Sigo con la discusión de la semana pasada, en donde hacía referencia a la evolución tanto del discurso sobre desarrollo económico como su manifestación concreta a través de presupuestos de gobierno, préstamos internacionales, leyes e instituciones, ha tenido durante las últimas tres décadas.
Lo resumía en un tránsito de lo macro a lo micro, pasando de estabilidad macroeconómica en los años ochenta, a una agenda de crecimiento de los noventa, de reducción de pobreza en los dos mil, y la inconclusa discusión sobre desigualdad (equidad) que tenemos en los últimos años. Decía además que, para posicionar esta agenda de equidad con un cierto nivel de tracción, al igual que sucedió en su momento con los paradigmas de estabilidad, crecimiento y pobreza, enfrentamos algunos desafíos.
El primero de ellos es de carácter metodológico. Es decir, ¿con qué instrumental debemos aproximarnos a la desigualdad en los tiempos modernos? Hay aproximaciones interesantes como la de desigualdad de oportunidades, conceptos como trampas de desigualdad o disfuncionalidad de la desigualdad, incluso enfoques como el desarrollo territorial, que ofrecen un potencial para revelar características y determinantes del fenómeno. Sin embargo, en muchos casos la teoría va mucho más delante de la capacidad de contrastarla empíricamente, ni se diga de la capacidad de implementar recomendaciones de política.
Esto me lleva al segundo reto que es de naturaleza empírica. Es preciso bombear evidencia regular, sistemática, y con una escala (representatividad) mínima para mantener viva la discusión en el plano de la política pública. Para eso necesitamos un cierto tipo de datos estadísticos. Pero ¿cómo le hacemos para generarlos con la frecuencia y calidad necesarias para movernos de fotografías a películas?, y ¿cómo hacer la venta política para que recursos financieros, humanos e institucionales sean asignados a esta nueva prioridad?
Este mismo proceso de venta me lleva a plantear el tercer desafío, que tiene que ver fundamentalmente con los sistemas de incentivos de los tomadores de decisión política. ¿Cómo lograr que la clase política incorpore la equidad en su función objetivo?
El problema que tenemos es que, a diferencia de los paradigmas anteriores, política y equidad se mueven a velocidades distintas. Ese no era el caso antes. La estabilidad macroeconómica, el crecimiento, incluso la misma reducción de pobreza – sobre todo en su dimensión de ingreso – se pueden monitorear dentro de los tiempos políticos que imponen nuestros sistemas democráticos. Ello hace mucho más sencillo alinear incentivos de tomadores de decisión con tales objetivos de desarrollo.
Finalmente, el cuarto reto es de naturaleza semántica – confieso que lo he bautizado así a falta de mejor término –. Tiene que ver con el discurso propiamente dicho. De los cuatro, éste es quizás el que más hemos logrado avanzar. Casi hemos logrado instalar un lenguaje en el que se ha vuelto políticamente incorrecto ignorar el tema. Un logro que no es menor, ya que justamente el lenguaje y sus categorías conceptuales se convierten en referente de aquellos que deciden cómo se priorizan los recursos públicos.
Aquí hay que reconocer que en esta batalla es fundamental el aporte que hace la academia latinoamericana. Deben continuar jugando su papel de martillo sobre ciertos conceptos hasta convertirlos en estrellas polares de la discusión colectiva. En ese sentido, el trabajo de centros de pensamiento como el ColMex, CIDE, IPEA, SEDLAC, IEP, RIMISP, universidades e institutos de investigación en general, es esencial para no dejar caer el interés y mantener actualizado el debate.
Hoy contamos además con una coyuntura favorable para arraigar de una vez por todas a la equidad como objetivo de desarrollo: la crisis internacional que viven muchos países ha puesto sobre el tapete las enormes brechas entre mayorías que mal viven con muy poco y minorías que subutilizan su abundancia. A ver hasta dónde somos capaces de asumir este nuevo paradigma.
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