“(…) en su lógica
y algoritmo seguimos “business as usual” y las jornadas de abril y mayo no tendrán
mayor impacto en la economía nacional.”
Como
era de esperarse, con el correr de los días comienzan a aparecer especulaciones
sobre impactos económicos que tendrá la actual crisis política. Los primeros en salir al aire fueron
analistas de inversión privados que, muy a su conveniencia, llaman a la cautela,
a recuperar cuanto antes la calma, a dejar que el gobierno termine su período,
todo en nombre del sacrosanto clima de negocios y la calificación riesgo
país. No es de extrañar esta posición,
viniendo de opiniones que representan y se benefician de la estabilidad como condición
para la rentabilidad del capital sobre cualquier otra cosa. Son visiones ciegas y desinteresadas del bien
común, y por tanto no recogen dentro de su lectura las evidentes necesidades de
transformación y reforma que urgen al sistema político nacional.
Más
recientemente apareció la voz gubernamental.
Primero en boca del señor Pérez Molina, alertando sobre una caída en la
recaudación, producto de la no vigencia del impuesto a la telefonía. Curiosamente sin hacer vinculación alguna con
la crisis que detonó el descubrimiento de la red de defraudación fiscal de “La
Línea” y la estafa-crimen del IGSS, y los efectos que ambos escándalos puedan
tener en la moral tributaria. (Aunque a
decir verdad, en las condiciones actuales quizás sea mucho más moral en este
momento apoyar reformas a la SAT y a ciertas piezas de legislación, en vez de
seguir llenando el agujereado barril de las finanzas públicas que sólo ha servido
para engordar inmoralmente las cuentas de banco de varios empresarios y
funcionarios públicos asociados a estos.)
Finalmente,
hace tan sólo un par de días nos enteramos que –¡después de noventa días sin
reunirse!– el gabinete económico tímidamente opina sobre la crisis y cómo esta
podría reflejarse en indicadores macroeconómicos de corto plazo. No nos dicen nada muy iluminador, por cierto. Más bien, lo que sí resulta increíble es que
los análisis de dicho gabinete sigan proyectando tasas de crecimiento económico
en el rango del 3.6% al 4.2%, como si nada estuviera pasando. O sea que en su lógica y algoritmo seguimos
“business as usual” y las jornadas de abril y mayo en la plaza central,
cabeceras departamentales y frente a embajadas de Guatemala alrededor del mundo,
no tendrán mayor impacto en la economía nacional. Qué raro, ¿no?
Eso
solo se puede explicar de dos formas: porque, o hay una lectura deliberadamente
politizada de la coyuntura económica, postrer esfuerzo del gabinete por tratar
de minimizar la situación crítica por la que atraviesa este decadente gobierno;
o bien nuestra estructura económica se ha sofisticado a tal punto que ha
logrado prescindir de la política para su funcionamiento, lo cual sería
gravísimo y solamente reforzaría la necesidad de acometer reformas de fondo que
nos permitan volver a reconectar ambos mundos –política y economía–, como normalmente
sucede en cualquier sociedad del mundo.
Especulaciones
aparte, lo que todos los ciudadanos indignados tenemos que tener claro es que
esta crisis y las reformas que vamos a acometer para transformar a fondo el
sistema político tendrán consecuencias económicas que, en el escenario más
benigno, se traducirán en cautela de parte de inversionistas y en una posible
contracción de la inversión pública y del crecimiento. Y lo que la elite política tiene que tener
claro es que los ciudadanos estamos conscientes y dispuestos a pagar los costos
de este cambio de piel, porque sabemos que los beneficios son mucho mayores y
que el statu quo dejó de ser una opción desde el 25 de abril.
No hay comentarios:
Publicar un comentario