lunes, 4 de abril de 2011

Mentiras, mentirotas y estadísticas

“Es en base a la inflación que se negocian pactos colectivos, se calculan aumentos salariales, costo de vida, utilidades en las empresas, niveles de gasto público, indicadores de pobreza, entre otros.”

Siempre he defendido la necesidad de generar información estadística, la importancia de que sea regular, y que las decisiones de política pública se tomen, tanto como sea posible, basadas en evidencia. Igualmente importante es aprender de las buenas prácticas nacionales e internacionales. Eso ahorra tiempo, dinero, y recurso humano.

Hacer oídos sordos a recomendaciones tan elementales es, en el mejor de los casos, buscar una solución sub-óptima. En el peor de ellos, dispararnos en el pie. Equivale a timonear una nave sin más herramientas que intuición e intenciones.

Lo impresionante es que, a pesar de que a veces pensamos que ciertos consejos están completamente asumidos, de vez en cuando aparece algún escándalo que nos recuerda la necesidad de mantener la guardia alta y estar siempre vigilantes. La tentación de buscar atajos se alimenta a diario de la debilidad y miopía de nuestros sistemas e instituciones políticas, muchas veces proclives a trocar estabilidad, rigurosidad y visión de mediano plazo por beneficios inmediatos.

El caso más reciente es el de las estadísticas de inflación en Argentina. Hace más o menos cuatro años se generó una tensión en el instituto nacional de estadística y censos de aquel país (INDEC), cuando el gobierno decidió meter las manos en la metodología para el cálculo del índice de precios.

El vox populi apunta a que entonces hubo presiones gubernamentales para tratar de mantener dicho indicador en niveles artificialmente bajos con fines electorales. La razón es muy sencilla: el poder adquisitivo de las personas es uno de los más fuertes detonantes de apoyo o rechazo hacia la gestión de cualquier gobierno.

El problema es que ponerse a trastear la forma de cálculo de una variable tan importante, le quita uno de los instrumentos más poderosos para la toma de decisiones a cualquier economía. Es en base a la inflación que se negocian pactos colectivos, se calculan aumentos salariales, costo de vida, utilidades en las empresas, niveles de gasto público, indicadores de pobreza, entre otros.

Además, producto la pérdida de confianza que se generó hacia el INDEC, han surgido desde entonces varios esfuerzos privados para estimar el comportamiento real de los precios argentinos. Las discrepancias han llegado a tal punto que, mientras las estimaciones oficiales arrojan una inflación cercana al 10% IPC a febrero, estimaciones de consultores y analistas privados opinan que el verdadero número está entre 20 y 30%.

Peor aún, el gobierno, citando partes de una ley de lealtad comercial, la ha emprendido en contra de estas voces disidentes con multas. El argumento utilizado no se sostiene ni con chicle: hay una violación a la ley cuando se vende información falsa y se confunde a los consumidores.

Al principio se acusó a los disidentes de la verdad oficial de “noventistas”, término peyorativo para designar a todos aquellos que fueron fervientes defensores de la desregulación, liberalización y privatización económicas, y a quienes políticamente se les achaca la debacle económica de fines de la década de los noventa.

Sin embargo, hay dos cosas curiosas en todo este relajo. Por un lado, en la lista negra de alquimistas de la inflación argentina aparecen instituciones y profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional como la Fundación de investigaciones económicas latinoamericanas –FIEL–. Por otro lado, incluso dentro del mismo gobierno ya se comienza a dudar de la veracidad de la información oficial.

A pesar de que en 2009 el gobierno conformó una comisión con delegados de universidades públicas para dictaminar sobre la metodología para el cálculo del índice de precios, a la fecha el reporte todavía no se hace público. Solamente una de las universidades se ha pronunciado al respecto manifestando preocupación por la nueva forma de cálculo del IPC.

Toda esta novela de las estadísticas argentinas debe dejar una lección clara: es fundamental mantener y fortalecer la autonomía técnica y financiera en los institutos nacionales de estadística. Dejar que los políticos metan las manos en ello es como tratar de conducir un auto de noche con las luces apagadas. La probabilidad de colisionar con la realidad crecen exponencialmente y los daños colaterales pueden durar muchos años.

Prensa Libre, 31 de marzo de 2011.

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