En los
últimos dos días fui invitado como parte de un equipo multidisciplinario a
discutir las primeras ideas de lo que será el siguiente reporte de la FAO. Todas las agencias y organismos
multilaterales tienen uno. El Banco
Mundial produce su World Development Report (WDR), el PNUD su Informe de
Desarrollo Humano (IDH), y en el caso de la FAO es el State of Food and
Agriculture (SOFA).
Este
año el tema que han escogido es la relación entre protección
social y agricultura. Confieso que para
mí fue como canto de sirenas porque soy un convencido –¡conste que no
fanático!– de la protección social y su potencial para detonar mayor cohesión
social, gobernabilidad y con ello mejores condiciones para un crecimiento económico
robusto y sostenido.
Poco a
poco comienza a ganar tracción, la necesidad de encontrar formas de mayor
coordinación entre las diferentes acciones de los Estados nacionales en favor
de un segmento de población que es beneficiaria de diferentes políticas y
programas de gobierno. Para el caso de
la población rural las políticas agrícolas y de protección social probablemente
son en la actualidad las dos caras más visibles del gasto público.
La
importancia que para la actividad agrícola a pequeña escala (agricultura
familiar) pueda tener la protección social se puede concebir a dos niveles:
micro y macro.
A nivel
micro, los hogares que son beneficiarios de protección social pueden, en
principio, beneficiarse de un proceso paulatino de acumulación de capital
humano –los niños van a la escuela y centros de salud–, y con eso pueden
potencialmente ser más productivos. Pero
además, a través de las transferencias en efectivo o en especie que reciben los
hogares con programas de protección social pueden también generase beneficios
económicos más inmediatos, que permitan a los hogares suavizar consumo,
asegurarse mínimamente contra ciertos shocks, o incluso capitalizar algunos
pequeños emprendimientos que forman parte de la pluri-actividad que muchos de
ellos tienen como estrategia de subsistencia.
Pero a
nivel macro hay potenciales ganancias de una mejor coordinación entre el gasto
público agrícola y el gasto en protección social, las cuales deberían redundar
en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos fiscales. Hay un espacio claro para evitar duplicidades
que suceden en el terreno – comunidades y territorios – y que podrían
subsanarse con una definición más estratégica de los servicios de
extensión.
Por supuesto que tal coordinación no sucederá en automático. Requiere de claridad, voluntad y liderazgo
político que logre alinear los diferentes programas públicos en el
terreno. De otra manera caemos en el
engaño de creer que con solo sumar aritméticamente los programas del ministerio
A con los de la secretaría B y la municipalidad C, por arte de coctelería se habrá
alcanzado tal eficiencia.
Finalmente,
un efecto no buscado pero igualmente importante es sumar a la discusión a los ministerios de hacienda, que típicamente
no están muy presentes en la dinámica más operativa del gasto agrícola y de
protección social. Coordinar obliga a
buscar formas alternativas y más eficientes para presupuestar, operar y
monitorear los recursos públicos.
Así, la
caja de herramientas parece que se nos ensancha. Conceptualmente nos estamos moviendo de la sola
idea de redes de protección social hacia redes de protección productiva.
Reflexionar
sobre estos temas será cada vez más la norma y necesidad de los Estados
modernos. Por lo menos en América Latina,
región en la que ya hay un consenso sobre la necesidad de repensar
institucionalidad y formas alternativas de ejercer el gasto público, porque las
tasas de reducción de pobreza, desigualdad y productividad no son suficientes
para dar el salto cualitativo que se necesita.
Guatemala
no está fuera de esta dinámica. Al contrario, quizás estemos a la zaga del
pelotón latino. Aquí la protección
social todavía se asocia a objetivos electorales y la economía familiar se
iguala al discurso reivindicativo de más tierra para campesinos. ¡Nos urge modernizar el vocabulario! Y para
ello análisis como este que hoy está gestándose en la FAO pueden servir de
palanca para abrir espacio político dentro y fuera del gobierno.
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