La edición de la revista “The Economist” de esta semana publicó un artículo haciendo referencia a la profunda crisis política por la que atravesamos. De manera sucinta describe los principales hechos alrededor del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y la conmoción que han provocado en la sociedad guatemalteca.
Para un país pequeño y de poco peso relativo en la arena internacional como Guatemala, aparecer en una publicación de esta naturaleza sólo puede significar algo muy bueno o algo muy malo. Desafortunadamente en este caso es lo segundo. De hecho el artículo hace una aseveración que me parece un poco extrema, casi rayando en irresponsable. Llega a sugerir que somos, después de Haití, el país en el continente americano que está más cerca de ser un Estado fallido.
Pero en medio de tan desalentador diagnóstico llama la atención la asociación que hace entre la debilidad de nuestro Estado y el bajísimo nivel de recaudación fiscal que tenemos. Señala que “(sic) los ingresos fiscales llegan solamente al 11% del PIB, privando al gobierno de los medios para proveer servicios públicos básicos como seguridad, salud, y educación”. El mensaje implícito es bastante claro: todos esos bienes públicos que hoy nos hacen tanta falta, como son seguridad, justicia, salud, y educación tienen un costo.
Por supuesto que podemos abrir la discusión en torno a si las características del país encajan en la definición de Estado fallido, o si solamente estamos en camino a serlo, etcétera, etcétera. Esa reflexión, aunque intelectualmente muy sabrosa, me parece de poco valor práctico en este momento. Aclaro que con ello no estoy sugiriendo tapar el sol con un dedo y negarnos a ver los problemas tan serios y complejos que tenemos.
Lo que sí valdría la pena cuestionar es si realmente se vale que nos metan en el mismo saco que a países como Somalia, Sudán, Etiopía, Haití o Timor Oriental. Porque las consecuencias que noticias como la anterior tienen en términos de la imagen del país son demoledoras. La percepción que crea en los mercados internacionales, y el efecto en términos de flujos de inversión, crecimiento económico, y generación de empleos, pueden ser significativos además de duraderos.
Claramente es un retroceso a muchos de los avances que hemos construido con mucho esfuerzo a lo largo de 25 años de democracia. En tres líneas de un artículo de prensa damos al traste con logros como los acuerdos de paz, o los períodos de crecimiento económico, incluso con nuestra reconocida prudencia en el manejo macroeconómico, y hasta con la reconstrucción (lenta si se quiere) del tejido social en la postguerra, entre muchas otras cosas.
Una publicación como esa debe obligarnos a reflexionar y cuestionarnos si somos en realidad un quasi-Estado fallido o más bien una sociedad de una resiliencia extraordinaria, ya que durante los últimos meses hemos vivido prácticamente todas las crisis de un libro de texto de desarrollo y el país sigue en pie.
Sin haber salido por completo de la crisis de precios en los alimentos nos tocó recibir la crisis de precios del petróleo. Luego nos tocó la crisis financiera internacional y la recesión económica internacional, que nos ha ocasionado una merma importante en los ingresos fiscales y pérdida de muchos puestos de trabajo. Desde hace dos semanas le sumamos una crisis de gobernabilidad, la más profunda desde el retorno a la democracia en 1985; y, como si todo aquello no fuera suficiente, hasta nos hemos atrevido a sugerir una purga parcial en nuestro propio sistema financiero.
Al final, me parece que antes de lanzarnos nosotros mismos, o peor aún permitir que otros se lancen, a echarnos el San Benito de “Estado fallido”, debiéramos poner las cosas en perspectiva, reconociendo no solamente lo que falta por hacer sino también lo mucho que hemos avanzado. Creo que está demostrada la resistencia de la sociedad guatemalteca que, aún en las condiciones menos favorables, se niega a entregar el país al caos y la debacle total.
(Prensa Libre, 28 de mayo 2009)
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