La península Acadiense

“(…) un contrato social que no imponga la asimilación por mezcla y mestizaje, sino más bien el respeto y la celebración de las diferencias como fórmula de cohesión social.”

La última semana estuve recorriendo una parte de Canadá de la cual se habla poco: la provincia de New Brunswick.  Con una extensión de poco más de 70 mil kilómetros cuadrados no llega a ser ni el uno por ciento del territorio nacional.  Las guías de turismo la llaman “la provincia de paso” (drive through province) pues mucho del flujo turístico que se desplaza desde el oeste del país pasa de largo a través de New Brunswick hacia la costa este en donde están las provincias de Prince Edward Island y Nova Scotia.     

Pero la otra gran característica de New Brunswick es su composición etnocultural.  Allí coexisten algunas poblaciones nativas con una mayoría anglófona y una minoría francófona.  Estos últimos – el pueblo Acadiense – hoy se concentran en la parte nororiental, región que ellos mismos llaman “la península”, en donde han permanecido desde hace ya un par de siglos. 

Aunque los Acadienses son una población de descendencia francesa, se consideran a sí mismos distintos del resto de población francófona que habita en la provincia de Quebéc, con lo cual de facto constituyen una minoría dentro de la provincia y del país.  Esto los obliga a hacer un esfuerzo enorme por mantener viva y recrear su cultura, su lengua, sus costumbres y tradiciones.  La lucha por preservar su identidad ha sido muy larga y no siempre pacífica. 

Ellos encarnan el esfuerzo de una minoría occidental que exige a un Estado occidental el reconocimiento de sus derechos económicos y culturales.  Es decir, un contrato social que no imponga la asimilación por mezcla y mestizaje, sino más bien el respeto y la celebración de las diferencias como fórmula de cohesión social.  Este esfuerzo ha rendido sus frutos, pues hoy son la única provincia de toda la federación canadiense que es constitucionalmente bilingüe (francés e inglés). 

Lo que sucede en New Brunswick para mí fue muy aleccionador pues como latinoamericano estoy mucho más acostumbrado a que un discurso de este tipo provenga de las poblaciones nativas.  Palpar esta tensa dinámica política y social entre dos poblaciones occidentales, y en un país que se proyecta como modelo de convivencia pacífica, me recordó que la lucha por los derechos de las minorías también aplica entre blancos.       

Al final pensé que aún en países tan desarrollados y progresistas como Canadá el cambio social tiene dos ingredientes fundamentales.  Primero, la exigencia permanente, sistemática y firme de las minorías para que sus demandas sean escuchadas y atendidas.  Sin esta fuerza social probablemente ya habrían desaparecido, engullidos por una mayoría anglófona.  Y segundo, el papel esencial que tiene el Estado para mantener las diferencias y utilizarlas en favor de la sociedad en general, aún y cuando ello implique un gasto público mucho mayor que el que seguramente tendrían en condiciones monoculturales y monolinguísticas.

Países multiétnicos, pluriculturales y multilingües como Guatemala tienen mucho que aprender del y compartir con el pueblo Acadiense.  De ese proceso histórico de lucha y progreso se pueden extraer lecciones que nos pueden servir para plantear formas alternativas de diálogo social y relacionamiento entre el gobierno y sus minorías.  

Entre asfalto y bonos

“Hay esencialmente dos campos.  Uno que cree que todo el desmadre se corrige a punta de kilómetros de asfalto y promoción de la inversión privada sobre la base de privilegios fiscales.  Y el otro que piensa que el Estado tiene que redistribuir dinero en efectivo, láminas y ponchos, y financiarse con reformas fiscales y-o préstamos internacionales...”

La campaña comenzó.  No hay que ser brujo ni tratar de tapar el sol con un dedo.  En realidad lo hizo hace meses para algunos, y hace años para otros.  Y la rueda seguirá girando igual que siempre: con alguna que otra cara nueva en el cartón de lotería, otros haciendo cola y otros queriendo saltarse etapas.  Así funcionan los incentivos de nuestra incompleta democracia.  Algún día –ojalá pronto– tendremos que darle una segunda vuelta de tuerca y reformar para poner nuestro sistema político y contrato social a tono con los tiempos modernos.  Para salir del atraso hay que hacer que tanto el diagnóstico como la prescripción evolucionen.

El diagnóstico a los problemas estructurales del país sigue vigente desde hace varios años.  Aun desde antes del largo y doloroso capítulo de la guerra los nudos ciegos estaban ya puestos en casi los mismos sitios donde siguen estando: imposibilidad de recaudar impuestos e invertirlos con eficiencia, intransigencia e intermitencia de las elites al diálogo social, aguda desnutrición que hipoteca permanentemente nuestro futuro, pobreza generalizada y altos niveles de desigualdad, baja productividad de los factores de la producción –no solamente del trabajo, sino también del capital–, y una institucionalidad muy primaria. 

Por el lado de la prescripción, lo curioso es que la lectura de los políticos de turno para la solución a los problemas también sigue bastante invariable.  Hay esencialmente dos campos.  Uno que cree que todo el desmadre se corrige a punta de kilómetros de asfalto y promoción de la inversión privada sobre la base de privilegios fiscales.  Y el otro que piensa que el Estado tiene que redistribuir dinero en efectivo, láminas y ponchos a las poblaciones más pobres y financiarse con reformas fiscales y-o préstamos internacionales.                   

Palabras más, palabras menos esta es la caricatura de las soluciones que se ofrecen.  Por supuesto que ni unos ni otros lo dicen abiertamente, sino que ofrecen y prometen el oro y el moro.  Pero a la mera hora de rajar ocote es que sale a luz pública (¡en el gasto público!) en donde tienen las convicciones. 

En todo esto, seguridad, justicia e instituciones siguen siendo los patitos feos de este guate-cuento.  Nadie les para mucha pelota realmente, salvo cuando hay algún escándalo o posible botín político en períodos de comisiones de postulación de esto o aquello.  Tal actitud se entiende solamente desde una lógica estrictamente electoral y-o de negocio con el Estado . 

En el mejor de los casos, cuando se mira al ejercicio del poder como una experiencia finita (48 meses nominales), no hay mucho tiempo que perder en acciones que no reditúan cuasi de inmediato porque son prácticamente invisibles ante los ojos del votante medio.  En un escenario más oscuro, porque el botín que ofrece una institucionalidad débil es mucho mayor.  En ambos casos a todo el resto nos toca amolarnos, aunque seamos usufructuarios y dolientes directos de un sistema que nos deja a merced del sicario más próximo. 

Pero vuelvo y me repito: las transformaciones que no se ven hoy pero que se sienten mañana van a paso de caracol y desesperan a los barones de la tarima.  Así que no nos hagamos muchas ilusiones.  Al menos no en estas elecciones ni en las siguientes.  Me temo que por un tiempo habrá que conformarse con cuatrienios que seguirán penduleando entre el asfalto y los bonos, y todo lo demás continuará ceteris paribus.  

El poder sin razón

“(…) lo relevante de toda esta discusión es el divorcio entre el trabajo que pueda desarrollarse desde la arena técnica, con fundamentos y razones, versus el discurso que finalmente utiliza el político y la desproporcionada cobertura de medios que recibe uno y otro.”

La columna de Paul Krugman del último fin de semana en el New York Times me hizo recordar los años de estudiante de doctorado.  Aquellos días en que ferozmente debatíamos en el aula con el profesor Glenn Fox sobre la metodología que siguen las distintas escuelas de pensamiento económico para validar el conocimiento. 

Krugman hacía referencia a las encuestas de la Initiative on Global Markets que realiza la universidad de Chicago, y el aparente consenso general que hay entre especialistas cuando se les consulta sobre distintos temas económicos, aún y cuando todos ellos provienen de diferentes escuelas de pensamiento y orientaciones políticas.  La última fue sobre el paquete de estímulos del presidente Obama y sus efectos sobre el empleo, en donde curiosamente todos con excepción de uno respondieron que dicho plan había reducido el desempleo. 

Entonces ¿cuál es la gritadera?  ¿Por qué los medios pintan una realidad tan dividida? El problema es que los incentivos que mueven a los políticos son muy diferentes.  Aquí parece que la racionalidad de los científicos sociales cuenta muy poco –a veces nada–.  Lo que domina son otras cosas: titulares en prensa, ideología, cabildeo de grupos de interés, el ciclo político, cuando no la simple corrupción.   O sea, ¡política y razonamiento económico no tienen nada que ver pues! 

Pensé entonces en mi país versus ese otro gigante del norte y en qué tan similar es nuestra fauna política versus aquella.  Al parecer, salvando distancias y escalas, en los principios fundamentales no hay mucha diferencia. 

Tanto allá como aquí al funcionario de turno no se le puede medir ni evaluar de inmediato por la consecuencia de sus decisiones.  En Guatemala con el agravante de que al no haber posibilidad alguna de relegirse, los equipos de gobierno prácticamente no tienen por qué preocuparse por procurar ningún tipo de transformación de fondo, sustantiva, estructural.  Hay sus excepciones, por supuesto, pero más movidas por convicción o interés personal, según sea el caso.

Así, el juego político se convierte casi por completo en un manejo de percepciones y-o escándalos.  En la medida que la población “perciba” que tal o cual funcionario hace bien su trabajo, en esa medida estará satisfecha.  Solamente los escándalos, institucionales o personales, pueden dar al traste con la carrera política de esa elite política.  Y ni siquiera eso, pues hay sobrados ejemplos de personajes capaces de desaparecer por un tiempo y volver a la escena reinventados y frescos como que si nada.

Pero lo relevante de toda esta discusión es el divorcio entre el trabajo que pueda desarrollarse desde la arena técnica, con fundamentos y razones, versus el discurso que finalmente utiliza el político y la desproporcionada cobertura de medios que recibe uno y otro. El político tiene un discurso que por definición es coyuntural y por tanto efímero en sus mensajes.  Que no necesita ser coherente porque es de una superficialidad y generalidad tal que le permite siempre lavarse la cara mediáticamente ante cualquier metida de pata. 

Sin embargo, mientras eso sucede, el descontento y el descrédito hacia la acción pública y política aumentan, por una parte, y la capacidad de propuesta de especialistas se desperdicia, por la otra. 

Urge entonces pensar en maneras de hacer responsables a funcionarios públicos, no solamente por la honradez en su gestión, sino también por la coherencia y racionalidad de sus propuestas.  En otras palabras, reconectar a la clase política con la reflexión que emana de especialistas alojados en la academia y centros de pensamiento.  Y hacerlos corresponsables a unos y otros por las soluciones que propongan. 

De otra manera seguiremos ejerciendo el poder sin razón, o lo que es igual, vetando a la razón el acceso al poder.       

De informal a formal

“La transformación real solamente podrá venir de mejoras significativas en la principal materia prima con que contamos: las y los guatemaltecos, sean estos gerentes o colaboradores de una empresa.”

La informalidad en nuestros mercados laborales generalmente es vista como algo indeseable.  Y en un sentido probablemente lo sea.  Todos sin excepción buscamos un espacio en la sociedad en donde podamos hacer algún aporte, sentirnos útiles, y hacernos de manera autónoma de los medios económicos suficientes para poder atender nuestras necesidades y las de los nuestros.  Es por ello que los especialistas definen el trabajo como el medio de integración social por antonomasia.  

Sin embargo, la realidad en la gran mayoría de países en desarrollo es muy distinta a esa aspiración.  Aquí hay un buen número de personas que no logran una inserción laboral con calidad ni estabilidad.  Año a año hay generaciones nuevas de jóvenes que entran a competir a un mercado laboral que es incapaz de asignarlos según sus capacidades y remunerarlos según su productividad. 

Esto a la larga genera efectos indeseables a todo nivel.  En el plano personal, genera mucha insatisfacción y frustración pues el pasar de las aulas a un empleo productivo y bien remunerado se convierte en un salto mortal, que de hecho sucede mucho menos de lo que pensamos.  Y en el plano social no es difícil imaginar cómo la acumulación de historias individuales como estas van fermentando un desasosiego y desilusión hacia un sistema que no cumple con su promesa: remunerar el esfuerzo individual.  ¿En dónde se rompió la cadena de transmisión?

La respuesta es compleja.  No hay explicación ni receta únicas.  Lo que tenemos son algunas hipótesis posibles que tienen que ver con el nivel de carga impositiva, contribuciones a la seguridad social y demás regulaciones que puedan existir en los mercados laborales.  Es decir, un conjunto de “desincentivos” a la generación de empleo formal.

En el caso de Guatemala esta es solamente una parte –quizás la menos importante, por cierto– de la historia.  En este país los niveles de tributación y de contribuciones a la seguridad social continúan siendo bajos en comparación con otras economías de tamaño y características similares.  De manera que es muy poco plausible cargar demasiado la mano en esa dirección.    

Entonces probablemente la historia tenga que ver con otros factores, como por ejemplo la capacidad gerencial real con que contamos en la economía nacional y la calidad del capital humano que está acumulando la fuerza laboral.  Ambos son factores que determinan la productividad y la generación de empleos formales.  El primero –capacidad gerencial– porque permite identificar oportunidades de negocio, de adopción de tecnología y de generación de innovaciones y valor agregado; y el segundo –capital humano– porque condiciona el tipo de actividad productiva que se puede realizar, la movilidad de la fuerza de trabajo y sus posibilidades de reconversión ante cambios en la estructura económica del país.  

En ambos casos es el factor humano el que estaría operando como la principal restricción al crecimiento, a la productividad, y con ello a la posibilidad de generar más empleos formales (estables y de calidad). Allí está el nudo ciego y por allí habría que comenzar cualquier estrategia de empleo formal a mediano plazo.  En un país como este, mirar a las regulaciones y al nivel de impuestos puede ser importante, pero ciertamente no lo más importante.  La transformación real solamente podrá venir de mejoras significativas en la principal materia prima con que contamos: las y los guatemaltecos, sean estos gerentes o colaboradores de una empresa. 

Aunque, en honor a la verdad, también hay que decir que todas estas discusiones tienen muy poco asidero empírico en Guatemala.  El estudio de los mercados laborales no ha sido una prioridad en la agenda gubernamental, ni siquiera de los centros de investigación y academia, en donde se esperaría encontrar reflexiones más acabadas sobre problemas estructurales que inhiben un proceso de desarrollo más vigoroso e incluyente.  Vuelvo a arrojar el guante…  

Cuatro lecciones del campo latino

“(…) la acción colectiva puede tener una naturaleza, dinámica y peso específico distinto al que estamos acostumbrados a ver desde nuestro prisma urbano.”

Cada viaje a Latinoamérica siempre es una provocación.  Un cable a tierra que alimenta la búsqueda de formas alternativas para cerrar brechas de desarrollo.  No cabe duda que nuestra región es un hervidero de ideas y ensayos, de los cuales podemos y debemos aprender.  Hoy dejo a los latinos por un tiempo para atender otras tareas en otras partes del mundo, y quizás sea por eso que me salieron estas cuatro lecciones que me permito dejar en blanco y negro.    

La primera lección que me llevo tiene que ver con los mercados.  Aunque ese sea el horizonte deseable, es claro que no todas las cooperativas ni pequeños productores se convertirán en exportadores ni se insertarán en grandes cadenas de valor a nivel global ni regional.  La aspiración está bien, pero la realidad dicta otra cosa.  Lo normal es un proceso de consolidación de organizaciones de productores que les permita encontrar un nicho en mercados locales, en ciudades intermedias y-o cabeceras departamentales –o en programas de compras públicas, cuando estos existan–. 

La segunda lección tiene que ver con el comportamiento cooperativo.  Aunque parezca paradójico en una economía de libre mercado, promover programas públicos que actúen como facilitadores de aprendizaje campesino a campesino, cooperativa a cooperativa, organización a organización, es un modelo que puede funcionar muy bien.  Buscar la competitividad de los pequeños productores no implica un ambiente de descarnada competencia en donde las organizaciones más grandes terminan fagocitando a las más pequeñas.  Hay ejemplos que demuestran cómo la cooperación a través del aprendizaje horizontal puede tener lugar en un esquema donde todos ganan.  Quizás porque todavía hay un mercado y demanda insatisfecha suficientes que pueden absorber a muchos más oferentes, o tal vez porque la acción colectiva puede tener una naturaleza, dinámica y peso específico distinto al que estamos acostumbrados desde nuestro prisma urbano.    

La tercera lección tiene que ver con la viabilidad política y social de la transformación rural.  Los ejemplos exitosos que se encuentran en la región casi siempre comparten dos características fundamentales: por una parte, un fuerte liderazgo político al más alto nivel posible, el cual le da sentido de dirección, espacio y tracción suficiente dentro de las instituciones públicas; y por la otra, una construcción de propuestas desde la base misma de las organizaciones, lo cual le da la legitimidad necesaria a cualquier propuesta para después entrar en procesos de negociación con otros actores sociales. 

Finalmente, la cuarta lección tiene que ver con la saludable tensión que está teniendo lugar en Latinoamérica entre la política social y la política de fomento productivo.  Cada vez más estamos abandonando el enfoque de silos, en el cual la política social hacia su parte sin importarle lo que sucedía en el campo del fomento productivo.  Cada vez más encontramos ejemplos concretos en donde los gobiernos se están preguntando cómo tender puentes entre una y otra política, de manera tal que la acción pública sea más eficiente y costo-efectiva. 

Dicho lo anterior, también hay que enfatizar que la mayoría de las veces es el bando de la protección social el que está buscando el acercamiento con el bando del fomento productivo, probablemente porque tienen mucha más evidencia acumulada –evaluaciones, seguimiento regular, continuidad, etc.– lo cual les ha permitido darse cuenta de las limitaciones que tiene seguir con un enfoque sectorial para el desarrollo rural.  Da igual.  En este caso no importa quién tire la primera piedra.  Lo fundamental es aprovechar el espacio de diálogo intersectorial que se ha abierto a lo interno de los Estados, del cual seguramente emanarán nuevos modelos de desarrollo para pequeños emprendimientos rurales agrícolas y no agrícolas.     

Todo esto ya está sucediendo en la región, no son teorizaciones sin fundamento.  Y Guatemala tiene la oportunidad de beneficiarse acortando tiempos de aprendizaje y poder así encontrar la mezcla propia que se necesita para cerrar las brechas de desarrollo que caracterizan a nuestra ruralidad. 

Pero para eso es importante salir a darse una vuelta por el barrio y ver y preguntar cómo se cuecen las habas del otro lado del río. 

Pedro el Miskito

“(…) los economistas usualmente omitimos de nuestro análisis el valor cultural y de cohesión social que pueda tener un factor de la producción.”

Visité Pearl Lagoon hace poco más de un año.  Esa vez llegamos a Bluefields por aire, y de allí tomamos una “panga” (lancha) que nos llevó hasta allá.  Fue un trayecto inolvidable.  Vegetación exuberante, población amable, era como estar metido en una novela de García Márquez, atravesando la versión nica del Magdalena colombiano. 

Esta vez teníamos muy poco tiempo, así que nos fuimos directo desde Managua.  Al llegar nos recibió la comunidad con su característica calidez. Como de costumbre, durante la visita nos mostraron algunos de sus proyectos de desarrollo y también tuvimos espacio para dialogar con miembros de las organizaciones de productores y autoridades locales. 

A la hora del almuerzo comenzaron las palabras de agradecimiento, obsequios, fotos, y despedidas.  De repente se levanta un orador en nombre de los Miskitos y con mucha sencillez y claridad comenzó a darnos una explicación del sentido que para ellos tiene la propiedad comunal de la tierra.  Nos hizo una reseña del significado que tiene para esas poblaciones que han habitado el lugar desde hace varios siglos.  Nos habló de cómo la propiedad colectiva es para ellos no solamente factor de generación de ingresos, sino de cohesión social e identidad. 

“Si tomas a uno de nosotros y le quitas la tierra, ¡se vuelve nadie! Para nosotros la tierra es tan importante que la llamamos Mother Land.  Esa es la manera como nos relacionamos con la tierra, como con nuestra mamá, y por eso estamos dispuestos a defenderla hasta con el último aliento de vida que nos quede.  Porque ¿quién de ustedes no defendería a su propia madre así?”

Continuó hablando sin notas en la mano, sin ningún discurso preparado, simplemente como le fuera saliendo.  Y a medida que avanzaba capturó nuestra atención por completo, se emocionaba él y nos contagiaba a todos los demás. 

Pero más allá de la emotividad de la anécdota, lo que quiero rescatar hoy es este tema viejo de la tenencia de la tierra.  El reconocimiento de distintas formas de propiedad, incluyendo la comunitaria, aporta una perspectiva distinta al pensamiento económico “mainstream”, muy acostumbrado a pensar en clave individual.  Lo colectivo, lo social, como que muchas veces estorba a los economistas, y para salir del problema analítico o práctico que nos provoca, lo asociamos con teorías de bienes públicos, la tragedia de los Comunes, e ineficiencia económica en el uso de los recursos.  

Los economistas usualmente omitimos de nuestro análisis el valor cultural y de cohesión social que pueda tener un factor de la producción, en este caso la tierra.  Y en países con tejidos sociales complejos como Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Perú, Brasil, por citar algunos ejemplos de la región, este es un vacío muy importante que genera lecturas incompletas y equivocadas sobre la sociedad en la que vivimos y a la que aspiramos darle unas condiciones de vida cada vez mejores. 

Pedro Enrique Ordoñez se llama este hombre de origen Miskito, que con la sabiduría que dan los años y la riqueza cultural de estos pueblos de la costa atlántica nicaragüense, fue capaz de provocar esta reflexionan.  Creo que de la historia de aquel país y sus regiones autónomas en el Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS), así como de los ejidos y comunidades en México, podemos los guatemaltecos obtener elementos para sacarle más partido a nuestra propia multiculturalidad.

La diversidad es riqueza, no lastre.

El perfil de la agricultura familiar

“Allí, el papel de extensionistas y asistentes técnicos es fundamental para cerrar esa brecha entre el Estado y el productor.”

Las Naciones Unidas declararon el 2014 el año de la agricultura familiar, en un esfuerzo por visibilizar la importancia que tiene este subsector de la agricultura para la reducción de la pobreza y hambruna.  En ese marco, todas las agencias del sistema que tienen relación directa o indirecta con la agricultura han estado llevando a cabo distintas actividades para reflexionar sobre el papel y las perspectivas que este segmento de población tiene. 

En el caso del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, para la región de América Latina preparamos un estudio sobre el perfil que tiene la agricultura familiar.  Lo hicimos en asociación con RIMISP y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, así como con diferentes centros de pensamiento en ocho países.  El mismo será presentado el día de hoy por el Presidente del FIDA, Doctor Kanayo Nwanze, en un seminario organizado por El Colegio de México (detalles del evento en el siguiente sitio: http://ifad.org/media/press/2014/alert/3_s.htm). 

El objetivo principal del estudio fue  examinar las características de la agricultura familiar en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Brasil y Chile, construyendo una tipología que permita entender de mejor manera las contribuciones que dicho sector hace a la economía rural. 

La muestra de países ya ofrece una riqueza suficiente para, además de la cuantificación económica, darnos cuenta de la heterogeneidad que se tiene con relación al concepto mismo de agricultura familiar a lo largo del continente.  Pero además también permite sondear el nivel de apropiación en cada país y el espacio que puede tener en la política pública nacional. 

Así, por una parte resaltan los avances significativos que hay en el Cono Sur, el cual cuenta con definiciones legales, instituciones públicas y presupuesto asignado por el Estado para invertir en el sector –Brasil es seguramente el país en donde la agricultura familiar está más consolidada–.  Pero por la otra, a medida que nos movemos al norte del continente es claro cómo se va perdiendo tracción, claridad política y conceptual, que se refleja incluso en la falta de instrumentos de medición para monitorear a la agricultura familiar.  Para suplir este déficit de información se tuvo que recurrir a encuestas para medir la evolución de la pobreza.    

Con esto más, siendo la región tan heterogénea (desigual), las diferencias al interno de los mismos países también son una característica a tomar en cuenta.  De manera tal que para plantear estrategias de desarrollo a la agricultura familiar se hace necesario un abordaje territorial –territorios funcionales, por citar un ejemplo–, que reconozcan el entorno (p.e. mercados, infraestructura e institucionalidad) en el cual deben interactuar este tipo de productores.     

Finalmente comentar sobre dos de las varias recomendaciones que hace el estudio.  Primero, el acceso a mercados ha sido una constante en cualquier discusión sobre el agro.  No basta con garantizar insumos que aumenten la producción y quizás hasta la productividad si no hay un mercado en dónde colocar los productos.  Y dicho acceso a mercados muchas veces se ha igualado con agricultura por contrato, la cual si bien es cierto es un tipo de mercado, ciertamente no es el único del que se puede echar mano.  Los mercados locales y el músculo del Estado en programas de compras públicas para abastecer a la política social, son dos ejemplos concretos de lo que se puede hacer para dar a acceso a los productores a vender sus producción. 

En segundo lugar, el estudio enfatiza el esfuerzo adicional que debe hacerse para conectar a productores con programas y políticas púbicas que ya existen, pero que por falta de información adecuada muchas veces no llegan a la población que más lo necesita y que debería demandar activamente dicho apoyo.  Allí, el papel de extensionistas y asistentes técnicos es fundamental para cerrar esa brecha entre el Estado y el productor, sin que necesariamente implique crear nuevos programas. 

Lo invito a darle una hojeada al informe síntesis (http://ifad.org/pub/lac/ff_lac.pdf).  El libro completo estará disponible en el mes de agosto.   

De protección social a protección productiva

“(…) tal coordinación no sucederá en automático.  Requiere de claridad, voluntad y liderazgo político que logre alinear los diferentes programas públicos en el terreno.”

En los últimos dos días fui invitado como parte de un equipo multidisciplinario a discutir las primeras ideas de lo que será el siguiente reporte de la FAO.  Todas las agencias y organismos multilaterales tienen uno.  El Banco Mundial produce su World Development Report (WDR), el PNUD su Informe de Desarrollo Humano (IDH), y en el caso de la FAO es el State of Food and Agriculture (SOFA).       

Este año el tema que han escogido es la relación entre protección social y agricultura.  Confieso que para mí fue como canto de sirenas porque soy un convencido –¡conste que no fanático!– de la protección social y su potencial para detonar mayor cohesión social, gobernabilidad y con ello mejores condiciones para un crecimiento económico robusto y sostenido.

Poco a poco comienza a ganar tracción, la necesidad de encontrar formas de mayor coordinación entre las diferentes acciones de los Estados nacionales en favor de un segmento de población que es beneficiaria de diferentes políticas y programas de gobierno.  Para el caso de la población rural las políticas agrícolas y de protección social probablemente son en la actualidad las dos caras más visibles del gasto público.        

La importancia que para la actividad agrícola a pequeña escala (agricultura familiar) pueda tener la protección social se puede concebir a dos niveles: micro y macro. 

A nivel micro, los hogares que son beneficiarios de protección social pueden, en principio, beneficiarse de un proceso paulatino de acumulación de capital humano –los niños van a la escuela y centros de salud–, y con eso pueden potencialmente ser más productivos.  Pero además, a través de las transferencias en efectivo o en especie que reciben los hogares con programas de protección social pueden también generase beneficios económicos más inmediatos, que permitan a los hogares suavizar consumo, asegurarse mínimamente contra ciertos shocks, o incluso capitalizar algunos pequeños emprendimientos que forman parte de la pluri-actividad que muchos de ellos tienen como estrategia de subsistencia. 

Pero a nivel macro hay potenciales ganancias de una mejor coordinación entre el gasto público agrícola y el gasto en protección social, las cuales deberían redundar en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos fiscales.  Hay un espacio claro para evitar duplicidades que suceden en el terreno – comunidades y territorios – y que podrían subsanarse con una definición más estratégica de los servicios de extensión. 

Por supuesto que tal coordinación no sucederá en automático.  Requiere de claridad, voluntad y liderazgo político que logre alinear los diferentes programas públicos en el terreno.  De otra manera caemos en el engaño de creer que con solo sumar aritméticamente los programas del ministerio A con los de la secretaría B y la municipalidad C, por arte de coctelería se habrá alcanzado tal eficiencia. 

Finalmente, un efecto no buscado pero igualmente importante es sumar a la discusión  a los ministerios de hacienda, que típicamente no están muy presentes en la dinámica más operativa del gasto agrícola y de protección social.  Coordinar obliga a buscar formas alternativas y más eficientes para presupuestar, operar y monitorear los recursos públicos. 

Así, la caja de herramientas parece que se nos ensancha.  Conceptualmente nos estamos moviendo de la sola idea de redes de protección social hacia redes de protección productiva.   

Reflexionar sobre estos temas será cada vez más la norma y necesidad de los Estados modernos.  Por lo menos en América Latina, región en la que ya hay un consenso sobre la necesidad de repensar institucionalidad y formas alternativas de ejercer el gasto público, porque las tasas de reducción de pobreza, desigualdad y productividad no son suficientes para dar el salto cualitativo que se necesita. 

Guatemala no está fuera de esta dinámica. Al contrario, quizás estemos a la zaga del pelotón latino.  Aquí la protección social todavía se asocia a objetivos electorales y la economía familiar se iguala al discurso reivindicativo de más tierra para campesinos.  ¡Nos urge modernizar el vocabulario! Y para ello análisis como este que hoy está gestándose en la FAO pueden servir de palanca para abrir espacio político dentro y fuera del gobierno. 

Recaudación y desarrollo

“Tan simple como que el prójimo que pasa frente a mí es tan distinto a mí, que no me reconozco en ella o él, y por tanto tampoco veo la ocasión o necesidad de cooperar para conseguir un objetivo común.”

En una discusión sobre la reforma tributaria chilena el economista Jorge Marshall reflexionaba sobre algo que él llama “el círculo virtuoso entre recaudación y desarrollo”.   

Interesante recordatorio de cómo el desarrollo no sucede de manera espontánea, sino que más bien debe apuntalarse de varios factores como una robusta recaudación tributaria, sólidas instituciones, transparencia y rendición de cuentas, participación y contrapesos en el sector público, por citar algunos cuantos ejemplos. 

Dos elementos llaman poderosamente la atención de su análisis. 

El primero tiene que ver con la necesidad de dar señales claras de mayor eficiencia y efectividad de parte del gobierno, porque de otra manera (sic) “se corre el riesgo de trasladar el malestar de la población desde la falta de equidad en el acceso a servicios sociales de calidad, al funcionamiento deficiente de las instituciones públicas.”  Así, la sociedad confunde dos problemas relacionados pero diferentes. 

Por un lado el exceso de desigualdad, que merma el sentido de pertenencia a un grupo social que resulta ajeno a mi identidad e intereses.  Tan simple como que el prójimo que pasa frente a mí es tan distinto a mí, que no me reconozco en él o ella, y por tanto tampoco veo la ocasión o necesidad de cooperar para conseguir un objetivo común que nos beneficie a ambos. 

Y por el otro, el descrédito de las instituciones públicas ante su mal funcionamiento, con lo cual dinamitamos los únicos puentes posibles para conectar necesidades sociales con bienes y servicios públicos.  Se explica entonces el surgimiento de propuestas voluntariosas pero muchas veces poco edificantes para el largo plazo, como el desmantelamiento del aparato público en funciones elementales para dar ese sentido de cohesión que por definición está ausente en contextos de mucha desigualdad.    

¡Pero aún hay más!

El segundo elemento que llamó mi atención del análisis que hace el economista chileno tiene que ver con  que (sic) “[la]a responsabilidad política del Estado respecto de la sociedad es directamente proporcional al tamaño de la recaudación, lo que se expresa en mayores expectativas ciudadanas en las instituciones públicas.”  Esa premisa sí que va directo a la vena, y amerita contar no hasta diez ¡sino hasta veinte o treinta!…  Es decir que no podemos tampoco pedir peras al olmo y demandar al Estado más responsabilidad que la que su dotación de recursos le permite.  Si queremos más de aquello que vemos funcionar en otras latitudes con cuatro estaciones al año –parques, plazas, seguridad, asfalto, agua, luz, salud y educación–, hay que pagar el precio asociado. 

Poderosa aseveración que de inmediato me hizo pensar en Guatemala y sus ya descoloridas discusiones.  Que se repiten como disco rayado, una y otra vez, cuando hay que aprobar un nuevo préstamo, cuando hay un proyecto de reforma fiscal sobre el tapete, o cuando la recaudación tributaria no da signos de mejora sustantiva y, como hoy, se proponen medidas para aumentar los ingresos fiscales que, en el mejor de los casos, dan en qué pensar. 

Lo esperanzador es que tales reflexiones tengan lugar en un país como Chile, otrora experiencia exitosas de la liberalización y el mercado, hoy en una senda más balanceada.  Que reconoce el valor elemental de lo público, de la institucionalidad y la procura de la equidad social, como tres cimientos sobre los cuales construir su permanencia en el grupo de países etiquetados como de mayor desarrollo.  

Lo retador para los guatemaltecos es encontrar la manera de trasladar ese discurso, a veces conceptualmente tan ajeno, a una realidad con tantas urgencias como la nuestra.  Pero hay que seguir intentando.  En algún momento la peña tendrá que ceder…

Un momento…, ¡déjame pensar!

“Hay que tener cuidado y no caer en la ilusión óptica de que una hora para un campesino es mucho más barata que la de un banquero.”

Leí un artículo en la edición de fin de semana del New York Times: “Poor and clocked out”.  Una discusión sobre un tipo de pobreza del que muy poco se dice: la pobreza de tiempo.  Regularmente no solemos prestarle mucha atención –al menos no en el mundo moderno, tan lleno de estímulos y distractores–, justamente porque no tenemos tiempo para pensar en que quizás sea allí, en la falta de tiempo, donde reside una de las fuentes del problema.

El argumento central conecta la falta de dinero (pobreza material) con las decisiones económicas que hacen los individuos día a día.  Todos estamos expuestos a hacerlo a cada momento: decidimos qué comprar, cuánto ahorrar, cuándo pedir un préstamo, etcétera.  Cada decisión que hacemos demanda un tiempo de procesamiento para poder escoger lo que pensamos es más conveniente. 

Me recordó una película que discutimos con mi hijo mayor hace unos meses: In Time.  Allí también la trama estaba construida alrededor de la abundancia o la escasez de tiempo.  Los ricos tenían mucho tiempo para gastar, y los pobres tenían muy poco tiempo y por lo tanto siempre estaban viviendo de prisa para sacarle el mayor provecho a cada una de los pocas horas que tenían. 

Tanto el artículo como la película tienen el mismo mecanismo de transmisión: con suficiente tiempo se toman mejores decisiones, con ello hay mayor aprovechamiento de las oportunidades, que generan más dinero, riqueza, más bienestar, que luego se traduce en más tiempo disponible (¡y viceversa!).  Y no se crea que son cuentos chinos, eh.  El asidero empírico está allí, demostrando de muchas maneras.  Cuando se tiene presión de tiempo para pensar y decidir, o cuando se sabe que son pocas las opciones (escasez) el estrés aumenta y con ello la probabilidad de errar.  Y los pobres tienen el agravante de contar con muchos menos mecanismos para asegurarse contra errores de cálculo. 

Pero además hay otro efecto mucho más perverso y perecedero en la escasez de tiempo: obliga a las personas a priorizar lo urgente e inmediato por sobre una planificación estratégica.  Y bien sabido es que el bienestar se construye en gran medida sobre la base de decisiones suficientemente pensadas: número de hijos, tipo de trabajo, profesión, barrio, relaciones interpersonales, entre otras.  Son todos eventos que pueden o no planificarse, pero en definitiva tienen un impacto en el nivel de bienestar personal y familiar.

Toda esta discusión en apariencia totalmente ajena a la pobreza tiene una implicación de política pública muy concreta: el diseño de cualquier tipo de programa social debiera tomar en cuenta el costo en tiempo como uno de los factores de éxito o fracaso.  Hay que tener cuidado y no caer en la ilusión óptica de que una hora para un campesino es mucho más barata que la de un banquero.   

En términos absolutos quizás lo sea, pero el tiempo, como casi cualquier otra dimensión del bienestar, tiene una dimensión relativa y subjetiva.  El uso del tiempo debe medirse en función del costo de oportunidad que tiene para el individuo.  Una hora mal invertida para un campesino en tiempo de siembra o cosecha puede tener un altísimo impacto en la seguridad alimentaria de su familia y en su condición de pobreza.    

Reuven Feuerstein probablemente resumiría todo esto en una sola frase: un momento…, ¡déjame pensar! 

Cuadros, capacidad y estabilidad

“Para la productividad se utiliza la política educativa, de empleo, o de inversión en infraestructura; para la capacidad de gestión del Estado la política fiscal, y para la movilidad social la política social.”

Las principales restricciones que enfrenta el país para crecer y desarrollarse se pueden resumir en tres: bajos niveles de productividad de la mano de obra, una baja capacidad de gestión del Estado, y una baja movilidad social.  Tres bajas que hay que convertir en altas, ¡a como dé lugar!     

La productividad es importante por cuanto en ella descansa la sostenibilidad del crecimiento económico de cualquier sociedad.  Hacer más con menos no solamente es rentable en el corto plazo sino que sienta las bases para que los trabajadores puedan reconvertirse y reubicarse en sectores de la economía más dinámicos y que ofrecen mejores retribuciones a su trabajo.  De otra manera estamos siempre a merced de vientos en cola que nos puedan traer los mercados internacionales, sin certeza de cuánto puedan durar.  Es decir, bonanza ganada no por mérito propio sino por condiciones internacionales fuera de nuestro control. 

La capacidad de gestión del Estado viene asociada a la cantidad de recursos que se ponen a disposición del aparato público, pero también a la posibilidad de convertir dichos recursos en resultados –bienes, servicios, instituciones y reglas de juego– que idealmente deben ser aquellas que la mayoría de la sociedad considera deseables y necesarias para su bienestar.  De allí la importancia de alcanzar el mayor acuerdo posible sobre el nivel de recursos, su procedencia así como la forma de ejecutar los mismos. 

Y la movilidad social no es sino expresión del grado en que las sociedades premian mucho o poco el esfuerzo individual por sobre condiciones heredadas.  No se manifiesta solamente a través del nivel salarial. De hecho, en países más avanzados la movilidad social es en buena medida el producto de la acción pública que genera espacios de integración social y oportunidades para que sea el esfuerzo individual el que reluzca y defina las diferencias entre personas.

Así, a todos estos problemas estructurales generalmente corresponde una o varias políticas públicas.  Son dichos instrumento los que por excelencia están llamados a atender las necesidades colectivas.  Para la productividad se utiliza la política educativa, de empleo, o de inversión en infraestructura; para la capacidad de gestión del Estado la política fiscal, y para la movilidad social la política social. 

Ahora bien, si estamos de acuerdo en que estos son tres restricciones que estructuralmente inhiben el desarrollo de Guatemala, y si creemos que la política pública tiene un papel que jugar para desatar tales nudos ciegos, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿con qué capacidad de gerencia cuenta el país para, desde el Estado, conducir procesos de diálogo social e inversión pública? 

Desafortunadamente la historia reciente no nos da mucha perspectiva positiva.  En el mejor de los casos hemos logrado uno o dos equipos mínimos para atender o lo productivo, o lo fiscal o lo social.  Casi nunca hemos tenido la capacidad de conformar un cuadro que permita hacer transformaciones permanentes en los tres frentes de manera simultánea.  

Las últimas tres administraciones de gobierno son un claro ejemplo de la imposibilidad de conjuntar equipos estables, técnicos, coordinados, y con capacidad de administrar múltiples objetivos de política pública.  En cambio, hemos tenido funcionarios que en lo individual han intentado avanzar agendas parciales pero que desafortunadamente se diluyen a su salida del gobierno. 

Esta es una de las lecciones principales que deberíamos rescatar de los últimos años en democracia: la importancia de conformar equipos de gobierno, con una visión compleja y compartida de lo que gestionar un Estado implica.  En ausencia de cuadros técnicos y políticos seguiremos dando bandazos, a veces con modestos aciertos, pero sin mayor trascendencia ni sentido de dirección. 

La capacidad individual es importante, pero la estabilidad en los cargos quizás lo sea aún más todavía. 

Prensa Libre, 12 de junio de 2014.

No son payasadas

“(…) una buena parte de la elite urbana ya se ha puesto en guardia y le ha comenzado a alzar la voz, exigiendo que no se juegue con fuego.”

El período presidencial es muy corto.  En eso podemos estar casi todos de acuerdo.  Luego hace falta darle al ejercicio de dicho cargo público un espacio mayor de acción, lo cual puede darse ya sea permitiendo la reelección presidencial consecutiva, como en el caso de Brasil o los Estados Unidos; o bien alargando la gestión presidencial a un sexenio, como en el caso de México. 

Sin embargo, en el caso de Guatemala hay restricciones constitucionales clarísimas y hasta delitos tipificados que maniatan a cualquiera que pretenda ser juez y parte de un cambio de reglas del juego.  Quizás por aquello de que, como dicen los sajones, “you cannot have your cake and eat it too.”   

En el caso de diputados y alcaldes francamente tengo mis serias dudas.  No veo la necesidad de alargarles el período, ni por la escala de las obras que realizan ni por la complejidad en la gestión, en el caso de alcaldes; ni por la naturaleza del trabajo que realizan, en el caso de los legisladores.  Más urgente sería una reforma que modernizara las finanzas municipales y-o que eliminara el sistema de listas para la elección de diputados para hacerlos rendir cuentas más claras de su desempeño.       

Pero enfocándonos en el caso de presidente y vicepresidente en funciones, ya muchos analistas han hecho sonar la alarma, señalando que la prolongación del periodo está prohibido por la constitución con doble candado: artículos 187 y 281.  Así, la única forma de hablar de estos temas dentro de la legalidad es por la vía de una asamblea nacional constituyente (ANC). 

Si el presidente quisiera de verdad atacar la raíz del cáncer que padece nuestro sistema político podría hacerlo creando las condiciones para una discusión amplia y profunda sobre este y otros temas, promoviendo una ANC que trabaje por un nuevo contrato social.  Otras experiencias latinoamericanas nos dan pistas al respecto. 

Es en ese espacio (ANC) donde se lograría cambiar las crecientes sospechas de segundas y muy nefastas intenciones y probablemente se le otorgaría el beneficio de la duda.  Pero a como están las cosas, una buena parte de la elite urbana ya se ha puesto en guardia y le ha comenzado a alzar la voz, exigiendo que no se juegue con fuego.  De manera que aún y cuando los cantos de sirena de la rosca presidencial le hayan hecho creer al mandatario que siempre se puede encontrar una interpretación ultra técnica y retorcida, carecerá de legitimidad alguna.

Pero más a allá de este rifirrafe, ¡menudo desfavor el que nos está haciendo la clase dirigente!  ¿Qué necesidad había de polarizar de entrada un tema harto fundamental para oxigenar nuestro alicaído Estado y darle mayor músculo al organismo ejecutivo, a todas luces urgido de tener un horizonte temporal más amplio para poder plantear soluciones de mediano plazo? 

El desarrollo no tiene atajos, presidente.  No en lo económico, no en lo social, y no en lo político.  No sucede en una noche, ni se promulga en hemiciclo alguno. Cuando hay un problema estructural hay que buscar una solución igualmente estructural, aunque eso tome más tiempo y esfuerzo.

No son payasadas.  Después no digan que no se les advirtió.  

UWC antes, UWC hoy

“La generación de mi hijo interpela el conflicto en Siria, la crisis de la Unión Europea, la primavera árabe, y observa atentamente el despertar de China.”

Buena parte de mi infancia y toda mi adolescencia la viví con mis abuelos.  Mi abuelo, hombre de su tiempo, políticamente comprometido, y lector voraz de todo cuanto pasaba por sus manos, no dejaba texto parado.  A veces me pregunto ¡qué hubiera hecho con Google y Wikipedia! 

Un día llegó a mi cuarto donde yo estaba estudiando, y sin mediar mucha conversación me dejó sobre la cama el periódico de ese día, con una noticia muy chiquitita, circulada con su famoso marcador rojo.  Antes de salir me dijo: creo que deberías aplicar. Leí la nota dos o tres veces, y allí comenzó todo esto. Tenía entonces diecisiete años

Ahora que lo pienso veo cómo en su mismo nombre está condensada toda su esencia: United World Colleges (UWC).  Un proyecto educativo construido alrededor de un riguroso programa académico y una estrategia de intensa convivencia y proyección social.  Que apuesta por el entendimiento y convivencia pacífica entre individuos, entre distintos imaginarios, entre religiones, entre mitos y creencias.  Así de sencillo pero así de difícil de explicar cuando no se ha vivido. 

Sin duda alguna fueron dos de los años más intensos que he pasado en la vida.  Cada vez que los repaso me doy cuenta que fue allí en donde se plantaron muchas de las ideas que han motorizado mucho de lo que vino después.   

Una experiencia tan intensa, que veinte años más tarde tuvimos la osadía de permitir que nuestro primogénito también la viviera.  Sus padres somos firmes creyentes del poder transformador que tiene la educación.  Estamos convencidos que son los jóvenes el alma del cambio, y que haciéndolos convivir antes de que sus prejuicios se solidifiquen podremos poco a poco demoler estructuras mentales que dificultan el desarrollo y la paz.  

El fin de semana pasado fuimos a acompañarlo y celebrar juntos su graduación.  Volví a resucitar esas emociones que acompañan la vida en los UWC, ahora atemperadas por el paso del tiempo y la experiencia de ser padre.  Muchachos y muchachas en sus trajes nacionales, compartiendo su cultura, criticando agudamente pero también proponiendo soluciones para este mundo que les estamos heredando. 

En mis años era la Guerra del Golfo, la caída del muro de Berlín, la liberación de Mandela y los quinientos años de la llegada de Colón a América.  Hoy la generación de mi hijo interpela el conflicto en Siria, la crisis de la Unión Europea, la primavera árabe, y observa atentamente el despertar de China.   

Al terminar el día y caminar por ese campus ya vacío pensé con nostalgia en aquel marzo de 1991 y en este mayo de 2014.  En cómo ha cambiado el mundo desde entonces y cómo en muchas cosas sigue siendo tan igual.  Pensé en mi hijo y en su futuro cada vez menos incierto.  Pensé también en los UWC, y en la necesidad de mantener y multiplicar oasis como estos.  Porque fueron, son, y sin duda seguirán siendo, una apuesta, una propuesta y un ejemplo concreto de que otro mundo es siempre posible.     

Prensa Libre, 29 de mayo de 2014.

Los territorios del empleo

“Ambos tipos de territorios gobernados por las mismas elites, ambos tipos de contribuyentes aportando al mismo sistema fiscal, ambos tipos de grupos sociales viviendo la democracia de manera diametralmente opuesta.”

Hace algunos años hicimos una alianza estratégica el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC, por sus siglas en inglés) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para producir desde la región reflexiones cada dos años sobre dos de los temas más acuciantes en la agenda latinoamericana: reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad.

Así, en el año 2011 se produjo el primer “Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad”, en el cual participaron equipos de reconocidos investigadores locales.  La idea era monitorear a ocho países de la región –Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú–, en seis dimensiones del bienestar –salud, educación, seguridad ciudadana, ingresos, dinamismo económico e igualdad de género–, a través de una batería de más de veinticinco indicadores, con datos al mayor nivel de desagregación geográfica posible.

Los resultados, aunque intuitivos muchos de ellos, no dejaron de sorprendernos porque ponían al desnudo la geografía de la desigualdad en América Latina.  Así, encontrábamos dentro de un mismo país a municipios con niveles de bienestar comparables con los de la OCDE, y a pocos kilómetros de distancia –pero muchas veces a muchas horas de viaje–, municipios que perfectamente podrían trasplantarse al África Subsahariana.  Ambos tipos de territorios gobernados por las mismas elites, ambos tipos de contribuyentes aportando al mismo sistema fiscal, ambos tipos de grupos sociales viviendo la democracia de manera diametralmente opuesta. 

En el año 2013 repetimos el ejercicio para volver a monitorear las mismas dimensiones del bienestar.  Pero además dando una  mirada más a profundidad a un tema que, como en pocos momentos en la historia, ha generado tal nivel de consenso sobre su importancia para dar viabilidad a economías y democracias en el mundo entero: el empleo.  Dando, eso sí, especial énfasis en la calidad del mismo, tratando además de entender cuáles son los factores en el territorio que determinan su generación.    

Aquí reside una de las novedades del informe, ya que generalmente al empleo se le relaciona con otras dimensiones como las características del individuo – género, étnica, nivel de capital humano – o la institucionalidad de los mercados laborales.  Pocas veces se le vincula con dinámicas territoriales. 

En resumen, el estudio identifica tres conjuntos de factores que deben tomarse en cuenta para generar más y mejores empleos. 

Primero, la estructura económica-productiva de los territorios.  Entre más se descanse en producción de materias primas más difícil la generación de empleos de calidad.  De ahí la necesidad de industrializar y con ello dar valor agregado a la producción.

Segundo, las políticas públicas que se implementan en los territorios.  Institucionalidad laboral, políticas de fomento productivo y de protección social, siendo el marco, las reglas del juego que regulan los mercados, condicionan el tipo de empleo que se genera en los territorios.  En el lejano oeste se salva quien puede y manda quien ruge más fuerte.  En sociedades modernas hay acuerdos sociales mínimos que delimitan lo que es y no es aceptable en un mercado laboral.

Y tercero, los espacios de diálogo social.  La institucionalidad de un país debe ser la expresión formal de un acuerdo entre actores sociales.  Y para lograr acuerdos hace falta dialogar y comprometerse.  Esa es la esencia de la democracia y de la vida en sociedad.

Lo invito a que visite la página de internet, vea los resultados, descargue las bases de datos, y deje sus comentarios para poder mejorar cada vez más este análisis latinoamericano hecho por y para los latinoamericanos.  Pase adelante: http://www.informelatinoamericano.org/.

Prensa Libre, 22 de mayo de 2014.

Tres mensajes latinos

“Bien sabemos que la región no es la más pobre del mundo pero sí la más desigual.”

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en el 35 período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  Nunca antes había asistido a una de sus reuniones y debo decir que salí con una impresión muy grata.  Es un espacio privilegiado para tomarle el pulso a la región y escuchar cómo están leyendo los gobiernos de cada país la coyuntura económica y política. 

Pero además, es una buena oportunidad para conocer el trabajo y propuesta conceptual de este organismo de Naciones Unidas, que desde sus orígenes se ha caracterizado por generar ideas alternativas y pensamiento crítico con relación a los desafíos de desarrollo que enfrenta Latinoamérica.  Durante los últimos años han enfocado su trabajo en lo que hoy llaman “la trilogía de la igualdad”.  Partieron con un primer documento presentado en Brasil en el año 2010 titulado “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”; luego con una segunda reflexión discutida en El Salvador en el año 2012, “Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo”; y ahora en Perú (2014) ponen sobre la mesa “Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible”. 

Seis años de esfuerzo y reflexión sistemática que debiera servirnos de referente para seguir profundizando la discusión que estamos teniendo en la región sobre cómo reducir esas diferencias tan abismales que existen entre poblaciones y territorios, en una región tan rica como desigual.

Escuché tres ideas con mucha fuerza y consistencia.  Tres mensajes latinos para los latinos pero también para el resto del mundo.

El primero, reconocer lo oportuno de este planteamiento sobre equidad, que llega en momentos en los cuales se está definiendo la agenda de objetivos de desarrollo sostenible (ODS).  Eso que llamamos el post 2015, y que sin duda alguna dará forma y contenido a la manera en que el mundo cooperará en los siguientes diez o quince años. 

Así, en una coyuntura internacional tan especial, es importante que los latinoamericanos logremos construir una narrativa mínima sobre el papel que tiene la desigualdad y el imperativo que supone superarla para garantizar la sostenibilidad de nuestras democracias y economías.   Bien sabemos que la región no es la más pobre del mundo pero sí la más desigual.

Esto me lleva al segundo mensaje, el cual tiene que ver con la crítica generalizada que la región está haciendo a la renta nacional como indicador de desarrollo, y la necesidad de revisar ese clasificador de países de renta media (MIC, por sus siglas en inglés).  En contextos de mucha desigualdad sabemos muy bien que los promedios son una ilusión óptica del bienestar.  No son la variable más informativa ya que esconden diferencias extremas entre grupos e individuos.  Para muestra un botón: solamente en América Latina y Caribe el arco es tan amplio que va desde Chile hasta Haití.          

Finalmente, escuché repetir mucho la cifra de los 600 millones de latinoamericanos, de los cuales cerca del 80% habita en ciudades.  Eso pareciera que en automático se está colocando el acento en lo urbano al momento de pensar nuestro mediano plazo.  Sin embargo, no podemos perder de vista que es un mensaje que, mal interpretado, puede complicar la vida a la friolera de 120 millones de ciudadanos rurales.  Y como también sabemos, ellos se alojan en la cola inferior de la distribución.  Es justamente en el espacio rural en donde se manifiestan con más nitidez esas brechas estructurales que definen a América Latina. 

Cualquiera sea nuestra opinión o preferencia, no podemos desconocer que la región, con ayuda de insumos como estos que hoy nos comparte CEPAL, está consolidando una propuesta bastante articulada y con muchas posibilidades de tener tracción en la arena global.  Será cuestión de seguir trabajando coordinados en la venta política para que efectivamente se traduzca en acuerdos, metas e indicadores, pero sobre todo en acciones concretas de nuestros Estados nacionales.

Prensa Libre, 15 de mayo de 2014.

Dicotomías falsas

“(…) inclusión financiera y política social son dos áreas en donde se puede (¡y debe!) hacer política pública basada en evidencia, siempre que exista voluntad política por supuesto.”

El instrumental de política pública que la región ha ido desarrollando para atender sus estrategias de reducción de pobreza es amplio, relativamente institucionalizado, pero sobre todo fue muy claro desde el inicio en cuanto a su apuesta conceptual: la pobreza se combate fundamentalmente con protección social.  Así, reconversión productiva, inserción a mercados, cadenas de valor, rentabilidad económica y productividad, fueron términos reservados para aquellos que demuestren capacidad de mantenerse a flote.  Es decir, los no pobres. 

Solo de manera más reciente es que América Latina –y no todos los países– vuelven a preguntarse si los pobres también pueden tener alguna viabilidad económica –¡si son capaces de producir y vender algo para salir por sí solos pues!–.  Ergo la agenda de inclusión financiera, los programas de compras públicas y el retorno de la banca de desarrollo, instrumentos todos que apuntalan eso que un día alguien llamó crecimiento económico pro pobre. 

En el caso de la inclusión financiera, proceso que apoya la salida de la pobreza en condiciones de mercado, me parece que ha corrido ya algún agua bajo el puente y podemos decir un par de cosas con cierto conocimiento de causa. 

Lo primero es que la intersección entre política social e inclusión financiera necesariamente converge en el espacio rural.  Porque es justamente allí, en la ruralidad profunda, en donde se aloja la pobreza más dura, donde se manifiesta con mayor claridad la exclusión social que la política social busca revertir, y donde el vacío de los mercados de bienes pero sobre todo de servicios –en este caso financieros– es más evidente. 

En segundo lugar, afortunadamente tanto en materia de inclusión financiera como de política social ya existe un bagaje muy rico y creciente de investigación y evidencia empírica, que evalúa mecanismos de transmisión e impactos en individuos, hogares y emprendimientos.  A medida que pasa el tiempo vamos conociendo con mayor detalle cómo funcionan diferentes instrumentos financieros –crédito, ahorro, seguros, medios electrónicos, etc.– y qué tipo de decisiones de consumo e inversión inducen.  Lo mismo sucede con los diferentes tipos de programas de protección social y sus efectos en el comportamiento y estrategias de vida de los pobres.  Por lo tanto, inclusión financiera y política social son dos áreas en donde se puede (¡y debe!) hacer política pública basada en evidencia, siempre que exista voluntad política por supuesto. 

Finamente, debemos seguir insistiendo que para hacer efectiva la acción pública y lograr reducir pobreza en el ámbito rural es necesario volver a conectar la protección social con el fomento productivo.  Hay que abandonar esa visión dual en donde exigimos a los habitantes de las zonas rurales comportamientos esquizofrénicos: por un lado les pedimos que se comporten como receptores pasivos de transferencias a fondo perdido (protección social), y por otro les exigimos que actúen como empresarios, en donde la toma y evaluación de riesgos es condición sine qua non para la inserción en mercados (fomento productivo). 

En este proceso de cerrar brecha entre lo social y lo productivo y darle viabilidad económica a los pobres, la inclusión financiera puede jugar un papel fundamental.  Es un ejemplo más de cómo se puede romper la dicotomía falsa entre eficiencia y equidad.  La inclusión financiera hace más eficiente un instrumento de equidad (protección social) a la vez que hace más equitativos instrumentos de eficiencia productiva (productos financieros).  

Prensa Libre, 8 de mayo de 2014.