De informal a formal

“La transformación real solamente podrá venir de mejoras significativas en la principal materia prima con que contamos: las y los guatemaltecos, sean estos gerentes o colaboradores de una empresa.”

La informalidad en nuestros mercados laborales generalmente es vista como algo indeseable.  Y en un sentido probablemente lo sea.  Todos sin excepción buscamos un espacio en la sociedad en donde podamos hacer algún aporte, sentirnos útiles, y hacernos de manera autónoma de los medios económicos suficientes para poder atender nuestras necesidades y las de los nuestros.  Es por ello que los especialistas definen el trabajo como el medio de integración social por antonomasia.  

Sin embargo, la realidad en la gran mayoría de países en desarrollo es muy distinta a esa aspiración.  Aquí hay un buen número de personas que no logran una inserción laboral con calidad ni estabilidad.  Año a año hay generaciones nuevas de jóvenes que entran a competir a un mercado laboral que es incapaz de asignarlos según sus capacidades y remunerarlos según su productividad. 

Esto a la larga genera efectos indeseables a todo nivel.  En el plano personal, genera mucha insatisfacción y frustración pues el pasar de las aulas a un empleo productivo y bien remunerado se convierte en un salto mortal, que de hecho sucede mucho menos de lo que pensamos.  Y en el plano social no es difícil imaginar cómo la acumulación de historias individuales como estas van fermentando un desasosiego y desilusión hacia un sistema que no cumple con su promesa: remunerar el esfuerzo individual.  ¿En dónde se rompió la cadena de transmisión?

La respuesta es compleja.  No hay explicación ni receta únicas.  Lo que tenemos son algunas hipótesis posibles que tienen que ver con el nivel de carga impositiva, contribuciones a la seguridad social y demás regulaciones que puedan existir en los mercados laborales.  Es decir, un conjunto de “desincentivos” a la generación de empleo formal.

En el caso de Guatemala esta es solamente una parte –quizás la menos importante, por cierto– de la historia.  En este país los niveles de tributación y de contribuciones a la seguridad social continúan siendo bajos en comparación con otras economías de tamaño y características similares.  De manera que es muy poco plausible cargar demasiado la mano en esa dirección.    

Entonces probablemente la historia tenga que ver con otros factores, como por ejemplo la capacidad gerencial real con que contamos en la economía nacional y la calidad del capital humano que está acumulando la fuerza laboral.  Ambos son factores que determinan la productividad y la generación de empleos formales.  El primero –capacidad gerencial– porque permite identificar oportunidades de negocio, de adopción de tecnología y de generación de innovaciones y valor agregado; y el segundo –capital humano– porque condiciona el tipo de actividad productiva que se puede realizar, la movilidad de la fuerza de trabajo y sus posibilidades de reconversión ante cambios en la estructura económica del país.  

En ambos casos es el factor humano el que estaría operando como la principal restricción al crecimiento, a la productividad, y con ello a la posibilidad de generar más empleos formales (estables y de calidad). Allí está el nudo ciego y por allí habría que comenzar cualquier estrategia de empleo formal a mediano plazo.  En un país como este, mirar a las regulaciones y al nivel de impuestos puede ser importante, pero ciertamente no lo más importante.  La transformación real solamente podrá venir de mejoras significativas en la principal materia prima con que contamos: las y los guatemaltecos, sean estos gerentes o colaboradores de una empresa. 

Aunque, en honor a la verdad, también hay que decir que todas estas discusiones tienen muy poco asidero empírico en Guatemala.  El estudio de los mercados laborales no ha sido una prioridad en la agenda gubernamental, ni siquiera de los centros de investigación y academia, en donde se esperaría encontrar reflexiones más acabadas sobre problemas estructurales que inhiben un proceso de desarrollo más vigoroso e incluyente.  Vuelvo a arrojar el guante…  

Cuatro lecciones del campo latino

“(…) la acción colectiva puede tener una naturaleza, dinámica y peso específico distinto al que estamos acostumbrados a ver desde nuestro prisma urbano.”

Cada viaje a Latinoamérica siempre es una provocación.  Un cable a tierra que alimenta la búsqueda de formas alternativas para cerrar brechas de desarrollo.  No cabe duda que nuestra región es un hervidero de ideas y ensayos, de los cuales podemos y debemos aprender.  Hoy dejo a los latinos por un tiempo para atender otras tareas en otras partes del mundo, y quizás sea por eso que me salieron estas cuatro lecciones que me permito dejar en blanco y negro.    

La primera lección que me llevo tiene que ver con los mercados.  Aunque ese sea el horizonte deseable, es claro que no todas las cooperativas ni pequeños productores se convertirán en exportadores ni se insertarán en grandes cadenas de valor a nivel global ni regional.  La aspiración está bien, pero la realidad dicta otra cosa.  Lo normal es un proceso de consolidación de organizaciones de productores que les permita encontrar un nicho en mercados locales, en ciudades intermedias y-o cabeceras departamentales –o en programas de compras públicas, cuando estos existan–. 

La segunda lección tiene que ver con el comportamiento cooperativo.  Aunque parezca paradójico en una economía de libre mercado, promover programas públicos que actúen como facilitadores de aprendizaje campesino a campesino, cooperativa a cooperativa, organización a organización, es un modelo que puede funcionar muy bien.  Buscar la competitividad de los pequeños productores no implica un ambiente de descarnada competencia en donde las organizaciones más grandes terminan fagocitando a las más pequeñas.  Hay ejemplos que demuestran cómo la cooperación a través del aprendizaje horizontal puede tener lugar en un esquema donde todos ganan.  Quizás porque todavía hay un mercado y demanda insatisfecha suficientes que pueden absorber a muchos más oferentes, o tal vez porque la acción colectiva puede tener una naturaleza, dinámica y peso específico distinto al que estamos acostumbrados desde nuestro prisma urbano.    

La tercera lección tiene que ver con la viabilidad política y social de la transformación rural.  Los ejemplos exitosos que se encuentran en la región casi siempre comparten dos características fundamentales: por una parte, un fuerte liderazgo político al más alto nivel posible, el cual le da sentido de dirección, espacio y tracción suficiente dentro de las instituciones públicas; y por la otra, una construcción de propuestas desde la base misma de las organizaciones, lo cual le da la legitimidad necesaria a cualquier propuesta para después entrar en procesos de negociación con otros actores sociales. 

Finalmente, la cuarta lección tiene que ver con la saludable tensión que está teniendo lugar en Latinoamérica entre la política social y la política de fomento productivo.  Cada vez más estamos abandonando el enfoque de silos, en el cual la política social hacia su parte sin importarle lo que sucedía en el campo del fomento productivo.  Cada vez más encontramos ejemplos concretos en donde los gobiernos se están preguntando cómo tender puentes entre una y otra política, de manera tal que la acción pública sea más eficiente y costo-efectiva. 

Dicho lo anterior, también hay que enfatizar que la mayoría de las veces es el bando de la protección social el que está buscando el acercamiento con el bando del fomento productivo, probablemente porque tienen mucha más evidencia acumulada –evaluaciones, seguimiento regular, continuidad, etc.– lo cual les ha permitido darse cuenta de las limitaciones que tiene seguir con un enfoque sectorial para el desarrollo rural.  Da igual.  En este caso no importa quién tire la primera piedra.  Lo fundamental es aprovechar el espacio de diálogo intersectorial que se ha abierto a lo interno de los Estados, del cual seguramente emanarán nuevos modelos de desarrollo para pequeños emprendimientos rurales agrícolas y no agrícolas.     

Todo esto ya está sucediendo en la región, no son teorizaciones sin fundamento.  Y Guatemala tiene la oportunidad de beneficiarse acortando tiempos de aprendizaje y poder así encontrar la mezcla propia que se necesita para cerrar las brechas de desarrollo que caracterizan a nuestra ruralidad. 

Pero para eso es importante salir a darse una vuelta por el barrio y ver y preguntar cómo se cuecen las habas del otro lado del río. 

Pedro el Miskito

“(…) los economistas usualmente omitimos de nuestro análisis el valor cultural y de cohesión social que pueda tener un factor de la producción.”

Visité Pearl Lagoon hace poco más de un año.  Esa vez llegamos a Bluefields por aire, y de allí tomamos una “panga” (lancha) que nos llevó hasta allá.  Fue un trayecto inolvidable.  Vegetación exuberante, población amable, era como estar metido en una novela de García Márquez, atravesando la versión nica del Magdalena colombiano. 

Esta vez teníamos muy poco tiempo, así que nos fuimos directo desde Managua.  Al llegar nos recibió la comunidad con su característica calidez. Como de costumbre, durante la visita nos mostraron algunos de sus proyectos de desarrollo y también tuvimos espacio para dialogar con miembros de las organizaciones de productores y autoridades locales. 

A la hora del almuerzo comenzaron las palabras de agradecimiento, obsequios, fotos, y despedidas.  De repente se levanta un orador en nombre de los Miskitos y con mucha sencillez y claridad comenzó a darnos una explicación del sentido que para ellos tiene la propiedad comunal de la tierra.  Nos hizo una reseña del significado que tiene para esas poblaciones que han habitado el lugar desde hace varios siglos.  Nos habló de cómo la propiedad colectiva es para ellos no solamente factor de generación de ingresos, sino de cohesión social e identidad. 

“Si tomas a uno de nosotros y le quitas la tierra, ¡se vuelve nadie! Para nosotros la tierra es tan importante que la llamamos Mother Land.  Esa es la manera como nos relacionamos con la tierra, como con nuestra mamá, y por eso estamos dispuestos a defenderla hasta con el último aliento de vida que nos quede.  Porque ¿quién de ustedes no defendería a su propia madre así?”

Continuó hablando sin notas en la mano, sin ningún discurso preparado, simplemente como le fuera saliendo.  Y a medida que avanzaba capturó nuestra atención por completo, se emocionaba él y nos contagiaba a todos los demás. 

Pero más allá de la emotividad de la anécdota, lo que quiero rescatar hoy es este tema viejo de la tenencia de la tierra.  El reconocimiento de distintas formas de propiedad, incluyendo la comunitaria, aporta una perspectiva distinta al pensamiento económico “mainstream”, muy acostumbrado a pensar en clave individual.  Lo colectivo, lo social, como que muchas veces estorba a los economistas, y para salir del problema analítico o práctico que nos provoca, lo asociamos con teorías de bienes públicos, la tragedia de los Comunes, e ineficiencia económica en el uso de los recursos.  

Los economistas usualmente omitimos de nuestro análisis el valor cultural y de cohesión social que pueda tener un factor de la producción, en este caso la tierra.  Y en países con tejidos sociales complejos como Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Perú, Brasil, por citar algunos ejemplos de la región, este es un vacío muy importante que genera lecturas incompletas y equivocadas sobre la sociedad en la que vivimos y a la que aspiramos darle unas condiciones de vida cada vez mejores. 

Pedro Enrique Ordoñez se llama este hombre de origen Miskito, que con la sabiduría que dan los años y la riqueza cultural de estos pueblos de la costa atlántica nicaragüense, fue capaz de provocar esta reflexionan.  Creo que de la historia de aquel país y sus regiones autónomas en el Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS), así como de los ejidos y comunidades en México, podemos los guatemaltecos obtener elementos para sacarle más partido a nuestra propia multiculturalidad.

La diversidad es riqueza, no lastre.

El perfil de la agricultura familiar

“Allí, el papel de extensionistas y asistentes técnicos es fundamental para cerrar esa brecha entre el Estado y el productor.”

Las Naciones Unidas declararon el 2014 el año de la agricultura familiar, en un esfuerzo por visibilizar la importancia que tiene este subsector de la agricultura para la reducción de la pobreza y hambruna.  En ese marco, todas las agencias del sistema que tienen relación directa o indirecta con la agricultura han estado llevando a cabo distintas actividades para reflexionar sobre el papel y las perspectivas que este segmento de población tiene. 

En el caso del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, para la región de América Latina preparamos un estudio sobre el perfil que tiene la agricultura familiar.  Lo hicimos en asociación con RIMISP y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, así como con diferentes centros de pensamiento en ocho países.  El mismo será presentado el día de hoy por el Presidente del FIDA, Doctor Kanayo Nwanze, en un seminario organizado por El Colegio de México (detalles del evento en el siguiente sitio: http://ifad.org/media/press/2014/alert/3_s.htm). 

El objetivo principal del estudio fue  examinar las características de la agricultura familiar en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Brasil y Chile, construyendo una tipología que permita entender de mejor manera las contribuciones que dicho sector hace a la economía rural. 

La muestra de países ya ofrece una riqueza suficiente para, además de la cuantificación económica, darnos cuenta de la heterogeneidad que se tiene con relación al concepto mismo de agricultura familiar a lo largo del continente.  Pero además también permite sondear el nivel de apropiación en cada país y el espacio que puede tener en la política pública nacional. 

Así, por una parte resaltan los avances significativos que hay en el Cono Sur, el cual cuenta con definiciones legales, instituciones públicas y presupuesto asignado por el Estado para invertir en el sector –Brasil es seguramente el país en donde la agricultura familiar está más consolidada–.  Pero por la otra, a medida que nos movemos al norte del continente es claro cómo se va perdiendo tracción, claridad política y conceptual, que se refleja incluso en la falta de instrumentos de medición para monitorear a la agricultura familiar.  Para suplir este déficit de información se tuvo que recurrir a encuestas para medir la evolución de la pobreza.    

Con esto más, siendo la región tan heterogénea (desigual), las diferencias al interno de los mismos países también son una característica a tomar en cuenta.  De manera tal que para plantear estrategias de desarrollo a la agricultura familiar se hace necesario un abordaje territorial –territorios funcionales, por citar un ejemplo–, que reconozcan el entorno (p.e. mercados, infraestructura e institucionalidad) en el cual deben interactuar este tipo de productores.     

Finalmente comentar sobre dos de las varias recomendaciones que hace el estudio.  Primero, el acceso a mercados ha sido una constante en cualquier discusión sobre el agro.  No basta con garantizar insumos que aumenten la producción y quizás hasta la productividad si no hay un mercado en dónde colocar los productos.  Y dicho acceso a mercados muchas veces se ha igualado con agricultura por contrato, la cual si bien es cierto es un tipo de mercado, ciertamente no es el único del que se puede echar mano.  Los mercados locales y el músculo del Estado en programas de compras públicas para abastecer a la política social, son dos ejemplos concretos de lo que se puede hacer para dar a acceso a los productores a vender sus producción. 

En segundo lugar, el estudio enfatiza el esfuerzo adicional que debe hacerse para conectar a productores con programas y políticas púbicas que ya existen, pero que por falta de información adecuada muchas veces no llegan a la población que más lo necesita y que debería demandar activamente dicho apoyo.  Allí, el papel de extensionistas y asistentes técnicos es fundamental para cerrar esa brecha entre el Estado y el productor, sin que necesariamente implique crear nuevos programas. 

Lo invito a darle una hojeada al informe síntesis (http://ifad.org/pub/lac/ff_lac.pdf).  El libro completo estará disponible en el mes de agosto.   

De protección social a protección productiva

“(…) tal coordinación no sucederá en automático.  Requiere de claridad, voluntad y liderazgo político que logre alinear los diferentes programas públicos en el terreno.”

En los últimos dos días fui invitado como parte de un equipo multidisciplinario a discutir las primeras ideas de lo que será el siguiente reporte de la FAO.  Todas las agencias y organismos multilaterales tienen uno.  El Banco Mundial produce su World Development Report (WDR), el PNUD su Informe de Desarrollo Humano (IDH), y en el caso de la FAO es el State of Food and Agriculture (SOFA).       

Este año el tema que han escogido es la relación entre protección social y agricultura.  Confieso que para mí fue como canto de sirenas porque soy un convencido –¡conste que no fanático!– de la protección social y su potencial para detonar mayor cohesión social, gobernabilidad y con ello mejores condiciones para un crecimiento económico robusto y sostenido.

Poco a poco comienza a ganar tracción, la necesidad de encontrar formas de mayor coordinación entre las diferentes acciones de los Estados nacionales en favor de un segmento de población que es beneficiaria de diferentes políticas y programas de gobierno.  Para el caso de la población rural las políticas agrícolas y de protección social probablemente son en la actualidad las dos caras más visibles del gasto público.        

La importancia que para la actividad agrícola a pequeña escala (agricultura familiar) pueda tener la protección social se puede concebir a dos niveles: micro y macro. 

A nivel micro, los hogares que son beneficiarios de protección social pueden, en principio, beneficiarse de un proceso paulatino de acumulación de capital humano –los niños van a la escuela y centros de salud–, y con eso pueden potencialmente ser más productivos.  Pero además, a través de las transferencias en efectivo o en especie que reciben los hogares con programas de protección social pueden también generase beneficios económicos más inmediatos, que permitan a los hogares suavizar consumo, asegurarse mínimamente contra ciertos shocks, o incluso capitalizar algunos pequeños emprendimientos que forman parte de la pluri-actividad que muchos de ellos tienen como estrategia de subsistencia. 

Pero a nivel macro hay potenciales ganancias de una mejor coordinación entre el gasto público agrícola y el gasto en protección social, las cuales deberían redundar en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos fiscales.  Hay un espacio claro para evitar duplicidades que suceden en el terreno – comunidades y territorios – y que podrían subsanarse con una definición más estratégica de los servicios de extensión. 

Por supuesto que tal coordinación no sucederá en automático.  Requiere de claridad, voluntad y liderazgo político que logre alinear los diferentes programas públicos en el terreno.  De otra manera caemos en el engaño de creer que con solo sumar aritméticamente los programas del ministerio A con los de la secretaría B y la municipalidad C, por arte de coctelería se habrá alcanzado tal eficiencia. 

Finalmente, un efecto no buscado pero igualmente importante es sumar a la discusión  a los ministerios de hacienda, que típicamente no están muy presentes en la dinámica más operativa del gasto agrícola y de protección social.  Coordinar obliga a buscar formas alternativas y más eficientes para presupuestar, operar y monitorear los recursos públicos. 

Así, la caja de herramientas parece que se nos ensancha.  Conceptualmente nos estamos moviendo de la sola idea de redes de protección social hacia redes de protección productiva.   

Reflexionar sobre estos temas será cada vez más la norma y necesidad de los Estados modernos.  Por lo menos en América Latina, región en la que ya hay un consenso sobre la necesidad de repensar institucionalidad y formas alternativas de ejercer el gasto público, porque las tasas de reducción de pobreza, desigualdad y productividad no son suficientes para dar el salto cualitativo que se necesita. 

Guatemala no está fuera de esta dinámica. Al contrario, quizás estemos a la zaga del pelotón latino.  Aquí la protección social todavía se asocia a objetivos electorales y la economía familiar se iguala al discurso reivindicativo de más tierra para campesinos.  ¡Nos urge modernizar el vocabulario! Y para ello análisis como este que hoy está gestándose en la FAO pueden servir de palanca para abrir espacio político dentro y fuera del gobierno.