jueves, 12 de diciembre de 2013

De la estabilidad al desarrollo


“La visión sectorial, importante como es, hace que la política pública sea ciega ante las tremendas diferencias entre regiones, departamentos y municipios.”

Siempre en esta idea de seguir pensando en cómo salir del bache, otro de los desafíos que enfrenta Guatemala tiene que ver con lo fiscal.  ¡Sí ya lo sé!, esa trillada, entrampada, y gastada discusión sobre impuestos y gasto público.  Pero nos guste o no, hasta que no avancemos en esta agenda va a ser muy difícil poder pensar en rutas sostenibles de crecimiento y desarrollo. 

Lo que pasa es que con frecuencia y muy convenientemente se nos olvida que la agenda fiscal se compone de dos caras.  Una que tiene que ver con la generación de ingresos para el Estado, y que ha sido diagnosticada decenas de veces, siempre con características parecidas: baja carga tributaria, gasto público con bajo impacto, dependencia de tributación indirecta, endeudamiento del sector público relativamente controlado, déficit fiscal dentro de límites aceptables –aunque hubiese aumentado durante la última gran crisis internacional–, insuficiente inversión pública –que obedece a una estructura de gasto que ya trae destino específico, pero también a una inercia y rigideces en la ejecución del presupuesto nacional–.  Esa es la caricatura de los ingresos fiscales en Guatemala. 

Ante tal diagnóstico las recomendaciones, palabras más, palabras menos, son bastante estándar e igualmente repetitivas: aumentar la proporción de ingresos fiscales que provienen de tributación directa, aumentar la eficiencia en la captación de impuestos –lo cual incluye un ataque firme y sostenido a la evasión–, reducir el gasto tributario allí donde la economía política lo permita, generar opciones para el financiamiento del gasto público subnacional, entre otras. 

Sin embargo, la contracara de la moneda, esa que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, también tiene una agenda sustantiva.  De eso lamentablemente se habla poco, porque la discusión en medios, entre especialistas y legisladores, la consume siempre aquello que es más incendiario y urgente.  Pero la verdad es que es una agenda que no solamente debe hacer parte de cualquier esfuerzo de reforma tributaria, sino del funcionamiento cotidiano del Estado.  Y allí hay por lo menos tres grandes áreas de trabajo a las que debiéramos prestarle atención.

La primeara tiene que ver con la calidad del gasto público que ya se está ejerciendo.  Si es mucho, poco, suficiente o insuficiente, ese es otro cuento y debe discutirse por separado.  Lo importante es que ese 9 o 10 por ciento del PIB que constituye nuestra pírrica carga tributaria sea ejecutado con la mejor calidad posible.  Y para eso nos están haciendo falta instrumentos legales e institucionales que nos permitan darle una perspectiva de mediano plazo al diseño del gasto público, reglas claras y transparentes para su asignación, así como mecanismos de coordinación interinstitucional para su ejecución. 

El segundo y tercer temas tienen que ver con lo que podrían llamarse nuevos centros de gravedad para la gestión del gasto público.  Por una parte nos está haciendo falta una dimensión territorial para la forma como estamos gastando o invirtiendo los impuestos.  La visión sectorial, importante como es, hace que la política pública sea ciega ante las tremendas diferencias entre regiones, departamentos y municipios.  De ahí que una institucionalidad que nos haga pensar y planificar de manera no sectorial es tan saludable como necesaria.    

Finalmente, es necesario pasar de analizar sectores concretos a obstáculos específicos y transversales al funcionamiento del Estado.  Por ejemplo, los mecanismos de aprobación de presupuestos públicos, de contratación de deuda pública, sistemas para coordinar la ejecución del gasto que proviene de distintos ministerios y dependencia, que muchas veces ocasiona duplicidades y-o déficits en los territorios donde debe hacerse efectivo. 

Atender esta agenda de gasto, al igual que la de los ingresos, es lo único que nos permitirá sentar las bases fiscales para pasar de la estabilidad al desarrollo.  Pero para ello hace falta volver a creer y crear las condiciones para un gran acuerdo nacional que nos ponga a trabajar en función de una Guatemala a diez o quince años plazo.  ¿Seremos capaces de tal cosa?

Prensa Libre, 12 de Diciembre de 2013. 
 

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