Los costos de este cambio de piel

“(…) en su lógica y algoritmo seguimos “business as usual” y las jornadas de abril y mayo no tendrán mayor impacto en la economía nacional.”

Como era de esperarse, con el correr de los días comienzan a aparecer especulaciones sobre impactos económicos que tendrá la actual crisis política.  Los primeros en salir al aire fueron analistas de inversión privados que, muy a su conveniencia, llaman a la cautela, a recuperar cuanto antes la calma, a dejar que el gobierno termine su período, todo en nombre del sacrosanto clima de negocios y la calificación riesgo país.  No es de extrañar esta posición, viniendo de opiniones que representan y se benefician de la estabilidad como condición para la rentabilidad del capital sobre cualquier otra cosa.  Son visiones ciegas y desinteresadas del bien común, y por tanto no recogen dentro de su lectura las evidentes necesidades de transformación y reforma que urgen al sistema político nacional. 

Más recientemente apareció la voz gubernamental.  Primero en boca del señor Pérez Molina, alertando sobre una caída en la recaudación, producto de la no vigencia del impuesto a la telefonía.  Curiosamente sin hacer vinculación alguna con la crisis que detonó el descubrimiento de la red de defraudación fiscal de “La Línea” y la estafa-crimen del IGSS, y los efectos que ambos escándalos puedan tener en la moral tributaria.  (Aunque a decir verdad, en las condiciones actuales quizás sea mucho más moral en este momento apoyar reformas a la SAT y a ciertas piezas de legislación, en vez de seguir llenando el agujereado barril de las finanzas públicas que sólo ha servido para engordar inmoralmente las cuentas de banco de varios empresarios y funcionarios públicos asociados a estos.)  

Finalmente, hace tan sólo un par de días nos enteramos que –¡después de noventa días sin reunirse!– el gabinete económico tímidamente opina sobre la crisis y cómo esta podría reflejarse en indicadores macroeconómicos de corto plazo.  No nos dicen nada muy iluminador, por cierto.  Más bien, lo que sí resulta increíble es que los análisis de dicho gabinete sigan proyectando tasas de crecimiento económico en el rango del 3.6% al 4.2%, como si nada estuviera pasando.  O sea que en su lógica y algoritmo seguimos “business as usual” y las jornadas de abril y mayo en la plaza central, cabeceras departamentales y frente a embajadas de Guatemala alrededor del mundo, no tendrán mayor impacto en la economía nacional.  Qué raro, ¿no?

Eso solo se puede explicar de dos formas:  porque, o hay una lectura deliberadamente politizada de la coyuntura económica, postrer esfuerzo del gabinete por tratar de minimizar la situación crítica por la que atraviesa este decadente gobierno; o bien nuestra estructura económica se ha sofisticado a tal punto que ha logrado prescindir de la política para su funcionamiento, lo cual sería gravísimo y solamente reforzaría la necesidad de acometer reformas de fondo que nos permitan volver a reconectar ambos mundos –política y economía–, como normalmente sucede en cualquier sociedad del mundo. 

Especulaciones aparte, lo que todos los ciudadanos indignados tenemos que tener claro es que esta crisis y las reformas que vamos a acometer para transformar a fondo el sistema político tendrán consecuencias económicas que, en el escenario más benigno, se traducirán en cautela de parte de inversionistas y en una posible contracción de la inversión pública y del crecimiento.  Y lo que la elite política tiene que tener claro es que los ciudadanos estamos conscientes y dispuestos a pagar los costos de este cambio de piel, porque sabemos que los beneficios son mucho mayores y que el statu quo dejó de ser una opción desde el 25 de abril. 

La trenza del cambio

“El entusiasmo ha crecido y quizás hasta nos han comenzado a dar ganas de pensarnos cada vez más como un enorme colectivo, orgánico, organizado.”

Nadie sabe con exactitud a dónde iremos a parar con esta crisis política.  Estamos en una auténtica puja, en donde los diferentes actores tradicionales intentan jugar su papel, pero se han topado con la emergencia de un fenómeno social que no veíamos en Guatemala desde hace décadas. 

La mezcla de espontaneidad con hartazgo y juventud, han logrado darnos a todos una sacudida tal que nos permite incluso pensar en soluciones hasta hace unas pocas semanas inimaginables.  Como cuando aquel niño aprende a caminar, da el primer paso, se da un sentón pero cae lejos de la pared que le daba el equilibrio.  Y poco a poco se va dando cuenta que se puede poner de pie, tambaleándose, erguirse, y dar otro par de pasos. 

Así nos está sucediendo.  Estamos experimentando cosas nuevas.  Experiencias inéditas en nuestro imaginario.  Sensaciones y emociones que estoy convencido marcarán a toda una generación, porque le habrán dado un referente nuevo, rejuvenecido, sobre el cual poder seguir construyendo un país con rostro más humano y amable.  La Guatemala distinta que sigue siendo posible.

Las marchas masivas y crecientes que están teniendo lugar son quizás la expresión más concreta, es cierto.  Aunque ya no son el único ejemplo.  La plaza se ha convertido en el verdadero espacio público, donde nos hemos dado cita todos los guatemaltecos, independientemente del piso que habitemos en el edificio de cinco niveles que un día dibujó con tanta maestría Don Edelberto Torres. 

A fuerza de empellones a puertas y ventanas, de romper tabiques y muros falsos, hemos salido al aire libre a conectar y reconocernos.  Primero solamente a darnos cita en un día y hora específicos.  Vernos la cara, corear juntos, cantar un himno, quizás sonreírnos, darnos la vuelta y volver a nuestra esquinita.  

Pero como contagiados por la enorme energía y positivismo que se multiplica cuando se logra construir un objetivo que todos perseguimos, cuando verdaderamente nos sentimos parte de algo, nos hemos quedado con ganas de repetir esa experiencia y ponernos a prueba una y otra vez.  Y para sorpresa nuestra, la energía social sigue allí.  El entusiasmo ha crecido y quizás hasta nos han comenzado a dar ganas de pensarnos cada vez más como un enorme colectivo, orgánico, organizado, y cada vez menos como simple colección de individuos que por esas casualidad y curiosidades de la historia logran compartir por un instante efímero. 

Las ganas de seguir alimentando “esto”, esto que se siente tan bien, esto que por primera vez nos muestra nuestro rostro en plural y construye ese inmenso mosaico de voces, colores, edades, y estaturas, esas ganas siguen allí.  Que no nos extrañe en un país de jóvenes que hayan sido los mismos jóvenes quienes hayan dado el paso al frente, y hayan dibujado un hermoso collage que no se nos va a olvidar jamás y que seguramente vamos a evocar y repetir de ahora en adelante.  Cuando recordemos que fue en estas jornadas de mayo que la juventud universitaria de todas las casas se volvió a trenzar en una sola, y desfilar juntos hacia un objetivo común, movidos por un deseo de cambio igualmente común. 

Es el enorme poder que tiene la cohesión social.  Esa que tanta falta nos estaba haciendo y que, como bien hemos experimentado estos días, tanto fuerza tiene y libera, y tanto bien nos está trayendo.  Allí y en ninguna otra parte radica la posibilidad del cambio.  ¡Adelante Guatemala, esto apenas comienza!

Un cóctel para esta crisis

“(…) la protesta gradualmente comienza a combinarse con propuesta y con mucha auditoría social.”

La crisis no ha concluido.  Al contrario, evoluciona y avanza.  Se alcanzó el punto en que la vicepresidenta debió retirarse del cargo con mucha pena y nada de gloria.  Eso en sí mismo es un importantísimo logro para nuestra democracia, pero a la vez es un hecho insuficiente para atender las demandas sociales y salir del bache.  La presión social no va a menguar, más bien seguirá in crescendo hasta que se llegue a reformas sustantivas. 

Ahora la protesta gradualmente comienza a combinarse con propuesta y con mucha auditoría social.  Así debe ser y así debe continuar.  La estrategia de hacer las concesiones políticas mínimas necesarias para mantener a flote esta decadente administración hasta enero de 2016 –o cuando menos hasta septiembre de 2015– no aplica.        

Dos hechos así lo confirman.  Primero, el fallido intento del presidente de conformar una comisión de tecnócratas notables para conducir un proceso de reforma de la SAT.  Y segundo, la oposición y suspicacia que despertó la terna para candidatos a la vicepresidencia, tanto en su versión original como modificada a última hora.  Todas personas del régimen, que no dan garantía alguna de poder cumplir una función fundamental en los meses por venir.     

¿Por qué digo función fundamental? Porque la ciudadanía comienza cada vez más a construir en su imaginario una ruta crítica con básicamente dos escenarios. 

Por un lado, está el escenario en que se preservan las reglas actuales del juego y se designa un vicepresidente, para luego pedir la renuncia del presidente, e inmediatamente después ir detrás de una reingeniería profunda al sistema político e instituciones clave.  Si tal cosa se cumple, con la designación del vicepresidente de facto estamos ante la elección de una persona que deberá asumir interinamente la conducción del Ejecutivo. 

Por el otro, está un escenario de cambio más radical e inmediato, que aprovecha el momentum, exige directamente la renuncia del presidente, pero además la suspensión de las elecciones, la conformación de un gobierno provisional integrado por personas honorables, y la implementación de una reforma del Estado.  

Ambos escenarios convergen en dos cosas: a) necesidad de reformas de fondo con mucho diálogo social, b) actores con real capacidad de liderar la transición, y no solamente llevar a término una administración colapsada en tanto llega la siguiente. 

Cualquiera sea la ruta que finalmente adoptemos, dentro del grupo de reformas una agenda mínima comienza a tomar forma.  1) restructuración por la que debe pasar la SAT para evitar que más recursos públicos sigan desviándose a través de redes de defraudación fiscal; 2) juicio contra personas individuales y jurídicas que defraudaron al fisco; 3) cambios a la ley de partidos políticos, para que transparenten las fuentes de financiamiento, a la vez que se creen los mecanismos para una competencia más equitativa entre diferentes organizaciones; 4) modificaciones al sistema de elección de diputados para que, entre otras cosas, se ponga límite al número de relecciones y se eliminen el mecanismo de elección por listados. 

Probablemente, una vez superada esta primera etapa de protesta y agenda mínima, el paso inmediato deberá ser llamar a una asamblea nacional constituyente, que permita concluir todo el proceso con una refundación del contrato social que los guatemaltecos queremos para las siguientes décadas. 

Así, el cóctel para encauzar esta crisis se compone de tres ingredientes básicos: primero, durante las semanas y meses por venir, mucha, muchísima movilización y protesta, pacífica pero sostenida, combinada con un ejercicio de identificación de liderazgos honorables; segundo, permanente auditoría social de las acciones de los tres poderes del Estado, ejercida en redes sociales, plazas y foros, pero también desde dentro de las instituciones, con el concurso de la burocracia que apoya el cambio; y tercero, mucha capacidad de propuesta para impulsar aquellas reformas que ya han sido identificadas como los principales cuellos de botella para el saneamiento de nuestro sistema político. 

¡Eso sí, hay que estar muy vigilantes y dispuestos a salir a la calle en cualquier momento!     

El tamaño del animal

“(…) la participación y presión ciudadana, amplia y plural, debe mantenerse para hacer el contrapeso que las circunstancias exigen.”

Aunque se quiera, en estos días es muy difícil pensar fuera de la coyuntura por la que atraviesa Guatemala.  Momento verdaderamente histórico y decisivo para el futuro de nuestra democracia.  Desafortunada o afortunadamente nos llega entretejido con un evento electoral, que no genera mayor entusiasmo y solamente aumenta el ruido en el ambiente.  Más bien es fuente adicional de preocupación. 

Hay años luz entre lo que sucedió en la plaza de la Constitución el 25 de abril y el 3 de mayo.  Noche y día.  Luz y sombra.  Convicción versus acarreo.  Legitimidad contra feria.  Dos caras tan distintas de esta misma moneda llamada Guatemala.      

No se pueden hacer escenarios, comentaba alguien hace poco.  Todo está cambiando rápidamente.  Cada día aparecen piezas de información que necesariamente obligan a recalibrar y mantener la guardia alta.  Lo único cierto es que la presión ciudadana hay que mantenerla para obligar a que esto llegue a un punto de no retorno.  Ese en donde finalmente se abran opciones de reforma real y sustantiva a un sistema político que ya no da para más. 

En tal contexto, el peso que hoy cae sobre la espalda de la sociedad civil es enorme. 

Por una parte es muy alto el riesgo de quedarnos entrampados en la crisis que ha detonado la CICIG al destapar la mafia de “La Línea”, y concentrar toda la energía social en movilizaciones exigiendo la renuncia de los mandatarios, ¡y solamente eso!  Ojo, no hay que perder de vista que, desde una perspectiva de más largo plazo, ellos dos, así como los muchos otros que también tendrán que rendir cuentas, son solamente actores del momento.  Operadores de un sistema más complejo que reproduce corrupción. 

Luego, además del precedente que es necesario establecer y por lo cual continuamos exigiendo la renuncia de las más altas autoridades, en paralelo se debe hacer el trabajo preparatorio que nos aliste para una discusión de fondo y reforma.  Evidentemente no contamos con los partidos políticos, quienes han dado sobradas muestras de no tener capacidad técnica ni política, mucho menos legitimidad para intermediar este diálogo social.     

Pero la cosa no termina allí, porque a eso hay que sumarle la dinámica del proceso electoral que el domingo partió con concentraciones de diferentes partidos tanto en la ciudad capital como en departamentos.  Y que seguramente intentará repetir vicios y falencias de toda la vida: cascarón, bulla, tarima y pitos, pero nada más.  En dos platos, desgaste y despilfarro.   

Sin embargo, a diferencia del pasado, hoy la sociedad civil tiene la oportunidad de construir una enorme sinergia sobre la base de la crisis actual, que obligue a los candidatos a comprometerse con una agenda de reforma del Estado.  Aunque el argumento de una asamblea nacional constituyente comienza a ganar tracción, el diablo, como siempre, estará en los detalles.  De allí que la participación y presión ciudadana, amplia y plural, debe mantenerse para hacer el contrapeso que las circunstancias exigen. 

Tenemos pues ante nuestros ojos la gestión de un triple proceso: sentar un precedente que de una señal clara de intolerancia ciudadanía a la corrupción y abusos de nuestra elite dirigente; crear las condiciones y participar en un diálogo social que genere reformas a nuestro sistema político; y tratar de encauzar lo más posible el evento electoral de septiembre próximo.  ¡De ese tamaño es el animal! 

Irregularidades regulares

“La ausencia de liderazgo ha sido patética.  Simple y llanamente han quedado a merced y han sido devorados por toda esta energía social que anda suelta.”

Guatemala es un país de irregularidades regulares.  Suceden cosas que son a ojos vista total y absolutamente irregulares, pero llevan tanto tiempo sucediendo que terminan internalizándose, volviéndose regulares y hasta predecibles.   

Tres ejemplos, así rapidito, solamente para ilustrar el punto:  1) desde la transición democrática de los ochenta, esos comités electoreros, mal llamados partidos políticos, tiene una vida útil que no va más allá de diez o quince años, con lo cual la intermediación política es pobrísima en contenido además de intermitente; 2) proponga lo que proponga (¡literalmente!), el candidato que termina en segundo lugar en una elección se convierte en el siguiente presidente, casi como por derecho adquirido; y 3) cada gobierno debe enfrentar al menos una crisis mayúscula, para la cual obviamente no está preparado, y cuyo desenlace es igualmente inesperado –por no decir de película–.       

El escándalo de “La Línea” fue el mechazo que detonó la debacle patriota, quienes estaban de un triunfalismo y arrogancia como no se veía en el Ejecutivo desde los tiempos de la firma de la paz.  Por algo dicen que no hay que hablar demasiado rápido, ni escupir al cielo, ni jurar que de esta agua no beberé.  Ahora, con la cola entre las patas, nos les ha quedado otra que pedir paciencia y calma, y hasta buscar iluminación divina.   

Pero así como son de predecibles y nefastas estas regularidades en nuestra vida política, así también pareciera estar resurgiendo la dignidad perdida de nuestra clase media, que ya se atreve a indignarse públicamente, asolearse, dar cacerolazos y pedir el cambio.  Si algo nos quedó claro a los guatemaltecos el sábado pasado es que, al igual que con las jornadas de aquel mayo del 93, hay límites que los políticos no deben cruzar.    

Las fotos aéreas de la plaza de la Constitución son realmente conmovedoras.  Transmiten una fuerza ciudadana que muchos creíamos en un coma profundo e infinito.  Ni se diga de la explosión geométrica que tuvo lugar en redes sociales con análisis producidos casi en tiempo real, de mañana, tarde, noche y madrugada, para alimentar así el argumentario de todos nosotros los indignados. 

Como bien leí en una de las muchas frases que circularon: cuando el gobernante pierde la vergüenza, el pueblo pierde el respeto.  No cabe duda que eso es exactamente lo que ha sucedido en este país.  El respeto se esfumó y las figuras del actual presidente y vicepresidenta están muy devaluadas.  La ausencia de liderazgo ha sido patética.  Simple y llanamente han quedado a merced y han sido devorados por toda esta energía social que anda suelta. 

No es para menos.  Menudo favor nos han hecho este par.  No solamente conformaron un equipo infestado de forajidos de quinta categoría, sino que además contribuyeron al descarrilamiento de nuestra ya maltrecha democracia y enclenques instituciones.  ¡Aquí está tu seguridad y tu empleo!, diríamos en buen chapín.       

¿Se acuerda de aquella otra columna que escribí hace un mes titulada “¡Maldita corrupción!”?  Sí, esa en donde decía que (sic) “además del daño que la corrupción ocasiona per se, el efecto de más largo plazo es que impide el florecimiento de una saludable diversidad política.  La sociedad deja de interesarse por la coherencia de los planteamientos programáticos de sus elites dirigentes y comienza a pedir lo básico: un mínimo de decencia.”   Bueno, si entonces me hizo falta un ejemplo, pues allí tiene este botoncito de muestra.   

¿Y ahora qué? ¿qué hacemos después de la protesta? Esas son las preguntas que están en el ambiente.  No es cosa menor, porque de la respuesta que demos derivarán consecuencias inmediatas pero también de más largo plazo.  Será el precedente que indicará si como sociedad supimos o no aprovechar esta ventana de oportunidad hasta hoy abierta, pero que ya hay quienes comienzan a tratar de cerrarla, sigilosos, tras bambalinas, a empujoncitos suaves, con esa paciencia cínica que los ha caracterizado siempre.  Están apostándole a que el clamor ciudadano será otra más de nuestras irregularidades regulares.   

Es hora de romper con ese oráculo.  Que no sea solamente honradez lo que exijamos.  Este es el momento de protestar, pero también de proponer y mucho más aún de reformar. 

Desde el graderío

“Los gobiernos toman decisiones, equivocadas o acertadas, y las consecuencias más profundas y duraderas no se hacen sentir sino años después.”

Vamos a suponer –por un momento solamente– que tenemos ante nosotros a un grupo de ciudadanos que de buena fe quieren hacerse del voto popular para poder ser servidores públicos en un país imaginario, gestionando nuestras múltiples demandas sociales y procurando hacer un uso lo más eficiente y transparente posible de los pocos recursos financieros, humanos e institucionales que todos ponemos a su disposición. 

Si al supuesto anterior añadimos que el tiempo es escaso (¡sobre todo en política!), que el grupo de personas dispuestas a tamaño sacrificio es insuficiente, y que la cantidad de dinero que tienen es menor a la lista de necesidades de la sociedad acumuladas a lo largo de los años, entonces tiene mucho sentido intentar priorizar temas para concentrar energías.  De eso se trata al final todo esto ¿no?, de gestionar escasez. 

La pregunta del trillón de dólares pasa a ser entonces ¿cuáles debieran ser los criterios para elegir este tema y no aquel otro, para asignarle más recursos a la necesidad social “x” que a la necesidad social “y”?  Y la respuesta, como usted seguramente intuye o ya lo ha pensado en más de una oportunidad, es simple y obvia: no hay.  Precisamente allí reside la razón de ser del juego democrático, para tratar de convencernos que las prioridades identificadas por el candidato tal son mucho más urgentes y de mayor impacto social que propone el candidato cual. 

Para terminar de complejizar todavía más esta imaginación, es necesario decir también que en la selección de prioridades sociales debe haber una altísima dosis de convicción, y a veces hasta un poco de fe, de que se está haciendo la elección correcta, pues los resultados que verdaderamente valen la pena, esos que transforman la vida de las personas de manera sustantiva, no llegan de inmediato.  Generalmente son procesos largos que toman mucho tiempo.

Es así como el ciudadano votante tiene ante sí una de las mayores debilidades del sistema democrático: la paradoja de tener que elegir sin poder constatar los resultados de su elección y poder premiar o castigar a su elegido en el momento justo.  Incentivo muy perverso pues desincentiva la participación de los votantes tanto como la necesidad de buen desempeño de los votados.  Los gobernantes deciden y las consecuencias más profundas y duraderas no se hacen sentir sino años después, cuando ya se largaron. 

Luego, si la corrección del rumbo no puede hacerse en tiempo real ni nada que se le asemeje, ¿qué instrumentos nos quedan a los ciudadanos para hacer una elección política y juzgar los méritos de un candidato versus otro, de un equipo versus otro, de un enfoque de desarrollo versus otro?  Básicamente dos. 

Primero, la narrativa que logra articular cada uno de los contendientes, ese cuento donde intentan convencernos que su visión de la sociedad y sus planes a futuro recogen las necesidades más importantes de la sociedad, y las soluciones propuestas son las que procuran el mayor bienestar para la mayoría. 

Y segundo, la solvencia moral y profesional de los colaboradores cercanos al candidato.  Gestionar un gobierno es tarea de muchas personas, y por lo mismo es fundamental entender quién llega a cada puesto.  Así comienzan a gestarse expectativas en la población, tanto en cuanto a capacidad técnica como honradez y habilidad para constituir equipos de trabajo eficaces y eficientes. 

Ahora salgamos de ese imaginario y aterricemos en un país real y concreto, Guatemala, por decir algo.  Donde ni lo primero (narrativa) ni lo segundo (equipos) aplica.  Porque en algún momento decidimos como sociedad que ya no es necesario discutir ideas y propuestas alternativas, sino más bien la tendencia es que todo más o menos se parezca, por aquello de que el que se aleja mucho del hato corre el riesgo de perderse y ser devorado.  Y porque el uso y costumbre de nuestra muy noble y muy leal cultura política chapina tiende a ocultar los nombres de futuros empleados públicos hasta el último minuto. 

¿Y entonces?, me dirá usted.  Entonces, le diré yo, que es justamente allí en donde tenemos que seguir insistiendo desde el graderío.  Para que los toros se pinten tal y como son y nos permitan hacer una elección sin esa enorme catarata en el ojo político del ciudadano común, votante medio, agente económico, como usted quiera verse o llamarse.  De ese ejercicio depende mucho la perspectiva y futuro de nuestra democracia y desarrollo. 

El laberinto

“Los logros sociales y el empoderamiento de una nueva clase media son dos condiciones que posiblemente obliguen a un ajuste quizás más lento, pero a la larga más sostenible e incluyente.”

El último informe macroeconómico del BID se titula “El laberinto. ¿Cómo América Latina y el Caribe puede navegar la economía global?”.  Una buena alerta, sin ser alarmista, sobre las disyuntivas de política económica que los países de la región enfrentan en los tiempos y condiciones actuales: con precios de materias primas a la baja, un repunte de Europa que no llega nunca, una recuperación de la economía estadounidense que solo recién comienza a dar señales alentadoras y unas perspectivas de crecimiento regional muy por debajo de lo experimentado durante los últimos años. 

En ese marco general me pareció muy acertado el esfuerzo analítico del banco en dos sentidos.  Primero, porque es un texto balanceado, que mezcla tendencias regionales, subregionales y detalles individualizados de cada economía. Así, la discusión y recomendaciones reconocen la realidad diversa de nuestros países.  Por consiguiente, la utilidad del texto aumenta.     

Que Latinoamérica va hacia un ajuste y consolidación fiscal parece inevitable.  Pero que dicho ajuste tomará formas muy diversas también lo es.  Afortunadamente los decálogos ya no nos aplican pues hay condiciones suficientes en cada país para pensar y dialogar de manera creativa la gestión de nuestras economías. 

Así por ejemplo, el reporte habla con mucha nitidez a países como Guatemala, que con bajas cargas fiscales y bajos niveles de gasto público dicha consolidación sería difícil de imaginar por la vía de reducir gastos solamente.  Ello automáticamente nos coloca en una discusión que evalúe otras opciones como buscar mayor eficiencia, transparencia y progresividad en el uso de recursos públicos, temas todos que evidentemente hemos descuidado durante los últimos años.   

La otra dimensión que me parece destacable tiene que ver con esta visión más o menos consensuada de que el tipo de ajuste que se de en la región será cualitativamente distinto a la raja-tabla de otros tiempos, que comenzaba siempre a cortar por el eslabón más débil: el social.  ¿Qué ha cambiado? Seguramente el aumento en gasto social durante los últimos veinte años ha generado suficiente inercia, que aunado a un crecimiento importante en la clase media de muchos países han creado hoy un ambiente político distinto, que obliga a ser más dialogantes en épocas de vacas flacas.  La sociedad latinoamericana ha tomado mucha conciencia y valoriza los logros sociales alcanzados, y difícilmente estaría dispuestas a ponerlos en juego por la sola necesidad de cuadrar las cuentas fiscales. 

Paulatina y sanamente nos estamos moviendo hacia la búsqueda de opciones menos bruscas y con más visión de largo plazo.  Los logros sociales y el empoderamiento de una nueva clase media son dos condiciones que posiblemente obliguen a un ajuste quizás más lento, pero a la larga más sostenible e incluyente.        

Un documento por demás pertinente en tiempo de elecciones, cuando comienzan a recalentar los viejos motores simplistas y monotemáticos de política económica.  Ojalá y la evidencia que aportan reportes de este tipo sea aprovechada para obligar a los liderazgos políticos a tener un debate mucho más consciente y ajustado al momento actual del país.  Como en otros países de la región, Guatemala también debe apuntalarse en las voces de su clase media para forzar un diálogo y gestión macroeconómica responsables y con mucha más visión de futuro.  Esa es la naturaleza de nuestro laberinto. 

¡Maldita corrupción!

“(…) que roben pero que por lo menos hagan obra. ¿Obra? Sí, obra.  Que quiere decir asfalto, tubo, cemento y block.”

La diversidad de antecedentes determina la disparidad de expectativas. Por eso la corrupción tiene una proyección distinta sobre la política en cada país.  Así tal cual lo puso Carlos Pagni en su columna “El ABC de la corrupción”, haciendo una reflexión sobre los tres casos de las mujeres presidentas latinoamericanas que están enfrentando de manera simultánea escándalos por corrupción. 

Por supuesto, con el agravante que da haberse hecho del poder político con banderas de izquierda, con lo cual la pena y castigo es doble.  Porque así es muchas veces la moral: doble.  Como si los negocios bajo la mesa fueran exclusivos de tirios y no de troyanos.  No debemos olvidar que la corrupción, como el tango, se baila de a dos.  Y no con esto se disculpa la falta, solamente señalo el cacareo diferenciado.       

En todo caso, lo que no puede dejar de llamarnos la atención es ese enorme distractor en que se convierte la corrupción.  Desviando energías y recursos de aquello otro que en principio es mucho más sustantivo y edificante para la sociedad: el juego y competencia de ideas y propuestas alternativas para atender necesidades sociales.  De eso va la democracia y a eso aspira el desarrollo. 

En países más atrasados en términos de institucionalidad, organizaciones políticas y propuestas conceptuales la cosa es todavía peor, pues la corrupción se convierte en un freno doble.  Además del daño que ocasiona per se, impide el florecimiento de una saludable diversidad política.  La sociedad deja de interesarse por la coherencia de los planteamientos programáticos de sus elites dirigentes y comienza a pedir lo básico: un mínimo de decencia.   

En lugar de estar enfocados en temas sustantivos al desarrollo social, los escándalos que nos regalan a diario las clases dirigentes hacen que las demandas se vuelvan muy primarias: que roben pero que por lo menos hagan obra. ¿Obra? Sí, obra.  Que quiere decir asfalto, tubo, cemento y block.  

Y así es como la corrupción frena el progreso presente y futuro.  En países como Guatemala se nos pasan los años con una democracia que se quedó enana, un Estado anoréxico que no encontró la forma de dejar de serlo, partidos políticos que fueron vaciados de contenido, y una sociedad civil con déficit de atención, limitaciones discursivas e incapaz de resonar sus pocos mensajes para motorizar cambios. Todo, o una muy buena parte, a causa de esta maldita corrupción que nos carcome.    

El clamor por lo esencial, por intentar detener –o cuando menos denunciar– el descaro, paraliza todo lo demás: estrategias de desarrollo, claridad y consistencia en la política económica, consolidación de un modelo de protección social, cualificación y meritocracia en nuestra burocracia, reformas a la Constitución, por decir algo. 

Por supuesto, aunque en este río revuelto perdemos todos, como en la rebelión en la granja de Orwell, unos pierden más que otros porque unos son más iguales que otros.  Porque en Guatemala la espera es un lujo que ya solo se pueden dar unos pocos.  Los mismos pocos de siempre.  Esos a los que el impacto de un fallo de mercado o una ineficiencia gubernamental les representa poco más que una molestia o costo marginal que siempre pueden trasladar.  Mientras que para el resto mayoritario, este descalabro que estamos viviendo supone limitar seriamente las perspectivas de una vida plena. 

Esto es lo que volverá a estar en juego en cinco meses.  Y me temo que no con mucha perspectiva de cambio.  Al menos no dentro de las reglas actuales del juego y de sus actuales jugadores.  Se agotó el sistema, compatriotas.  Démonos cuenta que la pita ya no da para más. ¿Y ahora? 

Le deseo un feliz descanso de Semana Santa.         

El cartón de licenciado

“(…) siendo Guatemala un país de jóvenes, la formación y gestión de nuestros talentos debiera ser prioridad nacional.”

Todos los años por estas fechas las universidades americanas despachan cartas de admisión y-o rechazo a los graduandos de secundaria. Un proceso que cada vez más se ha convertido en una suerte de psicosis colectiva, mezcla de angustia y frenesí que comparten tanto los jóvenes como sus padres. 

Al respecto, dos interesantes artículos aparecieron publicados recientemente.  Uno de Robert Reich, secretario del trabajo durante la administración Clinton; y otro de Frank Bruni, autor de un libro titulado “Where you go is not who you will be: an antidote to the college admissions mania”.      

Un fenómeno muy propio de la sociedad norteamericana.  En realidad de su clase media, que con los años ha idealizado la educación superior como ese pase o garantía que le dará a los jóvenes una vida próspera, feliz y bien remunerada.  Pero que cada vez más deja de ser cierto pues los tiempos han cambiado, y las cosas ya no son tan lineales como muchos creen o quisieran. 

Para comenzar, el costo de las universidades en dicho país puede llegar a tal magnitud que obliga a padres a ahorrar con muchos años de anticipación, y-o a jóvenes a tomar préstamos enormes para costear sus estudios.  Hay pues una inversión de recursos muy importante, que se hace bajo el supuesto de que los retornos a ese grado académico serán suficientemente altos para repagar deudas, reconstruir ahorros, y además vivir mejor que la generación anterior. 

Tenemos individuos y hogares tomando decisiones de inversión en capital humano sobre la base de información equivocada, incompleta, o que en el mejor de los casos ha dejado de ser válida en el mundo actual.  Porque ya no es verdad que al final del túnel los está esperando un empleo estable, decente y bien remunerado.  De hecho, un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York señala que 46% de los graduados de universidades se desempeñan en trabajos que no requieren estudios superiores.  ¿Y entonces?  

Hasta hoy son básicamente dos los supuestos que explican este comportamiento de hogares con hijos en edad escolar.  Primero, la creencia de que existe una relación lineal (ojalá exponencial) entre educación y remuneración.  Y segundo, la apuesta a que, aún y cuando dicha relación no se cumpla para todo el mundo, para aquellos afortunados que logren ingresar a universidades de cierto prestigio, las conexiones que harán serán un activo tanto o más importante para la inserción laboral futura.      

El problema es que la ruta “más educación formal, mayor productividad, salarios altos”, no sucede siempre; y la ruta “escuela prestigiosa, red de contactos, mejores trabajos futuros”, no puede generalizarse a toda la sociedad porque depende de la reputación de la escuela a la que el joven logra ingresar.  Y como por definición la oferta de tales escuelas es menor que la demanda, automáticamente se genera un proceso de exclusión que inhibe el poder igualador de la educación al hacer más costosos los procesos de búsqueda de empleo.

Esta discusión que parece tan de primer mundo, con algunos ajustes es igualmente válida para un país como Guatemala.  ¿Por qué?

Primero, porque somos una sociedad con enormes desigualdades, y la educación superior es una de las muchas formas en que hemos profundizado estas brechas.  Segundo, porque siendo Guatemala un país de jóvenes, la formación y gestión de nuestros talentos debiera ser prioridad nacional.  Tercero, porque así como el caso norteamericano está indicando que la formación superior ya no es panacea, con mayor razón en Guatemala debiéramos pensar en una estrategia de generación de capital humano que adopte diferentes formas, en vez de insistir en la receta única del cartón de licenciado.

No hay que olvidar que América Latina comenzará a agotar su bono demográfico hacia el 2020.  Y aunque Guatemala tendrá todavía entre 10 y 20 años más, bien que nos haría aprender de lo que están viviendo otras sociedades más avanzadas y enfocarnos en una estrategia que invierta recursos en educación de manera diferenciada. 

Ladrándole al árbol equivocado

“(…) empresas que dependen de una fuerza laboral retribuida con salario mínimo no son precisamente los motores que una economía que necesita para crecer, innovar y añadir valor.”

La propuesta del gobierno de tener salarios mínimos diferenciados ha provocado una encendida discusión en varios círculos.  Así lo sugieren varias columnas de opinión, entrevistas a distintos actores, y comentarios en redes sociales.  Pocos temas son tan repetitivos tanto en contenido como en falta de definición y acuerdo.  Y como dicen que tanto va al cántaro el agua que quizás algún día se llene y rompa, pues aquí lanzo yo también mis cinco len a esta conversación.   

Para comenzar, al escuchar los argumentos de unos y otros me parece que en vez de uno estamos tratando de hablar de dos problemas. 

El primero tiene que ver con absorción de mano de obra.  Es decir, hay más trabajadores ingresando a la fuerza laboral que número de empleos generados.  Un fenómeno que además se agudiza en países con una estructura demográfica como la guatemalteca, donde aún estamos disfrutando –en realidad malgastando– el bono demográfico.  El segundo problema tiene que ver con el nivel que queremos dar a esa retribución mínima que la ley garantiza a cada trabajador. 

Y aunque están relacionados absorción con nivel salarial, no son lo mismo.  Por eso mezclar salario mínimo con creación de empleo más que aclarar enreda. 

En un país como Guatemala, la baja creación de empleo se explica mucho más por cosas como infraestructura inadecuada, institucionalidad débil, inseguridad, violencia, baja calidad en la formación técnica y profesional de nuestra mano de obra, y una limitada capacidad de nuestro empresariado para adoptar tecnologías; y mucho menos por el nivel al cual se fija el salario mínimo.  De hecho, empresas que dependen de una fuerza laboral retribuida con salario mínimo no son precisamente los motores que una economía necesita para crecer, innovar y añadir valor a largo plazo.  Luego decir que a menor salario mínimo se generan más empleos es un argumento que no se sostiene mucho que digamos.    

Por otra parte, el significado que tiene el salario mínimo no es solamente su valor monetario.  El salario mínimo es también la expresión concreta de un acuerdo al que la sociedad y sus actores económicos y políticos llegan para decirnos “nadie debe emplear su tiempo y recibir un pago inferior a x”.      

Es un piso mínimo, al igual que lo son muchos otros elementos que definen cualquier contrato social, como por ejemplo los sistemas de educación y salud públicas, los sistemas de pensiones y los sistemas de protección social.  Es decir, el salario mínimo forma parte de esa red de garantías sociales y económicas que los guatemaltecos estamos dispuestos a darnos unos a otros.  

Entonces, ¿por qué empecinarnos en bajar aún más el nivel y desmantelar nuestro ya débil contrato social en vez de invertir capital político y económico en atender las verdaderas barreras a la productividad, innovación y generación de empleo formal que tanto necesita Guatemala? 

Al final, ¿qué porcentaje de la población se emplea por un salario mínimo? No lo sé, pero sí sé que más o menos tres cuartas partes de nuestra población se emplea en la informalidad y menos de un 5% cuenta con algún tipo de estudios universitarios.  Me atrevería a decir entonces que nos estamos asustando con el petate del muerto, pues tampoco es el volumen de trabajadores afectados por el nivel del salario mínimo lo que debe motorizar esta discusión.  

Ahora bien, olvidémonos de todos estos argumentos y llevemos la propuesta al límite.  Es decir, supongamos que a partir de mañana cada municipio puede fijar su propio salario mínimo –porque me imagino que la idea del gobierno no era dejarnos con una simple experiencia piloto, en donde un pushito de municipios juegan con reglas distintas a las de todo el resto–.  Ello implicaría que cada municipio tendría que tener la capacidad de negociar y lograr acuerdos, lo cual sabemos que no es así de sencillo.  No pasa ni siquiera a nivel nacional, mucho menos en espacios locales en donde presumiblemente las asimetrías entre actores y riesgos de captura del proceso serían todavía más agudas. 

Para terminar, me parece que lo rescatable de todo esto es darnos cuenta que poco a poco nos vamos orillando a tener que reabrir un diálogo nacional mucho más amplio y complejo, que redefina las bases sobre las cuales queremos seguir viviendo en sociedad.   El sistema político y muchas de las instituciones económicas que de él derivan han dado ya muestras de total agotamiento. 

Pero mientras ese momento llega, por ahora ¿no será que le estamos ladrando al árbol equivocado?

Crónica de una pobreza anunciada

“Estos son los pobres crónicos de la región.  Personas que nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron pobres.”

Ahora que están de moda los análisis y las especulaciones por el desacelere económico en la región todo mundo recuerda las bondades de los años maravillosos.  Esa primera década del siglo XXI en la que América Latina tuvo un período de crecimiento económico robusto (2.5% anual en promedio), reducción de pobreza como nunca antes se había visto (16 puntos porcentuales cayó la pobreza general y 12 la pobreza extrema), mejoras sustantivas en la distribución del ingreso (cinco por ciento de reducción en el índice de Gini), y un aumento de la clase media (pasó del 23 al 34% de la población de la región).  Y todo esto en promedio.  Es decir, hubo países que tuvieron desempeños aún mejores.  

Como es normal, los análisis de mediano y largo plazo tienen que esperar un tiempo para poder acumular evidencia y tratar de observar ese bosque que en la coyuntura se nos pierde de vista por tener el árbol enfrente.  Hace un par de días los colegas del Banco Mundial –Renos Vakis, Jamele Rigolini y Leonardo Luchetti– publicaron un interesantísimo trabajo titulado “Los olvidados, pobreza crónica en América Latina y el Caribe”. 

Una mirada creativa en su método y formas de estrujar los datos para tratar de identificar a esos pobres que Rubén Katzman había bautizado ya desde 1989 como “pobres crónicos”, para diferenciarlos de aquellos otros que enfrentaban tal condición de manera transitoria o inercial.  Hoy, con métodos cuantitativos más sofisticados, el tema vuelve a estar sobre el tapete, y nos da un jalón de orejas muy fuerte a los guatemaltecos, que claramente tenemos una papa hirviendo en las manos.   

El mensaje principal del documento es brutal: uno de cada cinco latinoamericanos o alrededor de 130 millones de personas no han conocido nada distinto a la pobreza, subsistiendo con menos de US$4 al día a lo largo de sus vidas. Estos son los pobres crónicos de la región.  Personas que nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron pobres.  Una población que ni de oídas supo de las mieles del crecimiento económico y tampoco les llegó la ambulancia de la protección social. 

En un extremo del espectro está Uruguay con menos del 10%  de pobreza crónica, y en el otro está Guatemala con la tasa más alta de toda Latinoamérica (¡50%!).  En otras palabras, la mitad de nuestra población pobre no ha podido mejorar su condición durante una década de bonanza; y, como en la muerte de Santiago Nasar a manos de los gemelos Vicario: nadie dijo, ni dice, ni hizo, ni hace nada.  

Pero además, este nuevo análisis de la pobreza crónica en la región nos revela que ya es un fenómeno que afecta tanto al medio urbano como rural.  De hecho, en algunos países –Chile, Brasil, México, Colombia y República Dominicana– el número de pobres crónicos urbanos es mayor que el de pobres crónicos rurales.  No es el caso de Guatemala, pues seguimos siendo de los países más rurales en un continente que es mayoritariamente urbano. 

Y por si no fuera ya suficiente, el estudio confirma una vez más eso que tanto hemos dicho y repetido por años: el crecimiento económico no ha bastado para sacar a los pobres crónicos de la pobreza, ya que (sic) “los países con las tasas más altas de pobreza crónica fueron los que menos crecieron.  Por ejemplo, Guatemala creció menos del 1% al año y aproximadamente el 50% de la población inicialmente pobre permaneció en la pobreza en el 2012.” 

Con tanta y tan contundente evidencia uno esperaría que buena parte del debate nacional estuviera enfocado hacia la manera de revertir estos números nefastos, que no son otra cosa que la crónica de una pobreza anunciada.  Pero de nuevo, nadie dijo, ni dice, ni hizo, ni hace absolutamente nada.    

¿Cambios de fondo en el Fondo?

“(…) encontrar puentes que conecten el discurso macroeconómico de estabilidad y crecimiento con una agenda microeconómica de un bienestar que necesita distribuirse de manera más amplia.”

En septiembre de 2013 el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un documento titulado “Women, work, and the economy: macroeconomic gains from gender equity”.  Y el mes pasado han vuelto sobre el tema con otro artículo titulado “Fair play: more equal laws boost female labor participation”. 

Esa institución que en el pasado se construyó una fama de policía macroeconómico del mundo en desarrollo, con sus temidas misiones y recomendaciones de política, planes de ajuste estructural y férreas condicionalidades para que los países más atrasados pudieran acceder a financiamiento, de repente como que da una vuelta de gato y comienza a reflexionar sobre temas fuera de su libreto.  No es la primera vez que nos sorprenden, gratamente debo decir, con publicaciones que le hablan de manera más directa a un público no tradicional.  Recordemos aquel otro artículo aparecido hace un año, sobre los efectos de la desigualdad sobre el crecimiento económico, que levantó tanto polvo porque puso sobre el mismo tapete el tamaño del pastel y la manera de cortarlo y repartirlo. 

Pero volviendo a los dos artículos sobre género, la revisión de literatura que el FMI ha hecho en estos documentos es muy sugerente en términos de los efectos económicos de la exclusión y desigualdad en la participación de la mujeres en los mercados laborales.  Basten algunos datos para poner en contexto el tema. 

Así, la evidencia nos dice que las mujeres representan hoy por hoy más de la mitad de la población mundial, el 40% de la fuerza laboral del planeta, la mayoría del trabajo no remunerado en el mundo. Además dedican dos veces más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y cuatro veces más tiempo al cuidado de los niños.  En el trabajo a tiempo parcial y autoempleo están sobre representadas, generalmente ganan menos que los hombres, están sub-representadas en cargos de elección popular así como en posiciones de alta gerencia en grandes corporaciones. 

Están sobre representadas en la economía informal así como entre la población pobre, y su tasa de participación en los merados laborales alcanza solamente el 50%.  En Centro América las mujeres participan 35% menos que los hombres en el mercado laboral –en la OECD este indicador es del 12%–, y en Guatemala ganan entre un 30 y 40 por ciento menos aunque tengan las mismas calificaciones.   Las pérdidas atribuibles a esta brecha de género en los mercados laborales puede alcanzar hasta 27 puntos del producto interno bruto en ciertas regiones.

Con ese diagnóstico, es evidente que la asignación de nuestro recurso humano es subóptimo.  Y por tanto, hay un papel para políticas públicas mucho más agresivas en materia de inclusión y género.  Concretamente la política fiscal, pero sobre todo la política social, tienen mucho espacio para tratar de corregir tal situación.  Es allí que debe darse la batalla para una mayor equidad al momento de diseñar esquemas de pre y post natal, sistemas de educación prescolar, y esquemas de cuidados infantiles que permitan a ambos padres integrarse a la fuerza laboral.  Pero también se puede incidir en el diseño de políticas de fomento productivo que procuren a mujeres un mayor acceso a financiamiento, insumos productivos y tecnología.      

En un plano más estratégico, me pregunto si la llegada de Christine Lagarde tiene algo que ver con este brote analítico del FMI.  Quién sabe.  Lo interesante y positivo es que poco a poco estas instituciones globales, otrora tan criticadas por su lejanía con el ciudadano promedio, hacen un esfuerzo por encontrar puentes que conecten el discurso macroeconómico de estabilidad y crecimiento con una agenda microeconómica de un bienestar que necesita distribuirse de manera más amplia.  

De seguir en esa senda seguramente irán recuperando terreno, credibilidad y legitimidad ante una sociedad civil que también está evolucionando, que se mantiene informada y alerta de lo que sucede en el mundo entero.  Una sociedad mundial que agradece y utiliza estos pequeños bienes públicos que se generan desde los centros del poder político porque abren espacios para debatir problemas muy concretos y fundamentales como la inclusión. 

Incluir o no incluir, esa es la pregunta

“Si hay mucha gente excluida, hay mucho talento subutilizado o desperdiciado.”

Pareciera que existe una ruta marcada en la agenda de desarrollo internacional.  Primero hablamos de pobreza.  Instalamos el debate, el concepto, la medición, las implicaciones de hacer o no hacer nada al respecto.  Luego vino la discusión sobre desigualdad.  Como era de esperar, aquí el consenso fue menor.  De hecho, algunos dirán que no hay espacio para estar de acuerdo.  Y ahora de manera sutil pero constante se comienza a instalar un nuevo tema: inclusión social.     

Cada vez más y más se la menciona.  Ya no solamente entre académicos sino en el mundo de la política pública también.  Aunque no se tenga mucha claridad respecto de qué significa realmente.  ¿Qué es la inclusión social?  A veces pareciera que resulta más sencillo asociarlo a otros procesos para tratar de atrapar el término.  Por eso es que nos referimos a cosas como crecimiento económico incluyente, o un sistema político excluyente.  En todo caso, la noción que nos revolotea a todos cuando hablamos de inclusión o exclusión social tiene que ver algo así como con “tomar en cuenta o dejar fuera” a alguien o a un grupo. 

La literatura sobre el tema nos dice que la inclusión social es un proceso de mejoramiento de habilidades, oportunidades y dignidad de las personas.  Especialmente de aquellas que se encuentran en desventaja sobre la base de su identidad.  Es decir que la inclusión social se la asocia a elementos como raza, etnia, género, religión, preferencia sexual, lugar de residencia, discapacidad física o mental, por citar solamente algunos ejemplos.     

Al asociar la inclusión social con elementos de identidad automáticamente se convierte en un tema relevante para todo tipo de sociedades, sean estas ricas o pobres.  También pasa a ser relevante para todos los estratos socioeconómicos.  Es decir, se posiciona como un concepto verdaderamente global.  Ya no es como otros temas en donde los países avanzados y ricos pueden prescribir, y los países más atrasados y pobres tienen que tomar nota y hacer la tarea.  Así, la inclusión social no se refiere solamente a bienestar económico, sino que incorpora otras dimensiones como voz y empoderamiento. 

De manera tal, podemos entonces decir que en toda sociedad habrá siempre grupos de personas que son excluidas, independientemente de su nivel de ingreso.  Por ejemplo, solamente por el hecho de asociárseles a determinado grupo étnico, por sus creencias religiosas o sus preferencias sexuales pueden ser excluidos, y con ello privárseles de la oportunidad de desarrollar sus habilidades plenamente.       

¿Y cuál es el problema con excluir? O dicho de otra manera, ¿qué gana una sociedad, economía o país con ser más incluyente? Para comenzar (¡y solo para comenzar!), la utilización del recurso humano se ve afectado.  Si hay mucha gente excluida, hay mucho talento subutilizado o desperdiciado.  Y con ello, la economía no alcanza su potencial.  Hay desperdicio. 

Pero además, en presencia de exclusión, alcanzar acuerdos sociales se convierte en algo aún más difícil ya que, por definición, algunos tomarán las principales decisiones en la sociedad, y otros simplemente las sufrirán sin haber podido opinar ni mucho menos incidir.  Así, la exclusión favorece la fragmentación en los países, y dificulta la gobernabilidad. 

¿No le suena familiar toda esta reflexión en abstracto? A mí sí.  Quizás porque soy producto de un país que se ha construido sobre la base de excluir, a personas, a grupos, a territorios, a capítulos enteros de su misma historia.  Quizás por eso es tan sencillo pasar del concepto al ejemplo.      

¿Por qué fracasan las naciones?

“Curioso argumento que me hizo recordar la comparación que se hace de pueblos como Almolonga y Zunil, o el comentario de qué hubiera sido de América Latina si en vez de España el colonizador hubiese sido Inglaterra.”

Este libro es acerca de las inmensas diferencias en ingreso y estándares de vida que separan países ricos del mundo, como los Estados Unidos, Gran Bretaña, y Alemania, de los pobres, como aquellos en el África Subsahariana, Centro América y el sur de Asia.  Así comienza “Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty” de Daron Acemoglu y James Robinson.

Escrito en un lenguaje simple y con mucha coherencia, los autores van hilvanando su argumento un capítulo a la vez.  Eso sí, desde la página 3 dejan en claro cuál es su tesis de trabajo: los países que hoy son ricos lograron esa prosperidad porque (sic) “sus ciudadanos derrocaron a las elites que controlaban el poder y crearon una sociedad en donde los derechos políticos estaban mucho más ampliamente distribuidos.”  De eso tratan las 529 páginas.     

De manera crítica van confrontando su propia visión del desarrollo con respecto a propuestas alternativas que han estado –y siguen estando– muy difundidas y arraigadas en el imaginario popular.  Siempre con ejemplos concretos para dejar el punto en claro, pero también con la sencillez propia del que sabe que no puede dar una respuesta contundente a una pregunta tan fundamental como las razones de la prosperidad y del atraso. 

Así, cuestionan la “hipótesis de la geografía”, puesta en boga en el siglo XVIII, la cual que plantea que las personas en climas tropicales tienen a ser haraganes y faltos de curiosidad.  Y cómo estas características los lleva a no trabajar lo suficiente y a no innovar, razones que explicarían su pobreza.  Hoy en día dicha hipótesis ha mutado y se dice que sociedades ubicadas en climas tropicales son más propensas a enfermedades que merman su estado de salud y por ende su productividad, y que los suelos tropicales son mucho menos propicios para una agricultura productiva. 

De manera similar confrontan la “hipótesis de la cultura”, la cual arguye que la Reforma Protestante y la ética que esta generó, estimularon el surgimiento de la sociedad industrial moderna en Europa occidental.  El argumento también se puede extrapolar a la influencia no solamente de una religión sino de una cultura: la inglesa, por ejemplo.  Curioso argumento que me hizo recordar la comparación que se hace de pueblos como Almolonga y Zunil, o el comentario de qué hubiera sido de América Latina si en vez de España el colonizador hubiese sido Inglaterra.

Finalmente, le sale al paso a la “hipótesis de la ignorancia”, la cual sostiene que los países pobres son pobres porque tienen muchas fallas de mercado y porque sus economistas y formuladores de política pública no saben cómo corregir esta situación.  Luego lo que estaría haciendo falta es mejores tecnócratas y una clase dirigente mejor informada, que pudieran proponer mejores soluciones. 

A todas estas explicaciones los autores les encuentran un contra-ejemplo para rebatirlas y a la vez reforzar la tesis central del libro: son las instituciones –políticas primero, y económicas después– las que explican el desempeño de las naciones.  Poderoso planteamiento ese de llevarnos de lo político a lo económico.  De cómo las instituciones políticas, que son las llamadas a distribuir el poder, generan los incentivos para que surjan instituciones económicas que favorezcan o inhiban la iniciativa, la innovación, la visión de largo plazo, y con ello crecimiento económico y bienestar social. 

Dado el lento proceso que suponen los cambios institucionales, mucha de la crítica al libro se ha centrado en lo limitado de su propuesta para que países como Guatemala finalmente salgan del atraso.  Pero en realidad, si usted lo piensa despacio, el cambio institucional no es menos fatalista que explicar el subdesarrollo de los países por su ubicación geográfica, su cultura o la ignorancia de sus elites. 

En fin, esta columna no pretende ser un resumen del libro ni mucho menos.  Son solamente dos o tres ideas para provocarlo a usted con una lectura valiosa y obligatoria para cualquiera que esté interesado en esas preguntas amplias que nos ocupan a los que trabajamos en desarrollo.  Interrogantes profundas, de hondas raíces históricas, que obligan a un análisis pausado y con visión de largo plazo. 

Mente, sociedad y conducta

“(…)de alguna manera hay allí un mea culpa y llamado de cautela a la manera en que deben tomarse análisis y prescripciones al momento de definir reformas, programas y proyectos.”

Ese es el título que lleva el Informe sobre el Desarrollo Mundial (WDR, por sus siglas en inglés) del 2015.  En esencia es un cuestionamiento a la noción que por tantos años ha prevalecido sobre la manera en que las personas toman decisiones.  Esa idealización de que todos somos siempre coherentes, estratégicos, con visión de futuro, y egoístas.  Eso que en economía llamamos racionalidad de los agentes económicos.  

Inmediatamente me hizo recordar los libros “Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness” de Thaler y Sunstein, y “Poor Economics” de Banerjee y Duflo.  Ambos textos, a su manera, van tras ese supuesto de racionalidad, cuestionando la manera en que opera (¡o más bien deja de hacerlo!) bajo diferentes contextos y en distintos estratos socioeconómicos de población. 

El WDR 2015 construye su argumento alrededor de lo que ellos (el Banco Mundial) llaman los tres principios de las decisiones humanas: el pensamiento automático, en donde muchas de nuestras decisiones se toman casi de manera refleja, es decir, sin mucha deliberación y/o análisis sofisticado; el pensamiento social, que reconoce la importancia de la conducta cooperativa entre individuos; y el pensamiento basado en modelos mentales, que señala cómo las personas no nos inventamos conceptos sino más bien invocamos muchos de ellos al observarlos en otros.   

De estos tres principios se desprende una conclusión muy poderosa: el cómo es tanto o más importante que el qué.  Un colega y amigo economista suele decir que “generalmente no es lo que se dice sino el ‘modito’ con que se dice”.  Y aunque parezca broma, es una expresión con gran contenido, pues muchas veces con solamente cambiar la manera en que se comunica un mensaje o encontrar el momento más oportuno para plantear una decisión se pueden inducir mucho mejores resultados.  En política pública esto puede hacer toda la diferencia entre la adopción de una tecnología más eficiente o la disuasión de una conducta que se considera socialmente indeseable. 

Ahora bien, si esta línea de trabajo ya se venía desarrollando en las ciencias sociales desde hace varios años, como podemos constatar en la amplia literatura de la economía del comportamiento y experimental, ¿cuál es entonces la novedad del WDR 2015?  Me parece que hay dos cosas que merecen resaltarse. 

La primera, que este marco conceptual haya permeado tan alto en una organización como el Banco Mundial, hasta convertirse en el tema de su publicación anual más importante.  Eso podría llegar a tener un impacto en la forma como se implemente la política pública de los países en desarrollo, pues es innegable que, para bien y para mal, organizaciones de alcance global como ésta tienen un enorme poder de influencia para colocar temas e instalar determinadas prácticas.    

La segunda, que dentro del mismo reporte hay un reconocimiento –de hecho dedican un capítulo completo– a los sesgos y prejuicios que los mismos expertos, funcionarios encargados de formular políticas y profesionales del desarrollo tienen en el ejercicio de su profesión.   Esto no es cosa menor, pues de alguna manera hay allí un mea culpa y llamado de cautela a la manera en que deben tomarse análisis y prescripciones al momento de definir reformas, programas y proyectos.  Importante porque aunque la sociedad civil del mundo entero siempre ha alzado la voz a las recetas que emanan de organismos financieros internacionales, no se había abierto la puerta a la posibilidad de discutir los sesgos y prejuicios que también la tecnocracia tiene.     

Ojalá sepamos aprovechar este interesante espacio alternativo de reflexión que se ha creado.  Bien conducido creo que puede significar nuevas y muy constructivas formas de diálogo político desde la periferia hacia el centro y viceversa.  Por ahora “kudos” al banco por este aporte. 

La pregunta del billón de dólares

“No es un “bailout” lo que nos está haciendo falta.”

Un plan para Centro América.  Así se llama la columna de opinión que el vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, publicó en la edición de fin de semana del New York Times.  Asiduo lector que soy de este periódico confieso que me asombré al verla, y la leí y releí mientras caminaba de regreso a mi departamento. 

¿Desde hace cuánto que la subregión no recibía un zoom mediático y político de este nivel? ¿Y por qué hasta ahora, en el ocaso de la administración Obama es que tal cosa sucede?, fueron las primeras preguntas que me asaltaron. 

En principio y apariencia el plan cascabelea bastante.  Un billón de dólares, tres áreas de trabajo, colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, todo para avanzar en reformas económicas y políticas.  No está tan mal, ¿eh?

Primero, seguridad, bajo la premisa de que (sic) “la seguridad lo hace todo posible”, y que esta se puede alcanzar organizando a comunidades para que se hagan cargo de cumplir esta función primaria del Estado. 

Segundo, buen gobierno, un franco reconocimiento y jalón de orejas a los enormes vacíos y opacidad que, por lo menos en el caso de Guatemala, se tienen en administración de justicia, contratación de obra pública, y recolección de impuestos.   

Y tercero, aumento en los niveles de inversión, fundamentalmente privada –y si no es mucho pedir ojalá recursos de los mismos centroamericanos–.  Es decir, una vez más se reconoce que no hay recurso público que aguante solito con lo que hay que invertir en infraestructura y tecnología para lograr niveles aceptables de crecimiento económico y emplear a la población de una manera más o menos decente.  

El vicepresidente Biden trata de ser, digámoslo así, un optimista con fundamento.  Inmediatamente le pone cable a tierra a su mensaje y lo ancla a la experiencia del Plan Colombia, país donde se movilizó una cantidad inmensa de recursos, que a su vez apalancó otros muchos más como base para su más reciente transformación.  Pero además –y aquí coincido totalmente con el análisis del vicemandatario–, el ingrediente básico del Plan Colombia fue la voluntad política en el terreno.  (Si pudiera subrayaría, ennegrecería y pondría en itálicas estas últimas cinco palabras: voluntad política en el terreno). 

Eso creo que ya lo sabemos muy bien, pues los centroamericanos hemos sufrido en carne propia las consecuencias que ocasiona la falta de voluntad y liderazgo.  Pero también sabemos que si a la susodicha voluntad política hay que ponerle precio para luego salir a financiarla, entonces sí que estamos fregados.   

Por eso, con todo respeto señor Biden, el suscrito ciudadano centroamericano piensa que la pregunta del billón de dólares en Centro América no va por allí.  No es un “bailout” lo que nos está haciendo falta. 

El déficit de nuestra subregión, o cuando menos de Guatemala, es de liderazgos, instituciones, incapacidad de nuestras elites para administrar el changarro, y de una sociedad civil acobardada y resignada, que ya se olvidó cómo sacar a sombrerazos a servidores públicos y dirigentes que no quieren hacer su trabajo.  Si de verdad nos quieren dar una mano, es en eso que hay que trabajar.  Por favor no nos desenfoquemos.