De la estabilidad al desarrollo

“La visión sectorial, importante como es, hace que la política pública sea ciega ante las tremendas diferencias entre regiones, departamentos y municipios.”

Siempre en esta idea de seguir pensando en cómo salir del bache, otro de los desafíos que enfrenta Guatemala tiene que ver con lo fiscal.  ¡Sí ya lo sé!, esa trillada, entrampada, y gastada discusión sobre impuestos y gasto público.  Pero nos guste o no, hasta que no avancemos en esta agenda va a ser muy difícil poder pensar en rutas sostenibles de crecimiento y desarrollo. 

Lo que pasa es que con frecuencia y muy convenientemente se nos olvida que la agenda fiscal se compone de dos caras.  Una que tiene que ver con la generación de ingresos para el Estado, y que ha sido diagnosticada decenas de veces, siempre con características parecidas: baja carga tributaria, gasto público con bajo impacto, dependencia de tributación indirecta, endeudamiento del sector público relativamente controlado, déficit fiscal dentro de límites aceptables –aunque hubiese aumentado durante la última gran crisis internacional–, insuficiente inversión pública –que obedece a una estructura de gasto que ya trae destino específico, pero también a una inercia y rigideces en la ejecución del presupuesto nacional–.  Esa es la caricatura de los ingresos fiscales en Guatemala. 

Ante tal diagnóstico las recomendaciones, palabras más, palabras menos, son bastante estándar e igualmente repetitivas: aumentar la proporción de ingresos fiscales que provienen de tributación directa, aumentar la eficiencia en la captación de impuestos –lo cual incluye un ataque firme y sostenido a la evasión–, reducir el gasto tributario allí donde la economía política lo permita, generar opciones para el financiamiento del gasto público subnacional, entre otras. 

Sin embargo, la contracara de la moneda, esa que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, también tiene una agenda sustantiva.  De eso lamentablemente se habla poco, porque la discusión en medios, entre especialistas y legisladores, la consume siempre aquello que es más incendiario y urgente.  Pero la verdad es que es una agenda que no solamente debe hacer parte de cualquier esfuerzo de reforma tributaria, sino del funcionamiento cotidiano del Estado.  Y allí hay por lo menos tres grandes áreas de trabajo a las que debiéramos prestarle atención.

La primeara tiene que ver con la calidad del gasto público que ya se está ejerciendo.  Si es mucho, poco, suficiente o insuficiente, ese es otro cuento y debe discutirse por separado.  Lo importante es que ese 9 o 10 por ciento del PIB que constituye nuestra pírrica carga tributaria sea ejecutado con la mejor calidad posible.  Y para eso nos están haciendo falta instrumentos legales e institucionales que nos permitan darle una perspectiva de mediano plazo al diseño del gasto público, reglas claras y transparentes para su asignación, así como mecanismos de coordinación interinstitucional para su ejecución. 

El segundo y tercer temas tienen que ver con lo que podrían llamarse nuevos centros de gravedad para la gestión del gasto público.  Por una parte nos está haciendo falta una dimensión territorial para la forma como estamos gastando o invirtiendo los impuestos.  La visión sectorial, importante como es, hace que la política pública sea ciega ante las tremendas diferencias entre regiones, departamentos y municipios.  De ahí que una institucionalidad que nos haga pensar y planificar de manera no sectorial es tan saludable como necesaria.    

Finalmente, es necesario pasar de analizar sectores concretos a obstáculos específicos y transversales al funcionamiento del Estado.  Por ejemplo, los mecanismos de aprobación de presupuestos públicos, de contratación de deuda pública, sistemas para coordinar la ejecución del gasto que proviene de distintos ministerios y dependencia, que muchas veces ocasiona duplicidades y-o déficits en los territorios donde debe hacerse efectivo. 

Atender esta agenda de gasto, al igual que la de los ingresos, es lo único que nos permitirá sentar las bases fiscales para pasar de la estabilidad al desarrollo.  Pero para ello hace falta volver a creer y crear las condiciones para un gran acuerdo nacional que nos ponga a trabajar en función de una Guatemala a diez o quince años plazo.  ¿Seremos capaces de tal cosa?

Prensa Libre, 12 de Diciembre de 2013. 

 

El joven apicultor

“(…) aunque hay islas de productividad en Guatemala, son justamente eso: espacios contados y privilegiados, que no alcanzan para generar bienestar a escala suficiente.”

Para seguir repensando en cómo salir del bache, uno de los principales desafíos que tenemos como país y como región centroamericana pasa por aumentar los niveles de empleo y la productividad del factor trabajo.  Es decir, hay que generar más empleos y hay que hacer que nuestra fuerza laboral aumente su capacidad de producir. 

Pero ¿por qué debiera ser empleo y productividad un objetivo central de política pública?  Por dos razones, una teórica y una práctica y concreta. 

Teóricamente, tan sencillo como que esa es la ruta más expedita y sostenible de redistribuir una parte de los beneficios que genera el crecimiento económico.  Expedita porque al utilizar los mercados laborales, no median programas de política social para hacer llegar ningún tipo de transferencia – salvo para aquellos que verdaderamente lo necesitan.  Así, los recursos se asignan a través de los sueldos y salarios, siempre que estos se fijen de acuerdo a productividad, oferta y demanda. 

Sostenible porque una mayor productividad de la fuerza laboral implica que el crecimiento económico del país no dependería tanto de golpes de suerte como buenos precios de nuestros tres ejotes, cuatro sacos de café y una buena zafra azucarera, sino del valor agregado que los guatemaltecos le dan a la materia prima con la que trabajan. 

Además, una fuerza laboral con altos índices de productividad es capaz de leer las señales del mercado, reubicarse de sectores deprimidos hacia otros más dinámicos, exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones laborales, y vigorizar el mercado interno con una capacidad de compra mucho mayor. 

En términos prácticos y muy concretos, empleo y productividad es central para países como Guatemala porque son territorios llenos de jóvenes, que hoy por hoy salen de la escuela y entran a un mercado laboral incapaz de absorberlos.  Muchachos que al adquirir la mayoría de edad automáticamente reciben su DPI engrapado a una garantía de que ingresarán al sector informal o que estarán subempleados, depreciando así el poco capital humano con el que se estrenan en la población económicamente activa.   

Es verdad que ese no es el caso de todos nuestros jóvenes, pero sí de la gran mayoría.  Porque aunque hay islas de productividad en Guatemala, como en cualquier economía del mundo, son justamente eso: espacios contados y privilegiados, que no alcanzan para generar bienestar a escala suficiente.  Son pocos los patojos que logran insertarse en empleos que van de la mano con sus intereses profesionales, que son estables, y que tienen perspectiva de crecimiento dentro de la empresa o industria.  Esa es la consecuencia nefasta y concreta de una baja productividad del factor trabajo.

Hace poco estuve con un grupo de jóvenes latinoamericanos que viven en territorios rurales.  Nos juntamos a discutir su realidad y formas de ayudarles a través de políticas públicas.  Uno de ellos, apicultor en el desierto semiárido del norte mexicano, fue tan sintético como contundente con su comentario: “no queremos que nos den nada, mis amigos y yo podemos hacerlo por nosotros mismos. Solo necesitamos una oportunidad para poder salir adelante.”

Me quedé pensando en él, en sus amigos, y en lo que sus palabras representan: la expresión más clara de la desigualdad de oportunidades latinoamericana, esa que genera y reproduce baja productividad de la mano de obra, que en mucho se explica por una ausencia del Estado en territorios rurales, y que a la postre fermenta migración, descontento, inseguridad y falta de cohesión social. 

De ahí que invertir en estrategias, políticas públicas, programas y proyectos generadores de empleo y productividad son un negocio rentable a corto y largo plazo, no solamente en términos económicos sino también sociales.  Y en países de jóvenes como Guatemala, esa debiera ser la primera y principal prioridad de cualquier gobierno.         

Si así de obvia es la conexión, ¿cómo le hacemos para conectar mejor a nuestra tecnocracia con las necesidades concretas de ese joven apicultor?

Prensa Libre, 5 de Diciembre de 2013. 

 

Perversa estabilidad

“A nadie le interesa, o más bien, nadie tiene el tiempo suficiente de dar la pelea y exigir que las cosas cambien.”

Entre más lo pienso más me convenzo.  La percepción que hay entre la población de que la estabilidad se ha transformado en estancamiento no es algo que debamos tomar tan a la ligera. 

Primero, porque la nuestra es una estabilidad perversa.  Es decir, no son esas condiciones que proponemos los economistas a partir de las cuales se puede planificar el futuro, o al menos el mediano plazo.  Al contrario, es una suerte de vilo que mantiene a la mayoría de la población paralizada y al borde del derrumbe.  Como cuando se construyen covachas en las laderas pelonas, a sabiendas de que al menor movimiento de la tierra se irán al fondo del barranco. 

Asimismo sucede con las condiciones económicas del cincuenta o sesenta por ciento de la población en Guatemala.  Al menor brote de inflación, quiebra de una entidad financiera, enfermedad grave de un pariente, o suspensión de la remesa mensual que manda el familiar que vive en los Estados Unidos, se retroceden algunos deciles de ingresos.  

Segundo, porque la nuestra es una estabilidad frágil.  Y como con los años los seres humanos vamos aprendiendo a vivir al filo de la navaja, o para decirlo más elegantemente, desarrollando estrategias de medios de vida innovadoras y creativas, entonces los incentivos para la transformación se esfuman.  A nadie le interesa, o más bien, nadie tiene el tiempo suficiente de dar la pelea y exigir que las cosas cambien.  Para ejercer la ciudadanía hay que tener un mínimo de seguridad social.  Así, la posibilidad del cambio se comienza a percibir como algo lejano y utópico.      

Y tercero, porque es absolutamente cierto que la estabilidad macroeconómica y política, que en Guatemala se traducen en cosas tan sencillas y concretas como inflación baja y estable y ejercicios de elección popular que suceden de manera regular cada cuatro años, son condiciones necesarias, aunque muy mínimas, para poder avanzar en una agenda más ambiciosa y compleja de desarrollo.  El problema es que al quedarnos en eso solamente, sin mayor perspectiva de seguir escalando peldaños de bienestar individual y colectivo, pues como que la población comienza a cuestionarse si no sería mejor un poco menos de esa aburrida y pasmosa estabilidad a cambio de tener la oportunidad de que, por lo menos algunos, logren ascender social y económicamente.  En río revuelto…

Allí es donde se comienza a complicar la cosa, porque brotan espejismos, clichés, frases encendidas y propuestas simplistas colocadas en “muppies”, que van prendiendo en la mente de los ciudadanos.  Hombres y mujeres cansados e indiferentes, que estamos dispuestos a dar el voto con tal de asegurar el 029 otro par de años.  Esa actitud individual cuando se multiplica por los casi 6 millones de paisanos que conforman la población económicamente activa se convierte en una modorra colectiva que refuerza el círculo vicioso de estabilidad, estancamiento, parálisis y sensación de atasco. 

Por eso la necesidad de mantener viva la discusión de ¿qué hacer? ¿cómo comenzar a desenmarañar este asunto para darle forma a una agenda mínima de desarrollo? ¿qué priorizar?  No con el ánimo de torpedear a los burócratas de turno, no es eso.  Sino porque como bien dice el gato de Cheshire en Alicia en el país de las maravillas “(…) si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí”.  Y ya va siendo hora que el país se enrumbe y todos cerremos filas construyendo un sueño colectivo. 

Prensa Libre, 28 de Noviembre de 2013. 

 

¿Estabilidad o estancamiento?

“(…) aunque la subregión goce de estabilidad macroeconómica, esa misma estabilidad parece que se ha convertido en estancamiento.”

Cuando uno observa los números macroeconómicos de Centro América y México – crecimiento, inversión, inflación, tipo de cambio, déficit fiscal, gasto social, cuenta corriente, entre otros – y los principales indicadores de bienestar – pobreza, desigualdad y desarrollo humano – fácilmente se construye una historia. 

La subregión ha experimentado durante los últimos quince o veinte años un crecimiento económico moderado pero insuficiente – salvo algunas excepciones y solamente para algunos años, como en el caso de Panamá y República Dominicana –.  Crecimiento que, además, se explica mucho más por buenos precios internacionales que por productividad, con lo cual el mérito no es tanto nuestro sino de un viento en cola favorable.

Al mismo tiempo ha tenido lugar alguna reducción de pobreza, aunque si se la compara con otras subregiones de América Latina ha sido más bien débil e insuficiente.  Además, seguimos conviviendo con una persistente desigualdad, manifiesta no solamente en el ingreso de las personas sino también en grandes brechas territoriales. 

En suma, los grandes agregados macro nos cuentan la historia de una subregión estable que da algunos signos moderados de avance en las variables que caracterizan el bienestar de una sociedad. 

Pero lo curioso en todo esto es que a pesar de la estabilidad persiste una sensación de incomodidad y desasosiego en segmentos importantes de la población.  Su malestar es concreto y se traduce en desencanto con la democracia.  Tal y como señala el último informe de Latinobarómetro (sic) “vemos que de los países centroamericanos, son cinco en total los que no logran aumentar el apoyo a la democracia. Costa Rica, ya lo analizamos más arriba, es el país que más apoyo a la democracia había perdido en el período 1995- 2013, pero se encuentran en la misma situación además Panamá, Honduras, Nicaragua y El Salvador”.  Es como si la estabilidad no tuviera ningún impacto ni importancia en la vida cotidiana. 

¿Y entonces?¿Quiere decir que los mesoamericanos estamos teniendo una lectura dual o esquizofrénica de la realidad? ¿quién está diciendo la verdad, las cifras y los tecnócratas o los ciudadanos y sus percepciones?  No lo sé bien.  Lo que sí me atrevo a decir es que muy probablemente analistas y clase política no estamos logrando hacer las conexiones suficientes para leer la coyuntura y conectar con la población en las soluciones que planteamos.  Porque es claro que cuando se incorporan en el análisis otras variables extra económicas, la narrativa cambia sustancialmente.

Lo que nos está diciendo la ciudadanía es que, aunque la subregión goce de estabilidad macroeconómica, esa misma estabilidad parece que se ha convertido en estancamiento, y a veces en atraso.  Dicho de otra forma, el mensaje es que sigue haciendo falta más músculo de la política pública para generar más bienestar y no solamente períodos de calma.       

Si seguimos ignorando estas señales muy fácilmente nos podemos ir con la finta de una mal entendida estabilidad, que quizás no hace otra cosa que fermentar silenciosamente un descontento social, que luego y con muy poco alcanza expresiones violentas y desproporcionadas. 

De ahí que el principal reto que tienen las elites mesoamericanas es conectar de mejor manera todas las señales que manda la sociedad, y no solamente las que se recogen en grandes agregados macroeconómicos.  Más bienestar con mayor equidad es el objetivo más importante de esta subregión.  De la capacidad que tengamos de lograrlo depende la viabilidad de nuestras democracias. 

Prensa Libre, 21 de noviembre de 2013.