“China es un modelo construido en un delicado balance entre apertura económica y centralismo político, para la cual gobernabilidad y paz social son ingredientes esenciales.”
La economía china es sin duda alguna la más dinámica del planeta. Tasas de crecimiento cercanas al diez por ciento desde hace muchos años. Cuantiosas sumas de recursos asignados a inversión en capital físico (infraestructura productiva y habitacional), un modelo de urbanización que casi tiene a la mitad de su población viviendo en ciudades, y una férrea política de control poblacional que ha mantenido bajo control la explosión demográfica.
Sistemas político y económico que partieron enteramente centralizados a partir de la revolución comunista de 1949. Planes quinquenales que en su apogeo de ortodoxia pretendían cuadricular la mayor cantidad de decisiones económicas, pero que con el paso del tiempo han mutado hacia orientaciones más de carácter estratégico, alertando sobre los grandes retos de desarrollo nacional a mediano plazo.
Sin duda alguna la experiencia china en lo económico ha sido mucho más exitosa que la soviética, norcoreana y cubana. Hasta hoy ha sido capaz de incorporar en su proceso de desarrollo la necesidad de liberalización y apertura económica. Eso sí, manteniendo el control político encarnado en el Partido Comunista Chino (PCCh).
El secreto de su élite gobernante fue saber leer las señales y reconocer a tiempo un patrón generalizado de comportamiento humano: los individuos, en su proceso natural de procurarse mejores condiciones de vida, prefieren tener más opciones para escoger entre los diferentes bienes y servicios que consumen diariamente; y además quieren contar cada vez con productos de mejor calidad.
Ambas cosas (variedad y calidad) no se pueden planificar desde un escritorio ni con la más sofisticada matriz de insumo producto. Para ello se requiere de un sistema distinto de organización y asignación de recursos en la sociedad: el mercado.
Hoy los retos que enfrentan son diferentes. Están a las puertas de convertirse en la economía más grande del planeta – con todas las responsabilidades geopolíticas que ello acarrea –. Sin embargo, surgen preguntas sobre la sostenibilidad de su modelo de crecimiento, el cual ha descansado fundamentalmente en dos elementos: inversiones domésticas en capital físico y un agresivo esquema exportador.
Ambas características no tienen posibilidades de crecimiento ilimitado. Por una parte, la capacidad instalada de la infraestructura física eventualmente enfrenta rendimientos decrecientes. Y por la otra, el consumo en el resto del mundo – es decir, los compradores de sus exportaciones – no termina de recuperarse de las diferentes crisis.
La recomendación natural es entonces mirar hacia adentro y dinamizar el consumo interno. Pero dado el tamaño de la población y la rápida transformación en los patrones de consumo de su clase media, la interrogante pasa a ser el efecto ambiental que ejercerá esa masa gigantesca de consumidores con más y más poder adquisitivo.
Desde otro ángulo, si bien es cierto han sido exitosos en tener un crecimiento económico robusto y prolongado, lo cual les ha permitido reducir los niveles de pobreza de su población, también se han creado brechas socioeconómicas que no pueden desestimarse. En otras palabras, la desigualdad vuelve a ser un tema relevante – como lo fue en los orígenes de la revolución misma –. Sobretodo porque China es un modelo construido en un delicado balance entre apertura económica y centralismo político, para la cual gobernabilidad y paz social son ingredientes esenciales.
Para redondear el cuadro, la sociedad china no puede perder de vista su demografía. La política de población probablemente les ha rendido ciertos frutos en término de planificación y ordenamiento territorial – otro cuento son los costos sociales que han debido pagar las familias –. Ahora toca revisar las perspectivas a futuro de una población que comienza a envejecer y los consabidos efectos en términos de productividad y seguridad social.
En resumen, la agenda de desarrollo de China pasa por atender tres grandes temas en los próximos años: las desigualdades que ha creado un crecimiento económico acelerado pero a la vez desordenado; la sostenibilidad de su modelo de crecimiento económico y las implicaciones ambientales que tendría para el planeta la explosión de consumo de la clase media china, y garantizar niveles de productividad crecientes así como esquemas de protección social en un contexto demográfico que apunta al envejecimiento.
Lo más interesante en todo esto es que, como dijera Moisés Naím, (sic) “(…) las ideologías rígidas no ayudarán a encontrar salidas. Hay que echar mano de todas las ideas, inventar otras nuevas, y darle rienda suelta al pragmatismo y la experimentación”.
Prensa Libre, 7 de julio de 2011.
jueves, 7 de julio de 2011
jueves, 30 de junio de 2011
Pooling and pledging
“Desgracia mayúscula que la ruta de comercialización pase por este grupo de Estados nacionales débiles y urgidos de inversiones sociales más que de balas, cárceles y blindajes.”
La cobertura mediática que tuvo la semana pasada la conferencia de apoyo a la estrategia de seguridad en Centroamérica fue amplia. Después de los bombos y platillos y del rosario de buenas intenciones y veladoras que se prendieron a todos nuestros santos, el polvo comienza a asentar, y todo regresa a la anormalidad.
Tras haber escuchado discursos de mandatarios y altos funcionarios de organismos internacionales me quedaron dos mensajes resonando. El primero fue el discurso del Presidente Calderón de México – por cierto, muy bien complementado por los demás mandatarios de la región –. Me parece que fue el mensaje mejor comunicado, dejando en claro tres ideas básicas para tratar de entender qué nos pasa y qué nos puede pasar en esta guerra.
La primera idea fue la diferenciación entre la lógica que tiene el narcotráfico versus narcomenudeo. El tráfico busca solamente una ruta de paso, y para ello corrompe autoridades, pero fundamentalmente sin ánimo de hacerse visible. Entre más rápido transite la droga mucho que mejor. El menudeo busca un territorio, suplantar la autoridad en vez de simplemente corromperla, pero además procura visibilidad a través de manifestaciones de fuerza que mandan mensajes claros a posibles competidores.
El problema es que la región ha mutado del simple tráfico a tráfico y menudeo. Y por lo tanto los retos que se imponen a los Estados nacionales y sus instituciones se han incrementado respecto a hace un par de décadas atrás.
La segunda idea tiene que ver con las otras dos grandes patas de este trípode maldito: el consumo y el mercado de armas. Es imposible (y hasta ridículo) pensar en ganar esta guerra sin reconocer que los grupos al margen de la ley están siendo abastecidos con armamento que supera con creces la capacidad de reacción y fuego de nuestras fuerzas de seguridad pública. Como dijera un tico, “este pleito es de tigre suelto contra burro amarrado”.
Pero además, de lo que al final estamos hablando es de un mercado. Es decir, un arreglo en donde oferentes (narcos) y demandantes (adictos) logran ponerse de acuerdo en un precio y cantidad. Atacar solamente la oferta no hace más que elevar el precio del producto final y el costo en vidas humanas de poner una línea de coca en la nariz de un joven en Estados Unidos. En otras palabras, dicho país deben cambiar sustantivamente su “approach” e internalizar los problemas de consumo y venta de armas ofensivas.
La tercera idea que soltó Calderón apunta a la corresponsabilidad en este pleito. La siguiente pregunta lo ilustra muy bien: ¿qué sería de Mesoamérica si estuviera al norte de los Estados Unidos o al sur de los Andes? – otra forma de cantar “si le norte fuera el sur”–. Desgracia mayúscula que la ruta de comercialización pase por este grupo de Estados nacionales débiles y urgidos de inversiones sociales más que de balas, cárceles y blindajes.
Todo lo anterior ya se ha dicho antes. Pero es muy significativo que lo repita recio, claro y viendo a los ojos el Presidente de un país con un peso específico mucho mayor en la geopolítica hemisférica, como el que tiene nuestro vecino al norte del Suchiate.
El segundo mensaje que me quedó resonando fue la prensa que se le dio al billón y medio de dólares ofrecido por el Banco Mundial y BID, y los quinientos millones ofrecidos por Estados Unidos y la Unión Europea. Nos volvemos a ir con la finta y compramos carne con hueso. Esta danza de millones no es tal ni mucho menos gratis.
Los organismos multilaterales y agencias bilaterales tienen grandes limitaciones para invertir en ciertos renglones de seguridad. De manera que probablemente mucho de lo que allí de se declaró tiene que ver con áreas tradicionales en donde ya han estado trabajando por años (e.g. educación, salud, fortalecimiento institucional) pero que ciertamente pueden incluirse como parte de una estrategia de prevención al crimen.
A pesar de todo, creo que la conferencia no debe ser vista como algo menor o meramente un acto diplomático sin mayor trascendencia. El problema que tenemos entre manos los centroamericanos nos desborda y no tiene que ver tanto con cantidades astronómicas de dinero, sea en forma de préstamo, donación, o simplemente haciendo un “pooling and pledging” de todo lo que gobiernos, instituciones internacionales y países amigos ya están haciendo.
El valor de la conferencia estará en su capacidad de crear ambiente y condiciones suficientes para ejercer toda la presión que haga falta, y obligar a que el país con el mayor mercado de consumo de drogas y armas haga verdaderamente suyo el problema. Que invierta tantos o más recursos en atender esos dos cabos sueltos (consumo y armas) en esta guerra que hoy nos tiene con una rodilla en tierra.
Prensa Libre, 30 de junio de 2011.
La cobertura mediática que tuvo la semana pasada la conferencia de apoyo a la estrategia de seguridad en Centroamérica fue amplia. Después de los bombos y platillos y del rosario de buenas intenciones y veladoras que se prendieron a todos nuestros santos, el polvo comienza a asentar, y todo regresa a la anormalidad.
Tras haber escuchado discursos de mandatarios y altos funcionarios de organismos internacionales me quedaron dos mensajes resonando. El primero fue el discurso del Presidente Calderón de México – por cierto, muy bien complementado por los demás mandatarios de la región –. Me parece que fue el mensaje mejor comunicado, dejando en claro tres ideas básicas para tratar de entender qué nos pasa y qué nos puede pasar en esta guerra.
La primera idea fue la diferenciación entre la lógica que tiene el narcotráfico versus narcomenudeo. El tráfico busca solamente una ruta de paso, y para ello corrompe autoridades, pero fundamentalmente sin ánimo de hacerse visible. Entre más rápido transite la droga mucho que mejor. El menudeo busca un territorio, suplantar la autoridad en vez de simplemente corromperla, pero además procura visibilidad a través de manifestaciones de fuerza que mandan mensajes claros a posibles competidores.
El problema es que la región ha mutado del simple tráfico a tráfico y menudeo. Y por lo tanto los retos que se imponen a los Estados nacionales y sus instituciones se han incrementado respecto a hace un par de décadas atrás.
La segunda idea tiene que ver con las otras dos grandes patas de este trípode maldito: el consumo y el mercado de armas. Es imposible (y hasta ridículo) pensar en ganar esta guerra sin reconocer que los grupos al margen de la ley están siendo abastecidos con armamento que supera con creces la capacidad de reacción y fuego de nuestras fuerzas de seguridad pública. Como dijera un tico, “este pleito es de tigre suelto contra burro amarrado”.
Pero además, de lo que al final estamos hablando es de un mercado. Es decir, un arreglo en donde oferentes (narcos) y demandantes (adictos) logran ponerse de acuerdo en un precio y cantidad. Atacar solamente la oferta no hace más que elevar el precio del producto final y el costo en vidas humanas de poner una línea de coca en la nariz de un joven en Estados Unidos. En otras palabras, dicho país deben cambiar sustantivamente su “approach” e internalizar los problemas de consumo y venta de armas ofensivas.
La tercera idea que soltó Calderón apunta a la corresponsabilidad en este pleito. La siguiente pregunta lo ilustra muy bien: ¿qué sería de Mesoamérica si estuviera al norte de los Estados Unidos o al sur de los Andes? – otra forma de cantar “si le norte fuera el sur”–. Desgracia mayúscula que la ruta de comercialización pase por este grupo de Estados nacionales débiles y urgidos de inversiones sociales más que de balas, cárceles y blindajes.
Todo lo anterior ya se ha dicho antes. Pero es muy significativo que lo repita recio, claro y viendo a los ojos el Presidente de un país con un peso específico mucho mayor en la geopolítica hemisférica, como el que tiene nuestro vecino al norte del Suchiate.
El segundo mensaje que me quedó resonando fue la prensa que se le dio al billón y medio de dólares ofrecido por el Banco Mundial y BID, y los quinientos millones ofrecidos por Estados Unidos y la Unión Europea. Nos volvemos a ir con la finta y compramos carne con hueso. Esta danza de millones no es tal ni mucho menos gratis.
Los organismos multilaterales y agencias bilaterales tienen grandes limitaciones para invertir en ciertos renglones de seguridad. De manera que probablemente mucho de lo que allí de se declaró tiene que ver con áreas tradicionales en donde ya han estado trabajando por años (e.g. educación, salud, fortalecimiento institucional) pero que ciertamente pueden incluirse como parte de una estrategia de prevención al crimen.
A pesar de todo, creo que la conferencia no debe ser vista como algo menor o meramente un acto diplomático sin mayor trascendencia. El problema que tenemos entre manos los centroamericanos nos desborda y no tiene que ver tanto con cantidades astronómicas de dinero, sea en forma de préstamo, donación, o simplemente haciendo un “pooling and pledging” de todo lo que gobiernos, instituciones internacionales y países amigos ya están haciendo.
El valor de la conferencia estará en su capacidad de crear ambiente y condiciones suficientes para ejercer toda la presión que haga falta, y obligar a que el país con el mayor mercado de consumo de drogas y armas haga verdaderamente suyo el problema. Que invierta tantos o más recursos en atender esos dos cabos sueltos (consumo y armas) en esta guerra que hoy nos tiene con una rodilla en tierra.
Prensa Libre, 30 de junio de 2011.
jueves, 23 de junio de 2011
La lente de nuestro Estado hacia la pobreza
“(…) el empleo no es un tema nuevo sino más bien una deuda social añeja.”
El informe nacional de desarrollo humano (INDH) que desarrolla el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un ejercicio de reflexión y análisis amplio sobre la realidad nacional. En su elaboración participan diferentes expertos de acuerdo al tema central que se elija.
Uno de los subproductos del último INDH fue el cuaderno de desarrollo humano titulado “Estrategias de reducción de la pobreza en Guatemala 1985-2009”. Su autor es el economista Wilson Romero Alvarado, investigador de la Universidad Rafael Landivar.
Saco hoy a colación este trabajo porque creo que es un esfuerzo analítico valioso y muy oportuno para los meses de discusión política electoral que vivimos. Romero logra sistematizar información generalmente dispersa y trata de encontrarle un hilo conductor que nos ayude a entender la racionalidad de las políticas públicas para la reducción de la pobreza en el país. Su lectura me generó tres reflexiones.
La primera tiene que ver con la incapacidad crónica de la economía nacional para generar puestos de trabajo suficientes para absorber la mano de obra que año con año se incorpora a la población económicamente activa. En otras palabras, el empleo no es un tema nuevo sino más bien una deuda social añeja. Aunque somos un país joven, lamentablemente mucha de esa juventud desemboca en el desempleo, subempleo o informalidad.
Es muy sugerente ver cómo desde 1986 el empleo es entendido como (sic) “el punto de equilibrio entre políticas sociales y económicas”. Sin embargo, muy poco se ha logrado hacer para organizar el aparato productivo de manera que aumente su demanda de mano de obra.
A pesar de la importancia que se pregona y adjudica al empleo, la verdad es que los esfuerzos para dinamizar el mercado laboral han sido francamente limitados e inconexos. Dos ejemplos ilustran este punto.
Por una parte, hay que reconocer que hemos estudiado muy poco nuestro mercado laboral. Salvo honrosas excepciones, es un tema al que no hemos dedicado mayor esfuerzo ni discusión académica o política. Hasta muy recientemente ni siquiera generábamos datos sobre este fenómeno, limitando aún más la posibilidad de generar propuestas ajustadas a la realidad de trabajadores y empleadores.
Por otro lado, la institucionalidad encargada de dar seguimiento a la agenda laboral es muy débil. No es ningún secreto que el ministerio del trabajo es de las carteras con más bajo perfil, signo de la poca importancia que desde el Estado otorga al tema. De las pocas veces que escuchamos del MINTRAB es cuando se da la negociación sobre el salario mínimo. Me pregunto entonces si el empleo es realmente prioridad para el Estado.
La segunda apunta a los aparentes bandazos que el Estado guatemalteco ha dado para abordar el fenómeno de la pobreza en el país y articular política pública. Romero identifica en su artículo dos supuestos subyacentes que guían la formulación de políticas para la reducción de la pobreza: el crecimiento económico y la inequidad. En función de cuál es el paradigma dominante en la administración de turno, así será el énfasis de sus intervenciones. Aunque esta división no es químicamente pura, ayuda a entender la lógica del discurso gubernamental desde Cerezo hasta Colom.
Lo interesante es que, a pesar de que algunas administraciones han visibilizado más uno u otro discurso – pro crecimiento y derrame ó pro redistribución y fortalecimiento de las redes de protección social –, de alguna manera nuestro aparato estatal ha ido lentamente madurando y conformando estructuras que le permiten, aunque de manera tardía y no siempre eficiente, integrar ambas visiones.
Este proceso ha permitido de manera paulatina atender y visibilizar a ciertos grupos de población. Eso no es un logro menor, puesto que históricamente a ciertos segmentos simplemente se les ignoraba casi por completo.
Finalmente, la tercera reflexión que me generó el artículo fue constatar que, cuando hablamos de políticas para la reducción de pobreza, hay básicamente dos tipos de Estados nacionales en la región latinoamericana. Por una parte tenemos a aquellos que pueden ser considerados Estados líderes. Son aquellos que imponen innovaciones conceptuales y de política para la reducción de la pobreza. Allí están Brasil y México con sus transferencias condicionadas, Bolivia y Perú con sus micro finanzas, Chile con su institucionalidad y generación sistemática de información.
Y por el otro lado están los Estados seguidores, los que adoptan experiencias exitosas de la región o bien son objeto de ciertas modas en el discurso internacional. Allí caben los países HIPC, MDRI, y algunos otros como Guatemala, que por decisión propia deciden pegarse y adoptar medidas para beneficiarse de la coyuntura.
Así las cosas yo me hago tres preguntas: 1. ¿cuál será el paradigma que guíe a la siguiente administración para la reducción de pobreza?, 2. ¿estaremos listos para ensayar un Estado que impulse crecimiento y equidad?, y 3. ¿en dónde están las propuestas para destrabar el tapón estructural del empleo en el país? Difícil responder con la escasa información disponible a la fecha.
Prensa Libre, 23 de junio de 2011.
El informe nacional de desarrollo humano (INDH) que desarrolla el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un ejercicio de reflexión y análisis amplio sobre la realidad nacional. En su elaboración participan diferentes expertos de acuerdo al tema central que se elija.
Uno de los subproductos del último INDH fue el cuaderno de desarrollo humano titulado “Estrategias de reducción de la pobreza en Guatemala 1985-2009”. Su autor es el economista Wilson Romero Alvarado, investigador de la Universidad Rafael Landivar.
Saco hoy a colación este trabajo porque creo que es un esfuerzo analítico valioso y muy oportuno para los meses de discusión política electoral que vivimos. Romero logra sistematizar información generalmente dispersa y trata de encontrarle un hilo conductor que nos ayude a entender la racionalidad de las políticas públicas para la reducción de la pobreza en el país. Su lectura me generó tres reflexiones.
La primera tiene que ver con la incapacidad crónica de la economía nacional para generar puestos de trabajo suficientes para absorber la mano de obra que año con año se incorpora a la población económicamente activa. En otras palabras, el empleo no es un tema nuevo sino más bien una deuda social añeja. Aunque somos un país joven, lamentablemente mucha de esa juventud desemboca en el desempleo, subempleo o informalidad.
Es muy sugerente ver cómo desde 1986 el empleo es entendido como (sic) “el punto de equilibrio entre políticas sociales y económicas”. Sin embargo, muy poco se ha logrado hacer para organizar el aparato productivo de manera que aumente su demanda de mano de obra.
A pesar de la importancia que se pregona y adjudica al empleo, la verdad es que los esfuerzos para dinamizar el mercado laboral han sido francamente limitados e inconexos. Dos ejemplos ilustran este punto.
Por una parte, hay que reconocer que hemos estudiado muy poco nuestro mercado laboral. Salvo honrosas excepciones, es un tema al que no hemos dedicado mayor esfuerzo ni discusión académica o política. Hasta muy recientemente ni siquiera generábamos datos sobre este fenómeno, limitando aún más la posibilidad de generar propuestas ajustadas a la realidad de trabajadores y empleadores.
Por otro lado, la institucionalidad encargada de dar seguimiento a la agenda laboral es muy débil. No es ningún secreto que el ministerio del trabajo es de las carteras con más bajo perfil, signo de la poca importancia que desde el Estado otorga al tema. De las pocas veces que escuchamos del MINTRAB es cuando se da la negociación sobre el salario mínimo. Me pregunto entonces si el empleo es realmente prioridad para el Estado.
La segunda apunta a los aparentes bandazos que el Estado guatemalteco ha dado para abordar el fenómeno de la pobreza en el país y articular política pública. Romero identifica en su artículo dos supuestos subyacentes que guían la formulación de políticas para la reducción de la pobreza: el crecimiento económico y la inequidad. En función de cuál es el paradigma dominante en la administración de turno, así será el énfasis de sus intervenciones. Aunque esta división no es químicamente pura, ayuda a entender la lógica del discurso gubernamental desde Cerezo hasta Colom.
Lo interesante es que, a pesar de que algunas administraciones han visibilizado más uno u otro discurso – pro crecimiento y derrame ó pro redistribución y fortalecimiento de las redes de protección social –, de alguna manera nuestro aparato estatal ha ido lentamente madurando y conformando estructuras que le permiten, aunque de manera tardía y no siempre eficiente, integrar ambas visiones.
Este proceso ha permitido de manera paulatina atender y visibilizar a ciertos grupos de población. Eso no es un logro menor, puesto que históricamente a ciertos segmentos simplemente se les ignoraba casi por completo.
Finalmente, la tercera reflexión que me generó el artículo fue constatar que, cuando hablamos de políticas para la reducción de pobreza, hay básicamente dos tipos de Estados nacionales en la región latinoamericana. Por una parte tenemos a aquellos que pueden ser considerados Estados líderes. Son aquellos que imponen innovaciones conceptuales y de política para la reducción de la pobreza. Allí están Brasil y México con sus transferencias condicionadas, Bolivia y Perú con sus micro finanzas, Chile con su institucionalidad y generación sistemática de información.
Y por el otro lado están los Estados seguidores, los que adoptan experiencias exitosas de la región o bien son objeto de ciertas modas en el discurso internacional. Allí caben los países HIPC, MDRI, y algunos otros como Guatemala, que por decisión propia deciden pegarse y adoptar medidas para beneficiarse de la coyuntura.
Así las cosas yo me hago tres preguntas: 1. ¿cuál será el paradigma que guíe a la siguiente administración para la reducción de pobreza?, 2. ¿estaremos listos para ensayar un Estado que impulse crecimiento y equidad?, y 3. ¿en dónde están las propuestas para destrabar el tapón estructural del empleo en el país? Difícil responder con la escasa información disponible a la fecha.
Prensa Libre, 23 de junio de 2011.
viernes, 17 de junio de 2011
Ciao bambino
“(…) ¿te creías en Europa? Pues bienvenido al norte de África querido. Quizás una aseveración un poco fuerte, pero que en el fondo encierra realidades latentes de un país urgido por retomar el rumbo.”
Llego a un hotel, forrado en mármol blanco, parqueo vacío, poca gente para una ciudad que tiene turismo todo el año, ambiente demasiado quieto para el tamaño de la infraestructura. Check-in sin problema. Habitación moderna, cómoda, con una vista muy agradable de la ciudad. Hasta aquí todo bien.
Bajo a recepción: señor, quisiera planchar unas camisas. Ah, fíjese que no se puede en las habitaciones. De acuerdo, entonces ¿puedo encargar que me las planchen? Sí, pero hoy no porque los fines de semana no trabaja la persona encargada. Primera luz (amarilla).
Al rato vuelvo a bajar. Señor, ¿por favor me pueden proporcionar un adaptador para poder recargar mi teléfono y mi computador? – honestamente no pensé estar pidiendo nada fuera de lo común. Menos en una ciudad con tanto tráfico internacional, y en un hotel de esta calidad –. Ah, fíjese que no tenemos. Pero puede salir a comprar uno allá afuera a una cuadra, en un tienda de chinos. Lo único es que hoy sábado ya no encuentra nada abierto, ni mañana tampoco. Todo está cerrado por fin de semana. Segunda luz (naranja).
Finalmente, necesito conectarme a skype y mandar correos electrónicos. La diferencia de tiempo no perdona y están esperando alguna información del otro lado del Atlántico. Señor, ¿tienen servicio de internet? Sí tenemos. Ocho euros la hora o 16 por día. De acuerdo, supongo que será hora efectiva de uso, ¿no? Ah, fíjese que no señor, es hora reloj. Desde que se conecta corren 60 minutos, use el servicio o no lo use. Tercera luz (roja).
Después de esta seguidilla de incidentes yo estaba harto y mal humorado, pensando cómo puede sobrevivir una industria turística así en una ciudad tan concurrida como Roma. Lo comenté con una colega y me dijo ¿te creías en Europa? Pues bienvenido al norte de África querido. Quizás una aseveración un poco fuerte, pero que en el fondo encierra realidades latentes de un país urgido por retomar el rumbo.
Traía en la maleta la última edición e la revista The Economist, que casualmente incluye esta semana un especial bien completo sobre Italia. Catorce páginas que sacuden el polvo y pintan con mucha crudeza los contrastes de un país que pertenece al club de los desarrollados, pero que a la vez convive con unos problemas de tercer mundo.
Sesenta millones de habitantes (cuatro veces más que nosotros) metidos en 300 mil kilómetros cuadrados (tres veces más que Guatemala). Una economía de 1.5 trillones de dólares (la nuestra de 40 billones), y un ingreso por habitante de 25mil dólares (diez veces más que el de los chapines). Una carga tributaria casi cinco veces más alta (45%) que la que nosotros somos capaces de recaudar, pero con una distribución del ingreso y oportunidades que dividen al país en dos.
El norte es polo de desarrollo industrial y pujanza, el sur es 40% más pobre, expulsor de habitantes y albergue de centros de contrabando y mafia. El mismísimo presidente del banco central italiano se refiere al sur de su país como “la región subdesarrollada más grande y más poblada en el área del euro”.
Sin embargo, las dos Italias son solamente un síntoma epidérmico de los grandes retos que tiene por delante el país como un todo. Crecimiento real del ingreso por habitante casi cero a lo largo de la última década (solamente superado por Haití y Zimbawe), alta evasión fiscal, población que envejece, jóvenes que migran en busca de oportunidades. Productividad de su mano de obra en retroceso, bajos niveles de competitividad, mercados financieros poco profundos. Estructura productiva que descansa ampliamente en negocios familiares, que no son los más proclives a innovación, y una suerte de cultura institucional que privilegia redes y conexiones sobre mercados abiertos y competitivos.
En tres o cuatro pinceladas esa es la caricatura socioeconómica de un país que además comienza a dar señales de agotamiento en su liderazgo político. Al final, creo que mi experiencia en aquel hotel romano ejemplifica mucho de lo que hoy pasa en la economía y sociedad azurri y el sur de Europa. Por lo visto, en todas partes se cuecen habas.
Prensa Libre, 16 de junio de 2011.
Llego a un hotel, forrado en mármol blanco, parqueo vacío, poca gente para una ciudad que tiene turismo todo el año, ambiente demasiado quieto para el tamaño de la infraestructura. Check-in sin problema. Habitación moderna, cómoda, con una vista muy agradable de la ciudad. Hasta aquí todo bien.
Bajo a recepción: señor, quisiera planchar unas camisas. Ah, fíjese que no se puede en las habitaciones. De acuerdo, entonces ¿puedo encargar que me las planchen? Sí, pero hoy no porque los fines de semana no trabaja la persona encargada. Primera luz (amarilla).
Al rato vuelvo a bajar. Señor, ¿por favor me pueden proporcionar un adaptador para poder recargar mi teléfono y mi computador? – honestamente no pensé estar pidiendo nada fuera de lo común. Menos en una ciudad con tanto tráfico internacional, y en un hotel de esta calidad –. Ah, fíjese que no tenemos. Pero puede salir a comprar uno allá afuera a una cuadra, en un tienda de chinos. Lo único es que hoy sábado ya no encuentra nada abierto, ni mañana tampoco. Todo está cerrado por fin de semana. Segunda luz (naranja).
Finalmente, necesito conectarme a skype y mandar correos electrónicos. La diferencia de tiempo no perdona y están esperando alguna información del otro lado del Atlántico. Señor, ¿tienen servicio de internet? Sí tenemos. Ocho euros la hora o 16 por día. De acuerdo, supongo que será hora efectiva de uso, ¿no? Ah, fíjese que no señor, es hora reloj. Desde que se conecta corren 60 minutos, use el servicio o no lo use. Tercera luz (roja).
Después de esta seguidilla de incidentes yo estaba harto y mal humorado, pensando cómo puede sobrevivir una industria turística así en una ciudad tan concurrida como Roma. Lo comenté con una colega y me dijo ¿te creías en Europa? Pues bienvenido al norte de África querido. Quizás una aseveración un poco fuerte, pero que en el fondo encierra realidades latentes de un país urgido por retomar el rumbo.
Traía en la maleta la última edición e la revista The Economist, que casualmente incluye esta semana un especial bien completo sobre Italia. Catorce páginas que sacuden el polvo y pintan con mucha crudeza los contrastes de un país que pertenece al club de los desarrollados, pero que a la vez convive con unos problemas de tercer mundo.
Sesenta millones de habitantes (cuatro veces más que nosotros) metidos en 300 mil kilómetros cuadrados (tres veces más que Guatemala). Una economía de 1.5 trillones de dólares (la nuestra de 40 billones), y un ingreso por habitante de 25mil dólares (diez veces más que el de los chapines). Una carga tributaria casi cinco veces más alta (45%) que la que nosotros somos capaces de recaudar, pero con una distribución del ingreso y oportunidades que dividen al país en dos.
El norte es polo de desarrollo industrial y pujanza, el sur es 40% más pobre, expulsor de habitantes y albergue de centros de contrabando y mafia. El mismísimo presidente del banco central italiano se refiere al sur de su país como “la región subdesarrollada más grande y más poblada en el área del euro”.
Sin embargo, las dos Italias son solamente un síntoma epidérmico de los grandes retos que tiene por delante el país como un todo. Crecimiento real del ingreso por habitante casi cero a lo largo de la última década (solamente superado por Haití y Zimbawe), alta evasión fiscal, población que envejece, jóvenes que migran en busca de oportunidades. Productividad de su mano de obra en retroceso, bajos niveles de competitividad, mercados financieros poco profundos. Estructura productiva que descansa ampliamente en negocios familiares, que no son los más proclives a innovación, y una suerte de cultura institucional que privilegia redes y conexiones sobre mercados abiertos y competitivos.
En tres o cuatro pinceladas esa es la caricatura socioeconómica de un país que además comienza a dar señales de agotamiento en su liderazgo político. Al final, creo que mi experiencia en aquel hotel romano ejemplifica mucho de lo que hoy pasa en la economía y sociedad azurri y el sur de Europa. Por lo visto, en todas partes se cuecen habas.
Prensa Libre, 16 de junio de 2011.
jueves, 9 de junio de 2011
¿Con qué y con quiénes?
“Los partidos políticos nos harían un gran favor cambiando el discurso del qué van a hacer hacia el cómo lo van a financiar y con qué equipo humano van a trabajar.”
Trece semanas solamente. Eso es lo que nos queda para la primera vuelta electoral. El panorama está bastante claro, aunque persistan algunas nubes que mantienen viva la posibilidad de una sorpresa en el último minuto. Hay dos candidaturas fuertes y un racimo de pequeñitas que no terminan de germinar. Está claro quién va puntero y quien va segundo. Lo que está menos claro es el tamaño de la brecha.
En cuanto a agenda de gobierno, tres grandes temas apretarán el zapato de cualquier equipo que se haga con el poder. Uno es la seguridad ciudadana y la guerra que ya estamos peleando contra el crimen organizado. Otro es la generación de empleo formal y digno. Y el tercero es transversal a aquellos otros dos: el impasse fiscal.
Dos de los tres tienen tinte económico y requerirán una alta dosis de trabajo técnico que deberá hacerse acompañar de una buena estrategia de intermediación política – más con el Congreso de la República que con el sector privado organizado – y de intensa coordinación entre dependencias del Estado.
En el tema fiscal algunos de nuestros bárbaros ilustrados – como un día llamó Klaus Schmidt-Hebbel a los economistas – continúan repicando campanas de hecatombe e implosión macroeconómica. Otros somos menos agoreros (quizás por ingenuidad) y todavía confiamos en que podremos salir del atolladero. Es verdad que habrá que hacer un ajuste, pero lo más probable es que seremos capaces alcanzar un nuevo equilibrio y ojalá repartir costos entre los que hoy nos tienen en este brete.
Ahora bien, hay algo que la clase política puede comenzar a hacer desde ya. Con el ánimo de despejar dudas y construir expectativas positivas entre los agentes económicos. La incertidumbre de recursos financieros y humanos no tiene por qué durar hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Los partidos políticos nos harían un gran favor cambiando el discurso del qué van a hacer hacia el cómo lo van a financiar y con qué equipo humano van a trabajar.
Y no hablo de las mil posiciones burocráticas que seguramente entrarán en reflujo con el cambio de administración. Hablo de los 20 ó 30 economistas “top” que cada opción política seguramente tiene ya reclutados entre sus filas, y de donde saldrán ministros, viceministros de finanzas, economía, SEGEPLAN, y otras instituciones menores pero fundamentales como el INE, la DIACO, y PRONACOM, por citar algunas.
No nos tienen que decir el nombre de cada ministro y secretario. Todos entendemos que eso puede y debe esperar. Pero sí pedimos que nos digan cual es el pool de profesionales del cuál van a sacar su once titular. Eso da certeza sobre el tipo, coherencia y calidad de las medidas de política que van a adoptar.
¿Para qué tanta reserva? En las condiciones en que se encuentran los números de las encuestas no hay razón para esperar hasta diciembre o enero. A todos conviene salir y dar la cara. Proyectar imagen de equipo y tecnocracia seria y comprometida.
A los patriotas, porque puede ser la estocada que los termine de catapultar hacia la zona cómoda de los cuarentas. Al binomio oficial porque puede significar el acortamiento sustantivo de la brecha en preferencias del electorado. Y a los más chicos porque puede ser la razón para salir de la zona bonsái y enviar señales claras de seriedad en su reflexión y aspiraciones reales de llegar al poder (quizás no ahora pero en la siguiente elección).
El otro gran tema es con qué van a financiar sus programas de gobierno. La discusión del gasto público está clara. Sabemos en qué hay que gastar – o cuando menos en qué es que cada candidato quiere gastar – y más o menos en qué territorios hay que hacerlo. Lo importante y urgente ahora es hablar de cómo se va a financiar ese gasto.
Una discusión a fondo, que de un paso más allá de la gastada perorata de reactivar el pacto fiscal, tomar medidas contra la evasión y fortalecimiento de la SAT. Francamente eso es ya demasiado epidérmico, sobretodo para dos opciones políticas que han estado haciendo gobierno por cuatro años y han estado en la palestra por más de diez. Unos desde el Ejecutivo, otros desde el Congreso, y todos desde el poder local. ¡A ver quién tira la primera piedra pues!
Prensa Libre, 9 de junio de 2011.
Trece semanas solamente. Eso es lo que nos queda para la primera vuelta electoral. El panorama está bastante claro, aunque persistan algunas nubes que mantienen viva la posibilidad de una sorpresa en el último minuto. Hay dos candidaturas fuertes y un racimo de pequeñitas que no terminan de germinar. Está claro quién va puntero y quien va segundo. Lo que está menos claro es el tamaño de la brecha.
En cuanto a agenda de gobierno, tres grandes temas apretarán el zapato de cualquier equipo que se haga con el poder. Uno es la seguridad ciudadana y la guerra que ya estamos peleando contra el crimen organizado. Otro es la generación de empleo formal y digno. Y el tercero es transversal a aquellos otros dos: el impasse fiscal.
Dos de los tres tienen tinte económico y requerirán una alta dosis de trabajo técnico que deberá hacerse acompañar de una buena estrategia de intermediación política – más con el Congreso de la República que con el sector privado organizado – y de intensa coordinación entre dependencias del Estado.
En el tema fiscal algunos de nuestros bárbaros ilustrados – como un día llamó Klaus Schmidt-Hebbel a los economistas – continúan repicando campanas de hecatombe e implosión macroeconómica. Otros somos menos agoreros (quizás por ingenuidad) y todavía confiamos en que podremos salir del atolladero. Es verdad que habrá que hacer un ajuste, pero lo más probable es que seremos capaces alcanzar un nuevo equilibrio y ojalá repartir costos entre los que hoy nos tienen en este brete.
Ahora bien, hay algo que la clase política puede comenzar a hacer desde ya. Con el ánimo de despejar dudas y construir expectativas positivas entre los agentes económicos. La incertidumbre de recursos financieros y humanos no tiene por qué durar hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Los partidos políticos nos harían un gran favor cambiando el discurso del qué van a hacer hacia el cómo lo van a financiar y con qué equipo humano van a trabajar.
Y no hablo de las mil posiciones burocráticas que seguramente entrarán en reflujo con el cambio de administración. Hablo de los 20 ó 30 economistas “top” que cada opción política seguramente tiene ya reclutados entre sus filas, y de donde saldrán ministros, viceministros de finanzas, economía, SEGEPLAN, y otras instituciones menores pero fundamentales como el INE, la DIACO, y PRONACOM, por citar algunas.
No nos tienen que decir el nombre de cada ministro y secretario. Todos entendemos que eso puede y debe esperar. Pero sí pedimos que nos digan cual es el pool de profesionales del cuál van a sacar su once titular. Eso da certeza sobre el tipo, coherencia y calidad de las medidas de política que van a adoptar.
¿Para qué tanta reserva? En las condiciones en que se encuentran los números de las encuestas no hay razón para esperar hasta diciembre o enero. A todos conviene salir y dar la cara. Proyectar imagen de equipo y tecnocracia seria y comprometida.
A los patriotas, porque puede ser la estocada que los termine de catapultar hacia la zona cómoda de los cuarentas. Al binomio oficial porque puede significar el acortamiento sustantivo de la brecha en preferencias del electorado. Y a los más chicos porque puede ser la razón para salir de la zona bonsái y enviar señales claras de seriedad en su reflexión y aspiraciones reales de llegar al poder (quizás no ahora pero en la siguiente elección).
El otro gran tema es con qué van a financiar sus programas de gobierno. La discusión del gasto público está clara. Sabemos en qué hay que gastar – o cuando menos en qué es que cada candidato quiere gastar – y más o menos en qué territorios hay que hacerlo. Lo importante y urgente ahora es hablar de cómo se va a financiar ese gasto.
Una discusión a fondo, que de un paso más allá de la gastada perorata de reactivar el pacto fiscal, tomar medidas contra la evasión y fortalecimiento de la SAT. Francamente eso es ya demasiado epidérmico, sobretodo para dos opciones políticas que han estado haciendo gobierno por cuatro años y han estado en la palestra por más de diez. Unos desde el Ejecutivo, otros desde el Congreso, y todos desde el poder local. ¡A ver quién tira la primera piedra pues!
Prensa Libre, 9 de junio de 2011.
jueves, 2 de junio de 2011
Desempleo, desigualdad y juventud
“La distribución del ingreso nacional norteamericano está cambiando. La proporción que va a sueldos y salarios como retribución al factor trabajo ha disminuido a favor de las ganancias de las empresas (retribución al factor capital) y también en favor de los trabajadores altamente cualificados.”
El pasado 20 de mayo la Universidad de Georgetown confirió el doctorado honoris causa a uno de los economistas más influyentes del siglo XX: Robert Merton Solow. Profesor emérito del M.I.T., premio Nobel en economía en 1987, cuya principal contribución ha sido a la teoría del crecimiento económico.
El acto tuvo lugar durante la graduación de la promoción de estudiantes de maestría en administración de empresas. Y fue a ese grupo de alumnos a quienes Solow dirigió su discurso, reflexionando sobre las condiciones económicas en las que tocaría desempeñarse profesionalmente a tales jóvenes.
En su opinión, la economía en que tocará trabajar a las nuevas cohortes de profesionales – principalmente en los Estados Unidos y buena parte del mundo desarrollado – tendrá dos características distintivas: desempleo y desigualdad. ¿Por qué?
En primer lugar, la recuperación económica después de la crisis financiera y posterior recesión ha sido lenta. El producto interno bruto norteamericano había alcanzado su punto más alto a finales de 2007 y solamente hasta el último trimestre de 2010 volvió a tener un nivel similar.
Sin embargo, a diferencia de otras crisis económicas, la capacidad productiva no se vio alterada mayormente, con lo cual Estados Unidos tiene hoy 3 años de capacidad potencial por utilizar. Al ritmo actual tomará más o menos cinco años para que ese potencial sea usado, y solamente entonces el desempleo retornará a niveles pre-crisis. Mientras tanto se observarán niveles elevados de desempleo. Esa es la primera característica distintiva.
En segundo lugar, la distribución del ingreso nacional norteamericano está cambiando. La proporción que va a sueldos y salarios como retribución al factor trabajo ha disminuido a favor de las ganancias de las empresas (retribución al factor capital) y también en favor de los trabajadores altamente cualificados.
Lo que Solow observa para el empleo calificado en Estados Unidos se da de forma parecida en América Latina. En nuestra región los datos sugieren que los retornos a la educación se han vuelto crecientes, indicando que los mercados laborales están retribuyendo más que proporcionalmente a aquellos trabajadores con mayor escolaridad.
Si la compensación que reciben las personas (factor trabajo) crece tan rápido como la productividad – recuerda Solow – entonces la proporción del ingreso nacional que llega a dicho factor se mantiene más o menos constante. El problema es que desde 2001 la productividad americana ha aumentado 3 veces más rápido que lo que ha aumentado sueldos y salarios.
Con ello, la proporción del ingreso nacional que se va al capital ha crecido y por lo tanto la parte del ingreso nacional que va a sueldos y salarios ha disminuido. ¿Por qué se ha dado este cambio en los últimos años? El profesor no tiene una respuesta definitiva, pero aventura un par de hipótesis.
Por un lado puede ser que nuevas tecnologías favorezcan el capital sobre la mano de obra, y con ello la retribución a trabajadores altamente calificados también se incrementa. Por otro lado los efectos de la globalización han vuelto el capital tremendamente móvil, mientras que el factor trabajo se mueve más lento y generalmente en una sola dirección – hacia aquellos lugares en donde sueldos y salarios son mayores, e.g. EEUU y Europa –.
En cualquier caso, aumentos en la retribución que recibe el factor capital y la mano de obra calificada puede generar aumentos en la desigualdad, entre aquellos que están más educados con respecto a aquellos que no lo están. Además, esta redistribución en las remuneraciones a los factores de producción es una tendencia difícil de revertir.
En el largo plazo – concluye Solow – los principales determinantes de la tasa de crecimiento de los países siguen siendo los mismos: capacidad de innovar tecnológicamente; inversión en capital físico, software y equipo necesario para implementar las nuevas tecnologías; y la tasa de inversión en conocimiento y habilidades (mano de obra calificada) necesarias para organizar y operar las nuevas posibilidades de producción.
Así que los jóvenes de hoy deben no solamente insertarse en un ambiente que premia cada vez más la cualificación y los retornos al capital, sino que deben hacerlo en un contexto de alto y prolongado desempleo. ¡Menudo reto!
Prensa Libre, 2 de junio de 2011.
El pasado 20 de mayo la Universidad de Georgetown confirió el doctorado honoris causa a uno de los economistas más influyentes del siglo XX: Robert Merton Solow. Profesor emérito del M.I.T., premio Nobel en economía en 1987, cuya principal contribución ha sido a la teoría del crecimiento económico.
El acto tuvo lugar durante la graduación de la promoción de estudiantes de maestría en administración de empresas. Y fue a ese grupo de alumnos a quienes Solow dirigió su discurso, reflexionando sobre las condiciones económicas en las que tocaría desempeñarse profesionalmente a tales jóvenes.
En su opinión, la economía en que tocará trabajar a las nuevas cohortes de profesionales – principalmente en los Estados Unidos y buena parte del mundo desarrollado – tendrá dos características distintivas: desempleo y desigualdad. ¿Por qué?
En primer lugar, la recuperación económica después de la crisis financiera y posterior recesión ha sido lenta. El producto interno bruto norteamericano había alcanzado su punto más alto a finales de 2007 y solamente hasta el último trimestre de 2010 volvió a tener un nivel similar.
Sin embargo, a diferencia de otras crisis económicas, la capacidad productiva no se vio alterada mayormente, con lo cual Estados Unidos tiene hoy 3 años de capacidad potencial por utilizar. Al ritmo actual tomará más o menos cinco años para que ese potencial sea usado, y solamente entonces el desempleo retornará a niveles pre-crisis. Mientras tanto se observarán niveles elevados de desempleo. Esa es la primera característica distintiva.
En segundo lugar, la distribución del ingreso nacional norteamericano está cambiando. La proporción que va a sueldos y salarios como retribución al factor trabajo ha disminuido a favor de las ganancias de las empresas (retribución al factor capital) y también en favor de los trabajadores altamente cualificados.
Lo que Solow observa para el empleo calificado en Estados Unidos se da de forma parecida en América Latina. En nuestra región los datos sugieren que los retornos a la educación se han vuelto crecientes, indicando que los mercados laborales están retribuyendo más que proporcionalmente a aquellos trabajadores con mayor escolaridad.
Si la compensación que reciben las personas (factor trabajo) crece tan rápido como la productividad – recuerda Solow – entonces la proporción del ingreso nacional que llega a dicho factor se mantiene más o menos constante. El problema es que desde 2001 la productividad americana ha aumentado 3 veces más rápido que lo que ha aumentado sueldos y salarios.
Con ello, la proporción del ingreso nacional que se va al capital ha crecido y por lo tanto la parte del ingreso nacional que va a sueldos y salarios ha disminuido. ¿Por qué se ha dado este cambio en los últimos años? El profesor no tiene una respuesta definitiva, pero aventura un par de hipótesis.
Por un lado puede ser que nuevas tecnologías favorezcan el capital sobre la mano de obra, y con ello la retribución a trabajadores altamente calificados también se incrementa. Por otro lado los efectos de la globalización han vuelto el capital tremendamente móvil, mientras que el factor trabajo se mueve más lento y generalmente en una sola dirección – hacia aquellos lugares en donde sueldos y salarios son mayores, e.g. EEUU y Europa –.
En cualquier caso, aumentos en la retribución que recibe el factor capital y la mano de obra calificada puede generar aumentos en la desigualdad, entre aquellos que están más educados con respecto a aquellos que no lo están. Además, esta redistribución en las remuneraciones a los factores de producción es una tendencia difícil de revertir.
En el largo plazo – concluye Solow – los principales determinantes de la tasa de crecimiento de los países siguen siendo los mismos: capacidad de innovar tecnológicamente; inversión en capital físico, software y equipo necesario para implementar las nuevas tecnologías; y la tasa de inversión en conocimiento y habilidades (mano de obra calificada) necesarias para organizar y operar las nuevas posibilidades de producción.
Así que los jóvenes de hoy deben no solamente insertarse en un ambiente que premia cada vez más la cualificación y los retornos al capital, sino que deben hacerlo en un contexto de alto y prolongado desempleo. ¡Menudo reto!
Prensa Libre, 2 de junio de 2011.
jueves, 26 de mayo de 2011
Sucesión en el FMI
“Los mayores accionistas del FMI tienen ante sí una oportunidad dorada para sentar un precedente, modernizando, transparentando y promoviendo la meritocracia por sobre una regla no escrita, anacrónica y sin justificación alguna.”
La noticia de las últimos días en los círculos de las instituciones financieras internacionales ha sido el arresto en New York del Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn –DSK como se le conoce en el mundo político francés –. Si bien es cierto no es el primer escándalo que se desata en esas alturas del poder, esta vez las réplicas se han hecho sentir en muchos frentes.
Para comenzar ha generado mucha ansiedad y expectativa en el proceso eleccionario de Francia. DSK era el gran favorito en las elecciones primarias del partido socialista y el candidato con mayores probabilidades de derrotar al actual presidente Nicolas Sarkozy.
Pero además, ha atizado un debate creciente y legítimo en las instituciones mundiales con relación a voz y participación en su membresía. Hoy, a diferencia de hace medio siglo, hay actores nuevos con un peso que no puede ni debe subestimarse en la arquitectura y gobernanza multilateral.
Por muchos años los países desarrollados de la postguerra han aplicado una regla tácita: mientras que para el Banco Mundial la presidencia ha estado en manos de los Estados Unidos, en el caso del FMI la máxima posición administrativa se ha reservado para un país europeo – de hecho Francia ha ocupado esa posición 34 de los 66 años de existencia del fondo –.
Sin embargo, la última crisis internacional abrió espacios para repensar esta tradición, y en la reunión del G-20 en Londres en el 2009 los líderes mundiales declararon que las cabezas de las instituciones financieras internacionales debieran ser seleccionadas (sic) “por medio de un proceso abierto, transparente y basado en mérito”. En aquel momento ninguno tenía a la vista que tan sólo unos pocos meses más tarde sus palabras serían puestas a prueba.
Desde el pasado lunes se abrió el período para presentar candidaturas a Director Gerente del FMI. Por supuesto, antes de eso ya habían comenzado a sugerirse nombres para el posible sucesor de DSK. La primera en la lista fue la actual ministra francesa de economía, Christine Lagarde, a quien Inglaterra y Alemania han expresado su apoyo.
Y para salirle al paso al argumento de voz y participación la canciller alemana Angela Merkel ha dicho que una persona de los países en desarrollo puede llegar a ocupar la principal posición del FMI, ¡pero en el mediano plazo! Otros defensores de la tradición europea dicen que, dado el momento de crisis por el que atraviesa la zona del euro, es imprescindible que el nuevo líder de la institución cuente con los contactos en aquella región para poder persuadir y operar de manera efectiva, e impulsar así las reformas que hagan falta.
¡Por Dios! En el mundo actual esos argumentos francamente son insostenibles. Hoy en día son justamente las economías emergentes y no las europeas las que dinamizan el crecimiento económico mundial y que además han demostrado – como lo hizo la región de América Latina en los últimos años – haber internalizado lecciones de prudencia en la gestión de sus políticas macroeconómicas.
Por su parte, México ha presentado la candidatura de Agustín Carstens, actual presidente del banco central y ex secretario de hacienda de dicho país. El Doctor Carstens tiene una amplia trayectoria de más de treinta años de servicio público. Fue miembro del Directorio del FMI representando a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela y España. Además fue sub Director Gerente de dicha institución.
También mencionan posibles candidaturas de otras regiones emergentes y en desarrollo como China, India, Sudáfrica y Turquía. Sin embargo, la cuestión de fondo es si el discurso de los líderes mundiales en distintas cumbres logrará materializarse en esta ocasión. Los mayores accionistas del FMI tienen ante sí una oportunidad dorada para sentar un precedente, modernizando, transparentando y promoviendo la meritocracia por sobre una regla no escrita, anacrónica y sin justificación alguna.
De manera que esta puede ser una buena oportunidad para que los países de la región, en especial los centroamericanos, cerremos filas con una candidatura que no solamente nos representa geográficamente, sino que además cuenta con las cualificaciones requeridas para dicho cargo, recoge la necesidad de continuar con las reformas que ya ha iniciado el FMI, y abandera la idea de una participación mayor del mundo en desarrollo en la gobernanza mundial.
Cualquiera sea el resultado de esta elección, una cosa parece cierta: la tradición ya no se sostiene por mucho tiempo. La arquitectura de las instituciones globales tiene que repensarse para reconocer que el mundo actual y el de los años por venir ya no es el de la postguerra y Bretton Woods.
Prensa Libre, 26 de mayo de 2011.
La noticia de las últimos días en los círculos de las instituciones financieras internacionales ha sido el arresto en New York del Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn –DSK como se le conoce en el mundo político francés –. Si bien es cierto no es el primer escándalo que se desata en esas alturas del poder, esta vez las réplicas se han hecho sentir en muchos frentes.
Para comenzar ha generado mucha ansiedad y expectativa en el proceso eleccionario de Francia. DSK era el gran favorito en las elecciones primarias del partido socialista y el candidato con mayores probabilidades de derrotar al actual presidente Nicolas Sarkozy.
Pero además, ha atizado un debate creciente y legítimo en las instituciones mundiales con relación a voz y participación en su membresía. Hoy, a diferencia de hace medio siglo, hay actores nuevos con un peso que no puede ni debe subestimarse en la arquitectura y gobernanza multilateral.
Por muchos años los países desarrollados de la postguerra han aplicado una regla tácita: mientras que para el Banco Mundial la presidencia ha estado en manos de los Estados Unidos, en el caso del FMI la máxima posición administrativa se ha reservado para un país europeo – de hecho Francia ha ocupado esa posición 34 de los 66 años de existencia del fondo –.
Sin embargo, la última crisis internacional abrió espacios para repensar esta tradición, y en la reunión del G-20 en Londres en el 2009 los líderes mundiales declararon que las cabezas de las instituciones financieras internacionales debieran ser seleccionadas (sic) “por medio de un proceso abierto, transparente y basado en mérito”. En aquel momento ninguno tenía a la vista que tan sólo unos pocos meses más tarde sus palabras serían puestas a prueba.
Desde el pasado lunes se abrió el período para presentar candidaturas a Director Gerente del FMI. Por supuesto, antes de eso ya habían comenzado a sugerirse nombres para el posible sucesor de DSK. La primera en la lista fue la actual ministra francesa de economía, Christine Lagarde, a quien Inglaterra y Alemania han expresado su apoyo.
Y para salirle al paso al argumento de voz y participación la canciller alemana Angela Merkel ha dicho que una persona de los países en desarrollo puede llegar a ocupar la principal posición del FMI, ¡pero en el mediano plazo! Otros defensores de la tradición europea dicen que, dado el momento de crisis por el que atraviesa la zona del euro, es imprescindible que el nuevo líder de la institución cuente con los contactos en aquella región para poder persuadir y operar de manera efectiva, e impulsar así las reformas que hagan falta.
¡Por Dios! En el mundo actual esos argumentos francamente son insostenibles. Hoy en día son justamente las economías emergentes y no las europeas las que dinamizan el crecimiento económico mundial y que además han demostrado – como lo hizo la región de América Latina en los últimos años – haber internalizado lecciones de prudencia en la gestión de sus políticas macroeconómicas.
Por su parte, México ha presentado la candidatura de Agustín Carstens, actual presidente del banco central y ex secretario de hacienda de dicho país. El Doctor Carstens tiene una amplia trayectoria de más de treinta años de servicio público. Fue miembro del Directorio del FMI representando a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela y España. Además fue sub Director Gerente de dicha institución.
También mencionan posibles candidaturas de otras regiones emergentes y en desarrollo como China, India, Sudáfrica y Turquía. Sin embargo, la cuestión de fondo es si el discurso de los líderes mundiales en distintas cumbres logrará materializarse en esta ocasión. Los mayores accionistas del FMI tienen ante sí una oportunidad dorada para sentar un precedente, modernizando, transparentando y promoviendo la meritocracia por sobre una regla no escrita, anacrónica y sin justificación alguna.
De manera que esta puede ser una buena oportunidad para que los países de la región, en especial los centroamericanos, cerremos filas con una candidatura que no solamente nos representa geográficamente, sino que además cuenta con las cualificaciones requeridas para dicho cargo, recoge la necesidad de continuar con las reformas que ya ha iniciado el FMI, y abandera la idea de una participación mayor del mundo en desarrollo en la gobernanza mundial.
Cualquiera sea el resultado de esta elección, una cosa parece cierta: la tradición ya no se sostiene por mucho tiempo. La arquitectura de las instituciones globales tiene que repensarse para reconocer que el mundo actual y el de los años por venir ya no es el de la postguerra y Bretton Woods.
Prensa Libre, 26 de mayo de 2011.
jueves, 19 de mayo de 2011
¿Nos habremos equivocado con Barbados?
“Debido a su tamaño, las economías del Caribe no pueden absorber una cantidad muy grande de recursos financieros. Sin embargo, el impacto que pueden tener los bancos de desarrollo sí que puede hacer la diferencia para apuntalar las inversiones que requieren para seguir desarrollándose.”
El Caribe es probablemente el grupo de países al que menos dedicamos atención desde la región centroamericana. Solemos verlos como destino turístico, centros financieros, o víctimas de desastres naturales recurrentes. Pero muy poco nos preocupamos por acercar la lupa y tratar de escudriñar lo que pasa en aquel racimo de islas, todas pegaditas unas con otras, construyendo un arco que va desde Florida hasta las costas de Venezuela.
Hace una semana tuve la oportunidad de visitar Barbados. Un lugar que, confieso, ni siquiera sabía exactamente dónde quedaba, mucho menos su historia, su estructura económica, ó sus retos de desarrollo. Antes de partir me enteré de un dato que me llevé como referente durante todo el vuelo: ¡una población con ingreso per capita que supera los 20 mil dólares al año! Es increíble cómo ese simple número puede esconder tanta información.
Barbados es la isla más al este del Caribe, justo frente a las costas de Venezuela. Tiene poco más de 400 kilómetros cuadrados, una población de menos de 300 mil habitantes, y un producto interno bruto (PIB) que ronda los 4 billones. Para darle un punto de comparación, Guatemala tiene cerca de 108 mil kilómetros cuadrados, un PIB de 40 billones y una población que ya casi alcanza los 15 millones de personas.
Históricamente su economía estaba anclada alrededor del cultivo de caña de azúcar pero en años recientes ha vivido una transformación productiva profunda, al punto que hoy el sector servicios genera un 80% del producto interno bruto y emplea una proporción igual de la población económicamente activa. El turismo es una fuente muy importante de actividad y empleo.
En cuanto a indicadores socioeconómicos, es una población que prácticamente no crece (0.36% anual), relativamente urbanizada (44%), no tan joven como otros países de la región (mediana de 36.5 años), con bajo desempleo (8%) y muy homogénea étnicamente (93% de la población es negra). Es difícil encontrar datos de pobreza y desigualdad actualizados. Sin embargo, las cifras que se citan hablan de un 15% de pobreza y un Gini de 0.39. Es decir, en apariencia no es un país muy pobre y tampoco con alta concentración del ingreso.
En los años 80 se tomó la decisión de “graduar” a Barbados del Banco Mundial. En términos prácticos lo que eso significa es que desde entonces han dejado de tener acceso a fondos de dicha entidad multilateral, y por lo tanto sus opciones de financiamiento se redujeron a los mercados de capitales privados ó entidades regionales como el BID y el Banco Caribeño de Desarrollo (CDB por sus siglas en inglés).
Sin embargo, a pesar de lo que dicen los números duros, debo confesar que regresé con una gran interrogante con respecto a la decisión que se adoptó hacia aquel país. Pude palpar bolsones de población con condiciones de vida bastante parecidas a los de otros países mucho más pobres. Necesidades de inversión en vivienda, infraestructura física, reformas institucionales y bienes públicos, que claramente requieren plazos más largos y condiciones financieras concesionales que no se encuentran en los mercados de capitales internacionales.
Es verdad que Barbados tiene una economía capaz de generar mucha más riqueza por habitante que otros países latinoamericanos y caribeños. También es cierto que ya hacen un gran esfuerzo por movilizar recursos propios – cuenta de ello es su carga tributaria que ya ronda el 38%. Pero igualmente cierto es que tiene importantes retos de desarrollo y que podrían beneficiarse mucho de condiciones financieras más favorables.
Además, por su tamaño, las economías del Caribe no pueden absorber una cantidad muy grande de recursos financieros. De manera que el volumen que demandan no es realmente significativo. Sin embargo, el impacto que pueden tener los bancos de desarrollo sí que puede hacer la diferencia para apuntalar las reformas institucionales e inversiones físicas y en capital humano que requieren para seguir desarrollándose.
Las últimas crisis nos han recordado hasta la saciedad que no hay país inmune a los remezones de la globalización. Y en el caso del Caribe, a lo económico hay que sumar las embestidas que de tanto en tanto les hace la naturaleza. El caso de Barbados no es el único, pero es el que tuve la oportunidad de visitar y por eso lo pongo hoy de ejemplo. Después de contrastar estadísticas en papel y condiciones de vida en terreno me pregunto si el concepto de graduación no debiera ser repensado por la comunidad internacional.
Prensa Libre, 19 de mayo de 2011.
El Caribe es probablemente el grupo de países al que menos dedicamos atención desde la región centroamericana. Solemos verlos como destino turístico, centros financieros, o víctimas de desastres naturales recurrentes. Pero muy poco nos preocupamos por acercar la lupa y tratar de escudriñar lo que pasa en aquel racimo de islas, todas pegaditas unas con otras, construyendo un arco que va desde Florida hasta las costas de Venezuela.
Hace una semana tuve la oportunidad de visitar Barbados. Un lugar que, confieso, ni siquiera sabía exactamente dónde quedaba, mucho menos su historia, su estructura económica, ó sus retos de desarrollo. Antes de partir me enteré de un dato que me llevé como referente durante todo el vuelo: ¡una población con ingreso per capita que supera los 20 mil dólares al año! Es increíble cómo ese simple número puede esconder tanta información.
Barbados es la isla más al este del Caribe, justo frente a las costas de Venezuela. Tiene poco más de 400 kilómetros cuadrados, una población de menos de 300 mil habitantes, y un producto interno bruto (PIB) que ronda los 4 billones. Para darle un punto de comparación, Guatemala tiene cerca de 108 mil kilómetros cuadrados, un PIB de 40 billones y una población que ya casi alcanza los 15 millones de personas.
Históricamente su economía estaba anclada alrededor del cultivo de caña de azúcar pero en años recientes ha vivido una transformación productiva profunda, al punto que hoy el sector servicios genera un 80% del producto interno bruto y emplea una proporción igual de la población económicamente activa. El turismo es una fuente muy importante de actividad y empleo.
En cuanto a indicadores socioeconómicos, es una población que prácticamente no crece (0.36% anual), relativamente urbanizada (44%), no tan joven como otros países de la región (mediana de 36.5 años), con bajo desempleo (8%) y muy homogénea étnicamente (93% de la población es negra). Es difícil encontrar datos de pobreza y desigualdad actualizados. Sin embargo, las cifras que se citan hablan de un 15% de pobreza y un Gini de 0.39. Es decir, en apariencia no es un país muy pobre y tampoco con alta concentración del ingreso.
En los años 80 se tomó la decisión de “graduar” a Barbados del Banco Mundial. En términos prácticos lo que eso significa es que desde entonces han dejado de tener acceso a fondos de dicha entidad multilateral, y por lo tanto sus opciones de financiamiento se redujeron a los mercados de capitales privados ó entidades regionales como el BID y el Banco Caribeño de Desarrollo (CDB por sus siglas en inglés).
Sin embargo, a pesar de lo que dicen los números duros, debo confesar que regresé con una gran interrogante con respecto a la decisión que se adoptó hacia aquel país. Pude palpar bolsones de población con condiciones de vida bastante parecidas a los de otros países mucho más pobres. Necesidades de inversión en vivienda, infraestructura física, reformas institucionales y bienes públicos, que claramente requieren plazos más largos y condiciones financieras concesionales que no se encuentran en los mercados de capitales internacionales.
Es verdad que Barbados tiene una economía capaz de generar mucha más riqueza por habitante que otros países latinoamericanos y caribeños. También es cierto que ya hacen un gran esfuerzo por movilizar recursos propios – cuenta de ello es su carga tributaria que ya ronda el 38%. Pero igualmente cierto es que tiene importantes retos de desarrollo y que podrían beneficiarse mucho de condiciones financieras más favorables.
Además, por su tamaño, las economías del Caribe no pueden absorber una cantidad muy grande de recursos financieros. De manera que el volumen que demandan no es realmente significativo. Sin embargo, el impacto que pueden tener los bancos de desarrollo sí que puede hacer la diferencia para apuntalar las reformas institucionales e inversiones físicas y en capital humano que requieren para seguir desarrollándose.
Las últimas crisis nos han recordado hasta la saciedad que no hay país inmune a los remezones de la globalización. Y en el caso del Caribe, a lo económico hay que sumar las embestidas que de tanto en tanto les hace la naturaleza. El caso de Barbados no es el único, pero es el que tuve la oportunidad de visitar y por eso lo pongo hoy de ejemplo. Después de contrastar estadísticas en papel y condiciones de vida en terreno me pregunto si el concepto de graduación no debiera ser repensado por la comunidad internacional.
Prensa Libre, 19 de mayo de 2011.
¡Kasvatus!
“Sin embargo, la idea que subyace al sistema educativo finlandés es una noción de equidad, característica distintiva de los países nórdicos.”
La mayoría de los diagnósticos sobre nuestro sistema educativo a grandes rasgos nos dicen tres cosas: elevar la calidad del nivel primario, ampliar cobertura para el nivel secundario (educación media y diversificado), y en reformar el terciario (educación universitaria) para hacerlo menos regresivo. El hilo conductor de estas tres recomendaciones es muy sencillo: mejorar el acceso a educación de calidad, y con ello reducir la desigualdad de oportunidades que tiene nuestra población en edad escolar.
Si lo logramos, entonces habremos elevado el nivel de productividad de nuestra mano de obra, y por ende le daremos una ventaja competitiva al país, lo cual contribuiría mucho a romper esa barrera psicológica de niveles insuficientes de crecimiento económico en torno al 3%. Si fracasamos, seguiremos teniendo más de lo mismo, y la brecha con otras sociedades se seguirá ampliando. El rezago en desarrollo humano seguirá siendo el enemigo a vencer.
Pero ¿cómo lograr las benditas mejoras en calidad? ¿Hacia dónde debemos voltear a ver en busca de experiencias exitosas? Los resultados de la prueba PISA (Program for International Student Assesment, por sus siglas en inglés) han revelado en los últimos años algunas gemas ocultas en cuanto a sistemas alternativos de enseñanza.
Típicamente el referente que tenemos los latinoamericanos es lo que pasa en el sistema educativo de los Estados Unidos y, desde hace algunas décadas, también hemos puesto atención a lo que sucede en Asia –Japón, Corea del Norte, Singapur, China–. Muy pocos nos hemos preocupado por salir de ese esquema, a pesar de que en los países nórdicos, Finlandia en particular, tiene ya una reputación bien ganada en materia de calidad educativa.
El modelo asiático nos predica que el éxito educativo se logra con largas horas de interacción con los alumnos. En la escuela, en casa, en clases de refuerzo. Está basado en una disciplina férrea y niveles de presión y competencia impuestos a los estudiantes, pero que en muchos casos llega a extremos nocivos y hasta peligrosos.
Lo interesante es que el modelo educativo que impulsan en Finlandia, siendo muy distinto al asiático, no se queda atrás. En la prueba de PISA del año 2009 los estudiantes finlandeses puntearon segundos a nivel mundial en ciencias, terceros en matemáticas y segundos en lectura. Por su parte, los Estados Unidos puntearon en el puesto 15 en lectura, cerca del promedio de los países de la OECD. Dicho sea de paso, la mayoría de los resultados ubican a los Estados Unidos en niveles promedio para países desarrollados.
¿En qué consiste entonces el éxito y la calidad educativa de Finlandia? Son varios factores, pero sobretodo tiene una característica distintiva que es la piedra angular de todo el sistema: calidad de los maestros. En ese país se invierte por varios años en la formación docente antes de meterlos a un aula. Todos los maestros de educación primaria tienen formación universitaria a nivel de maestría. Un grado que ellos llaman “kasvatus”, misma palabra que utilizan para referirse a las madres cuando crían a sus hijos.
Además, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene otras características que a nosotros pueden parecernos hasta heterodoxas en cierta medida. Se reconoce que los estudiantes tienen vida más allá de las horas de formación escolar. En consecuencia la jornada escolar es más corta que en Estados Unidos. Las horas dedicadas a las tareas en casa también son mínimas, y los maestros generalmente acompañan cohortes de estudiantes por varios años, de manera que se establece una relación mucho más personalizada y a la medida de las necesidades de los pupilos. Hay pocas reglas, pero de cumplimiento general: no iPods ni teléfonos portátiles, y tampoco se permite gorras adentro de la clase.
Sin embargo, la idea que subyace al sistema educativo finlandés es una noción de equidad, característica distintiva de los países nórdicos. Como dijera Reijo Laukkanen, consejera en el Consejo Nacional de Educación para una entrevista en la revista Time: “(…) Finlandia es una sociedad basada en la equidad. Japón y Corea son sociedades altamente competitivas – si no eres mejor que tu vecino, tus padres pagan para que tomes clases extras. En Finlandia, sobresalir por encima del vecino no es tan importante. Todo el mundo está dentro del promedio, pero lo que se busca es que el promedio sea muy alto”.
El ejemplo del sistema educativo finlandés nos recuerda que, cuando buscamos modelos y experiencias exitosas, es muy importante mirar hacia todas partes. Muchas innovaciones, alternativas ingeniosas, están sucediendo en el mundo de hoy. Es cuestión de tener la apertura suficiente para dejarnos permear y saber adaptar otras ideas a las condiciones particulares de nuestro país. ¡Kasvatus!
Prensa Libre, 12 de mayo de 2011.
La mayoría de los diagnósticos sobre nuestro sistema educativo a grandes rasgos nos dicen tres cosas: elevar la calidad del nivel primario, ampliar cobertura para el nivel secundario (educación media y diversificado), y en reformar el terciario (educación universitaria) para hacerlo menos regresivo. El hilo conductor de estas tres recomendaciones es muy sencillo: mejorar el acceso a educación de calidad, y con ello reducir la desigualdad de oportunidades que tiene nuestra población en edad escolar.
Si lo logramos, entonces habremos elevado el nivel de productividad de nuestra mano de obra, y por ende le daremos una ventaja competitiva al país, lo cual contribuiría mucho a romper esa barrera psicológica de niveles insuficientes de crecimiento económico en torno al 3%. Si fracasamos, seguiremos teniendo más de lo mismo, y la brecha con otras sociedades se seguirá ampliando. El rezago en desarrollo humano seguirá siendo el enemigo a vencer.
Pero ¿cómo lograr las benditas mejoras en calidad? ¿Hacia dónde debemos voltear a ver en busca de experiencias exitosas? Los resultados de la prueba PISA (Program for International Student Assesment, por sus siglas en inglés) han revelado en los últimos años algunas gemas ocultas en cuanto a sistemas alternativos de enseñanza.
Típicamente el referente que tenemos los latinoamericanos es lo que pasa en el sistema educativo de los Estados Unidos y, desde hace algunas décadas, también hemos puesto atención a lo que sucede en Asia –Japón, Corea del Norte, Singapur, China–. Muy pocos nos hemos preocupado por salir de ese esquema, a pesar de que en los países nórdicos, Finlandia en particular, tiene ya una reputación bien ganada en materia de calidad educativa.
El modelo asiático nos predica que el éxito educativo se logra con largas horas de interacción con los alumnos. En la escuela, en casa, en clases de refuerzo. Está basado en una disciplina férrea y niveles de presión y competencia impuestos a los estudiantes, pero que en muchos casos llega a extremos nocivos y hasta peligrosos.
Lo interesante es que el modelo educativo que impulsan en Finlandia, siendo muy distinto al asiático, no se queda atrás. En la prueba de PISA del año 2009 los estudiantes finlandeses puntearon segundos a nivel mundial en ciencias, terceros en matemáticas y segundos en lectura. Por su parte, los Estados Unidos puntearon en el puesto 15 en lectura, cerca del promedio de los países de la OECD. Dicho sea de paso, la mayoría de los resultados ubican a los Estados Unidos en niveles promedio para países desarrollados.
¿En qué consiste entonces el éxito y la calidad educativa de Finlandia? Son varios factores, pero sobretodo tiene una característica distintiva que es la piedra angular de todo el sistema: calidad de los maestros. En ese país se invierte por varios años en la formación docente antes de meterlos a un aula. Todos los maestros de educación primaria tienen formación universitaria a nivel de maestría. Un grado que ellos llaman “kasvatus”, misma palabra que utilizan para referirse a las madres cuando crían a sus hijos.
Además, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene otras características que a nosotros pueden parecernos hasta heterodoxas en cierta medida. Se reconoce que los estudiantes tienen vida más allá de las horas de formación escolar. En consecuencia la jornada escolar es más corta que en Estados Unidos. Las horas dedicadas a las tareas en casa también son mínimas, y los maestros generalmente acompañan cohortes de estudiantes por varios años, de manera que se establece una relación mucho más personalizada y a la medida de las necesidades de los pupilos. Hay pocas reglas, pero de cumplimiento general: no iPods ni teléfonos portátiles, y tampoco se permite gorras adentro de la clase.
Sin embargo, la idea que subyace al sistema educativo finlandés es una noción de equidad, característica distintiva de los países nórdicos. Como dijera Reijo Laukkanen, consejera en el Consejo Nacional de Educación para una entrevista en la revista Time: “(…) Finlandia es una sociedad basada en la equidad. Japón y Corea son sociedades altamente competitivas – si no eres mejor que tu vecino, tus padres pagan para que tomes clases extras. En Finlandia, sobresalir por encima del vecino no es tan importante. Todo el mundo está dentro del promedio, pero lo que se busca es que el promedio sea muy alto”.
El ejemplo del sistema educativo finlandés nos recuerda que, cuando buscamos modelos y experiencias exitosas, es muy importante mirar hacia todas partes. Muchas innovaciones, alternativas ingeniosas, están sucediendo en el mundo de hoy. Es cuestión de tener la apertura suficiente para dejarnos permear y saber adaptar otras ideas a las condiciones particulares de nuestro país. ¡Kasvatus!
Prensa Libre, 12 de mayo de 2011.
jueves, 5 de mayo de 2011
Poor economics
“Los pobres tampoco son unos bichos raros que toman decisiones económicas irracionales. Eso sí, les toca vivir en un contexto de accesos muy limitados –a información, instituciones y mercados, por citar tres ejemplos–.”
El mes pasado salió al mercado el libro “Poor Economics: a radical rethinking of the way to fight global poverty”. Los autores son dos de los economistas del desarrollo más destacados en la actualidad: Esther Duflo y Abhijit Vinayak Banerjee. Juntos fundaron el “Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)”, que es una red de profesores alrededor del mundo que utilizan técnicas experimentales para responder preguntas sobre cómo ayudar a reducir la pobreza en el mundo y cómo alimentar a los hacedores de política pública con evidencia científica en el tema.
Duflo y Banerjee compilan en esta publicación muchas de sus experiencias a lo largo de 15 años de trabajo paciente y riguroso en investigación y docencia. El libro está ordenado alrededor de una máxima, muy sencilla de explicar pero tremendamente compleja de documentar: ¿cómo realmente viven los pobres su vida?
La obra señala con mucha claridad cosas que a veces se ignoran o mal interpretan en la política pública. Como por ejemplo, que los pobres no son una masa gris de personas que piensan y sienten de manera distinta al resto de la población. Al contrario, son ciudadanos motivados por los mismos esquemas de incentivos que usted y yo.
Tampoco son unos bichos raros que toman decisiones económicas irracionales. Son hombres, mujeres y niños que procuran su propio bienestar, igual que cualquiera de nosotros. Eso sí, les toca vivir en un contexto de accesos muy limitados –a información, instituciones y mercados, por citar tres ejemplos–. Ello hace que sus elecciones deban leerse y entenderse de acuerdo al entorno en el que viven.
Probablemente no sean decisiones óptimas a los ojos de alguien con más oportunidades, pero no por ello son irracionales. Desde esa perspectiva es que se explican cosas como el bajo uso de los sistemas financieros formales, endeudarse para ahorrar, renuencia a tomar seguros, el bajo uso de servicios públicos aunque sean gratuitos, entre otras cosas.
De una manera muy clara y didáctica el libro presenta la complejidad de la pobreza y sus manifestaciones en la vida diaria de las personas que la padecen. Documenta los efectos de la pobreza en diferentes ámbitos como las elecciones de consumo, decisiones que impactan niveles de salud y educación de los miembros del hogar, en el manejo de amenazas y riesgos a shocks externos, ó bien en su interacción con los mercados a través de las microfinanzas y pequeños emprendimientos de baja productividad.
Pero además, echando mano de la tecnología multimedia, los autores también han puesto a disposición de todos, un sitio de internet interactivo, riquísimo en recursos para reflexionar sobre las diferentes dimensiones que acompañan a la pobreza. Hay allí bases de datos, presentaciones en pdf, y una guía para poder utilizar el libro en salones de clase. Las preguntas que se hace son francamente muy interpelantes para cualquiera, por cuanto muy rápidamente ponen al descubierto la gran ignorancia que tenemos sobre los pobres, sus estrategias de sobrevivencia, y los muchos mitos que se construyen desde afuera.
En resumen, creo que es una muy buena referencia bibliográfica. El tipo de proyectos que deberíamos estar aprovechando y replicando en Guatemala para repensarnos de manera sistemática y permanente.
Desafortunadamente somos el laboratorio ideal para poder plantear y evaluar muchas de las ideas y observaciones que Duflo y Banerjee han encontrado en otras regiones del mundo por muchos años. Afortunadamente hay que reconocer que ya contamos en el país con un buen grupo de profesionales que llevan varios años dedicados a la investigación de temas relacionados con las barreras a nuestro desarrollo económico. Son ellos quizás los primeros llamados a hojear estas páginas recién salidas del horno. Pero también puede ser de gran utilidad para los equipos técnicos de los partidos en contienda, para que retroalimenten y afinen sus propuestas de gobierno.
Lo mejor de todo este rollo es que mucha de la información está al alcance de un click en www.pooreconomics.com. Dese una vuelta por allí y disfrútelo.
Prensa Libre, 5 de mayo de 2011.
El mes pasado salió al mercado el libro “Poor Economics: a radical rethinking of the way to fight global poverty”. Los autores son dos de los economistas del desarrollo más destacados en la actualidad: Esther Duflo y Abhijit Vinayak Banerjee. Juntos fundaron el “Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)”, que es una red de profesores alrededor del mundo que utilizan técnicas experimentales para responder preguntas sobre cómo ayudar a reducir la pobreza en el mundo y cómo alimentar a los hacedores de política pública con evidencia científica en el tema.
Duflo y Banerjee compilan en esta publicación muchas de sus experiencias a lo largo de 15 años de trabajo paciente y riguroso en investigación y docencia. El libro está ordenado alrededor de una máxima, muy sencilla de explicar pero tremendamente compleja de documentar: ¿cómo realmente viven los pobres su vida?
La obra señala con mucha claridad cosas que a veces se ignoran o mal interpretan en la política pública. Como por ejemplo, que los pobres no son una masa gris de personas que piensan y sienten de manera distinta al resto de la población. Al contrario, son ciudadanos motivados por los mismos esquemas de incentivos que usted y yo.
Tampoco son unos bichos raros que toman decisiones económicas irracionales. Son hombres, mujeres y niños que procuran su propio bienestar, igual que cualquiera de nosotros. Eso sí, les toca vivir en un contexto de accesos muy limitados –a información, instituciones y mercados, por citar tres ejemplos–. Ello hace que sus elecciones deban leerse y entenderse de acuerdo al entorno en el que viven.
Probablemente no sean decisiones óptimas a los ojos de alguien con más oportunidades, pero no por ello son irracionales. Desde esa perspectiva es que se explican cosas como el bajo uso de los sistemas financieros formales, endeudarse para ahorrar, renuencia a tomar seguros, el bajo uso de servicios públicos aunque sean gratuitos, entre otras cosas.
De una manera muy clara y didáctica el libro presenta la complejidad de la pobreza y sus manifestaciones en la vida diaria de las personas que la padecen. Documenta los efectos de la pobreza en diferentes ámbitos como las elecciones de consumo, decisiones que impactan niveles de salud y educación de los miembros del hogar, en el manejo de amenazas y riesgos a shocks externos, ó bien en su interacción con los mercados a través de las microfinanzas y pequeños emprendimientos de baja productividad.
Pero además, echando mano de la tecnología multimedia, los autores también han puesto a disposición de todos, un sitio de internet interactivo, riquísimo en recursos para reflexionar sobre las diferentes dimensiones que acompañan a la pobreza. Hay allí bases de datos, presentaciones en pdf, y una guía para poder utilizar el libro en salones de clase. Las preguntas que se hace son francamente muy interpelantes para cualquiera, por cuanto muy rápidamente ponen al descubierto la gran ignorancia que tenemos sobre los pobres, sus estrategias de sobrevivencia, y los muchos mitos que se construyen desde afuera.
En resumen, creo que es una muy buena referencia bibliográfica. El tipo de proyectos que deberíamos estar aprovechando y replicando en Guatemala para repensarnos de manera sistemática y permanente.
Desafortunadamente somos el laboratorio ideal para poder plantear y evaluar muchas de las ideas y observaciones que Duflo y Banerjee han encontrado en otras regiones del mundo por muchos años. Afortunadamente hay que reconocer que ya contamos en el país con un buen grupo de profesionales que llevan varios años dedicados a la investigación de temas relacionados con las barreras a nuestro desarrollo económico. Son ellos quizás los primeros llamados a hojear estas páginas recién salidas del horno. Pero también puede ser de gran utilidad para los equipos técnicos de los partidos en contienda, para que retroalimenten y afinen sus propuestas de gobierno.
Lo mejor de todo este rollo es que mucha de la información está al alcance de un click en www.pooreconomics.com. Dese una vuelta por allí y disfrútelo.
Prensa Libre, 5 de mayo de 2011.
jueves, 28 de abril de 2011
Crecer ó redistribuir, el falso yin-yang
“(…) si proponés medidas pro crecimiento quiere decir que por lo menos sos de centro derecha; y si crees que políticas redistributivas son necesarias, entonces seguramente sos de centro izquierda – o “progre” como me dijo un amigo –.”
Generalmente la discusión económica que tenemos en Guatemala tiende a plantearse en forma binaria: 1 ó 0, blanco ó negro, crecer ó redistribuir. Lo curioso es que este aparente simplismo ó cuadratura mental no es reflejo ni de la teoría, mucho menos en la evidencia empírica internacional. En ambos mundos, el real y el de las ideas, abundan ejemplos que encuentran amplios espacios de convergencia en las políticas pro crecimiento y las redistributivas.
¿Por qué entonces seguir machacando sobre este falso yin-yang? Sólo puedo pensar en dos razones. Una, porque es más fácil de analizar, procesar, y vender a un público no especializado la noción de polos opuestos. Pero además, porque es más sencillo asociar y encasillar al adversario político ó intelectual: si proponés medidas pro crecimiento quiere decir que por lo menos sos de centro derecha; y si crees que políticas redistributivas son necesarias, entonces seguramente sos de centro izquierda – o “progre” como me dijo un amigo –.
El tema es que con los indicadores sociales y económicos que ofrece nuestro país, la discusión que debiéramos estar teniendo los cuatro gatos que opinamos de economía y desarrollo no debiera ser de tipo claroscuro. ¿Por qué? Simplemente dele un vistazo a los números. En cuanto a crecimiento económico, salvo contadas excepciones – más por shocks externos que por mérito propio –, no lo hacemos a niveles importantes desde hace muchos años. Por otro lado, la pobreza y desigualdad parece no dar muestras de retroceder de forma significativa.
El problema es que toda esta aparente dicotomía en nuestros análisis se traslada después a planes de gobierno y políticas públicas, y es allí que nos topamos después con gobiernos a los que típicamente les cuesta atender más de un objetivo. En parte porque son un equipo de personas heterogéneo e imperfecto, como cualquier otro. Pero en mucha medida porque un Estado como el nuestro todavía depende del liderazgo que le imprima el Presidente o su círculo más inmediato. En otras palabras, mientras más fuerte y clara esté la cabeza, así será la claridad de las señales en cuanto al objetivo cuatrienal.
Por ejemplo, el gobierno del PAN fue clarísimo en su objetivo y política de inversiones en infraestructura física y privatizaciones. De igual forma la UNE, a través del consejo de cohesión social logró articular una importante red de protección social. Esto gracias a dos liderazgos fuertes. En medio quedan el FRG y la GANA, gobiernos con liderazgos más débiles o dispersos, lo cual se tradujo en señales de política económica y visión de desarrollo menos claras. Quizás algo se puede decir de los esfuerzos en institucionalizar estrategias de reducción de pobreza (FRG) y una agenda de competitividad (GANA), pero no mucho más.
De acuerdo a las últimas encuestas, para el siguiente ciclo político estamos ante la posibilidad de un gobierno con liderazgo fuerte, tanto en la figura de los candidatos del PP y de la UNE. ¿Debiéramos capitalizar sobre esta posibilidad? ¿Hay alguna recomendación para ellos en materia de política pública? ¿Hay espacio para una agenda que atienda crecimiento y redistribución a la vez?
De acuerdo a la evidencia mundial, la respuesta es un rotundo sí. De manera que a los equipos que hoy piensan en planes de gobierno se les pueden enviar por lo menos tres mensajes claros.
Primero, es fundamental mantener la inversión en redes de protección social. Son necesarias en cualquier país del planeta, y más todavía en aquellos que tienen altos índices de pobreza y desigualdad. Sin oportunidades no hay productividad ni crecimiento económico.
Segundo, hay que retomar la inversión en infraestructura física como prioridad de gobierno. Ordenarla, visibilizarla, y buscar los mecanismos para ampliar la participación del sector privado. Darle músculo y transparencia al sistema nacional de inversión pública y a la función de planificación del Estado así como a los consejos de desarrollo. ¡El pleito contra el listado de obras que favorece a diputados y sus empresas tiene que ser a muerte!
Y tercero, urge una agenda de fortalecimiento institucional. Este tema es quizás el patito feo, es verdad. No da mucha prensa ni suma popularidad y votos, también es cierto. Pero sin duda alguna es algo que nos permite un cierto sentido de dirección y horizonte de mediano plazo. Leyes de servicio civil, de responsabilidad fiscal, de endeudamiento y crédito público, y de autonomía a instituciones estratégicas como el INE, son solamente algunas de los grandes pendientes en materia de instituciones.
En otras palabras, infraestructura, instituciones y protección social son tres áreas de política pública en donde se puede promover el crecimiento económico y a la vez reducir desigualdad. Darles la suficiente prioridad nos garantiza que, por un lado el efecto para la reducción de la pobreza sea doble (más crecimiento y más equidad). Y por otro, que la viabilidad de lograr consensos políticos y gobernabilidad sea mayor.
Prensa Libre, 28 de abril de 2011.
Generalmente la discusión económica que tenemos en Guatemala tiende a plantearse en forma binaria: 1 ó 0, blanco ó negro, crecer ó redistribuir. Lo curioso es que este aparente simplismo ó cuadratura mental no es reflejo ni de la teoría, mucho menos en la evidencia empírica internacional. En ambos mundos, el real y el de las ideas, abundan ejemplos que encuentran amplios espacios de convergencia en las políticas pro crecimiento y las redistributivas.
¿Por qué entonces seguir machacando sobre este falso yin-yang? Sólo puedo pensar en dos razones. Una, porque es más fácil de analizar, procesar, y vender a un público no especializado la noción de polos opuestos. Pero además, porque es más sencillo asociar y encasillar al adversario político ó intelectual: si proponés medidas pro crecimiento quiere decir que por lo menos sos de centro derecha; y si crees que políticas redistributivas son necesarias, entonces seguramente sos de centro izquierda – o “progre” como me dijo un amigo –.
El tema es que con los indicadores sociales y económicos que ofrece nuestro país, la discusión que debiéramos estar teniendo los cuatro gatos que opinamos de economía y desarrollo no debiera ser de tipo claroscuro. ¿Por qué? Simplemente dele un vistazo a los números. En cuanto a crecimiento económico, salvo contadas excepciones – más por shocks externos que por mérito propio –, no lo hacemos a niveles importantes desde hace muchos años. Por otro lado, la pobreza y desigualdad parece no dar muestras de retroceder de forma significativa.
El problema es que toda esta aparente dicotomía en nuestros análisis se traslada después a planes de gobierno y políticas públicas, y es allí que nos topamos después con gobiernos a los que típicamente les cuesta atender más de un objetivo. En parte porque son un equipo de personas heterogéneo e imperfecto, como cualquier otro. Pero en mucha medida porque un Estado como el nuestro todavía depende del liderazgo que le imprima el Presidente o su círculo más inmediato. En otras palabras, mientras más fuerte y clara esté la cabeza, así será la claridad de las señales en cuanto al objetivo cuatrienal.
Por ejemplo, el gobierno del PAN fue clarísimo en su objetivo y política de inversiones en infraestructura física y privatizaciones. De igual forma la UNE, a través del consejo de cohesión social logró articular una importante red de protección social. Esto gracias a dos liderazgos fuertes. En medio quedan el FRG y la GANA, gobiernos con liderazgos más débiles o dispersos, lo cual se tradujo en señales de política económica y visión de desarrollo menos claras. Quizás algo se puede decir de los esfuerzos en institucionalizar estrategias de reducción de pobreza (FRG) y una agenda de competitividad (GANA), pero no mucho más.
De acuerdo a las últimas encuestas, para el siguiente ciclo político estamos ante la posibilidad de un gobierno con liderazgo fuerte, tanto en la figura de los candidatos del PP y de la UNE. ¿Debiéramos capitalizar sobre esta posibilidad? ¿Hay alguna recomendación para ellos en materia de política pública? ¿Hay espacio para una agenda que atienda crecimiento y redistribución a la vez?
De acuerdo a la evidencia mundial, la respuesta es un rotundo sí. De manera que a los equipos que hoy piensan en planes de gobierno se les pueden enviar por lo menos tres mensajes claros.
Primero, es fundamental mantener la inversión en redes de protección social. Son necesarias en cualquier país del planeta, y más todavía en aquellos que tienen altos índices de pobreza y desigualdad. Sin oportunidades no hay productividad ni crecimiento económico.
Segundo, hay que retomar la inversión en infraestructura física como prioridad de gobierno. Ordenarla, visibilizarla, y buscar los mecanismos para ampliar la participación del sector privado. Darle músculo y transparencia al sistema nacional de inversión pública y a la función de planificación del Estado así como a los consejos de desarrollo. ¡El pleito contra el listado de obras que favorece a diputados y sus empresas tiene que ser a muerte!
Y tercero, urge una agenda de fortalecimiento institucional. Este tema es quizás el patito feo, es verdad. No da mucha prensa ni suma popularidad y votos, también es cierto. Pero sin duda alguna es algo que nos permite un cierto sentido de dirección y horizonte de mediano plazo. Leyes de servicio civil, de responsabilidad fiscal, de endeudamiento y crédito público, y de autonomía a instituciones estratégicas como el INE, son solamente algunas de los grandes pendientes en materia de instituciones.
En otras palabras, infraestructura, instituciones y protección social son tres áreas de política pública en donde se puede promover el crecimiento económico y a la vez reducir desigualdad. Darles la suficiente prioridad nos garantiza que, por un lado el efecto para la reducción de la pobreza sea doble (más crecimiento y más equidad). Y por otro, que la viabilidad de lograr consensos políticos y gobernabilidad sea mayor.
Prensa Libre, 28 de abril de 2011.
jueves, 21 de abril de 2011
¡Maldita diáspora!
“La decisión de la migración es entonces como un pequeño luto.”
Esta semana se juntaron dos notas que jalan en la misma dirección aunque por caminos diferentes. Una, la columna de opinión de Marcela Gereda titulada “Como el unicornio azul”. La otra, preparada por Lorena Alvarez con base en datos de la encuesta sobre remesas del 2010 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), bautizada como “Fuga de cerebros: se van más profesionales del país”.
La primera línea de Lorena es lapidaria: la migración de profesionales debido a la falta de oportunidades laborales y bajos salarios en el país se incrementó durante el último año, replicando un fenómeno observado en otros países que ven a sus mejores cerebros marcharse. Marcela es todavía más fulminante al decir que (sic) “Es cuestión casi de a diario hallar en mi cuenta de correo electrónico mensajes de amigos que se despiden… Gente lúcida y luchadora que ya no aguanta más”.
El mensaje es fuerte y claro paisano. El país es un expulsor neto de capital humano. Ya no solamente nos estamos quedando sin trabajadores poco calificados, sino ahora también sin aquellas guatemaltecas y guatemaltecos en quienes hemos invertido por años.
Me pregunto ¿qué pasa si ya nunca más regresan? Pues serán como recursos botados al mar. Años de impuestos, ahorros, sueldos y salarios invertidos en educación, libros y maestros, medicinas y vacunas, casa y comida. Todo ese esfuerzo para elevar la productividad de nuestra sociedad habrá que tirarlo a pérdida en las cuentas nacionales.
Los beneficios de su madurez intelectual y profesional se verán reflejados en otros barrios. Serán otras las empresas, universidades, centros de investigación, organizaciones y gobiernos los que se nutran de nuestra camada de “patojos chispudos con moto y papeles en orden”. De nuestra gente luchadora, sonriente y amable, con ideas, cuyo pecado es querer más y mejores oportunidades para salir adelante –ó incluso más básico aún, para salir con vida–.
Evidentemente en algo estamos fallando. Siendo yo mismo uno de esos expatriados, con mucha frecuencia me cuestiono ¿debemos culparlos por irse? ¿Son unos ingratos? ¿Les falta amor a la patria y por eso abandonan el barco? ¿No es acaso en Guatemala en donde más está haciendo falta una reserva moral, capital humano e ideas nuevas? ¿No es aquí en donde su aporte puede hacer la diferencia, en vez de países plagados de bienes públicos, mercados, instituciones, y mano de obra calificada?
Son todas preguntas nada fáciles y de respuesta incierta. Digo nada fáciles porque tampoco es ganga quemar naves y salir del lugar en donde se ha crecido toda una vida. Es, al final de cuentas, el sitio en donde están las redes sociales y los vínculos emocionales más poderosos. La decisión de la migración es entonces como un pequeño luto.
Pero también son preguntas de respuesta incierta porque solamente en unos años sabremos si este fenómeno que hoy tímidamente capturan las encuestas de la OIM y las anécdotas, se logrará revertir en el mediano plazo en algo que sirva al país. Alex Foxley, ex ministro de relaciones exteriores de Chile, reflexionaba hace unas semanas al respecto, y decía que no hay problema en que parte de la población salga al exterior por diez o quince años. La condición es que al final vuelvan. Entonces sí que se convierten en un activo todavía más valioso para el país de origen porque regresan con formación profesional y además con un montón de experiencia práctica. Es lo que sucede hoy en India. Así sí que la migración de cerebros pinta una cara bonita.
El riesgo es que también hay una cara fea. ¿Qué pasa si nos convertimos en una diáspora como la africana? Esa región que tiene magníficos profesionales, académicos e investigadores, pero que una vez logran salir y encontrar un nicho en el mundo desarrollado, nunca más vuelven a reinvertir sus capacidades y reinventar su tierra natal.
Por esa senda iba Colombia cuando vivió su punto más bajo de la guerra contra el crimen organizado. Expulsando gerentes, universitarios y obreros a granel. Afortunadamente logró enrumbar su proceso de pacificación y hoy comienza a parecerse más al modelo indio que al africano.
¿Hacia dónde iremos nosotros? No lo sé, ni creo que nadie lo sepa tampoco. Ya lo veremos en una década o dos. Por ahora le confieso que terminé mi lectura de los diarios por internet con un sorbo de café negro sin azúcar, una mezcla de nostalgia y amargura, y una frase: ¡maldita diáspora!
Prensa Libre, 21 de abril de 2011.
Esta semana se juntaron dos notas que jalan en la misma dirección aunque por caminos diferentes. Una, la columna de opinión de Marcela Gereda titulada “Como el unicornio azul”. La otra, preparada por Lorena Alvarez con base en datos de la encuesta sobre remesas del 2010 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), bautizada como “Fuga de cerebros: se van más profesionales del país”.
La primera línea de Lorena es lapidaria: la migración de profesionales debido a la falta de oportunidades laborales y bajos salarios en el país se incrementó durante el último año, replicando un fenómeno observado en otros países que ven a sus mejores cerebros marcharse. Marcela es todavía más fulminante al decir que (sic) “Es cuestión casi de a diario hallar en mi cuenta de correo electrónico mensajes de amigos que se despiden… Gente lúcida y luchadora que ya no aguanta más”.
El mensaje es fuerte y claro paisano. El país es un expulsor neto de capital humano. Ya no solamente nos estamos quedando sin trabajadores poco calificados, sino ahora también sin aquellas guatemaltecas y guatemaltecos en quienes hemos invertido por años.
Me pregunto ¿qué pasa si ya nunca más regresan? Pues serán como recursos botados al mar. Años de impuestos, ahorros, sueldos y salarios invertidos en educación, libros y maestros, medicinas y vacunas, casa y comida. Todo ese esfuerzo para elevar la productividad de nuestra sociedad habrá que tirarlo a pérdida en las cuentas nacionales.
Los beneficios de su madurez intelectual y profesional se verán reflejados en otros barrios. Serán otras las empresas, universidades, centros de investigación, organizaciones y gobiernos los que se nutran de nuestra camada de “patojos chispudos con moto y papeles en orden”. De nuestra gente luchadora, sonriente y amable, con ideas, cuyo pecado es querer más y mejores oportunidades para salir adelante –ó incluso más básico aún, para salir con vida–.
Evidentemente en algo estamos fallando. Siendo yo mismo uno de esos expatriados, con mucha frecuencia me cuestiono ¿debemos culparlos por irse? ¿Son unos ingratos? ¿Les falta amor a la patria y por eso abandonan el barco? ¿No es acaso en Guatemala en donde más está haciendo falta una reserva moral, capital humano e ideas nuevas? ¿No es aquí en donde su aporte puede hacer la diferencia, en vez de países plagados de bienes públicos, mercados, instituciones, y mano de obra calificada?
Son todas preguntas nada fáciles y de respuesta incierta. Digo nada fáciles porque tampoco es ganga quemar naves y salir del lugar en donde se ha crecido toda una vida. Es, al final de cuentas, el sitio en donde están las redes sociales y los vínculos emocionales más poderosos. La decisión de la migración es entonces como un pequeño luto.
Pero también son preguntas de respuesta incierta porque solamente en unos años sabremos si este fenómeno que hoy tímidamente capturan las encuestas de la OIM y las anécdotas, se logrará revertir en el mediano plazo en algo que sirva al país. Alex Foxley, ex ministro de relaciones exteriores de Chile, reflexionaba hace unas semanas al respecto, y decía que no hay problema en que parte de la población salga al exterior por diez o quince años. La condición es que al final vuelvan. Entonces sí que se convierten en un activo todavía más valioso para el país de origen porque regresan con formación profesional y además con un montón de experiencia práctica. Es lo que sucede hoy en India. Así sí que la migración de cerebros pinta una cara bonita.
El riesgo es que también hay una cara fea. ¿Qué pasa si nos convertimos en una diáspora como la africana? Esa región que tiene magníficos profesionales, académicos e investigadores, pero que una vez logran salir y encontrar un nicho en el mundo desarrollado, nunca más vuelven a reinvertir sus capacidades y reinventar su tierra natal.
Por esa senda iba Colombia cuando vivió su punto más bajo de la guerra contra el crimen organizado. Expulsando gerentes, universitarios y obreros a granel. Afortunadamente logró enrumbar su proceso de pacificación y hoy comienza a parecerse más al modelo indio que al africano.
¿Hacia dónde iremos nosotros? No lo sé, ni creo que nadie lo sepa tampoco. Ya lo veremos en una década o dos. Por ahora le confieso que terminé mi lectura de los diarios por internet con un sorbo de café negro sin azúcar, una mezcla de nostalgia y amargura, y una frase: ¡maldita diáspora!
Prensa Libre, 21 de abril de 2011.
martes, 19 de abril de 2011
¡O hay pa’todos o hay patadas!
“En Perú aparentemente está rota la conexión entre las condiciones macro (país) y micro (hogares). En otras palabras, el crecimiento económico no está salpicando a todos, ni se está traduciendo en oportunidades de superación individual.”
Un tecnócrata urbano, que no logró arraigar en el voto popular; una senadora muy joven con discurso populista, e hija de ex presidente; un militar con tintes de izquierda radical, luchando por moderarse; un ex presidente, que perdió diez puntos porcentuales en diez días; y un partido en el gobierno, incapaz de articular una candidatura para continuar en el poder. Esa fue la foto instantánea de la primera vuelta en las elecciones presidenciales peruanas el domingo pasado.
El lunes los medios nos dijeron que Ollanta Humala –el ex militar–, y Keiko Fujimori –la hija del polémico ex presidente Alberto Fujimori– fueron los que pasaron a segunda ronda. Y desde ese mismo instante ambos afinan su puntería para capturar el voto de las clases media y alta, que se les escurrió como agua entre los dedos por temor a posibles retrocesos en lo político y económico.
Lo curioso es que el país tiene tasas de crecimiento económico envidiables, en torno al 7% durante los últimos cinco años. Goza de estabilidad macroeconómica, que se tradujo en espacio fiscal para que el Estado pudiera actuar durante las últimas crisis. Y cuenta con recursos naturales que hoy se cotizan bien en los mercados internacionales. Además, sus indicadores dan cuenta de una reducción de la pobreza importante, bajando del 48% al 34% entre el 2004 y el 2009. Todo pintaba para que opciones de centro tuvieran mejores perspectivas en la contienda política.
Pero no fue así. Porque a pesar de lo anterior, muchos analistas señalan a la desigualdad como una de las principales razones que explican el comportamiento del electorado. La hipótesis no es tan descabellada. En Perú aparentemente está rota la conexión entre las condiciones macro (país) y micro (hogares). En otras palabras, el crecimiento económico no está salpicando a todos, ni se está traduciendo en oportunidades de superación individual.
No solamente hay un espacio claro para profundizar una agenda de equidad, política social más activa, y crecimiento pro-pobre, sino que también hay indicios de que una buena parte de los recursos adicionales que está generando el crecimiento podrían asignarse de manera más eficiente. El ejemplo clásico son los millones de dólares anuales que anualmente recibe la región del Cuzco producto de concesiones mineras, y que chocan de frente con las paupérrimas condiciones de vida de mucha gente que vive en esa región.
¿Qué lección podemos rescatar los guatemaltecos de lo que sucede a los peruanos? Básicamente una: es peligroso y poco aconsejable exacerbar la desigualdad y bloquear los canales de movilidad social. Porque entonces se crea un caldo de cultivo ideal para que discursos incendiarios y populistas prendan en la mente de electores, que se sienten relegados y tratados como ciudadanos de segunda o tercera categoría – como suele ser el caso de los pobres, los rurales, los trabajadores de la economía informal y poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Me viene a la mente un tarimazo del entonces candidato Alfonso Portillo cuando ante una multitud rural dijo que él (sic) “no había nacido con una cucharita de plata en el hocico”. Esas cosas son muy típicas de países pobres y desiguales.
Cuando la percepción es que la economía está generando riqueza, pero que el bienestar de todas formas no llega, se abre la posibilidad de que segmentos amplios de la población desarrollen un sentido de hastío con respecto a la participación política y las instituciones democráticas.
Al final, resultan siendo conceptos abstractos, lejanos, lentos, escleróticos, que muy poco contribuyen a resolver el día a día. Ello puede generar apatía en la participación y desinterés en la auditoría social, ambos elementos fundamentales para la profundización de la democracia. Así es como poco a poco el juego político va quedando confinado a aquellos que sí logran hacerse escuchar, aunque comparativamente lo necesiten menos.
En suma, Perú nos vuelve a recordar que el crecimiento económico es importante, pero que sus beneficios alcancen a la mayoría de la población también lo es. Que la reducción de la pobreza es un objetivo central, pero al final las personas valoran acceso a oportunidades y movilidad social para procurar su propio bienestar.
No se pueden cargar los dados en un solo objetivo de política. Tarde o temprano la factura llega. ¡O hay pa’todos o hay patadas!
Prensa Libre, 14 de abril de 2011.
Un tecnócrata urbano, que no logró arraigar en el voto popular; una senadora muy joven con discurso populista, e hija de ex presidente; un militar con tintes de izquierda radical, luchando por moderarse; un ex presidente, que perdió diez puntos porcentuales en diez días; y un partido en el gobierno, incapaz de articular una candidatura para continuar en el poder. Esa fue la foto instantánea de la primera vuelta en las elecciones presidenciales peruanas el domingo pasado.
El lunes los medios nos dijeron que Ollanta Humala –el ex militar–, y Keiko Fujimori –la hija del polémico ex presidente Alberto Fujimori– fueron los que pasaron a segunda ronda. Y desde ese mismo instante ambos afinan su puntería para capturar el voto de las clases media y alta, que se les escurrió como agua entre los dedos por temor a posibles retrocesos en lo político y económico.
Lo curioso es que el país tiene tasas de crecimiento económico envidiables, en torno al 7% durante los últimos cinco años. Goza de estabilidad macroeconómica, que se tradujo en espacio fiscal para que el Estado pudiera actuar durante las últimas crisis. Y cuenta con recursos naturales que hoy se cotizan bien en los mercados internacionales. Además, sus indicadores dan cuenta de una reducción de la pobreza importante, bajando del 48% al 34% entre el 2004 y el 2009. Todo pintaba para que opciones de centro tuvieran mejores perspectivas en la contienda política.
Pero no fue así. Porque a pesar de lo anterior, muchos analistas señalan a la desigualdad como una de las principales razones que explican el comportamiento del electorado. La hipótesis no es tan descabellada. En Perú aparentemente está rota la conexión entre las condiciones macro (país) y micro (hogares). En otras palabras, el crecimiento económico no está salpicando a todos, ni se está traduciendo en oportunidades de superación individual.
No solamente hay un espacio claro para profundizar una agenda de equidad, política social más activa, y crecimiento pro-pobre, sino que también hay indicios de que una buena parte de los recursos adicionales que está generando el crecimiento podrían asignarse de manera más eficiente. El ejemplo clásico son los millones de dólares anuales que anualmente recibe la región del Cuzco producto de concesiones mineras, y que chocan de frente con las paupérrimas condiciones de vida de mucha gente que vive en esa región.
¿Qué lección podemos rescatar los guatemaltecos de lo que sucede a los peruanos? Básicamente una: es peligroso y poco aconsejable exacerbar la desigualdad y bloquear los canales de movilidad social. Porque entonces se crea un caldo de cultivo ideal para que discursos incendiarios y populistas prendan en la mente de electores, que se sienten relegados y tratados como ciudadanos de segunda o tercera categoría – como suele ser el caso de los pobres, los rurales, los trabajadores de la economía informal y poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Me viene a la mente un tarimazo del entonces candidato Alfonso Portillo cuando ante una multitud rural dijo que él (sic) “no había nacido con una cucharita de plata en el hocico”. Esas cosas son muy típicas de países pobres y desiguales.
Cuando la percepción es que la economía está generando riqueza, pero que el bienestar de todas formas no llega, se abre la posibilidad de que segmentos amplios de la población desarrollen un sentido de hastío con respecto a la participación política y las instituciones democráticas.
Al final, resultan siendo conceptos abstractos, lejanos, lentos, escleróticos, que muy poco contribuyen a resolver el día a día. Ello puede generar apatía en la participación y desinterés en la auditoría social, ambos elementos fundamentales para la profundización de la democracia. Así es como poco a poco el juego político va quedando confinado a aquellos que sí logran hacerse escuchar, aunque comparativamente lo necesiten menos.
En suma, Perú nos vuelve a recordar que el crecimiento económico es importante, pero que sus beneficios alcancen a la mayoría de la población también lo es. Que la reducción de la pobreza es un objetivo central, pero al final las personas valoran acceso a oportunidades y movilidad social para procurar su propio bienestar.
No se pueden cargar los dados en un solo objetivo de política. Tarde o temprano la factura llega. ¡O hay pa’todos o hay patadas!
Prensa Libre, 14 de abril de 2011.
jueves, 7 de abril de 2011
Los patojos de la U
“Tenemos que hacer más transparente, eficiente, productivo, pertinente y competitivo el proceso de producción de profesionales en Guatemala.”
El domingo pasado se publicó en El Periódico un reportaje sobre las universidades en el país. Si puede dele un vistazo. Creo que hace un buen trabajo en describir y llamar a la reflexión sobre un tema central para nuestro desarrollo: la política de formación de capital humano en Guatemala.
Al hablar de educación superior las preguntas que pasan por la mente de muchos son: ¿por qué debemos hablar de educación universitaria en un país con la mitad de la población en pobreza? ¿No debiéramos primero ocuparnos de resolver problemas más urgentes como la desnutrición o la infraestructura física antes que atender a un puñado de patojos? ¿Es la “U” un lujo que podemos darnos?
La respuesta es simple: la educación superior es tan importante como la preprimaria, primaria ó secundaria. Es el último eslabón en donde se cocina nuestra mano de obra calificada –médicos, abogados, ingenieros, economistas, psicólogos, etcétera–. Ellos son el grupo de personas que después aparecen en el mercado como gerentes de empresas, ministros, académicos, consultores, en fin. Ese grupito de profesionales forma la masa crítica con la que damos dirección a la economía y tratamos de hacerla crecer.
La formación universitaria cumple varias funciones. Es un eslabón en la cadena de capital humano que contribuye de manera crucial a ese concepto abstracto que llamamos productividad. Pero también es un mecanismo de movilidad social, y por lo tanto cumple una función de equidad al ampliar las oportunidades salariales de las personas.
Por otra parte, la educación superior es quizás la inversión per capita más onerosa que hacemos ya que son más o menos 300 mil beneficiarios en una población de 14 millones. Tiene asociados costos directos nada despreciables, pero además tiene un costo de oportunidad igualmente alto: el uso del tiempo de nuestra población joven, que muy bien podría estar empleada y generar ingresos adicionales para ayudar a la economía familiar. Además consume una parte de nuestros impuestos, ya que la Constitución manda que la universidad estatal reciba un porcentaje de los ingresos del Estado.
Por esas y muchas otras razones es que la educación superior merece mucha atención. Pero sobretodo merece mucho pensamiento estratégico. Ese es el segmento de población que puede darle valor agregado a la economía y con ello generar crecimiento y bienestar.
El modelo de educación superior que opera en la actualidad es desordenado, con poca visión de mediano y largo plazo, desconectado de las necesidades de los empleadores (empresas, gobiernos nacionales y subnacionales, organismos internacionales, etcétera). Y lo que es más grave aún: es una industria reacia a la competencia y al control de calidad.
La elección de carrera universitaria que hacen nuestros jóvenes a los 18 años es, por definición, miope. Pesan en su elección el precio, el mercadeo y el estatus, aunque no sepan muy bien qué es lo que verdaderamente van a encontrar en las aulas sino hasta muchos años después, cuando tienen que salir a vender sus habilidades y competencias laborales.
Pero para entonces generalmente ya es muy tarde. Los hogares ya pagaron miles de quetzales en cuotas y matrículas, en innumerables libros y fotocopias, en incontables galones de gasolina de carro o camioneta, y en infinitas horas de internet. La inversión en capital humano se convierte entonces en un costo hundido y solo queda pedirle a Dios dos cosas: que la calidad no sea muy gacha para recuperar la inversión, y que haya suficientes puestos de trabajo para absorber ese ejército de desempleados calificados.
Con tal panorama es evidente que necesitamos sentarnos a la mesa y reflexionar seriamente sobre el tema. Tenemos que hacer más transparente, eficiente, productivo, pertinente y competitivo el proceso de producción de profesionales en Guatemala.
En ese espíritu, creo que bien haríamos si comenzamos a cuestionarnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿necesitamos muchas universidades (a riesgo de que sean de garaje) o más bien pocas y con áreas especializadas? ¿Debiéramos tener estándares mínimos para llamar un establecimiento “sede regional”? ¿Cómo podemos instaurar un sistema de información que permita a los jóvenes comparar contenidos, calidad de la planta docente, capacidad de investigación, e infraestructura de las diferentes universidades? ¿Cómo podemos asegurar calidad y pertinencia de lo que se enseña? ¿Cómo promover la meritocracia entre los estudiantes universitarios, de manera que subsidios y becas vayan a quienes los merecen por sus capacidades intelectuales? ¿Será que los recursos que hoy se destinan por decreto se podrían gastar más eficientemente a través de vouchers para estudiantes, becas para docentes, y grants para proyectos de investigación? ¿Habrá llegado ya la hora de promover residencias estudiantiles en algunos campus universitarios y cambiar así la dinámica diaria de la formación superior? ¿Estaremos listos para una prueba de admisión homogénea y de aplicación nacional, que permita mayor movilidad de nuestros talentos?
Son sólo algunas preguntas para agitar la grilla, sobre un tema que va muy de la mano con retos más grandes como crecimiento, productividad y equidad. Lo que me queda claro en todo esto es que la industria universitaria en Guatemala es un claro ejemplo en donde hace falta pensar en clave de competencia, incentivos, y transparencia.
Prensa Libre, 7 de abril de 2011.
El domingo pasado se publicó en El Periódico un reportaje sobre las universidades en el país. Si puede dele un vistazo. Creo que hace un buen trabajo en describir y llamar a la reflexión sobre un tema central para nuestro desarrollo: la política de formación de capital humano en Guatemala.
Al hablar de educación superior las preguntas que pasan por la mente de muchos son: ¿por qué debemos hablar de educación universitaria en un país con la mitad de la población en pobreza? ¿No debiéramos primero ocuparnos de resolver problemas más urgentes como la desnutrición o la infraestructura física antes que atender a un puñado de patojos? ¿Es la “U” un lujo que podemos darnos?
La respuesta es simple: la educación superior es tan importante como la preprimaria, primaria ó secundaria. Es el último eslabón en donde se cocina nuestra mano de obra calificada –médicos, abogados, ingenieros, economistas, psicólogos, etcétera–. Ellos son el grupo de personas que después aparecen en el mercado como gerentes de empresas, ministros, académicos, consultores, en fin. Ese grupito de profesionales forma la masa crítica con la que damos dirección a la economía y tratamos de hacerla crecer.
La formación universitaria cumple varias funciones. Es un eslabón en la cadena de capital humano que contribuye de manera crucial a ese concepto abstracto que llamamos productividad. Pero también es un mecanismo de movilidad social, y por lo tanto cumple una función de equidad al ampliar las oportunidades salariales de las personas.
Por otra parte, la educación superior es quizás la inversión per capita más onerosa que hacemos ya que son más o menos 300 mil beneficiarios en una población de 14 millones. Tiene asociados costos directos nada despreciables, pero además tiene un costo de oportunidad igualmente alto: el uso del tiempo de nuestra población joven, que muy bien podría estar empleada y generar ingresos adicionales para ayudar a la economía familiar. Además consume una parte de nuestros impuestos, ya que la Constitución manda que la universidad estatal reciba un porcentaje de los ingresos del Estado.
Por esas y muchas otras razones es que la educación superior merece mucha atención. Pero sobretodo merece mucho pensamiento estratégico. Ese es el segmento de población que puede darle valor agregado a la economía y con ello generar crecimiento y bienestar.
El modelo de educación superior que opera en la actualidad es desordenado, con poca visión de mediano y largo plazo, desconectado de las necesidades de los empleadores (empresas, gobiernos nacionales y subnacionales, organismos internacionales, etcétera). Y lo que es más grave aún: es una industria reacia a la competencia y al control de calidad.
La elección de carrera universitaria que hacen nuestros jóvenes a los 18 años es, por definición, miope. Pesan en su elección el precio, el mercadeo y el estatus, aunque no sepan muy bien qué es lo que verdaderamente van a encontrar en las aulas sino hasta muchos años después, cuando tienen que salir a vender sus habilidades y competencias laborales.
Pero para entonces generalmente ya es muy tarde. Los hogares ya pagaron miles de quetzales en cuotas y matrículas, en innumerables libros y fotocopias, en incontables galones de gasolina de carro o camioneta, y en infinitas horas de internet. La inversión en capital humano se convierte entonces en un costo hundido y solo queda pedirle a Dios dos cosas: que la calidad no sea muy gacha para recuperar la inversión, y que haya suficientes puestos de trabajo para absorber ese ejército de desempleados calificados.
Con tal panorama es evidente que necesitamos sentarnos a la mesa y reflexionar seriamente sobre el tema. Tenemos que hacer más transparente, eficiente, productivo, pertinente y competitivo el proceso de producción de profesionales en Guatemala.
En ese espíritu, creo que bien haríamos si comenzamos a cuestionarnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿necesitamos muchas universidades (a riesgo de que sean de garaje) o más bien pocas y con áreas especializadas? ¿Debiéramos tener estándares mínimos para llamar un establecimiento “sede regional”? ¿Cómo podemos instaurar un sistema de información que permita a los jóvenes comparar contenidos, calidad de la planta docente, capacidad de investigación, e infraestructura de las diferentes universidades? ¿Cómo podemos asegurar calidad y pertinencia de lo que se enseña? ¿Cómo promover la meritocracia entre los estudiantes universitarios, de manera que subsidios y becas vayan a quienes los merecen por sus capacidades intelectuales? ¿Será que los recursos que hoy se destinan por decreto se podrían gastar más eficientemente a través de vouchers para estudiantes, becas para docentes, y grants para proyectos de investigación? ¿Habrá llegado ya la hora de promover residencias estudiantiles en algunos campus universitarios y cambiar así la dinámica diaria de la formación superior? ¿Estaremos listos para una prueba de admisión homogénea y de aplicación nacional, que permita mayor movilidad de nuestros talentos?
Son sólo algunas preguntas para agitar la grilla, sobre un tema que va muy de la mano con retos más grandes como crecimiento, productividad y equidad. Lo que me queda claro en todo esto es que la industria universitaria en Guatemala es un claro ejemplo en donde hace falta pensar en clave de competencia, incentivos, y transparencia.
Prensa Libre, 7 de abril de 2011.
lunes, 4 de abril de 2011
Mentiras, mentirotas y estadísticas
“Es en base a la inflación que se negocian pactos colectivos, se calculan aumentos salariales, costo de vida, utilidades en las empresas, niveles de gasto público, indicadores de pobreza, entre otros.”
Siempre he defendido la necesidad de generar información estadística, la importancia de que sea regular, y que las decisiones de política pública se tomen, tanto como sea posible, basadas en evidencia. Igualmente importante es aprender de las buenas prácticas nacionales e internacionales. Eso ahorra tiempo, dinero, y recurso humano.
Hacer oídos sordos a recomendaciones tan elementales es, en el mejor de los casos, buscar una solución sub-óptima. En el peor de ellos, dispararnos en el pie. Equivale a timonear una nave sin más herramientas que intuición e intenciones.
Lo impresionante es que, a pesar de que a veces pensamos que ciertos consejos están completamente asumidos, de vez en cuando aparece algún escándalo que nos recuerda la necesidad de mantener la guardia alta y estar siempre vigilantes. La tentación de buscar atajos se alimenta a diario de la debilidad y miopía de nuestros sistemas e instituciones políticas, muchas veces proclives a trocar estabilidad, rigurosidad y visión de mediano plazo por beneficios inmediatos.
El caso más reciente es el de las estadísticas de inflación en Argentina. Hace más o menos cuatro años se generó una tensión en el instituto nacional de estadística y censos de aquel país (INDEC), cuando el gobierno decidió meter las manos en la metodología para el cálculo del índice de precios.
El vox populi apunta a que entonces hubo presiones gubernamentales para tratar de mantener dicho indicador en niveles artificialmente bajos con fines electorales. La razón es muy sencilla: el poder adquisitivo de las personas es uno de los más fuertes detonantes de apoyo o rechazo hacia la gestión de cualquier gobierno.
El problema es que ponerse a trastear la forma de cálculo de una variable tan importante, le quita uno de los instrumentos más poderosos para la toma de decisiones a cualquier economía. Es en base a la inflación que se negocian pactos colectivos, se calculan aumentos salariales, costo de vida, utilidades en las empresas, niveles de gasto público, indicadores de pobreza, entre otros.
Además, producto la pérdida de confianza que se generó hacia el INDEC, han surgido desde entonces varios esfuerzos privados para estimar el comportamiento real de los precios argentinos. Las discrepancias han llegado a tal punto que, mientras las estimaciones oficiales arrojan una inflación cercana al 10% IPC a febrero, estimaciones de consultores y analistas privados opinan que el verdadero número está entre 20 y 30%.
Peor aún, el gobierno, citando partes de una ley de lealtad comercial, la ha emprendido en contra de estas voces disidentes con multas. El argumento utilizado no se sostiene ni con chicle: hay una violación a la ley cuando se vende información falsa y se confunde a los consumidores.
Al principio se acusó a los disidentes de la verdad oficial de “noventistas”, término peyorativo para designar a todos aquellos que fueron fervientes defensores de la desregulación, liberalización y privatización económicas, y a quienes políticamente se les achaca la debacle económica de fines de la década de los noventa.
Sin embargo, hay dos cosas curiosas en todo este relajo. Por un lado, en la lista negra de alquimistas de la inflación argentina aparecen instituciones y profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional como la Fundación de investigaciones económicas latinoamericanas –FIEL–. Por otro lado, incluso dentro del mismo gobierno ya se comienza a dudar de la veracidad de la información oficial.
A pesar de que en 2009 el gobierno conformó una comisión con delegados de universidades públicas para dictaminar sobre la metodología para el cálculo del índice de precios, a la fecha el reporte todavía no se hace público. Solamente una de las universidades se ha pronunciado al respecto manifestando preocupación por la nueva forma de cálculo del IPC.
Toda esta novela de las estadísticas argentinas debe dejar una lección clara: es fundamental mantener y fortalecer la autonomía técnica y financiera en los institutos nacionales de estadística. Dejar que los políticos metan las manos en ello es como tratar de conducir un auto de noche con las luces apagadas. La probabilidad de colisionar con la realidad crecen exponencialmente y los daños colaterales pueden durar muchos años.
Prensa Libre, 31 de marzo de 2011.
Siempre he defendido la necesidad de generar información estadística, la importancia de que sea regular, y que las decisiones de política pública se tomen, tanto como sea posible, basadas en evidencia. Igualmente importante es aprender de las buenas prácticas nacionales e internacionales. Eso ahorra tiempo, dinero, y recurso humano.
Hacer oídos sordos a recomendaciones tan elementales es, en el mejor de los casos, buscar una solución sub-óptima. En el peor de ellos, dispararnos en el pie. Equivale a timonear una nave sin más herramientas que intuición e intenciones.
Lo impresionante es que, a pesar de que a veces pensamos que ciertos consejos están completamente asumidos, de vez en cuando aparece algún escándalo que nos recuerda la necesidad de mantener la guardia alta y estar siempre vigilantes. La tentación de buscar atajos se alimenta a diario de la debilidad y miopía de nuestros sistemas e instituciones políticas, muchas veces proclives a trocar estabilidad, rigurosidad y visión de mediano plazo por beneficios inmediatos.
El caso más reciente es el de las estadísticas de inflación en Argentina. Hace más o menos cuatro años se generó una tensión en el instituto nacional de estadística y censos de aquel país (INDEC), cuando el gobierno decidió meter las manos en la metodología para el cálculo del índice de precios.
El vox populi apunta a que entonces hubo presiones gubernamentales para tratar de mantener dicho indicador en niveles artificialmente bajos con fines electorales. La razón es muy sencilla: el poder adquisitivo de las personas es uno de los más fuertes detonantes de apoyo o rechazo hacia la gestión de cualquier gobierno.
El problema es que ponerse a trastear la forma de cálculo de una variable tan importante, le quita uno de los instrumentos más poderosos para la toma de decisiones a cualquier economía. Es en base a la inflación que se negocian pactos colectivos, se calculan aumentos salariales, costo de vida, utilidades en las empresas, niveles de gasto público, indicadores de pobreza, entre otros.
Además, producto la pérdida de confianza que se generó hacia el INDEC, han surgido desde entonces varios esfuerzos privados para estimar el comportamiento real de los precios argentinos. Las discrepancias han llegado a tal punto que, mientras las estimaciones oficiales arrojan una inflación cercana al 10% IPC a febrero, estimaciones de consultores y analistas privados opinan que el verdadero número está entre 20 y 30%.
Peor aún, el gobierno, citando partes de una ley de lealtad comercial, la ha emprendido en contra de estas voces disidentes con multas. El argumento utilizado no se sostiene ni con chicle: hay una violación a la ley cuando se vende información falsa y se confunde a los consumidores.
Al principio se acusó a los disidentes de la verdad oficial de “noventistas”, término peyorativo para designar a todos aquellos que fueron fervientes defensores de la desregulación, liberalización y privatización económicas, y a quienes políticamente se les achaca la debacle económica de fines de la década de los noventa.
Sin embargo, hay dos cosas curiosas en todo este relajo. Por un lado, en la lista negra de alquimistas de la inflación argentina aparecen instituciones y profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional como la Fundación de investigaciones económicas latinoamericanas –FIEL–. Por otro lado, incluso dentro del mismo gobierno ya se comienza a dudar de la veracidad de la información oficial.
A pesar de que en 2009 el gobierno conformó una comisión con delegados de universidades públicas para dictaminar sobre la metodología para el cálculo del índice de precios, a la fecha el reporte todavía no se hace público. Solamente una de las universidades se ha pronunciado al respecto manifestando preocupación por la nueva forma de cálculo del IPC.
Toda esta novela de las estadísticas argentinas debe dejar una lección clara: es fundamental mantener y fortalecer la autonomía técnica y financiera en los institutos nacionales de estadística. Dejar que los políticos metan las manos en ello es como tratar de conducir un auto de noche con las luces apagadas. La probabilidad de colisionar con la realidad crecen exponencialmente y los daños colaterales pueden durar muchos años.
Prensa Libre, 31 de marzo de 2011.
viernes, 25 de marzo de 2011
Los rezagados
“Ellos, por diferentes razones, siguen siendo los rezagados, los invisibles, los que hemos sido incapaces de montar a la bicicleta y pedalear al unísono para salir del fango del atraso, todos juntos.”
Hace unos días tuve el gusto de sentarme a conversar con un grupo muy interesante de especialistas en temas de desarrollo rural y reducción de pobreza en América Latina. La idea era intercambiar opiniones para tratar de entender por dónde va la agenda en dicha materia, y con ello tratar de extraer señales, tendencias que mandan gobiernos, organismos multilaterales y agencias de cooperación.
Al revisar los números gruesos de pobreza, pobreza extrema y desigualdad de la región durante los últimos 30 años, y casi independientemente del indicador de bienestar que utilicemos, el mensaje es claro: los ochentas nos dejaron con un repunte de pobreza y desigualdad. Esa fue la maldición de la década perdida. Pero a partir de los noventas hemos ido ganando la batalla, aún a pesar de la seguidilla de crisis de los últimos cuatro años.
Como siempre, números agregados esconden realidades diferentes entre las subregiones del continente. Por ejemplo, la reducción en el número absoluto de pobres ha estado liderada por los países del Mercosur, y en mucho menor medida por los centroamericanos. Por otra parte, los países de la región andina más bien han incrementado el número total de pobres en los últimos años.
De manera que los hechos estilizados de América Latina pintan hoy una región que reduce su pobreza, aunque todavía se encuentra en niveles suficientemente altos como para que sigan siendo una prioridad en la política pública. Una región que también reduce desigualdad, en buena medida gracias a un gasto social mejor focalizado y con sabor a transferencias condicionadas en efectivo.
Sin embargo, a pesar de dichos avances – que no son para nada despreciables –, tampoco se puede perder de vista que en el camino hemos dejado botados a ciertos grupos sociales. Ellos, por diferentes razones, siguen siendo los rezagados, los invisibles, los que hemos sido incapaces de montar a la bicicleta y pedalear al unísono para salir del fango del atraso, todos juntos.
El primero de ellos es el grupo rural. Producto del acelerado proceso de urbanización y crecimiento de nuestras ciudades grandes e intermedias, las estadísticas nos dicen que dos terceras partes de nuestros pobres se ubican en centros urbanos. Ello quiere decir que, por definición, una tercera parte se ha quedado en el campo, en condiciones estructuralmente distintas.
El riesgo es que el tercio de pobres del campo con facilidad puede volver a quedar fuera de la discusión y prioridades de desarrollo e inversión pública en la región. Están mucho más aislados de los polos productivos y de centros donde se toman las principales decisiones políticas en nuestros países. Pero además, enfrentan un rezago en inversión pública y privada que los pone ya de entrada en una posición de desigualdad en oportunidades respecto al resto. Son actores políticos con menor capacidad de articularse de manera ordenada y hacer escuchar sus demandas por un Estado débil y un mercado roto ó inexistente – por lo menos en los términos en que los definen nuestros libros de texto de introducción a la economía.
El segundo grupo es el de los informales. Una masa de difícil cuantificación, a la que tradicionalmente hemos fracasado en atender economistas, políticos y tecnócratas. La vemos de cuando en cuando, así de refilón, durante las épocas en que el desempleo y la recaudación fiscal aprietan el zapato. Pero solamente desempolvamos argumentos sin mayor capacidad de innovar y proponer una nueva forma de leerlos. La informalidad no es cosa de dar NIT y facturas a chicleros y achimeros. Va mucho más allá de lo que revelan aceras y mercados. Toca la médula de las economías latinas: baja productividad y poquísima capacidad e absorción de su mano de obra.
El tercer grupo es el de los históricamente olvidados. Los que salen a luz de cuando en vez cuando se ponen de moda porque hay un aniversario importante, un premio nobel, un presidente, o un alzamiento armado para el cual constituyen en fuerza de tarea. Los que el sistema de justicia no entiende y el de educación y salud ve con asco. Nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes son ese otro segmento con el cual el resto de la ciudadanía de países como Guatemala, Perú y Bolivia sigue estando profundamente en deuda.
Todos ellos, los rurales, los informales, los indígenas y afrodescendientes son los rezagados de nuestro magro proceso de desarrollo en la región. Es allí en donde debemos volcar una buena parte de nuestra atención. Pero las prioridades regionales parecen ir en otra dirección. Una que opera con un paradigma de actores sociales homogéneos, en donde movilidad y protección social, cobertura y calidad en la inversión pública, aparecen todos como conceptos de aplicación y beneficio universal.
Hay que afinar la criba. La historia ya nos lo ha dicho, en reiteradas ocasiones, que seguirlos viendo con el rabo del ojo ó apostando al milagro de un “melting pot”, no va a ponernos en posición de despegue.
Prensa Libre, 24 de marzo de 2011.
Hace unos días tuve el gusto de sentarme a conversar con un grupo muy interesante de especialistas en temas de desarrollo rural y reducción de pobreza en América Latina. La idea era intercambiar opiniones para tratar de entender por dónde va la agenda en dicha materia, y con ello tratar de extraer señales, tendencias que mandan gobiernos, organismos multilaterales y agencias de cooperación.
Al revisar los números gruesos de pobreza, pobreza extrema y desigualdad de la región durante los últimos 30 años, y casi independientemente del indicador de bienestar que utilicemos, el mensaje es claro: los ochentas nos dejaron con un repunte de pobreza y desigualdad. Esa fue la maldición de la década perdida. Pero a partir de los noventas hemos ido ganando la batalla, aún a pesar de la seguidilla de crisis de los últimos cuatro años.
Como siempre, números agregados esconden realidades diferentes entre las subregiones del continente. Por ejemplo, la reducción en el número absoluto de pobres ha estado liderada por los países del Mercosur, y en mucho menor medida por los centroamericanos. Por otra parte, los países de la región andina más bien han incrementado el número total de pobres en los últimos años.
De manera que los hechos estilizados de América Latina pintan hoy una región que reduce su pobreza, aunque todavía se encuentra en niveles suficientemente altos como para que sigan siendo una prioridad en la política pública. Una región que también reduce desigualdad, en buena medida gracias a un gasto social mejor focalizado y con sabor a transferencias condicionadas en efectivo.
Sin embargo, a pesar de dichos avances – que no son para nada despreciables –, tampoco se puede perder de vista que en el camino hemos dejado botados a ciertos grupos sociales. Ellos, por diferentes razones, siguen siendo los rezagados, los invisibles, los que hemos sido incapaces de montar a la bicicleta y pedalear al unísono para salir del fango del atraso, todos juntos.
El primero de ellos es el grupo rural. Producto del acelerado proceso de urbanización y crecimiento de nuestras ciudades grandes e intermedias, las estadísticas nos dicen que dos terceras partes de nuestros pobres se ubican en centros urbanos. Ello quiere decir que, por definición, una tercera parte se ha quedado en el campo, en condiciones estructuralmente distintas.
El riesgo es que el tercio de pobres del campo con facilidad puede volver a quedar fuera de la discusión y prioridades de desarrollo e inversión pública en la región. Están mucho más aislados de los polos productivos y de centros donde se toman las principales decisiones políticas en nuestros países. Pero además, enfrentan un rezago en inversión pública y privada que los pone ya de entrada en una posición de desigualdad en oportunidades respecto al resto. Son actores políticos con menor capacidad de articularse de manera ordenada y hacer escuchar sus demandas por un Estado débil y un mercado roto ó inexistente – por lo menos en los términos en que los definen nuestros libros de texto de introducción a la economía.
El segundo grupo es el de los informales. Una masa de difícil cuantificación, a la que tradicionalmente hemos fracasado en atender economistas, políticos y tecnócratas. La vemos de cuando en cuando, así de refilón, durante las épocas en que el desempleo y la recaudación fiscal aprietan el zapato. Pero solamente desempolvamos argumentos sin mayor capacidad de innovar y proponer una nueva forma de leerlos. La informalidad no es cosa de dar NIT y facturas a chicleros y achimeros. Va mucho más allá de lo que revelan aceras y mercados. Toca la médula de las economías latinas: baja productividad y poquísima capacidad e absorción de su mano de obra.
El tercer grupo es el de los históricamente olvidados. Los que salen a luz de cuando en vez cuando se ponen de moda porque hay un aniversario importante, un premio nobel, un presidente, o un alzamiento armado para el cual constituyen en fuerza de tarea. Los que el sistema de justicia no entiende y el de educación y salud ve con asco. Nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes son ese otro segmento con el cual el resto de la ciudadanía de países como Guatemala, Perú y Bolivia sigue estando profundamente en deuda.
Todos ellos, los rurales, los informales, los indígenas y afrodescendientes son los rezagados de nuestro magro proceso de desarrollo en la región. Es allí en donde debemos volcar una buena parte de nuestra atención. Pero las prioridades regionales parecen ir en otra dirección. Una que opera con un paradigma de actores sociales homogéneos, en donde movilidad y protección social, cobertura y calidad en la inversión pública, aparecen todos como conceptos de aplicación y beneficio universal.
Hay que afinar la criba. La historia ya nos lo ha dicho, en reiteradas ocasiones, que seguirlos viendo con el rabo del ojo ó apostando al milagro de un “melting pot”, no va a ponernos en posición de despegue.
Prensa Libre, 24 de marzo de 2011.
lunes, 21 de marzo de 2011
La Latinoamérica bicéfala
“Aún cuando Latinoamérica ofrece perspectivas bastante optimistas para su recuperación, al escarbar un poco más en los datos, salta a la vista una región que se mueve a dos tiempos.”
La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar una presentación realizada por los economistas del BID Santiago Levy, Alejandro Izquierdo y Ernesto Talvi, sobre el nuevo orden global y los desafíos de política económica para Centroamérica. La utilidad de observar los patrones de comportamiento de algunas variables macroeconómicas clave en economías industrializadas y emergentes está en que revelan la manera diferenciada en que la gran recesión de 2008-2009 nos afectó a todos.
Con cerca de ocho años de información estadística, la tendencia en consumo e inversión privadas, exportaciones, importaciones, PBI, ingresos fiscales, gastos primarios, y resultado fiscal, dibuja con regular nitidez dos grupos de países. Por un lado aquellos en los que la mayoría de variables tuvieron una contracción importante y los gastos primarios se expandieron a partir de los programas contracíclicos impulsados por los gobiernos – unos más, otros menos, según el espacio fiscal de cada cual –.
Para dicho conjunto de países el resultado fiscal es un déficit que hoy debe atenderse y comenzar a revertirse para dar sostenibilidad a las finanzas públicas y a las condiciones macroeconómicas en general. El paradigma de este modelo de país son los Estados Unidos y México.
Por otro lado, tenemos el grupo de economías para las cuales consumo e inversión privados no reflejan contracciones significativas, ó si las tuvieron inmediatamente hubo un proceso de recuperación que los puso de vuelta en la trayectoria pre crisis. Es decir, en tales países ni consumidores ni inversionistas se dieron mucha cuenta de la hecatombe que desató Lehman Brothers y compañía. Las exportaciones sí sufrieron, pero la posición fiscal no se deterioró de manera dramática. Los referentes de este segundo modelo son China y Brasil.
Lo interesante es que cuando se analiza al conjunto de países de la región, los autores identifican un grupo bautizado como el clúster mexicano. Este grupo se caracteriza por ser importadores netos de commodities, con una alta exposición a lo que suceda con las exportaciones de bienes y servicios en países industrializados así como a las remesas que mandan los migrantes en dichos países. Allí se ubica el istmo centroamericano, República Dominicana, y varios países del Caribe.
En contraposición estaría el clúster brasileño, que son economías caracterizadas por ser exportadores netos de commodities y una baja exposición relativa a las exportaciones de países industrializados. En este conjunto se ubican principalmente los países de América del sur.
La gran diferencia entre uno y otro es que, ahora en tiempos de recuperación económica, las perspectivas para uno y otro grupo son muy distintas, sobretodo en términos de crecimiento económico. Para el clúster brasileño las proyecciones son mucho mayores (casi el doble) de las que se adelantan para el clúster mexicano.
Con estos hechos estilizados, puestos en el contexto de la región centroamericana, y tras observar las nuevas tendencias en crecimiento económico y comercio mundial, los autores adelantan tres o cuatro recomendaciones para la gestión macroeconómica de nuestros países en los próximos meses. Entre otras destacan: trabajar en la consolidación de las cuentas fiscales para asegurar una trayectoria de deuda pública que de credibilidad a la gestión macroeconómica, consolidar acuerdos comerciales con economías emergentes dinámicas, remover distorsiones para incrementar la productividad y facilitar la reconversión productiva ante los desafíos del nuevo orden económico global. Una lista de acciones nada sencilla para nuestros gobiernos.
De manera que aún cuando Latinoamérica ofrece perspectivas bastante optimistas para su recuperación, al escarbar un poco más en los datos, salta a la vista una región que se mueve a dos tiempos. Una mitad que se beneficia del alza en precios de commodities y de su comercio diversificado, y otra que sigue bastante atada al destino de lo que suceda en los Estados Unidos y a una estructura productiva que no le permite tomar mayor ventaja de buenos precios en productos primarios. Tenemos pues una región bicéfala.
Prensa libre, 17 de marzo de 2011.
La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar una presentación realizada por los economistas del BID Santiago Levy, Alejandro Izquierdo y Ernesto Talvi, sobre el nuevo orden global y los desafíos de política económica para Centroamérica. La utilidad de observar los patrones de comportamiento de algunas variables macroeconómicas clave en economías industrializadas y emergentes está en que revelan la manera diferenciada en que la gran recesión de 2008-2009 nos afectó a todos.
Con cerca de ocho años de información estadística, la tendencia en consumo e inversión privadas, exportaciones, importaciones, PBI, ingresos fiscales, gastos primarios, y resultado fiscal, dibuja con regular nitidez dos grupos de países. Por un lado aquellos en los que la mayoría de variables tuvieron una contracción importante y los gastos primarios se expandieron a partir de los programas contracíclicos impulsados por los gobiernos – unos más, otros menos, según el espacio fiscal de cada cual –.
Para dicho conjunto de países el resultado fiscal es un déficit que hoy debe atenderse y comenzar a revertirse para dar sostenibilidad a las finanzas públicas y a las condiciones macroeconómicas en general. El paradigma de este modelo de país son los Estados Unidos y México.
Por otro lado, tenemos el grupo de economías para las cuales consumo e inversión privados no reflejan contracciones significativas, ó si las tuvieron inmediatamente hubo un proceso de recuperación que los puso de vuelta en la trayectoria pre crisis. Es decir, en tales países ni consumidores ni inversionistas se dieron mucha cuenta de la hecatombe que desató Lehman Brothers y compañía. Las exportaciones sí sufrieron, pero la posición fiscal no se deterioró de manera dramática. Los referentes de este segundo modelo son China y Brasil.
Lo interesante es que cuando se analiza al conjunto de países de la región, los autores identifican un grupo bautizado como el clúster mexicano. Este grupo se caracteriza por ser importadores netos de commodities, con una alta exposición a lo que suceda con las exportaciones de bienes y servicios en países industrializados así como a las remesas que mandan los migrantes en dichos países. Allí se ubica el istmo centroamericano, República Dominicana, y varios países del Caribe.
En contraposición estaría el clúster brasileño, que son economías caracterizadas por ser exportadores netos de commodities y una baja exposición relativa a las exportaciones de países industrializados. En este conjunto se ubican principalmente los países de América del sur.
La gran diferencia entre uno y otro es que, ahora en tiempos de recuperación económica, las perspectivas para uno y otro grupo son muy distintas, sobretodo en términos de crecimiento económico. Para el clúster brasileño las proyecciones son mucho mayores (casi el doble) de las que se adelantan para el clúster mexicano.
Con estos hechos estilizados, puestos en el contexto de la región centroamericana, y tras observar las nuevas tendencias en crecimiento económico y comercio mundial, los autores adelantan tres o cuatro recomendaciones para la gestión macroeconómica de nuestros países en los próximos meses. Entre otras destacan: trabajar en la consolidación de las cuentas fiscales para asegurar una trayectoria de deuda pública que de credibilidad a la gestión macroeconómica, consolidar acuerdos comerciales con economías emergentes dinámicas, remover distorsiones para incrementar la productividad y facilitar la reconversión productiva ante los desafíos del nuevo orden económico global. Una lista de acciones nada sencilla para nuestros gobiernos.
De manera que aún cuando Latinoamérica ofrece perspectivas bastante optimistas para su recuperación, al escarbar un poco más en los datos, salta a la vista una región que se mueve a dos tiempos. Una mitad que se beneficia del alza en precios de commodities y de su comercio diversificado, y otra que sigue bastante atada al destino de lo que suceda en los Estados Unidos y a una estructura productiva que no le permite tomar mayor ventaja de buenos precios en productos primarios. Tenemos pues una región bicéfala.
Prensa libre, 17 de marzo de 2011.
Comida cara, bienestar en riesgo
“Una de las lecciones que hemos aprendido a sangre y fuego los latinoamericanos en las últimas décadas, es a no trastocar el sistema de precios en una economía.”
Cuando creíamos que por fin estaban superadas algunas de las crisis que nos han golpeado durante los últimos años, nuevamente aparece el fantasma de otra de ellas. Esa que quizás a algunos les pega más duro porque significa la capacidad o incapacidad de poner el sustento necesario sobre la mesa en cada tiempo de comida. Así es, los precios de los alimentos se vuelven a salir de control y entran en una espiral ascendente que ya ha llegado a los niveles más altos desde el pico del 2008.
Algunos incluso especulan que la crisis económica internacional que devino tras la quiebra de Lehman Brothers no fue sino una válvula de escape temporal a la subida de los precios en los alimentos. En otras palabras, de repente hasta estaríamos peor si el mundo no hubiera tenido aquella gran recesión. Hoy se habla de un cambio estructural en el nivel de precios de alimentos – es decir, una subida que será más bien de carácter permanente –, así como de la “primarización” de aquellas economías que se ven favorecidas por tal aumento.
Lo que sí nos dicen los números hoy es que tenemos más o menos 44 millones más de pobres desde junio del 2010 a la fecha. Por supuesto que no todo ha sido desastre. Se piensa que algunos hogares que antes estaban en pobreza han logrado salir de ella porque ahora pueden vender más caro su maíz, trigo, soja, y arroz, y con ello han aumentado sus ingresos lo suficiente como para mejorar traspasar la línea de pobreza. Esos son los que se clasifican como productores netos de alimentos.
Sin embargo, también están aquellos hogares, igualmente pobres, pero que lamentablemente no cuentan con capacidad de producir, sino que al contrario, todo o casi todo cuánto consumen tienen que comprarlo a precios de mercado. Como es de esperar, para este grupo una subida de precios implica un nuevo hoyo en el cincho. Esos son los consumidores netos de alimentos.
A este último grupo no le quedan muchas opciones. Tiene que bajar sus niveles de consumo (que dicho sea de paso ya es bastante precario), ó tiene que bajar la calidad de lo poco que ya consume, ó bien sacrifica lo poco que invierte en educación y salud para cubrir otros rubros más urgentes como darle de comer a los patojos. No hay más alternativas para mitigar la crisis.
Es en momentos como este cuando las redes de protección social, como las transferencias condicionadas en efectivo o cualquier otro programa que atienda a los segmentos más pobres, viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque si los hogares no pueden generar más ingresos propios, o incluso ven mermados los que ya generan, entonces es posible usar estos programas para aumentar de manera temporal las transferencias, y con ello amortiguar de manera temporal la caída de bienestar de aquellos grupos de población que más lo necesitan. Eso fue lo que hizo Brasil al aumentar la transferencia que ya reciben los beneficiarios de Bolsa Familia, para paliar así de forma temporal la subida en precios de alimentos.
Por supuesto que esa es solamente la respuesta de corto plazo. También es necesario iniciar en paralelo una serie de acciones que tiendan a mejorar la capacidad de generación de ingresos de los hogares. En tal sentido, los expertos recomiendan otro menú de medidas de política tales como aumentar la inversión en tecnología para mejorar la productividad del agro, el desarrollo de líneas de crédito contingentes, mejorar el acceso a mercados a pequeños productores a través de infraestructura e información para la toma de decisiones, entre otras.
De igual forma, se recomienda no intentar subsidios a los precios de los alimentos ni tampoco intentar distorsionar el comercio internacional a través de restricciones a las exportaciones de determinados productos. Una de las lecciones que hemos aprendido a sangre y fuego los latinoamericanos en las últimas décadas, es a no trastocar el sistema de precios en una economía. Al contrario, la piedra fundamental para lograr alinear incentivos entre los diferentes agentes económicos es la información que entregan los precios.
En este caso, por doloroso que parezca en el corto plazo, hay que dejar que los precios pasen desde los mercados internacionales hasta los productores, para que así se ajusten expectativas y planes de producción a futuro. En lo que sí deben ser muy firmes y vigilantes las autoridades de gobierno es en prevenir abusos por la vía de la especulación. No se vale que productores y comerciantes faltos de ética se salten las trancas y asusten a la población con el petate del muerto.
Además, es fundamental en coyunturas como la actual, que las autoridades desarrollen buenas estrategias de comunicación a la población. Cuando se habla con la verdad, por dolorosa que parezca, la sociedad lo valora, entiende y apoya. Son pues, momentos difíciles, pero todos podemos aportar nuestro grano de arena.
Prensa Libre, 10 de marzo de 2011.
Cuando creíamos que por fin estaban superadas algunas de las crisis que nos han golpeado durante los últimos años, nuevamente aparece el fantasma de otra de ellas. Esa que quizás a algunos les pega más duro porque significa la capacidad o incapacidad de poner el sustento necesario sobre la mesa en cada tiempo de comida. Así es, los precios de los alimentos se vuelven a salir de control y entran en una espiral ascendente que ya ha llegado a los niveles más altos desde el pico del 2008.
Algunos incluso especulan que la crisis económica internacional que devino tras la quiebra de Lehman Brothers no fue sino una válvula de escape temporal a la subida de los precios en los alimentos. En otras palabras, de repente hasta estaríamos peor si el mundo no hubiera tenido aquella gran recesión. Hoy se habla de un cambio estructural en el nivel de precios de alimentos – es decir, una subida que será más bien de carácter permanente –, así como de la “primarización” de aquellas economías que se ven favorecidas por tal aumento.
Lo que sí nos dicen los números hoy es que tenemos más o menos 44 millones más de pobres desde junio del 2010 a la fecha. Por supuesto que no todo ha sido desastre. Se piensa que algunos hogares que antes estaban en pobreza han logrado salir de ella porque ahora pueden vender más caro su maíz, trigo, soja, y arroz, y con ello han aumentado sus ingresos lo suficiente como para mejorar traspasar la línea de pobreza. Esos son los que se clasifican como productores netos de alimentos.
Sin embargo, también están aquellos hogares, igualmente pobres, pero que lamentablemente no cuentan con capacidad de producir, sino que al contrario, todo o casi todo cuánto consumen tienen que comprarlo a precios de mercado. Como es de esperar, para este grupo una subida de precios implica un nuevo hoyo en el cincho. Esos son los consumidores netos de alimentos.
A este último grupo no le quedan muchas opciones. Tiene que bajar sus niveles de consumo (que dicho sea de paso ya es bastante precario), ó tiene que bajar la calidad de lo poco que ya consume, ó bien sacrifica lo poco que invierte en educación y salud para cubrir otros rubros más urgentes como darle de comer a los patojos. No hay más alternativas para mitigar la crisis.
Es en momentos como este cuando las redes de protección social, como las transferencias condicionadas en efectivo o cualquier otro programa que atienda a los segmentos más pobres, viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque si los hogares no pueden generar más ingresos propios, o incluso ven mermados los que ya generan, entonces es posible usar estos programas para aumentar de manera temporal las transferencias, y con ello amortiguar de manera temporal la caída de bienestar de aquellos grupos de población que más lo necesitan. Eso fue lo que hizo Brasil al aumentar la transferencia que ya reciben los beneficiarios de Bolsa Familia, para paliar así de forma temporal la subida en precios de alimentos.
Por supuesto que esa es solamente la respuesta de corto plazo. También es necesario iniciar en paralelo una serie de acciones que tiendan a mejorar la capacidad de generación de ingresos de los hogares. En tal sentido, los expertos recomiendan otro menú de medidas de política tales como aumentar la inversión en tecnología para mejorar la productividad del agro, el desarrollo de líneas de crédito contingentes, mejorar el acceso a mercados a pequeños productores a través de infraestructura e información para la toma de decisiones, entre otras.
De igual forma, se recomienda no intentar subsidios a los precios de los alimentos ni tampoco intentar distorsionar el comercio internacional a través de restricciones a las exportaciones de determinados productos. Una de las lecciones que hemos aprendido a sangre y fuego los latinoamericanos en las últimas décadas, es a no trastocar el sistema de precios en una economía. Al contrario, la piedra fundamental para lograr alinear incentivos entre los diferentes agentes económicos es la información que entregan los precios.
En este caso, por doloroso que parezca en el corto plazo, hay que dejar que los precios pasen desde los mercados internacionales hasta los productores, para que así se ajusten expectativas y planes de producción a futuro. En lo que sí deben ser muy firmes y vigilantes las autoridades de gobierno es en prevenir abusos por la vía de la especulación. No se vale que productores y comerciantes faltos de ética se salten las trancas y asusten a la población con el petate del muerto.
Además, es fundamental en coyunturas como la actual, que las autoridades desarrollen buenas estrategias de comunicación a la población. Cuando se habla con la verdad, por dolorosa que parezca, la sociedad lo valora, entiende y apoya. Son pues, momentos difíciles, pero todos podemos aportar nuestro grano de arena.
Prensa Libre, 10 de marzo de 2011.
Clientelismo y manipulación
“La gente recibe la lámina, la gorra, el fertilizante ó la remesa. Va al mitin, aplaude, se pone la camiseta y grita. Pero al final del día – y cada vez lo hace menos – ya no transa tan fácilmente su voluntad soberana por cascarones de carnaval.”
Hace unos días leí una columna de opinión de mi amigo y colega economista, Hugo Maúl, titulada “clientelismo y manipulación”. En ella reflexiona y hace sonar algunas alarmas con relación a estrategias clientelistas de gobiernos para tratar de buscar (sic) “el apoyo electoral para tratar de concentrar el poder y eliminar los límites al uso del mismo.”
La provocación de Hugo me parece interesante porque en el fondo interpela el uso del clientelismo como instrumento para impulsar modelos afines al socialismo del siglo XXI. Supongo que es una alusión a un grupo de países latinoamericanos que se han cobijado bajo ese término tan etéreo y confuso, y que de alguna manera han seguido un cierto patrón para irse quedando en el ejercicio del poder. Al final su columna lanza la pregunta: ¿seremos nosotros la excepción?
Como la pregunta fue lanzada a todos, voy a aventurar unas ideas al respecto. Comienzo diciendo que desde mi perspectiva Guatemala no va en esa dirección. Es decir, parafraseando a mi colega, creo que sí somos y podemos seguir siendo la excepción. ¿Por qué creo esto?
Primero, porque la estructura y dinámica de nuestro sistema político es incapaz de engendrar caudillismos del calibre de los que reclama esa nuevo experimento de socialismo. Aunque ciertamente la psiquis política del guatemalteco es más proclive a la personalización que a modelos institucionales para encauzar sus demandas, también es verdad que los caudillismos contemporáneos en este país ya no van demasiado lejos. Poco a poco están mutando hacia ejercicios artificiales, construcciones mediáticas, producto de la ausencia de un sistema de participación política más sólido y estable, sobre el cual se pueda conformar una propuesta programática más allá de lo meramente electorero.
Segundo, si bien es cierto que el clientelismo es una práctica vieja en política, también vemos en Guatemala a un elector que da muestras de mayor madurez. En cada evento electoral va aprendiendo a utilizar mejor el sistema, ese mismo que aún no le resuelve sus necesidades de fondo. Es decir, la gente recibe la lámina, la gorra, el fertilizante ó la remesa. Va al mitin, aplaude, se pone la camiseta y grita. Pero al final del día – y cada vez lo hace menos – ya no transa tan fácilmente su voluntad soberana por cascarones de carnaval. El proceso de discriminación de opciones electoreras es cada vez más complejo, y hoy va más allá de la grotesca dádiva manipuladora.
Tercero, Guatemala difícilmente caerá en ese socialismo del siglo XXI porque no tiene los interlocutores ni operadores locales para poder implementarlo. Somos una sociedad conservadora aún, con una clase política que históricamente ha sido incapaz de articular una propuesta progresista viable y coherente, con posibilidad real de tomar el poder, no digamos una opción más radical. Con esfuerzo hemos tenido efímeros alumbrones en algunos espacios muy puntuales de la acción pública.
Finalmente, debo decir que en la reflexión que hace Hugo sí me parece importante el llamado a no prostituir ni contaminar más de lo necesario la batería de instrumentos de política para atender a grupos vulnerables ó rezagados. De igual forma es fundamental estar vigilantes de no trastocar ciertos fundamentos básicos del funcionamiento de nuestra democracia. Cualquiera de ambas cosas sería un gran retroceso para la transformación institucional y fortalecimiento del Estado guatemalteco.
Lo que necesitamos es airear y profundizar aún más el debate. Trascender la opción política que se haga del poder en cada ciclo. Llevar discusión verdadera a distintos foros, y procurar que sea amplia y lo más plural posible, en vez de seguir dándonos misa entre curas. Claudicar en esta responsabilidad ciudadana sería como tirar el agua sucia con el niño adentro.
Prensa Libre, 3 de marzo de 2011.
Hace unos días leí una columna de opinión de mi amigo y colega economista, Hugo Maúl, titulada “clientelismo y manipulación”. En ella reflexiona y hace sonar algunas alarmas con relación a estrategias clientelistas de gobiernos para tratar de buscar (sic) “el apoyo electoral para tratar de concentrar el poder y eliminar los límites al uso del mismo.”
La provocación de Hugo me parece interesante porque en el fondo interpela el uso del clientelismo como instrumento para impulsar modelos afines al socialismo del siglo XXI. Supongo que es una alusión a un grupo de países latinoamericanos que se han cobijado bajo ese término tan etéreo y confuso, y que de alguna manera han seguido un cierto patrón para irse quedando en el ejercicio del poder. Al final su columna lanza la pregunta: ¿seremos nosotros la excepción?
Como la pregunta fue lanzada a todos, voy a aventurar unas ideas al respecto. Comienzo diciendo que desde mi perspectiva Guatemala no va en esa dirección. Es decir, parafraseando a mi colega, creo que sí somos y podemos seguir siendo la excepción. ¿Por qué creo esto?
Primero, porque la estructura y dinámica de nuestro sistema político es incapaz de engendrar caudillismos del calibre de los que reclama esa nuevo experimento de socialismo. Aunque ciertamente la psiquis política del guatemalteco es más proclive a la personalización que a modelos institucionales para encauzar sus demandas, también es verdad que los caudillismos contemporáneos en este país ya no van demasiado lejos. Poco a poco están mutando hacia ejercicios artificiales, construcciones mediáticas, producto de la ausencia de un sistema de participación política más sólido y estable, sobre el cual se pueda conformar una propuesta programática más allá de lo meramente electorero.
Segundo, si bien es cierto que el clientelismo es una práctica vieja en política, también vemos en Guatemala a un elector que da muestras de mayor madurez. En cada evento electoral va aprendiendo a utilizar mejor el sistema, ese mismo que aún no le resuelve sus necesidades de fondo. Es decir, la gente recibe la lámina, la gorra, el fertilizante ó la remesa. Va al mitin, aplaude, se pone la camiseta y grita. Pero al final del día – y cada vez lo hace menos – ya no transa tan fácilmente su voluntad soberana por cascarones de carnaval. El proceso de discriminación de opciones electoreras es cada vez más complejo, y hoy va más allá de la grotesca dádiva manipuladora.
Tercero, Guatemala difícilmente caerá en ese socialismo del siglo XXI porque no tiene los interlocutores ni operadores locales para poder implementarlo. Somos una sociedad conservadora aún, con una clase política que históricamente ha sido incapaz de articular una propuesta progresista viable y coherente, con posibilidad real de tomar el poder, no digamos una opción más radical. Con esfuerzo hemos tenido efímeros alumbrones en algunos espacios muy puntuales de la acción pública.
Finalmente, debo decir que en la reflexión que hace Hugo sí me parece importante el llamado a no prostituir ni contaminar más de lo necesario la batería de instrumentos de política para atender a grupos vulnerables ó rezagados. De igual forma es fundamental estar vigilantes de no trastocar ciertos fundamentos básicos del funcionamiento de nuestra democracia. Cualquiera de ambas cosas sería un gran retroceso para la transformación institucional y fortalecimiento del Estado guatemalteco.
Lo que necesitamos es airear y profundizar aún más el debate. Trascender la opción política que se haga del poder en cada ciclo. Llevar discusión verdadera a distintos foros, y procurar que sea amplia y lo más plural posible, en vez de seguir dándonos misa entre curas. Claudicar en esta responsabilidad ciudadana sería como tirar el agua sucia con el niño adentro.
Prensa Libre, 3 de marzo de 2011.
Cohesión Social 2.0
“La política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.”
En los últimos dos días han salido dos noticias dignas de comentarse por su valor ilustrativo, tanto del pensamiento de nuestra clase política como de la psiquis del ciudadano de a pie. La primera fue una nota de Prensa Libre del pasado viernes 18 de febrero, cuyo titular fue “PP planea usar a cadetes en Academia de la policía”. A propósito de las filtraciones de Wikileaks nos enteramos de una de las acciones que planea impulsar el partido Patriota en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, la segunda parte de la nota también nos daba otra noticia, quizás más importante, al comentar que Pérez Molina (sic) “mantendrá los programas de asistencia incluidos en Cohesión Social, pero con elementos adicionales de transparencia y rendición de cuentas”.
La segunda apareció el martes recién pasado en elPeriódico, bajo el título “Programas de Cohesión Social, bien calificados; seguridad y carreteras, mal vistos”. En ella se resumen los principales resultados de una encuesta encargada por dicho medio de comunicación a la firma Borge y Asociados. Resulta que el 68% de los consultados califica bien el programa Mi Familia Progresa, un 75% piensa igual de los comedores solidarios, y un 69% se expresa en favor de las bolsas solidarias (bolsas de alimentos). Por su parte, los programas de salud son bien vistos por un 48.5% de la población y los de educación por un 66%.
Ambas noticias son muy sugerentes por varias razones. En primer lugar, porque vemos al principal candidato de oposición reconocer los méritos del esfuerzo más visible y consistente que ha tenido la administración Colom: la batería de programas para protección social.
No es descabellado entonces suponer que difícilmente alguno de los aspirantes a la presidencia tendrá la intención de desmontar esta proto-red de protección a grupos vulnerables. Ciertamente no lo va a hacer el partido oficial pues es la madre de la criatura, y por lo visto tampoco lo harán sus principales contendientes políticos.
En segundo lugar, queda claro que la estrategia política que siguió el actual gobierno para la implementación de dichos programas dio resultado. En una frenética carrera contra reloj le apostaron a la cobertura, como factor que haría irreversibles dichas intervenciones – o cuando menos una buena parte de ellas –. Hoy son casi un “entitlement” en poblaciones tradicionalmente sub-atendidas por el Estado, algo que la clase política y la oferta electoral no podrán obviar.
En ese sentido, recuerdo muy bien la desazón que tuvimos muchos en el 2008 cuando las autoridades entrantes optaron por desmantelar el programa Creciendo Bien, también impulsado por la primera dama de aquel entonces. La lección que podemos sacar de una y otra experiencia es que la política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.
En tercer lugar, vemos a una ciudadanía que sabe reconocer la importancia de programas y proyectos gubernamentales para atender a las poblaciones más vulnerables. Cosa no menor en una sociedad poco acostumbrada a atender desde lo público sus problemas más acuciantes, y en donde el imaginario estatal está siempre en entredicho. Es decir, el ciudadano no solamente sabe valorar sus necesidades individuales, sino que también es capaz de ver, de palpar, y de opinar sobre el potencial de un Estado que dio un par de pasos tímidos hacia la progresividad, la inclusión y la equidad.
Si este esfuerzo se logra mantener en el tiempo, es posible que hayamos ya sentado las bases para la reconstrucción de un sistema de protección social. Uno que vaya más acorde con el perfil de las condiciones de vida de la mayoría de nuestra población.
Por supuesto que estas dos señales que nos dan la clase política y la opinión popular no eximen en modo alguno la necesidad de seguir perfeccionando el diseño y la ejecución de la política social en Guatemala. Simplemente están mandando un mensaje de reconocimiento hacia intervenciones que van en la dirección correcta.
PS. Aprovecho dos líneas más para congratularme por el nacimiento del periódico digital Plaza Pública. Uno de los grandes logros de nuestra democracia es ir consolidando espacios de expresión plural del pensamiento. Conquista nada fácil, pues bien sabemos que hemos tenido nuestro par de arranques de creatividad despótica y autoritaria en los últimos 25 años de vida democrática. ¡Adelante amigos de Plaza Pública!
Prensa Libre, 24 de febrero de 2011.
En los últimos dos días han salido dos noticias dignas de comentarse por su valor ilustrativo, tanto del pensamiento de nuestra clase política como de la psiquis del ciudadano de a pie. La primera fue una nota de Prensa Libre del pasado viernes 18 de febrero, cuyo titular fue “PP planea usar a cadetes en Academia de la policía”. A propósito de las filtraciones de Wikileaks nos enteramos de una de las acciones que planea impulsar el partido Patriota en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, la segunda parte de la nota también nos daba otra noticia, quizás más importante, al comentar que Pérez Molina (sic) “mantendrá los programas de asistencia incluidos en Cohesión Social, pero con elementos adicionales de transparencia y rendición de cuentas”.
La segunda apareció el martes recién pasado en elPeriódico, bajo el título “Programas de Cohesión Social, bien calificados; seguridad y carreteras, mal vistos”. En ella se resumen los principales resultados de una encuesta encargada por dicho medio de comunicación a la firma Borge y Asociados. Resulta que el 68% de los consultados califica bien el programa Mi Familia Progresa, un 75% piensa igual de los comedores solidarios, y un 69% se expresa en favor de las bolsas solidarias (bolsas de alimentos). Por su parte, los programas de salud son bien vistos por un 48.5% de la población y los de educación por un 66%.
Ambas noticias son muy sugerentes por varias razones. En primer lugar, porque vemos al principal candidato de oposición reconocer los méritos del esfuerzo más visible y consistente que ha tenido la administración Colom: la batería de programas para protección social.
No es descabellado entonces suponer que difícilmente alguno de los aspirantes a la presidencia tendrá la intención de desmontar esta proto-red de protección a grupos vulnerables. Ciertamente no lo va a hacer el partido oficial pues es la madre de la criatura, y por lo visto tampoco lo harán sus principales contendientes políticos.
En segundo lugar, queda claro que la estrategia política que siguió el actual gobierno para la implementación de dichos programas dio resultado. En una frenética carrera contra reloj le apostaron a la cobertura, como factor que haría irreversibles dichas intervenciones – o cuando menos una buena parte de ellas –. Hoy son casi un “entitlement” en poblaciones tradicionalmente sub-atendidas por el Estado, algo que la clase política y la oferta electoral no podrán obviar.
En ese sentido, recuerdo muy bien la desazón que tuvimos muchos en el 2008 cuando las autoridades entrantes optaron por desmantelar el programa Creciendo Bien, también impulsado por la primera dama de aquel entonces. La lección que podemos sacar de una y otra experiencia es que la política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.
En tercer lugar, vemos a una ciudadanía que sabe reconocer la importancia de programas y proyectos gubernamentales para atender a las poblaciones más vulnerables. Cosa no menor en una sociedad poco acostumbrada a atender desde lo público sus problemas más acuciantes, y en donde el imaginario estatal está siempre en entredicho. Es decir, el ciudadano no solamente sabe valorar sus necesidades individuales, sino que también es capaz de ver, de palpar, y de opinar sobre el potencial de un Estado que dio un par de pasos tímidos hacia la progresividad, la inclusión y la equidad.
Si este esfuerzo se logra mantener en el tiempo, es posible que hayamos ya sentado las bases para la reconstrucción de un sistema de protección social. Uno que vaya más acorde con el perfil de las condiciones de vida de la mayoría de nuestra población.
Por supuesto que estas dos señales que nos dan la clase política y la opinión popular no eximen en modo alguno la necesidad de seguir perfeccionando el diseño y la ejecución de la política social en Guatemala. Simplemente están mandando un mensaje de reconocimiento hacia intervenciones que van en la dirección correcta.
PS. Aprovecho dos líneas más para congratularme por el nacimiento del periódico digital Plaza Pública. Uno de los grandes logros de nuestra democracia es ir consolidando espacios de expresión plural del pensamiento. Conquista nada fácil, pues bien sabemos que hemos tenido nuestro par de arranques de creatividad despótica y autoritaria en los últimos 25 años de vida democrática. ¡Adelante amigos de Plaza Pública!
Prensa Libre, 24 de febrero de 2011.
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