Recaudación y desarrollo

“Tan simple como que el prójimo que pasa frente a mí es tan distinto a mí, que no me reconozco en ella o él, y por tanto tampoco veo la ocasión o necesidad de cooperar para conseguir un objetivo común.”

En una discusión sobre la reforma tributaria chilena el economista Jorge Marshall reflexionaba sobre algo que él llama “el círculo virtuoso entre recaudación y desarrollo”.   

Interesante recordatorio de cómo el desarrollo no sucede de manera espontánea, sino que más bien debe apuntalarse de varios factores como una robusta recaudación tributaria, sólidas instituciones, transparencia y rendición de cuentas, participación y contrapesos en el sector público, por citar algunos cuantos ejemplos. 

Dos elementos llaman poderosamente la atención de su análisis. 

El primero tiene que ver con la necesidad de dar señales claras de mayor eficiencia y efectividad de parte del gobierno, porque de otra manera (sic) “se corre el riesgo de trasladar el malestar de la población desde la falta de equidad en el acceso a servicios sociales de calidad, al funcionamiento deficiente de las instituciones públicas.”  Así, la sociedad confunde dos problemas relacionados pero diferentes. 

Por un lado el exceso de desigualdad, que merma el sentido de pertenencia a un grupo social que resulta ajeno a mi identidad e intereses.  Tan simple como que el prójimo que pasa frente a mí es tan distinto a mí, que no me reconozco en él o ella, y por tanto tampoco veo la ocasión o necesidad de cooperar para conseguir un objetivo común que nos beneficie a ambos. 

Y por el otro, el descrédito de las instituciones públicas ante su mal funcionamiento, con lo cual dinamitamos los únicos puentes posibles para conectar necesidades sociales con bienes y servicios públicos.  Se explica entonces el surgimiento de propuestas voluntariosas pero muchas veces poco edificantes para el largo plazo, como el desmantelamiento del aparato público en funciones elementales para dar ese sentido de cohesión que por definición está ausente en contextos de mucha desigualdad.    

¡Pero aún hay más!

El segundo elemento que llamó mi atención del análisis que hace el economista chileno tiene que ver con  que (sic) “[la]a responsabilidad política del Estado respecto de la sociedad es directamente proporcional al tamaño de la recaudación, lo que se expresa en mayores expectativas ciudadanas en las instituciones públicas.”  Esa premisa sí que va directo a la vena, y amerita contar no hasta diez ¡sino hasta veinte o treinta!…  Es decir que no podemos tampoco pedir peras al olmo y demandar al Estado más responsabilidad que la que su dotación de recursos le permite.  Si queremos más de aquello que vemos funcionar en otras latitudes con cuatro estaciones al año –parques, plazas, seguridad, asfalto, agua, luz, salud y educación–, hay que pagar el precio asociado. 

Poderosa aseveración que de inmediato me hizo pensar en Guatemala y sus ya descoloridas discusiones.  Que se repiten como disco rayado, una y otra vez, cuando hay que aprobar un nuevo préstamo, cuando hay un proyecto de reforma fiscal sobre el tapete, o cuando la recaudación tributaria no da signos de mejora sustantiva y, como hoy, se proponen medidas para aumentar los ingresos fiscales que, en el mejor de los casos, dan en qué pensar. 

Lo esperanzador es que tales reflexiones tengan lugar en un país como Chile, otrora experiencia exitosas de la liberalización y el mercado, hoy en una senda más balanceada.  Que reconoce el valor elemental de lo público, de la institucionalidad y la procura de la equidad social, como tres cimientos sobre los cuales construir su permanencia en el grupo de países etiquetados como de mayor desarrollo.  

Lo retador para los guatemaltecos es encontrar la manera de trasladar ese discurso, a veces conceptualmente tan ajeno, a una realidad con tantas urgencias como la nuestra.  Pero hay que seguir intentando.  En algún momento la peña tendrá que ceder…

Un momento…, ¡déjame pensar!

“Hay que tener cuidado y no caer en la ilusión óptica de que una hora para un campesino es mucho más barata que la de un banquero.”

Leí un artículo en la edición de fin de semana del New York Times: “Poor and clocked out”.  Una discusión sobre un tipo de pobreza del que muy poco se dice: la pobreza de tiempo.  Regularmente no solemos prestarle mucha atención –al menos no en el mundo moderno, tan lleno de estímulos y distractores–, justamente porque no tenemos tiempo para pensar en que quizás sea allí, en la falta de tiempo, donde reside una de las fuentes del problema.

El argumento central conecta la falta de dinero (pobreza material) con las decisiones económicas que hacen los individuos día a día.  Todos estamos expuestos a hacerlo a cada momento: decidimos qué comprar, cuánto ahorrar, cuándo pedir un préstamo, etcétera.  Cada decisión que hacemos demanda un tiempo de procesamiento para poder escoger lo que pensamos es más conveniente. 

Me recordó una película que discutimos con mi hijo mayor hace unos meses: In Time.  Allí también la trama estaba construida alrededor de la abundancia o la escasez de tiempo.  Los ricos tenían mucho tiempo para gastar, y los pobres tenían muy poco tiempo y por lo tanto siempre estaban viviendo de prisa para sacarle el mayor provecho a cada una de los pocas horas que tenían. 

Tanto el artículo como la película tienen el mismo mecanismo de transmisión: con suficiente tiempo se toman mejores decisiones, con ello hay mayor aprovechamiento de las oportunidades, que generan más dinero, riqueza, más bienestar, que luego se traduce en más tiempo disponible (¡y viceversa!).  Y no se crea que son cuentos chinos, eh.  El asidero empírico está allí, demostrando de muchas maneras.  Cuando se tiene presión de tiempo para pensar y decidir, o cuando se sabe que son pocas las opciones (escasez) el estrés aumenta y con ello la probabilidad de errar.  Y los pobres tienen el agravante de contar con muchos menos mecanismos para asegurarse contra errores de cálculo. 

Pero además hay otro efecto mucho más perverso y perecedero en la escasez de tiempo: obliga a las personas a priorizar lo urgente e inmediato por sobre una planificación estratégica.  Y bien sabido es que el bienestar se construye en gran medida sobre la base de decisiones suficientemente pensadas: número de hijos, tipo de trabajo, profesión, barrio, relaciones interpersonales, entre otras.  Son todos eventos que pueden o no planificarse, pero en definitiva tienen un impacto en el nivel de bienestar personal y familiar.

Toda esta discusión en apariencia totalmente ajena a la pobreza tiene una implicación de política pública muy concreta: el diseño de cualquier tipo de programa social debiera tomar en cuenta el costo en tiempo como uno de los factores de éxito o fracaso.  Hay que tener cuidado y no caer en la ilusión óptica de que una hora para un campesino es mucho más barata que la de un banquero.   

En términos absolutos quizás lo sea, pero el tiempo, como casi cualquier otra dimensión del bienestar, tiene una dimensión relativa y subjetiva.  El uso del tiempo debe medirse en función del costo de oportunidad que tiene para el individuo.  Una hora mal invertida para un campesino en tiempo de siembra o cosecha puede tener un altísimo impacto en la seguridad alimentaria de su familia y en su condición de pobreza.    

Reuven Feuerstein probablemente resumiría todo esto en una sola frase: un momento…, ¡déjame pensar! 

Cuadros, capacidad y estabilidad

“Para la productividad se utiliza la política educativa, de empleo, o de inversión en infraestructura; para la capacidad de gestión del Estado la política fiscal, y para la movilidad social la política social.”

Las principales restricciones que enfrenta el país para crecer y desarrollarse se pueden resumir en tres: bajos niveles de productividad de la mano de obra, una baja capacidad de gestión del Estado, y una baja movilidad social.  Tres bajas que hay que convertir en altas, ¡a como dé lugar!     

La productividad es importante por cuanto en ella descansa la sostenibilidad del crecimiento económico de cualquier sociedad.  Hacer más con menos no solamente es rentable en el corto plazo sino que sienta las bases para que los trabajadores puedan reconvertirse y reubicarse en sectores de la economía más dinámicos y que ofrecen mejores retribuciones a su trabajo.  De otra manera estamos siempre a merced de vientos en cola que nos puedan traer los mercados internacionales, sin certeza de cuánto puedan durar.  Es decir, bonanza ganada no por mérito propio sino por condiciones internacionales fuera de nuestro control. 

La capacidad de gestión del Estado viene asociada a la cantidad de recursos que se ponen a disposición del aparato público, pero también a la posibilidad de convertir dichos recursos en resultados –bienes, servicios, instituciones y reglas de juego– que idealmente deben ser aquellas que la mayoría de la sociedad considera deseables y necesarias para su bienestar.  De allí la importancia de alcanzar el mayor acuerdo posible sobre el nivel de recursos, su procedencia así como la forma de ejecutar los mismos. 

Y la movilidad social no es sino expresión del grado en que las sociedades premian mucho o poco el esfuerzo individual por sobre condiciones heredadas.  No se manifiesta solamente a través del nivel salarial. De hecho, en países más avanzados la movilidad social es en buena medida el producto de la acción pública que genera espacios de integración social y oportunidades para que sea el esfuerzo individual el que reluzca y defina las diferencias entre personas.

Así, a todos estos problemas estructurales generalmente corresponde una o varias políticas públicas.  Son dichos instrumento los que por excelencia están llamados a atender las necesidades colectivas.  Para la productividad se utiliza la política educativa, de empleo, o de inversión en infraestructura; para la capacidad de gestión del Estado la política fiscal, y para la movilidad social la política social. 

Ahora bien, si estamos de acuerdo en que estos son tres restricciones que estructuralmente inhiben el desarrollo de Guatemala, y si creemos que la política pública tiene un papel que jugar para desatar tales nudos ciegos, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿con qué capacidad de gerencia cuenta el país para, desde el Estado, conducir procesos de diálogo social e inversión pública? 

Desafortunadamente la historia reciente no nos da mucha perspectiva positiva.  En el mejor de los casos hemos logrado uno o dos equipos mínimos para atender o lo productivo, o lo fiscal o lo social.  Casi nunca hemos tenido la capacidad de conformar un cuadro que permita hacer transformaciones permanentes en los tres frentes de manera simultánea.  

Las últimas tres administraciones de gobierno son un claro ejemplo de la imposibilidad de conjuntar equipos estables, técnicos, coordinados, y con capacidad de administrar múltiples objetivos de política pública.  En cambio, hemos tenido funcionarios que en lo individual han intentado avanzar agendas parciales pero que desafortunadamente se diluyen a su salida del gobierno. 

Esta es una de las lecciones principales que deberíamos rescatar de los últimos años en democracia: la importancia de conformar equipos de gobierno, con una visión compleja y compartida de lo que gestionar un Estado implica.  En ausencia de cuadros técnicos y políticos seguiremos dando bandazos, a veces con modestos aciertos, pero sin mayor trascendencia ni sentido de dirección. 

La capacidad individual es importante, pero la estabilidad en los cargos quizás lo sea aún más todavía. 

Prensa Libre, 12 de junio de 2014.

No son payasadas

“(…) una buena parte de la elite urbana ya se ha puesto en guardia y le ha comenzado a alzar la voz, exigiendo que no se juegue con fuego.”

El período presidencial es muy corto.  En eso podemos estar casi todos de acuerdo.  Luego hace falta darle al ejercicio de dicho cargo público un espacio mayor de acción, lo cual puede darse ya sea permitiendo la reelección presidencial consecutiva, como en el caso de Brasil o los Estados Unidos; o bien alargando la gestión presidencial a un sexenio, como en el caso de México. 

Sin embargo, en el caso de Guatemala hay restricciones constitucionales clarísimas y hasta delitos tipificados que maniatan a cualquiera que pretenda ser juez y parte de un cambio de reglas del juego.  Quizás por aquello de que, como dicen los sajones, “you cannot have your cake and eat it too.”   

En el caso de diputados y alcaldes francamente tengo mis serias dudas.  No veo la necesidad de alargarles el período, ni por la escala de las obras que realizan ni por la complejidad en la gestión, en el caso de alcaldes; ni por la naturaleza del trabajo que realizan, en el caso de los legisladores.  Más urgente sería una reforma que modernizara las finanzas municipales y-o que eliminara el sistema de listas para la elección de diputados para hacerlos rendir cuentas más claras de su desempeño.       

Pero enfocándonos en el caso de presidente y vicepresidente en funciones, ya muchos analistas han hecho sonar la alarma, señalando que la prolongación del periodo está prohibido por la constitución con doble candado: artículos 187 y 281.  Así, la única forma de hablar de estos temas dentro de la legalidad es por la vía de una asamblea nacional constituyente (ANC). 

Si el presidente quisiera de verdad atacar la raíz del cáncer que padece nuestro sistema político podría hacerlo creando las condiciones para una discusión amplia y profunda sobre este y otros temas, promoviendo una ANC que trabaje por un nuevo contrato social.  Otras experiencias latinoamericanas nos dan pistas al respecto. 

Es en ese espacio (ANC) donde se lograría cambiar las crecientes sospechas de segundas y muy nefastas intenciones y probablemente se le otorgaría el beneficio de la duda.  Pero a como están las cosas, una buena parte de la elite urbana ya se ha puesto en guardia y le ha comenzado a alzar la voz, exigiendo que no se juegue con fuego.  De manera que aún y cuando los cantos de sirena de la rosca presidencial le hayan hecho creer al mandatario que siempre se puede encontrar una interpretación ultra técnica y retorcida, carecerá de legitimidad alguna.

Pero más a allá de este rifirrafe, ¡menudo desfavor el que nos está haciendo la clase dirigente!  ¿Qué necesidad había de polarizar de entrada un tema harto fundamental para oxigenar nuestro alicaído Estado y darle mayor músculo al organismo ejecutivo, a todas luces urgido de tener un horizonte temporal más amplio para poder plantear soluciones de mediano plazo? 

El desarrollo no tiene atajos, presidente.  No en lo económico, no en lo social, y no en lo político.  No sucede en una noche, ni se promulga en hemiciclo alguno. Cuando hay un problema estructural hay que buscar una solución igualmente estructural, aunque eso tome más tiempo y esfuerzo.

No son payasadas.  Después no digan que no se les advirtió.  

UWC antes, UWC hoy

“La generación de mi hijo interpela el conflicto en Siria, la crisis de la Unión Europea, la primavera árabe, y observa atentamente el despertar de China.”

Buena parte de mi infancia y toda mi adolescencia la viví con mis abuelos.  Mi abuelo, hombre de su tiempo, políticamente comprometido, y lector voraz de todo cuanto pasaba por sus manos, no dejaba texto parado.  A veces me pregunto ¡qué hubiera hecho con Google y Wikipedia! 

Un día llegó a mi cuarto donde yo estaba estudiando, y sin mediar mucha conversación me dejó sobre la cama el periódico de ese día, con una noticia muy chiquitita, circulada con su famoso marcador rojo.  Antes de salir me dijo: creo que deberías aplicar. Leí la nota dos o tres veces, y allí comenzó todo esto. Tenía entonces diecisiete años

Ahora que lo pienso veo cómo en su mismo nombre está condensada toda su esencia: United World Colleges (UWC).  Un proyecto educativo construido alrededor de un riguroso programa académico y una estrategia de intensa convivencia y proyección social.  Que apuesta por el entendimiento y convivencia pacífica entre individuos, entre distintos imaginarios, entre religiones, entre mitos y creencias.  Así de sencillo pero así de difícil de explicar cuando no se ha vivido. 

Sin duda alguna fueron dos de los años más intensos que he pasado en la vida.  Cada vez que los repaso me doy cuenta que fue allí en donde se plantaron muchas de las ideas que han motorizado mucho de lo que vino después.   

Una experiencia tan intensa, que veinte años más tarde tuvimos la osadía de permitir que nuestro primogénito también la viviera.  Sus padres somos firmes creyentes del poder transformador que tiene la educación.  Estamos convencidos que son los jóvenes el alma del cambio, y que haciéndolos convivir antes de que sus prejuicios se solidifiquen podremos poco a poco demoler estructuras mentales que dificultan el desarrollo y la paz.  

El fin de semana pasado fuimos a acompañarlo y celebrar juntos su graduación.  Volví a resucitar esas emociones que acompañan la vida en los UWC, ahora atemperadas por el paso del tiempo y la experiencia de ser padre.  Muchachos y muchachas en sus trajes nacionales, compartiendo su cultura, criticando agudamente pero también proponiendo soluciones para este mundo que les estamos heredando. 

En mis años era la Guerra del Golfo, la caída del muro de Berlín, la liberación de Mandela y los quinientos años de la llegada de Colón a América.  Hoy la generación de mi hijo interpela el conflicto en Siria, la crisis de la Unión Europea, la primavera árabe, y observa atentamente el despertar de China.   

Al terminar el día y caminar por ese campus ya vacío pensé con nostalgia en aquel marzo de 1991 y en este mayo de 2014.  En cómo ha cambiado el mundo desde entonces y cómo en muchas cosas sigue siendo tan igual.  Pensé en mi hijo y en su futuro cada vez menos incierto.  Pensé también en los UWC, y en la necesidad de mantener y multiplicar oasis como estos.  Porque fueron, son, y sin duda seguirán siendo, una apuesta, una propuesta y un ejemplo concreto de que otro mundo es siempre posible.     

Prensa Libre, 29 de mayo de 2014.

Los territorios del empleo

“Ambos tipos de territorios gobernados por las mismas elites, ambos tipos de contribuyentes aportando al mismo sistema fiscal, ambos tipos de grupos sociales viviendo la democracia de manera diametralmente opuesta.”

Hace algunos años hicimos una alianza estratégica el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC, por sus siglas en inglés) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para producir desde la región reflexiones cada dos años sobre dos de los temas más acuciantes en la agenda latinoamericana: reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad.

Así, en el año 2011 se produjo el primer “Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad”, en el cual participaron equipos de reconocidos investigadores locales.  La idea era monitorear a ocho países de la región –Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú–, en seis dimensiones del bienestar –salud, educación, seguridad ciudadana, ingresos, dinamismo económico e igualdad de género–, a través de una batería de más de veinticinco indicadores, con datos al mayor nivel de desagregación geográfica posible.

Los resultados, aunque intuitivos muchos de ellos, no dejaron de sorprendernos porque ponían al desnudo la geografía de la desigualdad en América Latina.  Así, encontrábamos dentro de un mismo país a municipios con niveles de bienestar comparables con los de la OCDE, y a pocos kilómetros de distancia –pero muchas veces a muchas horas de viaje–, municipios que perfectamente podrían trasplantarse al África Subsahariana.  Ambos tipos de territorios gobernados por las mismas elites, ambos tipos de contribuyentes aportando al mismo sistema fiscal, ambos tipos de grupos sociales viviendo la democracia de manera diametralmente opuesta. 

En el año 2013 repetimos el ejercicio para volver a monitorear las mismas dimensiones del bienestar.  Pero además dando una  mirada más a profundidad a un tema que, como en pocos momentos en la historia, ha generado tal nivel de consenso sobre su importancia para dar viabilidad a economías y democracias en el mundo entero: el empleo.  Dando, eso sí, especial énfasis en la calidad del mismo, tratando además de entender cuáles son los factores en el territorio que determinan su generación.    

Aquí reside una de las novedades del informe, ya que generalmente al empleo se le relaciona con otras dimensiones como las características del individuo – género, étnica, nivel de capital humano – o la institucionalidad de los mercados laborales.  Pocas veces se le vincula con dinámicas territoriales. 

En resumen, el estudio identifica tres conjuntos de factores que deben tomarse en cuenta para generar más y mejores empleos. 

Primero, la estructura económica-productiva de los territorios.  Entre más se descanse en producción de materias primas más difícil la generación de empleos de calidad.  De ahí la necesidad de industrializar y con ello dar valor agregado a la producción.

Segundo, las políticas públicas que se implementan en los territorios.  Institucionalidad laboral, políticas de fomento productivo y de protección social, siendo el marco, las reglas del juego que regulan los mercados, condicionan el tipo de empleo que se genera en los territorios.  En el lejano oeste se salva quien puede y manda quien ruge más fuerte.  En sociedades modernas hay acuerdos sociales mínimos que delimitan lo que es y no es aceptable en un mercado laboral.

Y tercero, los espacios de diálogo social.  La institucionalidad de un país debe ser la expresión formal de un acuerdo entre actores sociales.  Y para lograr acuerdos hace falta dialogar y comprometerse.  Esa es la esencia de la democracia y de la vida en sociedad.

Lo invito a que visite la página de internet, vea los resultados, descargue las bases de datos, y deje sus comentarios para poder mejorar cada vez más este análisis latinoamericano hecho por y para los latinoamericanos.  Pase adelante: http://www.informelatinoamericano.org/.

Prensa Libre, 22 de mayo de 2014.

Tres mensajes latinos

“Bien sabemos que la región no es la más pobre del mundo pero sí la más desigual.”

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en el 35 período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  Nunca antes había asistido a una de sus reuniones y debo decir que salí con una impresión muy grata.  Es un espacio privilegiado para tomarle el pulso a la región y escuchar cómo están leyendo los gobiernos de cada país la coyuntura económica y política. 

Pero además, es una buena oportunidad para conocer el trabajo y propuesta conceptual de este organismo de Naciones Unidas, que desde sus orígenes se ha caracterizado por generar ideas alternativas y pensamiento crítico con relación a los desafíos de desarrollo que enfrenta Latinoamérica.  Durante los últimos años han enfocado su trabajo en lo que hoy llaman “la trilogía de la igualdad”.  Partieron con un primer documento presentado en Brasil en el año 2010 titulado “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”; luego con una segunda reflexión discutida en El Salvador en el año 2012, “Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo”; y ahora en Perú (2014) ponen sobre la mesa “Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible”. 

Seis años de esfuerzo y reflexión sistemática que debiera servirnos de referente para seguir profundizando la discusión que estamos teniendo en la región sobre cómo reducir esas diferencias tan abismales que existen entre poblaciones y territorios, en una región tan rica como desigual.

Escuché tres ideas con mucha fuerza y consistencia.  Tres mensajes latinos para los latinos pero también para el resto del mundo.

El primero, reconocer lo oportuno de este planteamiento sobre equidad, que llega en momentos en los cuales se está definiendo la agenda de objetivos de desarrollo sostenible (ODS).  Eso que llamamos el post 2015, y que sin duda alguna dará forma y contenido a la manera en que el mundo cooperará en los siguientes diez o quince años. 

Así, en una coyuntura internacional tan especial, es importante que los latinoamericanos logremos construir una narrativa mínima sobre el papel que tiene la desigualdad y el imperativo que supone superarla para garantizar la sostenibilidad de nuestras democracias y economías.   Bien sabemos que la región no es la más pobre del mundo pero sí la más desigual.

Esto me lleva al segundo mensaje, el cual tiene que ver con la crítica generalizada que la región está haciendo a la renta nacional como indicador de desarrollo, y la necesidad de revisar ese clasificador de países de renta media (MIC, por sus siglas en inglés).  En contextos de mucha desigualdad sabemos muy bien que los promedios son una ilusión óptica del bienestar.  No son la variable más informativa ya que esconden diferencias extremas entre grupos e individuos.  Para muestra un botón: solamente en América Latina y Caribe el arco es tan amplio que va desde Chile hasta Haití.          

Finalmente, escuché repetir mucho la cifra de los 600 millones de latinoamericanos, de los cuales cerca del 80% habita en ciudades.  Eso pareciera que en automático se está colocando el acento en lo urbano al momento de pensar nuestro mediano plazo.  Sin embargo, no podemos perder de vista que es un mensaje que, mal interpretado, puede complicar la vida a la friolera de 120 millones de ciudadanos rurales.  Y como también sabemos, ellos se alojan en la cola inferior de la distribución.  Es justamente en el espacio rural en donde se manifiestan con más nitidez esas brechas estructurales que definen a América Latina. 

Cualquiera sea nuestra opinión o preferencia, no podemos desconocer que la región, con ayuda de insumos como estos que hoy nos comparte CEPAL, está consolidando una propuesta bastante articulada y con muchas posibilidades de tener tracción en la arena global.  Será cuestión de seguir trabajando coordinados en la venta política para que efectivamente se traduzca en acuerdos, metas e indicadores, pero sobre todo en acciones concretas de nuestros Estados nacionales.

Prensa Libre, 15 de mayo de 2014.

Dicotomías falsas

“(…) inclusión financiera y política social son dos áreas en donde se puede (¡y debe!) hacer política pública basada en evidencia, siempre que exista voluntad política por supuesto.”

El instrumental de política pública que la región ha ido desarrollando para atender sus estrategias de reducción de pobreza es amplio, relativamente institucionalizado, pero sobre todo fue muy claro desde el inicio en cuanto a su apuesta conceptual: la pobreza se combate fundamentalmente con protección social.  Así, reconversión productiva, inserción a mercados, cadenas de valor, rentabilidad económica y productividad, fueron términos reservados para aquellos que demuestren capacidad de mantenerse a flote.  Es decir, los no pobres. 

Solo de manera más reciente es que América Latina –y no todos los países– vuelven a preguntarse si los pobres también pueden tener alguna viabilidad económica –¡si son capaces de producir y vender algo para salir por sí solos pues!–.  Ergo la agenda de inclusión financiera, los programas de compras públicas y el retorno de la banca de desarrollo, instrumentos todos que apuntalan eso que un día alguien llamó crecimiento económico pro pobre. 

En el caso de la inclusión financiera, proceso que apoya la salida de la pobreza en condiciones de mercado, me parece que ha corrido ya algún agua bajo el puente y podemos decir un par de cosas con cierto conocimiento de causa. 

Lo primero es que la intersección entre política social e inclusión financiera necesariamente converge en el espacio rural.  Porque es justamente allí, en la ruralidad profunda, en donde se aloja la pobreza más dura, donde se manifiesta con mayor claridad la exclusión social que la política social busca revertir, y donde el vacío de los mercados de bienes pero sobre todo de servicios –en este caso financieros– es más evidente. 

En segundo lugar, afortunadamente tanto en materia de inclusión financiera como de política social ya existe un bagaje muy rico y creciente de investigación y evidencia empírica, que evalúa mecanismos de transmisión e impactos en individuos, hogares y emprendimientos.  A medida que pasa el tiempo vamos conociendo con mayor detalle cómo funcionan diferentes instrumentos financieros –crédito, ahorro, seguros, medios electrónicos, etc.– y qué tipo de decisiones de consumo e inversión inducen.  Lo mismo sucede con los diferentes tipos de programas de protección social y sus efectos en el comportamiento y estrategias de vida de los pobres.  Por lo tanto, inclusión financiera y política social son dos áreas en donde se puede (¡y debe!) hacer política pública basada en evidencia, siempre que exista voluntad política por supuesto. 

Finamente, debemos seguir insistiendo que para hacer efectiva la acción pública y lograr reducir pobreza en el ámbito rural es necesario volver a conectar la protección social con el fomento productivo.  Hay que abandonar esa visión dual en donde exigimos a los habitantes de las zonas rurales comportamientos esquizofrénicos: por un lado les pedimos que se comporten como receptores pasivos de transferencias a fondo perdido (protección social), y por otro les exigimos que actúen como empresarios, en donde la toma y evaluación de riesgos es condición sine qua non para la inserción en mercados (fomento productivo). 

En este proceso de cerrar brecha entre lo social y lo productivo y darle viabilidad económica a los pobres, la inclusión financiera puede jugar un papel fundamental.  Es un ejemplo más de cómo se puede romper la dicotomía falsa entre eficiencia y equidad.  La inclusión financiera hace más eficiente un instrumento de equidad (protección social) a la vez que hace más equitativos instrumentos de eficiencia productiva (productos financieros).  

Prensa Libre, 8 de mayo de 2014.

Después de la M viene la S

“(…) hasta dónde fuimos capaces de pensar en clave planetaria y entender el desarrollo como un concepto marcado por la complejidad, la incertidumbre y la interdependencia.”

Hace catorce años mi hijo mayor tenía tres.  Vivíamos en Santiago de Chile.  Cambiaba el siglo, renovábamos esperanzas, soñábamos y nos comprometíamos a trabajar por un mundo mejor.  La pobreza estaba al centro del debate de desarrollo y era el enemigo a vencer por todos. 

Tales eran las condiciones que casi doscientos países decidieron firmar un compromiso para acabar con la pobreza mundial y mejorar las condiciones de vida de mucha personas a través de una lista de compromisos que rimbombantemente bautizaron como los objetivos de desarrollo del milenio (ODM).  De entonces para acá todo es historia.

Los avances fueron variopintos.  En lo sustantivo, digamos que la parte medio llena del vaso tiene que ver con una importante reducción de pobreza extrema en todo el mundo, aumento significativo en acceso a educación primaria, combate a malaria y acceso a agua potable.  En lo operativo, logramos una agenda común y sistemas de seguimiento, cosa no menor cuando de temas de desarrollo se trata.   

Sin embargo, igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, sostenibilidad del medio ambiente, reducción en la mortalidad infantil y el compromiso con una alianza mundial para el desarrollo como que siguen siendo asignaturas pendientes.

La renovación de votos vendría en el 2015, justo para sus bodas de cristal –curiosa frágil analogía–.  Allí se haría un corte de caja, rendición de cuentas para saber si vamos bien o nos regresamos.  Un ejercicio de autoevaluación sin dolientes directos porque casi ninguno de los de entonces son los de hoy.  Más bien serán análisis que sirvan de base para la siguiente etapa.  Esa que hoy ya se ha bautizado como objetivos de desarrollo sostenible (ODS).  

Una sostenibilidad que se está entendiendo desde la inclusión de temas nuevos en la agenda de desarrollo global –energía, empleo, alimentos, desigualdad, entre otros–, así como un esfuerzo por lograr una mayor legitimidad.  Esta vez ya no se propone construir la agenda desde un abordaje “top-down”, en donde los mismos de siempre recetan a los mismos de siempre. 

Para bien o para mal el mundo ha dado varias vueltas de tuerca en estos quince años y la correlación de fuerzas es otra.  Por una parte, países emergentes gritan por ensanchar la tienda y tener más voto en las decisiones –suponemos que también están dispuestos a más corresponsabilidades–.  Y por la otra, los países industrializados no terminan de reponerse de sus descalabros financieros y fiscales.  Es de esperar entonces que los ODS serán un espacio de expresión de estas pujas globales que están teniendo lugar. 

Como sea, parece que avanzamos en fondo (temas de agenda) y forma (mecanismos para consensuarlos) y pasamos de la M a la S.  Aunque la verdad de la milanesa se sabrá en año y medio cuando veamos en blanco y negro hasta dónde fuimos capaces de pensar en clave planetaria y entender el desarrollo como un concepto marcado por la complejidad, la incertidumbre y la interdependencia. 

Mientras tanto, catorce años después mi hijo mayor está por entrar a la universidad, y yo me pregunto qué tanto hemos hecho los adultos de hoy por esa generación de relevo que está saliendo de la pecera y se alista para salir en unos años a nadar océano abierto en busca de su lugar en la historia. 

Prensa Libre, 1 de mayo de 2014.

El homo economicus y su zoon politikon

“Al final el homo economicus necesita de su zoon politikon.”

Hace un par de semanas apareció un artículo en una revista de economía haciendo una comparación entre Perú e Italia.  La línea argumental iba en el sentido de la disfuncionalidad de los sistemas políticos en ambos países, las consecuencias que ello tenía para crear condiciones de desarrollo en el mediano plazo, y la ilusión óptica de creer que períodos de relativa bonanza económica en el corto plazo son sostenibles cuando la política va por su lado (¡o no va a ninguna parte!). 

En otras palabras, creyendo que solamente con tecnocracia se puede alcanzar el progreso para la mayoría; haciendo caso omiso al descrédito acelerado que los liderazgos de turno enfrentan y al bloqueo sistemático de parlamentos que hace muchos años dejaron de cumplir su función deliberativa, y se han acomodado en una zona de confort que simplemente bloquea lo que se le ponga enfrente, a menos que unte la olla.

Países en donde la ciudadanía, harta del circo político y acostumbrada a salir adelante en la informalidad económica, afianza la percepción de que el país puede prescindir de la política y sus políticos –al menos en su formato actual–.  Países en donde las diferencias étnicas y regionalismos pesan mucho en el imaginario nacional y en las posibilidades que se barajan para cualquier proyecto de nación concebido en la mente de sus elites. 

Señalar las similitudes con Guatemala sale sobrando.  Más parece aquel juego de encuentre las 7 diferencias.  Pero a diferencia del Perú, que entre sus cuentas nacionales cuenta con esa bendición que pueden ser los recursos naturales para mantener los macro números a flote y-o comprar el oxígeno que la Política no sabe o no quiere generar en su dinámica diaria, aquí no tenemos esa muleta.  Desde hace años dejamos de tener una sola gallina de los huevos de oro –ahora son tres o cuatro, incluyendo las gallinas ilícitas–, sin que ello signifique que hemos consolidado un portafolio de motores de crecimiento económico que diversifica y reduce nuestra exposición a las volatilidades de los mercados internacionales.                  

Valga de cualquier manera la comparación y el jalón de orejas.  No cuesta nada ver o suponer que justamente allí, en el desastre de la Política (con mayúscula) y sus operadores (con minúscula), pero también en la actitud de una sociedad civil con un poco de lustre pero mucho asco a lo público, radique la causa de este equilibrio socioeconómico de tan baja intensidad que acarreamos ya por varias décadas.  Que no nos tira al abismo pero tampoco nos catapulta a un estadio de desarrollo mayor.     

Lo que está claro es que de seguir así, sin partidos, sin participación amplia y plural, sin aterrizar discusiones que pueden ser sabrosas pero francamente etéreas y completamente irrelevantes para el diario de los chapines, y con el cepo mental que impide proponer soluciones más atrevidas e innovadoras a las que ya hemos intentado, será muy lento el despegue.      

Sin una práctica política sana no hay economía estable y sostenible.  Al final el homo economicus necesita de su zoon politikon.  El desarrollo de los países pasa por utilizar ambas dimensiones de manera complementaria, permanente y vigorosa. 

Prensa Libre, 24 de abril de 2014. 

 

 

Desvaríos de un afortunado

“(…) en ciertos países el que nació muy jodido si bien le va logrará morir jodido; y el que nació multimillonario, si mal le va morirá millonario.”

El diagnóstico es más o menos el mismo en todas partes de América Latina –y quizás en casi todo el mundo– .  Lo único que cambia son  tres cosas: el tamaño de los territorios, el nivel de pobreza, y el grado de ausencia del Estado que allí se vive. Entre más alejado se está de los centros urbanos, de toma de decisión política, y de dinamismo económico, más lento pasa el tiempo y los cambios se dan a cuenta gotas. 

Así, lo que termina sucediendo es que los jóvenes salen centrifugados a la primera oportunidad que tienen.  Y los que se quedan son carne fresca para la penetración galopante de actividades ilícitas –que en tal ambiente de encierro social, bien sabe casi como a maná del cielo–.  Porque de otra manera no queda más que el abismo.  Caída libre que toma la forma de desnutrición, de bajo rendimiento escolar, de empleo precario, de baja productividad de la mano de obra y de la tierra exhausta que año a año tienen que parir mazorcas y frijoles.   

Cuando hay presencia del Estado, se parece más a un rocío casi imperceptible que a un torrente con oportunidad y posibilidad real de transformación.  Cuando hay mercados, la falta de movilidad social impone un techo psicológico que, sumado a un entorno de exclusión, minimiza las capacidades de convertirlo en una ruta de crecimiento y progreso basado en el esfuerzo personal.  No nos engañemos, en ciertos países el que nació muy jodido si bien le va logrará morir jodido; y el que nació multimillonario, si mal le va morirá millonario.    

Ante semejante y tan pesimista pinturita, entonces ¿por qué fregados seguirle buscando tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro?  ¿Por qué no mejor dejar que implosione esta vaina para comenzar con la mesa limpia? 

El problema es que no es así no más la cosa.  Primero, no va a implosionar, si acaso, se volverá más inviable e invivible, pero no saltará en pedazos.  No somos Haití ni Burundi ni Ucrania.  Nuestro DNA tiene otra codificación.  Por eso para gritar hay que salirse del cuarto, hay que tomar distancia, hay que buscar una lomita donde pegue un poco de aire fresco.    

Segundo, porque justamente lo que no hemos hecho es intentar la fórmula contraria: pensar en clave de largo plazo, institucional, sin prisa pero sin pausa, con una presencia del Estado mucho más fuerte y oportuna, con burocracias con vocación de servicio y remuneración acorde a sus méritos.  Eso es lo que no hemos probado, aunque la crítica diga lo contrario.

¡Ah!, casi lo olvido… por supuesto que estoy pensando y escribiendo sobre la pobreza rural profunda.  No se sienta aludido que no es para usted el cuento.  Me refiero a ese otro submundo que ni siquiera conocemos bien sino solo por asomos.  Al que no le llegará la Prensa Libre de este jueves para poder discutir desvaríos como este que nos hacemos los que, un poco por mérito y otro poco por fortuna, estamos del otro lado del cerco.  Los que caímos en el grupo de los incluidos, los no pobres, los aventajados.  Tanto, que hasta vemos las tripas del país desde muy afuera. 

Prensa Libre, 17 de abril de 2014.

Corriendo tras la realidad

“Una estructura sencilla es más fácil de medir para conocer impactos, es más fácil de implementar en el terreno e institucionalizar, y es más fácil de asumir por la clase política.”

Siempre en esta brega por entender un poco más el desarrollo rural, la semana pasada nos encerramos en el Colegio de México algunos colegas investigadores de distintos países latino y norteamericanos (Perú, Colombia, Brasil, Chile, El Salvador y México, Argentina y Estados Unidos).  Convocados por un proyecto de investigación que intenta mirar las sinergias que pueden existir entre programas de transferencias condicionadas en efectivo (TCE) y de desarrollo productivo. 

La motivación estaba frente a nuestras narices: más de 27 millones de hogares pobres en América Latina reciben algún tipo de TCE.  Buena parte de ellos reside en el campo, en donde seguramente también son beneficiarios de algún programa de desarrollo productivo.  Luego, al ser beneficiarios de uno y otro, puede que los efectos de cada uno se refuercen.  ¿Cómo? Cambiando las decisiones de inversión y-o aversión al riesgo de los hogares al saberse con un mínimo de ingreso que les será transferido regularmente; generando dinámicas de mercados locales e inversión en pequeñas actividades productivas a partir de la inyección de recursos que generan los programas de protección social; promoviendo una mayor inclusión financiera al bancarizar las transferencias de cualquiera de estos programas, por citar algunos ejemplos. 

Bajo esa lógica solo sería cuestión de conectar bases de datos de programas de transferencias condicionadas con algunas bases de datos de proyectos de desarrollo rural y buscar que está pasando con aquellos beneficiarios que reciben uno, otro o ambos tipos de programas.

Así de sencillo pero así de complejo porque, como suele suceder, es siempre más fácil intuir que demostrar.  O dicho en buen chapín, no es cuestión de soplar y hacer botellas. 

El asunto es que algunos países teniendo mucha información estadística no terminan de dar con el método correcto.  Otros, con un método interesante no lograban juntar una muestra suficiente para hacer análisis.  Y también hubo aquellos en donde lamentablemente ni siquiera logramos armar el equipo de trabajo con investigadores locales. 

Por lo menos dos lecciones llevamos en lo que va del proyecto.  La primera, que los programas de desarrollo rural son un tiro con perdigones, inmensamente más complejos que los programas de TCE.  Los primeros (desarrollo rural) pueden ir desde provisión de semillas, insumos, sistemas de riego, obras de almacenamiento hasta programas de asistencia técnica, capacitación y apoyo a la formalización de organizaciones de productores, por citar solo algunas combinatorias posibles.  Los segundos (TCE) en cambio, son una receta mucho más estándar, como un helado de vainilla: dinero en efectivo cada tantos meses a cambio del cumplimiento de alguna condición.

Seguramente allí reside buena parte de la ventaja que la protección social le ha sacado al fomento productivo en el imaginario de los funcionarios públicos.  Una estructura sencilla es más fácil de medir para conocer impactos, es más fácil de implementar en el terreno e institucionalizar, y es más fácil de asumir por la clase política.  

Y la segunda, en todos los países que estamos trabajando constatamos que la realidad siempre va más rápido que el análisis, y el análisis va siempre más rápido que la política pública, y la política pública va siempre más rápido que los sistemas de seguimiento y evaluación que son tan necesarios para recabar la evidencia empírica que se necesita para saber los objetivos propuestos se alcanzan o no. 

Es como si siempre andamos corriendo tras la realidad para tratar de pescarla aunque sea por un instante.  Pero es justamente en las limitaciones que impone el mundo real, que la creatividad del investigador se pone a prueba.  A fin de año le cuento cómo termina esta historia.  Por ahora denos chance de volver al terreno y seguirla pensando un poco más. 

Prensa Libre, 10 de abril de 2014.

Áspera seda

“Todas ellas responden lo mismo: organización y mercados.”

No sé de dónde vienen ni sé cuánto les costó llegar hasta aquí, pero les doy las gracias por visitarnos, por venir a ver lo que hacemos, cómo vivimos, cómo estamos saliendo adelante.  Con esas palabras doña Irma nos recibió en la comunidad de San Miguel Cajonos, Estado de Oaxaca.  Era como si estuviera hablando a seres de otro mundo.  Quizás tenía algo de razón.    

Salimos muy temprano sin desayunar en un bus que muy pronto comenzó a escalar la sierra oaxaqueña.  Los paisajes campestres siempre son muy especiales.  El frío mañanero, el sol que poco a poco comienza a dejarse ver y entibiar el entorno, el camino que va pasando de cuatro a dos carriles, de asfalto a terracería, el gris del cemento que va cediendo a tonalidades de verde.

Al llegar nos recibieron las autoridades locales.  El comisariado ejidal nos recibió y habló en nombre de los suyos.  Sentado a mi lado, hombre pequeño, delgado, campesino, de unos 70 años, camisa a rayas y pantalón oscuro, sandalias, gastada su ropa y su cuerpo a punta de trabajo.  De un cuaderno saca una hoja mecanografiada, en donde había escrito el saludo que nos iba a dar.  

Los usos y costumbres de las comunidades y ejidos del sur de México dictan que así debe ser, me dijo un colega mexicano: si te van a abrir sus casas y dar parte de su tiempo, empiezas por presentarte, decir a qué vienes, cómo se tiene planificado el trabajo durante el tiempo que permanezcas.  Así lo hicimos. 

Acto seguido nos dividimos en grupos más pequeños.  A mí me tocó seguir otro tramo más hacia una localidad cercana para visitar a un grupo de mujeres que trabajan la seda.  Nunca había visto semejante cosa, confieso.  Desde el módulo agroforestal para producir la hoja que alimenta el gusano, las bandejas llenas de huevecillos de gusano de seda criollo y mejorado, otras bandejas con gusanos ya crecidos y comiendo incansablemente, los capullos que semejan esos huevos de dulce que damos en las fiestas de primera comunión.  Las mariposas muertas después de desovar cierran el ciclo. 

Son como bebés, nos dijo una señora, mirando sus gusanos.  Por dos meses tenemos que estar muy pendientes, todo el tiempo, trayéndoles hojas, viendo que crezcan y coman, que no se nos vayan.   

Y en medio de todo ese proceso la mano humana, manos de mujer, manos ásperas por el trabajo diario que hacen para producir la seda.  Cuidando que cada paso se cumpla como debe ser, porque de esa materia prima sale buena parte de los ingresos que apoyan su frágil economía familiar. 

Hierven los capullos en unas ollas viejas calentadas a leña.  Eso afloja un poco el hilo. En otras ollas hirviendo aplican tinte, corteza del palo de Brasil para el rojo, pericón para el amarillo, añil para un azul-morado intenso.  Lo secan al sol y van deshebrando para formar carretes de hilo.  La materia prima queda constituida y solamente entonces pasan a la confección de chales, chalinas y bufandas. 

¿Qué les hace falta? Preguntamos de distintas maneras, en grupo y en conversaciones uno a uno mientras caminábamos por las veredas que nos llevaban de una casa a otra.  Todas ellas responden lo mismo: organización y mercados.  Necesitamos organizarnos más para tener más poder de negociación y quedarnos con una tajada de lo que nos llevan los coyotes.  Y necesitamos mercados para poder colocar nuestros productos, que no compiten con los chinos, lo nuestro es un producto distinto, fino, de mejor calidad.

Al salir de allí pensé en lo inútil que es la mano invisible para llegar a lugares invisibles.  Pensé también en lo importante que es la acción del Estado para mitigar esos fallos que no se corrigen de manera espontánea. 

La pobreza rural no desaparecerá sentándonos a esperar que aparezcan los mercados como por arte de magia.  Exige una acción deliberada que cree condiciones, servicios, y bienes públicos.  Esos mismos que nunca han llegado hasta allá y que despreciamos aquí.  ¿Por qué nos cuestsa tanto aprender esa lección?. 

Prensa Libre, 3 de abril de 2014.

 

 

 

Gasto público pulverizado

“Ningunear la relación del Estado con colectivos pequeños –barrios, cooperativas, etc.– a cambio de priorizar la relación directa Estado-individuo es un disparo en el pie.”

Una de las recomendaciones que se hace a los países para mejorar la eficiencia de su gasto público es la constitución de registros de beneficiarios.  El objetivo que persiguen estos sistemas es focalizar tanto como sea posible para que los recursos lleguen a una población determinada que se pretende atender en función de un objetivo de política en específico: niños en edad prescolar, adultos mayores, jóvenes, indígenas, entre otras. 

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los registros o padrones de beneficiarios no es algo de fácil implementación.  Primero, porque montarlo requiere un esfuerzo inicial importante, que no siempre es la prioridad de los gobernantes de turno.  Segundo, porque para que cumpla con su cometido, el registro necesita mantenerse actualizado, lo cual demanda mucha coordinación entre distintas dependencias –cosa que no es fácil en el sector público de cualquier país del mundo–.  Y tercero, porque exige un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas de parte del gobierno, lo cual rinde frutos a mediano plazo por sobre los beneficios inmediatos de mantener a una población políticamente capturada (fidelizada) por la vía de entregar transferencias directas de fondos públicos. 

Aun así, en algunos países se ha logrado superar este período inicial de aprendizaje y consolidación, y los registros de beneficiarios se han llegado a convertir en pieza clave para la asignación y ejecución de una buena parte del gasto público. 

Pero conceptualmente hay otra crítica fundamental a esta herramienta, de la que se habla mucho menos: el riesgo de pulverización de la política fiscal.  Los registros, tal y como se han concebido hasta hoy, pueden diluir muchísimo el efecto del gasto público, convirtiendo un caudal importante de recursos en una brisa insignificante y de bajo impacto.  ¿Por qué?

El tipo de transferencia directa que se monitorea con estos instrumentos tiene como supuesto subyacente que todo o casi todo se puede resolver por la vía de acciones y relaciones entre el Estado y el individuo.  En otras palabras, se asume que los efectos indeseables de un fenómeno externo o política económica se pueden mitigar a través de una transferencia directa a las personas: pobreza monetaria, discriminación a ciertos grupos sociales, reconversión productiva para enfrentar efectos de liberalización económica, mitigación ante el cambio climático, etcétera.

En algunos casos puede que esa sea la estrategia correcta, pero ese no es siempre el caso.  De hecho, la evidencia más reciente en países que han tenido éxito en reducir pobreza apunta a la necesidad de intervenir con inversiones públicas no solamente a nivel individual sino colectivo.  Es decir, hay otras acciones de carácter grupal que son importantes, y que demandan cantidades de recursos que superan los montos que usualmente se transfieren a una persona de manera individual. 

Aquí no me refiero solamente al financiamiento para la generación de bienes públicos con objetivos muy deseables como alcanzar mayor cohesión social o fortalecer el capital social.  También para el logro de rentabilidad y sostenibilidad económica se requieren inversiones de mayor escala: una planta procesadora, un beneficio de café, un centro de almacenamiento, etc. 

Así, el diseño y uso de instrumentos como los padrones de beneficiarios para la focalización del gasto púbico deben también capturar esta otra dimensión colectiva, tan importante y complementaria a las intervenciones dirigidas a individuos.  Ningunear la relación del Estado con colectivos pequeños – barrios, cooperativas, etc. – a cambio de priorizar la relación directa Estado-individuo es un disparo en el pie.

Prensa Libre, 27 de marzo de 2014. 

 

 

 

Por donde se vea da igual(dad)

“(…) invertir en sus instituciones, en educación, en Estados fuertes que son capaces de utilizar el músculo de la política fiscal para dar más oportunidades a la población menos aventajada.”

De un tiempo a esta parte es muy notorio la importancia que ha cobrado el tema de equidad en agendas nacionales, regionales y hasta globales.  Casi para donde uno voltee a ver saltan análisis, políticas públicas, programas de gobierno, y debates entre intelectuales sobre el tema.

En América Latina esto es muy claro, y lo interesante es que el mensaje ya no proviene exclusivamente del bando de izquierdas.  Paulatinamente se van sumando otras voces.  Como si poco a poco nos moviéramos hacia la construcción de un consenso mínimo sobre el tema.  Juzgue usted con los ejemplos siguientes.     

El Banco Mundial, institución que repetidamente ha señalado la importancia de la equidad en varios de sus informes regionales y mundiales, ahora vuelve a la carga con un trabajo titulado “Ganancias sociales en la balanza en América Latina y el Caribe”.  Allí nos alerta sobre la pérdida de dinamismo que ha tenido la reducción de desigualdad en la región, y el papel que puede jugar la política fiscal para seguir avanzando. 

El Fondo Monetario Internacional también aporta lo suyo con dos recientes estudios que miran esa relación entre desigualdad y crecimiento, sugiriendo que aquellos países con baja desigualdad tienen un mejor desempeño en términos de sostener su crecimiento en el tiempo en lugar de tener solamente algunos buenos años por aquí y por allá.              

Paul Krugman,  premio Nobel en Economía, aprovecha la posición del FMI para poner sobre la mesa la necesidad de mantener permanentemente la guarda alta, y no convertir regularidades empíricas de otras épocas en dogmas de fe.  Nos recuerda cómo aquella máxima que estudiamos en Economía sobre el supuesto “trade off” entre eficiencia y equidad postulado por Arthur Okun, parece perder validez. 

En la arena política, muchos países latinos colocan el tema de la equidad como eje central de su agenda.  Para ello utilizan diversos caminos y estrategias.  En Colombia, por ejemplo, lo hacen a través de la discusión sobre el cierre de brechas entre el campo y la ciudad.  Chile y Uruguay lo hacen reconociendo con reformas y gasto público el inmenso poder transformativo que tiene la inversión en educación.  Brasil mantiene viva la discusión de cómo seguir avanzando en sus esquemas de protección social para reducir pobreza y desigualdad, a la vez que su creciente clase media demanda cada vez más calidad de servicios públicos y movilidad social. 

Esto no es casual ni mucho menos mágico.  Justamente son países del cono sur y andinos los que mejor desempeño relativo han tenido en términos de desarrollo y de innovación en su política pública.  Y lo han logrado sobre la base de invertir en sus instituciones, en educación, en Estados fuertes que son capaces de utilizar el músculo de la política fiscal para dar más oportunidades a la población menos aventajada. 

Los nexos entre sociedades muy desiguales, con bajo niveles de cohesión social, precaria gobernabilidad, tendencia a la conflictividad, apatía política e indiferencia ante arreglos institucionales democráticos se hacen cada vez más evidentes.  Así, tanto en el campo técnico como político, en el plano nacional como internacional, hay un viento en cola que sopla a favor de la equidad. 

Es como si finalmente nos damos cuenta que la salida del atraso pasa por allí.  Por donde se vea da igual(dad).

 
Prensa Libre, 20 de marzo de 2014.

 

 

 

A diagnósticos compartidos, respuestas disímiles

“(…) mirar lo rural ya no solamente como un espacio agropecuario sino como algo mucho más complejo y cambiante.”

En estos días el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Colombia instalará la “Misión de Política para el Desarrollo Rural y Agropecuario”.  Han puesto al frente de este esfuerzo a José Antonio Ocampo, ex ministro de hacienda y de agricultura de su país y también ex secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).  Tendrá además un consejo directivo integrado por exministros de agricultura y otros expertos, académicos e investigadores nacionales e internacionales.  Es quizás la señal más clara del gobierno a la prioridad que adquiere el desarrollo rural como tema de agenda nacional. 

La Misión se ha propuesto cinco ejes temáticos: 1. rol de lo rural en el desarrollo del país, 2. desarrollo rural para el cierre de brechas sociales, 3. provisión de bienes públicos para el campo, 4. desarrollo agropecuario sostenible y competitivo, 5. arreglo institucional moderno y eficiente. 

Subyace a este esfuerzo tres elementos estratégicos.  Primero, conceptualmente, mirar lo rural ya no solamente como un espacio agropecuario sino como algo mucho más complejo y cambiante.  Segundo, desde una perspectiva de viabilidad política, el ejercicio será con lógica de “presupuesto base cero”.  Es decir un fuerte énfasis en la utilización racional y eficiente de los recursos públicos que se requerirán para ejecutar dicha agenda.  Y tercero, se ha puesto mucho énfasis en no inventar la rueda, sino más bien hacer un esfuerzo de acopio de experiencias internacionales que ilustren y orienten, permitiendo luego encontrar la combinación que más sirva al contexto país. 

Pero, ¿por qué tanto alboroto con el campo colombiano?  Para comenzar, el diagnóstico del sector rural no es muy distinto de lo que encontramos en la región: territorios con mucho menor (a veces nula) presencia del Estado, con grandes brechas en desarrollo humano y social, menor cobertura y calidad en educación y salud, infraestructura, etcétera.  Esto que ya es problemático en sí mismo, se acentúa cuando el dinamismo de los últimos años que ha tenido el país no se logra traducir en mejores condiciones de vida para la población rural. 

Un medio de comunicación local citaba que  “existe un consenso nacional en el sentido de que el ámbito rural ha sido el escenario de buena parte de las problemáticas del país, esto es de la pobreza, el conflicto, la desigualdad, el despojo y la informalidad.”  Un dato muy revelador de su complejidad y explosividad es que el último censo nacional agropecuario fue hecho ¡hace 40 años! 

Algunos especialistas piensan que esta es hoy por hoy una de las agendas rurales más ambiciosas de Latinoamérica.  Habrá que seguirle muy de cerca la pista para saber a qué ritmo avanza, qué se va aprendiendo en el camino, y qué impacto logra finalmente tener en la transformación rural.    

Lo interesante para nosotros, guatemaltecos, es que allá en Colombia, país de ingreso medio, culturalmente diverso, rico en recursos naturales, cafetalero, agroexportador, y en vías de cerrar un conflicto armado de tan larga data, se comiencen a hacer planteamientos de esta naturaleza y envergadura.  Y aquí, con un diagnóstico tan compartido, ¿por qué una respuesta tan disímil? 

Prensa Libre, 6 de Marzo de 2014.