Las principales
restricciones que enfrenta el país para crecer y desarrollarse se pueden
resumir en tres: bajos niveles de productividad de la mano de obra, una baja
capacidad de gestión del Estado, y una baja movilidad social. Tres bajas que hay que convertir en altas, ¡a
como dé lugar!
La
productividad es importante por cuanto en ella descansa la sostenibilidad del
crecimiento económico de cualquier sociedad.
Hacer más con menos no solamente es rentable en el corto plazo sino que sienta
las bases para que los trabajadores puedan reconvertirse y reubicarse en
sectores de la economía más dinámicos y que ofrecen mejores retribuciones a su
trabajo. De otra manera estamos siempre
a merced de vientos en cola que nos puedan traer los mercados internacionales,
sin certeza de cuánto puedan durar. Es
decir, bonanza ganada no por mérito propio sino por condiciones internacionales
fuera de nuestro control.
La
capacidad de gestión del Estado viene asociada a la cantidad de recursos que se
ponen a disposición del aparato público, pero también a la posibilidad de
convertir dichos recursos en resultados –bienes, servicios, instituciones y reglas
de juego– que idealmente deben ser aquellas que la mayoría de la sociedad
considera deseables y necesarias para su bienestar. De allí la importancia de alcanzar el mayor
acuerdo posible sobre el nivel de recursos, su procedencia así como la forma de
ejecutar los mismos.
Y la
movilidad social no es sino expresión del grado en que las sociedades premian
mucho o poco el esfuerzo individual por sobre condiciones heredadas. No se manifiesta solamente a través del nivel
salarial. De hecho, en países más avanzados la movilidad social es en buena
medida el producto de la acción pública que genera espacios de integración
social y oportunidades para que sea el esfuerzo individual el que reluzca y
defina las diferencias entre personas.
Así, a
todos estos problemas estructurales generalmente corresponde una o varias políticas
públicas. Son dichos instrumento los que
por excelencia están llamados a atender las necesidades colectivas. Para la productividad se utiliza la política
educativa, de empleo, o de inversión en infraestructura; para la capacidad de
gestión del Estado la política fiscal, y para la movilidad social la política
social.
Ahora
bien, si estamos de acuerdo en que estos son tres restricciones que estructuralmente
inhiben el desarrollo de Guatemala, y si creemos que la política pública tiene
un papel que jugar para desatar tales nudos ciegos, la siguiente pregunta que
tenemos que hacernos es ¿con qué capacidad de gerencia cuenta el país para, desde
el Estado, conducir procesos de diálogo social e inversión pública?
Desafortunadamente
la historia reciente no nos da mucha perspectiva positiva. En el mejor de los casos hemos logrado uno o
dos equipos mínimos para atender o lo productivo, o lo fiscal o lo social. Casi nunca hemos tenido la capacidad de
conformar un cuadro que permita hacer transformaciones permanentes en los tres
frentes de manera simultánea.
Las
últimas tres administraciones de gobierno son un claro ejemplo de la
imposibilidad de conjuntar equipos estables, técnicos, coordinados, y con
capacidad de administrar múltiples objetivos de política pública. En cambio, hemos tenido funcionarios que en
lo individual han intentado avanzar agendas parciales pero que
desafortunadamente se diluyen a su salida del gobierno.
Esta es
una de las lecciones principales que deberíamos rescatar de los últimos años en
democracia: la importancia de conformar equipos de gobierno, con una visión
compleja y compartida de lo que gestionar un Estado implica. En ausencia de cuadros técnicos y políticos seguiremos
dando bandazos, a veces con modestos aciertos, pero sin mayor trascendencia ni sentido
de dirección.
La
capacidad individual es importante, pero la estabilidad en los cargos quizás lo
sea aún más todavía.
Prensa Libre, 12 de junio de 2014.
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