jueves, 27 de marzo de 2014

Gasto público pulverizado

“Ningunear la relación del Estado con colectivos pequeños –barrios, cooperativas, etc.– a cambio de priorizar la relación directa Estado-individuo es un disparo en el pie.”

Una de las recomendaciones que se hace a los países para mejorar la eficiencia de su gasto público es la constitución de registros de beneficiarios.  El objetivo que persiguen estos sistemas es focalizar tanto como sea posible para que los recursos lleguen a una población determinada que se pretende atender en función de un objetivo de política en específico: niños en edad prescolar, adultos mayores, jóvenes, indígenas, entre otras. 

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los registros o padrones de beneficiarios no es algo de fácil implementación.  Primero, porque montarlo requiere un esfuerzo inicial importante, que no siempre es la prioridad de los gobernantes de turno.  Segundo, porque para que cumpla con su cometido, el registro necesita mantenerse actualizado, lo cual demanda mucha coordinación entre distintas dependencias –cosa que no es fácil en el sector público de cualquier país del mundo–.  Y tercero, porque exige un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas de parte del gobierno, lo cual rinde frutos a mediano plazo por sobre los beneficios inmediatos de mantener a una población políticamente capturada (fidelizada) por la vía de entregar transferencias directas de fondos públicos. 

Aun así, en algunos países se ha logrado superar este período inicial de aprendizaje y consolidación, y los registros de beneficiarios se han llegado a convertir en pieza clave para la asignación y ejecución de una buena parte del gasto público. 

Pero conceptualmente hay otra crítica fundamental a esta herramienta, de la que se habla mucho menos: el riesgo de pulverización de la política fiscal.  Los registros, tal y como se han concebido hasta hoy, pueden diluir muchísimo el efecto del gasto público, convirtiendo un caudal importante de recursos en una brisa insignificante y de bajo impacto.  ¿Por qué?

El tipo de transferencia directa que se monitorea con estos instrumentos tiene como supuesto subyacente que todo o casi todo se puede resolver por la vía de acciones y relaciones entre el Estado y el individuo.  En otras palabras, se asume que los efectos indeseables de un fenómeno externo o política económica se pueden mitigar a través de una transferencia directa a las personas: pobreza monetaria, discriminación a ciertos grupos sociales, reconversión productiva para enfrentar efectos de liberalización económica, mitigación ante el cambio climático, etcétera.

En algunos casos puede que esa sea la estrategia correcta, pero ese no es siempre el caso.  De hecho, la evidencia más reciente en países que han tenido éxito en reducir pobreza apunta a la necesidad de intervenir con inversiones públicas no solamente a nivel individual sino colectivo.  Es decir, hay otras acciones de carácter grupal que son importantes, y que demandan cantidades de recursos que superan los montos que usualmente se transfieren a una persona de manera individual. 

Aquí no me refiero solamente al financiamiento para la generación de bienes públicos con objetivos muy deseables como alcanzar mayor cohesión social o fortalecer el capital social.  También para el logro de rentabilidad y sostenibilidad económica se requieren inversiones de mayor escala: una planta procesadora, un beneficio de café, un centro de almacenamiento, etc. 

Así, el diseño y uso de instrumentos como los padrones de beneficiarios para la focalización del gasto púbico deben también capturar esta otra dimensión colectiva, tan importante y complementaria a las intervenciones dirigidas a individuos.  Ningunear la relación del Estado con colectivos pequeños – barrios, cooperativas, etc. – a cambio de priorizar la relación directa Estado-individuo es un disparo en el pie.

Prensa Libre, 27 de marzo de 2014. 

 

 

 

jueves, 20 de marzo de 2014

Por donde se vea da igual(dad)

“(…) invertir en sus instituciones, en educación, en Estados fuertes que son capaces de utilizar el músculo de la política fiscal para dar más oportunidades a la población menos aventajada.”

De un tiempo a esta parte es muy notorio la importancia que ha cobrado el tema de equidad en agendas nacionales, regionales y hasta globales.  Casi para donde uno voltee a ver saltan análisis, políticas públicas, programas de gobierno, y debates entre intelectuales sobre el tema.

En América Latina esto es muy claro, y lo interesante es que el mensaje ya no proviene exclusivamente del bando de izquierdas.  Paulatinamente se van sumando otras voces.  Como si poco a poco nos moviéramos hacia la construcción de un consenso mínimo sobre el tema.  Juzgue usted con los ejemplos siguientes.     

El Banco Mundial, institución que repetidamente ha señalado la importancia de la equidad en varios de sus informes regionales y mundiales, ahora vuelve a la carga con un trabajo titulado “Ganancias sociales en la balanza en América Latina y el Caribe”.  Allí nos alerta sobre la pérdida de dinamismo que ha tenido la reducción de desigualdad en la región, y el papel que puede jugar la política fiscal para seguir avanzando. 

El Fondo Monetario Internacional también aporta lo suyo con dos recientes estudios que miran esa relación entre desigualdad y crecimiento, sugiriendo que aquellos países con baja desigualdad tienen un mejor desempeño en términos de sostener su crecimiento en el tiempo en lugar de tener solamente algunos buenos años por aquí y por allá.              

Paul Krugman,  premio Nobel en Economía, aprovecha la posición del FMI para poner sobre la mesa la necesidad de mantener permanentemente la guarda alta, y no convertir regularidades empíricas de otras épocas en dogmas de fe.  Nos recuerda cómo aquella máxima que estudiamos en Economía sobre el supuesto “trade off” entre eficiencia y equidad postulado por Arthur Okun, parece perder validez. 

En la arena política, muchos países latinos colocan el tema de la equidad como eje central de su agenda.  Para ello utilizan diversos caminos y estrategias.  En Colombia, por ejemplo, lo hacen a través de la discusión sobre el cierre de brechas entre el campo y la ciudad.  Chile y Uruguay lo hacen reconociendo con reformas y gasto público el inmenso poder transformativo que tiene la inversión en educación.  Brasil mantiene viva la discusión de cómo seguir avanzando en sus esquemas de protección social para reducir pobreza y desigualdad, a la vez que su creciente clase media demanda cada vez más calidad de servicios públicos y movilidad social. 

Esto no es casual ni mucho menos mágico.  Justamente son países del cono sur y andinos los que mejor desempeño relativo han tenido en términos de desarrollo y de innovación en su política pública.  Y lo han logrado sobre la base de invertir en sus instituciones, en educación, en Estados fuertes que son capaces de utilizar el músculo de la política fiscal para dar más oportunidades a la población menos aventajada. 

Los nexos entre sociedades muy desiguales, con bajo niveles de cohesión social, precaria gobernabilidad, tendencia a la conflictividad, apatía política e indiferencia ante arreglos institucionales democráticos se hacen cada vez más evidentes.  Así, tanto en el campo técnico como político, en el plano nacional como internacional, hay un viento en cola que sopla a favor de la equidad. 

Es como si finalmente nos damos cuenta que la salida del atraso pasa por allí.  Por donde se vea da igual(dad).
 
Prensa Libre, 20 de marzo de 2014.

 

 

 

miércoles, 5 de marzo de 2014

A diagnósticos compartidos, respuestas disímiles

“(…) mirar lo rural ya no solamente como un espacio agropecuario sino como algo mucho más complejo y cambiante.”

En estos días el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Colombia instalará la “Misión de Política para el Desarrollo Rural y Agropecuario”.  Han puesto al frente de este esfuerzo a José Antonio Ocampo, ex ministro de hacienda y de agricultura de su país y también ex secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).  Tendrá además un consejo directivo integrado por exministros de agricultura y otros expertos, académicos e investigadores nacionales e internacionales.  Es quizás la señal más clara del gobierno a la prioridad que adquiere el desarrollo rural como tema de agenda nacional. 

La Misión se ha propuesto cinco ejes temáticos: 1. rol de lo rural en el desarrollo del país, 2. desarrollo rural para el cierre de brechas sociales, 3. provisión de bienes públicos para el campo, 4. desarrollo agropecuario sostenible y competitivo, 5. arreglo institucional moderno y eficiente. 

Subyace a este esfuerzo tres elementos estratégicos.  Primero, conceptualmente, mirar lo rural ya no solamente como un espacio agropecuario sino como algo mucho más complejo y cambiante.  Segundo, desde una perspectiva de viabilidad política, el ejercicio será con lógica de “presupuesto base cero”.  Es decir un fuerte énfasis en la utilización racional y eficiente de los recursos públicos que se requerirán para ejecutar dicha agenda.  Y tercero, se ha puesto mucho énfasis en no inventar la rueda, sino más bien hacer un esfuerzo de acopio de experiencias internacionales que ilustren y orienten, permitiendo luego encontrar la combinación que más sirva al contexto país. 

Pero, ¿por qué tanto alboroto con el campo colombiano?  Para comenzar, el diagnóstico del sector rural no es muy distinto de lo que encontramos en la región: territorios con mucho menor (a veces nula) presencia del Estado, con grandes brechas en desarrollo humano y social, menor cobertura y calidad en educación y salud, infraestructura, etcétera.  Esto que ya es problemático en sí mismo, se acentúa cuando el dinamismo de los últimos años que ha tenido el país no se logra traducir en mejores condiciones de vida para la población rural. 

Un medio de comunicación local citaba que  “existe un consenso nacional en el sentido de que el ámbito rural ha sido el escenario de buena parte de las problemáticas del país, esto es de la pobreza, el conflicto, la desigualdad, el despojo y la informalidad.”  Un dato muy revelador de su complejidad y explosividad es que el último censo nacional agropecuario fue hecho ¡hace 40 años! 

Algunos especialistas piensan que esta es hoy por hoy una de las agendas rurales más ambiciosas de Latinoamérica.  Habrá que seguirle muy de cerca la pista para saber a qué ritmo avanza, qué se va aprendiendo en el camino, y qué impacto logra finalmente tener en la transformación rural.    

Lo interesante para nosotros, guatemaltecos, es que allá en Colombia, país de ingreso medio, culturalmente diverso, rico en recursos naturales, cafetalero, agroexportador, y en vías de cerrar un conflicto armado de tan larga data, se comiencen a hacer planteamientos de esta naturaleza y envergadura.  Y aquí, con un diagnóstico tan compartido, ¿por qué una respuesta tan disímil? 

Prensa Libre, 6 de Marzo de 2014.