“Brasil y Guatemala guardan muchas similitudes. Pero guardan una diferencia fundamental: la densidad institucional del sector público es mucho mayor en un país que en otro.”
El nordeste brasileño es una de las regiones más rezagadas del Brasil. Estados como Piauí y Ceará tienen índices de pobreza de 53% frente a otros más al sur, como Santa Catarina y Río Grande Do Sul, con una incidencia menor al 27%. Pero además, la pobreza nordestina no es de ahora. Como me escribió un colega en Facebook, “el nordeste brasileño fue gran preocupación de Celso Furtado desde aquellos tiempos.”
Poblaciones afro descendientes y mestizas se dispersan en pequeños poblados con escasa infraestructura básica. Sumidas en un clima semiárido que no hace sino agravar la precariedad. Hogares que subsisten con cisternas – tanques de agua medio enterrados, en donde se colecta la lluvia para consumo diario –. Caminos de terracería, sol, calor, aire seco, muy seco. Ese es el paisaje en una buena parte del nordeste.
Lo que vi me hizo pensar mucho en el corredor seco de Guatemala y sus recurrentes crisis de sequía y hambrunas. Y a la vez me hizo reflexionar y buscar las diferencias entre uno y otro territorio. Brasil y Guatemala guardan muchas similitudes. Son ambos países de contrastes, muy desiguales, étnicamente diversos, ricos en recursos naturales. Pero guardan una diferencia fundamental: la densidad institucional del sector público es mucho mayor en un país que en otro. Y eso automáticamente hace que el menú de soluciones posibles sea mucho más amplio en un país que en otro.
Dos visitas hechas a instituciones públicas brasileñas me bastan para ejemplificar el argumento. La primera fue EMBRAPA (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria). Fundada en 1973, probablemente uno de los centros de investigación pública más grandes del mundo en ciencias agrícolas. Tiene más de dos mil investigadores, de los cuales más de mil quinientos cuentan con nivel de doctorado.
Su agenda de trabajo es amplísima, abarcando temas como café, algodón, ganado, pesca, silvicultura, maíz, ecosistemas en la amazonia, agroindustria tropical, entre muchos otros. El centro de investigación regional que conocimos en el Estado de Ceará está enfocado en ovinos y caprinos, una de las actividades principales de los agricultores del semiárido brasileño.
La segunda experiencia fue una presentación que escuché del director del instituto de investigación y estrategia económica del Estado de Ceará (IPECE) en relación a las diferentes bases de micro datos que tienen, y los análisis que hacen sobre condiciones de vida de su población. Tienen en su sitio de internet información a nivel de municipio que sería la envidia de cualquier funcionario público, investigador, ó inversionista guatemalteco. Tienen datos y mapas sobre demografía, energía, vivienda, saneamiento, desarrollo agropecuario, industria y comercio, empleo, pobreza, ¡y lo que usted guste y mande!
Un esfuerzo francamente impresionante. Sobre todo cuando uno piensa que esta es la infraestructura pública que ofrece un Estado como Ceará, con indicadores de pobreza y desigualdad muy parecidos a los de Guatemala.
No necesito decir que me corroía envidia de la buena. Y a la vez me preguntaba ¿qué tenemos que hacer en Guatemala para tener estas pequeñas islas de generación y gestión del conocimiento público? ¿No habrá espacio para hacer convenios de cooperación sur-sur entre Ceará y nuestro país?
Termino extendiendo una invitación y lanzando un reto a las nuevas autoridades que están por asumir el gobierno. Para que se den una vuelta por este par de páginas de internet, se entusiasmen con las herramientas de gestión que allí encontrarán, y ojalá tomen la decisión de invertir en bienes públicos parecidos (http://www.ipece.ce.gov.br/ y http://www.embrapa.gov.br/).
Algunas de estas cosas no son muy difíciles de implementar. En otros casos ciertamente habrá que planificar un poco más para poder iniciar un proceso de mediano plazo. De cualquier manera, una cosa sí le puedo asegurar, ¡es muy distinto implementar programas y proyectos de desarrollo con instituciones públicas que sin ellas!
Prensa Libre, 24 de noviembre de 2011.
jueves, 24 de noviembre de 2011
jueves, 17 de noviembre de 2011
Desarrollo rural y la propuesta USAC-URL (II y final)
“La propuesta hace un esfuerzo por darle rostro a un término que muchas veces dejamos demasiado abstracto: equidad en la distribución de los beneficios de generar riqueza.”
Termino esta semana con la discusión de la propuesta de desarrollo rural que nos ha puesto sobre la mesa a USAC y la URL. En mi columna anterior rescaté tres elementos de carácter general. Externalidades positivas, si usted quiere. Hoy cierro con dos elogios, dos críticas, y dos recomendaciones.
El primer elogio que quiero hacer tiene que ver con los roles diferenciados que el documento le asigna al Estado para promover el desarrollo rural. Promotor, para ayudar a la economía campesina a volverse excedentaria. Subsidiario, para los que ya son excedentarios y necesitan mayor inserción en mercados. Facilitador y regulador para productores que son competitivos en el mercado mundial. Es una propuesta poderosa, por cuanto pasa por reconocer la gran heterogeneidad que define no solamente el campo guatemalteco, sino el país en general.
Al más atrasado debe dársele una atención diferente que a aquel otro que ya está en capacidades de enfrentarse a mercados mucho más agresivos y abiertos. Me hace pensar en mis tres hijos y las necesidades diferenciadas que cada uno de ellos tiene para desarrollarse. Al más pequeño lo llevo de la mano para subir y bajar gradas, con el mediano ya juego futbol y ajedrez, y con el mayor discuto opciones para su educación universitaria.
El segundo elogio se refiere al enfoque de equidad. Cuando habla de la gran importancia que tiene la inversión privada para el desarrollo rural, también nos sugiere que debe ser una que cumpla con ciertos criterios básicos. Es decir, la propuesta hace un esfuerzo por darle rostro a un término que muchas veces dejamos demasiado abstracto: equidad en la distribución de los beneficios de generar riqueza.
Así por ejemplo, nos propone que sea una inversión que genere empleo digno y acorde con la legislación laboral; que produzca beneficios directos a las comunidades; pero también que fortalezca fiscalmente al Estado. Son tres características esenciales para cualquier modelo de crecimiento que busque llegar a todos a través del empleo, la responsabilidad social empresarial, y la política fiscal. En otras palabras, cómo procurar mayor equidad en términos palpables y concretos.
Por otra parte, pienso que hay algunos cabos que quedaron sueltos, lo cual da espacio a críticas constructivas. Áreas que se beneficiarían muchísimo de una buena estrategia de comunicación, de manera que la venta política de su propuesta sea exitosa.
Por ejemplo, al hablar de promover la economía campesina para generar sistemas alimentarios sostenibles, es importante resaltar no solamente el rol del Estado para “jalarla”, sino también para “graduarla” de dicha condición. Con eso evitamos dependencia. De paso, es una discusión que se extrapola muy bien hoy a redes de protección social. Es decir, buenos esquemas de incentivos tanto para el sujeto priorizado (campesino) como para las instituciones estatales que lo atienden.
Asimismo, cuando la propuesta sugiere el respeto a la multiculturalidad y la consulta comunitaria como herramienta para garantizar dicho respeto, es importante también señalar que deben existir mecanismos que limiten abusos tanto de consultantes como de consultados. De otra manera corremos el riesgo de que ambos, actores económicos poderosos y-o liderazgos locales mal enfocados, puedan paralizar proyectos de beneficio nacional.
Finalmente concluyo con dos pequeñas recomendaciones. La primera tiene que ver con la capacidad de articularse con otras iniciativas. Es muy importante dedicarle algún tiempo y recursos a esto. Pareciera haber un despertar en algunos socios importantes del país que vuelven a plantear el tema rural de manera explícita. Hay por lo menos cuatro o cinco instituciones internacionales con las cuales rápidamente se podría sondear posibilidades de articular una estrategia conjunta como la FAO, PMA, FIDA – que conforman el hub agro-alimentario por excelencia –, pero además otras que también están volviendo al tema, como el BID, Banco Mundial y PNUD.
Y la segunda recomendación tiene que ver en la parte más conceptual. Creo que la discusión debe continuar madurando hasta llegar a establecer un nivel mínimo de comprensión en la sociedad con respecto a ciertos conceptos fundamentales como agroecología, tiempos de adopción de los cambios tecnológicos en las economías campesinas, y soberanía alimentaria. Todo ello actualizado y aplicado al caso guatemalteco. Así se desactivarán críticas o interpretaciones incompletas. Por ejemplo, confundiendo soberanía alimentaria con la promoción de autarquía y-o subsidios a sectores de baja productividad. Sabemos que no es así, pero al no aclararlo suficientemente se deja un vacío conceptual y operativo.
Cierro deseando que ojalá y lográramos reposicionar el desarrollo rural en la agenda pública tanto como se logró hacer hace diez años con el tema de pobreza. Ello permitiría un salto cualitativo en muchos sentidos – conceptual, herramientas de política pública, asignaciones presupuestarias, y toma de conciencia –. Contamos con muchos ingredientes para lograrlo. Fuentes de datos más o menos recientes; instituciones como SEGEPLAN, MAGA, SESAN, y el mismo INE; y una coyuntura favorable para hacerlo. Falta la decisión política ¡na’más!
Prensa Libre, 17 de noviembre de 2011.
Termino esta semana con la discusión de la propuesta de desarrollo rural que nos ha puesto sobre la mesa a USAC y la URL. En mi columna anterior rescaté tres elementos de carácter general. Externalidades positivas, si usted quiere. Hoy cierro con dos elogios, dos críticas, y dos recomendaciones.
El primer elogio que quiero hacer tiene que ver con los roles diferenciados que el documento le asigna al Estado para promover el desarrollo rural. Promotor, para ayudar a la economía campesina a volverse excedentaria. Subsidiario, para los que ya son excedentarios y necesitan mayor inserción en mercados. Facilitador y regulador para productores que son competitivos en el mercado mundial. Es una propuesta poderosa, por cuanto pasa por reconocer la gran heterogeneidad que define no solamente el campo guatemalteco, sino el país en general.
Al más atrasado debe dársele una atención diferente que a aquel otro que ya está en capacidades de enfrentarse a mercados mucho más agresivos y abiertos. Me hace pensar en mis tres hijos y las necesidades diferenciadas que cada uno de ellos tiene para desarrollarse. Al más pequeño lo llevo de la mano para subir y bajar gradas, con el mediano ya juego futbol y ajedrez, y con el mayor discuto opciones para su educación universitaria.
El segundo elogio se refiere al enfoque de equidad. Cuando habla de la gran importancia que tiene la inversión privada para el desarrollo rural, también nos sugiere que debe ser una que cumpla con ciertos criterios básicos. Es decir, la propuesta hace un esfuerzo por darle rostro a un término que muchas veces dejamos demasiado abstracto: equidad en la distribución de los beneficios de generar riqueza.
Así por ejemplo, nos propone que sea una inversión que genere empleo digno y acorde con la legislación laboral; que produzca beneficios directos a las comunidades; pero también que fortalezca fiscalmente al Estado. Son tres características esenciales para cualquier modelo de crecimiento que busque llegar a todos a través del empleo, la responsabilidad social empresarial, y la política fiscal. En otras palabras, cómo procurar mayor equidad en términos palpables y concretos.
Por otra parte, pienso que hay algunos cabos que quedaron sueltos, lo cual da espacio a críticas constructivas. Áreas que se beneficiarían muchísimo de una buena estrategia de comunicación, de manera que la venta política de su propuesta sea exitosa.
Por ejemplo, al hablar de promover la economía campesina para generar sistemas alimentarios sostenibles, es importante resaltar no solamente el rol del Estado para “jalarla”, sino también para “graduarla” de dicha condición. Con eso evitamos dependencia. De paso, es una discusión que se extrapola muy bien hoy a redes de protección social. Es decir, buenos esquemas de incentivos tanto para el sujeto priorizado (campesino) como para las instituciones estatales que lo atienden.
Asimismo, cuando la propuesta sugiere el respeto a la multiculturalidad y la consulta comunitaria como herramienta para garantizar dicho respeto, es importante también señalar que deben existir mecanismos que limiten abusos tanto de consultantes como de consultados. De otra manera corremos el riesgo de que ambos, actores económicos poderosos y-o liderazgos locales mal enfocados, puedan paralizar proyectos de beneficio nacional.
Finalmente concluyo con dos pequeñas recomendaciones. La primera tiene que ver con la capacidad de articularse con otras iniciativas. Es muy importante dedicarle algún tiempo y recursos a esto. Pareciera haber un despertar en algunos socios importantes del país que vuelven a plantear el tema rural de manera explícita. Hay por lo menos cuatro o cinco instituciones internacionales con las cuales rápidamente se podría sondear posibilidades de articular una estrategia conjunta como la FAO, PMA, FIDA – que conforman el hub agro-alimentario por excelencia –, pero además otras que también están volviendo al tema, como el BID, Banco Mundial y PNUD.
Y la segunda recomendación tiene que ver en la parte más conceptual. Creo que la discusión debe continuar madurando hasta llegar a establecer un nivel mínimo de comprensión en la sociedad con respecto a ciertos conceptos fundamentales como agroecología, tiempos de adopción de los cambios tecnológicos en las economías campesinas, y soberanía alimentaria. Todo ello actualizado y aplicado al caso guatemalteco. Así se desactivarán críticas o interpretaciones incompletas. Por ejemplo, confundiendo soberanía alimentaria con la promoción de autarquía y-o subsidios a sectores de baja productividad. Sabemos que no es así, pero al no aclararlo suficientemente se deja un vacío conceptual y operativo.
Cierro deseando que ojalá y lográramos reposicionar el desarrollo rural en la agenda pública tanto como se logró hacer hace diez años con el tema de pobreza. Ello permitiría un salto cualitativo en muchos sentidos – conceptual, herramientas de política pública, asignaciones presupuestarias, y toma de conciencia –. Contamos con muchos ingredientes para lograrlo. Fuentes de datos más o menos recientes; instituciones como SEGEPLAN, MAGA, SESAN, y el mismo INE; y una coyuntura favorable para hacerlo. Falta la decisión política ¡na’más!
Prensa Libre, 17 de noviembre de 2011.
jueves, 10 de noviembre de 2011
Desarrollo rural y la propuesta USAC-URL (parte I)
“(…) queda uno invitado a seguir profundizando en la comprensión de la economía campesina en Guatemala, qué la define, qué impide su desarrollo y cómo puede dinamizarse para que muchos hogares puedan superar su condición de pobreza.”
Sigo con la discusión de la semana pasada, intentando resonar ideas para aprovechar la ventana de oportunidad que parece estarse abriendo para avanzar en una agenda de desarrollo rural. Hoy comparto dos o tres impresiones iniciales al documento “Propuesta para abordar el desarrollo rural integral de Guatemala”, que hace unos días han puesto sobre la mesa las universidades San Carlos y Rafael Landivar.
Después de leerlo me han quedado tres gratos mensajes. Tres valores que quizás no destilan a primera vista, pero que deben realzarse.
El primero es el valor ciudadano del ejercicio. Es un documento que construye, que aporta, que critica pero que también propone. Como solíamos decir en la U hace algunos años: ¡protesta con propuesta! Eso es positivo. Es un mensaje al resto de la comunidad universitaria nacional, para que de vez en cuando se arremanguen las mangas de la camisa y salgan de la torre de marfil a hablarle a un público mucho más amplio que el que solamente puede acceder a sus aulas.
Nuestras universidades tienen que hacer más de esto. La ciudadanía necesita municiones para poder dar la pelea de la auditoría social y la incidencia sobre una clase política que no responde a intereses nacionales ni objetivos de largo plazo.
El segundo valor es eminentemente conceptual – como era de esperarse de dos instituciones de educación superior y de dos equipos de trabajo serios y ampliamente conocidos en nuestro medio –. Ofrece una sintética pero sustanciosa presentación y discusión de dos modelos, dos paradigmas, dos visiones de desarrollo rural: el modelo empresarial y el modelo de economía campesina.
El texto me parece que debiera ser lectura obligada para todos. Incluso para aquellos que no están directamente involucrados en el desarrollo rural. Ayuda a redondear la comprensión de los problemas nacionales. Y a los ciudadanos urbanos con poca exposición a la realidad rural, nos acerca a esa otra mitad del país que usualmente omitimos en el discurso y análisis.
En síntesis, queda uno invitado a seguir profundizando en la comprensión de la economía campesina en Guatemala, qué la define, qué impide su desarrollo y cómo puede dinamizarse para que muchos hogares puedan superar su condición de pobreza.
Finalmente, el tercer valor es de naturaleza política. El texto tiende puentes de encuentro entre visiones que históricamente han estado contrapuestas. Esto es ya un gran valor agregado en sí mismo, sobre todo cuando sucede en una sociedad más acostumbrada a la crítica y la descalificación que a reconocer el derecho al disenso y aprovechar la riqueza que nace en la diversidad de enfoques de desarrollo.
Pero además tiene otra gran virtud política: reconoce el esfuerzo previo, el camino andado. No solamente rescata los puntos positivos de estos dos modelos de desarrollo rural, sino también señala la importancia de seguir avanzando a partir de acciones concretas que el gobierno ya ha tomado. Por ejemplo, la política de desarrollo rural integral y la iniciativa de ley 40 84 para el desarrollo rural integral.
En la coyuntura actual, donde se está cerrando un ciclo político y se abre uno nuevo, y donde además se están redefiniendo prioridades y recursos públicos que deberán hacerse disponibles para el 2012, la pertinencia de este tipo de insumos se amplifica. Sería deseable que el nuevo equipo que hará gobierno, y la clase política en un sentido más amplio, le saquen el mayor provecho posible. Como bien dice uno de los párrafos del documento, es un claro ejemplo de cómo (sic) “la academia puede contribuir en la búsqueda de intersecciones y complementariedades entre los planteamientos que alrededor del desarrollo rural integral se elaboran”.
Confieso que me he quedado “picado”, como decimos en buen chapín. Por razones de espacio será en una siguiente columna cuando discuta algunos puntos más en la parte sustantiva que me parecieron sugerentes y provocadores.
De cualquier manera, desde ya felicito a la USAC y la URL y los invito a seguir ahondando en este tema y otros que conforman la agenda de problemas estructurales en Guatemala. ¡Animo y adelante!
Prensa Libre, 10 de noviembre de 2011.
Sigo con la discusión de la semana pasada, intentando resonar ideas para aprovechar la ventana de oportunidad que parece estarse abriendo para avanzar en una agenda de desarrollo rural. Hoy comparto dos o tres impresiones iniciales al documento “Propuesta para abordar el desarrollo rural integral de Guatemala”, que hace unos días han puesto sobre la mesa las universidades San Carlos y Rafael Landivar.
Después de leerlo me han quedado tres gratos mensajes. Tres valores que quizás no destilan a primera vista, pero que deben realzarse.
El primero es el valor ciudadano del ejercicio. Es un documento que construye, que aporta, que critica pero que también propone. Como solíamos decir en la U hace algunos años: ¡protesta con propuesta! Eso es positivo. Es un mensaje al resto de la comunidad universitaria nacional, para que de vez en cuando se arremanguen las mangas de la camisa y salgan de la torre de marfil a hablarle a un público mucho más amplio que el que solamente puede acceder a sus aulas.
Nuestras universidades tienen que hacer más de esto. La ciudadanía necesita municiones para poder dar la pelea de la auditoría social y la incidencia sobre una clase política que no responde a intereses nacionales ni objetivos de largo plazo.
El segundo valor es eminentemente conceptual – como era de esperarse de dos instituciones de educación superior y de dos equipos de trabajo serios y ampliamente conocidos en nuestro medio –. Ofrece una sintética pero sustanciosa presentación y discusión de dos modelos, dos paradigmas, dos visiones de desarrollo rural: el modelo empresarial y el modelo de economía campesina.
El texto me parece que debiera ser lectura obligada para todos. Incluso para aquellos que no están directamente involucrados en el desarrollo rural. Ayuda a redondear la comprensión de los problemas nacionales. Y a los ciudadanos urbanos con poca exposición a la realidad rural, nos acerca a esa otra mitad del país que usualmente omitimos en el discurso y análisis.
En síntesis, queda uno invitado a seguir profundizando en la comprensión de la economía campesina en Guatemala, qué la define, qué impide su desarrollo y cómo puede dinamizarse para que muchos hogares puedan superar su condición de pobreza.
Finalmente, el tercer valor es de naturaleza política. El texto tiende puentes de encuentro entre visiones que históricamente han estado contrapuestas. Esto es ya un gran valor agregado en sí mismo, sobre todo cuando sucede en una sociedad más acostumbrada a la crítica y la descalificación que a reconocer el derecho al disenso y aprovechar la riqueza que nace en la diversidad de enfoques de desarrollo.
Pero además tiene otra gran virtud política: reconoce el esfuerzo previo, el camino andado. No solamente rescata los puntos positivos de estos dos modelos de desarrollo rural, sino también señala la importancia de seguir avanzando a partir de acciones concretas que el gobierno ya ha tomado. Por ejemplo, la política de desarrollo rural integral y la iniciativa de ley 40 84 para el desarrollo rural integral.
En la coyuntura actual, donde se está cerrando un ciclo político y se abre uno nuevo, y donde además se están redefiniendo prioridades y recursos públicos que deberán hacerse disponibles para el 2012, la pertinencia de este tipo de insumos se amplifica. Sería deseable que el nuevo equipo que hará gobierno, y la clase política en un sentido más amplio, le saquen el mayor provecho posible. Como bien dice uno de los párrafos del documento, es un claro ejemplo de cómo (sic) “la academia puede contribuir en la búsqueda de intersecciones y complementariedades entre los planteamientos que alrededor del desarrollo rural integral se elaboran”.
Confieso que me he quedado “picado”, como decimos en buen chapín. Por razones de espacio será en una siguiente columna cuando discuta algunos puntos más en la parte sustantiva que me parecieron sugerentes y provocadores.
De cualquier manera, desde ya felicito a la USAC y la URL y los invito a seguir ahondando en este tema y otros que conforman la agenda de problemas estructurales en Guatemala. ¡Animo y adelante!
Prensa Libre, 10 de noviembre de 2011.
jueves, 3 de noviembre de 2011
Por favor, ¡no más dogmas para el campo!
“En cambio, lo que sí hay son problemas reales y agendas invisibilizadas. Recursos muy escasos y prioridades terriblemente dispersas.”
Todo parece indicar que después del evento electoral del domingo dos temas estarán puestos sobre el tapete de gobernantes entrantes y sociedad civil: fiscalidad y desarrollo rural. Uno con mayor fuerza, arrastrado por la coyuntura, demandas asociadas a la campaña, aunque claramente alimentado por las profundas brechas y rezagos que definen el país. El otro, más bien estructural, pero que parece encontrar puntos de apoyo en una iniciativa de ley, una propuesta de dos universidades nacionales y la opinión de algunos columnistas que comienzan a alzar la voz por aquí y por allá.
Hay que comenzar por reconocer que el tema del desarrollo rural, a diez mil metros de altura, es como el amor a la madre. Nadie puede oponerse. Todo el mundo lo quiere y apoya. El diablo aparece, como siempre, en los detalles. Y quizás aquí es donde surge la necesidad de levantar ciertas banderas amarillas, para ayudarnos a prevenir que una discusión tan importante se vuelva a descarrilar entre el griterío y el dogma.
Para cualquier analista y hacedor de política pública medianamente serio, hay tres factores a considerar al referirse al campo. El primero tiene que ver con una limitada disponibilidad de información, sistemática, cuantitativa y cualitativa, que permita no solamente hacer buenos diagnósticos, sino documentar impactos. Ello dificulta la tarea de definir cuáles son las prioridades, qué funciona y qué no.
Digo esto sin demeritar trabajo de años de varios investigadores serios que se han dado a la titánica y paciente tarea de documentar los retos de desarrollo rural en Guatemala. Más bien es un llamado a plantearnos seriamente una estrategia de estudio y generación de información que permita mantener viva y actualizada la discusión en el país. Si no hay datos regulares, el debate político se da por llamaradas de tuzas.
Lo segundo es reconocer de entrada que si ya nuestro Estado asemeja un niño mal nutrido, las instituciones para atender la ruralidad son quizás el ejemplo extremo. Aquí el mea culpa debe ser compartido. Baja tributación, deficiente gasto, disfuncional diseño institucional y desmantelamiento dogmático de lo poco que existía han sido el pan diario.
Por otra parte, hoy no solamente Guatemala sino América Latina completa vuelve a caer en la cuenta de que los pobres del campo también suman y limitan posibilidades de los que viven en las urbes, y del desarrollo de los países en un sentido más amplio. Como si el campo vuelve a importar de repente.
Y finalmente, la lejanía (y con ello el desconocimiento) propio del centro con su periferia. Algo que si bien puede servir como una sana distancia del sujeto mismo de la política pública, también puede propiciar desconexión y distorsión en lectura y propuesta. Se taponan los vasos comunicantes entre analistas y hacedores de política y el campesino y sus diferentes formas de organización y subsistencia. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo mucha prudencia, al momento de emitir una opinión, ¡no digamos una recomendación!
En cualquier caso, me parece de sentido común que cualquier propuesta de desarrollo rural comience por reconocer la realidad del campo guatemalteco. Que sepa ver las innovaciones tecnológicas y de gestión para desarrollar productos, abrirse mercados, y generar ingresos. Que dé el suficiente valor y reconocimiento a la empresarialidad rural y al papel que juegan los encadenamientos productivos, y a la asociatividad como mecanismo de los pequeños productores para insertarse en el mercado internacional.
Pero también, que sepa reconocer la dicotomía que prevalece en nuestro ámbito rural. En donde también (y milagrosamente) sobreviven una masa de rezagados, guatemaltecos sin ciudadanía, ignorados y-o desatendidos por el mercado y-o el Estado, que ante la más mínima volatilidad de su entorno económico o natural sucumben. Si no fuera así, si solamente tuviéramos un tipo de sujeto rural, la historia fuera muy distinta. Para comenzar no tendríamos el subcampeonato continental en desnutrición infantil ni un 70% de pobres rurales.
Es preciso entonces identificar en voz alta y por escrito las brechas que van más allá de la dicotomía rural-urbano. Dentro del mismo grupo rural hay que hilar más fino y hacer visibles características, perfiles, modelos, incentivos, condiciones de vida.
De manera que ante la nueva ventana que parece estarse abriendo para debatir el tema, la actitud debe ser de apertura y receptividad al razonamiento diverso. Porque como suele ser el caso de cualquier problema socioeconómico, no hay recetarios. Si los hubiera, no habría pobres, no habría desnutridos, ni espacio para estas discusiones.
En cambio, lo que sí hay son problemas reales y agendas invisibilizadas. Recursos muy escasos y prioridades terriblemente dispersas. Diálogo de sordos entre pocos y esperas eternas de muchos. Por allí es por donde hay que comenzar a desatar el nudo. Pero por favor, ¡no más dogmas para el campo!
Dado que es un tema de suyo importante, en mi siguiente columna trataré de reaccionar a la propuesta que han hecho de manera conjunta la USAC y URL y otras iniciativas conexas.
Prensa Libre, 3 de octubre de 2011.
Todo parece indicar que después del evento electoral del domingo dos temas estarán puestos sobre el tapete de gobernantes entrantes y sociedad civil: fiscalidad y desarrollo rural. Uno con mayor fuerza, arrastrado por la coyuntura, demandas asociadas a la campaña, aunque claramente alimentado por las profundas brechas y rezagos que definen el país. El otro, más bien estructural, pero que parece encontrar puntos de apoyo en una iniciativa de ley, una propuesta de dos universidades nacionales y la opinión de algunos columnistas que comienzan a alzar la voz por aquí y por allá.
Hay que comenzar por reconocer que el tema del desarrollo rural, a diez mil metros de altura, es como el amor a la madre. Nadie puede oponerse. Todo el mundo lo quiere y apoya. El diablo aparece, como siempre, en los detalles. Y quizás aquí es donde surge la necesidad de levantar ciertas banderas amarillas, para ayudarnos a prevenir que una discusión tan importante se vuelva a descarrilar entre el griterío y el dogma.
Para cualquier analista y hacedor de política pública medianamente serio, hay tres factores a considerar al referirse al campo. El primero tiene que ver con una limitada disponibilidad de información, sistemática, cuantitativa y cualitativa, que permita no solamente hacer buenos diagnósticos, sino documentar impactos. Ello dificulta la tarea de definir cuáles son las prioridades, qué funciona y qué no.
Digo esto sin demeritar trabajo de años de varios investigadores serios que se han dado a la titánica y paciente tarea de documentar los retos de desarrollo rural en Guatemala. Más bien es un llamado a plantearnos seriamente una estrategia de estudio y generación de información que permita mantener viva y actualizada la discusión en el país. Si no hay datos regulares, el debate político se da por llamaradas de tuzas.
Lo segundo es reconocer de entrada que si ya nuestro Estado asemeja un niño mal nutrido, las instituciones para atender la ruralidad son quizás el ejemplo extremo. Aquí el mea culpa debe ser compartido. Baja tributación, deficiente gasto, disfuncional diseño institucional y desmantelamiento dogmático de lo poco que existía han sido el pan diario.
Por otra parte, hoy no solamente Guatemala sino América Latina completa vuelve a caer en la cuenta de que los pobres del campo también suman y limitan posibilidades de los que viven en las urbes, y del desarrollo de los países en un sentido más amplio. Como si el campo vuelve a importar de repente.
Y finalmente, la lejanía (y con ello el desconocimiento) propio del centro con su periferia. Algo que si bien puede servir como una sana distancia del sujeto mismo de la política pública, también puede propiciar desconexión y distorsión en lectura y propuesta. Se taponan los vasos comunicantes entre analistas y hacedores de política y el campesino y sus diferentes formas de organización y subsistencia. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo mucha prudencia, al momento de emitir una opinión, ¡no digamos una recomendación!
En cualquier caso, me parece de sentido común que cualquier propuesta de desarrollo rural comience por reconocer la realidad del campo guatemalteco. Que sepa ver las innovaciones tecnológicas y de gestión para desarrollar productos, abrirse mercados, y generar ingresos. Que dé el suficiente valor y reconocimiento a la empresarialidad rural y al papel que juegan los encadenamientos productivos, y a la asociatividad como mecanismo de los pequeños productores para insertarse en el mercado internacional.
Pero también, que sepa reconocer la dicotomía que prevalece en nuestro ámbito rural. En donde también (y milagrosamente) sobreviven una masa de rezagados, guatemaltecos sin ciudadanía, ignorados y-o desatendidos por el mercado y-o el Estado, que ante la más mínima volatilidad de su entorno económico o natural sucumben. Si no fuera así, si solamente tuviéramos un tipo de sujeto rural, la historia fuera muy distinta. Para comenzar no tendríamos el subcampeonato continental en desnutrición infantil ni un 70% de pobres rurales.
Es preciso entonces identificar en voz alta y por escrito las brechas que van más allá de la dicotomía rural-urbano. Dentro del mismo grupo rural hay que hilar más fino y hacer visibles características, perfiles, modelos, incentivos, condiciones de vida.
De manera que ante la nueva ventana que parece estarse abriendo para debatir el tema, la actitud debe ser de apertura y receptividad al razonamiento diverso. Porque como suele ser el caso de cualquier problema socioeconómico, no hay recetarios. Si los hubiera, no habría pobres, no habría desnutridos, ni espacio para estas discusiones.
En cambio, lo que sí hay son problemas reales y agendas invisibilizadas. Recursos muy escasos y prioridades terriblemente dispersas. Diálogo de sordos entre pocos y esperas eternas de muchos. Por allí es por donde hay que comenzar a desatar el nudo. Pero por favor, ¡no más dogmas para el campo!
Dado que es un tema de suyo importante, en mi siguiente columna trataré de reaccionar a la propuesta que han hecho de manera conjunta la USAC y URL y otras iniciativas conexas.
Prensa Libre, 3 de octubre de 2011.
miércoles, 26 de octubre de 2011
¿Hacia dónde va la protección social?
“(…) la discusión evoluciona hacia una noción de protección social transformadora, y no solamente como herramienta para paliar momentos críticos en la vida de los pobres.”
Ya llevamos varios años hablando de transferencias condicionadas y algunos otros programas de protección social. Algunos siguen refunfuñando, acusándolos de asistencialismo. De dar pescado en vez de enseñar a pescar. De ser la causa de la politización de masas de pobres, que luego son capturadas por unos cuantos pesos, por un plato de comida caliente, por una escuela que abre los fines de semana para devolverles el derecho a contar con espacios públicos y actividades lúdicas.
Otros hemos creído desde siempre en el potencial que ese tipo de políticas tiene para integrarnos socialmente. Para favorecer un poco la movilidad social, la canalización sana de la energía de nuestros jóvenes, y para ser mínimamente progresivos en la manera como invertimos los pinches 9 len por cada quetzal producido.
Lo cierto es que hoy día prácticamente todos los países de renta media han adoptado políticas similares, fundamentalmente porque son bastante bien focalizadas y porque francamente su costo fiscal no es tan elevado.
Los diferentes estudios que se han hecho, particularmente sobre transferencias condicionadas, consistentemente concluyen dos cosas que debiéramos internalizar y asumir de una buena vez: 1. los impactos son mayores en áreas rurales que urbanas, aunque tampoco son la bala de plata que resuelve el atraso estructural del campo; y 2. la mayor demanda por servicios públicos que se induce a través de la condicionalidad para dar esos pocos dineros a hogares pobres ha provocado, mal que bien, alguna respuesta en la oferta de servicios básicos – aumentos de cobertura –.
Pero además se observan otros efectos de segundo orden. Quizás no tan intencionados como los anteriores, pero no por ello menos relevantes. Por citar un ejemplo solamente, el dinamismo económico que genera la inyección programada de recursos en los territorios dinamiza mercados y abre espacios para que otros actores puedan interactuar con los beneficiarios de las transferencias.
Por otra parte, esos mismos análisis de programas de transferencias, y redes de protección social en un sentido más amplio, también comienzan a generar nuevas preguntas. Ideas preconcebidas pierden razón de ser, y se abre paso a una oportunidad para seguir innovando.
Por ejemplo, en la actualidad la generalidad de programas de protección social reconocen la necesidad de graduar a sus beneficiarios. Algo obvio, pero que hasta hace dos o tres años todavía se debatía acaloradamente en algunos de nuestros países.
Surgen conceptos como umbral de graduación y umbral de sostenibilidad, reconociendo que no basta solamente con lograr que las personas tengan un ingreso suficiente, sino que el objetivo último es asegurar mecanismos para que esa asistencia temporal se transforme en acumulación de activos e ingresos permanentes que impidan volver a caer en pobreza. En ese mismo sentido, ganan terreno innovaciones como la bancarización y promoción del ahorro y el aseguramiento, con diseños ad hoc para segmentos de población que antes eran simplemente ignorados por el sector financiero formal.
Se habla también de transferencias de activos – como tierra, insumos, herramientas – y ya no solamente de efectivo. Experiencias en África han sido muy innovadoras en este sentido. Y con ello emergen con fuerza conceptos como activos comunitarios, en contraposición a activos individuales y-o de los hogares. Es decir, el bien público vuelve a cobrar relevancia en la lucha contra la pobreza.
En síntesis, la discusión evoluciona hacia una noción de protección social transformadora, y no solamente como herramienta para paliar momentos críticos en la vida de los pobres. Algunos van más allá y discuten cómo la protección social está formando parte del contrato social en muchos países en desarrollo. Probablemente gracias a la persistencia de varios gobiernos en América Latina durante la última década y media. Tiempos interesantes y estimulantes los que estamos viviendo.
Al escribir estas reflexiones quiero aprovechar para saludar el nombramiento de Carolina Trivelli como ministra de desarrollo e inclusión social en el Perú. Con Carolina hemos tenido muchas discusiones sobre temas similares a través de proyectos de investigación en la región. Una excelente profesional, comprometida con el progreso y la transformación social en América Latina. Enorme reto y valiente decisión para dirigir una nueva cartera en el gabinete del gobierno peruano. Un intento por pasar de programas dispersos a sistemas integrados de atención y protección social. ¡Le deseamos mucha suerte a la Caro!
Prensa Libre, 27 de octubre de 2011.
Ya llevamos varios años hablando de transferencias condicionadas y algunos otros programas de protección social. Algunos siguen refunfuñando, acusándolos de asistencialismo. De dar pescado en vez de enseñar a pescar. De ser la causa de la politización de masas de pobres, que luego son capturadas por unos cuantos pesos, por un plato de comida caliente, por una escuela que abre los fines de semana para devolverles el derecho a contar con espacios públicos y actividades lúdicas.
Otros hemos creído desde siempre en el potencial que ese tipo de políticas tiene para integrarnos socialmente. Para favorecer un poco la movilidad social, la canalización sana de la energía de nuestros jóvenes, y para ser mínimamente progresivos en la manera como invertimos los pinches 9 len por cada quetzal producido.
Lo cierto es que hoy día prácticamente todos los países de renta media han adoptado políticas similares, fundamentalmente porque son bastante bien focalizadas y porque francamente su costo fiscal no es tan elevado.
Los diferentes estudios que se han hecho, particularmente sobre transferencias condicionadas, consistentemente concluyen dos cosas que debiéramos internalizar y asumir de una buena vez: 1. los impactos son mayores en áreas rurales que urbanas, aunque tampoco son la bala de plata que resuelve el atraso estructural del campo; y 2. la mayor demanda por servicios públicos que se induce a través de la condicionalidad para dar esos pocos dineros a hogares pobres ha provocado, mal que bien, alguna respuesta en la oferta de servicios básicos – aumentos de cobertura –.
Pero además se observan otros efectos de segundo orden. Quizás no tan intencionados como los anteriores, pero no por ello menos relevantes. Por citar un ejemplo solamente, el dinamismo económico que genera la inyección programada de recursos en los territorios dinamiza mercados y abre espacios para que otros actores puedan interactuar con los beneficiarios de las transferencias.
Por otra parte, esos mismos análisis de programas de transferencias, y redes de protección social en un sentido más amplio, también comienzan a generar nuevas preguntas. Ideas preconcebidas pierden razón de ser, y se abre paso a una oportunidad para seguir innovando.
Por ejemplo, en la actualidad la generalidad de programas de protección social reconocen la necesidad de graduar a sus beneficiarios. Algo obvio, pero que hasta hace dos o tres años todavía se debatía acaloradamente en algunos de nuestros países.
Surgen conceptos como umbral de graduación y umbral de sostenibilidad, reconociendo que no basta solamente con lograr que las personas tengan un ingreso suficiente, sino que el objetivo último es asegurar mecanismos para que esa asistencia temporal se transforme en acumulación de activos e ingresos permanentes que impidan volver a caer en pobreza. En ese mismo sentido, ganan terreno innovaciones como la bancarización y promoción del ahorro y el aseguramiento, con diseños ad hoc para segmentos de población que antes eran simplemente ignorados por el sector financiero formal.
Se habla también de transferencias de activos – como tierra, insumos, herramientas – y ya no solamente de efectivo. Experiencias en África han sido muy innovadoras en este sentido. Y con ello emergen con fuerza conceptos como activos comunitarios, en contraposición a activos individuales y-o de los hogares. Es decir, el bien público vuelve a cobrar relevancia en la lucha contra la pobreza.
En síntesis, la discusión evoluciona hacia una noción de protección social transformadora, y no solamente como herramienta para paliar momentos críticos en la vida de los pobres. Algunos van más allá y discuten cómo la protección social está formando parte del contrato social en muchos países en desarrollo. Probablemente gracias a la persistencia de varios gobiernos en América Latina durante la última década y media. Tiempos interesantes y estimulantes los que estamos viviendo.
Al escribir estas reflexiones quiero aprovechar para saludar el nombramiento de Carolina Trivelli como ministra de desarrollo e inclusión social en el Perú. Con Carolina hemos tenido muchas discusiones sobre temas similares a través de proyectos de investigación en la región. Una excelente profesional, comprometida con el progreso y la transformación social en América Latina. Enorme reto y valiente decisión para dirigir una nueva cartera en el gabinete del gobierno peruano. Un intento por pasar de programas dispersos a sistemas integrados de atención y protección social. ¡Le deseamos mucha suerte a la Caro!
Prensa Libre, 27 de octubre de 2011.
jueves, 20 de octubre de 2011
Peronismo, sandinismo, y desmadre
“Los electores y la democracia valoran solamente una cosa el día de hoy: estabilidad.”
¡Qué curioso! Hace un par de mañanas paso revista a algunos diarios de la región. Primero, El País, con una columna de Martín Caparrós, conmemorando el 66 aniversario del peronismo. De una forma muy provocadora avienta, sin muchos pelos en la lengua, una crítica pura y dura, bien planchada, a un término de difícil explicación. Para Caparrós el peronismo es una palabra vacía. Sin contenido. Porque intenta abarcarlo todo y lo ha sido todo a lo largo de su vida.
Esta analogía me encantó: “Si perro quisiera decir mamífero carniza de ojos tristes, engaño socarrón, adolescente que ese día se quedó sin plata, cuarto planeta del sistema solar de la vigésima de Andrómeda, la hojita que al caer produce en su refrote contra el suelo un chistido que recuerda vagamente al canto gregoriano, el tercer órgano sexual, empleado perseverante, verde botella, rojo pecado, blanco radiante, atropello violento con los codos, choricito, y venticuatro más, nadie diría perro porque no está diciendo nada. (…) El peronismo fue sindicalismo perseguido en los cincuentas, sindicalismo propatronal en los sesentas, izquierdismo nacionalista en los setentas, nacionalismo fascistoide al mismo tiempo, intentos democristianos en los ochentas, neoliberalismo antiestatal en los noventas, populismo cuasiestatista en los dosmiles.”
En simultáneo, The Nicaragua Dispatch publica una entrevista hecha al ex comandante del FSLN, Bayardo Arce. Actualmente asesor económico del Presidente Ortega. Allí Arce se desnuda y habla no solamente de los errores de la primera experiencia sandinista en el gobierno y de los correctivos que en esta segunda oportunidad han aplicado, sino de su visión de la práctica política. También recuerda lo aleccionador que fue para algunos dirigentes el haber tenido que salir a ganarse la vida en el sector privado, y las bondades de una relación institucional que han forjado durante los últimos años con el Fondo Monetario Institucional para promover el crecimiento económico.
Me parece que no hace sino dibujar el neo-sandinismo. Uno que se reinventó en el camino, tras 26 años de haber ganado una revolución a tiro limpio, que en 1990 perdió el poder en las urnas, manteniendo al FSLN en la oposición por 16 años, y que ahora recupera el poder. ¿Es esto posible?
Seguramente si el texto de Arce hubiera sido publicado en otra época, lo hubieran acusado de revisionista. Pero los tiempos son otros. Y muy probablemente la lectura sea más bien de sagacidad política y oportunismo ante el nuevo contexto. Los bien pensados hablarán del relanzamiento de una propuesta más adecuada (o menos confrontativa) con el orden que prevalece en la región y el mundo. Los mal pensados comentarán cínica e incrédulamente cada una de sus respuestas.
Lo más probable es que ambos casos no reflejen otra cosa que pragmatismo llevado al límite. ¿Para qué? Pues para mantener el poder político, ¿para qué más? Un personaje de la vida nacional chapina me dijo una vez que hay individuos que no quieren estar en el poder sino con el poder. La sutileza semántica es profunda.
Curioso que ambos movimientos, peronismo y sandinismo, están hoy a las puertas de revalidar su mandato. Las mutaciones en el discurso parecen no hacerles mella. Los electores y la democracia valoran solamente una cosa el día de hoy: estabilidad. Que se traduce concretamente en prudencia macroeconómica y un mínimo de seguridad a la propiedad privada individual o corporativa. A eso hemos reducido nuestras aspiraciones.
En el caso argentino y nicaragüense cuando menos tienen un referente histórico: Juan Domingo y Eva Perón y sus demás sucesores, y el triunfo de la revolución sandinista y su retorno al poder. Nosotros en Guatemala, ¿contra qué nos comparamos? ¿Qué representan las propuestas políticas contemporáneas sino una profunda incapacidad de articular nada y explicarnos nada de nada? Sin idearios y sin un mínimo de cordura y profundidad. El último debate de nuestros presidenciables y el mercado parlamentario son un excelente botón de muestra.
En vez de explicarnos cómo diablos financiarán el presupuesto nacional, cómo abordarán el desarrollo rural, o qué piensan hacer para mejorar el sistema de justicia y la calidad de los servicios de atención hospitalaria y educación secundaria, prefieren gritarse cual placeras, y por un pelo darse a las trompadas. Bochornoso. Aldeano.
Honestamente no sé qué es peor para un país. Si tener una clase política con visión camaleónica, pero mal que bien con una estructura partidista estable en el tiempo. O si por el contrario, es menos dañino un esquema a la guatemalteca, de partidos políticos sin preocupación alguna por darle referente ideológico ni contenido programático a su discurso, burdos inversionistas en cada evento electoral.
En fin, le deseo un buen descanso hoy en el aniversario de la revolución de octubre – probablemente el último referente claro en nuestra historia política contemporánea –.
Prensa Libre, 20 de octubre de 2011.
¡Qué curioso! Hace un par de mañanas paso revista a algunos diarios de la región. Primero, El País, con una columna de Martín Caparrós, conmemorando el 66 aniversario del peronismo. De una forma muy provocadora avienta, sin muchos pelos en la lengua, una crítica pura y dura, bien planchada, a un término de difícil explicación. Para Caparrós el peronismo es una palabra vacía. Sin contenido. Porque intenta abarcarlo todo y lo ha sido todo a lo largo de su vida.
Esta analogía me encantó: “Si perro quisiera decir mamífero carniza de ojos tristes, engaño socarrón, adolescente que ese día se quedó sin plata, cuarto planeta del sistema solar de la vigésima de Andrómeda, la hojita que al caer produce en su refrote contra el suelo un chistido que recuerda vagamente al canto gregoriano, el tercer órgano sexual, empleado perseverante, verde botella, rojo pecado, blanco radiante, atropello violento con los codos, choricito, y venticuatro más, nadie diría perro porque no está diciendo nada. (…) El peronismo fue sindicalismo perseguido en los cincuentas, sindicalismo propatronal en los sesentas, izquierdismo nacionalista en los setentas, nacionalismo fascistoide al mismo tiempo, intentos democristianos en los ochentas, neoliberalismo antiestatal en los noventas, populismo cuasiestatista en los dosmiles.”
En simultáneo, The Nicaragua Dispatch publica una entrevista hecha al ex comandante del FSLN, Bayardo Arce. Actualmente asesor económico del Presidente Ortega. Allí Arce se desnuda y habla no solamente de los errores de la primera experiencia sandinista en el gobierno y de los correctivos que en esta segunda oportunidad han aplicado, sino de su visión de la práctica política. También recuerda lo aleccionador que fue para algunos dirigentes el haber tenido que salir a ganarse la vida en el sector privado, y las bondades de una relación institucional que han forjado durante los últimos años con el Fondo Monetario Institucional para promover el crecimiento económico.
Me parece que no hace sino dibujar el neo-sandinismo. Uno que se reinventó en el camino, tras 26 años de haber ganado una revolución a tiro limpio, que en 1990 perdió el poder en las urnas, manteniendo al FSLN en la oposición por 16 años, y que ahora recupera el poder. ¿Es esto posible?
Seguramente si el texto de Arce hubiera sido publicado en otra época, lo hubieran acusado de revisionista. Pero los tiempos son otros. Y muy probablemente la lectura sea más bien de sagacidad política y oportunismo ante el nuevo contexto. Los bien pensados hablarán del relanzamiento de una propuesta más adecuada (o menos confrontativa) con el orden que prevalece en la región y el mundo. Los mal pensados comentarán cínica e incrédulamente cada una de sus respuestas.
Lo más probable es que ambos casos no reflejen otra cosa que pragmatismo llevado al límite. ¿Para qué? Pues para mantener el poder político, ¿para qué más? Un personaje de la vida nacional chapina me dijo una vez que hay individuos que no quieren estar en el poder sino con el poder. La sutileza semántica es profunda.
Curioso que ambos movimientos, peronismo y sandinismo, están hoy a las puertas de revalidar su mandato. Las mutaciones en el discurso parecen no hacerles mella. Los electores y la democracia valoran solamente una cosa el día de hoy: estabilidad. Que se traduce concretamente en prudencia macroeconómica y un mínimo de seguridad a la propiedad privada individual o corporativa. A eso hemos reducido nuestras aspiraciones.
En el caso argentino y nicaragüense cuando menos tienen un referente histórico: Juan Domingo y Eva Perón y sus demás sucesores, y el triunfo de la revolución sandinista y su retorno al poder. Nosotros en Guatemala, ¿contra qué nos comparamos? ¿Qué representan las propuestas políticas contemporáneas sino una profunda incapacidad de articular nada y explicarnos nada de nada? Sin idearios y sin un mínimo de cordura y profundidad. El último debate de nuestros presidenciables y el mercado parlamentario son un excelente botón de muestra.
En vez de explicarnos cómo diablos financiarán el presupuesto nacional, cómo abordarán el desarrollo rural, o qué piensan hacer para mejorar el sistema de justicia y la calidad de los servicios de atención hospitalaria y educación secundaria, prefieren gritarse cual placeras, y por un pelo darse a las trompadas. Bochornoso. Aldeano.
Honestamente no sé qué es peor para un país. Si tener una clase política con visión camaleónica, pero mal que bien con una estructura partidista estable en el tiempo. O si por el contrario, es menos dañino un esquema a la guatemalteca, de partidos políticos sin preocupación alguna por darle referente ideológico ni contenido programático a su discurso, burdos inversionistas en cada evento electoral.
En fin, le deseo un buen descanso hoy en el aniversario de la revolución de octubre – probablemente el último referente claro en nuestra historia política contemporánea –.
Prensa Libre, 20 de octubre de 2011.
jueves, 13 de octubre de 2011
De ver dan ganas
“Ya casi nadie parecía estar dispuesto a salir a los espacios públicos a dar la pelea por bienes públicos.”
Primero fue el 15-M y la toma de Puerta del Sol en España. Todo el mundo observaba a un grupo de jóvenes de la sociedad civil europea, volcados a la calle exigiendo respuestas a su gobierno. Esencialmente soluciones al paro laboral. Aunque era un problema que ya venía arrastrándose desde hace varios años atrás, la crisis del 2008 vino a agudizarlo.
Luego el espacio mediático fue tomado por Occupy Wall Street. Métodos muy parecidos: acampar en parques, movilizar redes sociales, marchas, pancartas. Demandas muy parecidas: más fuentes de trabajo, salud y educación más baratas. Corolario: una distribución más equitativa del ajuste que se venía encima. El villano aquí es el sector financiero y el héroe los jóvenes de hogares promedio, que no la están teniendo nada fácil para salir adelante y ascender socialmente.
Ambas expresiones evocan protestas de otra época. Días que quedaron en Woodstock, que se llevaron los hippies, que se fueron con el fin de la guerra en Vietnam. Reacciones que ya habíamos dado por muertas (o por lo menos bien dormidas), enterradas, históricas.
Hasta hace muy poco todo el mundo hablaba con nostalgia de aquella legendaria participación política de los jóvenes. El idealismo propio de mentes y corazones nuevos parecía haber sido derrotado por el “reality check” post muro de Berlín y la fría condición hegemónica de dos máximas que se impusieron sin preguntar: democracia en lo político y mercado en lo económico. La política había sido relegada a los políticos, aunque todos sabíamos que la iban a hacer mal. Y ya casi nadie parecía estar dispuesto a salir a los espacios públicos a dar la pelea por bienes públicos.
Hoy, los conservadores más radicales, monarquistas económicos (economic royalists) – como los llama Krugman parafraseando a Franklin Roosevelt –, llaman a estas expresiones anti-Americanos, alineados con Lenin. ¡Hágame usted el favor! Aún y cuando su escala en las redes sociales sea mucho mayor comparado con lo que modestamente está sucediendo en parques y calles. El mismo alcalde Bloomberg de Nueva York los criticó señalándolos de estar ahuyentando fuentes de empleo de la ciudad. (Pregunto, ¿a quién se señala por haber ahuyentado el otro 9.6% de americanos desempleados desde hace ya varios meses?).
Es como si de repente participación ciudadana se volvió una concepto proscrito. Maldito por alborotador de un orden que, entre otras cosas, nos tiene a todos bastante desordenados. La gran ironía es que esa misma participación ciudadana se promueva en sociedades abajo del Rio Bravo y a ultramar como condición indispensable para el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico de las naciones. Vea usted, “do as I say, not as I do…”
Una cosa debiera ir quedándonos clara. Los movimientos en España, Chile, el mundo árabe y ahora Estados Unidos están mandando mensajes que ya no resuenan sino más bien retumban.
Están interpelando a gobiernos y sistemas políticos, exigiéndoles no seguir guardando un silencio cómplice con respecto a la inequidad. Mucho menos si esta proviene de aquella vieja máxima en la que “las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan”.
Exigen una reforma profunda de los sistemas y partidos políticos. Desde hace años se escucha señalar a las élites intelectuales, de todos los bandos ideológicos, el agotamiento de muchas estructuras y formas de representación democrática. Hay que sentarse pronto a hacer un overhaul a los canales de participación política.
Pero además, se pone de manifiesto un deseo de participación en los jóvenes. Piden más espacios y presentan una capacidad de articulación de demandas y movilización social cada vez mayor – Camila Vallejo es quizás el ejemplo más claro –. Pareciera haber moméntum, deseos de renovación, y eso debe ser aprovechado, contagiado, inoculado a los más posibles. No para construir un sistema perfecto, no. Simplemente para que el cambio de estafeta en la conducción de los países se dé, sobretodo en sociedades jóvenes y diversas como las latinoamericanas.
No es de sorprender que todo esto pueda perfectamente extrapolarse a la Guatemala actual. Aunque también es cierto que históricamente el país reacciona más o menos con una década de rezago ante las tendencias y procesos mundiales. Sin embargo, quizás sea posible que la nueva forma de participación impulsada por redes sociales y mayor conectividad nos haga el favor de acortar un poco esos plazos. El tiempo dirá.
Por ahora tengo que confesar que es muy estimulante y tentador observar el reverdecimiento de la participación ciudadana y el involucramiento de los jóvenes en la vida política. De ver dan ganas, dicen porai…
Prensa Libre, 13 de octubre de 2011.
Primero fue el 15-M y la toma de Puerta del Sol en España. Todo el mundo observaba a un grupo de jóvenes de la sociedad civil europea, volcados a la calle exigiendo respuestas a su gobierno. Esencialmente soluciones al paro laboral. Aunque era un problema que ya venía arrastrándose desde hace varios años atrás, la crisis del 2008 vino a agudizarlo.
Luego el espacio mediático fue tomado por Occupy Wall Street. Métodos muy parecidos: acampar en parques, movilizar redes sociales, marchas, pancartas. Demandas muy parecidas: más fuentes de trabajo, salud y educación más baratas. Corolario: una distribución más equitativa del ajuste que se venía encima. El villano aquí es el sector financiero y el héroe los jóvenes de hogares promedio, que no la están teniendo nada fácil para salir adelante y ascender socialmente.
Ambas expresiones evocan protestas de otra época. Días que quedaron en Woodstock, que se llevaron los hippies, que se fueron con el fin de la guerra en Vietnam. Reacciones que ya habíamos dado por muertas (o por lo menos bien dormidas), enterradas, históricas.
Hasta hace muy poco todo el mundo hablaba con nostalgia de aquella legendaria participación política de los jóvenes. El idealismo propio de mentes y corazones nuevos parecía haber sido derrotado por el “reality check” post muro de Berlín y la fría condición hegemónica de dos máximas que se impusieron sin preguntar: democracia en lo político y mercado en lo económico. La política había sido relegada a los políticos, aunque todos sabíamos que la iban a hacer mal. Y ya casi nadie parecía estar dispuesto a salir a los espacios públicos a dar la pelea por bienes públicos.
Hoy, los conservadores más radicales, monarquistas económicos (economic royalists) – como los llama Krugman parafraseando a Franklin Roosevelt –, llaman a estas expresiones anti-Americanos, alineados con Lenin. ¡Hágame usted el favor! Aún y cuando su escala en las redes sociales sea mucho mayor comparado con lo que modestamente está sucediendo en parques y calles. El mismo alcalde Bloomberg de Nueva York los criticó señalándolos de estar ahuyentando fuentes de empleo de la ciudad. (Pregunto, ¿a quién se señala por haber ahuyentado el otro 9.6% de americanos desempleados desde hace ya varios meses?).
Es como si de repente participación ciudadana se volvió una concepto proscrito. Maldito por alborotador de un orden que, entre otras cosas, nos tiene a todos bastante desordenados. La gran ironía es que esa misma participación ciudadana se promueva en sociedades abajo del Rio Bravo y a ultramar como condición indispensable para el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico de las naciones. Vea usted, “do as I say, not as I do…”
Una cosa debiera ir quedándonos clara. Los movimientos en España, Chile, el mundo árabe y ahora Estados Unidos están mandando mensajes que ya no resuenan sino más bien retumban.
Están interpelando a gobiernos y sistemas políticos, exigiéndoles no seguir guardando un silencio cómplice con respecto a la inequidad. Mucho menos si esta proviene de aquella vieja máxima en la que “las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan”.
Exigen una reforma profunda de los sistemas y partidos políticos. Desde hace años se escucha señalar a las élites intelectuales, de todos los bandos ideológicos, el agotamiento de muchas estructuras y formas de representación democrática. Hay que sentarse pronto a hacer un overhaul a los canales de participación política.
Pero además, se pone de manifiesto un deseo de participación en los jóvenes. Piden más espacios y presentan una capacidad de articulación de demandas y movilización social cada vez mayor – Camila Vallejo es quizás el ejemplo más claro –. Pareciera haber moméntum, deseos de renovación, y eso debe ser aprovechado, contagiado, inoculado a los más posibles. No para construir un sistema perfecto, no. Simplemente para que el cambio de estafeta en la conducción de los países se dé, sobretodo en sociedades jóvenes y diversas como las latinoamericanas.
No es de sorprender que todo esto pueda perfectamente extrapolarse a la Guatemala actual. Aunque también es cierto que históricamente el país reacciona más o menos con una década de rezago ante las tendencias y procesos mundiales. Sin embargo, quizás sea posible que la nueva forma de participación impulsada por redes sociales y mayor conectividad nos haga el favor de acortar un poco esos plazos. El tiempo dirá.
Por ahora tengo que confesar que es muy estimulante y tentador observar el reverdecimiento de la participación ciudadana y el involucramiento de los jóvenes en la vida política. De ver dan ganas, dicen porai…
Prensa Libre, 13 de octubre de 2011.
jueves, 6 de octubre de 2011
Cosas veredes, amigo Sancho
“La falta de empleo es y seguirá siendo el principal y más claro detonante de malestar en los hogares y economías de cualquier parte del mundo.”
Esta recurrente crisis económica ha puesto de manifiesto una de las principales debilidades que tienen la mayor parte de las economías en el mundo: generación de empleo. Y aunque la discusión entre economistas especula ampliamente sobre lo que debe hacerse para alcanzar un crecimiento económico alto y que a la vez genere suficientes puestos de trabajo, la verdad es que el grueso del debate está ya librándose en la arena política – sin mucha más claridad, por cierto –.
¡Obvio! Al final son los ciudadanos en edad productiva, sobre todo los que están desempleados, los primeros en plantarse a exigir a sus gobernantes que hagan algo. Unos pidiendo condiciones para abrirse un espacio en el sector privado, crear sus propias empresas, competir y crecer. Otros serían felices con solo poder salir a la calle y ser capaces de encontrar demanda para sus servicios en el sector privado o público.
Pero cuando estos mecanismos no están presentes o funcionan de manera deficiente, como parece ser el caso a todo nivel – países desarrollados, economías emergentes, y la gran generalidad de países en desarrollo –, los gobiernos entran en estado de alerta y evalúan qué se puede hacer para resolver el problema del paro laboral de sus ciudadanos votantes.
Las respuestas son muy diversas. Van desde distintos esquemas de protección social, que principalmente trata de proteger aquellos grupos que son más vulnerables, hasta aquellas otras intervenciones más “de mercado”, que intentan facilitar actividad privada para la generación de puestos productivos.
En el caso latinoamericano, principalmente durante el último par de décadas, era típico que esta segunda respuesta de los gobiernos se solía dar en un contexto de apertura y liberalización de mercados. La receta era intervenir dentro de los límites que imponían la integración comercial y financiera, tratando de distorsionar lo menos posible precios y decisiones que los agentes económicos se suponía tomaban de manera racional y eficiente.
Sin embargo, la tendencia histórica parece estar cambiando. Por una parte, cada vez más escuchamos acerca de protestas de adultos jóvenes alrededor del mundo en contra de mercados y políticas que simple y llanamente los han dejado de lado. El 15-M en España (ahora con su versión New Yorkina), y las protestas chilenas por la educación son quizás los ejemplos más cercanos y recientes.
Por otro lado, comenzamos a ver respuestas de gobiernos, que no solamente intentan salir en defensa de sus ciudadanos votantes, pero que además cuestionan el supuesto de partida: mayor apertura económica siempre es preferida a menor apertura económica. Dos noticias que leí hace unos días sobre disposiciones de los gobiernos en Argentina y Brasil me han puesto a pensar si esta crisis no podría conducirnos a un replanteamiento y pérdida de relevancia del modelo de crecimiento económico anclado en exportaciones y comercio libre.
En cierta forma reviven viejas discusiones sobre el auge y ocaso de la política industrial como instrumento para promover desarrollo; o aquel modelo de substitución de importaciones que apostaba a construir una base de producción manufacturera local, que a su vez permitiría romper la dependencia de los recursos naturales y materias primas para la generación de ingreso en los países menos desarrollados.
Argentina decide inducir la producción de BlackBerrys en Tierra del Fuego. En palabras de la ministra de industria Débora Giorgi el país tiene (sic) “un mercado doméstico con demanda creciente. El objetivo es abastecerlo con mano de obra y producción locales”. Aunque, a decir de la revista The Economist, cueste 15 veces más producirlo allí que en Asia. (Dicho sea de paso, no es la primera medida de este tipo que adopta el régimen Kirchnerista).
Y Brasil anuncia a través de su ministro de finanzas, Guido Mantega, un aumento a los impuestos sobre vehículos importados. Ello a pesar de que aparentemente China los produce a un costo significativamente menor. Al igual que en el caso de sus vecinos más al sur, esta medida forma parte de un paquete más amplio que incluyen incentivos fiscales a la industria doméstica. Como dijo Don Quijote: cosas veredes, amigo Sancho…
Por el momento leo dos mensajes y tengo dos preguntas. Primer mensaje, la falta de empleo es y seguirá siendo el principal y más claro detonante de malestar en los hogares y economías de cualquier parte del mundo. Segundo mensaje, los gobiernos van a reaccionar en tanto y cuanto haya votantes empoderados que hagan valer sus demandas.
Primera pregunta, ¿estaremos ante un potencial cambio en la manera de hacer política económica o simplemente estamos viendo cómo dos economías grandes de América Latina convergen y se comportan de acuerdo a viejas prácticas, típicas de países desarrollados? Segunda pregunta, ¿qué opciones tienen economías pequeñas y abiertas como las centroamericanas para atender su igualmente urgente necesidad de generar más y mejores puestos de trabajo?
Prensa Libre, 7 de octubre de 2011.
Esta recurrente crisis económica ha puesto de manifiesto una de las principales debilidades que tienen la mayor parte de las economías en el mundo: generación de empleo. Y aunque la discusión entre economistas especula ampliamente sobre lo que debe hacerse para alcanzar un crecimiento económico alto y que a la vez genere suficientes puestos de trabajo, la verdad es que el grueso del debate está ya librándose en la arena política – sin mucha más claridad, por cierto –.
¡Obvio! Al final son los ciudadanos en edad productiva, sobre todo los que están desempleados, los primeros en plantarse a exigir a sus gobernantes que hagan algo. Unos pidiendo condiciones para abrirse un espacio en el sector privado, crear sus propias empresas, competir y crecer. Otros serían felices con solo poder salir a la calle y ser capaces de encontrar demanda para sus servicios en el sector privado o público.
Pero cuando estos mecanismos no están presentes o funcionan de manera deficiente, como parece ser el caso a todo nivel – países desarrollados, economías emergentes, y la gran generalidad de países en desarrollo –, los gobiernos entran en estado de alerta y evalúan qué se puede hacer para resolver el problema del paro laboral de sus ciudadanos votantes.
Las respuestas son muy diversas. Van desde distintos esquemas de protección social, que principalmente trata de proteger aquellos grupos que son más vulnerables, hasta aquellas otras intervenciones más “de mercado”, que intentan facilitar actividad privada para la generación de puestos productivos.
En el caso latinoamericano, principalmente durante el último par de décadas, era típico que esta segunda respuesta de los gobiernos se solía dar en un contexto de apertura y liberalización de mercados. La receta era intervenir dentro de los límites que imponían la integración comercial y financiera, tratando de distorsionar lo menos posible precios y decisiones que los agentes económicos se suponía tomaban de manera racional y eficiente.
Sin embargo, la tendencia histórica parece estar cambiando. Por una parte, cada vez más escuchamos acerca de protestas de adultos jóvenes alrededor del mundo en contra de mercados y políticas que simple y llanamente los han dejado de lado. El 15-M en España (ahora con su versión New Yorkina), y las protestas chilenas por la educación son quizás los ejemplos más cercanos y recientes.
Por otro lado, comenzamos a ver respuestas de gobiernos, que no solamente intentan salir en defensa de sus ciudadanos votantes, pero que además cuestionan el supuesto de partida: mayor apertura económica siempre es preferida a menor apertura económica. Dos noticias que leí hace unos días sobre disposiciones de los gobiernos en Argentina y Brasil me han puesto a pensar si esta crisis no podría conducirnos a un replanteamiento y pérdida de relevancia del modelo de crecimiento económico anclado en exportaciones y comercio libre.
En cierta forma reviven viejas discusiones sobre el auge y ocaso de la política industrial como instrumento para promover desarrollo; o aquel modelo de substitución de importaciones que apostaba a construir una base de producción manufacturera local, que a su vez permitiría romper la dependencia de los recursos naturales y materias primas para la generación de ingreso en los países menos desarrollados.
Argentina decide inducir la producción de BlackBerrys en Tierra del Fuego. En palabras de la ministra de industria Débora Giorgi el país tiene (sic) “un mercado doméstico con demanda creciente. El objetivo es abastecerlo con mano de obra y producción locales”. Aunque, a decir de la revista The Economist, cueste 15 veces más producirlo allí que en Asia. (Dicho sea de paso, no es la primera medida de este tipo que adopta el régimen Kirchnerista).
Y Brasil anuncia a través de su ministro de finanzas, Guido Mantega, un aumento a los impuestos sobre vehículos importados. Ello a pesar de que aparentemente China los produce a un costo significativamente menor. Al igual que en el caso de sus vecinos más al sur, esta medida forma parte de un paquete más amplio que incluyen incentivos fiscales a la industria doméstica. Como dijo Don Quijote: cosas veredes, amigo Sancho…
Por el momento leo dos mensajes y tengo dos preguntas. Primer mensaje, la falta de empleo es y seguirá siendo el principal y más claro detonante de malestar en los hogares y economías de cualquier parte del mundo. Segundo mensaje, los gobiernos van a reaccionar en tanto y cuanto haya votantes empoderados que hagan valer sus demandas.
Primera pregunta, ¿estaremos ante un potencial cambio en la manera de hacer política económica o simplemente estamos viendo cómo dos economías grandes de América Latina convergen y se comportan de acuerdo a viejas prácticas, típicas de países desarrollados? Segunda pregunta, ¿qué opciones tienen economías pequeñas y abiertas como las centroamericanas para atender su igualmente urgente necesidad de generar más y mejores puestos de trabajo?
Prensa Libre, 7 de octubre de 2011.
jueves, 22 de septiembre de 2011
No es lo que se dice, sino cómo se dice
“Si el ciudadano promedio recibe mensajes cruzados de sus autoridades, no solamente queda confundido, sino que además las medidas de política pierden credibilidad y fuerza.”
En política pública son importantes tres cosas: tener claridad con respecto a lo que hay que hacer, contar con los recursos necesarios para implementar medidas, y saber comunicar bien decisiones y resultados. Si cualquiera de estos tres elementos falla, el efecto de cualquier intervención se diluye, o peor aún, puede resultar contraproducente.
La última medición de pobreza en Colombia ilustra muy bien este punto. El gobierno salió hace unos días a presentar los resultados de la última medición que habían realizado. Para fortuna de los colombianos, los datos revelan un relativo mejoramiento en las condiciones de vida de la población. Tanto la pobreza general y extrema se redujeron.
Sin embargo, no todo es regocijo. La población rural continúa siendo mayoritariamente pobre (53%), mientras que en las ciudades el porcentaje de pobres es del 24%. Además, el país retrocedió en materia de equidad, reportando un índice de Gini de 0.56. Es decir, se pone en la pelea por el liderato regional en desigualdad.
Según el Director de Planeación, Hernando José Gómez, hay tres variables que explican la desigualdad colombiana: el analfabetismo, la informalidad, y calidad de la oferta pública de los servicios sociales. Y si usted lo piensa despacio, se dará cuanta que revertir cualquiera de estos factores no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. De allí la cantaleta de la equidad como algo que toma mucho más tiempo para alcanzarse en comparación con la reducción de pobreza.
Pero bueno, estos son los datos fríos y hasta aquí todo iba bien. ¿En dónde está el alboroto entonces? Resulta que la grilla se armó porque las autoridades colombianas implementaron un nuevo método para medir pobreza. Decidieron (acertadamente creo yo) ir un paso más allá de las mediciones tradicionales de ingreso, consumo o de necesidades básicas insatisfechas, y le apostaron a un método más integral: el índice multidimensional de la pobreza (IMP).
El índice captura el entorno más amplio de una familia. Es decir, educación de los hijos, trabajo infantil, desempleo e informalidad, acceso al aseguramiento de la salud y condiciones de vivienda (agua potable, calidad de los materiales y del piso, eliminación de excretas y hacinamiento). La ventaja de esta herramienta es que permite afinar mejor la puntería de la política pública. Revela no solamente porcentajes sino también el tipo de necesidades particulares que enfrentan los pobres en diferentes territorios.
El problema estuvo en la forma de comunicar los resultados. El vicepresidente tomó los datos y lanzó una interpretación un tanto apresurada de la línea de pobreza que ahora es de 190,000 pesos colombianos al mes por persona – aproximadamente USD100.00 –. Cuestionó la cifra y retó a los técnicos para que fueran a hacer compras de mercado con esa cantidad de dinero. La confusión estuvo en que el vicepresidente interpretó la línea de pobreza como si fuera para un hogar completo y no como gasto per capita, que es como usualmente se calcula.
Este incidente revela con mucha nitidez la importancia de contar con una adecuada estrategia de comunicación al momento de hacer públicos resultados sensibles. Si el ciudadano promedio recibe mensajes cruzados de sus autoridades, no solamente queda confundido, sino que además las medidas de política pierden credibilidad y fuerza.
En Guatemala están por salir a luz los datos y resultados de la ECOVI 2011, encuesta de hogares por excelencia para actualizar mediciones de pobreza. Es muy importante que paralelamente a todo el trabajo técnico, de campo, y de análisis que se ha hecho, también se dedique suficiente tiempo a preparar una adecuada estrategia de comunicación. Presumiblemente los datos se publicaran justo a las puertas de que un nuevo equipo de gobierno este por estrenarse en el cargo. Es una oportunidad privilegiada para el INE, pues contará con el oído de la clase política y de la tecnocracia nacional e internacional interesada en el tema.
Los guatemaltecos esperamos que no solamente hagan públicos porcentajes, sino que también bases de datos y metodologías de cálculo utilizadas. Ello permitirá, entre otras cosas, legitimar un trabajo que el INE ha venido realizando desde hace ya varios años. Pero también hará posible compararnos con el resto del barrio latino, y constatar, por ejemplo, si Colombia ha destronado a Brasil, Chile y Guatemala en materia de desigualdad.
Prensa Libre, 22 de septiembre de 2011.
En política pública son importantes tres cosas: tener claridad con respecto a lo que hay que hacer, contar con los recursos necesarios para implementar medidas, y saber comunicar bien decisiones y resultados. Si cualquiera de estos tres elementos falla, el efecto de cualquier intervención se diluye, o peor aún, puede resultar contraproducente.
La última medición de pobreza en Colombia ilustra muy bien este punto. El gobierno salió hace unos días a presentar los resultados de la última medición que habían realizado. Para fortuna de los colombianos, los datos revelan un relativo mejoramiento en las condiciones de vida de la población. Tanto la pobreza general y extrema se redujeron.
Sin embargo, no todo es regocijo. La población rural continúa siendo mayoritariamente pobre (53%), mientras que en las ciudades el porcentaje de pobres es del 24%. Además, el país retrocedió en materia de equidad, reportando un índice de Gini de 0.56. Es decir, se pone en la pelea por el liderato regional en desigualdad.
Según el Director de Planeación, Hernando José Gómez, hay tres variables que explican la desigualdad colombiana: el analfabetismo, la informalidad, y calidad de la oferta pública de los servicios sociales. Y si usted lo piensa despacio, se dará cuanta que revertir cualquiera de estos factores no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. De allí la cantaleta de la equidad como algo que toma mucho más tiempo para alcanzarse en comparación con la reducción de pobreza.
Pero bueno, estos son los datos fríos y hasta aquí todo iba bien. ¿En dónde está el alboroto entonces? Resulta que la grilla se armó porque las autoridades colombianas implementaron un nuevo método para medir pobreza. Decidieron (acertadamente creo yo) ir un paso más allá de las mediciones tradicionales de ingreso, consumo o de necesidades básicas insatisfechas, y le apostaron a un método más integral: el índice multidimensional de la pobreza (IMP).
El índice captura el entorno más amplio de una familia. Es decir, educación de los hijos, trabajo infantil, desempleo e informalidad, acceso al aseguramiento de la salud y condiciones de vivienda (agua potable, calidad de los materiales y del piso, eliminación de excretas y hacinamiento). La ventaja de esta herramienta es que permite afinar mejor la puntería de la política pública. Revela no solamente porcentajes sino también el tipo de necesidades particulares que enfrentan los pobres en diferentes territorios.
El problema estuvo en la forma de comunicar los resultados. El vicepresidente tomó los datos y lanzó una interpretación un tanto apresurada de la línea de pobreza que ahora es de 190,000 pesos colombianos al mes por persona – aproximadamente USD100.00 –. Cuestionó la cifra y retó a los técnicos para que fueran a hacer compras de mercado con esa cantidad de dinero. La confusión estuvo en que el vicepresidente interpretó la línea de pobreza como si fuera para un hogar completo y no como gasto per capita, que es como usualmente se calcula.
Este incidente revela con mucha nitidez la importancia de contar con una adecuada estrategia de comunicación al momento de hacer públicos resultados sensibles. Si el ciudadano promedio recibe mensajes cruzados de sus autoridades, no solamente queda confundido, sino que además las medidas de política pierden credibilidad y fuerza.
En Guatemala están por salir a luz los datos y resultados de la ECOVI 2011, encuesta de hogares por excelencia para actualizar mediciones de pobreza. Es muy importante que paralelamente a todo el trabajo técnico, de campo, y de análisis que se ha hecho, también se dedique suficiente tiempo a preparar una adecuada estrategia de comunicación. Presumiblemente los datos se publicaran justo a las puertas de que un nuevo equipo de gobierno este por estrenarse en el cargo. Es una oportunidad privilegiada para el INE, pues contará con el oído de la clase política y de la tecnocracia nacional e internacional interesada en el tema.
Los guatemaltecos esperamos que no solamente hagan públicos porcentajes, sino que también bases de datos y metodologías de cálculo utilizadas. Ello permitirá, entre otras cosas, legitimar un trabajo que el INE ha venido realizando desde hace ya varios años. Pero también hará posible compararnos con el resto del barrio latino, y constatar, por ejemplo, si Colombia ha destronado a Brasil, Chile y Guatemala en materia de desigualdad.
Prensa Libre, 22 de septiembre de 2011.
jueves, 15 de septiembre de 2011
De cóncavo a convexo (parte II y final)
“La capacidad de absorción del sector formal de la economía es muchísimo más lenta que la velocidad a la que se generan trabajadores con diploma de sexto grado.”
La semana pasada comentaba sobre el cambio que en los últimos años han tenido los retornos a la educación en el mundo en desarrollo. La idea central era la siguiente: por años habíamos pregonado que invertir en educación primaria era el mejor negocio, y ahora parece que sus beneficios se vuelven más y más reducidos en comparación con los retornos a la educación secundaria y universitaria.
Esto es un fenómeno que no apareció por generación espontánea. Mucha evidencia había comenzado a señalar que algo ocurría en los retornos a la educación desde hace algunos años. Sin embargo, ahora toca tratar de entender las causas y asumir el reto que ofrece para la política social en países en desarrollo.
En cuanto a razones de esta reversión, básicamente se proponen tres posibilidades para los países de renta baja, y una cuarta que se suma para los países de renta media, en donde cae la gran mayoría de países de América Latina. Todas, como solemos hacer los economistas, explicadas por curvas de oferta y demanda.
En primer lugar, hoy se perciben los beneficios del tremendo avance en cobertura educativa. La recomendación desde los años ochentas y noventas no cayeron en saco roto. Sin embargo, no se previó la reacción de un mercado que de manera natural ajusta su precio ante la abundancia o la escasez de un bien o servicio. Más graduados de primaria, el salario tiende a caer o bien los requerimientos para empleos se desplaza a aquellos con enseñanza media. Además, la capacidad de absorción del sector formal de la economía es muchísimo más lenta que la velocidad a la que se generan trabajadores con diploma de sexto grado.
En segundo lugar, hay evidencia de que esta ampliación acelerada en la cobertura no ha ido de la mano con un aumento de recursos suficientes para garantizar calidad en la enseñanza. De esto, los guatemaltecos sabemos mucho. Es una de las patas de la mesa que sostiene la discusión sobre reforma tributaria en el país: calidad y eficiencia del gasto público. Si a ello sumamos gobiernos que dentro de sus programas de trabajo han propiciado la gratuidad, pues la pita tiene que romperse por algún lado. ¡Eureka!, la variable de ajuste más silenciosa es la calidad del material y destrezas que se dan a nuestros niños.
El efecto por supuesto que no es neutro. Después tenemos analfabetas con diplomas y niveles muy bajos de competencias laborales. En otras palabras, la productividad se pone en riesgo y con ello se compromete el crecimiento económico de largo plazo.
Y en tercer lugar, aunque no se cuenta con mucha evidencia para este argumento, no es del todo descabellado pensar que las habilidades del estudiante “en el margen” son menores que las del promedio. Cuando se tiene cobertura casi completa, el último 5% puede no tener las condiciones óptimas en el hogar (e.g. baja escolaridad y desinterés de los padres, hábitos y estímulos poco conducentes a un buen aprendizaje).
Sumado a lo anterior, América Latina al ser una región de ingreso medio, se piensa que la liberalización y apertura indiscriminadas han favorecido un sesgo en la estructura económica hacia aquella mano de obra más calificada. ¿Por qué? Simplemente porque nuestra región no está tan escasa de infraestructura, instituciones y capital humano como otros países mucho más pobres. Entonces la predicción teórica de que la apertura económica favorecería el factor más abundante – que en el caso de los países pobres es mano de obra no calificada –, no sucedió tan así.
Somos una región desigual, y eso al final se traduce en mano de obra igualmente desigual. Es decir, hay sectores que pueden ofrecer mayores calificaciones a la inversión extranjera, y con ello deprimen los retornos en términos relativos de aquellos individuos que sólo han tenido acceso a unos pocos años de escolaridad.
Cierro con un par de ideas para agitar la discusión de política social. Por un lado, hay que recordar que esta evidencia solamente sugiere que la relación educación-ingresos ha cambiado en el tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar que existen muchos otros beneficios extra monetarios de invertir en educación primaria – e.g. mayor participación política y capacidad de articular de mejor manera sus demandas ciudadanas, ¡por ejemplo! –.
Y por otro lado, evidentemente toca ahora pensar e invertir recursos en entender el gonce entre política social y política laboral. Si no lo hacemos es muy posible que se genere frustración y abandono escolar o más informalidad. Esta es un área muy fértil para investigación y perfeccionamiento de programas como los de transferencias condicionadas en efectivo, que esencialmente se ocupan de la oferta de mano de obra modestamente más calificada, pero muy pocos recursos se dedican a la inserción laboral y generación de empleos de calidad (demanda). ¡Después de todo puede que la convexidad no sea tan mala!
Prensa Libre, 15 de septiembre de 2011.
La semana pasada comentaba sobre el cambio que en los últimos años han tenido los retornos a la educación en el mundo en desarrollo. La idea central era la siguiente: por años habíamos pregonado que invertir en educación primaria era el mejor negocio, y ahora parece que sus beneficios se vuelven más y más reducidos en comparación con los retornos a la educación secundaria y universitaria.
Esto es un fenómeno que no apareció por generación espontánea. Mucha evidencia había comenzado a señalar que algo ocurría en los retornos a la educación desde hace algunos años. Sin embargo, ahora toca tratar de entender las causas y asumir el reto que ofrece para la política social en países en desarrollo.
En cuanto a razones de esta reversión, básicamente se proponen tres posibilidades para los países de renta baja, y una cuarta que se suma para los países de renta media, en donde cae la gran mayoría de países de América Latina. Todas, como solemos hacer los economistas, explicadas por curvas de oferta y demanda.
En primer lugar, hoy se perciben los beneficios del tremendo avance en cobertura educativa. La recomendación desde los años ochentas y noventas no cayeron en saco roto. Sin embargo, no se previó la reacción de un mercado que de manera natural ajusta su precio ante la abundancia o la escasez de un bien o servicio. Más graduados de primaria, el salario tiende a caer o bien los requerimientos para empleos se desplaza a aquellos con enseñanza media. Además, la capacidad de absorción del sector formal de la economía es muchísimo más lenta que la velocidad a la que se generan trabajadores con diploma de sexto grado.
En segundo lugar, hay evidencia de que esta ampliación acelerada en la cobertura no ha ido de la mano con un aumento de recursos suficientes para garantizar calidad en la enseñanza. De esto, los guatemaltecos sabemos mucho. Es una de las patas de la mesa que sostiene la discusión sobre reforma tributaria en el país: calidad y eficiencia del gasto público. Si a ello sumamos gobiernos que dentro de sus programas de trabajo han propiciado la gratuidad, pues la pita tiene que romperse por algún lado. ¡Eureka!, la variable de ajuste más silenciosa es la calidad del material y destrezas que se dan a nuestros niños.
El efecto por supuesto que no es neutro. Después tenemos analfabetas con diplomas y niveles muy bajos de competencias laborales. En otras palabras, la productividad se pone en riesgo y con ello se compromete el crecimiento económico de largo plazo.
Y en tercer lugar, aunque no se cuenta con mucha evidencia para este argumento, no es del todo descabellado pensar que las habilidades del estudiante “en el margen” son menores que las del promedio. Cuando se tiene cobertura casi completa, el último 5% puede no tener las condiciones óptimas en el hogar (e.g. baja escolaridad y desinterés de los padres, hábitos y estímulos poco conducentes a un buen aprendizaje).
Sumado a lo anterior, América Latina al ser una región de ingreso medio, se piensa que la liberalización y apertura indiscriminadas han favorecido un sesgo en la estructura económica hacia aquella mano de obra más calificada. ¿Por qué? Simplemente porque nuestra región no está tan escasa de infraestructura, instituciones y capital humano como otros países mucho más pobres. Entonces la predicción teórica de que la apertura económica favorecería el factor más abundante – que en el caso de los países pobres es mano de obra no calificada –, no sucedió tan así.
Somos una región desigual, y eso al final se traduce en mano de obra igualmente desigual. Es decir, hay sectores que pueden ofrecer mayores calificaciones a la inversión extranjera, y con ello deprimen los retornos en términos relativos de aquellos individuos que sólo han tenido acceso a unos pocos años de escolaridad.
Cierro con un par de ideas para agitar la discusión de política social. Por un lado, hay que recordar que esta evidencia solamente sugiere que la relación educación-ingresos ha cambiado en el tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar que existen muchos otros beneficios extra monetarios de invertir en educación primaria – e.g. mayor participación política y capacidad de articular de mejor manera sus demandas ciudadanas, ¡por ejemplo! –.
Y por otro lado, evidentemente toca ahora pensar e invertir recursos en entender el gonce entre política social y política laboral. Si no lo hacemos es muy posible que se genere frustración y abandono escolar o más informalidad. Esta es un área muy fértil para investigación y perfeccionamiento de programas como los de transferencias condicionadas en efectivo, que esencialmente se ocupan de la oferta de mano de obra modestamente más calificada, pero muy pocos recursos se dedican a la inserción laboral y generación de empleos de calidad (demanda). ¡Después de todo puede que la convexidad no sea tan mala!
Prensa Libre, 15 de septiembre de 2011.
jueves, 8 de septiembre de 2011
De cóncavo a convexo (parte I)
“(…) con el paso de los años los beneficios en términos de ingresos adicionales para aquellos con educación primaria se están volviendo cada vez más enanos.”
Bien dicen que casi nada está escrito en piedra en este mundo. Las verdades absolutas no existen. O dicho de otra manera, siempre hay que hay procurar poner en su contexto histórico las cosas. Lo que hoy es bueno y válido quizás no lo fue ayer y probablemente deje de serlo mañana. Para muestra un botón.
Un grupo de reconocidos economistas que han dedicado buena parte de su vida al análisis del capital humano y su importancia en la economía ponen un artículo sobre la mesa, en el cual interpelan una verdad que hasta hace muy pocos años era incuestionable: invertir en educación primaria era de las mejores apuestas que podía hacer en un individuo, un hogar, un país. Los ingresos adicionales que cada año de escolaridad generaría superaban con creces los costos de proveer dicha educación.
Con el tiempo se nos olvidó preguntarnos ¿y qué pasa si eso deja de ser verdad? ¿Y qué tal que la rentabilidad invertir en patojos y patojas de primaria se mueve a otro lado? Porque hasta hace muy pocos años el modelo era perfecto y la recomendación simple y directa: había que invertir mucho en educación (mejor si es pública), de manera gradual, cuidando no solamente cobertura sino también calidad. Al hacerlo así, los individuos se beneficiarían de ir a la escuela obteniendo mayores ingresos y con eso salir de la pobreza.
Dichos ingresos irían en aumento pero de manera decreciente. Es decir, el cambio de ir a la primaria versus no tener ninguna escolaridad era como pasar de la noche al día. Y a medida que aumentaban años de escuela, esos cambios serían comparativamente menores cada vez (marginales) en comparación con los años iniciales. A esa noción la llamábamos retornos decrecientes a la educación. O como dicen algunos colegas más sofisticados, los retornos a la educación eran cóncavos.
Pero ¡vaya vaya la papaya! Parece que ya no va por allí la cosa. Hace unos días vi una gráfica en un artículo de publicación reciente con las tendencias históricas de los retornos a la educación en tres niveles: primaria, segundaria y terciaria. Francamente es de parar el pelo. Las tendencias son tres.
Primero, los retornos a la educación están cayendo para todo el mundo y en todo el mundo. Es decir, no es solamente un fenómeno guatemalteco o latinoamericano, sino que está sucediendo en todo el mundo en desarrollo. Está pasando en China, Brasil, Sudan, Taiwán, Filipinas, etc., y por supuesto en nuestro propio gallinero.
Segundo, la caída más fuerte la tiene la educación primaria. Durante los últimos cincuenta años (1960-2010) ha pasado de niveles cercanos al 30% hasta un 8% ó 9%. Pero no solamente eso, antes era el nivel educativo con mayores retornos, y hoy es el nivel educativo con menores retornos de todos.
Tercero, para los niveles secundarios y terciarios los retornos también han caído, pero muchísimo menos. Por ejemplo, en cincuenta años la secundaria ha pasado de 16% a 14%, y el nivel terciario (superior) ha pasado de 21% a 19% aproximadamente.
De manera que la evidencia empírica nos pone una vez más contra las cuerdas, y nos muestra hoy que con el paso de los años los beneficios en términos de ingresos adicionales para aquellos con educación primaria se están volviendo cada vez más enanos. La pregunta de cajón es ¿qué está pasando? ¿y ahora qué hacemos?
En mi siguiente columna comentaré un poco sobre las posibles causas de este cambio de cóncavo a convexo en los retornos a la educación, así como algunas de las implicaciones que tiene para la política social de los países en desarrollo.
Prensa Libre, 8 de septiembre de 2011.
Bien dicen que casi nada está escrito en piedra en este mundo. Las verdades absolutas no existen. O dicho de otra manera, siempre hay que hay procurar poner en su contexto histórico las cosas. Lo que hoy es bueno y válido quizás no lo fue ayer y probablemente deje de serlo mañana. Para muestra un botón.
Un grupo de reconocidos economistas que han dedicado buena parte de su vida al análisis del capital humano y su importancia en la economía ponen un artículo sobre la mesa, en el cual interpelan una verdad que hasta hace muy pocos años era incuestionable: invertir en educación primaria era de las mejores apuestas que podía hacer en un individuo, un hogar, un país. Los ingresos adicionales que cada año de escolaridad generaría superaban con creces los costos de proveer dicha educación.
Con el tiempo se nos olvidó preguntarnos ¿y qué pasa si eso deja de ser verdad? ¿Y qué tal que la rentabilidad invertir en patojos y patojas de primaria se mueve a otro lado? Porque hasta hace muy pocos años el modelo era perfecto y la recomendación simple y directa: había que invertir mucho en educación (mejor si es pública), de manera gradual, cuidando no solamente cobertura sino también calidad. Al hacerlo así, los individuos se beneficiarían de ir a la escuela obteniendo mayores ingresos y con eso salir de la pobreza.
Dichos ingresos irían en aumento pero de manera decreciente. Es decir, el cambio de ir a la primaria versus no tener ninguna escolaridad era como pasar de la noche al día. Y a medida que aumentaban años de escuela, esos cambios serían comparativamente menores cada vez (marginales) en comparación con los años iniciales. A esa noción la llamábamos retornos decrecientes a la educación. O como dicen algunos colegas más sofisticados, los retornos a la educación eran cóncavos.
Pero ¡vaya vaya la papaya! Parece que ya no va por allí la cosa. Hace unos días vi una gráfica en un artículo de publicación reciente con las tendencias históricas de los retornos a la educación en tres niveles: primaria, segundaria y terciaria. Francamente es de parar el pelo. Las tendencias son tres.
Primero, los retornos a la educación están cayendo para todo el mundo y en todo el mundo. Es decir, no es solamente un fenómeno guatemalteco o latinoamericano, sino que está sucediendo en todo el mundo en desarrollo. Está pasando en China, Brasil, Sudan, Taiwán, Filipinas, etc., y por supuesto en nuestro propio gallinero.
Segundo, la caída más fuerte la tiene la educación primaria. Durante los últimos cincuenta años (1960-2010) ha pasado de niveles cercanos al 30% hasta un 8% ó 9%. Pero no solamente eso, antes era el nivel educativo con mayores retornos, y hoy es el nivel educativo con menores retornos de todos.
Tercero, para los niveles secundarios y terciarios los retornos también han caído, pero muchísimo menos. Por ejemplo, en cincuenta años la secundaria ha pasado de 16% a 14%, y el nivel terciario (superior) ha pasado de 21% a 19% aproximadamente.
De manera que la evidencia empírica nos pone una vez más contra las cuerdas, y nos muestra hoy que con el paso de los años los beneficios en términos de ingresos adicionales para aquellos con educación primaria se están volviendo cada vez más enanos. La pregunta de cajón es ¿qué está pasando? ¿y ahora qué hacemos?
En mi siguiente columna comentaré un poco sobre las posibles causas de este cambio de cóncavo a convexo en los retornos a la educación, así como algunas de las implicaciones que tiene para la política social de los países en desarrollo.
Prensa Libre, 8 de septiembre de 2011.
jueves, 1 de septiembre de 2011
Lobistas del campo
“Dejarlos en la periferia de la economía e instituciones formales del desarrollo los pone de facto en el centro de la economía sumergida, las instituciones ilegales y la vulnerabilidad.”
Leí hace unos días la entrevista que hizo Enrique Naveda en Plaza Pública a Juan Alberto Fuentes Knight, ex ministro de Finanzas Públicas, quien justamente hoy estará presentando su libro “Rendición de cuentas”. Un texto que seguramente va a despertar mucha discusión, no solamente por lo reciente de la experiencia allí consignada, sino además porque el momento electoral es campo fértil para este tipo de discusiones entre la clase política e intelectual de la sociedad guatemalteca.
Quiero rescatar una idea solamente de esa entrevista, haciendo la salvedad que aún no he leído el libro. Simplemente basado en la transcripción del diálogo Naveda-Fuentes. Es la siguiente: a partir de un comentario de Edelberto Torres Rivas sobre la importancia de la reforma fiscal y su carácter más revolucionario y de mayor importancia que la misma reforma agraria , Fuentes Knight reflexiona y señala tres problemas estructurales de Guatemala. Tres nudos ciegos que históricamente han trabado discusiones (¡y hasta balazos y muertos!) entre los guatemaltecos: la reforma agraria, el papel del ejército, y la reforma fiscal. En el lenguaje de Rodrick, los tres temas constituyen restricciones a un crecimiento económico elevado y sostenido en el país.
Sin embargo también lanza otra hipótesis, casi fulminante para uno de los tres grandes problemas, cuando deja entrever que el tema de la reforma agraria ha quedado relegado por la historia y la evolución del a estructura económica nacional. La aseveración que mejor lo ejemplifica en la entrevista es cuando dice (sic) “(…) el sector agrícola es cierto que todavía tiene la mayor proporción de personas que trabajan ahí, pero aunque se distribuyera toda la tierra entre esas personas ya no alcanzaría. Entonces, sin que deje de justificarse alguna redistribución de tierra ya no es algo tan importante como antes en el sentido de que antes podía ser un aporte decisivo para el desarrollo del país.”
Trato de decodificar el mensaje. Por un lado, lo fiscal y el rol del ejército encuentran hoy, nos guste o no, condiciones históricas favorables, cuñas, en el plano internacional. La crisis económica mundial y la de seguridad que vive Mesoamérica han puesto ambos temas en el radar de todos. Pero además a nivel local hay ya una cierta masa crítica de guatemaltecas y guatemaltecos que construyen hipótesis, investigan, hacen gobierno por un rato y oposición otro rato, que generan opinión escribiendo en prensa y educando en las aulas. En fin, voceros que garantizan, cuando menos, mantener vivo el debate interno. Otro cuento es que logremos ponernos de acuerdo. En suma, fiscalidad, seguridad y sus instituciones tienen sus respectivos lobistas. Y en democracia eso cuenta mucho, o quizás eso es lo que cuenta.
Pero ¿qué pasa con el tema agrario, y con el desarrollo rural en un sentido más amplio? ¿Quién lo está atendiendo? ¿Tenemos masa crítica para reflexionarlo seriamente o estamos todavía en la fase de grupitos inconexos de presión o de choque? Tengo la impresión que en dicha arena no hay abanderados todavía. O por lo menos no los suficientes como para posicionar una agenda básica en el imaginario de la población y del gobierno mismo.
Un panorama así no hace más que condenar a la invisibilidad mediática a la mitad de nuestra población y con ello mantenerlos fuera de alcance del poco músculo que tiene nuestro Estado. Y no es porque sean una minoría despreciable. Son, entre otras cosas, el 70% de nuestros pobres. Por otra parte, como dice Fuentes, el sector agrícola es quizás el más intensivo en mano de obra y paradójicamente el que menos se ha beneficiado de nuestra tímida red de protección social.
Si el ex ministro está en lo correcto, es decir, si la agenda del campo – lo agrario, lo rural – está supeditada a lo fiscal, y con ello cuasi condenada a ser un tema de tercera o cuarta categoría, bien valdría la pena preguntarnos si no vale la pena tratar de revertir ese tratamiento tan pasivo que le damos a los temas del campo. Dejarlos en la periferia de la economía e instituciones formales del desarrollo los pone de facto en el centro de la economía sumergida, las instituciones ilegales y la vulnerabilidad.
En el mejor de los casos prolongaremos el esquema de Guatemalas múltiples e inconexas. En el peor escenario, contribuimos tácitamente a inducir reacciones violentas en demanda de oportunidades económicas y espacios de participación política. A nuestro campo le urgen lobistas que empujen su agenda y la eleven a categoría de prioridad nacional.
Prensa Libre, 1 de septiembre de 2011.
Leí hace unos días la entrevista que hizo Enrique Naveda en Plaza Pública a Juan Alberto Fuentes Knight, ex ministro de Finanzas Públicas, quien justamente hoy estará presentando su libro “Rendición de cuentas”. Un texto que seguramente va a despertar mucha discusión, no solamente por lo reciente de la experiencia allí consignada, sino además porque el momento electoral es campo fértil para este tipo de discusiones entre la clase política e intelectual de la sociedad guatemalteca.
Quiero rescatar una idea solamente de esa entrevista, haciendo la salvedad que aún no he leído el libro. Simplemente basado en la transcripción del diálogo Naveda-Fuentes. Es la siguiente: a partir de un comentario de Edelberto Torres Rivas sobre la importancia de la reforma fiscal y su carácter más revolucionario y de mayor importancia que la misma reforma agraria , Fuentes Knight reflexiona y señala tres problemas estructurales de Guatemala. Tres nudos ciegos que históricamente han trabado discusiones (¡y hasta balazos y muertos!) entre los guatemaltecos: la reforma agraria, el papel del ejército, y la reforma fiscal. En el lenguaje de Rodrick, los tres temas constituyen restricciones a un crecimiento económico elevado y sostenido en el país.
Sin embargo también lanza otra hipótesis, casi fulminante para uno de los tres grandes problemas, cuando deja entrever que el tema de la reforma agraria ha quedado relegado por la historia y la evolución del a estructura económica nacional. La aseveración que mejor lo ejemplifica en la entrevista es cuando dice (sic) “(…) el sector agrícola es cierto que todavía tiene la mayor proporción de personas que trabajan ahí, pero aunque se distribuyera toda la tierra entre esas personas ya no alcanzaría. Entonces, sin que deje de justificarse alguna redistribución de tierra ya no es algo tan importante como antes en el sentido de que antes podía ser un aporte decisivo para el desarrollo del país.”
Trato de decodificar el mensaje. Por un lado, lo fiscal y el rol del ejército encuentran hoy, nos guste o no, condiciones históricas favorables, cuñas, en el plano internacional. La crisis económica mundial y la de seguridad que vive Mesoamérica han puesto ambos temas en el radar de todos. Pero además a nivel local hay ya una cierta masa crítica de guatemaltecas y guatemaltecos que construyen hipótesis, investigan, hacen gobierno por un rato y oposición otro rato, que generan opinión escribiendo en prensa y educando en las aulas. En fin, voceros que garantizan, cuando menos, mantener vivo el debate interno. Otro cuento es que logremos ponernos de acuerdo. En suma, fiscalidad, seguridad y sus instituciones tienen sus respectivos lobistas. Y en democracia eso cuenta mucho, o quizás eso es lo que cuenta.
Pero ¿qué pasa con el tema agrario, y con el desarrollo rural en un sentido más amplio? ¿Quién lo está atendiendo? ¿Tenemos masa crítica para reflexionarlo seriamente o estamos todavía en la fase de grupitos inconexos de presión o de choque? Tengo la impresión que en dicha arena no hay abanderados todavía. O por lo menos no los suficientes como para posicionar una agenda básica en el imaginario de la población y del gobierno mismo.
Un panorama así no hace más que condenar a la invisibilidad mediática a la mitad de nuestra población y con ello mantenerlos fuera de alcance del poco músculo que tiene nuestro Estado. Y no es porque sean una minoría despreciable. Son, entre otras cosas, el 70% de nuestros pobres. Por otra parte, como dice Fuentes, el sector agrícola es quizás el más intensivo en mano de obra y paradójicamente el que menos se ha beneficiado de nuestra tímida red de protección social.
Si el ex ministro está en lo correcto, es decir, si la agenda del campo – lo agrario, lo rural – está supeditada a lo fiscal, y con ello cuasi condenada a ser un tema de tercera o cuarta categoría, bien valdría la pena preguntarnos si no vale la pena tratar de revertir ese tratamiento tan pasivo que le damos a los temas del campo. Dejarlos en la periferia de la economía e instituciones formales del desarrollo los pone de facto en el centro de la economía sumergida, las instituciones ilegales y la vulnerabilidad.
En el mejor de los casos prolongaremos el esquema de Guatemalas múltiples e inconexas. En el peor escenario, contribuimos tácitamente a inducir reacciones violentas en demanda de oportunidades económicas y espacios de participación política. A nuestro campo le urgen lobistas que empujen su agenda y la eleven a categoría de prioridad nacional.
Prensa Libre, 1 de septiembre de 2011.
jueves, 25 de agosto de 2011
Recordando ciudades, olvidando el campo
“(…) ahora se habla ya de los riesgos asociados a la urbanización y de cómo esta puede operar más bien como un freno a la productividad.”
En América Latina parece estarse cocinando una nueva ola urbanizadora. Aunque comenzamos tímidamente con discusiones académicas, reportajes periodísticos y de opinión, ya empiezan a movilizarse voces institucionales y recursos técnicos y financieros con miras a atender una nueva preocupación asociada con las urbes de la región.
Y no es que sea un tema menor. ¡Para nada! En números gruesos, cuatro de cada cinco latinos vive en ciudades, comparado con menos de la mitad en Asia o África. Nuestras urbes contribuyen con cerca del 60% del producto, aunque las diez ciudades más grandes, solitas ellas, generan la mitad de los bienes y servicios que producimos.
En décadas pasadas se hablaba del problema de la migración del campo a la ciudad y los costos y beneficios asociados con ese fenómeno. Por un lado más mano de obra barata que baja costos de producción, y supuestas mejoras en la productividad de estos migrantes internos al entrar en contacto con capital y tecnologías, típicamente ausentes en sus pequeños pueblos y aldeas. Por otra parte, saturación progresiva de los servicios públicos y la infraestructura física (calles, desagües, escuelas, hospitales, etc.) al toparse con un crecimiento desordenado de estos grupos humanos que usualmente se asientan en la periferia de las ciudades, pidiendo perdón más que permiso.
El fenómeno ha adquirido tales dimensiones que ahora se habla ya de los riesgos asociados a la urbanización y de cómo esta puede operar como más bien como un freno a la productividad latinoamericana. En algunos casos ciudades de la región ya registran tasas de crecimiento menor a la media nacional. La razón es muy sencilla: los costos de logística y transporte se han disparado. Las economías de escala de hace tres o cuatro décadas fueron rebasadas por déficits en infraestructura social, ambiental, e institucional.
Pero además, también estamos poniendo en riesgo la productividad futura. Le doy un pequeño ejemplo: hoy en día, en casi todas las capitales latinoamericanas se vuelve más y más costoso formar nuestro capital humano. ¿Por qué? Educar a los hijos de manera integral – es decir, además de la instrucción en las aulas, cultivando un arte, practicando un deporte, o aprendiendo idiomas – requiere que pasen muchas horas en transporte público o en vehículos particulares para desplazarse de un lugar a otro. Al final son tiempos muertos en el tráfico, que bien podrían utilizarse en cosas mucho más productivas, pero que hoy consumen un espacio significativo en la agenda diaria de nuestros jóvenes (y sus padres!).
Ahora bien, aunque toda esta discusión puede sonar familiar a muchos de nosotros, la verdad es que solamente retrata la realidad de una parte de la población guatemalteca. Nuestro grado de urbanización es todavía menor al de la media latinoamericana. De cada dos compatriotas, uno es urbano y el otro rural. De hecho, ¿cuántas ciudades intermedias podríamos contar fuera del cinturón metropolitano? Probablemente dos ó tres, no más.
De manera que si bien es importante mantener la agenda de urbanización en el radar, también lo es ocuparse de las grandes necesidades y rezagos de los que viven en el campo. Curiosamente de ellos muy pocos se acuerdan. Generalmente lo hacemos cuando escuchamos de bloqueos en carreteras, violencia en el Polochic, o porque el flujo de remesas registra una subida o bajón considerable en las cuentas nacionales.
Pero ¿por qué es importante no olvidarnos del campo?, preguntará usted. Pues tan sencillo como que allí reside la mayoría de nuestros pobres; allí es donde se identifica el grueso de población con rezagos en oportunidades laborales y de formación productiva; el campo es paradójicamente el gran productor de alimentos pero también el gran expulsor de ciudadanos que se van a las cabeceras departamentales, o bien toman el riesgo de irse más al norte para mejorar su condición material de vida. Pero además, es el terreno más fértil y abonado para cultivar actividades ilícitas porque es justamente allí donde el Estado está más ausente.
Recordando a las ciudades pero olvidándonos del campo es un mal negocio. Es como vestir un santo desvistiendo otro. Por allí no va la cosa.
Prensa Libre, 25 de agosto de 2011.
En América Latina parece estarse cocinando una nueva ola urbanizadora. Aunque comenzamos tímidamente con discusiones académicas, reportajes periodísticos y de opinión, ya empiezan a movilizarse voces institucionales y recursos técnicos y financieros con miras a atender una nueva preocupación asociada con las urbes de la región.
Y no es que sea un tema menor. ¡Para nada! En números gruesos, cuatro de cada cinco latinos vive en ciudades, comparado con menos de la mitad en Asia o África. Nuestras urbes contribuyen con cerca del 60% del producto, aunque las diez ciudades más grandes, solitas ellas, generan la mitad de los bienes y servicios que producimos.
En décadas pasadas se hablaba del problema de la migración del campo a la ciudad y los costos y beneficios asociados con ese fenómeno. Por un lado más mano de obra barata que baja costos de producción, y supuestas mejoras en la productividad de estos migrantes internos al entrar en contacto con capital y tecnologías, típicamente ausentes en sus pequeños pueblos y aldeas. Por otra parte, saturación progresiva de los servicios públicos y la infraestructura física (calles, desagües, escuelas, hospitales, etc.) al toparse con un crecimiento desordenado de estos grupos humanos que usualmente se asientan en la periferia de las ciudades, pidiendo perdón más que permiso.
El fenómeno ha adquirido tales dimensiones que ahora se habla ya de los riesgos asociados a la urbanización y de cómo esta puede operar como más bien como un freno a la productividad latinoamericana. En algunos casos ciudades de la región ya registran tasas de crecimiento menor a la media nacional. La razón es muy sencilla: los costos de logística y transporte se han disparado. Las economías de escala de hace tres o cuatro décadas fueron rebasadas por déficits en infraestructura social, ambiental, e institucional.
Pero además, también estamos poniendo en riesgo la productividad futura. Le doy un pequeño ejemplo: hoy en día, en casi todas las capitales latinoamericanas se vuelve más y más costoso formar nuestro capital humano. ¿Por qué? Educar a los hijos de manera integral – es decir, además de la instrucción en las aulas, cultivando un arte, practicando un deporte, o aprendiendo idiomas – requiere que pasen muchas horas en transporte público o en vehículos particulares para desplazarse de un lugar a otro. Al final son tiempos muertos en el tráfico, que bien podrían utilizarse en cosas mucho más productivas, pero que hoy consumen un espacio significativo en la agenda diaria de nuestros jóvenes (y sus padres!).
Ahora bien, aunque toda esta discusión puede sonar familiar a muchos de nosotros, la verdad es que solamente retrata la realidad de una parte de la población guatemalteca. Nuestro grado de urbanización es todavía menor al de la media latinoamericana. De cada dos compatriotas, uno es urbano y el otro rural. De hecho, ¿cuántas ciudades intermedias podríamos contar fuera del cinturón metropolitano? Probablemente dos ó tres, no más.
De manera que si bien es importante mantener la agenda de urbanización en el radar, también lo es ocuparse de las grandes necesidades y rezagos de los que viven en el campo. Curiosamente de ellos muy pocos se acuerdan. Generalmente lo hacemos cuando escuchamos de bloqueos en carreteras, violencia en el Polochic, o porque el flujo de remesas registra una subida o bajón considerable en las cuentas nacionales.
Pero ¿por qué es importante no olvidarnos del campo?, preguntará usted. Pues tan sencillo como que allí reside la mayoría de nuestros pobres; allí es donde se identifica el grueso de población con rezagos en oportunidades laborales y de formación productiva; el campo es paradójicamente el gran productor de alimentos pero también el gran expulsor de ciudadanos que se van a las cabeceras departamentales, o bien toman el riesgo de irse más al norte para mejorar su condición material de vida. Pero además, es el terreno más fértil y abonado para cultivar actividades ilícitas porque es justamente allí donde el Estado está más ausente.
Recordando a las ciudades pero olvidándonos del campo es un mal negocio. Es como vestir un santo desvistiendo otro. Por allí no va la cosa.
Prensa Libre, 25 de agosto de 2011.
jueves, 18 de agosto de 2011
¿Quién será nuestro Buffett?
“En países desarrollados por lo menos las minorías ultra conservadoras tienen que hacer un poco más de talacha para demostrar con evidencia que lo que dicen tiene algún sustento.”
Creo que todos recodamos con mucha frescura los argumentos (de toda la vida, por cierto) de aquellos que históricamente se han opuesto a dotar al Estado de Guatemala de más recursos. Uno de ellos es que más impuestos – sobretodo si son a la renta – espantan la inversión, la generación de empleo, y por ende el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La cadena de transmisión del susto es la siguiente: si aumentamos los impuestos a la renta, mejor que Dios nos agarre confesados porque la hecatombe será monumental.
Por supuesto que en países como Guatemala, con una fallida capacidad de generar información estadística de manera regular, los petates de los muertos espantan más que en otras sociedades. En países desarrollados por lo menos las minorías ultra conservadoras tienen que hacer un poco más de talacha para demostrar con evidencia que lo que dicen tiene algún sustento. De cualquier manera el debate siempre es a muerte, aunque un poco más aireado.
La mejor muestra la dio el pasado lunes 15 el magnate Warren Buffett, cuando escribió una columna en el International Herald Tribune (edición global del New York Times) titulada “Dejen de mimar a los super ricos.” ¡Sí!, tal y como usted lo acaba de leer: el tercer hombre más rico del planeta haciéndose el harakiri fiscal. Pidiendo a grito pelado, y por escrito, que por favor le suban los impuestos. ¿Qué le parece?
Los argumentos de Buffett son muy directos: 1. El país está atravesando una crisis de sostenibilidad fiscal importante. 2. La clase media en Estados Unidos generalmente calcula su impuesto a la renta sobre la base de sueldos, principal fuente de ingreso y que además no tiene muchas alternativas para hacerse el quite. 3. Los super ricos generan su ingreso principalmente a través de ganancias de capital, con el atenuante de que hay opciones en la ley que les permite reducir la cantidad de impuestos que pagan, llegando incluso a contribuir proporcionalmente menos que los asalariados. (Este dato me recordó discusiones entre guatemaltecos cuando se analizaban los dos regímenes del ISR, el del 5% sobre ingresos brutos, y la ficción del 31% sobre las utilidades. El problema es que este 31%, gracias a exenciones y malabares fiscales, en realidad no equivale ni al 3% de los ingresos brutos.)
Con esto más, Buffett también nos cuenta que durante el último par de décadas el IRS (equivalente a nuestra SAT) estimó la carga tributaria de los 400 ingresos más altos en EUA, y reveló que en 1992 pagaban el 29.2% de sus rentas en impuestos, mientras que en 2008 esa cifra había descendido a 21.5%. Lo más dramático de todo es que en ese mismo período de reducción impositiva se han creado menos empleos que en décadas anteriores, a pesar de que la carga tributaria para los más ricos solía ser mucho mayor. Por lo visto la correlación entre menos impuestos y más empleos no está escrita en piedra.
Palabras más palabras menos el multimillonario dice que (sic) “(…) he trabajado por 60 años con inversionistas y todavía no he visto ninguno – ni siquiera cuando las tasas a las ganancias de capital fueron del 39.6% en 1976-77 – rehuir de una inversión debido a la tasa impositiva sobre ganancias potenciales”. ¿Y entonces?
Sus argumentos confrontan abiertamente e invitan a la clase política y a la elite económica para que cierren filas y encuentren soluciones más equitativas a un problema fiscal que hoy compromete el crecimiento futuro de la principal economía del globo. Salvando las distancias y proporciones, es una urgencia muy parecida a la que vivimos en Guatemala. Sin embargo, la pregunta es ¿quién será nuestro Buffett?
Prensa Libre, 18 de agosto de 2011.
Creo que todos recodamos con mucha frescura los argumentos (de toda la vida, por cierto) de aquellos que históricamente se han opuesto a dotar al Estado de Guatemala de más recursos. Uno de ellos es que más impuestos – sobretodo si son a la renta – espantan la inversión, la generación de empleo, y por ende el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La cadena de transmisión del susto es la siguiente: si aumentamos los impuestos a la renta, mejor que Dios nos agarre confesados porque la hecatombe será monumental.
Por supuesto que en países como Guatemala, con una fallida capacidad de generar información estadística de manera regular, los petates de los muertos espantan más que en otras sociedades. En países desarrollados por lo menos las minorías ultra conservadoras tienen que hacer un poco más de talacha para demostrar con evidencia que lo que dicen tiene algún sustento. De cualquier manera el debate siempre es a muerte, aunque un poco más aireado.
La mejor muestra la dio el pasado lunes 15 el magnate Warren Buffett, cuando escribió una columna en el International Herald Tribune (edición global del New York Times) titulada “Dejen de mimar a los super ricos.” ¡Sí!, tal y como usted lo acaba de leer: el tercer hombre más rico del planeta haciéndose el harakiri fiscal. Pidiendo a grito pelado, y por escrito, que por favor le suban los impuestos. ¿Qué le parece?
Los argumentos de Buffett son muy directos: 1. El país está atravesando una crisis de sostenibilidad fiscal importante. 2. La clase media en Estados Unidos generalmente calcula su impuesto a la renta sobre la base de sueldos, principal fuente de ingreso y que además no tiene muchas alternativas para hacerse el quite. 3. Los super ricos generan su ingreso principalmente a través de ganancias de capital, con el atenuante de que hay opciones en la ley que les permite reducir la cantidad de impuestos que pagan, llegando incluso a contribuir proporcionalmente menos que los asalariados. (Este dato me recordó discusiones entre guatemaltecos cuando se analizaban los dos regímenes del ISR, el del 5% sobre ingresos brutos, y la ficción del 31% sobre las utilidades. El problema es que este 31%, gracias a exenciones y malabares fiscales, en realidad no equivale ni al 3% de los ingresos brutos.)
Con esto más, Buffett también nos cuenta que durante el último par de décadas el IRS (equivalente a nuestra SAT) estimó la carga tributaria de los 400 ingresos más altos en EUA, y reveló que en 1992 pagaban el 29.2% de sus rentas en impuestos, mientras que en 2008 esa cifra había descendido a 21.5%. Lo más dramático de todo es que en ese mismo período de reducción impositiva se han creado menos empleos que en décadas anteriores, a pesar de que la carga tributaria para los más ricos solía ser mucho mayor. Por lo visto la correlación entre menos impuestos y más empleos no está escrita en piedra.
Palabras más palabras menos el multimillonario dice que (sic) “(…) he trabajado por 60 años con inversionistas y todavía no he visto ninguno – ni siquiera cuando las tasas a las ganancias de capital fueron del 39.6% en 1976-77 – rehuir de una inversión debido a la tasa impositiva sobre ganancias potenciales”. ¿Y entonces?
Sus argumentos confrontan abiertamente e invitan a la clase política y a la elite económica para que cierren filas y encuentren soluciones más equitativas a un problema fiscal que hoy compromete el crecimiento futuro de la principal economía del globo. Salvando las distancias y proporciones, es una urgencia muy parecida a la que vivimos en Guatemala. Sin embargo, la pregunta es ¿quién será nuestro Buffett?
Prensa Libre, 18 de agosto de 2011.
viernes, 12 de agosto de 2011
El encanto de América Latina
“Llama a la reflexión repasar sobre los temas que consumían (y siguen consumiendo) el debate en nuestro país. Básicamente dos: seguridad y fiscalidad.”
No son muchos los economistas que se aventuran a escribir sobre otros temas fuera de su campo de trabajo. Todo lo contrario, con la sobre especialización que la disciplina ha llegado a tener, lo usual es encontrar profesionales de las ciencias económicas que, si por ejemplo son expertos en macroeconomía internacional, no se sienten cómodos opinando, mucho menos escribiendo, sobre temas de organización industrial y viceversa.
Desafortunadamente, en aras de la elegancia formal y sofisticación en la capacidad de diagnosticar el color de la hoja más minúscula de un pequeño árbol nos hemos olvidado lo importante que es tener la capacidad de poder tomar distancia y apreciar la extensión y forma del bosque en su conjunto. Como me dijera un día Fernando Montes, rector de la Universidad jesuita en Chile, hay que tener cuidado de no caer en la trampa de llegar a saber muchísimo pero de muy poco.
Justamente por eso llamó mi atención la portada de un libro que vi hace unos días en el Fondo de Cultura Económica. Su título es “The charm of Latin America: economic and cultural impressions”, escrito por Vito Tanzi. Una obra sabrosa y de fácil lectura, escrita por un especialista para un público no especializado. Que recoge la experiencia de cuatro décadas viajando intensamente a la región, usualmente por razones de su trabajo, pero que aquí se da permiso de compartir anécdotas, divertidas unas, más serias otras, pero siempre salpicadas por el prisma que le da el lente de la ciencia de la escasez.
Cuando vi el autor mi atracción fue doble. No solamente por la mezcla de temas y países, sino porque me hizo recordar mis clases de licenciatura. A principios de los noventa uno de los temas que estudiábamos en política fiscal era el efecto Olivera-Tanzi, que relacionaba períodos de elevada inflación con reducciones en el volumen de recaudación impositiva y consiguiente deterioro de la recaudación fiscal real del Estado.
Me parecía muy curioso entonces que aquel Tanzi, el renombrado economista italiano, ex director del departamento de asuntos fiscales del FMI justo en años de duros ajustes macroeconómicos en la región, fuera este otro Tanzi que sale con un libro así. Está estructurado en tres partes. La primera es enteramente dedicada a Brazil, una mirada desde los años sesenta, pasando por los períodos de alta inflación, y luego el retorno del crecimiento económico.
La segunda parte del libro la comparten Peru y Chile. En Perú, aunque arranca con su primera visita en los años sesenta, se detiene mucho más por los dos gobiernos de Alan García, y los de Fujimori y Toledo. En el caso chileno las anécdotas arrancan desde el gobierno de Salvador Allende, y visitas que hizo al país durante los últimos años de Pinochet y luego durante el gobierno de la Concertación.
La tercera parte está dedicada a dos latinos más pequeños: Costa Rica y Guatemala. En el caso tico narra tres viajes. Uno para participar en una conferencia sobre política económica, otro como miembro de una misión del IMF para reformar el sistema tributario, y el tercero para atender un seminario con parlamentarios de aquel país.
En el caso guatemalteco, la crónica gira alrededor de una visita que hizo en 1996 con motivo de las jornadas económicas que organiza el Banco de Guatemala. Recuerdo muy bien esa fecha, porque el otro gran ponente internacional que nos visitó fue el profesor Rudiger Dornbusch, también referencia obligada para nuestros cursos de macroeconomía en la URL.
Llama a la reflexión repasar la crónica de temas que consumían (y siguen consumiendo) el debate en nuestro país. Básicamente dos: seguridad y fiscalidad. Hace quince años el tema de seguridad estaba enmarcado en una ola de secuestros de todo tipo, precio y duración. Era el tema de conversación formal e informal. Hoy son el narcotráfico y el crimen organizado.
De igual forma, hace quince años, el tema fiscal generaba acaloradas discusiones, incluso a lo interno del mismo equipo gobernante de turno. La coyuntura de aquel entonces eran los acuerdos de paz, el famoso 12% de carga tributaria, aumentos en el gasto social y lucha contra la corrupción. Hoy la consolidación de las cuentas fiscales y un relanzamiento del pacto fiscal. ¡Qué poco y a la vez cuánto hemos cambiado!
Prensa Libre, 11 de agosto de 2011.
No son muchos los economistas que se aventuran a escribir sobre otros temas fuera de su campo de trabajo. Todo lo contrario, con la sobre especialización que la disciplina ha llegado a tener, lo usual es encontrar profesionales de las ciencias económicas que, si por ejemplo son expertos en macroeconomía internacional, no se sienten cómodos opinando, mucho menos escribiendo, sobre temas de organización industrial y viceversa.
Desafortunadamente, en aras de la elegancia formal y sofisticación en la capacidad de diagnosticar el color de la hoja más minúscula de un pequeño árbol nos hemos olvidado lo importante que es tener la capacidad de poder tomar distancia y apreciar la extensión y forma del bosque en su conjunto. Como me dijera un día Fernando Montes, rector de la Universidad jesuita en Chile, hay que tener cuidado de no caer en la trampa de llegar a saber muchísimo pero de muy poco.
Justamente por eso llamó mi atención la portada de un libro que vi hace unos días en el Fondo de Cultura Económica. Su título es “The charm of Latin America: economic and cultural impressions”, escrito por Vito Tanzi. Una obra sabrosa y de fácil lectura, escrita por un especialista para un público no especializado. Que recoge la experiencia de cuatro décadas viajando intensamente a la región, usualmente por razones de su trabajo, pero que aquí se da permiso de compartir anécdotas, divertidas unas, más serias otras, pero siempre salpicadas por el prisma que le da el lente de la ciencia de la escasez.
Cuando vi el autor mi atracción fue doble. No solamente por la mezcla de temas y países, sino porque me hizo recordar mis clases de licenciatura. A principios de los noventa uno de los temas que estudiábamos en política fiscal era el efecto Olivera-Tanzi, que relacionaba períodos de elevada inflación con reducciones en el volumen de recaudación impositiva y consiguiente deterioro de la recaudación fiscal real del Estado.
Me parecía muy curioso entonces que aquel Tanzi, el renombrado economista italiano, ex director del departamento de asuntos fiscales del FMI justo en años de duros ajustes macroeconómicos en la región, fuera este otro Tanzi que sale con un libro así. Está estructurado en tres partes. La primera es enteramente dedicada a Brazil, una mirada desde los años sesenta, pasando por los períodos de alta inflación, y luego el retorno del crecimiento económico.
La segunda parte del libro la comparten Peru y Chile. En Perú, aunque arranca con su primera visita en los años sesenta, se detiene mucho más por los dos gobiernos de Alan García, y los de Fujimori y Toledo. En el caso chileno las anécdotas arrancan desde el gobierno de Salvador Allende, y visitas que hizo al país durante los últimos años de Pinochet y luego durante el gobierno de la Concertación.
La tercera parte está dedicada a dos latinos más pequeños: Costa Rica y Guatemala. En el caso tico narra tres viajes. Uno para participar en una conferencia sobre política económica, otro como miembro de una misión del IMF para reformar el sistema tributario, y el tercero para atender un seminario con parlamentarios de aquel país.
En el caso guatemalteco, la crónica gira alrededor de una visita que hizo en 1996 con motivo de las jornadas económicas que organiza el Banco de Guatemala. Recuerdo muy bien esa fecha, porque el otro gran ponente internacional que nos visitó fue el profesor Rudiger Dornbusch, también referencia obligada para nuestros cursos de macroeconomía en la URL.
Llama a la reflexión repasar la crónica de temas que consumían (y siguen consumiendo) el debate en nuestro país. Básicamente dos: seguridad y fiscalidad. Hace quince años el tema de seguridad estaba enmarcado en una ola de secuestros de todo tipo, precio y duración. Era el tema de conversación formal e informal. Hoy son el narcotráfico y el crimen organizado.
De igual forma, hace quince años, el tema fiscal generaba acaloradas discusiones, incluso a lo interno del mismo equipo gobernante de turno. La coyuntura de aquel entonces eran los acuerdos de paz, el famoso 12% de carga tributaria, aumentos en el gasto social y lucha contra la corrupción. Hoy la consolidación de las cuentas fiscales y un relanzamiento del pacto fiscal. ¡Qué poco y a la vez cuánto hemos cambiado!
Prensa Libre, 11 de agosto de 2011.
jueves, 28 de julio de 2011
Cada mico en su columpio
“Provocar pérdida de confianza en la economía americana, en el mejor de los casos, pospondría la recuperación económica y la generación de empleo por varios (nadie sabe cuántos) trimestres.”
Uno de los temas más candentes en la política norteamericana estos días tiene que ver con el límite de endeudamiento de aquel país. Por ley federal, el Congreso es quien tiene la facultad de autorizar la capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno. Desde los años cincuenta esta ha sido una práctica usual en el diálogo político de Washington, tanto durante administraciones demócratas como republicanas. De hecho, el Presidente Reagan solicitó 18 veces aumentar el límite de endeudamiento y el Presidente George W. Bush lo hizo en 7 ocasiones.
Por supuesto que siempre es una oportunidad que moros y cristianos aprovechaban para alzar la voz y levantar temas de responsabilidad y prudencia fiscal. Pero al final prevalecían criterios de estabilidad macroeconómica y juicio técnico sobre los espíritus animales de los parlamentarios de turno.
La razón es sencilla: las condiciones bajo las cuales oferentes de recursos están dispuestos a prestarle –dicho de otra manera, a invertir en títulos públicos– a un gobierno dependen en buena medida de la confianza que tengan de que aquel será capaz de devolverles sus dineros más algún interés. Un indicador de confianza es la calificación que otorgan las agencias calificadoras de riesgo (triple A es la mejor nota).
Hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos goza de triple A, entre otras cosas, porque ha mantenido una larga tradición de honrar sus compromisos con todos aquellos que han colocado recursos en títulos públicos. Hoy eso es algo que puede estar en riesgo ya que desde hace unos meses los parlamentarios de aquel país se han enfrascado en un pleito a muerte, contaminando una discusión de carácter técnico con otros dos temas mucho más grandotes, más complejos, más politizados.
El primero tiene que ver con la forma de balancear el presupuesto público. Tras una década de déficit fiscales (Republicanos, por cierto), más una crisis económica histórica que también demandó una respuesta enorme en términos de gasto público, ahora la preocupación es cómo recortar el tamaño de la deuda y consolidar las cuentas del gobierno. Volver a vivir dentro de sus posibilidades, como suele decirse.
Así, a la solicitud de ampliar el límite de endeudamiento vienen engrapadas propuestas de ajuste en el gasto, que a la postre refleja visiones del tipo y tamaño de Estado que se quiere financiar a mediano plazo. El Presidente Obama resume las opciones que hoy están sobre la mesa en dos tipos: simplemente recortar el gasto público versus combinar recortes al gasto con contribuciones de los estratos más altos de la población, de manera que la carga se distribuya de forma más equitativa.
Resulta hasta curioso releer un cuarto de siglo después al Presidente Reagan. Suena hoy más Demócrata que Republicano: “(…) ¿Preferiría usted reducir déficits y tasas de interés a través de aumentar los ingresos del gobierno provenientes de aquellos que no pagan su justa contribución, o preferiría aceptar déficits presupuestarios más altos, tasas de interés más altas, y mayor desempleo? Yo creo conocer su respuesta”.
El segundo gran tema, que poco a poco adquiere más virulencia y espacio en el debate parlamentario, tiene que ver con el proceso electoral del 2012. La propuesta republicana ampliaría el límite de endeudamiento pero solamente para el 2011, forzando un debate similar en el próximo año, en medio de elecciones presidenciales. No es muy difícil anticipar el diálogo de sordos que será el Congreso en plena campaña, teniendo que discutir un tema de estabilidad macroeconómica tan importante, revuelto con la carrera por la sucesión en la Casa Blanca.
Por otra parte, la otra gran dimensión que parece estar perdiendo de vista la clase política norteamericana es la repercusión que tendría a nivel mundial un eventual default del gobierno norteamericano. Provocar pérdida de confianza en la economía americana, en el mejor de los casos, pospondría la recuperación económica y la generación de empleo por varios (nadie sabe cuántos) trimestres.
Es verdad que los parlamentos son los foros por excelencia para debatir el tipo de Estado y sociedad a la que se aspira. Sin embargo, es prudente mantener una clara diferenciación entre discusiones técnicas como los límites de endeudamiento, debates estructurales como el tamaño y papel del Estado, y ciclos políticos como la reelección del 2012. Cada cosa en su lugar. Cada mico en su columpio.
Prensa Libre, 28 de julio de 2011.
Uno de los temas más candentes en la política norteamericana estos días tiene que ver con el límite de endeudamiento de aquel país. Por ley federal, el Congreso es quien tiene la facultad de autorizar la capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno. Desde los años cincuenta esta ha sido una práctica usual en el diálogo político de Washington, tanto durante administraciones demócratas como republicanas. De hecho, el Presidente Reagan solicitó 18 veces aumentar el límite de endeudamiento y el Presidente George W. Bush lo hizo en 7 ocasiones.
Por supuesto que siempre es una oportunidad que moros y cristianos aprovechaban para alzar la voz y levantar temas de responsabilidad y prudencia fiscal. Pero al final prevalecían criterios de estabilidad macroeconómica y juicio técnico sobre los espíritus animales de los parlamentarios de turno.
La razón es sencilla: las condiciones bajo las cuales oferentes de recursos están dispuestos a prestarle –dicho de otra manera, a invertir en títulos públicos– a un gobierno dependen en buena medida de la confianza que tengan de que aquel será capaz de devolverles sus dineros más algún interés. Un indicador de confianza es la calificación que otorgan las agencias calificadoras de riesgo (triple A es la mejor nota).
Hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos goza de triple A, entre otras cosas, porque ha mantenido una larga tradición de honrar sus compromisos con todos aquellos que han colocado recursos en títulos públicos. Hoy eso es algo que puede estar en riesgo ya que desde hace unos meses los parlamentarios de aquel país se han enfrascado en un pleito a muerte, contaminando una discusión de carácter técnico con otros dos temas mucho más grandotes, más complejos, más politizados.
El primero tiene que ver con la forma de balancear el presupuesto público. Tras una década de déficit fiscales (Republicanos, por cierto), más una crisis económica histórica que también demandó una respuesta enorme en términos de gasto público, ahora la preocupación es cómo recortar el tamaño de la deuda y consolidar las cuentas del gobierno. Volver a vivir dentro de sus posibilidades, como suele decirse.
Así, a la solicitud de ampliar el límite de endeudamiento vienen engrapadas propuestas de ajuste en el gasto, que a la postre refleja visiones del tipo y tamaño de Estado que se quiere financiar a mediano plazo. El Presidente Obama resume las opciones que hoy están sobre la mesa en dos tipos: simplemente recortar el gasto público versus combinar recortes al gasto con contribuciones de los estratos más altos de la población, de manera que la carga se distribuya de forma más equitativa.
Resulta hasta curioso releer un cuarto de siglo después al Presidente Reagan. Suena hoy más Demócrata que Republicano: “(…) ¿Preferiría usted reducir déficits y tasas de interés a través de aumentar los ingresos del gobierno provenientes de aquellos que no pagan su justa contribución, o preferiría aceptar déficits presupuestarios más altos, tasas de interés más altas, y mayor desempleo? Yo creo conocer su respuesta”.
El segundo gran tema, que poco a poco adquiere más virulencia y espacio en el debate parlamentario, tiene que ver con el proceso electoral del 2012. La propuesta republicana ampliaría el límite de endeudamiento pero solamente para el 2011, forzando un debate similar en el próximo año, en medio de elecciones presidenciales. No es muy difícil anticipar el diálogo de sordos que será el Congreso en plena campaña, teniendo que discutir un tema de estabilidad macroeconómica tan importante, revuelto con la carrera por la sucesión en la Casa Blanca.
Por otra parte, la otra gran dimensión que parece estar perdiendo de vista la clase política norteamericana es la repercusión que tendría a nivel mundial un eventual default del gobierno norteamericano. Provocar pérdida de confianza en la economía americana, en el mejor de los casos, pospondría la recuperación económica y la generación de empleo por varios (nadie sabe cuántos) trimestres.
Es verdad que los parlamentos son los foros por excelencia para debatir el tipo de Estado y sociedad a la que se aspira. Sin embargo, es prudente mantener una clara diferenciación entre discusiones técnicas como los límites de endeudamiento, debates estructurales como el tamaño y papel del Estado, y ciclos políticos como la reelección del 2012. Cada cosa en su lugar. Cada mico en su columpio.
Prensa Libre, 28 de julio de 2011.
miércoles, 27 de julio de 2011
Precariedad en la tierra de la abundancia
"La gravedad de la pobreza aparece cuando se hace acompañar de desigualdad y poca movilidad social. Entonces comienza a destilar un cierto determinismo perverso."
La precariedad es por definición inestabilidad e insuficiencia. Entre los seres humanos se traduce en no tener que comer, no tener donde dormir. Acceso a pocas escuelas y aspirinas, caminos de polvo y lodo sin tragantes. Techos de cartón que gotean hasta con la brisa de un estornudo. Perros flacos correteándose con niños flacos, basura con juguetes rotos, hambre con ropa vieja, pocos metros para mucha gente, un solo foco para muchos pares de ojos. En una palabra, precariedad es escasez, falta de, ausencia de… De todo: comida, techo, oportunidades, vivienda, educación, salud, esperanza.
Es el día a día de una masa enorme de gente en América Latina. Sumados solamente los supera la población de Brasil. Muchos con muy poco. Hombres, mujeres y niños que parecen condenados a nacer, crecer, reproducirse y morir en el sótano más feo de nuestro continente. Irónicamente coexistiendo codo a codo con la abundancia, a veces hasta con el despilfarro, y la indiferencia del resto.
La gravedad de la pobreza aparece cuando se hace acompañar de desigualdad y poca movilidad social. Entonces comienza a destilar un cierto determinismo perverso. Que se alimenta de la incapacidad de la sociedad de generar oportunidades y la imposibilidad de soñar en las nuevas generaciones.
De allí la urgencia de engancharnos pronto y reconocernos unos a otros, como parte de un mismo colectivo. Con necesidades materiales distintas pero con derechos iguales. Quizás el punto de partida sean los jóvenes, porque es allí en donde cuajan los sueños y se moldean percepciones de lo que puede y debe transformarse.
Tal vez eso sea lo que explica el nuevo reverdecer de estas ideas. Poco a poco son los nuevos jóvenes latinoamericanos quienes se vuelven a organizar alrededor de proyectos de sensibilización y transformación social. Eso es bueno. Hay que inducir su despertar procurándoles canales sanos y propositivos para que desfoguen su innata rebeldía ante la injusticia. Un Techo Para Mi País (www.untechoparamipais.org) es un ejemplo de ello. Una idea simple pero muy poderosa: un techo construido por los que tienen para los que anhelan. ¡Lo invito a unirse a este esfuerzo!
(Artículo escrito para la campaña Precaria que ha lanzado Un Techo Para Mi País - UTPM, disponible en http://www.untechoparamipais.org/precariedad-en-la-tierra-de-la-abundancia)
La precariedad es por definición inestabilidad e insuficiencia. Entre los seres humanos se traduce en no tener que comer, no tener donde dormir. Acceso a pocas escuelas y aspirinas, caminos de polvo y lodo sin tragantes. Techos de cartón que gotean hasta con la brisa de un estornudo. Perros flacos correteándose con niños flacos, basura con juguetes rotos, hambre con ropa vieja, pocos metros para mucha gente, un solo foco para muchos pares de ojos. En una palabra, precariedad es escasez, falta de, ausencia de… De todo: comida, techo, oportunidades, vivienda, educación, salud, esperanza.
Es el día a día de una masa enorme de gente en América Latina. Sumados solamente los supera la población de Brasil. Muchos con muy poco. Hombres, mujeres y niños que parecen condenados a nacer, crecer, reproducirse y morir en el sótano más feo de nuestro continente. Irónicamente coexistiendo codo a codo con la abundancia, a veces hasta con el despilfarro, y la indiferencia del resto.
La gravedad de la pobreza aparece cuando se hace acompañar de desigualdad y poca movilidad social. Entonces comienza a destilar un cierto determinismo perverso. Que se alimenta de la incapacidad de la sociedad de generar oportunidades y la imposibilidad de soñar en las nuevas generaciones.
De allí la urgencia de engancharnos pronto y reconocernos unos a otros, como parte de un mismo colectivo. Con necesidades materiales distintas pero con derechos iguales. Quizás el punto de partida sean los jóvenes, porque es allí en donde cuajan los sueños y se moldean percepciones de lo que puede y debe transformarse.
Tal vez eso sea lo que explica el nuevo reverdecer de estas ideas. Poco a poco son los nuevos jóvenes latinoamericanos quienes se vuelven a organizar alrededor de proyectos de sensibilización y transformación social. Eso es bueno. Hay que inducir su despertar procurándoles canales sanos y propositivos para que desfoguen su innata rebeldía ante la injusticia. Un Techo Para Mi País (www.untechoparamipais.org) es un ejemplo de ello. Una idea simple pero muy poderosa: un techo construido por los que tienen para los que anhelan. ¡Lo invito a unirse a este esfuerzo!
(Artículo escrito para la campaña Precaria que ha lanzado Un Techo Para Mi País - UTPM, disponible en http://www.untechoparamipais.org/precariedad-en-la-tierra-de-la-abundancia)
viernes, 22 de julio de 2011
Dos visiones, una Guatemala
“(…) que el electorado no se lleve una falsa impresión de que estamos hablando de objetivos mutuamente excluyentes: o se crece o se redistribuye. Eso es falso.”
Es difícil tratar de leer los mensajes sustantivos que manda la clase política en medio de tanta bulla. Por una parte, las tragedias ocasionadas por una violencia desbordada no nos dejan escuchar en paz. Y por la otra, la coyuntura electoral, lejos de convertirse en el espacio por excelencia para discutir propuestas y visiones de país que compiten entre sí, cae indefectiblemente en epidérmicos cantos de sirena, promesas mesiánicas, ó ataques al adversario político. En una frase, mucho cascarón de carnaval y poquísima pica-pica.
Afortunadamente de vez en cuando hay “alumbrones”. Y eso merece ser rescatado y visibilizado, porque es el tipo de campaña que muchos estaríamos gustosos de ver en tarimas y foros. Una en la que se develen ideas fuerza, imaginarios de un Estado y una sociedad, y del tipo de transformaciones que cada equipo en contienda planea impulsar.
Un poco de eso sucedió esta semana en dos entrevistas publicadas en El Periódico. Fueron hechas a las, hasta hoy, dos caras más visibles de los equipos económicos que puntean en las encuestas: Carlos Barreda de la UNE y Emanuel Seidner del Partido Patriota.
Barreda fue viceministro de finanzas y luego asesor presidencial en temas económicos. Actualmente forma parte del grupo de expertos económicos de la candidata oficial. Por su parte, a Seidner se le asocia desde hace años con la agenda de competitividad y promoción de exportaciones. Su participación más reciente fue durante la administración del Presidente Berger.
El diálogo con Barreda fue sobre los programas sociales, centro de gravedad de la política pública impulsada por la actual administración. Sin embargo, aprovecha para mandar mensajes en cuanto al rol del Estado y objetivos de la política social en la agenda uneísta. Queda claro el espacio que tiene la política redistributiva como instrumento para reducir pobreza y cerrar brechas de inequidad, así como la universalización de derechos sobre la focalización.
El papel del Estado es mucho más activo. Así se deduce de propuestas como la creación de la Empresa Nacional de Comercialización, emulando al modelo brasileño. Pero también en el planteamiento de crear un ministerio de desarrollo rural y otro de desarrollo social –cabe recordar que durante el gobierno democratacristiano ya habíamos experimentado con un ministerio de desarrollo, el cual fue suprimido años más tarde–.
Asimismo, al hablar de recursos, no tiene empacho en reconocer que seguirán dando la batalla fiscal a través de una nueva ley antievasión, pero retomando (sic) “el tema de los ingresos”. Asumimos que es una alusión a la reforma integral que plantearon al inicio del gobierno y que incluía cambios al impuesto sobre la renta.
Emanuel Seidner, por su parte, al describir su propuesta de política económica para el país de inmediato habla de conceptos como Estado facilitador. Uno que (sic) “no ponga trabas a la actividad privada. (…) que motive al sector privado. (…) que cree condiciones para atraer inversión extranjera.”
Menciona temas concretos como promover al sector energético, call-centers, facilitar inversiones público-privadas para la construcción de infraestructura así como de sistemas de certificación de calidad. Pero además saca a colación la utilización de zonas francas y las correspondientes exenciones que las acompañan como instrumento de política.
Y en cuanto a política social la focalización sería priorizada sobre el universalismo básico. El mensaje es claro, una agenda de crecimiento y promoción de la competitividad recuperaría espacio prioritario en un eventual gobierno patriota.
En lo fiscal es más elusivo que Barrera. Propone retomar el Pacto Fiscal y el trabajo realizado por el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal. Privilegiando el proceso de llegar a una agenda mínima en la que coincidan las partes, más que medidas concretas.
Lo interesante en ambas entrevistas es que ninguno de los dos se adentra mucho en el tema contrapuesto. Ni Barreda habla mucho de crecimiento ni Seidner entra a las aguas de la equidad y redistribución.
Pero también es verdad que las entrevistas con cada uno dio estaban enmarcadas, predefinidas, hacia los temas en los que cada cual ha sido más visible. De allí que sería muy saludable un segundo intercambio pero ahora alternado temas. Esto nos permitiría conocer la otra cara de la moneda y hacer una valoración mucho más objetiva de las dos propuestas de política económica y social que hoy lideran la preferencia de voto.
Desde una perspectiva de país cabe un comentario adicional. Es muy saludable para nuestra democracia y para nuestra madurez política promover más y más estos ejercicios. Contrastar y debatir propuestas programáticas que compiten por hacerse del poder político nos ayuda.
Pero además, es fundamental balancear la comunicación de las mismas de manera que el electorado no se lleve una falsa impresión de que estamos hablando de objetivos mutuamente excluyentes: o se crece o se redistribuye. Eso es falso, y seguirlo remachando le hace un flaco favor al proceso de desarrollo guatemalteco.
Prensa Libre, 21 de julio de 2011.
Es difícil tratar de leer los mensajes sustantivos que manda la clase política en medio de tanta bulla. Por una parte, las tragedias ocasionadas por una violencia desbordada no nos dejan escuchar en paz. Y por la otra, la coyuntura electoral, lejos de convertirse en el espacio por excelencia para discutir propuestas y visiones de país que compiten entre sí, cae indefectiblemente en epidérmicos cantos de sirena, promesas mesiánicas, ó ataques al adversario político. En una frase, mucho cascarón de carnaval y poquísima pica-pica.
Afortunadamente de vez en cuando hay “alumbrones”. Y eso merece ser rescatado y visibilizado, porque es el tipo de campaña que muchos estaríamos gustosos de ver en tarimas y foros. Una en la que se develen ideas fuerza, imaginarios de un Estado y una sociedad, y del tipo de transformaciones que cada equipo en contienda planea impulsar.
Un poco de eso sucedió esta semana en dos entrevistas publicadas en El Periódico. Fueron hechas a las, hasta hoy, dos caras más visibles de los equipos económicos que puntean en las encuestas: Carlos Barreda de la UNE y Emanuel Seidner del Partido Patriota.
Barreda fue viceministro de finanzas y luego asesor presidencial en temas económicos. Actualmente forma parte del grupo de expertos económicos de la candidata oficial. Por su parte, a Seidner se le asocia desde hace años con la agenda de competitividad y promoción de exportaciones. Su participación más reciente fue durante la administración del Presidente Berger.
El diálogo con Barreda fue sobre los programas sociales, centro de gravedad de la política pública impulsada por la actual administración. Sin embargo, aprovecha para mandar mensajes en cuanto al rol del Estado y objetivos de la política social en la agenda uneísta. Queda claro el espacio que tiene la política redistributiva como instrumento para reducir pobreza y cerrar brechas de inequidad, así como la universalización de derechos sobre la focalización.
El papel del Estado es mucho más activo. Así se deduce de propuestas como la creación de la Empresa Nacional de Comercialización, emulando al modelo brasileño. Pero también en el planteamiento de crear un ministerio de desarrollo rural y otro de desarrollo social –cabe recordar que durante el gobierno democratacristiano ya habíamos experimentado con un ministerio de desarrollo, el cual fue suprimido años más tarde–.
Asimismo, al hablar de recursos, no tiene empacho en reconocer que seguirán dando la batalla fiscal a través de una nueva ley antievasión, pero retomando (sic) “el tema de los ingresos”. Asumimos que es una alusión a la reforma integral que plantearon al inicio del gobierno y que incluía cambios al impuesto sobre la renta.
Emanuel Seidner, por su parte, al describir su propuesta de política económica para el país de inmediato habla de conceptos como Estado facilitador. Uno que (sic) “no ponga trabas a la actividad privada. (…) que motive al sector privado. (…) que cree condiciones para atraer inversión extranjera.”
Menciona temas concretos como promover al sector energético, call-centers, facilitar inversiones público-privadas para la construcción de infraestructura así como de sistemas de certificación de calidad. Pero además saca a colación la utilización de zonas francas y las correspondientes exenciones que las acompañan como instrumento de política.
Y en cuanto a política social la focalización sería priorizada sobre el universalismo básico. El mensaje es claro, una agenda de crecimiento y promoción de la competitividad recuperaría espacio prioritario en un eventual gobierno patriota.
En lo fiscal es más elusivo que Barrera. Propone retomar el Pacto Fiscal y el trabajo realizado por el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal. Privilegiando el proceso de llegar a una agenda mínima en la que coincidan las partes, más que medidas concretas.
Lo interesante en ambas entrevistas es que ninguno de los dos se adentra mucho en el tema contrapuesto. Ni Barreda habla mucho de crecimiento ni Seidner entra a las aguas de la equidad y redistribución.
Pero también es verdad que las entrevistas con cada uno dio estaban enmarcadas, predefinidas, hacia los temas en los que cada cual ha sido más visible. De allí que sería muy saludable un segundo intercambio pero ahora alternado temas. Esto nos permitiría conocer la otra cara de la moneda y hacer una valoración mucho más objetiva de las dos propuestas de política económica y social que hoy lideran la preferencia de voto.
Desde una perspectiva de país cabe un comentario adicional. Es muy saludable para nuestra democracia y para nuestra madurez política promover más y más estos ejercicios. Contrastar y debatir propuestas programáticas que compiten por hacerse del poder político nos ayuda.
Pero además, es fundamental balancear la comunicación de las mismas de manera que el electorado no se lleve una falsa impresión de que estamos hablando de objetivos mutuamente excluyentes: o se crece o se redistribuye. Eso es falso, y seguirlo remachando le hace un flaco favor al proceso de desarrollo guatemalteco.
Prensa Libre, 21 de julio de 2011.
jueves, 14 de julio de 2011
El compromiso con la equidad
“Sin cerrar las grandes brechas que nos definen no habrá tasa de crecimiento que nos saque del atraso.”
Siempre he dicho que la agenda de discusión sobre temas de desarrollo en Guatemala avanza. Despacito, pero avanza. Es verdad que mucho de ella está condicionada y se comporta de manera reactiva a los temas de moda que se repican en las campanas de los grandes centros políticos y financieros del mundo multilateral – Washington, New York, Roma, Ginebra, y en menor medida Santiago de Chile y México D.F. –. Es casi un fenómeno natural. Nos guste o no, en países pequeños la masa crítica de expertos nacionales todavía es demasiado pequeña como para imponer y exportar una visión.
Así, de una mera prédica y culto casi fundamentalista a la estabilidad macroeconómica y las reformas liberalizadoras y privatizadoras de fines de la década de los ochenta y principios de los noventa mutamos hacia temas de crecimiento económico. Allí nos quedamos unos buenos años hasta que apareció en la agenda internacional el tema de reducción de pobreza, cuyo parteaguas probablemente sea el reporte de desarrollo mundial – WDR por sus siglas en inglés – del año 2000 elaborado por el Banco Mundial.
Se nos vino encima la era de la pobretología y con ella todo un instrumental para medir y diagnosticar carencias y condiciones de vida en territorios y poblaciones. Aprendimos a hacer mapas, perfiles, análisis de determinantes de pobreza, y comenzamos a entrar en una sana práctica de generar información estadística a nivel de hogares.
Acto seguido comenzó a cacaraquearse, cual bala de plata, el éxito de las transferencias monetarias condicionadas como un instrumento de política pública efectivo, no solamente para reducir la pobreza inmediata sino para tratar de romper el círculo intergeneracional de la pobreza a través de educar y cuidar la salud de nuestros niños.
A mediados de los años dos mil aparece otro hito, el WDR del 2006 dedicado al otro fenómeno que generalmente acompaña la pobreza: inequidad. Y con él surgieron una batería de conceptos e instrumentos analíticos como la trampa de desigualdad, la desigualdad de oportunidades, ó el índice de oportunidades humanas, que han servido para posicionar la agenda de equidad como tema fundamental para la transformación estructural de los países en desarrollo.
Recientemente comenzamos a hablar de otra herramienta adicional que construye y se complementa con lo andado a la fecha. El “commitment to equity assesment (CEQ)”. Es un instrumento que busca evaluar aquella política pública que persigue objetivos de equidad. En otras palabras, analiza el grado de compromiso de gobiernos para contrarrestar y revertir inequidades.
Para hacer esta evaluación, el CEQ considera cuatro dimensiones. La primera tiene que ver con suficiencia de recursos y capacidad de los gobiernos para redistribuir.
La segunda analiza la asignación de dichos recursos públicos de acuerdo a criterios de equidad. Por ejemplo, que lo prioritario sea garantizar un mínimo nivel de vida a la población.
La tercera dimensión da una mirada a la calidad de las intervenciones así como a la sostenibilidad de las mismas. Es decir, no embarcarse en esfuerzos redistributivos que aunque puedan tener un alto impacto en el corto plazo, no se puedan sostener en el tiempo.
La cuarta dimensión tiene que ver con transparencia y capacidad de generar información que permita evaluaciones externas de la política pública. En otras palabras, promover auditoría social.
Lo novedoso de este ejercicio es la aproximación a la política fiscal como herramienta activa para promover mayor equidad, pero complementada por otros tres ingredientes: suficiencia de recursos, calidad en las intervenciones y rendición de cuentas tanto en uso de fondos como en impactos obtenidos.
Quizás plantear la agenda de equidad en Guatemala a ese nivel haga más fácil lograr consensos mínimos entre los diferentes actores políticos y sociales. De cierta forma atiende las diferentes preocupaciones de la sociedad con relación a la acción pública.
¿Por qué es importante seguirle la pista a este tipo de discusiones conceptuales y herramientas analíticas? Básicamente porque es una forma de permear ideas, internalizar conceptos en la función pública y modernizar el debate en el resto de la sociedad. Para que poco a poco conceptos como equidad se conviertan en la función objetivo tanto de esa burocracia estable como de aquella otra masa más etérea de consultores y analistas que gravitan alrededor del gobierno.
Al final, son esos dos actores a quienes se encarga implementar y evaluar programas y proyectos. De manera que inocularlos con estudios y herramientas analíticas de tal naturaleza hace que poco a poco el elefante blanco del Estado y la manada de gacelas nerviosas que componen nuestra sociedad civil presten más atención a los temas estructurales del país.
En el corto plazo es racional que nuestra mayor preocupación deba ser el crecimiento económico. Sin embargo, en el mediano y largo plazos la brújula de nuestra sociedad tiene que ser más equidad. Sin cerrar las grandes brechas que nos definen no habrá tasa de crecimiento que nos saque del atraso.
Prensa Libre, 14 de julio de 2011.
Siempre he dicho que la agenda de discusión sobre temas de desarrollo en Guatemala avanza. Despacito, pero avanza. Es verdad que mucho de ella está condicionada y se comporta de manera reactiva a los temas de moda que se repican en las campanas de los grandes centros políticos y financieros del mundo multilateral – Washington, New York, Roma, Ginebra, y en menor medida Santiago de Chile y México D.F. –. Es casi un fenómeno natural. Nos guste o no, en países pequeños la masa crítica de expertos nacionales todavía es demasiado pequeña como para imponer y exportar una visión.
Así, de una mera prédica y culto casi fundamentalista a la estabilidad macroeconómica y las reformas liberalizadoras y privatizadoras de fines de la década de los ochenta y principios de los noventa mutamos hacia temas de crecimiento económico. Allí nos quedamos unos buenos años hasta que apareció en la agenda internacional el tema de reducción de pobreza, cuyo parteaguas probablemente sea el reporte de desarrollo mundial – WDR por sus siglas en inglés – del año 2000 elaborado por el Banco Mundial.
Se nos vino encima la era de la pobretología y con ella todo un instrumental para medir y diagnosticar carencias y condiciones de vida en territorios y poblaciones. Aprendimos a hacer mapas, perfiles, análisis de determinantes de pobreza, y comenzamos a entrar en una sana práctica de generar información estadística a nivel de hogares.
Acto seguido comenzó a cacaraquearse, cual bala de plata, el éxito de las transferencias monetarias condicionadas como un instrumento de política pública efectivo, no solamente para reducir la pobreza inmediata sino para tratar de romper el círculo intergeneracional de la pobreza a través de educar y cuidar la salud de nuestros niños.
A mediados de los años dos mil aparece otro hito, el WDR del 2006 dedicado al otro fenómeno que generalmente acompaña la pobreza: inequidad. Y con él surgieron una batería de conceptos e instrumentos analíticos como la trampa de desigualdad, la desigualdad de oportunidades, ó el índice de oportunidades humanas, que han servido para posicionar la agenda de equidad como tema fundamental para la transformación estructural de los países en desarrollo.
Recientemente comenzamos a hablar de otra herramienta adicional que construye y se complementa con lo andado a la fecha. El “commitment to equity assesment (CEQ)”. Es un instrumento que busca evaluar aquella política pública que persigue objetivos de equidad. En otras palabras, analiza el grado de compromiso de gobiernos para contrarrestar y revertir inequidades.
Para hacer esta evaluación, el CEQ considera cuatro dimensiones. La primera tiene que ver con suficiencia de recursos y capacidad de los gobiernos para redistribuir.
La segunda analiza la asignación de dichos recursos públicos de acuerdo a criterios de equidad. Por ejemplo, que lo prioritario sea garantizar un mínimo nivel de vida a la población.
La tercera dimensión da una mirada a la calidad de las intervenciones así como a la sostenibilidad de las mismas. Es decir, no embarcarse en esfuerzos redistributivos que aunque puedan tener un alto impacto en el corto plazo, no se puedan sostener en el tiempo.
La cuarta dimensión tiene que ver con transparencia y capacidad de generar información que permita evaluaciones externas de la política pública. En otras palabras, promover auditoría social.
Lo novedoso de este ejercicio es la aproximación a la política fiscal como herramienta activa para promover mayor equidad, pero complementada por otros tres ingredientes: suficiencia de recursos, calidad en las intervenciones y rendición de cuentas tanto en uso de fondos como en impactos obtenidos.
Quizás plantear la agenda de equidad en Guatemala a ese nivel haga más fácil lograr consensos mínimos entre los diferentes actores políticos y sociales. De cierta forma atiende las diferentes preocupaciones de la sociedad con relación a la acción pública.
¿Por qué es importante seguirle la pista a este tipo de discusiones conceptuales y herramientas analíticas? Básicamente porque es una forma de permear ideas, internalizar conceptos en la función pública y modernizar el debate en el resto de la sociedad. Para que poco a poco conceptos como equidad se conviertan en la función objetivo tanto de esa burocracia estable como de aquella otra masa más etérea de consultores y analistas que gravitan alrededor del gobierno.
Al final, son esos dos actores a quienes se encarga implementar y evaluar programas y proyectos. De manera que inocularlos con estudios y herramientas analíticas de tal naturaleza hace que poco a poco el elefante blanco del Estado y la manada de gacelas nerviosas que componen nuestra sociedad civil presten más atención a los temas estructurales del país.
En el corto plazo es racional que nuestra mayor preocupación deba ser el crecimiento económico. Sin embargo, en el mediano y largo plazos la brújula de nuestra sociedad tiene que ser más equidad. Sin cerrar las grandes brechas que nos definen no habrá tasa de crecimiento que nos saque del atraso.
Prensa Libre, 14 de julio de 2011.
jueves, 7 de julio de 2011
China: desigualdad, sostenibilidad y productividad
“China es un modelo construido en un delicado balance entre apertura económica y centralismo político, para la cual gobernabilidad y paz social son ingredientes esenciales.”
La economía china es sin duda alguna la más dinámica del planeta. Tasas de crecimiento cercanas al diez por ciento desde hace muchos años. Cuantiosas sumas de recursos asignados a inversión en capital físico (infraestructura productiva y habitacional), un modelo de urbanización que casi tiene a la mitad de su población viviendo en ciudades, y una férrea política de control poblacional que ha mantenido bajo control la explosión demográfica.
Sistemas político y económico que partieron enteramente centralizados a partir de la revolución comunista de 1949. Planes quinquenales que en su apogeo de ortodoxia pretendían cuadricular la mayor cantidad de decisiones económicas, pero que con el paso del tiempo han mutado hacia orientaciones más de carácter estratégico, alertando sobre los grandes retos de desarrollo nacional a mediano plazo.
Sin duda alguna la experiencia china en lo económico ha sido mucho más exitosa que la soviética, norcoreana y cubana. Hasta hoy ha sido capaz de incorporar en su proceso de desarrollo la necesidad de liberalización y apertura económica. Eso sí, manteniendo el control político encarnado en el Partido Comunista Chino (PCCh).
El secreto de su élite gobernante fue saber leer las señales y reconocer a tiempo un patrón generalizado de comportamiento humano: los individuos, en su proceso natural de procurarse mejores condiciones de vida, prefieren tener más opciones para escoger entre los diferentes bienes y servicios que consumen diariamente; y además quieren contar cada vez con productos de mejor calidad.
Ambas cosas (variedad y calidad) no se pueden planificar desde un escritorio ni con la más sofisticada matriz de insumo producto. Para ello se requiere de un sistema distinto de organización y asignación de recursos en la sociedad: el mercado.
Hoy los retos que enfrentan son diferentes. Están a las puertas de convertirse en la economía más grande del planeta – con todas las responsabilidades geopolíticas que ello acarrea –. Sin embargo, surgen preguntas sobre la sostenibilidad de su modelo de crecimiento, el cual ha descansado fundamentalmente en dos elementos: inversiones domésticas en capital físico y un agresivo esquema exportador.
Ambas características no tienen posibilidades de crecimiento ilimitado. Por una parte, la capacidad instalada de la infraestructura física eventualmente enfrenta rendimientos decrecientes. Y por la otra, el consumo en el resto del mundo – es decir, los compradores de sus exportaciones – no termina de recuperarse de las diferentes crisis.
La recomendación natural es entonces mirar hacia adentro y dinamizar el consumo interno. Pero dado el tamaño de la población y la rápida transformación en los patrones de consumo de su clase media, la interrogante pasa a ser el efecto ambiental que ejercerá esa masa gigantesca de consumidores con más y más poder adquisitivo.
Desde otro ángulo, si bien es cierto han sido exitosos en tener un crecimiento económico robusto y prolongado, lo cual les ha permitido reducir los niveles de pobreza de su población, también se han creado brechas socioeconómicas que no pueden desestimarse. En otras palabras, la desigualdad vuelve a ser un tema relevante – como lo fue en los orígenes de la revolución misma –. Sobretodo porque China es un modelo construido en un delicado balance entre apertura económica y centralismo político, para la cual gobernabilidad y paz social son ingredientes esenciales.
Para redondear el cuadro, la sociedad china no puede perder de vista su demografía. La política de población probablemente les ha rendido ciertos frutos en término de planificación y ordenamiento territorial – otro cuento son los costos sociales que han debido pagar las familias –. Ahora toca revisar las perspectivas a futuro de una población que comienza a envejecer y los consabidos efectos en términos de productividad y seguridad social.
En resumen, la agenda de desarrollo de China pasa por atender tres grandes temas en los próximos años: las desigualdades que ha creado un crecimiento económico acelerado pero a la vez desordenado; la sostenibilidad de su modelo de crecimiento económico y las implicaciones ambientales que tendría para el planeta la explosión de consumo de la clase media china, y garantizar niveles de productividad crecientes así como esquemas de protección social en un contexto demográfico que apunta al envejecimiento.
Lo más interesante en todo esto es que, como dijera Moisés Naím, (sic) “(…) las ideologías rígidas no ayudarán a encontrar salidas. Hay que echar mano de todas las ideas, inventar otras nuevas, y darle rienda suelta al pragmatismo y la experimentación”.
Prensa Libre, 7 de julio de 2011.
La economía china es sin duda alguna la más dinámica del planeta. Tasas de crecimiento cercanas al diez por ciento desde hace muchos años. Cuantiosas sumas de recursos asignados a inversión en capital físico (infraestructura productiva y habitacional), un modelo de urbanización que casi tiene a la mitad de su población viviendo en ciudades, y una férrea política de control poblacional que ha mantenido bajo control la explosión demográfica.
Sistemas político y económico que partieron enteramente centralizados a partir de la revolución comunista de 1949. Planes quinquenales que en su apogeo de ortodoxia pretendían cuadricular la mayor cantidad de decisiones económicas, pero que con el paso del tiempo han mutado hacia orientaciones más de carácter estratégico, alertando sobre los grandes retos de desarrollo nacional a mediano plazo.
Sin duda alguna la experiencia china en lo económico ha sido mucho más exitosa que la soviética, norcoreana y cubana. Hasta hoy ha sido capaz de incorporar en su proceso de desarrollo la necesidad de liberalización y apertura económica. Eso sí, manteniendo el control político encarnado en el Partido Comunista Chino (PCCh).
El secreto de su élite gobernante fue saber leer las señales y reconocer a tiempo un patrón generalizado de comportamiento humano: los individuos, en su proceso natural de procurarse mejores condiciones de vida, prefieren tener más opciones para escoger entre los diferentes bienes y servicios que consumen diariamente; y además quieren contar cada vez con productos de mejor calidad.
Ambas cosas (variedad y calidad) no se pueden planificar desde un escritorio ni con la más sofisticada matriz de insumo producto. Para ello se requiere de un sistema distinto de organización y asignación de recursos en la sociedad: el mercado.
Hoy los retos que enfrentan son diferentes. Están a las puertas de convertirse en la economía más grande del planeta – con todas las responsabilidades geopolíticas que ello acarrea –. Sin embargo, surgen preguntas sobre la sostenibilidad de su modelo de crecimiento, el cual ha descansado fundamentalmente en dos elementos: inversiones domésticas en capital físico y un agresivo esquema exportador.
Ambas características no tienen posibilidades de crecimiento ilimitado. Por una parte, la capacidad instalada de la infraestructura física eventualmente enfrenta rendimientos decrecientes. Y por la otra, el consumo en el resto del mundo – es decir, los compradores de sus exportaciones – no termina de recuperarse de las diferentes crisis.
La recomendación natural es entonces mirar hacia adentro y dinamizar el consumo interno. Pero dado el tamaño de la población y la rápida transformación en los patrones de consumo de su clase media, la interrogante pasa a ser el efecto ambiental que ejercerá esa masa gigantesca de consumidores con más y más poder adquisitivo.
Desde otro ángulo, si bien es cierto han sido exitosos en tener un crecimiento económico robusto y prolongado, lo cual les ha permitido reducir los niveles de pobreza de su población, también se han creado brechas socioeconómicas que no pueden desestimarse. En otras palabras, la desigualdad vuelve a ser un tema relevante – como lo fue en los orígenes de la revolución misma –. Sobretodo porque China es un modelo construido en un delicado balance entre apertura económica y centralismo político, para la cual gobernabilidad y paz social son ingredientes esenciales.
Para redondear el cuadro, la sociedad china no puede perder de vista su demografía. La política de población probablemente les ha rendido ciertos frutos en término de planificación y ordenamiento territorial – otro cuento son los costos sociales que han debido pagar las familias –. Ahora toca revisar las perspectivas a futuro de una población que comienza a envejecer y los consabidos efectos en términos de productividad y seguridad social.
En resumen, la agenda de desarrollo de China pasa por atender tres grandes temas en los próximos años: las desigualdades que ha creado un crecimiento económico acelerado pero a la vez desordenado; la sostenibilidad de su modelo de crecimiento económico y las implicaciones ambientales que tendría para el planeta la explosión de consumo de la clase media china, y garantizar niveles de productividad crecientes así como esquemas de protección social en un contexto demográfico que apunta al envejecimiento.
Lo más interesante en todo esto es que, como dijera Moisés Naím, (sic) “(…) las ideologías rígidas no ayudarán a encontrar salidas. Hay que echar mano de todas las ideas, inventar otras nuevas, y darle rienda suelta al pragmatismo y la experimentación”.
Prensa Libre, 7 de julio de 2011.
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