Lo rural y el postconflicto

“El desarrollo no sucede por decreto ni baja desde las capitales ni se construye solamente con instituciones y financiamiento del gobierno central.”

El último conflicto armado en América Latina se está negociando.  Y todo apunta a que esta vez tiene bastantes posibilidades de alcanzar acuerdos.  ¡Ojalá!  Colombia y los colombianos se lo merecen.  Un país con tanta diversidad y riqueza humana y natural tiene que darle vuelta a esa página de su historia de una buena vez. 

La agenda de negociaciones entre ambas partes se ha construido alrededor de cinco ejes, uno de los cuales se refiere al desarrollo rural con equidad y la búsqueda de soluciones al problema de la tierra.  Los demás tienen que ver con desmovilización y reinserción política de las FARC, desarme, cese del narcotráfico como actividad principal de financiación y resarcimiento a víctimas del conflicto.

El lunes pasado nos dimos cita en Bogotá para escuchar por un día completo voces de especialistas, actores políticos, servidores públicos, académicos y actores de sociedad civil.  Todos reflexionando bajo una pregunta marco: ¿qué significa hablar de desarrollo rural en una sociedad postconflicto?

Invitamos al conversatorio al Secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador, Dr. Alexander Segovia, para que nos compartiera algunas reflexiones a partir de la experiencia de su país tras dos décadas de finalizado su conflicto armado.  Las coincidencias en los análisis de colombianos y salvadoreño fueron evidentes.  La ansiedad respecto a cómo lograr ese tan elusivo desarrollo rural también lo fue.  No hay balas de plata ni fórmulas únicas. 

Resonó con mucha fuerza que el mundo rural está en el corazón de la negociación.  Algo hasta cierto punto natural, pues es en dicho espacio donde el conflicto se desarrolla, donde están combatientes, donde se dan las diferencias, donde se observan las mayores brechas de bienestar, donde la presencia del Estado es más baja.  Y en el postconflicto, será el espacio rural donde también tocará coexistir a víctimas y victimarios.  Por tanto, es la ruralidad el territorio donde la paz debe ser construida.

De igual forma quedó en el ambiente la urgente necesidad de recuperar instituciones públicas que atienden lo rural.  Haberlas desmantelado lo único que ha hecho es generar un gran vacío, sentido principalmente por aquellos que más lo necesitan: pequeños productores pobres.

La experiencia salvadoreña nos señala que el postconflicto no tiene solamente una dimensión de reinserción económica y social sino también política.  Y que dependiendo de la correlación de fuerzas, es justamente allí, en la reinserción política inmediata y plena, donde se juega la sostenibilidad de lo negociado.  La participación del FMLN, en gobiernos locales, parlamento, después en el gobierno de San Salvador y finalmente haciéndose del poder Ejecutivo así lo sugieren. 

Pero además, el modelo de desarrollo rural en el postconflicto debe construirse sobre la base de una activa participación de actores en los territorios.  El desarrollo no sucede por decreto ni baja desde las capitales ni se construye solamente con instituciones y financiamiento del gobierno central. 

Finalmente, nos recordaron cómo la ruralidad no puede concebirse al vacío.  Es decir, sin tener en cuenta lo que sucede en el ámbito urbano.  Es precisamente de la interacción entre ambos espacios que se logrará, cerrar las enormes brechas campo-ciudad que hoy existen, haciendo una realidad concreta conceptos como crecimiento con equidad. 

Salí de la reunión con dos reflexiones.  La primera, admirando la capacidad que tenemos los seres humanos – sobre todo aquellos que han corrido con mucha menos suerte en la vida – de ver siempre hacia adelante.  Seguramente porque han aprendido a hacer de la adversidad un acicate para sobrevivir.  La segunda, en la necesidad urgente que tiene Guatemala hoy de nutrirse de ideas frescas, de mantener abiertos canales de comunicación entre segmentos de población que, cohabitando un mismo territorio, nos seguimos mirando unos a otros como a seres de otro planeta.  

Prensa Libre, 25 de abril de 2013.

  

Comunicar desde la base, escuchar desde el poder

“Muchas de estas ideas que hoy están asumidas en buena parte de la región, hace tan sólo diez o quince años atrás sonaban a bicho raro.”

No es fácil imaginar cómo sectores que tradicionalmente han estado al margen de los centros de toma de decisión puedan construir espacios estables de diálogo político para hacerse escuchar.  Lo normal es pensar que son la movilización social y medidas de hecho las forma más comunes de sentar a la mesa al gobierno, sobre todo en países altamente desiguales y-o institucionalmente débiles.  

Pero no siempre tiene que ser así.  Basta con alargar la mirada al cono sur para toparse con experiencias interesantes y muy aleccionadoras.  Una de ellas es la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur. 

Este último par de días tuvo lugar en Montevideo un seminario subregional titulado “Impacto del diálogo sobre políticas públicas para la agricultura familiar en América Latina y Caribe”.  Allí se dieron cita protagonistas de un esfuerzo que tiene ya más de una década y que ha sido un ejemplo de buena práctica de diálogo político para posicionar agenda y demandas de un sector de población históricamente relegado: los campesinos.

La historia es fascinante.  Escuchar cómo evolucionaron en sus análisis y discusiones, comenzando por cómo conceptualizar a la agricultura familiar; cómo operacionalizar el concepto en términos de políticas públicas; cómo quebrar la visión hegemónica que se tenía hasta ese momento, que insistía en la idea de una sola agricultura con dos tipos de productores (eficientes e ineficientes); cómo lograron hacer entender a sus gobiernos que se necesitan políticas diferenciadas porque no es lo mismo agricultura comercial que familiar, y cómo construir institucionalidad y asignar presupuestos públicos para atenderlos. 

Muchas de estas ideas que hoy están asumidas en buena parte de la región, hace tan sólo diez o quince años atrás sonaban a bicho raro.  Pero hoy los agricultores familiares en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay cuentan con un punto de partida, una masa crítica de instrumentos –ministerios, secretarías, registros de agricultores familiares, esquemas de asistencia técnica, crédito, seguros agrícolas, programas de compras públicas, etc.–.  Han logrado articularse, movilizarse, incidir y ganarse un espacio en el debate político nacional, y sus gobiernos han asumido el reto de integrarlos en su visión de desarrollo rural. 

Es verdad que la REAF nació en un momento particular.  El Mercosur se conformaba, había interés y entusiasmo para construir institucionalidad, altas expectativas y mucho optimismo.  Los gobiernos de entonces tenían una afinidad político-ideológica suficiente para avanzar con relativa celeridad ciertos procesos y lograr consensos regionales.  Además, existía Brasil como país de mucho peso geopolítico, con una visión clara de la agricultura familiar, y una disposición política del gobierno de Lula a poner esa idea en juego fuera de sus fronteras.     

Los resultados están a la vista.  Hay mucha complementariedad entre la política social y la productiva en el sector rural, la pobreza y desigualdad disminuyen y los gobiernos le han hecho un espacio en su organigrama y prioridades a los campesinos. 

Ahora bien, la pregunta para los que vemos esta experiencia desde fuera es ¿será posible replicar esta historia? ¿cómo hacerlo en países con institucionalidad regional y nacional mucho más débil? ¿cómo hacerlo sin un país con el peso, influencia y liderazgo que ejerce Brasil? 

En el caso de Centro América se podría pensar en un socio mayor (México) que marcara ritmo y pauta, como sucedió en el caso del cono sur.  El problema es que el modelo de desarrollo rural seguido por nuestro vecino del norte es conceptualmente distinto.  Probablemente explicado por su vecindad con Estados Unidos, pero también por la estructura de tenencia de tierra (ejidal), distinta de la que hay en el istmo centroamericano. 

Sin embargo, a pesar de la unicidad de los procesos sociales, una lección que sí podemos sacar los centroamericanos es que el diálogo político puede ser un instrumento efectivo para comunicar desde la base y escuchar desde el poder. 

Prensa Libre, 18 de abril de 2013.
 

Vacío ideológico y subdesarrollo

“Justamente lo opuesto a lo que países desarrollados han logrado, y que explica sus mayores niveles de bienestar: capacidad de pensar el mediano y largo plazos y cohesionarse socialmente.”

Para el ciudadano de a pie, ese que tiene que lidiar cada poco con el robo de su celular, con el aumento del pan francés, el litro de leche, y el precio del menú Campero para sacar a los patojos a pasear los domingos, las ideologías políticas son algo tan ajeno e irreal como Narnia o el Sandokan de Emilio Salgari.  No puede importarle menos, porque siente – y quizás con razón – que las ideologías no ayudan a resolver lo cotidiano.  Peor aún, para buena parte de los guatemaltecos, la palabra viene asociada con la noción de conflicto. 

Si a eso sumamos el nivel de debate tan primario que tenemos en el país, me temo que las ideologías políticas hoy día ya no le sirven ni a los estudiantes de ciencia política – válgame la caricaturización, por supuesto.  Como sea, persisten dos preguntas de fondo: ¿pasa algo si vivimos sin ideologías? ¿podemos promover el desarrollo en tales condiciones?

Según el diccionario de la Real Academia Española, ideología se define como el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.  Es decir, son eso que nos permite calibrar la propuesta de una persona o grupo, sobre todo de aquellos que buscan su voto y el mío. 

En el caso de los partidos políticos, debiera ser la columna vertebral, el pegamento que los mantiene unidos, pero también eso que les permite diferenciarse de otros.  Aquí es donde comienza a hacer agua la cosa, porque desde hace algunos años casi ningún político criollo se juega por una idea concreta. Curioso, ¿no?

Lo que impera es un pragmatismo impuesto por las reglas de nuestra democracia formal, por cierto escritas ya hace más de un cuarto de siglo y necesitadas de una buena revisión porque ya no responden a las exigencias de la Guatemala contemporánea.  En vez de promover más bien desmotivan la participación de nuevas generaciones en política, y recrean una clase que se enfoca más en conocer los entresijos del Estado para explotar esa asimetría de información y hacer negocios turbios, que en generar ideas y soluciones de beneficio común. 

Entonces, probablemente sí tiene algo que ver ese vacío ideológico en nuestro sistema de partidos y el nivel de desarrollo del país.  Para comenzar genera dos efectos perversos.  Por un lado, ahuyenta la participación de una parte de la población que, teniendo altos niveles educativos y relativamente resuelta su vida en términos económicos, podría ver en el activismo político una forma de servicio a su sociedad.  Cosa muy distinta de los vividores que ven en los ciclos políticos la oportunidad de hacerse de una pequeña fortuna que los haga ascender velozmente unos cuantos deciles en la distribución del ingreso.

Por otro lado, ese vacío ideológico contribuye a la confusión y fomenta en el electorado niveles de apatía y cinismo ante sus gobernantes y aspirantes. Cuando no hay claridad todo se vale, no hay referentes contra los cuales se pueda juzgar las acciones de líderes y organizaciones.  La coherencia y los principios dejan de ser características deseables, siendo desplazados por el comportamiento oportunista.  El objetivo del político contemporáneo se reduce a dos cosas: gestión de crisis y obtención del voto.

La consecuencia es una sensación de crisis y zozobra permanente, de espiral descendente en la calidad del gobierno, de inviabilidad y asfixia como sociedad, en donde el que pueda que se vaya y mande remesas, el que no que rece y sobreviva, y el último en salir que apague la luz.   Justamente la antítesis de lo que han logrado países más desarrollados, y que explica sus mayores niveles de bienestar: capacidad de pensar el mediano y largo plazos y cohesionarse socialmente. 

Así las cosas, flaco favor nos hacen los precandidatos a la presidencia cuando salen en los medios dando declaraciones con actitud de pescadores con atarraya.  Dispuestos a jalar cuánto ciudadano – votante y financista – mal parado encuentren.  Tirando con perdigones a diestra y siniestra (¡literalmente!) y apelando a conceptos vagos como el nacionalismo, el cansancio, o a la necesidad de incluir mujeres, indígenas y jóvenes en sus plataformas. ¡Qué barra más baja la que nos hemos puesto!

Más constructivo sería escucharlos con propuestas coherentes, que conecten ideología con medidas de política, permitiéndonos así elegir, discriminar, diferenciar su visión de cómo puede transformarse Guatemala. Para eso sí que pueden servirnos las ideologías políticas.  

Prensa Libre, 11 de abril de 2013.

  

Tories queriendo torearnos

“(…) la gran mayoría de chapines, sobre todo los pobres, nunca ha visto un Estado, mucho menos que le de bienestar.”

Los medios internacionales señalan a todo volumen el recorte que están haciendo al Estado de bienestar británico.  Por cierto, dos palabras casi proscritas en ciertos círculos de Guatemala, ya sea por separado: Estado y bienestar; o juntas: Estado del bienestar. 

Dios guarde a aquel que se atreva a enarbolar esa bandera porque le cae sobre la nuca la de Damócles afiladita y de a romplón.  Aunque para ser francos, en una cosa tienen razón los escuderos del minimalismo económico, la gran mayoría de chapines, sobre todo los pobres, nunca ha visto un Estado, mucho menos que le de bienestar o que al menos le permita menguar ese estado de malestar crónico en el que viven.  Entonces ¿por qué habríamos de alborotar el gallinero y hablar de conceptos tan subversivos y demodé?

Pero bueno, guste o no, la cosa es que en otras latitudes hay ciudadanos que han vivido, no una sino por varias generaciones, con un mínimo de prestaciones sociales por el solo hecho de vivir así: en sociedad.  Porque la cohesión social en el país donde nacieron se reconoce y entiende como algo importante, y porque figuras como tejido social o conceptos como capital social no son elucubraciones calenturientas de mentes utópicas trasnochadas sino vivencias cotidianas.  Se plasman nítidamente en la guardería del barrio, en el trabajador social que atiende a la tercera edad, en la escuela, en parques y plazas públicos a donde todos pueden ir a jugar.

Probablemente por eso es que allá se está fraguando el despelote, porque la gente no está contenta y ha salido a la calle a protestar.  Ningún jefe de familia, y menos los de hogares pobres o clase media ignora la importancia de ser responsables en el manejo de su gasto.  De manera que el descontento no es por el ajuste de cinturón que la crisis está exigiendo, como probablemente querrán hacernos ver los Panza conservadores, sino porque hay una valoración negativa, casi aversión diría yo, por la desigualdad.  Esa que en este caso se manifiesta con medidas de austeridad emanadas de un gobierno que trata de poner a dieta a varios y dejar en el hartazgo al pushito de siempre. 

La Iglesia Reformada de Escocia en su crítica al gobierno tory lo colocó muy bien (sic) “la manipulación [de los conservadores] para perpetuar los mitos de la pobreza y justificar los recortes sociales”.  En otras palabras, una vez más el imaginario que se intenta construir es el de unos pobres que lo son por holgazanes y abusadores de la política social y apoyos públicos.  El cuento no varía mucho, solamente el narrador.  Hoy son los nietos de los tories de antaño. 

  

Lo dramático para un guatemalteco escribiendo de tales afanes en ultramar es saber que, por supuesto, para nosotros toda esta discusión es casi de ciencia ficción.  En el mejor de los casos, servirá para que tiremos un par de indirectas los tres gatos que nos damos cita en los medios de comunicación desde nuestras atrincheradas columnas de opinión. 

Y para la mayoría ni se diga.  Seguirá siendo como de película porque para que tales discusiones se den en nuestro gallinero primero hace falta tener un Estado mucho más presente, una sociedad civil mucho más involucrada, una elite más aireada, y una clase política más próxima a su votante que a la constructora de cartón que usa para capturar fondos públicos. 

Aun así, en condiciones adversas, vale la pena seguir ladrando, maullando, cacareando y pataleando.  Porque para moverse hacia adelante sigue siendo mucho mejor la utopía que el conformismo.  De eso sigo estando seguro y por eso continúo arando (¡aunque por ratos parezca en el mar!).   

Prensa Libre, 4 de abril de 2013. 

La estructura de la equis, la jota y la che.

“(…) la atención a población en pobreza no se resuelve solamente con un programa de transferencias, condicionadas o no condicionadas, en efectivo o en especie.”

Más de quince años han pasado ya desde que el primer país de América Latina se embarcó en un modelo de protección social que transfiere efectivo a los hogares pobres a condición de que mantengan a sus hijos en la escuela y los lleven a vacunar regularmente.  Hoy es casi incuestionable que cualquier política social de la región cuente con un programa de estos. 

La teoría detrás de las transferencias condicionadas está construida sobre la teoría del capital humano.  Un enfoque individualista que interpreta la pobreza y las formas de salir de ella a partir de deficiencias que las personas tienen y decisiones que las personas toman.  Es decir, cambiando la conducta y la dotación de activos – en este caso más educación y un mejor estado de salud – los individuos pueden salir adelante porque van a poder acceder a puestos de trabajo con ingresos más altos. 

Allí su gran virtud y a la vez su nueva debilidad.  Virtud porque es una teoría fácil de explicar para diseñar programas públicos.  Debilidad porque claramente es una visión parcial, que se hace de la vista gorda ante las condiciones estructurales que generalmente rebasan la capacidad o el mero deseo de superación de las personas.   De eso sabemos mucho países pluriétnicos y con altos niveles de ruralidad.    

El centro para la protección social y el instituto de estudios para el desarrollo (IDS) publicaron recientemente un artículo en donde se hace una crítica a esta teoría, y por consiguiente a los programas de política social que la utilizan.  No porque esté del todo equivocada, sino porque después de varios años ha demostrado que queda corta para superar los niveles de pobreza rural en que continúan viviendo millones de latinoamericanos.  El caso de estudio que tomaron fue el programa Oportunidades de México, uno de los más antiguos y mejor analizados de la región. 

Documentaron los rezagos que persisten en las poblaciones indígenas de aquel país, en donde el 80% está debajo de la línea de pobreza rural y el 40% bajo la línea de pobreza extrema.   Esto a pesar de que Oportunidades llega a prácticamente todos los hogares rurales pobres desde el año 2001. 

Una generación después bien vale la pena preguntarse qué está pasando.  La respuesta no es muy compleja, la solución, por el contrario, sí lo es. 

Pobre calidad en la educación pública rural, acceso limitado a redes sociales, movilidad laboral y diferenciales salariales, todos son factores que producen el mismo efecto: poner en desventaja a poblaciones indígenas.  Así, el mecanismo de transmisión: más educación y salud, más salario, no se cumple para todos ni de igual forma.   Es decir, hay factores estructurales que el modelo de transferencias condicionadas no atiende y que no pueden seguirse obviando porque limitan los efectos de la política social en el largo plazo. 

El análisis hecho para México es en muchos sentidos aplicable para un país como Guatemala.  De hecho, casi podrían calcarse los diagnósticos y recomendaciones.  Las características de la ruralidad son compartidas por ambos países, con una diferencia muy importante: el músculo del sector público mexicano es mucho mayor – a pesar de tener una carga tributaria no muy distinta, dicho sea de paso.  Bien haríamos entonces en aprovechar recursos y análisis hechos allá para sacar lecciones y recomendaciones de política aquí. 

Críticas como esta solo pueden surgir gracias a una feliz combinación de factores: un programa público que se ha mantenido a lo largo del tiempo a pesar de los cambios de gobierno, una burocracia capaz de diseñar sistemas de monitoreo y evaluación, y una sociedad civil con capacidad analítica suficiente para generar evidencia y provocar así un diálogo informado que les permita refinar la intervención del Estado. 

En suma, lo que no debemos perder de vista es que la atención a población en pobreza no se resuelve solamente con un programa de transferencias, condicionadas o no condicionadas, en efectivo o en especie.  Es un paso importante contar con ellos, por supuesto; pero es más importante el trabajo que falta por hacer para homologar la estructura de oportunidades desiguales en que se mantiene la población por el solo hecho de llevar un apellido con equis, jota o che.  Allí está el verdadero reto de largo plazo. 

Prensa Libre 28 de marzo de 2013.