Para encauzar la crisis

En estos días no se puede pensar, escribir, ó comentar, de otra cosa que no sea la profunda crisis por la que atravesamos en Guatemala. Como bien lo han señalado columnistas y analistas locales e internacionales, parte de lo que hace extraordinaria la reacción del pueblo en las manifestaciones del domingo pasado es el contraste con la tradicional apatía y adormecimiento en el que nos habíamos acostumbrado a vivir. Porque con más de quince muertos diarios ninguna sociedad puede ufanarse de un estado emocional equilibrado ni mucho menos.

De manera que el problema estaba allí, delante nuestro como un barril de pólvora, y el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg lo hizo explotar, dando paso a un clamor de una parte importante de la población pidiendo justicia y ponerle un alto a la violencia. Después de haber vivido una de las semanas más convulsas en la historia reciente, la emotividad (a veces poco reflexiva) debe comenzar a ceder para dar paso a todo el trabajo racional que se nos viene encima.

Asentar el polvo de las emociones no quiere decir hacer a un lado las expresiones de participación ciudadana para exigir justicia. Al contrario, justamente para que logremos tal objetivo es que se deben enfriar los ánimos y actuar con la madurez que las circunstancias demandan. Los guatemaltecos hemos dado una gran muestra al mundo de madurez política. Las marchas del domingo pasado dan fe de nuestra capacidad de salir a las calles a expresar demandas y que no es confrontación lo que buscamos. Ese es un paso en la dirección correcta para la consolidación de la democracia y la reconstrucción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Evidentemente todavía hace falta mucha información y evidencias con relación a las acusaciones hechas por el abogado Rosenberg. Por ello es necesario demandar y dejar trabajar a las instancias en quienes se ha delegado la difícil tarea de dar con los responsables de los crímenes señalados. Pero en ese dejar hacer también es fundamental una sana participación ciudadana que vigile y exija la transparencia y sobretodo la imparcialidad de las investigaciones en curso.

El estado de salud de nuestra gobernabilidad es delicado, y por ello hay algunos riesgos que debemos cuidar. En cuanto a la investigación misma, es fundamental no convertir las calles de la ciudad en tribunales de justicia, saltándonos trancas y dictando sentencias sin el debido proceso. Eso no solo es contradictorio a la misma demanda de justicia, sino que daría un golpe fatal a nuestras instituciones y a la vida en democracia. Por lo tanto, exigir la renuncia del Presidente puede resultar prematuro y hasta contraproducente.

Sin embargo, debemos enfrentar con realismo la debilidad de nuestro Estado, y para ello es preciso reconocer en el apoyo de la comunidad internacional una reserva de credibilidad que la sociedad exige en estos momentos, pero que debe progresivamente ser extendida a otros actores nacionales. En tal esfuerzo apoyos como el de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, así como distintos gobiernos amigos de Guatemala, manifestando su respaldo al Gobierno y la institucionalidad democrática, y exigiendo una investigación transparente e imparcial, contribuirán a darle cauce a la crisis.

Pero además hay que rechazar cualquier insinuación de oportunismo que pueda ver en esta coyuntura un espacio para socavar la gobernabilidad y promover caos. Con igual firmeza debemos detener insinuaciones de polarización entre la población. La demanda por justicia es legítima en sí misma. Por lo tanto, no podemos enlodarla con expresiones de discriminación étnica ó lucha de clases sociales, o como una confrontación de buenos contra malos. Eso es inadmisible además de irresponsable y peligroso en un momento donde justamente se debe procurar la unidad del país para atender un objetivo común: recuperar la seguridad ciudadana.

Igualmente hay que evitar el trasvasar una crisis política para convertirla, además, en una crisis económica. Está claro que las acusaciones que se han hecho en contra de Banrural deben ser investigadas, como debiera ser el caso ante cualquier acusación en contra de otra institución del sistema bancario. Pero eso no debe mezclarse con expresiones irresponsables que desinformen y pongan en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional. Socavar la credibilidad de un banco por una presunción no solamente es irresponsable sino además ilegal. Suficiente evidencia tenemos los guatemaltecos del daño que ocasiona el descalabro de instituciones financieras.

Los siguientes días serán determinantes para encauzar esta crisis. El objetivo inmediato debe ser dar con los responsables de tres horrendos crímenes y deducir responsabilidades por tales actos. El objetivo último debe ser fortalecer nuestro Estado de Derecho, consolidar nuestra democracia, y hacer de la participación ciudadana una norma de vida en sociedad. ¡Animo Guatemala!

(21 de mayo de 2009)