“(…) el empleo no es un tema nuevo sino más bien una deuda social añeja.”
El informe nacional de desarrollo humano (INDH) que desarrolla el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un ejercicio de reflexión y análisis amplio sobre la realidad nacional. En su elaboración participan diferentes expertos de acuerdo al tema central que se elija.
Uno de los subproductos del último INDH fue el cuaderno de desarrollo humano titulado “Estrategias de reducción de la pobreza en Guatemala 1985-2009”. Su autor es el economista Wilson Romero Alvarado, investigador de la Universidad Rafael Landivar.
Saco hoy a colación este trabajo porque creo que es un esfuerzo analítico valioso y muy oportuno para los meses de discusión política electoral que vivimos. Romero logra sistematizar información generalmente dispersa y trata de encontrarle un hilo conductor que nos ayude a entender la racionalidad de las políticas públicas para la reducción de la pobreza en el país. Su lectura me generó tres reflexiones.
La primera tiene que ver con la incapacidad crónica de la economía nacional para generar puestos de trabajo suficientes para absorber la mano de obra que año con año se incorpora a la población económicamente activa. En otras palabras, el empleo no es un tema nuevo sino más bien una deuda social añeja. Aunque somos un país joven, lamentablemente mucha de esa juventud desemboca en el desempleo, subempleo o informalidad.
Es muy sugerente ver cómo desde 1986 el empleo es entendido como (sic) “el punto de equilibrio entre políticas sociales y económicas”. Sin embargo, muy poco se ha logrado hacer para organizar el aparato productivo de manera que aumente su demanda de mano de obra.
A pesar de la importancia que se pregona y adjudica al empleo, la verdad es que los esfuerzos para dinamizar el mercado laboral han sido francamente limitados e inconexos. Dos ejemplos ilustran este punto.
Por una parte, hay que reconocer que hemos estudiado muy poco nuestro mercado laboral. Salvo honrosas excepciones, es un tema al que no hemos dedicado mayor esfuerzo ni discusión académica o política. Hasta muy recientemente ni siquiera generábamos datos sobre este fenómeno, limitando aún más la posibilidad de generar propuestas ajustadas a la realidad de trabajadores y empleadores.
Por otro lado, la institucionalidad encargada de dar seguimiento a la agenda laboral es muy débil. No es ningún secreto que el ministerio del trabajo es de las carteras con más bajo perfil, signo de la poca importancia que desde el Estado otorga al tema. De las pocas veces que escuchamos del MINTRAB es cuando se da la negociación sobre el salario mínimo. Me pregunto entonces si el empleo es realmente prioridad para el Estado.
La segunda apunta a los aparentes bandazos que el Estado guatemalteco ha dado para abordar el fenómeno de la pobreza en el país y articular política pública. Romero identifica en su artículo dos supuestos subyacentes que guían la formulación de políticas para la reducción de la pobreza: el crecimiento económico y la inequidad. En función de cuál es el paradigma dominante en la administración de turno, así será el énfasis de sus intervenciones. Aunque esta división no es químicamente pura, ayuda a entender la lógica del discurso gubernamental desde Cerezo hasta Colom.
Lo interesante es que, a pesar de que algunas administraciones han visibilizado más uno u otro discurso – pro crecimiento y derrame ó pro redistribución y fortalecimiento de las redes de protección social –, de alguna manera nuestro aparato estatal ha ido lentamente madurando y conformando estructuras que le permiten, aunque de manera tardía y no siempre eficiente, integrar ambas visiones.
Este proceso ha permitido de manera paulatina atender y visibilizar a ciertos grupos de población. Eso no es un logro menor, puesto que históricamente a ciertos segmentos simplemente se les ignoraba casi por completo.
Finalmente, la tercera reflexión que me generó el artículo fue constatar que, cuando hablamos de políticas para la reducción de pobreza, hay básicamente dos tipos de Estados nacionales en la región latinoamericana. Por una parte tenemos a aquellos que pueden ser considerados Estados líderes. Son aquellos que imponen innovaciones conceptuales y de política para la reducción de la pobreza. Allí están Brasil y México con sus transferencias condicionadas, Bolivia y Perú con sus micro finanzas, Chile con su institucionalidad y generación sistemática de información.
Y por el otro lado están los Estados seguidores, los que adoptan experiencias exitosas de la región o bien son objeto de ciertas modas en el discurso internacional. Allí caben los países HIPC, MDRI, y algunos otros como Guatemala, que por decisión propia deciden pegarse y adoptar medidas para beneficiarse de la coyuntura.
Así las cosas yo me hago tres preguntas: 1. ¿cuál será el paradigma que guíe a la siguiente administración para la reducción de pobreza?, 2. ¿estaremos listos para ensayar un Estado que impulse crecimiento y equidad?, y 3. ¿en dónde están las propuestas para destrabar el tapón estructural del empleo en el país? Difícil responder con la escasa información disponible a la fecha.
Prensa Libre, 23 de junio de 2011.
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