En
estos días el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Colombia instalará
la “Misión de Política para el Desarrollo Rural y Agropecuario”. Han puesto al frente de este esfuerzo a José
Antonio Ocampo, ex ministro de hacienda y de agricultura de su país y también
ex secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL). Tendrá además un consejo
directivo integrado por exministros de agricultura y otros expertos, académicos
e investigadores nacionales e internacionales.
Es quizás la señal más clara del gobierno a la prioridad que adquiere el
desarrollo rural como tema de agenda nacional.
La
Misión se ha propuesto cinco ejes temáticos: 1. rol de lo rural en el
desarrollo del país, 2. desarrollo rural para el cierre de brechas sociales, 3.
provisión de bienes públicos para el campo, 4. desarrollo agropecuario
sostenible y competitivo, 5. arreglo institucional moderno y eficiente.
Subyace
a este esfuerzo tres elementos estratégicos.
Primero, conceptualmente, mirar lo rural ya no solamente como un espacio
agropecuario sino como algo mucho más complejo y cambiante. Segundo, desde una perspectiva de viabilidad política,
el ejercicio será con lógica de “presupuesto base cero”. Es decir un fuerte énfasis en la utilización
racional y eficiente de los recursos públicos que se requerirán para ejecutar
dicha agenda. Y tercero, se ha puesto
mucho énfasis en no inventar la rueda, sino más bien hacer un esfuerzo de
acopio de experiencias internacionales que ilustren y orienten, permitiendo luego
encontrar la combinación que más sirva al contexto país.
Pero,
¿por qué tanto alboroto con el campo colombiano? Para comenzar, el diagnóstico del sector
rural no es muy distinto de lo que encontramos en la región: territorios con mucho
menor (a veces nula) presencia del Estado, con grandes brechas en desarrollo
humano y social, menor cobertura y calidad en educación y salud,
infraestructura, etcétera. Esto que ya
es problemático en sí mismo, se acentúa cuando el dinamismo de los últimos años
que ha tenido el país no se logra traducir en mejores condiciones de vida para
la población rural.
Un
medio de comunicación local citaba que “existe
un consenso nacional en el sentido de que el ámbito rural ha sido el escenario
de buena parte de las problemáticas del país, esto es de la pobreza, el
conflicto, la desigualdad, el despojo y la informalidad.” Un dato muy revelador de su complejidad y
explosividad es que el último censo nacional agropecuario fue hecho ¡hace 40
años!
Algunos
especialistas piensan que esta es hoy por hoy una de las agendas rurales más
ambiciosas de Latinoamérica. Habrá que
seguirle muy de cerca la pista para saber a qué ritmo avanza, qué se va
aprendiendo en el camino, y qué impacto logra finalmente tener en la
transformación rural.
Lo interesante
para nosotros, guatemaltecos, es que allá en Colombia, país de ingreso medio, culturalmente
diverso, rico en recursos naturales, cafetalero, agroexportador, y en vías de
cerrar un conflicto armado de tan larga data, se comiencen a hacer planteamientos
de esta naturaleza y envergadura. Y aquí,
con un diagnóstico tan compartido, ¿por qué una respuesta tan disímil?
Prensa Libre, 6 de Marzo de 2014.
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