“(…) el gobierno central es un mejor proveedor de servicios básicos sobre cualquier otra alternativa.”
Hace unos diez años Guatemala se embarcó en una de las reformas más profundas de los últimos tiempos en materia de descentralización. La famosa trilogía del 2002 en donde se modificó el código municipal, la ley de consejos de desarrollo urbano y rural y la nueva ley de descentralización, parecían redibujar el paisaje de lo que serían las relaciones entre gobierno central, municipal y sociedad.
No hay que olvidar que los noventas eran los años en que casi no se cuestionaba la visión post acuerdos de paz de un Estado mínimo, y se gritaban en techos y azoteas las bondades de un mercado que nos solucionaría la vida. Si había que decir algo de lo público, a lo sumo nos atrevíamos a plantear la transferencia de competencias desde el gobierno central a las municipalidades, y se presentaba a las comunidades como campeonas en la gestión de servicios que el gobierno central había sido incapaz de llevar con regularidad y calidades mínimas.
¿Qué paso desde entonces? Este mes de marzo, el Instituto internacional de investigación sobre políticas alimentarias (IFPRI) hizo circular un documento titulado “Oportunities and challenges for community involvement in public service provision in rural Guatemala”, de los autores Johanna Speer y William Vásquez. Una reflexión interesante sobre las percepciones que tienen las comunidades acerca de la provisión de ciertos servicios básicos en el mundo rural.
De los muchos mensajes que salen del estudio resalto tres. El primero tiene que ver con la claridad que tienen las comunidades respecto de los servicios que más les urgen. En jerga economicista, sus preferencias reveladas están claras: acceso a agua. Después vienen otras cosas como salud, caminos y saneamiento, pero con porcentajes mucho menores.
Esto puede explicarse de varias maneras. Por ejemplo, debido a la importante inversión financiera, política e institucional que se ha hecho en el sector educación durante los últimos años, aún y cuando todavía hace falta mucho en términos de calidad y acceso a niveles superiores. Pero también puede ser reflejo de períodos de inversión, más intermitentes eso sí, en construcción y reparación de caminos.
El segundo mensaje que nos mandan los pobladores rurales tiene que ver con una percepción de que el gobierno central es un mejor proveedor de servicios básicos sobre cualquier otra alternativa. ¡Así como lo lee! De hecho, las comunidades estudiadas no se consideran más eficientes que el Estado para la provisión de servicios. ¿Bálsamo para los oídos de quienes creemos en los servicios públicos? De ninguna manera. Puede también deberse a una fatiga de los comuneros, a quienes les sale muy caro en tiempo y dinero hacerse cargo del puesto de salud, la escuela, los dos kilómetros de terracería, o del consultor que debiera darles asesoría técnica en sus parcelas.
Finalmente, a pesar de los avances variopintos que nos ha dejado una década de descentralización, aparentemente hay un espacio muy claro para la participación de las comunidades en prácticamente en cualquier contexto. Las funciones de planificación, evaluación, y auditoría social a proveedores de servicios y a autoridades de gobierno central o local es un papel que debe asumirlo la sociedad. Esto hay que seguirlo promoviendo, creando condiciones para más participación de la población, fomentando la organización social, demandando de los gobiernos información de manera regular, y encontrando formas de abaratar la participación de los habitantes de comunidades en espacios de toma de decisión política.
Si los datos presentados por IFPRI nos están reflejando la realidad del campo guatemalteco, es decir, si el método y las respuestas representan la percepción nacional, queda en el ambiente la necesidad de seguir investigando el tema. Hay que tener respuestas más precisas que nos permitan responder por qué el arraigo tan fuerte en el imaginario de los capitalinos de que lo estatal es siempre de calidad inferior, y por qué en el campo hay una valoración distinta de lo público.
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