“Es
evidente que el canal de transmisión que va desde la estabilidad macroeconómica
al bienestar de hogares e individuos está completamente bloqueado.”
Termina
la primera semana del año. La normalidad
regresa poco a poco. Normalidad hasta
que llegue el siguiente sobresalto, que en este caso sucederá en una semana
más.
El
gobierno de transición de Maldonado hará entrega al de Jimmy Morales. Estos días seguramente correrá bastante tinta
y chisme para especular, más por el morbo de saber quién llega a qué puesto que
por la necesidad de discutir a fondo las prioridades de la administración que
está por comenzar. A nosotros, los del
graderío nos corresponde tratar de ir un poquito en contravía. Porque a cierta distancia, aunque
desconozcamos detalles y minucias, se puede esbozar el bosque. O cuando menos un bosque. Eso es bueno para tener punto de
contraste.
Al
siguiente equipo de compatriotas a quienes tocará sentarse por unos meses en
despachos ministeriales les quedará decidir entre intentar hacer de todo y
frustrarse por lo abrumador de la tarea, o elegir dos o tres cosas y tratar de
hacerlas lo mejor posible. Personalmente
prefiero esto último, pocas cosas pero bien hechas. Eso sí, siempre que se tomen el tiempo
suficiente para elegir estratégicamente sus batallas, y que sean transparentes
con la población para contarnos hacia donde enfilarán sus cañones. Así de simple, estrategia para elegir y
transparencia para comunicar.
A
partir de la coyuntura actual y de las necesidades más apremiantes de la
población, parece que hay dos objetivos estratégicos que harían mucho sentido
en el 2016: lucha frontal contra la pobreza y promoción del dinamismo económico
a nivel territorial.
Aunque
no hace falta justificar mucho su racionalidad, digamos que en el caso de
pobreza las últimas cifras revelada por el INE han hecho sonar suficientemente
las alarmas. Es evidente que el canal de
transmisión que va desde la estabilidad macroeconómica al bienestar de hogares
e individuos está completamente bloqueado.
Y en el
caso del dinamismo a nivel territorial también se puede decir otro tanto. Por una parte, los beneficios de años de
bonanza por la que atravesó la región no dieron mucha tracción a la economía
nacional. La llamada “década de América
Latina” pasó prácticamente desapercibida para los guatemaltecos. Y por la otra, esos amplios niveles de desigualdad
entre territorios son un llamado urgente a una política de inversión pública
que persiga una –¡y solo una!– cosa: cerrar brechas, de infraestructura, de
calidad educativa, de acceso a la salud, de impartición de justicia.
Pero en
términos concretos, ¿en qué se deben traducir estos dos objetivos estratégicos
para la administración Morales?
En cuanto
al combate a la pobreza, en la articulación de una agresivísima política
social, la cual necesariamente descansa en una institucionalidad con suficiente
músculo financiero, humano, y el mayor respaldo político del presidente. El ministerio de desarrollo social debe
constituirse en punta de lanza para este esfuerzo, emulando esfuerzos similares
que se han observado en países como Brasil, Perú, Chile y México.
En relación
a la promoción del desarrollo territorial, la puerta natural de entrada está en
el sistema de consejos de desarrollo (a nivel territorial) y en un relanzamiento
del sistema nacional de inversión pública (a nivel central), de manera tal que
los recursos que se destinan a municipios sean efectivamente invertidos en obra
que cumpla con dos criterios: transparencia en la identificación de proyectos
de inversión, y búsqueda de la mayor rentabilidad social posible. Aquí el papel del Ministerio de Finanzas
Públicas y la SEGEPLAN son críticos.
Si al
final de sus cuatro años la administración Morales nos hereda dos cosas
solamente: un país con al menos 20% menos de pobreza y un sistema de inversión
pública blindado de caciques locales, podremos decir que habrá hecho una
contribución sustantiva que la población sabrá reconocerle.
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