Durante
la década de los años noventa Guatemala tuvo mucha discusión alrededor de dos
temas fundamentales: por el lado político, la negociación de paz; y por el lado
económico, el crecimiento. De allí
surgieron ideas muy fuertes como la consolidación de fondos de inversión
social, la creación de un banco de desarrollo con un esquema de gobernanza muy
original, y el acceso al sector privado de muchos de los activos que estaban
hasta ese momento en manos del Estado.
En la
década siguiente la discusión migró hacia el gran tema de reducción de la
pobreza, y con ello el surgimiento de estrategias nacionales, departamentales y
municipales, los diferentes ejercicios de levantamiento de información primaria
para poder monitorear las dinámicas de pobreza, y toda una batería de estudios
que constituyeron un avance sustantivo en la comprensión de muchas de las
causas de dicho fenómeno.
Surgió
entonces la idea de construir redes de protección social como mecanismos de
política pública para revertir esa aguda pobreza y desigualdad. El esquema más utilizado fueron las
transferencias monetarias condicionadas.
La idea básica era intentar romper el ciclo intergeneracional de pobreza
a través de entregar efectivo a hogares pobres (contribuir mínimamente a
revertir la pobreza monetaria actual) a cambio de que lleven a sus hijos a la
escuela y el centro de salud (mejorar el capital humano para revertir la
pobreza estructural de mañana).
Más
tarde en el tiempo, se comenzó a hablar de combinar crecimiento económico con
reducción de pobreza a un ritmo creciente y sostenible. Es decir, la pregunta que nos estábamos
haciendo era ¿será posible encontrar algún tipo de crecimiento económico que
beneficie a los más pobres? En
apariencia una pregunta de Perogrullo, pero que deja de serlo al observar la
evidencia empírica. Allí nos damos
cuenta de que el país ha tenido períodos de crecimiento sin que necesariamente
este se haya traducido en mejoras a las condiciones de vida de la mitad más
pobre de la población. En otras
palabras, el crecimiento económico no es un reductor automático de
pobreza.
De
manera reciente, uno de los experimentos que se están intentando es la
posibilidad de articular de manera mejor la política de protección social con
la de fomento productivo, utilizando como puerta de entrada a la población que
ya es beneficiaria de programas de protección social. ¿Por qué así y no al revés? ¿Por qué comenzar por los beneficiarios de
protección social y no por los de programas de fomento productivo? Por dos
razones básicamente.
La
primera, más conceptual, porque la protección social por definición debiera
estar focalizada hacia la población más pobre de cualquier país. Así, pensar el crecimiento económico desde
los usuarios de la política social nos obliga a hacer explícito y directo el
mecanismo de transmisión que se busca con una estrategia de inclusión
productiva. En otras palabras, el
derrame ha sido superado como posible canal de redistribución del
crecimiento.
Y en
segundo plano, desde una perspectiva mucho más operativa y de “realismo” en la
implementación de política pública, porque debemos reconocer que la política
social ha sido muchísimo más efectiva en institucionalizarse; en generar
cuadros dentro de la burocracia pública; en desarrollar instrumentos de
focalización, entrega, seguimiento y evaluación; entre otras ventajas.
Eso la
hace mucho más apetecible ante los ojos de los formuladores de política pública
que hoy se enfrentan a un desafío doble: por una parte, cómo lograr un mayor crecimiento
económico en la base de la pirámide; y por la otra, como se logran articular
diferentes programas que muchas veces los Estados nacionales ya están
ejecutando, pero sin que estos lleguen a la población más necesitada.
Por ahí
va más o menos el debate regional. Es
verdad que es un esfuerzo relativamente nuevo, cuyos resultados tendrán que
verse en los próximos años. Sin embargo,
bien haríamos en Guatemala si le damos un seguimiento cercano a experiencias mucho
muy interesantes como las que se gestan en Perú, Brasil y más recientemente en México.
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