“(…) quizás tenemos que comenzar a hablar de menús de egreso para los beneficiarios de las redes de protección social.”
Prácticamente todos los países de América Latina tienen hoy un programa de transferencias condicionadas en efectivo. La hipótesis original de esta revolución en la forma de hacer protección social era muy simple: proveer de un poco de dinero a los hogares pobres para aliviarles la limitación de recursos hoy, a cambio de lo cual se les pide que envíen a sus hijos a la escuela y al centro de salud. La apuesta de largo plazo era acumular capital humano para romper así el ciclo perverso de transmisión intergeneracional de la pobreza.
Con mayor o menor nivel de rigurosidad y sofisticación, todos o casi todos estos programas han sido evaluados en los impactos esperados sobre escolaridad y nivel de salud de los niños, así como sobre el nivel de consumo e ingreso de los hogares beneficiarios de estas intervenciones. De manera que esa parte de la historia ya la tenemos más o menos clara.
Pero como el desarrollo es algo dinámico y mucho más complejo, han surgido nuevos desafíos. Con la transferencia de ingreso se atiende la restricción presupuestaria de hoy, y con la condicionalidad se intenta corregir el déficit en capital humano de largo plazo. Pero ¿qué pasa en el mediano plazo? En otras palabras, ¿qué pasa con la productividad de los que hoy son adultos en condición de pobreza? Sigue habiendo un vacío importante que debe ser atendido.
En el caso de la población rural esta necesidad puede atenderse a través de proyectos productivos, que permitan aumentar el capital humano (productividad) de las madres y padres de los niños que van a la escuela gracias a tales transferencias. Mucho más fácil decirlo que hacerlo, pues la pregunta inmediata es ¿cómo diseñar tales proyectos productivos? ¿qué características deben tener? ¿se pueden articular a los programas de transferencias monetarias?
Alguna evidencia nos indica que hay un “trade off” entre permitir a los mismos usuarios de los programas sociales y productivos que elijan su propia estrategia de salida versus diseñar intervenciones de alcance más amplio. ¿Por qué?
Por una parte, hay economías de escala en diseñar intervenciones que lleguen a un gran número de personas. Herramientas como los sistemas de monitoreo y evaluación o los registros únicos de beneficiarios se pueden utilizar para más de un programa, y con ello ganamos en eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Pero al hacer esto se pierde la posibilidad de diseñar proyectos que reconozcan necesidades diferenciadas de las personas que habitan en distintos territorios. ¿Quiere decir esto que es más fácil diseñar programas de transferencia de ingresos que proyectos productivos? Probablemente. Mientras que el esquema básico de una transferencia monetaria no varía, las opciones que puede elegir una persona para desarrollar una actividad productiva son muchas y diversas. Surgen entonces nuevas preguntas ó desafíos para el diseño de las nueva generación de programas sociales y productivos para la reducción de la pobreza rural.
Por ejemplo, quizás lo que necesitamos es buscar un punto intermedio que permita incorporar una dimensión territorial a la planificación de nuestra política social y productiva. Algo particularmente relevante en contextos como los latinoamericanos, en donde la movilidad social está limitada por los altos niveles de desigualdad económica y social.
Quizás hay que estar conscientes de que aquellas intervenciones que son exitosas en un territorio y condiciones muy particulares, no pueden ser llevados a una escala nacional y, por tanto, tendrán efectos mucho más limitados en comparación con proyectos acotados a territorios y condiciones específicas.
O quizás tenemos que comenzar a hablar de menús de egreso (estrategias de salida) para los beneficiarios de las redes de protección social.
En cualquier caso, está claro es que tenemos por delante un enorme vacío de conocimiento que debemos llenar muy pronto, para continuar avanzando por una senda de reducción de pobreza y desigualdad en la región que sea realmente sostenible.
Prensa Libre, 31 de mayo de 2012.
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