“Algunos años más tarde y tres o cuatro crisis bajo el cincho, hemos aprendido que las condiciones estructurales de nuestro país obligan a pensar en mezclas más balanceadas entre la acción pública y la iniciativa privada.”
Ayer salió publicada una pequeña nota de prensa en la que se comenta sobre la reactivación del Sistema Nacional de Extensión Agrícola (SNEA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Es una de esas noticias que salen chicas y usualmente pasan desapercibidas, pero que reflejan cambios conceptuales importantes en la forma de imaginar nuestro Estado y el diseño de las políticas públicas. Por esa razón creo que vale la pena dedicarle un poco de tinta.
La nota dice que el SNEA se reactivará – después de 14 años de no funcionar – con una inversión de 20 millones de quetzales, con lo cual se podrá dar asistencia gratuita a pequeños y medianos agricultores a través del apoyo de 800 técnicos agrícolas y la instalación de agencias en diferentes municipios del país. En la actualidad ya se han instalado 37 en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz y El Progreso. Para fines del 2010 se espera llegar a 87 y para el 2011 a 214 agencias en total.
Básicamente los servicios de extensión agrícola son una forma de aplicar la investigación científica a las prácticas agrícolas a través de educación y asesoría técnica. El grupo objetivo es la población rural y los técnicos (extensionistas) son profesionales de diferentes disciplinas tales como agronomía, administración de negocios y mercadeo de productos.
La premisa que subyace a dichos servicios es que a través de la aplicación de técnicas y conocimiento científico moderno se puede elevar la productividad – es decir, mejorar cantidad y calidad producida – de los pequeños agricultores. Con ello se proveen los medios para generar mayor ingreso y empleo rural conducentes a un mejoramiento en las condiciones de vida del campo.
En el caso de Guatemala, la provisión pública de dichos servicios de extensión se abandonó hace una década y media. Eran aquellos los años en que nuestro país escuchaba muy atentamente las recomendaciones del Consenso de Washington. Tiempos en los que prevalecía un clima para replantear (reducir) el papel que el Estado en la Economía. Hoy, algunos años más tarde y tres o cuatro crisis bajo el cincho, hemos aprendido que las condiciones estructurales de nuestro país obligan a pensar en mezclas más balanceadas entre la acción pública y la iniciativa privada.
De manera que la idea de recuperar ahora la provisión pública de los servicios de extensión puede que tenga sentido. Además, porque tenemos en la actualidad la posibilidad de promover espacios de cooperación con la comunidad científica nacional. Contamos con muchos campus regionales de diferentes universidades tanto privadas como pública a lo largo del país. Lógicamente ese debiera ser un aliado natural del SNEA porque ofrece institucionalidad, capital humano cualificado y conocimiento rural base para relanzar dicho sistema.
Sin conocer detalles de la arquitectura que las autoridades del MAGA han pensado para relanzar este sistema, lo importante debe ser rescatar las lecciones aprendidas a lo largo de nuestra historia reciente. En otras palabras, hay que tratar de entender el espíritu de la reforma anterior que llevó al abandono por parte del Estado por tantos años.
Claramente el punto flaco de todo bien público está en un adecuado sistema de incentivos que garantice calidad. En el caso de los servicios de extensión la calidad es lo que los agricultores más pequeños y vulnerables necesitan para poder competir en un mercado abierto y globalizado. En ese sentido, promover la competencia entre extensionistas puede que sea una forma de lograrlo, aunque no necesariamente la única.
En una perspectiva más amplia, lo fundamental debiera ser preservar el principio de subsidiariedad, según el cual la autoridad central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones que, por diferentes razones, no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. Es decir, en tanto dichos servicios no puedan ser proveídos con calidad y pertinencia de manera privada, el acceso debe garantizarse a través de instancias superiores de organización social.
Ello, por supuesto, no implica de forma alguna que la única y exclusiva fuente de provisión sea el gobierno central. Hay en nuestro Estado niveles inferiores y más cercanos a las comunidades que con el tiempo y un adecuado fortalecimiento institucional deben llegar a hacerse cargo de las necesidades de sus poblaciones.
Por de pronto es bueno recobrar conciencia de dos cosas. Primero, que el ámbito rural necesita urgentemente bienes y servicios públicos como los servicios de extensión agrícola. Y segundo, que el Estado puede y debe jugar un papel asegurando una adecuada provisión de los mismos.
Prensa Libre, 19 de agosto de 2010.
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