“Para lograr efectos más permanentes sobre la calidad de vida de los pobres, la discusión va más allá de las capacidades limitadas que tiene un simple programa de TCE.”
Estamos a poco más de diez meses del evento electoral. A medida que transcurran las semanas, diferentes temas comenzarán a salir al aire. Visiones de lo que debiera hacerse, de las grandes prioridades nacionales. Esa discusión es muy sana, es el juego de la democracia, en donde diferentes visiones entran en competencia para tratar de ganarse el derecho de orientar por un tiempo la gestión pública.
Algunas discusiones se encenderán de acuerdo a la capacidad de jalar votos. Otras, aunque sean temas de fondo, no tendrán mayor realce y se perderán entre canciones y bulla. Natural miopía electoral. Lo importante es que, en medio del fragor de la discusión, los ciudadanos hagamos un esfuerzo renovado por tratar de poner argumentos sobre la mesa, y tratemos, tanto como sea posible, de construir discusiones sobre bases técnicas.
Uno de los grandes temas que seguramente será discutido es el enfoque que la actual administración ha seguido en materia de política social y de manera específica el programa de transferencias condicionadas en efectivo (TCE). Y para ello es muy importante preparar y documentar adecuadamente argumentos, evidencia, lo que ha funcionado en Guatemala y en otros países, así como aquello que merece mayor reflexión y necesidad de ajustes.
En ese sentido, el año pasado salió una publicación del Banco Mundial titulada “Conditional cash transfers: reducing present and future poverty”. Un documento que debiera ser consumido por cualquiera que tenga interés en el tema y busque tener una visión panorámica sobre la rápida expansión y logros de este instrumento de política pública, así como de los retos que enfrenta a futuro.
De una manera sistemática explica la forma y razones por las que estos programas se han expandido alrededor del mundo, especialmente en América Latina donde virtualmente cada país de la región tiene en funcionamiento un programa de este tipo. Pero además, el documento es amplio para discutir con evidencia empírica tanto efectos positivos como limitaciones que estas intervenciones tienen para la reducción de la pobreza y su transmisión intergeneracional.
Hay mucha evidencia acumulada y documentada a nivel mundial en cuanto a beneficios de las TCE. Por ejemplo, ganancias importantes en focalización hacia los grupos más pobres de la sociedad, aumentos en el nivel de consumo de los hogares beneficiarios, reducciones en niveles de pobreza – y en algunos casos de desigualdad económica –, han inducido a los hogares beneficiarios a demandar y utilizar servicios públicos de salud y educación. Todas estas son áreas en las que los programas de TCE parece que han hecho un buen trabajo.
Sin embargo, también es cierto que la evidencia es menos contundente cuando se va un paso más allá y se intentan observar impactos más profundos en el bienestar de las personas, tales como el estado nutricional y capacidad de aprendizaje de los niños, ó – incluso en aquellos programas que ya tienen muchos años funcionando –, en la posibilidad de insertar a los beneficiarios de las TCE en mercados laborales que les permitan generar retornos económicos por esa inversión que han hecho en capital humano – es decir, un ingreso mayor al de sus padres o al que estarían condenados a obtener sin mayor escolaridad o un estado de salud deficiente.
Para lograr estos efectos más permanentes sobre la calidad de vida de los pobres, la discusión va más allá de las capacidades limitadas que tiene un simple programa de TCE. Es decir, el instrumento hace una parte del trabajo, y de allí en adelante debe ser complementado con otro tipo de intervenciones que completen el círculo de efectos positivos en el bienestar de las personas.
Al final del día la literatura nos permite rescatar al menos tres lecciones de esta última década y media de programas de transferencias condicionadas alrededor del mundo. La primera lección es que son intervenciones que alivian transitoriamente la restricción presupuestaria de hogares en situación de pobreza, elevando su nivel de consumo.
La segunda lección es que tienen un gran poder de inducir demanda de servicios públicos, y por tanto imponen un reto importante a los ministerios sectoriales (salud y educación) para que agilicen su capacidad de respuesta por lo menos en cuanto a cobertura se refiere.
La tercera lección es que los efectos de mediano plazo, que ya se observan en otros programas más consolidados, sugieren la necesidad de pensar en las TCE como un primer eslabón de una cadena de intervenciones mucho más amplia y compleja en materia de protección social.
Lo rescatable de toda esta discusión en el contexto que vivirá Guatemala durante las próximas 35 semanas es que hay material suficiente para discutir técnicamente el tema, y poder así aprovechar el momento electoral para reflexionar sobre la arquitectura de nuestra política social con una perspectiva de mediano plazo.
Prensa Libre, 2 de diciembre de 2010.
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