“La pobreza y desigualdad urbana tiene una naturaleza muy diferente, quizás más compleja, que la pobreza y desigualdad rural.”
No es difícil imaginarse a Guatemala como un pequeño Brasil. Su diversidad climática, étnica, niveles de pobreza y desigualdad, el rol de sus elites económicas, y un pasado compartido de difícil transición democrática, hacen que ambos países tengan mucho de qué hablarse uno al otro; y en el caso de Guatemala, mucho que aprender de lo andado por el gigante de Suramérica.
Un pequeño ejemplo de ello lo tenemos en nuestra política social, en donde los guatemaltecos también hemos apostado al concepto de transferencias condicionadas en efectivo como herramienta para la reducción del a pobreza. En Brasil el programa Bolsa Familia ha recibido un particular impulso institucional y político desde el año 2003 con el gobierno del Presidente Lula. Desde entonces ha hecho significativos esfuerzos por ampliar su cobertura e impacto social, convirtiéndolo en pieza clave para la función redistributiva de aquel Estado. Hoy tiene prácticamente garantizada su continuidad en la siguiente administración que los brasileños elegirán el mes próximo.
En esa línea, hace algunas semanas apareció un reportaje publicado en la revista The Economist, discutiendo de forma prospectiva el programa insignia de la política social en aquel país. Vale la pena compartir algunos mensajes porque mucho de lo que allí se dice puede perfectamente trasplantarse a cualquier otra nación latinoamericana que esté utilizando instrumentos similares para atender a su población más pobre.
Las bondades y debilidades de Bolsa Familia están a la vista. Pero además son debatidas abierta y ampliamente, lo cual suma a favor de la transparencia y apropiación del concepto por parte de la sociedad. Los números duros revelan que dicha intervención ha contribuido en menos de 10 años a reducir el índice de desigualdad de Gini de 0.58 a 0.54, ha acelerado un proceso de reducción de pobreza y desnutrición rural – fenómeno que ya venía dándose desde la década de los noventa –, y además no ha representado un costo demasiado alto para el erario público – más o menos 0.5% del PIB.
A pesar de ello, la discusión parece estar puesta hacia el nuevo y principal reto que tiene el programa: cómo hacerlo igualmente efectivo en un contexto de pobreza urbana. Por ejemplo, hoy se discute si las transferencias condicionadas en las ciudades han dejado a muchos hogares pobres en una condición relativamente peor que la que tenían antes, cuando eran usuarios de un conjunto de transferencias gubernamentales tales como programas contra la desnutrición infantil, subsidio a combustibles para cocinar, transferencias para adolescentes, entre otros.
De igual forma se debate sobre los impactos sobre trabajo infantil, en donde aparentemente el programa no ha sido tan efectivo, ni en el campo ni en la ciudad. Pero sobretodo en contextos urbanos, en donde el monto de la transferencia que se da a los hogares parece insuficiente para cubrir lo que los niños podrían ganar haciendo trabajos informales en las calles.
En resumen, los brasileños tienen ya una idea bastante acabada en cuanto a beneficios y retos que Bolsa familia deberá enfrentar en los próximos años. La intervención ha sido exitosa en términos de reducción de la desigualdad y pobreza. Sin lugar a dudas ha beneficiado a los hogares más necesitados del ámbito rural. Ha cerrado brechas campo-ciudad en cuanto a escolaridad y desnutrición infantil. Y todo ello a un costo relativamente bajo comparado con la cobertura y el impacto socioeconómico alcanzados.
Sin embargo, evidencia acumulada de varios años de monitoreo y evaluación ya alerta sobre la necesidad de hacer ajustes para reconocer características diferentes entre la población más pobre, particularmente la que vive en centros urbanos. Hay que revisar el sistema de incentivos que tiene el programa para sacar a más y más niños fuera de las calles y llevarlos hacia escuelas y centros de salud.
Ha quedado claro que la pobreza y desigualdad urbana tiene una naturaleza muy diferente, quizás más compleja, que la pobreza y desigualdad rural. Por tanto, los ajustes que se darán en el área urbana probablemente apuntarán a volver “más competitivos” los beneficios de Bolsa Familia con respecto a otras fuentes alternativas de ingreso. Incluso quizás sea necesario complementar con otro tipo de intervenciones que vayan más allá de la transferencia de dinero.
De cualquier manera, si hubiera que resumir en una línea programas como este, diríamos que son un éxito rural y un reto urbano.
Prensa Libre, 2 de septiembre de 2010.
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