“La política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.”
En los últimos dos días han salido dos noticias dignas de comentarse por su valor ilustrativo, tanto del pensamiento de nuestra clase política como de la psiquis del ciudadano de a pie. La primera fue una nota de Prensa Libre del pasado viernes 18 de febrero, cuyo titular fue “PP planea usar a cadetes en Academia de la policía”. A propósito de las filtraciones de Wikileaks nos enteramos de una de las acciones que planea impulsar el partido Patriota en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, la segunda parte de la nota también nos daba otra noticia, quizás más importante, al comentar que Pérez Molina (sic) “mantendrá los programas de asistencia incluidos en Cohesión Social, pero con elementos adicionales de transparencia y rendición de cuentas”.
La segunda apareció el martes recién pasado en elPeriódico, bajo el título “Programas de Cohesión Social, bien calificados; seguridad y carreteras, mal vistos”. En ella se resumen los principales resultados de una encuesta encargada por dicho medio de comunicación a la firma Borge y Asociados. Resulta que el 68% de los consultados califica bien el programa Mi Familia Progresa, un 75% piensa igual de los comedores solidarios, y un 69% se expresa en favor de las bolsas solidarias (bolsas de alimentos). Por su parte, los programas de salud son bien vistos por un 48.5% de la población y los de educación por un 66%.
Ambas noticias son muy sugerentes por varias razones. En primer lugar, porque vemos al principal candidato de oposición reconocer los méritos del esfuerzo más visible y consistente que ha tenido la administración Colom: la batería de programas para protección social.
No es descabellado entonces suponer que difícilmente alguno de los aspirantes a la presidencia tendrá la intención de desmontar esta proto-red de protección a grupos vulnerables. Ciertamente no lo va a hacer el partido oficial pues es la madre de la criatura, y por lo visto tampoco lo harán sus principales contendientes políticos.
En segundo lugar, queda claro que la estrategia política que siguió el actual gobierno para la implementación de dichos programas dio resultado. En una frenética carrera contra reloj le apostaron a la cobertura, como factor que haría irreversibles dichas intervenciones – o cuando menos una buena parte de ellas –. Hoy son casi un “entitlement” en poblaciones tradicionalmente sub-atendidas por el Estado, algo que la clase política y la oferta electoral no podrán obviar.
En ese sentido, recuerdo muy bien la desazón que tuvimos muchos en el 2008 cuando las autoridades entrantes optaron por desmantelar el programa Creciendo Bien, también impulsado por la primera dama de aquel entonces. La lección que podemos sacar de una y otra experiencia es que la política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.
En tercer lugar, vemos a una ciudadanía que sabe reconocer la importancia de programas y proyectos gubernamentales para atender a las poblaciones más vulnerables. Cosa no menor en una sociedad poco acostumbrada a atender desde lo público sus problemas más acuciantes, y en donde el imaginario estatal está siempre en entredicho. Es decir, el ciudadano no solamente sabe valorar sus necesidades individuales, sino que también es capaz de ver, de palpar, y de opinar sobre el potencial de un Estado que dio un par de pasos tímidos hacia la progresividad, la inclusión y la equidad.
Si este esfuerzo se logra mantener en el tiempo, es posible que hayamos ya sentado las bases para la reconstrucción de un sistema de protección social. Uno que vaya más acorde con el perfil de las condiciones de vida de la mayoría de nuestra población.
Por supuesto que estas dos señales que nos dan la clase política y la opinión popular no eximen en modo alguno la necesidad de seguir perfeccionando el diseño y la ejecución de la política social en Guatemala. Simplemente están mandando un mensaje de reconocimiento hacia intervenciones que van en la dirección correcta.
PS. Aprovecho dos líneas más para congratularme por el nacimiento del periódico digital Plaza Pública. Uno de los grandes logros de nuestra democracia es ir consolidando espacios de expresión plural del pensamiento. Conquista nada fácil, pues bien sabemos que hemos tenido nuestro par de arranques de creatividad despótica y autoritaria en los últimos 25 años de vida democrática. ¡Adelante amigos de Plaza Pública!
Prensa Libre, 24 de febrero de 2011.
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