Comunicar desde la base, escuchar desde el poder

“Muchas de estas ideas que hoy están asumidas en buena parte de la región, hace tan sólo diez o quince años atrás sonaban a bicho raro.”

No es fácil imaginar cómo sectores que tradicionalmente han estado al margen de los centros de toma de decisión puedan construir espacios estables de diálogo político para hacerse escuchar.  Lo normal es pensar que son la movilización social y medidas de hecho las forma más comunes de sentar a la mesa al gobierno, sobre todo en países altamente desiguales y-o institucionalmente débiles.  

Pero no siempre tiene que ser así.  Basta con alargar la mirada al cono sur para toparse con experiencias interesantes y muy aleccionadoras.  Una de ellas es la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur. 

Este último par de días tuvo lugar en Montevideo un seminario subregional titulado “Impacto del diálogo sobre políticas públicas para la agricultura familiar en América Latina y Caribe”.  Allí se dieron cita protagonistas de un esfuerzo que tiene ya más de una década y que ha sido un ejemplo de buena práctica de diálogo político para posicionar agenda y demandas de un sector de población históricamente relegado: los campesinos.

La historia es fascinante.  Escuchar cómo evolucionaron en sus análisis y discusiones, comenzando por cómo conceptualizar a la agricultura familiar; cómo operacionalizar el concepto en términos de políticas públicas; cómo quebrar la visión hegemónica que se tenía hasta ese momento, que insistía en la idea de una sola agricultura con dos tipos de productores (eficientes e ineficientes); cómo lograron hacer entender a sus gobiernos que se necesitan políticas diferenciadas porque no es lo mismo agricultura comercial que familiar, y cómo construir institucionalidad y asignar presupuestos públicos para atenderlos. 

Muchas de estas ideas que hoy están asumidas en buena parte de la región, hace tan sólo diez o quince años atrás sonaban a bicho raro.  Pero hoy los agricultores familiares en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay cuentan con un punto de partida, una masa crítica de instrumentos –ministerios, secretarías, registros de agricultores familiares, esquemas de asistencia técnica, crédito, seguros agrícolas, programas de compras públicas, etc.–.  Han logrado articularse, movilizarse, incidir y ganarse un espacio en el debate político nacional, y sus gobiernos han asumido el reto de integrarlos en su visión de desarrollo rural. 

Es verdad que la REAF nació en un momento particular.  El Mercosur se conformaba, había interés y entusiasmo para construir institucionalidad, altas expectativas y mucho optimismo.  Los gobiernos de entonces tenían una afinidad político-ideológica suficiente para avanzar con relativa celeridad ciertos procesos y lograr consensos regionales.  Además, existía Brasil como país de mucho peso geopolítico, con una visión clara de la agricultura familiar, y una disposición política del gobierno de Lula a poner esa idea en juego fuera de sus fronteras.     

Los resultados están a la vista.  Hay mucha complementariedad entre la política social y la productiva en el sector rural, la pobreza y desigualdad disminuyen y los gobiernos le han hecho un espacio en su organigrama y prioridades a los campesinos. 

Ahora bien, la pregunta para los que vemos esta experiencia desde fuera es ¿será posible replicar esta historia? ¿cómo hacerlo en países con institucionalidad regional y nacional mucho más débil? ¿cómo hacerlo sin un país con el peso, influencia y liderazgo que ejerce Brasil? 

En el caso de Centro América se podría pensar en un socio mayor (México) que marcara ritmo y pauta, como sucedió en el caso del cono sur.  El problema es que el modelo de desarrollo rural seguido por nuestro vecino del norte es conceptualmente distinto.  Probablemente explicado por su vecindad con Estados Unidos, pero también por la estructura de tenencia de tierra (ejidal), distinta de la que hay en el istmo centroamericano. 

Sin embargo, a pesar de la unicidad de los procesos sociales, una lección que sí podemos sacar los centroamericanos es que el diálogo político puede ser un instrumento efectivo para comunicar desde la base y escuchar desde el poder. 

Prensa Libre, 18 de abril de 2013.
 

Vacío ideológico y subdesarrollo

“Justamente lo opuesto a lo que países desarrollados han logrado, y que explica sus mayores niveles de bienestar: capacidad de pensar el mediano y largo plazos y cohesionarse socialmente.”

Para el ciudadano de a pie, ese que tiene que lidiar cada poco con el robo de su celular, con el aumento del pan francés, el litro de leche, y el precio del menú Campero para sacar a los patojos a pasear los domingos, las ideologías políticas son algo tan ajeno e irreal como Narnia o el Sandokan de Emilio Salgari.  No puede importarle menos, porque siente – y quizás con razón – que las ideologías no ayudan a resolver lo cotidiano.  Peor aún, para buena parte de los guatemaltecos, la palabra viene asociada con la noción de conflicto. 

Si a eso sumamos el nivel de debate tan primario que tenemos en el país, me temo que las ideologías políticas hoy día ya no le sirven ni a los estudiantes de ciencia política – válgame la caricaturización, por supuesto.  Como sea, persisten dos preguntas de fondo: ¿pasa algo si vivimos sin ideologías? ¿podemos promover el desarrollo en tales condiciones?

Según el diccionario de la Real Academia Española, ideología se define como el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.  Es decir, son eso que nos permite calibrar la propuesta de una persona o grupo, sobre todo de aquellos que buscan su voto y el mío. 

En el caso de los partidos políticos, debiera ser la columna vertebral, el pegamento que los mantiene unidos, pero también eso que les permite diferenciarse de otros.  Aquí es donde comienza a hacer agua la cosa, porque desde hace algunos años casi ningún político criollo se juega por una idea concreta. Curioso, ¿no?

Lo que impera es un pragmatismo impuesto por las reglas de nuestra democracia formal, por cierto escritas ya hace más de un cuarto de siglo y necesitadas de una buena revisión porque ya no responden a las exigencias de la Guatemala contemporánea.  En vez de promover más bien desmotivan la participación de nuevas generaciones en política, y recrean una clase que se enfoca más en conocer los entresijos del Estado para explotar esa asimetría de información y hacer negocios turbios, que en generar ideas y soluciones de beneficio común. 

Entonces, probablemente sí tiene algo que ver ese vacío ideológico en nuestro sistema de partidos y el nivel de desarrollo del país.  Para comenzar genera dos efectos perversos.  Por un lado, ahuyenta la participación de una parte de la población que, teniendo altos niveles educativos y relativamente resuelta su vida en términos económicos, podría ver en el activismo político una forma de servicio a su sociedad.  Cosa muy distinta de los vividores que ven en los ciclos políticos la oportunidad de hacerse de una pequeña fortuna que los haga ascender velozmente unos cuantos deciles en la distribución del ingreso.

Por otro lado, ese vacío ideológico contribuye a la confusión y fomenta en el electorado niveles de apatía y cinismo ante sus gobernantes y aspirantes. Cuando no hay claridad todo se vale, no hay referentes contra los cuales se pueda juzgar las acciones de líderes y organizaciones.  La coherencia y los principios dejan de ser características deseables, siendo desplazados por el comportamiento oportunista.  El objetivo del político contemporáneo se reduce a dos cosas: gestión de crisis y obtención del voto.

La consecuencia es una sensación de crisis y zozobra permanente, de espiral descendente en la calidad del gobierno, de inviabilidad y asfixia como sociedad, en donde el que pueda que se vaya y mande remesas, el que no que rece y sobreviva, y el último en salir que apague la luz.   Justamente la antítesis de lo que han logrado países más desarrollados, y que explica sus mayores niveles de bienestar: capacidad de pensar el mediano y largo plazos y cohesionarse socialmente. 

Así las cosas, flaco favor nos hacen los precandidatos a la presidencia cuando salen en los medios dando declaraciones con actitud de pescadores con atarraya.  Dispuestos a jalar cuánto ciudadano – votante y financista – mal parado encuentren.  Tirando con perdigones a diestra y siniestra (¡literalmente!) y apelando a conceptos vagos como el nacionalismo, el cansancio, o a la necesidad de incluir mujeres, indígenas y jóvenes en sus plataformas. ¡Qué barra más baja la que nos hemos puesto!

Más constructivo sería escucharlos con propuestas coherentes, que conecten ideología con medidas de política, permitiéndonos así elegir, discriminar, diferenciar su visión de cómo puede transformarse Guatemala. Para eso sí que pueden servirnos las ideologías políticas.  

Prensa Libre, 11 de abril de 2013.

  

Tories queriendo torearnos

“(…) la gran mayoría de chapines, sobre todo los pobres, nunca ha visto un Estado, mucho menos que le de bienestar.”

Los medios internacionales señalan a todo volumen el recorte que están haciendo al Estado de bienestar británico.  Por cierto, dos palabras casi proscritas en ciertos círculos de Guatemala, ya sea por separado: Estado y bienestar; o juntas: Estado del bienestar. 

Dios guarde a aquel que se atreva a enarbolar esa bandera porque le cae sobre la nuca la de Damócles afiladita y de a romplón.  Aunque para ser francos, en una cosa tienen razón los escuderos del minimalismo económico, la gran mayoría de chapines, sobre todo los pobres, nunca ha visto un Estado, mucho menos que le de bienestar o que al menos le permita menguar ese estado de malestar crónico en el que viven.  Entonces ¿por qué habríamos de alborotar el gallinero y hablar de conceptos tan subversivos y demodé?

Pero bueno, guste o no, la cosa es que en otras latitudes hay ciudadanos que han vivido, no una sino por varias generaciones, con un mínimo de prestaciones sociales por el solo hecho de vivir así: en sociedad.  Porque la cohesión social en el país donde nacieron se reconoce y entiende como algo importante, y porque figuras como tejido social o conceptos como capital social no son elucubraciones calenturientas de mentes utópicas trasnochadas sino vivencias cotidianas.  Se plasman nítidamente en la guardería del barrio, en el trabajador social que atiende a la tercera edad, en la escuela, en parques y plazas públicos a donde todos pueden ir a jugar.

Probablemente por eso es que allá se está fraguando el despelote, porque la gente no está contenta y ha salido a la calle a protestar.  Ningún jefe de familia, y menos los de hogares pobres o clase media ignora la importancia de ser responsables en el manejo de su gasto.  De manera que el descontento no es por el ajuste de cinturón que la crisis está exigiendo, como probablemente querrán hacernos ver los Panza conservadores, sino porque hay una valoración negativa, casi aversión diría yo, por la desigualdad.  Esa que en este caso se manifiesta con medidas de austeridad emanadas de un gobierno que trata de poner a dieta a varios y dejar en el hartazgo al pushito de siempre. 

La Iglesia Reformada de Escocia en su crítica al gobierno tory lo colocó muy bien (sic) “la manipulación [de los conservadores] para perpetuar los mitos de la pobreza y justificar los recortes sociales”.  En otras palabras, una vez más el imaginario que se intenta construir es el de unos pobres que lo son por holgazanes y abusadores de la política social y apoyos públicos.  El cuento no varía mucho, solamente el narrador.  Hoy son los nietos de los tories de antaño. 

  

Lo dramático para un guatemalteco escribiendo de tales afanes en ultramar es saber que, por supuesto, para nosotros toda esta discusión es casi de ciencia ficción.  En el mejor de los casos, servirá para que tiremos un par de indirectas los tres gatos que nos damos cita en los medios de comunicación desde nuestras atrincheradas columnas de opinión. 

Y para la mayoría ni se diga.  Seguirá siendo como de película porque para que tales discusiones se den en nuestro gallinero primero hace falta tener un Estado mucho más presente, una sociedad civil mucho más involucrada, una elite más aireada, y una clase política más próxima a su votante que a la constructora de cartón que usa para capturar fondos públicos. 

Aun así, en condiciones adversas, vale la pena seguir ladrando, maullando, cacareando y pataleando.  Porque para moverse hacia adelante sigue siendo mucho mejor la utopía que el conformismo.  De eso sigo estando seguro y por eso continúo arando (¡aunque por ratos parezca en el mar!).   

Prensa Libre, 4 de abril de 2013. 

La estructura de la equis, la jota y la che.

“(…) la atención a población en pobreza no se resuelve solamente con un programa de transferencias, condicionadas o no condicionadas, en efectivo o en especie.”

Más de quince años han pasado ya desde que el primer país de América Latina se embarcó en un modelo de protección social que transfiere efectivo a los hogares pobres a condición de que mantengan a sus hijos en la escuela y los lleven a vacunar regularmente.  Hoy es casi incuestionable que cualquier política social de la región cuente con un programa de estos. 

La teoría detrás de las transferencias condicionadas está construida sobre la teoría del capital humano.  Un enfoque individualista que interpreta la pobreza y las formas de salir de ella a partir de deficiencias que las personas tienen y decisiones que las personas toman.  Es decir, cambiando la conducta y la dotación de activos – en este caso más educación y un mejor estado de salud – los individuos pueden salir adelante porque van a poder acceder a puestos de trabajo con ingresos más altos. 

Allí su gran virtud y a la vez su nueva debilidad.  Virtud porque es una teoría fácil de explicar para diseñar programas públicos.  Debilidad porque claramente es una visión parcial, que se hace de la vista gorda ante las condiciones estructurales que generalmente rebasan la capacidad o el mero deseo de superación de las personas.   De eso sabemos mucho países pluriétnicos y con altos niveles de ruralidad.    

El centro para la protección social y el instituto de estudios para el desarrollo (IDS) publicaron recientemente un artículo en donde se hace una crítica a esta teoría, y por consiguiente a los programas de política social que la utilizan.  No porque esté del todo equivocada, sino porque después de varios años ha demostrado que queda corta para superar los niveles de pobreza rural en que continúan viviendo millones de latinoamericanos.  El caso de estudio que tomaron fue el programa Oportunidades de México, uno de los más antiguos y mejor analizados de la región. 

Documentaron los rezagos que persisten en las poblaciones indígenas de aquel país, en donde el 80% está debajo de la línea de pobreza rural y el 40% bajo la línea de pobreza extrema.   Esto a pesar de que Oportunidades llega a prácticamente todos los hogares rurales pobres desde el año 2001. 

Una generación después bien vale la pena preguntarse qué está pasando.  La respuesta no es muy compleja, la solución, por el contrario, sí lo es. 

Pobre calidad en la educación pública rural, acceso limitado a redes sociales, movilidad laboral y diferenciales salariales, todos son factores que producen el mismo efecto: poner en desventaja a poblaciones indígenas.  Así, el mecanismo de transmisión: más educación y salud, más salario, no se cumple para todos ni de igual forma.   Es decir, hay factores estructurales que el modelo de transferencias condicionadas no atiende y que no pueden seguirse obviando porque limitan los efectos de la política social en el largo plazo. 

El análisis hecho para México es en muchos sentidos aplicable para un país como Guatemala.  De hecho, casi podrían calcarse los diagnósticos y recomendaciones.  Las características de la ruralidad son compartidas por ambos países, con una diferencia muy importante: el músculo del sector público mexicano es mucho mayor – a pesar de tener una carga tributaria no muy distinta, dicho sea de paso.  Bien haríamos entonces en aprovechar recursos y análisis hechos allá para sacar lecciones y recomendaciones de política aquí. 

Críticas como esta solo pueden surgir gracias a una feliz combinación de factores: un programa público que se ha mantenido a lo largo del tiempo a pesar de los cambios de gobierno, una burocracia capaz de diseñar sistemas de monitoreo y evaluación, y una sociedad civil con capacidad analítica suficiente para generar evidencia y provocar así un diálogo informado que les permita refinar la intervención del Estado. 

En suma, lo que no debemos perder de vista es que la atención a población en pobreza no se resuelve solamente con un programa de transferencias, condicionadas o no condicionadas, en efectivo o en especie.  Es un paso importante contar con ellos, por supuesto; pero es más importante el trabajo que falta por hacer para homologar la estructura de oportunidades desiguales en que se mantiene la población por el solo hecho de llevar un apellido con equis, jota o che.  Allí está el verdadero reto de largo plazo. 

Prensa Libre 28 de marzo de 2013.

Descentralización, privatización y bienestar

“(…) el gobierno central es un mejor proveedor de servicios básicos sobre cualquier otra alternativa.”

Hace unos diez años Guatemala se embarcó en una de las reformas más profundas de los últimos tiempos en materia de descentralización.  La famosa trilogía del 2002 en donde se modificó el código municipal, la ley de consejos de desarrollo urbano y rural y la nueva ley de descentralización, parecían redibujar el paisaje de lo que serían las relaciones entre gobierno central, municipal y sociedad.

No hay que olvidar que los noventas eran los años en que casi no se cuestionaba la visión post acuerdos de paz de un Estado mínimo, y se gritaban en techos y azoteas las bondades de un mercado que nos solucionaría la vida.  Si había que decir algo de lo público, a lo sumo nos atrevíamos a plantear la transferencia de competencias desde el gobierno central a las municipalidades, y se presentaba a las comunidades como campeonas en la gestión de servicios que el gobierno central había sido incapaz de llevar con regularidad y calidades mínimas. 

¿Qué paso desde entonces?  Este mes de marzo, el Instituto internacional de investigación sobre políticas alimentarias (IFPRI) hizo circular un documento titulado “Oportunities and challenges for community involvement in public service provision in rural Guatemala”, de los autores Johanna Speer y William Vásquez.  Una reflexión interesante sobre las percepciones que tienen las comunidades acerca de la provisión de ciertos servicios básicos en el mundo rural.     

De los muchos mensajes que salen del estudio resalto tres.  El primero tiene que ver con la claridad que tienen las comunidades respecto de los servicios que más les urgen.  En jerga economicista, sus preferencias reveladas están claras: acceso a agua.  Después vienen otras cosas como salud, caminos y saneamiento, pero con porcentajes mucho menores.  

Esto puede explicarse de varias maneras.  Por ejemplo, debido a la importante inversión financiera, política e institucional que se ha hecho en el sector educación durante los últimos años, aún y cuando todavía hace falta mucho en términos de calidad y acceso a niveles superiores.  Pero también puede ser reflejo de períodos de inversión, más intermitentes eso sí, en construcción y reparación de caminos. 

El segundo mensaje que nos mandan los pobladores rurales tiene que ver con una percepción de que el gobierno central es un mejor proveedor de servicios básicos sobre cualquier otra alternativa.  ¡Así como lo lee!  De hecho, las comunidades estudiadas no se consideran más eficientes que el Estado para la provisión de servicios.  ¿Bálsamo para los oídos de quienes creemos en los servicios públicos? De ninguna manera.  Puede también deberse a una fatiga de los comuneros, a quienes les sale muy caro en tiempo y dinero hacerse cargo del puesto de salud, la escuela, los dos kilómetros de terracería, o del consultor que debiera darles asesoría técnica en sus parcelas. 

Finalmente, a pesar de los avances variopintos que nos ha dejado una década de descentralización, aparentemente hay un espacio muy claro para la participación de las comunidades en prácticamente en cualquier contexto.  Las funciones de planificación, evaluación, y auditoría social a proveedores de servicios y a autoridades de gobierno central o local es un papel que debe asumirlo la sociedad.  Esto hay que seguirlo promoviendo, creando condiciones para más participación de la población, fomentando la organización social, demandando de los gobiernos información de manera regular, y encontrando formas de abaratar la participación de los habitantes de comunidades en espacios de toma de decisión política.   

Si los datos presentados por IFPRI nos están reflejando la realidad del campo guatemalteco, es decir, si el método y las respuestas representan la percepción nacional, queda en el ambiente la necesidad de seguir investigando el tema.  Hay que tener respuestas más precisas que nos permitan responder por qué el arraigo tan fuerte en el imaginario de los capitalinos de que lo estatal es siempre de calidad inferior, y por qué en el campo hay una valoración distinta de lo público.  

Prensa Libre, 21 de marzo de 2013.

El tiempo está a favor de los pequeños

“¿Qué pasa si dejamos de pensar lo público en compartimientos estancos y lo imaginamos en el marco de una estrategia más amplia de atención a pequeños?”

El tiempo está a favor de los pequeños.  Eso dice uno de los versos de Silvio Rodríguez.  Lo traigo a colación porque de alguna manera es el mensaje que destila del último informe de la OECD 2013 titulado “Latin America Economic Outlook 2013.  SME policies for structural change”.  

Un reporte que resume las principales tendencias que se observan en la región, en donde el crecimiento apunta a seguir siendo bajo, a pesar de la preciada estabilidad macroeconómica.  Con un cierto espacio para la aplicación de políticas contra-cíclicas que puedan apuntalar en un período de contracción de la demanda proveniente de economías más desarrolladas.

Se constata una vez más la dependencia histórica de los latinos a la exportación de recursos naturales con bajo valor agregado.  De allí la recomendación al cambio estructural, que atienda fundamentalmente dos cosas: diversificación de la economía y mayores niveles de productividad.

Hasta allí el diagnóstico francamente es bastante estándar, casi hasta podría decirse que poco novedoso.  Sin embargo, el reporte lanza una hipótesis de trabajo que apuesta por las pequeñas y medianas empresas como posibles catalizadores de dicho cambio estructural. 

De tal premisa deriva recomendaciones de política que van desde reconocimiento de la heterogeneidad en la estructura productiva, necesidad de mucha coordinación horizontal (entre políticas sectoriales) y vertical (actores locales y regionales), integración de clusters de producción a cadenas de valor globales, entre otros.  Por supuesto también se refiere a políticas más tradicionales como el acceso a financiamiento, tecnologías de la información y capital humano. 

Pero más allá de este análisis enfocado a pequeñas empresas, el informe me provocó a pensar ¿qué pasaría si comenzamos a conectar puntos y tratamos de construir una visión más coherente del Estado?  ¿Qué pasa si dejamos de pensar lo público en compartimientos estancos y lo imaginamos en el marco de una estrategia más amplia de atención a pequeños – sean estos ciudadanos usuarios de programas sociales, pequeñas empresas familiares o productores individuales del campo?

Es decir, si efectivamente asumimos como correcta la premisa de la OECD en cuanto a la posibilidad de promover el cambio estructural a través de las pequeñas y medianas empresas.  Si a eso agregamos una arquitectura de la política social orientada a construir redes de protección para facilitar a hogares marginados la salida de su precariedad y-o evitar que caigan en ella.  Y si además superponemos una visón de desarrollo rural que construya sobre la agricultura familiar como piedra angular, para dar el salto cualitativo que permita pasar de agricultura de subsistencia a una con excedentes que cubran el autoconsumo, pero que además haga posible la comercialización. 

Entonces probablemente allí tendríamos, de facto, una visión de Estado que no solamente se ocupe y preocupe por asegurar esa noción abstracta de la estabilidad macroeconómica y la inserción en mercados globales (ambas condiciones necesarias pero a todas luces insuficientes), sino que activamente se compromete con las mayorías.  Un Estado que con sus políticas e instituciones hace una apuesta clara por los conceptos de movilidad social y cohesión social, como precondiciones para alcanzar el desarrollo. ¿Cómo sería un Estado así?

Prensa Libre, 14 de marzo de 2013. 

Salario mínimo y el petate del muerto

“(…) sobre los efectos negativos que aumentos al salario mínimo podrían tener en el nivel de empleo, expertos en la materia nos dicen que en realidad nos hemos estado asustando con el petate del muerto.”

Dentro de los varios temas que tiene en agenda el presidente Obama está la discusión sobre el aumento al salario mínimo.  Un tema que en cualquier parte del mundo despierta pasiones, argumentos políticos y explicaciones técnicas sobre cuál puede ser la mejor forma de ayudar a que los trabajadores logren un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas hoy, pero además, que también tengan la posibilidad a lo largo de su vida laboral de algún nivel de movilidad social ascendente. 

En el país del norte como en el resto del mundo, una de las principales razones para dudar de la efectividad del salario mínimo en el nivel de vida de los trabajadores tiene que ver con el aumento que ocasiona en la estructura de costos de las empresas.   En otras palabras, si la planilla se encarece, yo como empresario aparentemente tengo dos opciones: no contratar nuevos trabajadores, con lo cual no hay creación de nuevos empleos; o peor aún, destruir empleos, despidiendo a aquellos que son menos productivos o esenciales para la actividad del negocio. 

Dicha lógica es de una simpleza y claridad tal que ha logrado posicionarse como uno de los argumentos más utilizados al momento de discutir temas como salario mínimo y-o flexibilizaciones al mercado laboral.  Pero, ¿realmente es así? ¿es eso lo que sucede siempre y en todos los casos? ¿es ese el razonamiento que debiera seguir la política salarial de un país?

Curiosamente, sobre los efectos negativos que aumentos al salario mínimo podrían tener en el nivel de empleo, expertos en la materia nos dicen que en realidad nos hemos estado asustando con el petate del muerto.  La razón es muy simple: la destrucción de empleo no es el único -de hecho ni siquiera es el más importante- canal de ajuste, hay muchos otros.   

Para compensar el aumento que ocasiona en su estructura de costos, empresas y trabajadores echan mano de un menú más amplio que incluye reorganizar los procesos productivos para hacerlos más eficientes, reducir la rotación de personal, reducir pagos a empleados mejor remunerados (compresión salarial), aumentar ligeramente el precio de sus productos, reducir el número de horas trabajadas, o incluso ajustar la rentabilidad del negocio.  La mezcla precisa dependerá del contexto.  Es decir, del país, del sector de la economía, y del momento específico en que tales medidas se adopten. 

Por supuesto que tanto en Estados Unidos, Guatemala y cualquier otro país del mundo, hay también otros factores extra económicos que juegan y pesan al momento de fijar el salario mínimo.  Sin embargo, la ventaja de contar con análisis técnicos es que al menos obliga a los decisores a sincerar las variables que utilizan para fijar dicho precio.   

Dado que el salario mínimo es un tema recurrente en Guatemala, pero sobre todo a partir del énfasis en el discurso que la actual administración hace sobre la generación de empleo como objetivo de política pública, entonces ¿por qué no aprovechar esta convergencia de condiciones para que gobierno y academia desarrollen una agenda de análisis y propuestas de política con relación al funcionamiento de los mercados laborales en el país? 

La gran mayoría de guatemaltecos tenemos la sospecha que sobre ese tema vamos, en el mejor de los casos, navegando por instrumentos.    

Prensa Libre, 7 de marzo de 2013. 

El dragón rural

“(…) el músculo de la política fiscal debe estar presente incluso (o sobretodo) allá en comunidades remotas y apartadas.”

Hace pocos días tuvo lugar la 36 asamblea de gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).  Una reunión que este año tuvo algunas peculiaridades: se reeligió al Doctor Kanayo Nwanze como presidente de la institución; Cuba tuvo presencia y participación después de más de veinticinco años de ausencia en dicho foro multilateral; y como uno de los oradores principales se contó con la participación del vice premier del Consejo de Estado de la República Popular China, Hui Liangyu.

Es sobre este último punto que quisiera detenerme y comentar un poco.  Simplemente porque de nuestro lado del mundo las noticias que llegan de China generalmente tienen que ver más con sus altos niveles de crecimiento, con el enorme peso de su demanda en la economía global, o con su proceso de apertura e inversión, del cual América Latina ya está siendo parte.  Por el contrario, se escucha poco de su visión de desarrollo rural y del papel que tiene el pequeño productor en la reducción de la pobreza. 

El señor Liangyu habló de los aprendizajes que en las últimas tres décadas y media su país ha tenido en materia de desarrollo rural, resumiéndolas más o menos así: primero, la importancia de mantener el desarrollo agrícola y la reducción de la pobreza como prioridad de la agenda social y económica, focalizando tanto obras de infraestructura como programas sociales para el campo, y manteniendo el énfasis no solamente en los grupos de población pobre sino en los territorios en donde estos habitan. 

Segundo, desarrollar la agricultura familiar, formas de organización cooperativa, y los servicios de apoyo que se requieren para mejorar la productividad del productor pequeño.  Es decir, una visión micro del desarrollo, que por un lado reconoce el valor de la actividad e iniciativa individual, pero también las ganancias que derivan de asociarse para competir y hacer mejor uso de las políticas, bienes y servicios públicos.

Tercero, mejorar las condiciones de producción agrícola a través de ampliar sistemas de riego y sistemas de conservación del agua así como la mecanización del campo.  Agua y tecnología parecen ser la restricción fundamental, no solamente en el Artibonite haitiano, en el nordeste brasileño o en la montaña de Guerrero mexicana, sino hasta en China.  

Cuarto, incentivos fiscales para el campo, que también incluye medidas pro mercado para la promoción de la agricultura, así como programas de compras públicas para los principales productos agrícolas que cultivan los pequeños.  En otras palabras, el músculo de la política fiscal debe estar presente incluso (o sobretodo) allá en comunidades remotas y apartadas. 

Pero a pesar de todo, Liangyu no presentó una visión autocomplaciente.  Más bien señaló con mucha claridad los inmensos desafíos que tienen por delante.  La necesidad de continuar cerrando las brechas entre el mundo urbano y el rural, igualando el acceso a servicios básicos para toda la población, no hace sino ejemplificar la importancia que tiene la equidad en su modelo de desarrollo. 

El mensaje que manda China en cuanto a desarrollo rural es claro y consistente.  La seguridad alimentaria debe constituirse en objetivo nacional para los países en desarrollo; la política social debe articularse con la política productiva, en una visión integral del desarrollo rural; la reducción de la pobreza pasa por un acelerado proceso de crecimiento y productividad del pequeño productor agrícola, y dicho proceso descansa en formas de organización cooperativa.  Tres lecciones que ciertamente no son nuevas en cuanto a contenido, mucho menos ajenas a la realidad guatemalteca, pero que dichas con el respaldo de la economía con mayores niveles de crecimiento anual en las últimas décadas adquieren un significado todavía mayor. 

Bien haríamos entonces escuchándolas y aplicándolas, ¿no?

Prensa Libre, 28 de febrero de 2013. 

El presidente, el economista, y el migrante

“Si bien no están exentos de costos, dichos flujos generan beneficios que pueden compensar de sobra a aquellos segmentos de población que pierden bienestar en el corto plazo.”

Tal y como se esperaba, en el discurso sobre el estado de la Unión que dio el presidente Obama el martes pasado, uno de los temas a los que hizo referencia fue la reforma migratoria.  Hizo un llamado a los parlamentarios para que le enviaran en los próximos meses una propuesta de reforma que viabilizara la regularización de los millones de indocumentados que viven en ese país. 

A propósito, hace unos días el economista Gregory Mankiw publicó una columna de opinión reflexionando sobre el valor de los inmigrantes para los Estados Unidos.  Hacía referencia a tres razones básicas por las cuales los economistas nos sentimos cómodos con una política migratoria que permita el flujo de talentos y mano de obra. 

Muchos economistas, dice Mankiw, pero especialmente los conservadores, tienen una veta libertaria.  Por lo mismo, son reticentes a obstaculizar cualquier intercambio que sea mutuamente beneficioso entre dos personas adultas.  El ejemplo que pone es el del granjero americano que quiere contratar mano de obra para la época de cosecha, transacción económica que debiera suceder, independientemente del lugar de nacimiento del trabajador o del granjero.  

Pero también hace referencia a la veta igualitaria que tienen muchos economistas liberales.  Para ello cita la visión Rawlsiana de la justicia, que nos recuerda cómo las políticas públicas deben ser especialmente sensibles a las necesidades de los menos afortunados en la sociedad.  En este caso los trabajadores que (sic) “añoran con [irse] a los Estados Unidos para tener una mejor vida para ellos y sus familias”.

El tercer argumento tiene que ver con el amplio reconocimiento de lo beneficioso que ha sido para la profesión económica el influjo de talentos de otros países.  Jóvenes que llegan a formarse en programas de pre y postgrado provenientes de casi cualquier rincón del mundo, muchos de los cuales terminan sus estudios y se incorporan a universidades y centros de investigación norteamericanos. 

Por supuesto que esta es solamente una parte de la historia.  Esa que pueden contar aquellos que se educan a nivel superior ya que, como también señala Mankiw, la brecha salarial se ha profundizado con respecto a los trabajadores con poca o ninguna cualificación.  La razón está en el cambio tecnológico y la demanda de mano de obra cualificada que este genera.  

Dos mensajes destilan de su análisis.  El primero tiene que ver con las ganancias en eficiencia económica que pueden tener los países desarrollados al permitir flujos migratorios.  Si bien no están exentos de costos, dichos flujos generan beneficios que pueden compensar de sobra a aquellos segmentos de población que pierden bienestar en el corto plazo. 

El segundo tiene que ver con el papel que tiene el Estado para mitigar algunos de los efectos indeseados de la migración.  Por ejemplo, a través de programas de capacitación para la reconversión productiva y la inserción laboral, o esquemas de protección social focalizados a aquellos que no logran alcanzar niveles de remuneración suficientes para llevar una vida digna.

 

Por supuesto que la retórica de Mankiw y Obama, aunque apuntan en la misma dirección, son movidas por lógicas distintas.  En el caso del presidente, a todo este aparato teórico de racionalidad económica hay que agregar el hecho político (cosa no menor) de haberse beneficiado con más del 70% del voto hispano en las urnas para este segundo mandato que recién inicia.  En eso tampoco hay que perderse. 

Prensa Libre, 14 de febrero de 2013. 

¿Autarquía institucional?

“Pero todavía aún más grave es desconocer el orden internacional, pretendiendo ilusamente que podemos vivir en una especie de autarquía institucional.”

Análisis crítico, diversidad de puntos de vista, y posibilidad de manifestar disensos a las distintas esferas de poder político son condiciones esenciales para el buen funcionamiento de un sistema democrático.  Es un contrasentido privarnos de la riqueza que hay en la multiplicidad de enfoques que puedan aportar guatemaltecos o extranjeros sobre nuestro país.  Justamente allí, en la pluralidad, es donde residen los ingredientes que luego nosotros, los guatemaltecos, tenemos la obligación de aprender a mezclar para dar solución a los problemas que nos aquejan.

Renunciar al diálogo, a la construcción de confianzas, dejar de construir puentes y encontrar espacios comunes, optando en cambio por la polarización y la descalificación personal e institucional es una apuesta muy arriesgada y peligrosa.  Pero todavía aún más grave es desconocer el orden internacional, pretendiendo ilusamente que podemos vivir en una especie de autarquía institucional.  Actitud no solamente aldeana sino además cínica porque instrumenta a la comunidad internacional, utilizándola de manera selectiva.  Cuando me conviene la invoco, cuando me estorba la ninguneo.

Prácticamente ningún país desarrollado o en desarrollo ha seguido esa ruta de ostracismo.  No en Latinoamérica, no en Asia, mucho menos en el hemisferio norte.  Al contrario, la historia ha demostrado que aislarse y desoír opiniones solamente logra una cosa: crear condiciones y un entorno favorable para expresiones de radicalismo local y antidemocrático, que desemboca en privilegios para unos pocos, abusos, y malestar para la mayoría. 

Tampoco se trata de hacer una apología ingenua del actual orden internacional, sus organismos y agendas.  ¡De ninguna manera!  Es clarísimo que allí también se cuecen habas y hay amplios espacios para mejorar y hacer más eficientes su labor.  De lo que se trata más bien es de lograr pesos y contrapesos que garanticen un balance adecuado entre el papel que deben cumplir las instituciones nacionales, los organismos internacionales y la sociedad.

En vez de gastar fuerzas en desacreditar el trabajo de la comunidad internacional, sería mucho más productivo y útil para todos invertir energías en fortalecer instituciones nacionales.  Desarrollar cuadros técnicos y políticos, con mayor capacidad de análisis, interlocución y propuesta.  Esa es la forma de dar el salto cualitativo que Guatemala necesita para abrirnos un espacio aún mayor en el concierto de naciones, hacernos escuchar como país, pero también para poder hacer un uso mucho más racional y eficiente de los beneficios asociados a vivir en un mundo globalizado. 

Ejemplos de cómo otros países mantienen un diálogo sustantivo, aunque no siempre sea terso y fluido, con organismos externos los tenemos por docenas en la región.  Lo he visto en el ministerio de planificación brasileño, en la secretaría de hacienda mexicana, en la cancillería cubana, en el banco central chileno, en el ministerio de desarrollo social peruano, por mencionar solamente algunos ejemplos.  Son instituciones nacionales que comparten la característica de haber invertido en sus cuadros técnicos, lo cual les permite dialogar con la comunidad internacional de manera más provechosa.

La crítica es buena y saludable cuando está dirigida a las ideas más que a las personas.  La denuncia es útil y necesaria siempre que tenga fundamento.  Lo que definitivamente no nos llevará muy lejos es esa actitud de berrinche y soberbia que llama a meter la cabeza dentro de un agujero y pretender que podemos vivir aislados y prescindir del mundo que nos rodea. 

Eso que llamamos globalización tiene expresiones que van más allá de lo económico, financiero o comercial.  Incluye otras dimensiones de la vida en sociedad, aunque a veces convenientemente se quiera plantear de forma tan minimalista. 

trosada@gmail.com

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El imaginario de The Economist

 “Es decir que las madres indígenas no saben reconocer el valor de un vaso de leche versus una coca cola o un Toki, ¡por favor!”

El poder de los medios de comunicación es inmenso, incalculable quizás.  No en balde le han llamado el cuarto poder, en referencia a los otros tres que establecen las democracias modernas: ejecutivo, legislativo y judicial. Y tras la explosión comunicacional que generó el internet y más recientemente las redes sociales, su influencia se ha ampliado todavía más. 

Los medios de comunicación construyen imaginarios, narrativas, inflan personalidades o las borran del mapa.  Posicionan conceptos, hechos, paradigmas, repiten verdades (completas o a medias), que terminan por instalarse en la mente de elites y pueblos.  Cumplen una función que ejercida con seriedad puede ser un gran aporte para la democracia y el desarrollo de los pueblos.  Por el contrario, llevada a la ligera, exacerba visiones distorsionadas del mundo.  Allí reside su gran poder y a la vez su gran responsabilidad. 

Todas estas reflexiones son provocadas por una nota sobre Guatemala aparecida en la última edición del semanario The Economist, titulada “Edging back from the brink”.  Intenta ser un análisis del primer año de la administración Pérez Molina desde varios ángulos: seguridad y violencia, narcotráfico, política fiscal, desarrollo social, entre otros. 

Más allá de lo debatible que puedan ser sus apreciaciones sobre la coyuntura nacional, hay allí un párrafo muy desafortunado que dice más o menos así: (la traducción es mía) “El hambre es un problema aún más generalizado que el crimen.  La mitad de los niños guatemaltecos menores a cinco años sufren de malnutrición crónica – la tasa más alta en América Latina, el doble de la de Haití, y la sexta a nivel mundial.  El problema es un hábito rural, prevaleciente entre las mujeres Mayas, que alimentan a sus bebes con aguas coloreadas en vez de leche.  Esto impide el crecimiento y limita su desarrollo intelectual.  En las ciudades los bebés sufren porque la leche en polvo es preferida a la lactancia materna.”

¡Ajá!, así que todo este problema se debe a un mal hábito que tienen las mujeres Mayas que viven en el campo, ¿qué le parece?  Argumento de un simplismo que raya en lo ridículo; que no solamente es falso, sino que además contribuye a esa visión imbécil de que nuestra población maya se comporta de manera irracional, y que es incapaz de reconocer lo que es bueno para su desarrollo.  Un argumento que en el mejor de los casos refleja solamente una cosa: la profunda incompetencia de quien se sentó a escribirlo pensando en un país que evidentemente no conoce ni entiende. 

Es decir que las madres indígenas no saben reconocer el valor de un vaso de leche versus una coca cola o un Toki, ¡por favor!  Pero también es barrer bajo la alfombra años de pobreza y exclusión de grandes mayorías.  Es negar la incapacidad histórica que ha tenido nuestro Estado de llegar toda la sociedad con un mínimo de bienes, servicios e instituciones; y la indiferencia que como sociedad hemos tenido para discutir y exigir acciones concretas para desarrollar la Guatemala rural.

Y como dicen que el que calla otorga, por eso hoy hago pública mi protesta, misma que también hice llegar a la revista el mismo día que salió la publicación pidiendo una aclaración a tan irresponsable argumento.  Me carcomen las ganas por ver la evidencia empírica que soporta ese  análisis.  Y por supuesto, si tal cosa existe, estoy dispuesto a pedir la misma disculpa pública que hoy exijo al semanario. 

Dejar pasar esos pequeños deslices a los medios de comunicación nacionales o internacionales es contribuir a un imaginario que en buena medida explica el atraso de Guatemala.  Quedo a la espera de su respuesta, señores de The Economist. 

Prensa Libre, 31 de enero de 2013.