“La propuesta hace un esfuerzo por darle rostro a un término que muchas veces dejamos demasiado abstracto: equidad en la distribución de los beneficios de generar riqueza.”
Termino esta semana con la discusión de la propuesta de desarrollo rural que nos ha puesto sobre la mesa a USAC y la URL. En mi columna anterior rescaté tres elementos de carácter general. Externalidades positivas, si usted quiere. Hoy cierro con dos elogios, dos críticas, y dos recomendaciones.
El primer elogio que quiero hacer tiene que ver con los roles diferenciados que el documento le asigna al Estado para promover el desarrollo rural. Promotor, para ayudar a la economía campesina a volverse excedentaria. Subsidiario, para los que ya son excedentarios y necesitan mayor inserción en mercados. Facilitador y regulador para productores que son competitivos en el mercado mundial. Es una propuesta poderosa, por cuanto pasa por reconocer la gran heterogeneidad que define no solamente el campo guatemalteco, sino el país en general.
Al más atrasado debe dársele una atención diferente que a aquel otro que ya está en capacidades de enfrentarse a mercados mucho más agresivos y abiertos. Me hace pensar en mis tres hijos y las necesidades diferenciadas que cada uno de ellos tiene para desarrollarse. Al más pequeño lo llevo de la mano para subir y bajar gradas, con el mediano ya juego futbol y ajedrez, y con el mayor discuto opciones para su educación universitaria.
El segundo elogio se refiere al enfoque de equidad. Cuando habla de la gran importancia que tiene la inversión privada para el desarrollo rural, también nos sugiere que debe ser una que cumpla con ciertos criterios básicos. Es decir, la propuesta hace un esfuerzo por darle rostro a un término que muchas veces dejamos demasiado abstracto: equidad en la distribución de los beneficios de generar riqueza.
Así por ejemplo, nos propone que sea una inversión que genere empleo digno y acorde con la legislación laboral; que produzca beneficios directos a las comunidades; pero también que fortalezca fiscalmente al Estado. Son tres características esenciales para cualquier modelo de crecimiento que busque llegar a todos a través del empleo, la responsabilidad social empresarial, y la política fiscal. En otras palabras, cómo procurar mayor equidad en términos palpables y concretos.
Por otra parte, pienso que hay algunos cabos que quedaron sueltos, lo cual da espacio a críticas constructivas. Áreas que se beneficiarían muchísimo de una buena estrategia de comunicación, de manera que la venta política de su propuesta sea exitosa.
Por ejemplo, al hablar de promover la economía campesina para generar sistemas alimentarios sostenibles, es importante resaltar no solamente el rol del Estado para “jalarla”, sino también para “graduarla” de dicha condición. Con eso evitamos dependencia. De paso, es una discusión que se extrapola muy bien hoy a redes de protección social. Es decir, buenos esquemas de incentivos tanto para el sujeto priorizado (campesino) como para las instituciones estatales que lo atienden.
Asimismo, cuando la propuesta sugiere el respeto a la multiculturalidad y la consulta comunitaria como herramienta para garantizar dicho respeto, es importante también señalar que deben existir mecanismos que limiten abusos tanto de consultantes como de consultados. De otra manera corremos el riesgo de que ambos, actores económicos poderosos y-o liderazgos locales mal enfocados, puedan paralizar proyectos de beneficio nacional.
Finalmente concluyo con dos pequeñas recomendaciones. La primera tiene que ver con la capacidad de articularse con otras iniciativas. Es muy importante dedicarle algún tiempo y recursos a esto. Pareciera haber un despertar en algunos socios importantes del país que vuelven a plantear el tema rural de manera explícita. Hay por lo menos cuatro o cinco instituciones internacionales con las cuales rápidamente se podría sondear posibilidades de articular una estrategia conjunta como la FAO, PMA, FIDA – que conforman el hub agro-alimentario por excelencia –, pero además otras que también están volviendo al tema, como el BID, Banco Mundial y PNUD.
Y la segunda recomendación tiene que ver en la parte más conceptual. Creo que la discusión debe continuar madurando hasta llegar a establecer un nivel mínimo de comprensión en la sociedad con respecto a ciertos conceptos fundamentales como agroecología, tiempos de adopción de los cambios tecnológicos en las economías campesinas, y soberanía alimentaria. Todo ello actualizado y aplicado al caso guatemalteco. Así se desactivarán críticas o interpretaciones incompletas. Por ejemplo, confundiendo soberanía alimentaria con la promoción de autarquía y-o subsidios a sectores de baja productividad. Sabemos que no es así, pero al no aclararlo suficientemente se deja un vacío conceptual y operativo.
Cierro deseando que ojalá y lográramos reposicionar el desarrollo rural en la agenda pública tanto como se logró hacer hace diez años con el tema de pobreza. Ello permitiría un salto cualitativo en muchos sentidos – conceptual, herramientas de política pública, asignaciones presupuestarias, y toma de conciencia –. Contamos con muchos ingredientes para lograrlo. Fuentes de datos más o menos recientes; instituciones como SEGEPLAN, MAGA, SESAN, y el mismo INE; y una coyuntura favorable para hacerlo. Falta la decisión política ¡na’más!
Prensa Libre, 17 de noviembre de 2011.
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