“Baja calidad e inestabilidad hacen una combinación nefasta en el servicio civil.”
¿Por dónde comenzar a desatar ese nudo de pobreza estructural en el que se encuentran sumergidas millones de campesinos en América Latina? ¿Cuál es la secuencia de intervenciones que se necesitan? ¿Cuál es la combinación óptima? ¿Existe tal cosa o simplemente hay que colgar los guantes y dejar que en algún momento y por azar del destino su suerte cambie?
Todas esas son preguntas que consumen horas de reflexión y millones de dólares en la región y el mundo entero. Y si hemos de ser honestos, la verdad es que no tenemos mucha idea. De otra manera ya lo hubiéramos resuelto desde hace años. Tan simple como eso. A lo sumo, sabemos que hay acciones puntuales que ayudan, inversiones que crean condiciones propicias, instituciones que aceleran procesos, prácticas locales y ancestrales que deben ser tomadas en consideración. Pero su combinatoria, secuencia y peso específico de cada uno de estos elementos sigue siendo más arte que ciencia. Una función del momento histórico, del territorio y de la población.
Pero a pesar de esta visión artesanal de las estrategias de reducción de pobreza rural, hay dos factores que parecen comunes a casi cualquier realidad latinoamericana. En primer lugar, los pobres rurales carecen de interlocutores con peso político suficiente, que hagan cabildeo ante las instancias más altas de toma de decisión para la asignación de recursos humanos, físicos y financieros que los ayuden a salir adelante.
En el mejor de los casos dependen de iniciativas de caudillos locales, liderazgos que logran colarse en el real politik y empujan, reclaman, movilizan, hasta que finalmente algo consiguen. No siempre son efectivos, ni siempre son bien intencionados, eso también es verdad. Pero son una fórmula mucho más frecuente que la institucionalización y permanencia de programas en atención a grupos rurales pobres.
La otra constante es una ausencia de personal de planta en el servicio público que piense estratégicamente, que identifique y articule programas y políticas de desarrollo rural, no solamente proyectos. Por una parte, la burocracia latinoamericana ya de por sí débil, lo es todavía más cuando se trata de aquel funcionariado que tiene bajo su responsabilidad atender poblaciones marginadas geográficamente. Y por la otra, la inestabilidad en los cuadros públicos inhibe cualquier capacidad de reflexión y acción con perspectiva de mediano plazo.
Baja calidad e inestabilidad hacen una combinación nefasta en el servicio civil. De allí que la provisión de bienes públicos y asistencia técnica, son hoy los grandes ausentes para el campesino. Con ello desperdiciamos el potencial que yace en la ruralidad y las estrategias de vida del pequeño productor latinoamericano.
El avance que se ha tenido en la región por la vía de la protección social para aliviar un poco las carencias de ingreso de estas poblaciones debe seguir perfeccionándose y evolucionando hacia una atención más integral y sostenible, capaz de transformar el entorno de ese sujeto que hasta hoy solamente se le ve como un beneficiario de la política social. Los latinoamericanos tenemos que movernos a una nueva generación de instrumentos de atención a poblaciones rurales pobres, tomando en consideración lo que ya hemos aprendido en casi dos décadas de programas de protección social.
La capacidad de medición, de monitoreo y evaluación, de diseñar intervenciones que articulan esfuerzos sectoriales en salud y educación, de hacer visibles en los presupuestos gubernamentales a poblaciones históricamente desatendidas, son avances que debieran aprovecharse para dar el siguiente salto hacia la construcción de capacidades productivas, generadoras de ingreso y empleo.
Para lograrlo, tres ingredientes siguen siendo esenciales: instituciones, servidores públicos, y una sociedad rural con capacidad de cabildeo. Sin ello, difícilmente abatiremos la pobreza rural. A lo sumo, la transformaremos en pobreza urbana.
Prensa Libre, 22 de noviembre de 2012.
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