“Pero el
sentimiento colectivo aumenta, se contagia, y ya se sugieren acciones para
elevar el tono, contenido y forma de la protesta –el paro nacional, por ejemplo–.”
La
corrupción y el descaro han sido los grandes pegamentos de esta crisis. Es a la sombra de estas dos bofetadas que nos
ha dado el gobierno de turno y la clase política que los ciudadanos decidimos
movilizarnos poniendo a disposición todo lo que teníamos a nuestro alcance:
redes de contactos, palabra escrita, presencia física, nacionalismo, y un
profundo deseo de cambio motorizado por nuestro mayor y mejor activo: la
juventud. Esos fueron los ingredientes
de la primera marcha en abril y han seguido siendo los mismos ingredientes de
las subsiguientes.
Por
ratos hemos contado con el apoyo de otros factores de poder tradicional como el
sector privado organizado y la Embajada de los Estados Unidos. Y como bien apuntó un colega columnista, fue
en la alineación perfecta de estos tres grandes astros (ciudadanía como principal
actor y factor detonante, CACIF, y gobierno de los Estados Unidos) que se logró
asestar el golpe de efecto más grande a la fecha, con la renuncia y salida por
la puerta trasera de la señora Roxana Baldetti.
Por
ratos también hemos recibido golpes a los guantes de parte de grupitos (¡esos
sí grupitos!) que han querido distorsionar las cosas y ver micos aparejados en
la energía social que se ha desatado, intentando mermar nuestro entusiasmo con
viejas consignas de épocas ya superadas.
Han dicho que todo esto ha sido orquestado por cubanos y venezolanos,
intentando apelar a sentimientos de anticomunismo y guerra fría. Han dicho también que las movilizaciones
campesinas han sido financiadas y organizadas por países europeos, tirando aquí
pedrada triple: 1) intentando inflamar una soberanía nacional mal entendida; 2)
menospreciando a las organizaciones de base y su capacidad de expresar su descontento
y repudio al gobierno; y 3) subvalorando la reacción de la juventud urbana
metropolitana que inmediatamente cerro filas con el movimiento indígena y
campesino, muestra clara de que esto no tiene absolutamente nada que ver con
ideologías sino con un objetivo que nos interesa a todos.
Además,
también hemos resistido cambios de marea.
Los factores tradicionales de poder no tienen certeza de querer apoyar
un cambio radical y más bien parecieran darse por satisfechos con la elección
del nuevo vicepresidente y la detención de funcionarios implicados en actos de
corrupción (IGSS y SAT). Y como quien no
quiere la cosa, optan de manera implícita por una salida negociada y dentro de
las reglas actuales del juego. Es decir,
manteniendo el cronograma electoral y aceptando que el señor Pérez Molina siga
en el cargo hasta enero de 2016. No hay
que perder de vista que esta estrategia de salida tiene como aliados naturales a
los partidos políticos que ya llevan varios años invirtiendo tiempo y dinero para
hacerse del poder.
Lo interesante
es que a pesar de todo la presión social no ha disminuido. Y cuando digo “todo” quiero decir a que los
ciudadanos indignados estamos plenamente conscientes de todos estos movimientos
estratégicos y toma de posición de parte de tales actores políticos
tradicionales. Pero el sentimiento
colectivo aumenta, se contagia, y ya se sugieren acciones para elevar el tono,
contenido y forma de la protesta –el paro nacional, por ejemplo–.
Para
bien o para mal el tiempo sigue corriendo y con ello se acerca el momento de
definiciones. Definiciones en términos
de agendas de reformas, pero también en la toma de posición de parte de la
ciudadanía con relación al próximo evento electoral y la convocatoria a una
asamblea nacional constituyente. La
corrupción y el descaro, que han sido los grandes pegamentos de esta crisis,
deberán encontrar pronto cauce y desfogue con capacidad real de transformación. Hay decisiones fundamentales frente a
nosotros, que no se podrán posponer por mucho tiempo a riesgo de descarrillar
un proceso que hasta hoy lleva muy buen ritmo.
Esta primera fase está casi agotada.
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