Ciertas
discusiones en Guatemala son recurrentes.
Temas que van y vienen con regularidad sin que se modifiquen
sustantivamente los argumentos. Uno es
el salario mínimo y el otro es el presupuesto nacional. Este segundo tema cada tres o cuatro años se
hace acompañar de discusiones sobre cantidad y calidad del gasto público y la
conveniencia o inconveniencia de una reforma tributaria.
Hace
unos días pude ver en YouTube una discusión en el programa que dirige Dionisio
Gutiérrez, a la cual asistieron los economistas Eduardo Velásquez, Hugo Maúl,
Abel Cruz y Paul Boteo. El tema que los
convocó fue el estado de la política fiscal en Guatemala. Como era de suponerse, algunos temas
cajoneros aparecieron a lo largo de la discusión. Por ejemplo, si tenemos o no una carga
tributaria suficiente, si la calidad del gasto público es el adecuado, si la
participación de los impuestos directos versus los indirectos es la óptima, si
el papel de la política fiscal está garantizando un modelo de desarrollo a
mediano plazo, etc.
El tema
dio para mucha discusión y más de alguno hubiera esperado un nivel de disenso
mucho mayor al que de hecho se dio entre los puntos de vista de los invitados
al programa. Probablemente porque casi
todos han tenido experiencia en la administración pública, con lo cual su
visión refleja en buena medida ese “baño de realidad nacional” al tener que
diagnosticar y hacer propuestas de política pública.
De
hecho, hacia el final de la discusión se plantearon algunos grandes consensos,
sobre los cuales bien valdría la pena continuar profundizando una discusión por
demás urgente en el país. Resalto dos
que me parecieron fundamentales.
En
primer lugar, la necesidad de enmarcar la discusión fiscal en un acuerdo mucho
más amplio que debe orientar hacia el tipo de economía y sociedad que deseamos
alcanzar. Es decir, la transformación de
la estructura productiva de Guatemala.
Este
consenso no es menor, pues de alguna manera es un reconocimiento de la importancia
que tiene el diálogo social para identificar aquellos sectores y territorios
que debieran ser promovidos con miras a generar un mayor nivel de actividad
económica, que como consecuencia podría generar mayores niveles de creación de
empleo y de ingresos al tesoro nacional.
Además
señala hacia la importancia que tiene la planificación de la inversión pública
para aumentar su cantidad pero también su calidad; y hacia la necesidad de
reconstruir las capacidades dentro del sector público para evaluar proyectos de
inversión, y diseñar mejores contratos cuando las obras son ejecutadas por el
sector privado.
Es al
mismo tiempo un reconocimiento del valor que puede tener la descentralización,
a la vez que señala la urgente necesidad de fortalecer la capacidad de
propuesta a nivel municipal y departamental, para dejar de estar tapizando el
país de poli-deportivos y salones de usos múltiples, y pasar a inversiones públicas
más complejas que puedan tener un efecto multiplicador mucho mayor en la
economía local.
Y en
segundo lugar, llamó la atención el consenso que parece estar emergiendo, no
solamente entre estos cuatro analistas sino en círculos más amplios de la
sociedad guatemalteca, sobre la necesidad de aumentar la participación política
de caras nuevas, voces calificadas, y con manos limpias, de manera tal que se
pueda sanear un poco la actividad política, hoy tan desprestigiada y devaluada. Definitivamente la fiscalidad no puede
tratarse desde una óptica exclusivamente técnica sino que debe enmarcarse en
las reglas del sistema político, que también necesita ser repensado en su
arquitectura básica porque simplemente ya está agotado.
En este
esfuerzo que muchos estamos haciendo por observar la coyuntura, estudiar la
estructura, y tratar de hacer propuestas de política, las dos sugerencias que
hacen estos cuatro economistas van ciertamente en la dirección correcta. Inversión –privada y pública– y participación
política son dos de los principales puntos de entrada para comenzar a desatar
el nudo de nuestro rezago.
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