Hace algunos
años hicimos una alianza estratégica el Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural (RIMISP), el Centro de Investigación para el Desarrollo
Internacional (IDRC, por sus siglas en inglés) y Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), para producir desde la región reflexiones cada dos
años sobre dos de los temas más acuciantes en la agenda latinoamericana:
reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad.
Así, en
el año 2011 se produjo el primer “Informe Latinoamericano sobre Pobreza y
Desigualdad”, en el cual participaron equipos de reconocidos investigadores
locales. La idea era monitorear a ocho países
de la región –Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México
y Perú–, en seis dimensiones del bienestar –salud, educación, seguridad
ciudadana, ingresos, dinamismo económico e igualdad de género–, a través de una
batería de más de veinticinco indicadores, con datos al mayor nivel de
desagregación geográfica posible.
Los
resultados, aunque intuitivos muchos de ellos, no dejaron de sorprendernos
porque ponían al desnudo la geografía de la desigualdad en América Latina. Así, encontrábamos dentro de un mismo país a
municipios con niveles de bienestar comparables con los de la OCDE, y a pocos
kilómetros de distancia –pero muchas veces a muchas horas de viaje–, municipios
que perfectamente podrían trasplantarse al África Subsahariana. Ambos tipos de territorios gobernados por las
mismas elites, ambos tipos de contribuyentes aportando al mismo sistema fiscal,
ambos tipos de grupos sociales viviendo la democracia de manera diametralmente
opuesta.
En el
año 2013 repetimos el ejercicio para volver a monitorear las mismas dimensiones
del bienestar. Pero además dando una mirada más a profundidad a un tema que, como en
pocos momentos en la historia, ha generado tal nivel de consenso sobre su
importancia para dar viabilidad a economías y democracias en el mundo entero:
el empleo. Dando, eso sí, especial
énfasis en la calidad del mismo, tratando además de entender cuáles son los
factores en el territorio que determinan su generación.
Aquí
reside una de las novedades del informe, ya que generalmente al empleo se le
relaciona con otras dimensiones como las características del individuo –
género, étnica, nivel de capital humano – o la institucionalidad de los
mercados laborales. Pocas veces se le
vincula con dinámicas territoriales.
En
resumen, el estudio identifica tres conjuntos de factores que deben tomarse en
cuenta para generar más y mejores empleos.
Primero,
la estructura económica-productiva de los territorios. Entre más se descanse en producción de materias
primas más difícil la generación de empleos de calidad. De ahí la necesidad de industrializar y con
ello dar valor agregado a la producción.
Segundo,
las políticas públicas que se implementan en los territorios. Institucionalidad laboral, políticas de
fomento productivo y de protección social, siendo el marco, las reglas del
juego que regulan los mercados, condicionan el tipo de empleo que se genera en
los territorios. En el lejano oeste se
salva quien puede y manda quien ruge más fuerte. En sociedades modernas hay acuerdos sociales
mínimos que delimitan lo que es y no es aceptable en un mercado laboral.
Y
tercero, los espacios de diálogo social.
La institucionalidad de un país debe ser la expresión formal de un
acuerdo entre actores sociales. Y para lograr
acuerdos hace falta dialogar y comprometerse.
Esa es la esencia de la democracia y de la vida en sociedad.
Lo
invito a que visite la página de internet, vea los resultados, descargue las
bases de datos, y deje sus comentarios para poder mejorar cada vez más este
análisis latinoamericano hecho por y para los latinoamericanos. Pase adelante: http://www.informelatinoamericano.org/.
Prensa Libre, 22 de mayo de 2014.
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