El
período presidencial es muy corto. En
eso podemos estar casi todos de acuerdo.
Luego hace falta darle al ejercicio de dicho cargo público un espacio
mayor de acción, lo cual puede darse ya sea permitiendo la reelección
presidencial consecutiva, como en el caso de Brasil o los Estados Unidos; o
bien alargando la gestión presidencial a un sexenio, como en el caso de
México.
Sin
embargo, en el caso de Guatemala hay restricciones constitucionales clarísimas
y hasta delitos tipificados que maniatan a cualquiera que pretenda ser juez y
parte de un cambio de reglas del juego.
Quizás por aquello de que, como dicen los sajones, “you cannot have your
cake and eat it too.”
En el
caso de diputados y alcaldes francamente tengo mis serias dudas. No veo la necesidad de alargarles el período, ni por la escala de las
obras que realizan ni por la complejidad en la gestión, en el caso de alcaldes;
ni por la naturaleza del trabajo que realizan, en el caso de los
legisladores. Más urgente sería una
reforma que modernizara las finanzas municipales y-o que eliminara el sistema
de listas para la elección de diputados para hacerlos rendir cuentas más claras
de su desempeño.
Pero
enfocándonos en el caso de presidente y vicepresidente en funciones, ya muchos analistas
han hecho sonar la alarma, señalando que la prolongación del periodo está
prohibido por la constitución con doble candado: artículos 187 y 281. Así, la única forma de hablar de estos temas
dentro de la legalidad es por la vía de una asamblea nacional constituyente
(ANC).
Si el presidente
quisiera de verdad atacar la raíz del cáncer que padece nuestro sistema
político podría hacerlo creando las condiciones para una discusión amplia y
profunda sobre este y otros temas, promoviendo una ANC que trabaje por un nuevo
contrato social. Otras experiencias
latinoamericanas nos dan pistas al respecto.
Es en
ese espacio (ANC) donde se lograría cambiar las crecientes sospechas de
segundas y muy nefastas intenciones y probablemente se le otorgaría el beneficio
de la duda. Pero a como están las cosas,
una buena parte de la elite urbana ya se ha puesto en guardia y le ha comenzado
a alzar la voz, exigiendo que no se juegue con fuego. De manera que aún y cuando los cantos de
sirena de la rosca presidencial le hayan hecho creer al mandatario que siempre
se puede encontrar una interpretación ultra técnica y retorcida, carecerá de
legitimidad alguna.
Pero
más a allá de este rifirrafe, ¡menudo desfavor el que nos está haciendo la
clase dirigente! ¿Qué necesidad había de
polarizar de entrada un tema harto fundamental para oxigenar nuestro alicaído
Estado y darle mayor músculo al organismo ejecutivo, a todas luces urgido de
tener un horizonte temporal más amplio para poder plantear soluciones de
mediano plazo?
El
desarrollo no tiene atajos, presidente. No
en lo económico, no en lo social, y no en lo político. No sucede en una noche, ni se promulga en
hemiciclo alguno. Cuando hay un problema estructural hay que buscar una
solución igualmente estructural, aunque eso tome más tiempo y esfuerzo.
No son
payasadas. Después no digan que no se
les advirtió.
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