“(…) pareciera que tenemos una cierta sospecha inconsciente con relación al gasto social.”
Las últimas tres décadas nos han dejado muchos aprendizajes en América Latina en términos de gestión y política económica. Quizás la enseñanza mayor tiene que ver con la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica como condición básica para avanzar en cualquier otro espacio de la gestión pública. De eso se ha escrito y documentado profusamente.
El texto “Ensayos sobre economía mexicana” de David Ibarra resume mucha de esta discusión. Aunque escrito para aquel país, es perfectamente aplicable para toda la región al decir cosas como que (sic) “los nuevos paradigmas abandonan la idea de que el ritmo y la estabilidad del desarrollo, el cierre de la brecha con las naciones avanzadas, constituya el meollo de la política económica de las naciones periféricas. En su lugar, las preocupaciones se han desplazado hacia la búsqueda de la estabilidad macroeconómica y de precios de cara a la integración de los mercados internacionales. La disciplina fiscal y la eficiencia parecen ganar la batalla a los valores de la igualdad y la solidaridad sociales”.
Ibarra lo plantea como una batalla entre agendas de política pública. Yo prefiero enfocarlo como una minimización temporal de la equidad como prioridad de los países, que encontró su momento más agudo durante los años del ajuste estructural y el desmantelamiento del Estado latinoamericano.
Dicha minimización pareciera estarse revirtiendo. La equidad recupera espacio en las agendas políticas de los latinoamericanos. Lo interesante es que esto no sucede solamente en países en desarrollo. Más bien, en dicha vuelta a escena de la equidad como elemento central, ha jugado un papel fundamental el cuestionamiento que las clases medias en los países industrializados se están haciendo, sobretodo durante estos últimos años post Lehman Brothers y la inequitativa distribución de los costos que ha supuesto el ajuste económico por el que atraviesa la mayor parte de economías de Europa y Estados Unidos.
Pero además de lo anterior, es interesante resaltar otra mega tendencia que acompaña este retorno de la equidad a la esfera de la política pública. Tiene que ver con una cierta obsesión de gobiernos y organismos internacionales por evaluar el uso de los recursos destinados al gasto social.
Sectores como salud, educación y protección social se han visto sometidos a complejos procesos para documentar productos, resultados e impactos, muchas veces utilizando métodos ultra sofisticados. Mecanismos que, además de costosos, son monopolizados por una elite mundial de tecnócratas ilustrados, ante la cual el resto de mortales no tenemos más opción que tragar sus conclusiones, sin más asidero que la buena fe que puedan tener en lo que hacen.
Lo curioso es que este mismo auge y protagonismo que han adquirido diferentes técnicas de evaluación de impactos en política social no han tenido un correlato similar en otras esferas de la política económica. Como comentaba un colega mexicano, pareciera que mantenemos una cierta sospecha inconsciente con respecto al gasto social. El rigor y publicidad que damos a las evaluaciones del gasto dedicado a promover derechos universales como educación y salud o a programas de reducción de pobreza y desigualdad, ni de lejos se compara con el tratamiento que se da a otras políticas como la comercial, financiera, o monetaria.
¿Por qué será? ¿Es que acaso son tan eficientes esas otras políticas que no necesitan ser evaluadas con la misma intensidad, rigurosidad y pompa? O dicho de otra manera, ¿es la política social más ineficiente que las demás y por tanto necesita auditarse de manera distinta? Por supuesto que no hay nada de malo en evaluar la manera en que se gastan recursos públicos cualquiera sea su fin. Al contrario, entre más se haga mejor. Es solo que quizás llegó el momento de hacer un esfuerzo equivalente con otras dimensiones del gasto y política pública.
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