¡Es la estructura, estúpido!

“(…) la razón de fondo es la estructura productiva de Latinoamérica que necesita seguir transformándose para que la región no quede rezagada y vulnerable.”

Los últimos pronósticos del crecimiento económico para América Latina del FMI, Banco Mundial y analistas en general no son nada halagüeños.  Después de haber estado creciendo por casi una década a tasas cercanas al 5% anual, las perspectivas que tenemos es que en los próximos años rondaremos el 2%.  Cifra muy por debajo de lo que necesitamos para poder seguir avanzando en nuestra agenda de desarrollo. 

Las razones están allí, a la vista de todos.  De hecho, siempre lo han estado pues no son mucho muy distintas de lo que históricamente nos ha caracterizado: una región cuya estructura productiva descansa fundamentalmente en productos agrícolas primarios y recursos minerales –soja, café, azúcar, carne, banano, camarón, cobre, gas y petróleo–; con baja calidad educativa – vea los resultados de las pruebas PISA y vea cómo nos comparamos con Asia, por no decir Europa y América del Norte–, lo cual redunda en un pobre valor agregado y baja productividad, salvo algunos enclaves de manufactura en países como Brasil y México; y una fuerte dependencia de dos o tres mercados internacionales –Estados Unidos, Europa y más recientemente China–. 

Eso sí, con dos o tres ventajas respecto de nuestro pasado reciente.  Hoy por lo menos hemos aprendido (casi todos) a mantener una cierta estabilidad macroeconómica, los conflictos armados por razones políticas están prácticamente extintos (Colombia esperemos que lo logre pronto), una democracia formal y gobiernos civiles ejerciendo el poder (con más sombras que luces, eso también hay que decirlo), y un reconocimiento generalizado de que debemos reducir no solamente la pobreza sino los altísimos niveles de desigualdad que tan bien nos pintan a los latinos.  Todo esto, que podríamos llamar la parte medio llena del vaso, ciertamente ha ampliado la caja de herramientas para poder gestionar nuestras economías y Estados durante los últimos veinte años.        

De manera que no es solamente una coyuntura desfavorable, o la desaparición de un viento en cola, como solemos decir muchas veces los economistas cuando la economía está creciendo.  Es cierto que hoy la desaceleración económica de China, el cambio en la política monetaria norteamericana, y la recuperación de Europa que ha sido más lenta de lo esperado, tienen indudablemente un efecto.  Sin embargo, la razón de fondo es la estructura productiva de Latinoamérica que necesita seguir transformándose para que la región no quede rezagada y vulnerable. 

Por eso la necedad de muchos de nosotros al insistir en una agenda de transformación estructural.  Que nos permita a los latinoamericanos poder finalmente tener un mayor control de nuestro entorno, o cuando menos una mejor capacidad de respuesta ante choques externos como los que hoy de nuevo volvemos a enfrentar. 

Una agenda que aborde temas como el fortalecimiento del mercado interno en los países, para contrarrestar esa dependencia que tenemos de mercados en países desarrollados; la necesidad de seguir promoviendo el desarrollo rural, ciudades secundarias y los vínculos de producción y comercialización que conecten la base productiva agrícola con mercados urbanos y periurbanos; la identificación de sectores estratégicos para la promoción de inversión pública y privada a mediano plazo que puedan dinamizar territorios y economías locales; y por supuesto la necesaria reforma y fortalecimiento del Estado, en donde justicia y fiscalidad son dos pilares fundamentales.  

En suma, coyunturas favorables y desfavorables siempre habrá, y generalmente sobre ellas no tendremos mucho o ningún control.  De manera que es a la estructura que debemos mirar para salir del atraso.  En la estructura residen las opciones reales que tenemos en cada momento para aprovechar un determinado contexto externo.  Pero la estructura, por definición, se transforma de forma lenta pero sostenida.  Eso sí, con una visión clara.  Sin prisa pero sin pausa.   

Nuestras narrativas recientes

“Si no ha leído estos textos, léalos.  Si no está de acuerdo con su contenido, discútalos, rebátalos, investigue y construya su propia opinión.  Pero no los deje pasar de largo.”

La democracia y el desarrollo social no son poca cosa.  Por eso no se logran de la noche a la mañana.  Tampoco son un estado estático al que se llega después de seguir una ruta predeterminada.  Más bien son procesos dinámicos, que se arriesgan todos los días, y que por lo tanto se deben defender igualmente todos los días por la mayoría de nosotros ciudadanos.  A pulmón, a tinta, a marcha, en las aulas, en las instituciones, en la calle, en todos los espacios posibles.   

En dicho esfuerzo, una parte muy importante pasa por conocer nuestras historias.  La remota, en donde subyacen las raíces y explicaciones de muchas barreras mentales, políticas y económicas que explican la estructura de nuestro atraso.  Pero también la más reciente, la que se escribe día a día, mes a mes, año a año, cuatrienio a cuatrienio.      

Esta última es muy importante que se escriba, se conozca y se discuta.  Contar con testimonios recientes es una práctica sana que se da en sociedades más avanzadas.  Refleja muchas cosas, entre ellas la posibilidad de tener plumas y cabezas –tanto de los vencedores como de los vencidos– que están constantemente observando, escribiendo e interpretando lo que sucede. 

Así, al concluir un ciclo político se pasa inmediatamente a ponerlo en blanco y negro.  Producir esa primera narrativa, tan importante porque es reciente suficiente para provocar a los protagonistas con la nitidez del detalle.  Es una historia que seguramente será revisada, reinterpretada con el tiempo.  Eso no es problema.  Lo importante es que surja así, casi en tiempo real. 

Una práctica saludable que afortunadamente comienza a darse en Guatemala.  La “Rendición de Cuentas” de Juan Alberto Fuentes Knight y el “Portillo: la democracia en el espejo” de Byron Barrera Ortiz, son dos ejemplos que nos hablan de los gobiernos de los presidentes Alvaro Colom y Alfonso Portillo. 

Administraciones recientes que todavía levantan pasiones y opiniones encontradas, pero que sin duda alguna es importante repasarlos y tener una lectura documentada de sus hechos.  Uno desde la experiencia de un ministro de finanzas públicas y el otro desde la secretaría de comunicación social de la presidencia.  Dos posiciones muy cercanas al poder de turno, y que por tanto tuvieron un acceso privilegiado a información, detalles, y seguramente una buena dosis de influencia en las decisiones que se tomaron en su momento.        

Ambos son materiales valiosos para entender la lógica de personajes de la política nacional, liderazgos del sector privado y de la sociedad civil, muchos de los cuales siguen en escena moldeando nuestro cotidiano.  De ahí la necesidad de que se sepa cómo y qué decisiones tomaron, de quienes se rodearon, cómo trataron de apoyar o bloquear cursos de acción. 

Si no ha leído estos textos, léalos.  Si no está de acuerdo con su contenido, discútalos, rebátalos, investigue y construya su propia opinión.  Pero no los deje pasar de largo.  No los ignore porque entonces el esfuerzo queda inconcluso.  Recuerde que la mejor arma que tienen los que no quieren que nada cambie en Guatemala es el ninguneo, la indiferencia, el silencio y la descalificación. 

Hagamos entonces todos un esfuerzo porque testimonios de esta naturaleza se conviertan más y más en una práctica generalizada.  Para que poco a poco el país vaya recuperando su capacidad de producción, diálogo e interés por su historia reciente.  Esa narrativa que viene inmediatamente después de la noticia y el titular, y que precede al análisis reposado que llegará después, con más tiempo y distancia.      

¿Vaciar o transformar?

“Transformación rural es la reorganización de la sociedad en un espacio determinado, y no un espacio que se vacía cuando las personas y la actividad económica se alejan.”

Hace unas semanas tuve un intercambio de ideas muy interesante con un colega guatemalteco.  Debatíamos sobre la comprensión que cada uno teníamos del desarrollo, del papel que tiene la urbanización y la importancia que cada cual asignaba a lo rural.  

Él defendía la tesis de urbanización como estrategia de desarrollo –con argumentos todos muy válidos, debo decir–.  Por ejemplo, el costo más bajo que tiene proveer de bienes, servicios e instituciones públicas cuando la población está concentrada en un lugar, a diferencia de tener que hacerlo a hogares todos dispersos entre cerros, laderas y barrancos. 

Por mi parte, yo trataba de hacer ver el valor que indiscutiblemente tiene la urbanización, pero conjugada con una estrategia de desarrollo para el espacio rural.  Porque a pesar de que nuestro continente es de los más urbanizados, me cuesta imaginarlo como una mera colección de ciudades en donde el campo es visto como una variable residual, que tiene como destino inexorable una muerte lenta por la parálisis que genera el éxodo de sus jóvenes. 

Mis razones son muy sencillas.  Amparadas en la observación que he hecho durante los últimos años del mundo rural Latinoamericano.  En el espacio rural es donde se producen los alimentos de toda la población.  Es allí mismo en donde nacen y se manifiestan con más fuerza las organizaciones cooperativas.  Y es en lo rural donde se desarrolla una buena parte de la mal llamada economía informal, que mal que bien genera empleo, ingresos y medios de vida a muchísimas personas.  (Eso sin mencionar que es en el espacio rural en donde se encuentra la base de nuestra biodiversidad.) 

Tales razones –alimentos, asociatividad y dinamismo económico– para mí son suficientes para prestarle atención a lo rural.  Sin embargo, si se quisiera llevar el argumento a una escala más compleja, también podríamos recordar que es en el espacio rural en donde se manifiestan las mayores formas de discriminación, exclusión, pobreza y desigualdad.  En otras palabras, son los habitantes rurales los que están más fregados al momento de hacer corte de caja y ver cómo le ha ido a cada quien en la sociedad en un momento dado. 

En un plano más teórico, durante los últimos años ha ganado mucho terreno el concepto de transformación rural, entendido como –y aquí cito partes de un artículo de mi coautoría– ‘ese proceso de cambio social integral mediante el cual las sociedades rurales diversifican sus economías y reducen su dependencia de la agricultura; se vuelven más dependientes de lugares distantes para comerciar y para adquirir bienes, servicios e ideas; pasan de aldeas dispersas a pueblos y ciudades pequeñas y medianas; y llegan a ser culturalmente más similares a las grandes aglomeraciones urbanas. (…) La transformación rural plantea cambios en la sociedad rural, más que su desaparición. (…) Transformación rural es la reorganización de la sociedad en un espacio determinado, y no un espacio que se vacía cuando las personas y la actividad económica se alejan. (…) Es un proceso que transforma, en lugar de destruye, las sociedades rurales.’

Para un país como Guatemala, donde el porcentaje de su población rural es de los más altos del continente, y donde la población pobre, indígena y afrodescendiente converge y convive en dicho espacio con formas ultra modernas de producción y generación de riqueza, este tipo de discusiones se vuelven estratégicas y deben promoverse con mucho más vigor. 

Así, vaciar versus transformar son dos visiones de lo rural que hoy compiten entre sí.  Personalmente pienso que apostarle a vaciar el campo porque es inviable y atrasado es equivocado y arriesgado.  En su lugar, prefiero imaginar y trabajar por una transformación rural que aproveche y aporte a la modernidad.  El tiempo dirá.  

Crecimiento pro-pobre: ¿cómo?

“(…) el derrame ha sido superado como posible canal de redistribución del crecimiento.”

Durante la década de los años noventa Guatemala tuvo mucha discusión alrededor de dos temas fundamentales: por el lado político, la negociación de paz; y por el lado económico, el crecimiento.  De allí surgieron ideas muy fuertes como la consolidación de fondos de inversión social, la creación de un banco de desarrollo con un esquema de gobernanza muy original, y el acceso al sector privado de muchos de los activos que estaban hasta ese momento en manos del Estado. 

En la década siguiente la discusión migró hacia el gran tema de reducción de la pobreza, y con ello el surgimiento de estrategias nacionales, departamentales y municipales, los diferentes ejercicios de levantamiento de información primaria para poder monitorear las dinámicas de pobreza, y toda una batería de estudios que constituyeron un avance sustantivo en la comprensión de muchas de las causas de dicho fenómeno. 

Surgió entonces la idea de construir redes de protección social como mecanismos de política pública para revertir esa aguda pobreza y desigualdad.  El esquema más utilizado fueron las transferencias monetarias condicionadas.  La idea básica era intentar romper el ciclo intergeneracional de pobreza a través de entregar efectivo a hogares pobres (contribuir mínimamente a revertir la pobreza monetaria actual) a cambio de que lleven a sus hijos a la escuela y el centro de salud (mejorar el capital humano para revertir la pobreza estructural de mañana). 

Más tarde en el tiempo, se comenzó a hablar de combinar crecimiento económico con reducción de pobreza a un ritmo creciente y sostenible.  Es decir, la pregunta que nos estábamos haciendo era ¿será posible encontrar algún tipo de crecimiento económico que beneficie a los más pobres?  En apariencia una pregunta de Perogrullo, pero que deja de serlo al observar la evidencia empírica.  Allí nos damos cuenta de que el país ha tenido períodos de crecimiento sin que necesariamente este se haya traducido en mejoras a las condiciones de vida de la mitad más pobre de la población.  En otras palabras, el crecimiento económico no es un reductor automático de pobreza. 

De manera reciente, uno de los experimentos que se están intentando es la posibilidad de articular de manera mejor la política de protección social con la de fomento productivo, utilizando como puerta de entrada a la población que ya es beneficiaria de programas de protección social.  ¿Por qué así y no al revés?  ¿Por qué comenzar por los beneficiarios de protección social y no por los de programas de fomento productivo? Por dos razones básicamente. 

La primera, más conceptual, porque la protección social por definición debiera estar focalizada hacia la población más pobre de cualquier país.  Así, pensar el crecimiento económico desde los usuarios de la política social nos obliga a hacer explícito y directo el mecanismo de transmisión que se busca con una estrategia de inclusión productiva.  En otras palabras, el derrame ha sido superado como posible canal de redistribución del crecimiento.   

Y en segundo plano, desde una perspectiva mucho más operativa y de “realismo” en la implementación de política pública, porque debemos reconocer que la política social ha sido muchísimo más efectiva en institucionalizarse; en generar cuadros dentro de la burocracia pública; en desarrollar instrumentos de focalización, entrega, seguimiento y evaluación; entre otras ventajas.     

Eso la hace mucho más apetecible ante los ojos de los formuladores de política pública que hoy se enfrentan a un desafío doble: por una parte, cómo lograr un mayor crecimiento económico en la base de la pirámide; y por la otra, como se logran articular diferentes programas que muchas veces los Estados nacionales ya están ejecutando, pero sin que estos lleguen a la población más necesitada. 

Por ahí va más o menos el debate regional.  Es verdad que es un esfuerzo relativamente nuevo, cuyos resultados tendrán que verse en los próximos años.  Sin embargo, bien haríamos en Guatemala si le damos un seguimiento cercano a experiencias mucho muy interesantes como las que se gestan en Perú, Brasil y más recientemente en México. 

Inversión y participación

“(…) dejar de estar tapizando el país de poli-deportivos y salones de usos múltiples, y pasar a inversiones públicas más complejas que puedan tener un efecto multiplicador mucho mayor en la economía local.”

Ciertas discusiones en Guatemala son recurrentes.  Temas que van y vienen con regularidad sin que se modifiquen sustantivamente los argumentos.  Uno es el salario mínimo y el otro es el presupuesto nacional.  Este segundo tema cada tres o cuatro años se hace acompañar de discusiones sobre cantidad y calidad del gasto público y la conveniencia o inconveniencia de una reforma tributaria. 

Hace unos días pude ver en YouTube una discusión en el programa que dirige Dionisio Gutiérrez, a la cual asistieron los economistas Eduardo Velásquez, Hugo Maúl, Abel Cruz y Paul Boteo.  El tema que los convocó fue el estado de la política fiscal en Guatemala.  Como era de suponerse, algunos temas cajoneros aparecieron a lo largo de la discusión.  Por ejemplo, si tenemos o no una carga tributaria suficiente, si la calidad del gasto público es el adecuado, si la participación de los impuestos directos versus los indirectos es la óptima, si el papel de la política fiscal está garantizando un modelo de desarrollo a mediano plazo, etc. 

El tema dio para mucha discusión y más de alguno hubiera esperado un nivel de disenso mucho mayor al que de hecho se dio entre los puntos de vista de los invitados al programa.  Probablemente porque casi todos han tenido experiencia en la administración pública, con lo cual su visión refleja en buena medida ese “baño de realidad nacional” al tener que diagnosticar y hacer propuestas de política pública. 

De hecho, hacia el final de la discusión se plantearon algunos grandes consensos, sobre los cuales bien valdría la pena continuar profundizando una discusión por demás urgente en el país.  Resalto dos que me parecieron fundamentales.    

En primer lugar, la necesidad de enmarcar la discusión fiscal en un acuerdo mucho más amplio que debe orientar hacia el tipo de economía y sociedad que deseamos alcanzar.  Es decir, la transformación de la estructura productiva de Guatemala.

Este consenso no es menor, pues de alguna manera es un reconocimiento de la importancia que tiene el diálogo social para identificar aquellos sectores y territorios que debieran ser promovidos con miras a generar un mayor nivel de actividad económica, que como consecuencia podría generar mayores niveles de creación de empleo y de ingresos al tesoro nacional. 

Además señala hacia la importancia que tiene la planificación de la inversión pública para aumentar su cantidad pero también su calidad; y hacia la necesidad de reconstruir las capacidades dentro del sector público para evaluar proyectos de inversión, y diseñar mejores contratos cuando las obras son ejecutadas por el sector privado.

Es al mismo tiempo un reconocimiento del valor que puede tener la descentralización, a la vez que señala la urgente necesidad de fortalecer la capacidad de propuesta a nivel municipal y departamental, para dejar de estar tapizando el país de poli-deportivos y salones de usos múltiples, y pasar a inversiones públicas más complejas que puedan tener un efecto multiplicador mucho mayor en la economía local. 

Y en segundo lugar, llamó la atención el consenso que parece estar emergiendo, no solamente entre estos cuatro analistas sino en círculos más amplios de la sociedad guatemalteca, sobre la necesidad de aumentar la participación política de caras nuevas, voces calificadas, y con manos limpias, de manera tal que se pueda sanear un poco la actividad política, hoy tan desprestigiada y devaluada.  Definitivamente la fiscalidad no puede tratarse desde una óptica exclusivamente técnica sino que debe enmarcarse en las reglas del sistema político, que también necesita ser repensado en su arquitectura básica porque simplemente ya está agotado. 

En este esfuerzo que muchos estamos haciendo por observar la coyuntura, estudiar la estructura, y tratar de hacer propuestas de política, las dos sugerencias que hacen estos cuatro economistas van ciertamente en la dirección correcta.  Inversión –privada y pública– y participación política son dos de los principales puntos de entrada para comenzar a desatar el nudo de nuestro rezago. 

Vuelta a los franceses

“(…) el trabajo de estos dos economistas franceses está motivado por el interés y la necesidad social de evitar o minimizar los efectos indeseables de la desigualdad extrema.”

Los franceses parecen haberse puesto de moda en la ciencia económica. 

Primero Thomas Piketty lanza un bombazo con su libro “Capital en el siglo XXI” en donde hace un análisis histórico de la desigualdad en los países desarrollados.  Entre muchas otras cosas, nos entrega evidencia histórica que va en contra de la tesis de Kuznets de mediados del siglo XX, la cual proponía que a medida que los países se desarrollaban la desigualdad tendría un comportamiento en forma de U invertida: aumentando en una primera fase para luego comenzar un proceso de reducción –es decir, de mayor equidad–.  Sin embargo, los datos de los últimos cincuenta años sugieren que los países desarrollados han vuelto a tener niveles de desigualdad similares a los que tenían a principios del siglo pasado.  En otras palabras, las ganancias de equidad se han esfumado.  

Luego la semana pasada nos llega la noticia que el Premio Nobel en Economía del 2014 le fue otorgado al también francés Jean Tirole por sus “análisis sobre poder de los mercados y regulación”.  Un merecido reconocimiento para un académico que durante los últimos treinta años se ha dedicado al estudio y comprensión de los mercados en los cuales predominan unos pocos oferentes (oligopolios), un punto intermedio, y por cierto mucho más realista, al análisis de libro de texto de competencia perfecta versus monopolios. 

La agenda de investigación de Tirole durante los años ochenta y noventa reviste particular importancia por cuanto coincide justamente con los años de las recomendaciones emanadas de la Economía de la Oferta –aplicada principalmente por los gobiernos de Reagan y Tatcher en Estados Unidos e Inglaterra– así como por la agenda de reforma estructural que surgió del llamado Consenso de Washington hacia finales de dicha década e inicios de la siguiente.  Eran los años en los que el gobierno estaba en franco retroceso en su participación dentro de la economía y se apostaba más bien a la capacidad de los mercados como mecanismo para alcanzar mayor eficiencia y crecimiento económico. 

Fue también en esa época que se puso de moda la economía de la regulación como reacción a muchísimos procesos de privatización de empresas estatales.  Y con ello cobraron relevancia conceptos como captura del regulador.  Sobre todo en mercados altamente especializados, en donde unas pocas firmas oferentes y el regulador manejan un nivel de información que ningún otro agente dispone, aumentando el riesgo de colusión entre ambos, a consecuencia de la capacidad de la industria de convertirse en futuro empleador del actual regulador. 

Un problema que se hace mucho más agudo en sociedades con poca institucionalidad, en donde el servicio civil no es la norma sino la excepción, donde el paso por puestos de gobierno es de muy corta duración, y donde el tamaño del mercado interno es igualmente pequeño, con lo cual los reguladores y las firmas reguladas son tan pocas que las oportunidades de desarrollo profesional y económico para el regulador son muy limitadas.   

En un cierto sentido el trabajo de estos dos economistas franceses está motivado por el interés y la necesidad social de evitar o minimizar los efectos indeseables de la desigualdad extrema.  En el caso de Piketty explicado por el comportamiento de rentas del factor capital que son mucho más altas que las del resto de la economía.  En el caso de Tirole, a partir del poder excesivo que pueden adquirir unos pocos agentes económicos en detrimento del bienestar social.  Bien por los franceses.  

El hambre que nos debiera avergonzar

“Si bien es cierto es un logro loable para China, también pone en evidencia que como humanidad no hemos sido capaces de generar procesos similares en todas las regiones.”

Así como en Washington convergen las instituciones de Bretton Woods, Roma es una suerte de “hub” agroalimentario.  Allí tienen su sede tres instituciones de las Naciones Unidas: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). 

Como es de suponer, uno de los mandatos que reciben estas instituciones por parte de sus respectivos directorios es procurar trabajar de manera conjunta tanto como sea posible.  Y parte de ese esfuerzo colaborativo es la publicación anual “El Estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo” (SOFI, por sus siglas en inglés), el cual fue presentado el lunes pasado en la sede de FAO con ocasión del 41 período de sesiones del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).   

Dentro de los principales resultados del reporte destacan los importantes avances en la reducción de la inseguridad alimentaria en el mundo durante las últimas dos décadas –para ser más precisos desde la medición de 1990-1992–.  Aún así, actualmente todavía 1 de cada 9 individuos en el planeta (805 millones de personas) se van a dormir cada día sin haber comido lo necesario. 

Evidentemente queda mucho trabajo por hacer, no solamente a nivel de apoyo humanitario sino desde una perspectiva mucho más amplia de generación de condiciones que permitan a campesinos aumentar su producción, productividad y con ello su capacidad de abastecimiento.  Después de todo, el 98% de las personas que padecen inseguridad alimentaria viven en países en desarrollo, y tres cuartas partes de dicha población habita en el espacio rural, en donde la agricultura a pequeña escala sigue siendo una de las principales fuentes de generación de ingresos y medios de vida. 

El otro rasgo que llama la atención es que, una vez más, China explica buena parte de los cambios en la inseguridad alimentaria en el mundo.  De hecho, dos terceras partes de los avances registrados desde los años noventa se explican por el desempeño de este país.  Si bien es cierto es un logro loable para China, también pone en evidencia que como humanidad no hemos sido capaces de generar procesos similares en todas las regiones. 

De hecho, mientras que el África Subsahariana ha aumentado el número de personas con hambre, América Latina aparece como una región con un éxito relativo en materia de seguridad alimentaria, aunque por supuesto existen todavía importantes grupos de población que continúan sin poder superar tal situación.

Como es de esperar en reportes de esta naturaleza, la crítica a las estadísticas no se ha hecho esperar, a pesar de que al día de hoy no tenemos otra fuente equivalente para contrastar los resultados.  De ahí la necesidad de seguir insistiendo en invertir cada vez más en generar estadísticas nacionales y perfeccionar metodologías de cálculo.  En este caso para inseguridad alimentaria, pero la misma recomendación aplica para muchas otras dimensiones del desarrollo humano. 

En un plano más general, lo interpelante es que en pleno siglo XXI, con tanto desarrollo tecnológico y capacidad de producción, almacenamiento y distribución de casi cualquier cosa, todavía tengamos que estar contando personas con hambre.  Es algo de lo que tenemos que sentirnos profundamente avergonzados.  Algo (¡o mucho!) estamos haciendo mal como humanidad.  

Si usted tiene interés en el documento lo puede encontrar en el siguiente vínculo de internet:

http://www.fao.org/publications/sofi/2014/en/.

A los futuros candidatos

“Conocer lo que piensan en lo fiscal, social y productivo nos dará ya una muy buena idea de quienes son ustedes, en qué creen, cómo piensan, y qué podemos esperar de un eventual gobierno suyo.”

Algunos probablemente pensaran que estoy arando en el mar.  Aunque así fuera creo que de todas formas vale la pena escribir esta reflexión.  Motivada por un sincero deseo de ver en mi país a una clase política con un nivel de discusión con mayor contenido, perspectiva, pero sobre todo compromiso con su sociedad.  Pero también para que quede en el record que siempre –y cada vez más– habremos ciudadanos interesados en que nuestro sistema político funcione, nuestros partidos políticos nos representen, en que surjan cada vez más expresiones de participación política plural y desde la base, y que nuestro Estado provea más y mejores servicios para todos sin excepción.      

Así que para todas las y los futuros candidatos a cargos de elección popular, pero principalmente a los que aspiren llegar a la presidencia y vicepresidencia de la República, he ido preparando una pequeña lista de preguntas. 

Primero, me gustaría conocer qué piensan hacer respecto de la debilidad fiscal crónica que padece Guatemala.  ¿Piensan hacerse de la vista gorda y solamente gestionar la crisis o hay una propuesta clara de cómo fortalecer los ingresos fiscales y la calidad del gasto público? ¿Hay en sus alforjas una reforma tributaria? ¿Qué tipo de relación piensan mantener con la banca multilateral? ¿Cuál es su posición respecto de la tributación directa? ¿Cómo piensan mejorar este tortuoso proceso de elaborar y aprobar el presupuesto nacional? 

En el campo social, ¿qué piensan hacer para mejorar la calidad de los docentes? ¿Hay posibilidades de hacer mediciones anuales del desempeño de los colegios privados y públicos, de manera tal que los padres de familia puedan hacer elecciones más informadas sobre dónde invertir en la educación de sus hijos? ¿cuál es su visión de la educación superior y su financiamiento, de la investigación y su financiamiento? Y en la salud, ¿qué podemos esperar de nuestros servicios de hospitales y centros de salud?  ¿Qué piensan hacer con el IGSS?  ¿Cómo piensan ampliar la cobertura hacia los poblados más alejados? ¿Qué entienden por protección social?  ¿Les parece que los programas de transferencias condicionadas en efectivo siguen siendo útiles? ¿Cómo diferenciarán intervenciones urbanas versus rurales?

Finalmente hablando un poco de fomento a la producción, crecimiento económico y generación de empleo: ¿Cómo creen que Guatemala podría crecer más de lo que históricamente ha crecido durante los últimos cuatro gobiernos? ¿Cuál es su visión del desarrollo rural? ¿Hay espacio para la agricultura familiar en su agenda? ¿Creen en los servicios de extensión y asistencia técnica provistos por el Estado? ¿Qué piensan de la banca de desarrollo? ¿Cómo creen que se pueden generar más empleos formales para absorber a toda esa masa de jóvenes que anda pululando entre la informalidad, la migración y el subempleo?

Eso sí, para todo lo anterior, les agradecería una respuesta concreta.  Es decir, con indicadores que nos sirvan a todos los ciudadanos para poder medir su nivel de cumplimiento y compromiso real con la transformación de Guatemala. 

Sé que hay muchas otras cosas de las que podemos conversar, pero por ahora creo conocer lo que piensan en lo fiscal, en lo social y en lo productivo, nos daría ya una muy buena idea de quienes son ustedes, en qué creen, cómo piensan, y qué podemos esperar de un eventual gobierno suyo.  Y como falta casi un año para la primera vuelta electoral, pues no tienen excusa de que el cuestionario los tomó por sorpresa.  Seguramente tendrán muchísimas horas tarima y varios foros y debates en donde tendrán ocasión de abordar estos y otros temas. 

Sepan que los estaremos observando con lupa.  Que haremos un escrutinio de cada una de sus palabras, y que seguramente volveremos con más preguntas y críticas.  Nuestro trabajo como ciudadanía y votantes es interpelarlos, y el de ustedes como futuros solicitantes de empleo en el gobierno es respondernos. ¡Ojalá alguno nos convenza!    

El gigante y su cola

“Después de haber pasado por períodos de autoritarismo político y volatilidad macroeconómica, finalmente parece haber encontrado la fórmula para crecer, incluir y estabilizar.”

Un gigante siempre se hace notar por su tamaño.  Y si tiene cola con mucha mayor razón.  Cualquier cosa que haga, cualquier reacción brusca que tenga, se hace sentir en su entorno.  Algo así sucede ahora con Brasil, el gigante latinoamericano que desde hace ya década y media nos ha mantenido con la atención puesta sobre su sistema político y desempeño económico.    

El gigante tiene el cuerpo más grande de todos nosotros.  Es la primera economía y tiene el mercado interno más grande de toda América Latina.  Después de haber pasado por períodos de autoritarismo político y volatilidad macroeconómica, finalmente parece haber encontrado la fórmula para crecer, incluir y estabilizar.  

Su creciente clase media –cada vez más exigente de bienes públicos de calidad–, el proceso de reducción de la pobreza y el cierre de brechas entre los más ricos y los más pobres constatan que han tomado muchas decisiones correctas.  Su política social se convirtió no solamente en una inmensa red de protección sino que además se podía conjugar con el poderoso músculo del Estado para generar actividad económica en los estratos más bajos de la población. 

Así da cuenta el uso de su política de fomento productivo, la cual ha dado un espacio importante a la agricultura familiar como actividad económica viable.  También hay que decir que como pocos, el Estado brasileño puede darse el lujo de montar programas de una escala tal que generen una demanda interna suficiente para dinamizar a productores pequeños que de otra manear no tendrían mayor espacio de inserción económica y progreso.  De cualquier manera, es un caso de cómo el mercado interno puede jugar un papel estabilizador e igualador en momentos en que el contexto internacional está agotado o incierto. 

Pero a ese gigante también le creció junto al cuerpo una cola grande.  Que se explica por esa misma estabilidad política y crecimiento económico logrados durante los últimos años, y por la cada vez mayor interdependencia económica que experimenta el mundo de hoy.  Así, estabilidad, crecimiento  e interdependencia le han permitido al Brasil hacer un uso muy efectivo de su gran escala para aumentar su influencia en la arena internacional.    

De allí que un movimiento brusco del gigante se hará sentir en su entorno inmediato y quizás más allá.  Así nos lo indican temores de una eventual derrota del PT y el efecto que podría tener en la naturaleza del Mercosur y sus países miembros, reconvirtiéndolo de unión aduanera a simple zona de libre comercio. 

O en los mercados financieros que también están pendientes de lo que pase allá abajo, tal y como se observa con la volatilidad que ha tenido en los últimos días, con subidas y bajadas de la bolsa –especialmente las acciones de Petrobras–, así como con un alza en el precio el dólar.  Pero también en las tensiones que se dejan sentir sobre temas como autonomía de la banca central, control de la inflación, o disciplina fiscal en momentos de desaceleración. 

La elección presidencial del próximo domingo reviste toda esta significancia.  ¿Cómo se moverá el gigante y cómo arrastrará la cola?¿Será el PT capaz de seguirse pensando y ofreciendo a un electorado como el proyecto político de mediano plazo, o tendrá que ceder el timón a una mujer apoyada por el partido socialista?  Esas son algunas de las preguntas que los brasileños y el resto nos hacemos en los últimos días.      

A los muchachos de la derecha

“(…) con tanta desigualdad no hay democracia que funcione, ni paz que dure, ni economía que prospere.”

Como si fuera cuestión de moda, algunas de las plumas calificadas de la dilecta derecha guatemalteca continúan repitiendo una y otra vez que el problema no es la desigualdad sino la pobreza.  Además, los muchachones también siguen repitiendo que los que procuramos sociedades más equilibradas en la distribución de oportunidades y retribuciones al esfuerzo individual solamente queremos repartir pobreza y asfixiar la inversión, la iniciativa personal y la prosperidad económica.  Peor aún, algunos de ellos piensan que el discurso de la equidad en el país es oportunista porque se monta en una ola mundial.

No muchachos, no es cuestión de moda.  Tampoco es cuestión de que se nos acabó la tinta o se nos agotó el discurso.  ¡No, no y no!  Es que los efectos nocivos de la desigualdad extrema están a la vista.  La evidencia dura la tienen en la punta de sus narices, en expresiones como los movimientos sociales surgidos en Europa, Estados Unidos, y de paso también en países en desarrollo –Chile, Brasil, México y otros tantos más en la región–, todos reclamando lo mismo: oportunidades mejor distribuidas y más empleos para jóvenes. 

Pero también lo pueden ver en la evidencia de Estados que no se logran desarrollar ni cumplir con su papel, porque al no haber pesos y contrapesos suficientes caen irremediablemente en la captura y la opacidad; en economías que crecen más lentamente y de manera más errática cuando son más desiguales; en sociedades –desarrolladas y en desarrollo por igual– que no terminan de salir del bache después de 7 años de aquella profunda crisis del 2008, porque la productividad no crece debido a que las oportunidades no existen para una amplia mayoría que la podría hacer crecer de manera sostenible. 

La desigualdad extrema, así sea exclusivamente por mérito propio, es mala para la sociedad, independientemente del nivel de ingreso de las personas –es decir, el problema no es solamente pobreza–.  Desigualdad extrema es la manifestación de un contrato social disfuncional, que olvida al ciudadano por privilegiar al consumidor.  Desigualdad extrema crea un sentido de lejanía entre individuos que tienen que convivir en un mismo espacio territorial y se sienten muy diferentes entre sí.  Desigualdad extrema reduce las posibilidades de diálogo social, horizontal y balanceado, simple y sencillamente porque los pocos que tienen todo las llevan todas consigo: dinero, influencias, información, jueces, capacidad de compra, influencia en instituciones, guardaespaldas, políticos, gobiernos, todo de todo. 

La desigualdad extrema crea condiciones para burdos acarreos de gente, para que asistan a remedos de mítines políticos en donde se proclaman candidatos sin contenido ni agenda, porque no hay una masa crítica que pueda forzar una discusión distinta.  La desigualdad extrema favorece excesos de parte de funcionarios que, creyéndose concentradores absolutos del poder, lo usan para enriquecerse vertiginosa, descarada e ilícitamente, y sin que nadie pueda ponerles coto.  La desigualdad extrema alimenta desesperación, arrincona las posiciones moderadas del diálogo social y exacerba discursos radicales tanto de derecha como de izquierda, porque no permite que la movilidad social actúe como válvula de escape.  La desigualdad extrema limita y empobrece el juego político en democracia, y lo reduce a expresiones que son tan simples como ridículas –si no me cree dese una vuelta por el cartón de lotería que se está cuajando para dentro de un año–.

No se trata de asustar con el petate del muerto, como intentan hacerlo algunas plumas de derecha, cuando vuelven y nos repiten una y otra vez su misma letanía.  Es que con tanta desigualdad no hay democracia que funcione, ni paz que dure, ni economía que prospere.  Y todo eso: democracia, paz y economía próspera, son necesidades urgentísimas en Guatemala. 

Pero no importa muchachos, si les tenemos que recordar una y mil veces cosas como estas, aquí estamos varios para servirles, las veces que haga falta.  Porque cada vez más les tocará prestar la guitarra, para que en Guatemala ya no se escuche solamente su versión del corrido. 

¿No más viento en cola?

“(…) ¿y todas estas macro tendencias por qué parece que nos son tan ajenas en Guatemala? ¿Nos aplica el mismo diagnóstico?”

La última edición de la revista The Economist hace un interesante análisis sobre convergencia económica mundial en el cual básicamente plantea que después de muchos años de bonanza y viento en cola en el mundo en desarrollo, con la reducción en tasas de crecimiento en países en desarrollo, la historia del “catch up” comienza a perder tracción.  En otras palabras, las vacas gordas enflaquecieron y con ello la ilusión de poder cerrar la brecha que nos separa de los países industrializados algún día más o menos cercano se vuelve a alejar.  

Pero además de la tesis y evidencia empírica que presenta el artículo, la nota es un buen repaso por las diferentes teorías de crecimiento que los economistas hemos manejado durante los últimos 60 años.  Desde la idea de la convergencia “a secas” entre países desarrollados y en desarrollo, pasando por versiones más cualificadas como la convergencia condicional –definida por niveles similares de capital humano  e inversión–, el papel que juegan las instituciones –en los países en desarrollo con una lógica más bien extractiva versus instituciones en países desarrollados que ven por el interés de la mayoría–, y el papel que juegan variables como el clima y la ubicación geográfica en el desempeño general de las economías.  

Volviendo al argumento central, la explicación que da para los años de prosperidad y dinamismo es una conjunción de factores: reformas de mercado implementadas en muchos de los países en desarrollo durante los años noventa, macroeconomías estables, bajas tasas de interés, altos flujos de capital, crecimiento en los precios de commodities (hecho favorable para economías dependientes de recursos naturales), intensificación del comercio global e innovaciones tecnológicas que permiten ahora cadenas de suministro más largas y complejas entre regiones y países.   

Para terminar, la nota deja plantadas lo que yo considero un par de provocaciones a analistas y hacedores de política.  La primera tiene que ver con el papel central que alguna vez se le dio al desarrollo del sector manufacturero y que en apariencia pierde dinamismo cada vez más.  Es decir, desarrollo ya no significa industrializarse sino movilizar trabajadores desde la agricultura hacia ocupaciones en centros urbanos y en el sector servicios. 

La segunda provocación la sentí casi como golpe bajo cuando leí esta frase: (sic) “muchas de las economías que se beneficiaron menos de esta última ola de convergencia son casos duros, donde la infraestructura está menos desarrollada, los gobiernos son muy corruptos, y la seguridad básica es una preocupación constante”.  (Por un momento me dieron ganas de voltear a ver hacia otro lado, pero no tenía hacia dónde más ver). 

Por supuesto que como ciudadano de un país pequeño con una economía abierta y una sociedad muy compleja, la pregunta que me hago cada vez que leo este tipo de reportes mundiales es: ¿y todas estas macro tendencias por qué parece que nos son tan ajenas en Guatemala? ¿Nos aplica el mismo diagnóstico? ¿por qué durante las últimas dos o tres décadas no hemos sido capaces de detonar nuestro propio proceso de convergencia con otras economías más desarrolladas, aunque sea por períodos cortos de tiempo? ¿Será que equivocamos la secuencia de reformas y medidas de política que debemos implementar para generar mayores y más prolongados niveles de crecimiento económico y desarrollo social? ¿Por qué nuestras elites no discuten y reflexionan más sobre tales temas?    

Pensé también en lo oportuno que sería forzar desde la sociedad civil a nuestra clase política en contienda para que nos den su lectura de estas tendencias y nos hablen de su estrategia de crecimiento económico en caso lleguen a hacerse del poder político en el próximo ciclo.  Tienen menos de un año para intentar responder, señoras y señores candidatos.  Quedamos a la espera.

Frenesí de alimentación

“Este es un ejemplo más de cómo los problemas que ocasiona la desigualdad no son cuentos teóricos ni trasnochadas de ideólogos sin cable a tierra.”

En una pequeña librería (Westminster Books) de una pequeñita ciudad (Fredericton) de un gran país (Canadá) me topé con este libro de Paul McMahon: Frenesí de alimentación.  Al hojearlo comienzo a descubrirlo, me engancho y, como suele suceder, termino comprándolo.  Es uno de los muchos títulos que pueblan la literatura sobre sistemas alimentarios, crisis de precios de alimentos, y todas las visiones que han (re)aparecido recientemente.

En esta discusión sobre el futuro de la producción de alimentos en el mundo hay dos bandos: los neomalthusianos apocalípticos que ven como única solución diezmar la población para que alcance el pan y el vino para todos, y los cornucopias devotos de la infinita capacidad humana para encontrar nuevas formas de producir cada vez más y así satisfacer las necesidades de una creciente población mundial.  Esos son los extremos, los polos del debate.  En medio nos situamos la gran mayoría, pues casi todos estamos conscientes de la necesidad de cambiar la manera de producir, distribuir y consumir alimentos.  Algunos por convicción y otros por simple pragmatismo: los precios del petróleo y de los principales commodities así como cambios en el clima nos están orillando a hacer un alto en el camino.       

Pero cualquiera sea la visión del problema, el diagnóstico casi siempre se refiere a dos elementos fundamentales: la dotación diferenciada de recursos naturales y las marcadas diferencias (desigualdades) en productividad que existe entre países y regiones del mundo para la producción de alimentos. 

Dicho esto, no voy a cometer el crimen de querer sintetizar aquí el libro.  Primero porque no se puede y segundo porque creo que no hay nada como leerlo uno mismo y formarse su propia opinión.  En lugar de eso lo voy a provocar a usted, amigo lector, con esta escandalosa comparación entre dos agricultores del siglo XXI, uno viviendo en Estados Unidos y el otro en África. 

“El agricultor americano maneja un tractor de 300 caballos de fuerza, planta semillas genéticamente modificadas, usa tecnología de posicionamiento global satelital para aplicar fertilizantes y administra una finca que se mide en cientos de hectáreas.  En contraste, cuatro quintos de todos los agricultores en el África Subsahariana solamente utilizan herramientas manuales, incluyendo un tipo de arado, porque ni siquiera pueden comprar bueyes, mucho menos tractores.  Plantan semillas de bajo rendimiento, hacen poco uso de fertilizantes industriales y típicamente utilizan la técnica de roza tumba y quema para restaurar la fertilidad de la tierra.  La granja promedio es de dos hectáreas, es decir, aproximadamente el tamaño de tres campos de futbol.  El sistema agrícola típico en África no se vería fuera de lugar en la Europa de la Edad Media o entre la población Bantu hace dos mil años”.     

Este es un ejemplo más de cómo los problemas que ocasiona la desigualdad no son cuentos teóricos ni trasnochadas de ideólogos sin cable a tierra.  Tienen manifestaciones muy concretas y consecuencias no solamente a nivel individual, sino entre países, regiones e incluso a nivel mundial.  

Condiciones de vida tan desiguales son ética, política, social y económicamente inaceptables, y no hacen sino reforzar el argumento de todos aquellos que propugnamos por sociedades más igualitarias, en donde las brechas entre los que tienen acceso a todo lo mejor y aquellos otros que no tienen ninguna opción para subsistir solamente tienen una alternativa: ¡cerrarse!     

Institucionalidad y tecnocracia

“(…) históricamente el país ha sido muy institucional en la forma de nombrar a sus representantes ante los distintos Directorios de estas instituciones.  No han sido posiciones de botín político.”

Guatemala tiene muchos problemas.  Varios de ellos estructurales y por tanto sin mucha perspectiva de solución inmediata.  De eso hablamos casi a diario académicos, columnistas, activistas, empresarios, políticos, obreros, todo mundo.  Algunos para hacer leña del árbol caído o simplemente para jalar agua a su molino.  Otros tratando de aportar alguna que otra idea fresca que ayude a salir del atraso.  Por ratos los gobiernos nos prestan atención, y muchas veces –¡demasiadas quizás!– simple y llanamente eligen mirar hacia otro lado como que no es con ellos.  Más no por eso hay que dejar de decir las cosas, buenas y malas.  Al final, de eso se trata el diálogo social en democracia. 

Afortunadamente también hay experiencias muy positivas que orientan y estimulan al cambio.  En el sector público existen burócratas convencidos de su función social.  Hay islas de eficiencia con muy alto desempeño técnico, cosa que ha sido reconocida incluso a nivel internacional. 

Un ejemplo de ello es la representación que históricamente ha tenido el país ante organismos financieros internacionales como BID, BCIE, FMI, BM, y de análisis económico regional como la CEPAL.  En todas estas instituciones se han destacado economistas guatemaltecos de muy alto calibre como María Antonieta de Bonilla, Johny Gramajo, Edgar Balsells, Anaí Herrera, Erick Coyoy, Luis Alejos, Gert Rossenthal, Hugo Beteta, y Juan Alberto Fuentes, por citar unos cuantos ejemplos que me vienen a la mente en este momento. 

Todos ellos hacen parte de una tecnocracia bien formada y con muchísimo sentido de compromiso con su país.  Y aunque si les preguntásemos sobre sus visiones del desarrollo seguramente encontraremos posiciones diferentes, la calidad de su trabajo y su preparación técnica han permitido que Guatemala sea reconocida ante la banca multilateral como un pequeño país con dos cualidades fundamentales. 

Primero, históricamente el país ha sido muy institucional en la forma de nombrar a sus representantes ante los distintos Directorios de estos organismos.  No han sido posiciones de botín político.  Y segundo, la capacidad técnica ha tratado de primar siempre por sobre cualquier otra consideración.  Los pergaminos de todos estos servidores públicos guatemaltecos están a la vista de cualquiera.

Estas dos características, de suyo importantes, lo son aún más en países como Guatemala, que tienen una aportación de capital muy modesta en la banca multilateral.  De manera que no es sino la fuerza de las ideas y la capacidad técnica de sus representantes la principal herramienta para hacer escuchar la visión de economías pequeñas y sociedades complejas como la nuestra.   

Hago toda esta reflexión porque he escuchado rumores sobre posibles cambios en nuestra representación ante uno de dichos bancos regionales.  Y por lo mismo me parece que es importante llamar la atención de las autoridades de turno –principalmente del ministro de finanzas y del presidente del Banco de Guatemala, en su calidad de Gobernadores de dichas instituciones– sobre la importancia de mantener una tradición de alta tecnocracia, bien preparada y conocedora de los temas que ocupan a la banca de desarrollo multilateral. 

Lo que debe prevalecer es una posición institucional, criterios estrictamente técnicos y meritocráticos de selección dentro de nuestros mejores cuadros de economistas –que dicho sea de paso, ¡los hay de sobra en Guatemala!–.

La península Acadiense

“(…) un contrato social que no imponga la asimilación por mezcla y mestizaje, sino más bien el respeto y la celebración de las diferencias como fórmula de cohesión social.”

La última semana estuve recorriendo una parte de Canadá de la cual se habla poco: la provincia de New Brunswick.  Con una extensión de poco más de 70 mil kilómetros cuadrados no llega a ser ni el uno por ciento del territorio nacional.  Las guías de turismo la llaman “la provincia de paso” (drive through province) pues mucho del flujo turístico que se desplaza desde el oeste del país pasa de largo a través de New Brunswick hacia la costa este en donde están las provincias de Prince Edward Island y Nova Scotia.     

Pero la otra gran característica de New Brunswick es su composición etnocultural.  Allí coexisten algunas poblaciones nativas con una mayoría anglófona y una minoría francófona.  Estos últimos – el pueblo Acadiense – hoy se concentran en la parte nororiental, región que ellos mismos llaman “la península”, en donde han permanecido desde hace ya un par de siglos. 

Aunque los Acadienses son una población de descendencia francesa, se consideran a sí mismos distintos del resto de población francófona que habita en la provincia de Quebéc, con lo cual de facto constituyen una minoría dentro de la provincia y del país.  Esto los obliga a hacer un esfuerzo enorme por mantener viva y recrear su cultura, su lengua, sus costumbres y tradiciones.  La lucha por preservar su identidad ha sido muy larga y no siempre pacífica. 

Ellos encarnan el esfuerzo de una minoría occidental que exige a un Estado occidental el reconocimiento de sus derechos económicos y culturales.  Es decir, un contrato social que no imponga la asimilación por mezcla y mestizaje, sino más bien el respeto y la celebración de las diferencias como fórmula de cohesión social.  Este esfuerzo ha rendido sus frutos, pues hoy son la única provincia de toda la federación canadiense que es constitucionalmente bilingüe (francés e inglés). 

Lo que sucede en New Brunswick para mí fue muy aleccionador pues como latinoamericano estoy mucho más acostumbrado a que un discurso de este tipo provenga de las poblaciones nativas.  Palpar esta tensa dinámica política y social entre dos poblaciones occidentales, y en un país que se proyecta como modelo de convivencia pacífica, me recordó que la lucha por los derechos de las minorías también aplica entre blancos.       

Al final pensé que aún en países tan desarrollados y progresistas como Canadá el cambio social tiene dos ingredientes fundamentales.  Primero, la exigencia permanente, sistemática y firme de las minorías para que sus demandas sean escuchadas y atendidas.  Sin esta fuerza social probablemente ya habrían desaparecido, engullidos por una mayoría anglófona.  Y segundo, el papel esencial que tiene el Estado para mantener las diferencias y utilizarlas en favor de la sociedad en general, aún y cuando ello implique un gasto público mucho mayor que el que seguramente tendrían en condiciones monoculturales y monolinguísticas.

Países multiétnicos, pluriculturales y multilingües como Guatemala tienen mucho que aprender del y compartir con el pueblo Acadiense.  De ese proceso histórico de lucha y progreso se pueden extraer lecciones que nos pueden servir para plantear formas alternativas de diálogo social y relacionamiento entre el gobierno y sus minorías.  

Entre asfalto y bonos

“Hay esencialmente dos campos.  Uno que cree que todo el desmadre se corrige a punta de kilómetros de asfalto y promoción de la inversión privada sobre la base de privilegios fiscales.  Y el otro que piensa que el Estado tiene que redistribuir dinero en efectivo, láminas y ponchos, y financiarse con reformas fiscales y-o préstamos internacionales...”

La campaña comenzó.  No hay que ser brujo ni tratar de tapar el sol con un dedo.  En realidad lo hizo hace meses para algunos, y hace años para otros.  Y la rueda seguirá girando igual que siempre: con alguna que otra cara nueva en el cartón de lotería, otros haciendo cola y otros queriendo saltarse etapas.  Así funcionan los incentivos de nuestra incompleta democracia.  Algún día –ojalá pronto– tendremos que darle una segunda vuelta de tuerca y reformar para poner nuestro sistema político y contrato social a tono con los tiempos modernos.  Para salir del atraso hay que hacer que tanto el diagnóstico como la prescripción evolucionen.

El diagnóstico a los problemas estructurales del país sigue vigente desde hace varios años.  Aun desde antes del largo y doloroso capítulo de la guerra los nudos ciegos estaban ya puestos en casi los mismos sitios donde siguen estando: imposibilidad de recaudar impuestos e invertirlos con eficiencia, intransigencia e intermitencia de las elites al diálogo social, aguda desnutrición que hipoteca permanentemente nuestro futuro, pobreza generalizada y altos niveles de desigualdad, baja productividad de los factores de la producción –no solamente del trabajo, sino también del capital–, y una institucionalidad muy primaria. 

Por el lado de la prescripción, lo curioso es que la lectura de los políticos de turno para la solución a los problemas también sigue bastante invariable.  Hay esencialmente dos campos.  Uno que cree que todo el desmadre se corrige a punta de kilómetros de asfalto y promoción de la inversión privada sobre la base de privilegios fiscales.  Y el otro que piensa que el Estado tiene que redistribuir dinero en efectivo, láminas y ponchos a las poblaciones más pobres y financiarse con reformas fiscales y-o préstamos internacionales.                   

Palabras más, palabras menos esta es la caricatura de las soluciones que se ofrecen.  Por supuesto que ni unos ni otros lo dicen abiertamente, sino que ofrecen y prometen el oro y el moro.  Pero a la mera hora de rajar ocote es que sale a luz pública (¡en el gasto público!) en donde tienen las convicciones. 

En todo esto, seguridad, justicia e instituciones siguen siendo los patitos feos de este guate-cuento.  Nadie les para mucha pelota realmente, salvo cuando hay algún escándalo o posible botín político en períodos de comisiones de postulación de esto o aquello.  Tal actitud se entiende solamente desde una lógica estrictamente electoral y-o de negocio con el Estado . 

En el mejor de los casos, cuando se mira al ejercicio del poder como una experiencia finita (48 meses nominales), no hay mucho tiempo que perder en acciones que no reditúan cuasi de inmediato porque son prácticamente invisibles ante los ojos del votante medio.  En un escenario más oscuro, porque el botín que ofrece una institucionalidad débil es mucho mayor.  En ambos casos a todo el resto nos toca amolarnos, aunque seamos usufructuarios y dolientes directos de un sistema que nos deja a merced del sicario más próximo. 

Pero vuelvo y me repito: las transformaciones que no se ven hoy pero que se sienten mañana van a paso de caracol y desesperan a los barones de la tarima.  Así que no nos hagamos muchas ilusiones.  Al menos no en estas elecciones ni en las siguientes.  Me temo que por un tiempo habrá que conformarse con cuatrienios que seguirán penduleando entre el asfalto y los bonos, y todo lo demás continuará ceteris paribus.  

El poder sin razón

“(…) lo relevante de toda esta discusión es el divorcio entre el trabajo que pueda desarrollarse desde la arena técnica, con fundamentos y razones, versus el discurso que finalmente utiliza el político y la desproporcionada cobertura de medios que recibe uno y otro.”

La columna de Paul Krugman del último fin de semana en el New York Times me hizo recordar los años de estudiante de doctorado.  Aquellos días en que ferozmente debatíamos en el aula con el profesor Glenn Fox sobre la metodología que siguen las distintas escuelas de pensamiento económico para validar el conocimiento. 

Krugman hacía referencia a las encuestas de la Initiative on Global Markets que realiza la universidad de Chicago, y el aparente consenso general que hay entre especialistas cuando se les consulta sobre distintos temas económicos, aún y cuando todos ellos provienen de diferentes escuelas de pensamiento y orientaciones políticas.  La última fue sobre el paquete de estímulos del presidente Obama y sus efectos sobre el empleo, en donde curiosamente todos con excepción de uno respondieron que dicho plan había reducido el desempleo. 

Entonces ¿cuál es la gritadera?  ¿Por qué los medios pintan una realidad tan dividida? El problema es que los incentivos que mueven a los políticos son muy diferentes.  Aquí parece que la racionalidad de los científicos sociales cuenta muy poco –a veces nada–.  Lo que domina son otras cosas: titulares en prensa, ideología, cabildeo de grupos de interés, el ciclo político, cuando no la simple corrupción.   O sea, ¡política y razonamiento económico no tienen nada que ver pues! 

Pensé entonces en mi país versus ese otro gigante del norte y en qué tan similar es nuestra fauna política versus aquella.  Al parecer, salvando distancias y escalas, en los principios fundamentales no hay mucha diferencia. 

Tanto allá como aquí al funcionario de turno no se le puede medir ni evaluar de inmediato por la consecuencia de sus decisiones.  En Guatemala con el agravante de que al no haber posibilidad alguna de relegirse, los equipos de gobierno prácticamente no tienen por qué preocuparse por procurar ningún tipo de transformación de fondo, sustantiva, estructural.  Hay sus excepciones, por supuesto, pero más movidas por convicción o interés personal, según sea el caso.

Así, el juego político se convierte casi por completo en un manejo de percepciones y-o escándalos.  En la medida que la población “perciba” que tal o cual funcionario hace bien su trabajo, en esa medida estará satisfecha.  Solamente los escándalos, institucionales o personales, pueden dar al traste con la carrera política de esa elite política.  Y ni siquiera eso, pues hay sobrados ejemplos de personajes capaces de desaparecer por un tiempo y volver a la escena reinventados y frescos como que si nada.

Pero lo relevante de toda esta discusión es el divorcio entre el trabajo que pueda desarrollarse desde la arena técnica, con fundamentos y razones, versus el discurso que finalmente utiliza el político y la desproporcionada cobertura de medios que recibe uno y otro. El político tiene un discurso que por definición es coyuntural y por tanto efímero en sus mensajes.  Que no necesita ser coherente porque es de una superficialidad y generalidad tal que le permite siempre lavarse la cara mediáticamente ante cualquier metida de pata. 

Sin embargo, mientras eso sucede, el descontento y el descrédito hacia la acción pública y política aumentan, por una parte, y la capacidad de propuesta de especialistas se desperdicia, por la otra. 

Urge entonces pensar en maneras de hacer responsables a funcionarios públicos, no solamente por la honradez en su gestión, sino también por la coherencia y racionalidad de sus propuestas.  En otras palabras, reconectar a la clase política con la reflexión que emana de especialistas alojados en la academia y centros de pensamiento.  Y hacerlos corresponsables a unos y otros por las soluciones que propongan. 

De otra manera seguiremos ejerciendo el poder sin razón, o lo que es igual, vetando a la razón el acceso al poder.       

De informal a formal

“La transformación real solamente podrá venir de mejoras significativas en la principal materia prima con que contamos: las y los guatemaltecos, sean estos gerentes o colaboradores de una empresa.”

La informalidad en nuestros mercados laborales generalmente es vista como algo indeseable.  Y en un sentido probablemente lo sea.  Todos sin excepción buscamos un espacio en la sociedad en donde podamos hacer algún aporte, sentirnos útiles, y hacernos de manera autónoma de los medios económicos suficientes para poder atender nuestras necesidades y las de los nuestros.  Es por ello que los especialistas definen el trabajo como el medio de integración social por antonomasia.  

Sin embargo, la realidad en la gran mayoría de países en desarrollo es muy distinta a esa aspiración.  Aquí hay un buen número de personas que no logran una inserción laboral con calidad ni estabilidad.  Año a año hay generaciones nuevas de jóvenes que entran a competir a un mercado laboral que es incapaz de asignarlos según sus capacidades y remunerarlos según su productividad. 

Esto a la larga genera efectos indeseables a todo nivel.  En el plano personal, genera mucha insatisfacción y frustración pues el pasar de las aulas a un empleo productivo y bien remunerado se convierte en un salto mortal, que de hecho sucede mucho menos de lo que pensamos.  Y en el plano social no es difícil imaginar cómo la acumulación de historias individuales como estas van fermentando un desasosiego y desilusión hacia un sistema que no cumple con su promesa: remunerar el esfuerzo individual.  ¿En dónde se rompió la cadena de transmisión?

La respuesta es compleja.  No hay explicación ni receta únicas.  Lo que tenemos son algunas hipótesis posibles que tienen que ver con el nivel de carga impositiva, contribuciones a la seguridad social y demás regulaciones que puedan existir en los mercados laborales.  Es decir, un conjunto de “desincentivos” a la generación de empleo formal.

En el caso de Guatemala esta es solamente una parte –quizás la menos importante, por cierto– de la historia.  En este país los niveles de tributación y de contribuciones a la seguridad social continúan siendo bajos en comparación con otras economías de tamaño y características similares.  De manera que es muy poco plausible cargar demasiado la mano en esa dirección.    

Entonces probablemente la historia tenga que ver con otros factores, como por ejemplo la capacidad gerencial real con que contamos en la economía nacional y la calidad del capital humano que está acumulando la fuerza laboral.  Ambos son factores que determinan la productividad y la generación de empleos formales.  El primero –capacidad gerencial– porque permite identificar oportunidades de negocio, de adopción de tecnología y de generación de innovaciones y valor agregado; y el segundo –capital humano– porque condiciona el tipo de actividad productiva que se puede realizar, la movilidad de la fuerza de trabajo y sus posibilidades de reconversión ante cambios en la estructura económica del país.  

En ambos casos es el factor humano el que estaría operando como la principal restricción al crecimiento, a la productividad, y con ello a la posibilidad de generar más empleos formales (estables y de calidad). Allí está el nudo ciego y por allí habría que comenzar cualquier estrategia de empleo formal a mediano plazo.  En un país como este, mirar a las regulaciones y al nivel de impuestos puede ser importante, pero ciertamente no lo más importante.  La transformación real solamente podrá venir de mejoras significativas en la principal materia prima con que contamos: las y los guatemaltecos, sean estos gerentes o colaboradores de una empresa. 

Aunque, en honor a la verdad, también hay que decir que todas estas discusiones tienen muy poco asidero empírico en Guatemala.  El estudio de los mercados laborales no ha sido una prioridad en la agenda gubernamental, ni siquiera de los centros de investigación y academia, en donde se esperaría encontrar reflexiones más acabadas sobre problemas estructurales que inhiben un proceso de desarrollo más vigoroso e incluyente.  Vuelvo a arrojar el guante…