado aparece muy débil, miope, carente de memoria de largo plazo, y limitada en sus capacidad para ser más eficiente y oportuna.    

Para proponer, implementar e innovar en política pública, hay que pasar de la anécdota al dato.  Con cuentos chinos difícilmente se convence a un inversionista, a un ministro, a un presidente, a un parlamento, a un donante ó a una institución financiera internacional.    

Prensa Libre, 4 de octubre de 2012.

viernes, 28 de septiembre de 2012

Ni de aquí ni de allá

“(…) allí nos estamos rifando el bono demográfico, la posibilidad de crecer a más del 6 ó 7% anual, las bases de la productividad del país para los próximos 20 años.”

A ese segmento de población joven que no está estudiando pero tampoco trabajando se les ha puesto el sobrenombre de “Ni-Ni” – ni estudia ni trabaja.  Sujetos que están como en un limbo social, depreciando día a día el poco capital humano que han logrado acumular.  Reflejando de la manera más cruda los fallos de un sistema educativo que los debiera estar bombardeando con conocimientos y herramientas nuevas, y de un mercado laboral disfuncional e incapaz de ponerlos a producir bienes, servicios, soluciones, y con ello generar riqueza. 

Los Ni-Ni latinoamericanos son la constatación tanto de un gasto público que puede llegar a ser muy ineficiente, como de una provisión privada, costosa y de pésima calidad.  De las imperfecciones de un mercado que contrata por recomendación más que por competencias.  Del divorcio entre las aulas y la práctica.

Pero más allá del diagnóstico, ¿se ha puesto usted alguna vez en los zapatos de estos muchachos? ¿se ha preguntado cómo se sentirán de pertenecer nominalmente a una sociedad que no tiene la menor idea de qué hacer con ellos?  Hombres y mujeres que están en la edad de formular su proyecto de vida y de dar los primeros pasos para perseguir sus sueños.  Pero que solamente encuentran callejones sin salida que los orillan a la informalidad, la migración o el ilícito.     

Muchos de ellos han hecho sacrificios enormes por comprar el derecho a educación y salud, porque les hemos repetido hasta el cansancio que esa es la (única) solución para salir de la pobreza, la ruta para encontrar un trabajo donde devenguen un salario suficiente, el recetario para llegar a ser alguien y tener algo en la vida.  Sin embargo les hemos mentido, o por lo menos no les hemos contado la historia completa.  No por mala fe, sino porque nosotros, los adultos de hoy, tampoco lo tenemos muy claro.

Un reporte de CEPAL y el Fondo de Población de Naciones Unidas, publicado recientemente en medios, es fulminante: en Guatemala un millón de muchachos guatemaltecos son Ni-Ni’s.  Y si estrujamos un poco más los datos y repartimos ese millón en subgrupos de acuerdo a su edad la situación es todavía más grave: 1 de cada 5 entre 15 y 19 años es Ni-Ni, 1 de cada 4 entre 20 y 24 años es Ni-Ni, y ¡1 de cada 3! entre 25 y 29 años es Ni-Ni.  De manera que a los clásicos determinantes de nuestra pobreza y desigualdad – habitar en territorios rurales, ser mujer y ser indígena – ahora hay que sobreponer una capa adicional, que viene a hacer todavía más complejo aún el diagnóstico de nuestro atraso: ser joven – aunque sea con alguna escolaridad – dejó de ser garantía de sueños, oportunidad y futuro.

Si fuéramos un país en donde la mayoría de su población es vieja o está en vías de serlo, quizás esto no sería tan grave.  Pero siendo el capital humano joven nuestro factor de producción más abundante, esta situación es una auténtica bomba de tiempo.  Debiéramos estar sonando todas las alarmas porque allí nos estamos rifando el bono demográfico, la posibilidad de crecer a más del 6 ó 7% anual, una reducción sostenida de la pobreza y la desigualdad, la construcción de una ciudadanía cohesionada y participativa, y las bases de la productividad del país para los próximos 20 años.  ¿Le parece poca cosa?

Más nos vale entonces poner las barbas en remojo y tomarnos un poco más en serio a estos patojos antes de que el cobro de la factura sea demasiado alto. Lo que tenemos ante nuestros ojos es ni más ni menos que una redición de la trampa de pobreza.  

Prensa Libre, 27 de septiembre de 2012.



jueves, 20 de septiembre de 2012

El relato guatemalteco

“Nos falta ese imaginario equivalente al sueño americano o al Estado de bienestar que oriente, acote, y otorgue un grado mínimo de concreción al discurso político.”

Leí hace unos días un artículo de José Ignacio Torreblanca – profesor, think tankero y columnista, como se define en la página del diario español El País – titulado “El relato”.  Fundamentalmente hace una crítica a la manera en que la clase política dialoga con sus sociedades, a cómo traslada sus mensajes y cómo interactúa con sus electores a partir de la interpretación de un imaginario social.  Ese que en los años de la posguerra se podía alcanzar a partir de una oferta política acotada, ideológicamente hablando: liberales o conservadores, socialdemócratas o demócrata-cristianos.  

Usando como ejemplo a Occidente: Estados Unidos y Europa, Torreblanca señala las consecuencias de la mutación que han tenido los partidos políticos, sacrificando claridad y coherencia en sus planteamientos en aras de capturar al votante medio y hacerse del poder.  Lo que tantas veces hemos dicho en Guatemala respecto a los comités electoreros que tenemos por agrupaciones políticas, que (sic) “en su aspiración a gobernar, están dispuestos a hacer gala de toda la flexibilidad ideológica que haga falta y, lo que es más, no solo no hacen ascos a los votos que provienen del campo contrario sino que diseñan estrategias específicas para captarlos.”

La clase política en Occidente ha cambiado de instrumento para comunicarse con su sociedad (con sus votantes).  Mientras que los políticos norteamericanos apelan con mucha fuerza al sueño americano y quién de sus líderes en contienda lo representa de mejor manera, en Europa se aferran a su Estado del bienestar y las reformas que haya que hacerle para que siga asegurando a salud, educación y una vejez digna.  En dos palabras: protección social. 

La reflexión me pareció pertinente para Guatemala – y quizás para la mayoría de latinoamericanos – en dos dimensiones. En primer lugar, por la relevancia que tiene con relación a los vehículos que usa nuestra clase política para hacerse de votos y gobernarnos.  Tanto en Occidente como en nuestro país, las ideologías parecen haber entrado en desuso para leer y proponer soluciones a nuestros problemas estructurales. 

Pero además, el agravante en el caso latinoamericano es que no se tiene un relato propio al que podamos apelar.  Nos falta ese imaginario equivalente al sueño americano o al Estado de bienestar que oriente, acote, y otorgue un grado mínimo de concreción al discurso político.  En otras palabras, los latinoamericanos ¿a qué aspiramos? ¿cuál es nuestro referente?

Probablemente mucho de esto está conectado, al menos en el caso de Guatemala, con la enorme debilidad institucional que tanto hemos señalado muchos.  Esa anorexia de nuestro Estado y sus instituciones, que no solamente tienen el efecto concreto de no ser capaz de resolver urgencias básicas como salud, educación, seguridad y justicia, sino que en un plano más abstracto, tampoco constituye referente de nada para la población. 

Por consiguiente, al carecer de ese relato nacional, lo que nos queda son referencias parciales, identidades de grupo, una colección de imaginarios más chiquitos que representan a colectivos específicos pero que no representan a la sociedad en su conjunto: indígenas, campesinos, capitalinos, militares, empresarios, etcétera. 

¿Cuál es el sueño guatemalteco – en contraposición al americano? ¿cuál es el tipo de Estado que buscamos – si no es el del bienestar a la europea? ¿cuál es la institucionalidad mínima que necesitamos para hacer viable cualquiera que decidamos sea nuestra aspiración como país?  Porque de una cosa debemos estar claros: un relato sin institucionalidad es un cascarón de carnaval – ruidoso, coloreado, pero finalmente frágil y vació de contenido. 

Prensa Libre, 20 de septiembre de 2012.