El laberinto

“Los logros sociales y el empoderamiento de una nueva clase media son dos condiciones que posiblemente obliguen a un ajuste quizás más lento, pero a la larga más sostenible e incluyente.”

El último informe macroeconómico del BID se titula “El laberinto. ¿Cómo América Latina y el Caribe puede navegar la economía global?”.  Una buena alerta, sin ser alarmista, sobre las disyuntivas de política económica que los países de la región enfrentan en los tiempos y condiciones actuales: con precios de materias primas a la baja, un repunte de Europa que no llega nunca, una recuperación de la economía estadounidense que solo recién comienza a dar señales alentadoras y unas perspectivas de crecimiento regional muy por debajo de lo experimentado durante los últimos años. 

En ese marco general me pareció muy acertado el esfuerzo analítico del banco en dos sentidos.  Primero, porque es un texto balanceado, que mezcla tendencias regionales, subregionales y detalles individualizados de cada economía. Así, la discusión y recomendaciones reconocen la realidad diversa de nuestros países.  Por consiguiente, la utilidad del texto aumenta.     

Que Latinoamérica va hacia un ajuste y consolidación fiscal parece inevitable.  Pero que dicho ajuste tomará formas muy diversas también lo es.  Afortunadamente los decálogos ya no nos aplican pues hay condiciones suficientes en cada país para pensar y dialogar de manera creativa la gestión de nuestras economías. 

Así por ejemplo, el reporte habla con mucha nitidez a países como Guatemala, que con bajas cargas fiscales y bajos niveles de gasto público dicha consolidación sería difícil de imaginar por la vía de reducir gastos solamente.  Ello automáticamente nos coloca en una discusión que evalúe otras opciones como buscar mayor eficiencia, transparencia y progresividad en el uso de recursos públicos, temas todos que evidentemente hemos descuidado durante los últimos años.   

La otra dimensión que me parece destacable tiene que ver con esta visión más o menos consensuada de que el tipo de ajuste que se de en la región será cualitativamente distinto a la raja-tabla de otros tiempos, que comenzaba siempre a cortar por el eslabón más débil: el social.  ¿Qué ha cambiado? Seguramente el aumento en gasto social durante los últimos veinte años ha generado suficiente inercia, que aunado a un crecimiento importante en la clase media de muchos países han creado hoy un ambiente político distinto, que obliga a ser más dialogantes en épocas de vacas flacas.  La sociedad latinoamericana ha tomado mucha conciencia y valoriza los logros sociales alcanzados, y difícilmente estaría dispuestas a ponerlos en juego por la sola necesidad de cuadrar las cuentas fiscales. 

Paulatina y sanamente nos estamos moviendo hacia la búsqueda de opciones menos bruscas y con más visión de largo plazo.  Los logros sociales y el empoderamiento de una nueva clase media son dos condiciones que posiblemente obliguen a un ajuste quizás más lento, pero a la larga más sostenible e incluyente.        

Un documento por demás pertinente en tiempo de elecciones, cuando comienzan a recalentar los viejos motores simplistas y monotemáticos de política económica.  Ojalá y la evidencia que aportan reportes de este tipo sea aprovechada para obligar a los liderazgos políticos a tener un debate mucho más consciente y ajustado al momento actual del país.  Como en otros países de la región, Guatemala también debe apuntalarse en las voces de su clase media para forzar un diálogo y gestión macroeconómica responsables y con mucha más visión de futuro.  Esa es la naturaleza de nuestro laberinto. 

¡Maldita corrupción!

“(…) que roben pero que por lo menos hagan obra. ¿Obra? Sí, obra.  Que quiere decir asfalto, tubo, cemento y block.”

La diversidad de antecedentes determina la disparidad de expectativas. Por eso la corrupción tiene una proyección distinta sobre la política en cada país.  Así tal cual lo puso Carlos Pagni en su columna “El ABC de la corrupción”, haciendo una reflexión sobre los tres casos de las mujeres presidentas latinoamericanas que están enfrentando de manera simultánea escándalos por corrupción. 

Por supuesto, con el agravante que da haberse hecho del poder político con banderas de izquierda, con lo cual la pena y castigo es doble.  Porque así es muchas veces la moral: doble.  Como si los negocios bajo la mesa fueran exclusivos de tirios y no de troyanos.  No debemos olvidar que la corrupción, como el tango, se baila de a dos.  Y no con esto se disculpa la falta, solamente señalo el cacareo diferenciado.       

En todo caso, lo que no puede dejar de llamarnos la atención es ese enorme distractor en que se convierte la corrupción.  Desviando energías y recursos de aquello otro que en principio es mucho más sustantivo y edificante para la sociedad: el juego y competencia de ideas y propuestas alternativas para atender necesidades sociales.  De eso va la democracia y a eso aspira el desarrollo. 

En países más atrasados en términos de institucionalidad, organizaciones políticas y propuestas conceptuales la cosa es todavía peor, pues la corrupción se convierte en un freno doble.  Además del daño que ocasiona per se, impide el florecimiento de una saludable diversidad política.  La sociedad deja de interesarse por la coherencia de los planteamientos programáticos de sus elites dirigentes y comienza a pedir lo básico: un mínimo de decencia.   

En lugar de estar enfocados en temas sustantivos al desarrollo social, los escándalos que nos regalan a diario las clases dirigentes hacen que las demandas se vuelvan muy primarias: que roben pero que por lo menos hagan obra. ¿Obra? Sí, obra.  Que quiere decir asfalto, tubo, cemento y block.  

Y así es como la corrupción frena el progreso presente y futuro.  En países como Guatemala se nos pasan los años con una democracia que se quedó enana, un Estado anoréxico que no encontró la forma de dejar de serlo, partidos políticos que fueron vaciados de contenido, y una sociedad civil con déficit de atención, limitaciones discursivas e incapaz de resonar sus pocos mensajes para motorizar cambios. Todo, o una muy buena parte, a causa de esta maldita corrupción que nos carcome.    

El clamor por lo esencial, por intentar detener –o cuando menos denunciar– el descaro, paraliza todo lo demás: estrategias de desarrollo, claridad y consistencia en la política económica, consolidación de un modelo de protección social, cualificación y meritocracia en nuestra burocracia, reformas a la Constitución, por decir algo. 

Por supuesto, aunque en este río revuelto perdemos todos, como en la rebelión en la granja de Orwell, unos pierden más que otros porque unos son más iguales que otros.  Porque en Guatemala la espera es un lujo que ya solo se pueden dar unos pocos.  Los mismos pocos de siempre.  Esos a los que el impacto de un fallo de mercado o una ineficiencia gubernamental les representa poco más que una molestia o costo marginal que siempre pueden trasladar.  Mientras que para el resto mayoritario, este descalabro que estamos viviendo supone limitar seriamente las perspectivas de una vida plena. 

Esto es lo que volverá a estar en juego en cinco meses.  Y me temo que no con mucha perspectiva de cambio.  Al menos no dentro de las reglas actuales del juego y de sus actuales jugadores.  Se agotó el sistema, compatriotas.  Démonos cuenta que la pita ya no da para más. ¿Y ahora? 

Le deseo un feliz descanso de Semana Santa.         

El cartón de licenciado

“(…) siendo Guatemala un país de jóvenes, la formación y gestión de nuestros talentos debiera ser prioridad nacional.”

Todos los años por estas fechas las universidades americanas despachan cartas de admisión y-o rechazo a los graduandos de secundaria. Un proceso que cada vez más se ha convertido en una suerte de psicosis colectiva, mezcla de angustia y frenesí que comparten tanto los jóvenes como sus padres. 

Al respecto, dos interesantes artículos aparecieron publicados recientemente.  Uno de Robert Reich, secretario del trabajo durante la administración Clinton; y otro de Frank Bruni, autor de un libro titulado “Where you go is not who you will be: an antidote to the college admissions mania”.      

Un fenómeno muy propio de la sociedad norteamericana.  En realidad de su clase media, que con los años ha idealizado la educación superior como ese pase o garantía que le dará a los jóvenes una vida próspera, feliz y bien remunerada.  Pero que cada vez más deja de ser cierto pues los tiempos han cambiado, y las cosas ya no son tan lineales como muchos creen o quisieran. 

Para comenzar, el costo de las universidades en dicho país puede llegar a tal magnitud que obliga a padres a ahorrar con muchos años de anticipación, y-o a jóvenes a tomar préstamos enormes para costear sus estudios.  Hay pues una inversión de recursos muy importante, que se hace bajo el supuesto de que los retornos a ese grado académico serán suficientemente altos para repagar deudas, reconstruir ahorros, y además vivir mejor que la generación anterior. 

Tenemos individuos y hogares tomando decisiones de inversión en capital humano sobre la base de información equivocada, incompleta, o que en el mejor de los casos ha dejado de ser válida en el mundo actual.  Porque ya no es verdad que al final del túnel los está esperando un empleo estable, decente y bien remunerado.  De hecho, un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York señala que 46% de los graduados de universidades se desempeñan en trabajos que no requieren estudios superiores.  ¿Y entonces?  

Hasta hoy son básicamente dos los supuestos que explican este comportamiento de hogares con hijos en edad escolar.  Primero, la creencia de que existe una relación lineal (ojalá exponencial) entre educación y remuneración.  Y segundo, la apuesta a que, aún y cuando dicha relación no se cumpla para todo el mundo, para aquellos afortunados que logren ingresar a universidades de cierto prestigio, las conexiones que harán serán un activo tanto o más importante para la inserción laboral futura.      

El problema es que la ruta “más educación formal, mayor productividad, salarios altos”, no sucede siempre; y la ruta “escuela prestigiosa, red de contactos, mejores trabajos futuros”, no puede generalizarse a toda la sociedad porque depende de la reputación de la escuela a la que el joven logra ingresar.  Y como por definición la oferta de tales escuelas es menor que la demanda, automáticamente se genera un proceso de exclusión que inhibe el poder igualador de la educación al hacer más costosos los procesos de búsqueda de empleo.

Esta discusión que parece tan de primer mundo, con algunos ajustes es igualmente válida para un país como Guatemala.  ¿Por qué?

Primero, porque somos una sociedad con enormes desigualdades, y la educación superior es una de las muchas formas en que hemos profundizado estas brechas.  Segundo, porque siendo Guatemala un país de jóvenes, la formación y gestión de nuestros talentos debiera ser prioridad nacional.  Tercero, porque así como el caso norteamericano está indicando que la formación superior ya no es panacea, con mayor razón en Guatemala debiéramos pensar en una estrategia de generación de capital humano que adopte diferentes formas, en vez de insistir en la receta única del cartón de licenciado.

No hay que olvidar que América Latina comenzará a agotar su bono demográfico hacia el 2020.  Y aunque Guatemala tendrá todavía entre 10 y 20 años más, bien que nos haría aprender de lo que están viviendo otras sociedades más avanzadas y enfocarnos en una estrategia que invierta recursos en educación de manera diferenciada. 

Ladrándole al árbol equivocado

“(…) empresas que dependen de una fuerza laboral retribuida con salario mínimo no son precisamente los motores que una economía que necesita para crecer, innovar y añadir valor.”

La propuesta del gobierno de tener salarios mínimos diferenciados ha provocado una encendida discusión en varios círculos.  Así lo sugieren varias columnas de opinión, entrevistas a distintos actores, y comentarios en redes sociales.  Pocos temas son tan repetitivos tanto en contenido como en falta de definición y acuerdo.  Y como dicen que tanto va al cántaro el agua que quizás algún día se llene y rompa, pues aquí lanzo yo también mis cinco len a esta conversación.   

Para comenzar, al escuchar los argumentos de unos y otros me parece que en vez de uno estamos tratando de hablar de dos problemas. 

El primero tiene que ver con absorción de mano de obra.  Es decir, hay más trabajadores ingresando a la fuerza laboral que número de empleos generados.  Un fenómeno que además se agudiza en países con una estructura demográfica como la guatemalteca, donde aún estamos disfrutando –en realidad malgastando– el bono demográfico.  El segundo problema tiene que ver con el nivel que queremos dar a esa retribución mínima que la ley garantiza a cada trabajador. 

Y aunque están relacionados absorción con nivel salarial, no son lo mismo.  Por eso mezclar salario mínimo con creación de empleo más que aclarar enreda. 

En un país como Guatemala, la baja creación de empleo se explica mucho más por cosas como infraestructura inadecuada, institucionalidad débil, inseguridad, violencia, baja calidad en la formación técnica y profesional de nuestra mano de obra, y una limitada capacidad de nuestro empresariado para adoptar tecnologías; y mucho menos por el nivel al cual se fija el salario mínimo.  De hecho, empresas que dependen de una fuerza laboral retribuida con salario mínimo no son precisamente los motores que una economía necesita para crecer, innovar y añadir valor a largo plazo.  Luego decir que a menor salario mínimo se generan más empleos es un argumento que no se sostiene mucho que digamos.    

Por otra parte, el significado que tiene el salario mínimo no es solamente su valor monetario.  El salario mínimo es también la expresión concreta de un acuerdo al que la sociedad y sus actores económicos y políticos llegan para decirnos “nadie debe emplear su tiempo y recibir un pago inferior a x”.      

Es un piso mínimo, al igual que lo son muchos otros elementos que definen cualquier contrato social, como por ejemplo los sistemas de educación y salud públicas, los sistemas de pensiones y los sistemas de protección social.  Es decir, el salario mínimo forma parte de esa red de garantías sociales y económicas que los guatemaltecos estamos dispuestos a darnos unos a otros.  

Entonces, ¿por qué empecinarnos en bajar aún más el nivel y desmantelar nuestro ya débil contrato social en vez de invertir capital político y económico en atender las verdaderas barreras a la productividad, innovación y generación de empleo formal que tanto necesita Guatemala? 

Al final, ¿qué porcentaje de la población se emplea por un salario mínimo? No lo sé, pero sí sé que más o menos tres cuartas partes de nuestra población se emplea en la informalidad y menos de un 5% cuenta con algún tipo de estudios universitarios.  Me atrevería a decir entonces que nos estamos asustando con el petate del muerto, pues tampoco es el volumen de trabajadores afectados por el nivel del salario mínimo lo que debe motorizar esta discusión.  

Ahora bien, olvidémonos de todos estos argumentos y llevemos la propuesta al límite.  Es decir, supongamos que a partir de mañana cada municipio puede fijar su propio salario mínimo –porque me imagino que la idea del gobierno no era dejarnos con una simple experiencia piloto, en donde un pushito de municipios juegan con reglas distintas a las de todo el resto–.  Ello implicaría que cada municipio tendría que tener la capacidad de negociar y lograr acuerdos, lo cual sabemos que no es así de sencillo.  No pasa ni siquiera a nivel nacional, mucho menos en espacios locales en donde presumiblemente las asimetrías entre actores y riesgos de captura del proceso serían todavía más agudas. 

Para terminar, me parece que lo rescatable de todo esto es darnos cuenta que poco a poco nos vamos orillando a tener que reabrir un diálogo nacional mucho más amplio y complejo, que redefina las bases sobre las cuales queremos seguir viviendo en sociedad.   El sistema político y muchas de las instituciones económicas que de él derivan han dado ya muestras de total agotamiento. 

Pero mientras ese momento llega, por ahora ¿no será que le estamos ladrando al árbol equivocado?

Crónica de una pobreza anunciada

“Estos son los pobres crónicos de la región.  Personas que nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron pobres.”

Ahora que están de moda los análisis y las especulaciones por el desacelere económico en la región todo mundo recuerda las bondades de los años maravillosos.  Esa primera década del siglo XXI en la que América Latina tuvo un período de crecimiento económico robusto (2.5% anual en promedio), reducción de pobreza como nunca antes se había visto (16 puntos porcentuales cayó la pobreza general y 12 la pobreza extrema), mejoras sustantivas en la distribución del ingreso (cinco por ciento de reducción en el índice de Gini), y un aumento de la clase media (pasó del 23 al 34% de la población de la región).  Y todo esto en promedio.  Es decir, hubo países que tuvieron desempeños aún mejores.  

Como es normal, los análisis de mediano y largo plazo tienen que esperar un tiempo para poder acumular evidencia y tratar de observar ese bosque que en la coyuntura se nos pierde de vista por tener el árbol enfrente.  Hace un par de días los colegas del Banco Mundial –Renos Vakis, Jamele Rigolini y Leonardo Luchetti– publicaron un interesantísimo trabajo titulado “Los olvidados, pobreza crónica en América Latina y el Caribe”. 

Una mirada creativa en su método y formas de estrujar los datos para tratar de identificar a esos pobres que Rubén Katzman había bautizado ya desde 1989 como “pobres crónicos”, para diferenciarlos de aquellos otros que enfrentaban tal condición de manera transitoria o inercial.  Hoy, con métodos cuantitativos más sofisticados, el tema vuelve a estar sobre el tapete, y nos da un jalón de orejas muy fuerte a los guatemaltecos, que claramente tenemos una papa hirviendo en las manos.   

El mensaje principal del documento es brutal: uno de cada cinco latinoamericanos o alrededor de 130 millones de personas no han conocido nada distinto a la pobreza, subsistiendo con menos de US$4 al día a lo largo de sus vidas. Estos son los pobres crónicos de la región.  Personas que nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron pobres.  Una población que ni de oídas supo de las mieles del crecimiento económico y tampoco les llegó la ambulancia de la protección social. 

En un extremo del espectro está Uruguay con menos del 10%  de pobreza crónica, y en el otro está Guatemala con la tasa más alta de toda Latinoamérica (¡50%!).  En otras palabras, la mitad de nuestra población pobre no ha podido mejorar su condición durante una década de bonanza; y, como en la muerte de Santiago Nasar a manos de los gemelos Vicario: nadie dijo, ni dice, ni hizo, ni hace nada.  

Pero además, este nuevo análisis de la pobreza crónica en la región nos revela que ya es un fenómeno que afecta tanto al medio urbano como rural.  De hecho, en algunos países –Chile, Brasil, México, Colombia y República Dominicana– el número de pobres crónicos urbanos es mayor que el de pobres crónicos rurales.  No es el caso de Guatemala, pues seguimos siendo de los países más rurales en un continente que es mayoritariamente urbano. 

Y por si no fuera ya suficiente, el estudio confirma una vez más eso que tanto hemos dicho y repetido por años: el crecimiento económico no ha bastado para sacar a los pobres crónicos de la pobreza, ya que (sic) “los países con las tasas más altas de pobreza crónica fueron los que menos crecieron.  Por ejemplo, Guatemala creció menos del 1% al año y aproximadamente el 50% de la población inicialmente pobre permaneció en la pobreza en el 2012.” 

Con tanta y tan contundente evidencia uno esperaría que buena parte del debate nacional estuviera enfocado hacia la manera de revertir estos números nefastos, que no son otra cosa que la crónica de una pobreza anunciada.  Pero de nuevo, nadie dijo, ni dice, ni hizo, ni hace absolutamente nada.    

¿Cambios de fondo en el Fondo?

“(…) encontrar puentes que conecten el discurso macroeconómico de estabilidad y crecimiento con una agenda microeconómica de un bienestar que necesita distribuirse de manera más amplia.”

En septiembre de 2013 el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un documento titulado “Women, work, and the economy: macroeconomic gains from gender equity”.  Y el mes pasado han vuelto sobre el tema con otro artículo titulado “Fair play: more equal laws boost female labor participation”. 

Esa institución que en el pasado se construyó una fama de policía macroeconómico del mundo en desarrollo, con sus temidas misiones y recomendaciones de política, planes de ajuste estructural y férreas condicionalidades para que los países más atrasados pudieran acceder a financiamiento, de repente como que da una vuelta de gato y comienza a reflexionar sobre temas fuera de su libreto.  No es la primera vez que nos sorprenden, gratamente debo decir, con publicaciones que le hablan de manera más directa a un público no tradicional.  Recordemos aquel otro artículo aparecido hace un año, sobre los efectos de la desigualdad sobre el crecimiento económico, que levantó tanto polvo porque puso sobre el mismo tapete el tamaño del pastel y la manera de cortarlo y repartirlo. 

Pero volviendo a los dos artículos sobre género, la revisión de literatura que el FMI ha hecho en estos documentos es muy sugerente en términos de los efectos económicos de la exclusión y desigualdad en la participación de la mujeres en los mercados laborales.  Basten algunos datos para poner en contexto el tema. 

Así, la evidencia nos dice que las mujeres representan hoy por hoy más de la mitad de la población mundial, el 40% de la fuerza laboral del planeta, la mayoría del trabajo no remunerado en el mundo. Además dedican dos veces más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y cuatro veces más tiempo al cuidado de los niños.  En el trabajo a tiempo parcial y autoempleo están sobre representadas, generalmente ganan menos que los hombres, están sub-representadas en cargos de elección popular así como en posiciones de alta gerencia en grandes corporaciones. 

Están sobre representadas en la economía informal así como entre la población pobre, y su tasa de participación en los merados laborales alcanza solamente el 50%.  En Centro América las mujeres participan 35% menos que los hombres en el mercado laboral –en la OECD este indicador es del 12%–, y en Guatemala ganan entre un 30 y 40 por ciento menos aunque tengan las mismas calificaciones.   Las pérdidas atribuibles a esta brecha de género en los mercados laborales puede alcanzar hasta 27 puntos del producto interno bruto en ciertas regiones.

Con ese diagnóstico, es evidente que la asignación de nuestro recurso humano es subóptimo.  Y por tanto, hay un papel para políticas públicas mucho más agresivas en materia de inclusión y género.  Concretamente la política fiscal, pero sobre todo la política social, tienen mucho espacio para tratar de corregir tal situación.  Es allí que debe darse la batalla para una mayor equidad al momento de diseñar esquemas de pre y post natal, sistemas de educación prescolar, y esquemas de cuidados infantiles que permitan a ambos padres integrarse a la fuerza laboral.  Pero también se puede incidir en el diseño de políticas de fomento productivo que procuren a mujeres un mayor acceso a financiamiento, insumos productivos y tecnología.      

En un plano más estratégico, me pregunto si la llegada de Christine Lagarde tiene algo que ver con este brote analítico del FMI.  Quién sabe.  Lo interesante y positivo es que poco a poco estas instituciones globales, otrora tan criticadas por su lejanía con el ciudadano promedio, hacen un esfuerzo por encontrar puentes que conecten el discurso macroeconómico de estabilidad y crecimiento con una agenda microeconómica de un bienestar que necesita distribuirse de manera más amplia.  

De seguir en esa senda seguramente irán recuperando terreno, credibilidad y legitimidad ante una sociedad civil que también está evolucionando, que se mantiene informada y alerta de lo que sucede en el mundo entero.  Una sociedad mundial que agradece y utiliza estos pequeños bienes públicos que se generan desde los centros del poder político porque abren espacios para debatir problemas muy concretos y fundamentales como la inclusión. 

Incluir o no incluir, esa es la pregunta

“Si hay mucha gente excluida, hay mucho talento subutilizado o desperdiciado.”

Pareciera que existe una ruta marcada en la agenda de desarrollo internacional.  Primero hablamos de pobreza.  Instalamos el debate, el concepto, la medición, las implicaciones de hacer o no hacer nada al respecto.  Luego vino la discusión sobre desigualdad.  Como era de esperar, aquí el consenso fue menor.  De hecho, algunos dirán que no hay espacio para estar de acuerdo.  Y ahora de manera sutil pero constante se comienza a instalar un nuevo tema: inclusión social.     

Cada vez más y más se la menciona.  Ya no solamente entre académicos sino en el mundo de la política pública también.  Aunque no se tenga mucha claridad respecto de qué significa realmente.  ¿Qué es la inclusión social?  A veces pareciera que resulta más sencillo asociarlo a otros procesos para tratar de atrapar el término.  Por eso es que nos referimos a cosas como crecimiento económico incluyente, o un sistema político excluyente.  En todo caso, la noción que nos revolotea a todos cuando hablamos de inclusión o exclusión social tiene que ver algo así como con “tomar en cuenta o dejar fuera” a alguien o a un grupo. 

La literatura sobre el tema nos dice que la inclusión social es un proceso de mejoramiento de habilidades, oportunidades y dignidad de las personas.  Especialmente de aquellas que se encuentran en desventaja sobre la base de su identidad.  Es decir que la inclusión social se la asocia a elementos como raza, etnia, género, religión, preferencia sexual, lugar de residencia, discapacidad física o mental, por citar solamente algunos ejemplos.     

Al asociar la inclusión social con elementos de identidad automáticamente se convierte en un tema relevante para todo tipo de sociedades, sean estas ricas o pobres.  También pasa a ser relevante para todos los estratos socioeconómicos.  Es decir, se posiciona como un concepto verdaderamente global.  Ya no es como otros temas en donde los países avanzados y ricos pueden prescribir, y los países más atrasados y pobres tienen que tomar nota y hacer la tarea.  Así, la inclusión social no se refiere solamente a bienestar económico, sino que incorpora otras dimensiones como voz y empoderamiento. 

De manera tal, podemos entonces decir que en toda sociedad habrá siempre grupos de personas que son excluidas, independientemente de su nivel de ingreso.  Por ejemplo, solamente por el hecho de asociárseles a determinado grupo étnico, por sus creencias religiosas o sus preferencias sexuales pueden ser excluidos, y con ello privárseles de la oportunidad de desarrollar sus habilidades plenamente.       

¿Y cuál es el problema con excluir? O dicho de otra manera, ¿qué gana una sociedad, economía o país con ser más incluyente? Para comenzar (¡y solo para comenzar!), la utilización del recurso humano se ve afectado.  Si hay mucha gente excluida, hay mucho talento subutilizado o desperdiciado.  Y con ello, la economía no alcanza su potencial.  Hay desperdicio. 

Pero además, en presencia de exclusión, alcanzar acuerdos sociales se convierte en algo aún más difícil ya que, por definición, algunos tomarán las principales decisiones en la sociedad, y otros simplemente las sufrirán sin haber podido opinar ni mucho menos incidir.  Así, la exclusión favorece la fragmentación en los países, y dificulta la gobernabilidad. 

¿No le suena familiar toda esta reflexión en abstracto? A mí sí.  Quizás porque soy producto de un país que se ha construido sobre la base de excluir, a personas, a grupos, a territorios, a capítulos enteros de su misma historia.  Quizás por eso es tan sencillo pasar del concepto al ejemplo.      

¿Por qué fracasan las naciones?

“Curioso argumento que me hizo recordar la comparación que se hace de pueblos como Almolonga y Zunil, o el comentario de qué hubiera sido de América Latina si en vez de España el colonizador hubiese sido Inglaterra.”

Este libro es acerca de las inmensas diferencias en ingreso y estándares de vida que separan países ricos del mundo, como los Estados Unidos, Gran Bretaña, y Alemania, de los pobres, como aquellos en el África Subsahariana, Centro América y el sur de Asia.  Así comienza “Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty” de Daron Acemoglu y James Robinson.

Escrito en un lenguaje simple y con mucha coherencia, los autores van hilvanando su argumento un capítulo a la vez.  Eso sí, desde la página 3 dejan en claro cuál es su tesis de trabajo: los países que hoy son ricos lograron esa prosperidad porque (sic) “sus ciudadanos derrocaron a las elites que controlaban el poder y crearon una sociedad en donde los derechos políticos estaban mucho más ampliamente distribuidos.”  De eso tratan las 529 páginas.     

De manera crítica van confrontando su propia visión del desarrollo con respecto a propuestas alternativas que han estado –y siguen estando– muy difundidas y arraigadas en el imaginario popular.  Siempre con ejemplos concretos para dejar el punto en claro, pero también con la sencillez propia del que sabe que no puede dar una respuesta contundente a una pregunta tan fundamental como las razones de la prosperidad y del atraso. 

Así, cuestionan la “hipótesis de la geografía”, puesta en boga en el siglo XVIII, la cual que plantea que las personas en climas tropicales tienen a ser haraganes y faltos de curiosidad.  Y cómo estas características los lleva a no trabajar lo suficiente y a no innovar, razones que explicarían su pobreza.  Hoy en día dicha hipótesis ha mutado y se dice que sociedades ubicadas en climas tropicales son más propensas a enfermedades que merman su estado de salud y por ende su productividad, y que los suelos tropicales son mucho menos propicios para una agricultura productiva. 

De manera similar confrontan la “hipótesis de la cultura”, la cual arguye que la Reforma Protestante y la ética que esta generó, estimularon el surgimiento de la sociedad industrial moderna en Europa occidental.  El argumento también se puede extrapolar a la influencia no solamente de una religión sino de una cultura: la inglesa, por ejemplo.  Curioso argumento que me hizo recordar la comparación que se hace de pueblos como Almolonga y Zunil, o el comentario de qué hubiera sido de América Latina si en vez de España el colonizador hubiese sido Inglaterra.

Finalmente, le sale al paso a la “hipótesis de la ignorancia”, la cual sostiene que los países pobres son pobres porque tienen muchas fallas de mercado y porque sus economistas y formuladores de política pública no saben cómo corregir esta situación.  Luego lo que estaría haciendo falta es mejores tecnócratas y una clase dirigente mejor informada, que pudieran proponer mejores soluciones. 

A todas estas explicaciones los autores les encuentran un contra-ejemplo para rebatirlas y a la vez reforzar la tesis central del libro: son las instituciones –políticas primero, y económicas después– las que explican el desempeño de las naciones.  Poderoso planteamiento ese de llevarnos de lo político a lo económico.  De cómo las instituciones políticas, que son las llamadas a distribuir el poder, generan los incentivos para que surjan instituciones económicas que favorezcan o inhiban la iniciativa, la innovación, la visión de largo plazo, y con ello crecimiento económico y bienestar social. 

Dado el lento proceso que suponen los cambios institucionales, mucha de la crítica al libro se ha centrado en lo limitado de su propuesta para que países como Guatemala finalmente salgan del atraso.  Pero en realidad, si usted lo piensa despacio, el cambio institucional no es menos fatalista que explicar el subdesarrollo de los países por su ubicación geográfica, su cultura o la ignorancia de sus elites. 

En fin, esta columna no pretende ser un resumen del libro ni mucho menos.  Son solamente dos o tres ideas para provocarlo a usted con una lectura valiosa y obligatoria para cualquiera que esté interesado en esas preguntas amplias que nos ocupan a los que trabajamos en desarrollo.  Interrogantes profundas, de hondas raíces históricas, que obligan a un análisis pausado y con visión de largo plazo. 

Mente, sociedad y conducta

“(…)de alguna manera hay allí un mea culpa y llamado de cautela a la manera en que deben tomarse análisis y prescripciones al momento de definir reformas, programas y proyectos.”

Ese es el título que lleva el Informe sobre el Desarrollo Mundial (WDR, por sus siglas en inglés) del 2015.  En esencia es un cuestionamiento a la noción que por tantos años ha prevalecido sobre la manera en que las personas toman decisiones.  Esa idealización de que todos somos siempre coherentes, estratégicos, con visión de futuro, y egoístas.  Eso que en economía llamamos racionalidad de los agentes económicos.  

Inmediatamente me hizo recordar los libros “Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness” de Thaler y Sunstein, y “Poor Economics” de Banerjee y Duflo.  Ambos textos, a su manera, van tras ese supuesto de racionalidad, cuestionando la manera en que opera (¡o más bien deja de hacerlo!) bajo diferentes contextos y en distintos estratos socioeconómicos de población. 

El WDR 2015 construye su argumento alrededor de lo que ellos (el Banco Mundial) llaman los tres principios de las decisiones humanas: el pensamiento automático, en donde muchas de nuestras decisiones se toman casi de manera refleja, es decir, sin mucha deliberación y/o análisis sofisticado; el pensamiento social, que reconoce la importancia de la conducta cooperativa entre individuos; y el pensamiento basado en modelos mentales, que señala cómo las personas no nos inventamos conceptos sino más bien invocamos muchos de ellos al observarlos en otros.   

De estos tres principios se desprende una conclusión muy poderosa: el cómo es tanto o más importante que el qué.  Un colega y amigo economista suele decir que “generalmente no es lo que se dice sino el ‘modito’ con que se dice”.  Y aunque parezca broma, es una expresión con gran contenido, pues muchas veces con solamente cambiar la manera en que se comunica un mensaje o encontrar el momento más oportuno para plantear una decisión se pueden inducir mucho mejores resultados.  En política pública esto puede hacer toda la diferencia entre la adopción de una tecnología más eficiente o la disuasión de una conducta que se considera socialmente indeseable. 

Ahora bien, si esta línea de trabajo ya se venía desarrollando en las ciencias sociales desde hace varios años, como podemos constatar en la amplia literatura de la economía del comportamiento y experimental, ¿cuál es entonces la novedad del WDR 2015?  Me parece que hay dos cosas que merecen resaltarse. 

La primera, que este marco conceptual haya permeado tan alto en una organización como el Banco Mundial, hasta convertirse en el tema de su publicación anual más importante.  Eso podría llegar a tener un impacto en la forma como se implemente la política pública de los países en desarrollo, pues es innegable que, para bien y para mal, organizaciones de alcance global como ésta tienen un enorme poder de influencia para colocar temas e instalar determinadas prácticas.    

La segunda, que dentro del mismo reporte hay un reconocimiento –de hecho dedican un capítulo completo– a los sesgos y prejuicios que los mismos expertos, funcionarios encargados de formular políticas y profesionales del desarrollo tienen en el ejercicio de su profesión.   Esto no es cosa menor, pues de alguna manera hay allí un mea culpa y llamado de cautela a la manera en que deben tomarse análisis y prescripciones al momento de definir reformas, programas y proyectos.  Importante porque aunque la sociedad civil del mundo entero siempre ha alzado la voz a las recetas que emanan de organismos financieros internacionales, no se había abierto la puerta a la posibilidad de discutir los sesgos y prejuicios que también la tecnocracia tiene.     

Ojalá sepamos aprovechar este interesante espacio alternativo de reflexión que se ha creado.  Bien conducido creo que puede significar nuevas y muy constructivas formas de diálogo político desde la periferia hacia el centro y viceversa.  Por ahora “kudos” al banco por este aporte. 

La pregunta del billón de dólares

“No es un “bailout” lo que nos está haciendo falta.”

Un plan para Centro América.  Así se llama la columna de opinión que el vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, publicó en la edición de fin de semana del New York Times.  Asiduo lector que soy de este periódico confieso que me asombré al verla, y la leí y releí mientras caminaba de regreso a mi departamento. 

¿Desde hace cuánto que la subregión no recibía un zoom mediático y político de este nivel? ¿Y por qué hasta ahora, en el ocaso de la administración Obama es que tal cosa sucede?, fueron las primeras preguntas que me asaltaron. 

En principio y apariencia el plan cascabelea bastante.  Un billón de dólares, tres áreas de trabajo, colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, todo para avanzar en reformas económicas y políticas.  No está tan mal, ¿eh?

Primero, seguridad, bajo la premisa de que (sic) “la seguridad lo hace todo posible”, y que esta se puede alcanzar organizando a comunidades para que se hagan cargo de cumplir esta función primaria del Estado. 

Segundo, buen gobierno, un franco reconocimiento y jalón de orejas a los enormes vacíos y opacidad que, por lo menos en el caso de Guatemala, se tienen en administración de justicia, contratación de obra pública, y recolección de impuestos.   

Y tercero, aumento en los niveles de inversión, fundamentalmente privada –y si no es mucho pedir ojalá recursos de los mismos centroamericanos–.  Es decir, una vez más se reconoce que no hay recurso público que aguante solito con lo que hay que invertir en infraestructura y tecnología para lograr niveles aceptables de crecimiento económico y emplear a la población de una manera más o menos decente.  

El vicepresidente Biden trata de ser, digámoslo así, un optimista con fundamento.  Inmediatamente le pone cable a tierra a su mensaje y lo ancla a la experiencia del Plan Colombia, país donde se movilizó una cantidad inmensa de recursos, que a su vez apalancó otros muchos más como base para su más reciente transformación.  Pero además –y aquí coincido totalmente con el análisis del vicemandatario–, el ingrediente básico del Plan Colombia fue la voluntad política en el terreno.  (Si pudiera subrayaría, ennegrecería y pondría en itálicas estas últimas cinco palabras: voluntad política en el terreno). 

Eso creo que ya lo sabemos muy bien, pues los centroamericanos hemos sufrido en carne propia las consecuencias que ocasiona la falta de voluntad y liderazgo.  Pero también sabemos que si a la susodicha voluntad política hay que ponerle precio para luego salir a financiarla, entonces sí que estamos fregados.   

Por eso, con todo respeto señor Biden, el suscrito ciudadano centroamericano piensa que la pregunta del billón de dólares en Centro América no va por allí.  No es un “bailout” lo que nos está haciendo falta. 

El déficit de nuestra subregión, o cuando menos de Guatemala, es de liderazgos, instituciones, incapacidad de nuestras elites para administrar el changarro, y de una sociedad civil acobardada y resignada, que ya se olvidó cómo sacar a sombrerazos a servidores públicos y dirigentes que no quieren hacer su trabajo.  Si de verdad nos quieren dar una mano, es en eso que hay que trabajar.  Por favor no nos desenfoquemos.    

Imaginario rural

“Porque en el grito hay pérdida: de nitidez del mensaje, de fidelidad en el sonido, de confianza, de empatía, de humanidad.”

Lo rural es fondo. Cambio lento.  Espacio lejano.  Voces queditas.  Casitas fumando.  Nixtamal, leña y barro.  Paciencia y olvido.  Ausencia de todo: instituciones, sueños, perspectiva, futuro.  Desinterés del gobernante.  Ignorancia del citadino.  Cultivo de revolución romántica. Catapulta del joven.  Migración del campesino.  Frases cortas.  Mensajes sencillos. 

También es paisaje.  Tonos encendidos.  Maíz, café, arroz y trigo.  Fuente estable de vida.  Alimento de todos.  Espacio vivo.  Cultura de siempre.  Tradición oral.  Variedad.  Balance natural.  Ritmo distinto.  Profundidad de antaño.  Anclaje a lo esencial: al tejido.       

Antítesis de lo urbano.  ¿De lo urbano?  Sí.  Lo urbano que es forma.  Ese otro espacio en donde todo se mueve, a pasos de vértigo –aunque no siempre con sentido–, que con suerte da tiempo a ingenieros, abogados, burócratas y escritores de poner un pinche-punto-y-coma para poder seguirle el trote y no quedarse fuera del bullicio, aparecer en la foto, cerrar el contrato, generar ganancias, ahorrar mucho, trabajar tanto, no ver a los hijos, consumir lo propio y ajeno, generar desperdicio, mucho mucho desperdicio.  Anti-paz, anti-tiempo, anti-espacio, anti-despacio, anti-conversa, anti-todo, anti-doto de lo anti-urbano (lo rural).        

Caricaturas son uno del otro.  Que poco se platican.  Casi como desconocidos. Que necesitan más puentes y menos alaridos.  De aquí para allá y viceversa.  Porque en el grito hay pérdida: de nitidez del mensaje, de fidelidad en el sonido, de confianza, de empatía, de humanidad.    

Así es y así ha sido.  Lo hemos remachado tanto que hasta parece disco rayado.  El drama de la estructura está justamente en su condición.  Esa que la define y también condena.  Porque es importante.  Porque no es urgente.  Porque puede ser pospuesta o puesta en suspensión.  Porque siempre puede esperar.  Prima la coyuntura siempre (pariente lejana de la estructura).    

Para acabarla de fregar, me decía un paisano, la nueva tragedia del espacio rural: ahora se le mira como un espacio de neo-derrame, del crecimiento urbano, de petróleo, de minerales, de importados, de deportados.  Espacio residual en donde desarrollo urbano será la locomotora de bondades que terminará por inundar –o cuando menos salpicar– a todos aquellos que se tuvieron que quedar fuera del muro Aureliano. 

Mirada de cemento miope.  Que no aprende porque no ve.  Que no escucha porque el ruido le comió los oídos.  No se da cuenta que no más basta que sople un poquito el viento, o que el río se desboque, o que la roya corroa, o que el cerro se haga cesárea, para que Xibalbá se instale y engorde.  Para que el éxodo comience y la desconfianza ebulla, la gente migre –en realidad abandone–, y el suelo se pudra. 

Es entonces cuando el anciano consejo ya no aconseja, ni mucho menos sirve, porque lo inmediato manda y define.  (Todo urge aunque nada sirva.)  Hasta que caemos bajo, hasta abajo.  Solo entonces nos preguntamos por el origen cuando el caos-cambio están encima.  Es entonces que pedimos otra vez el balance, la vuelta a lo simple, al origen, al ombligo que dejamos botado en el basurero de esta linda ciudad.       

¡Cuánto nos hemos equivocado!  ¡Cuán predecibles somos!

Factores de Perogrullo

“De allí la necesidad de fortalecer capacidades de organización en la gente para generar una masa crítica tal que haga uso de todo eso que el Estado debe ofrecerle.”

Observo, converso, leo, investigo, vuelvo a observar. Y mientras más lo pienso, mientras más intento bajar de ese nivel conceptual en donde creo que una buena mayoría podemos estar de acuerdo, al reconocer que en la lucha por mejorar los niveles de equidad el Estado tiene un papel muy importante que asumir, indefectiblemente regreso al mismo punto –¡como si todos los caminos efectivamente llevan a Roma!–.  Porque aunque parezca una Perogrullada, las avenidas para lograr una acción pública concreta, efectiva y con capacidad de igualar oportunidades, son básicamente tres: articular lo que existe, crear lo que falta, y fortalecer capacidades de la gente.  Déjeme tratar de explicarlo. 

En prácticamente todos los países existe una oferta pública de programas que buscan alcanzar un objetivo de desarrollo determinado.  Sin embargo, no es secreto que la coordinación y articulación efectiva entre ellos es un desafío mayúsculo para cualquier administración de gobierno.  Guatemala por supuesto no es la excepción.  Aquí hemos ensayado mecanismos muy poco institucionales, que más bien descansan en personalidades fuertes de funcionarios de turno.  Presidentes, primeras damas, vicepresidentes o alcaldes son quienes deciden tomar la función ejecutiva al pie de la letra y por su cuenta.  Precisamente porque no hay mecanismos institucionalizados que induzcan u obliguen a trabajar de manera coordinada, y porque tampoco hay paciencia para construir tal cosa y que rinda frutos a tiempo.   

Pero además, puede darse el caso que los programas públicos que se necesitan simplemente no existan.  Esto tampoco es novedad, pues también sabemos que los Estados van rezagados en relación a la evolución de las demandas de la sociedad.  Desde que se observa una necesidad, hasta que se conceptualiza, se diseña una intervención, se le busca financiamiento, y finalmente se implementa en el terreno, suele transcurrir un largo período de tiempo.  De ahí que no es extraño encontrar grandes vacíos entre demandas sociales y oferta pública para atenderlas.     

Finalmente, suponiendo que se lograra tal coordinación y que existieran todos los programas que se necesitan, aun así es posible que no se logre el efecto deseado porque al ciudadano destinatario final no le llega la acción pública.  Pueden haber muchas razones para ello.  Desde reglas demasiado engorrosas y difíciles de entender; trámites que representan un costo inmediato demasiado alto, sin la certeza de que el beneficio se vaya a concretar; o simplemente un total desconocimiento de la existencia de instituciones, políticas, programas y proyectos a los cuales este mismo ciudadano bien podría calificar, pero a los cuales no accede por ignorar su existencia.  De allí la necesidad de fortalecer capacidades de organización en la gente para generar una masa crítica tal que haga uso de todo eso que el Estado debe ofrecerle. 

A esos tres que he llamado los factores de Perogrullo me atrevería agregar un cuarto.  Y tiene que ver con la incapacidad –y hasta desinterés– de los Estados para experimentar, en el mejor sentido de la palabra.  Es decir, darse el tiempo y oportunidad para aprender qué es lo que funciona y qué es lo que definitivamente es un fracaso –porque de los fracasos también se aprende–.  Aunque la innovación es un término que todos usamos, ninguno asumimos que innovar también implica fracasar en el intento.  Por tanto, volvemos y recurrimos a lo viejo conocido aunque sea subóptimo. 

Con tal diagnóstico, me parece que hay dos cosas que son prioritarias.  Primero, el fortalecimiento de la capacidad de planificar y evaluar desde el Estado.  Y segundo, la necesidad de trabajar necia y sistemáticamente en desarrollar capacidades en la gente para que se organice, para que conozca la oferta pública, para que genere demandas y las canalice a las instituciones, para hacer valer su ciudadanía, más desde la base y menos desde la cúpula. 

Piketty: ¿una o varias lecturas?

“Desafortunadamente hubo que esperar a que el mundo en desarrollo estuviera sufriéndola en carne viva para que el tema volviera a estar sobre el tapete.”

Con motivo de la presentación en idioma español, durante las últimas semanas se ha vuelto a dar amplia cobertura en Iberoamérica al libro de Thomas Piketty “El capital en el siglo XXI”.  Una publicación que desde su primera aparición en el 2013 ha puesto a economistas de todo el mundo y de todas las escuelas de pensamiento a debatir sobre la desigualdad. 

Es verdad.  Desafortunadamente hubo que esperar a que el mundo en desarrollo estuviera sufriéndola en carne viva para que el tema volviera a estar sobre el tapete.  Aunque por otra parte, desde una perspectiva más bien pragmática, esta infeliz coyuntura ha logrado retomar una agenda redistributiva que evidentemente no es –de hecho nunca lo ha sido– exclusiva de países menos desarrollados; como tampoco pertenece a épocas pasadas, cuando la búsqueda de justicia social cobró expresiones menos dialogantes y más violentas.  Al contrario, si algo nos debiera quedar claro es que la equidad es un objetivo global más vigente que nunca. 

Pero son dos factores poderosos los que actúan como gran caja de resonancia a propuestas como las del economista francés.  Primero, la agudización de la desigualdad a lo interno de los países, ricos y pobres; y segundo, la conectividad que nos ha dado el avance tecnológico.  Sin ello seguramente la agenda de investigación de Piketty no tendría la tracción que hoy goza. 

Ahora bien, más allá del sexapil que despierta el libro entre intelectuales, ¿será que la tesis del libro nos corta parejo a todos o más bien prende fuego en unos países más que en otros?  A juzgar por los datos y opiniones de especialistas más parece lo segundo. 

Paradójicamente son ahora los países en desarrollo, otrora laboratorios vivos de inequidad y revoluciones, quienes han aportado la principal válvula de escape a los efectos nocivos de la desigualdad.  Con el crecimiento económico en países de renta media la desigualdad entre países ha disminuido.  Y al aumentar el ingreso de los hogares más pobres, la desigualdad se aleja del imaginario y discurso de esa nueva clase media que está viviendo su pequeña bonanza.  Por lo tanto, la preocupación de Piketty de que el rendimiento del capital crezca a tasas mayores que el resto de la economía pasa a un segundo plano.     

Pero esto no es más que un espejismo.  Un efecto temporal.  Porque también hemos comprobado cómo esa nueva clase media, al ver aumentado su nivel de renta, comienza a demandar otra serie de servicios, instituciones, y accesos que le siguen estando vedados, precisamente por esa estructura social y económica tan desigual en la que vive.  Salvo contadas excepciones, el crecimiento de la clase media en países en desarrollo, aunque sea medida sola y burdamente por aumentos en el nivel de ingreso de los hogares, no implica un cambio en la estructura productiva ni mucho menos en la retribución de los factores de la producción. 

Por el contrario, en la Europa de la eurozona y Estados Unidos la historia es otra.  Allá es el desempleo de una clase media distinta, una que ya existía desde hace años, lo que está avivando discusiones y planteamientos como los que propone este libro. 

Entonces, ¿no será que hay que desmenuzar el mundo en una tipología más amplia para entender las diferentes lecturas y efectos que puede tener el trabajo de Piketty?  Por ejemplo, países donde el capital financiero tiene un peso específico muy alto (EUA); donde la estructura del empleo formal y el desempleo son socialmente muy relevantes (eurozona); donde la clase media ha crecido recientemente (BRICs); o donde la estructura rentista clásica de las elites económicas continúa frenando reformas (Sudáfrica o Guatemala). 

¿Qué pasaría si más países le dieran acceso a datos de recaudación tributaria como los que él ha analizado para Europa?  ¿Cambiarían sus conclusiones y recomendaciones?  Bien valdría la pena hacer la prueba, ¿no le parece? ¿Será que Guatemala daría el paso al frente?

Como sea, es tarea de todos, y no solamente de Piketty, mantener esta ventana de debate abierta el mayor tiempo posible.  ¡A ver cuánto aguantamos!

Déjese evaluar, presidente

“Tener que enfrentarse a una narrativa diferente de la oficial es una buena forma de obligar a construir una explicación o, mejor aún, encontrar nuevos caminos y corregir el rumbo.”

Dentro de menos de una semana el presidente Pérez Molina deberá rendir su informe de actividades.  El penúltimo de su gestión, aunque para todos los efectos prácticos quizás será este al que se preste más atención ya que dentro de pocos meses habrán nuevos presidente y vicepresidente electos, y presumiblemente la atención de la población en enero 2016 estará centrada más en quiénes conformarán el nuevo equipo de gobierno y menos en los logros y déficits del grupo que va de salida.  

Desafortunadamente este ejercicio de rendición de cuentas actualmente está reducido a un mero acto formal, totalmente intrascendente y carente de consecuencia y tracción política alguna.  Distinto a lo que pasa en otros países, donde se espera con interés el mensaje y señales que emanen del jefe del Ejecutivo. 

Me pregunto ¿por qué no es así en Guatemala?  Bien podría ser algo mucho más relevante y útil, pues al final es un esfuerzo de compilación de datos al que muchos funcionarios públicos le invierten horas de su tiempo, lo que a la postre se traduce en un costo que todos pagamos.  Pero en su formato actual me temo que es un bien público que no usa el público. 

Quizás el problema es que no tenemos punto de contraste para lo que el presidente dice que hizo durante el último año.  El país carece de un alter ego que ponga en remojo las barbas del mandatario de turno, y lo interpele a la luz de evidencia sólida, comprobable y recolectada de manera sistemática.  Así, los incentivos, incluso de aquellas instituciones que podrían estar jugando un papel de asesoría técnica y evaluación como la SEGEPLAN, carecen de un interlocutor técnicamente solvente y políticamente legítimo, con quien poder contrastar la información que año a año recolectan, empaquetan y tratan de comunicarnos.  

Reflexiono hoy sobre esto porque hace unos días leí notas de prensa que salieron en México a partir del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 elaborado por el CONEVAL.  El resumen es crudo y al hueso: ingreso real que no se ha elevado en dos décadas, salario mínimo real sin movimientos significativos, pobreza que no ha disminuido a pesar de una mucho mayor cobertura en educación y salud, programas de gobierno sociales y productivos dispersos y con resultados magros, déficit en calidad de los servicios públicos, baja integración de hogares rurales a mercados fuera de sus localidades, entre otros.

Seguramente no son noticias que caen bien a los funcionarios de turno.  Pero visto más allá de la coyuntura, es un mecanismo democrático para provocar que la burocracia trate de argumentar de manera seria.  Tener que enfrentarse a una narrativa diferente de la oficial es una buena forma de obligar a construir una explicación o, mejor aún, encontrar nuevos caminos y corregir el rumbo. 

Es un ejercicio de auditoría que, bien conducido y aprovechado, puede provocar reflexiones y decisiones de política que vayan construyéndose cada vez más sobre la base de evidencia empírica y cada vez menos sobre lo que conviene a tal o cual funcionario y su agenda personal o de partido.   

¿Por qué no pensar en algo parecido para Guatemala?  ¿Por qué no apostarle seriamente a construir y legitimar una cultura de evaluación de la política pública? ¿A quién le interesa que no se sepa en qué se utilizan los recursos públicos? ¿Y a quién sí podría interesarle? Un esfuerzo de esta naturaleza ¿no facilitaría otras discusiones estructurales y recurrentes como la impositiva o las reforma institucional y de servicio civil? 

Ahí le dejo estas preguntas para arrancar el 2015 y aprovecho para desearle un año feliz y en paz. 

¿Qué le pasa al de al lado?

“(…) Imposible no hacer el paralelismo con los señalamientos que en Guatemala se han hecho de la alianza entre el partido de gobierno y el principal partido de oposición.”

México está sobre el tapete.  Ahora por razones distintas a las de hace dos años y un poco menos, cuando la recién inaugurada administración Peña Nieto daba una demostración de voluntarismo y capacidad de operación política para la ejecución de sus prioridades de gobierno.  La cruzada nacional contra el hambre, las diferentes reformas que impulsaron en diferentes campos –educación, financiera, energética, fiscal, política–, el Pacto por México con los principales partidos de oposición, el plan nacional de desarrollo que colocaba en el centro de la discusión a la productividad e inclusión como ejes para la transformación estructural del país, eran todas señales alentadoras.   

Todo ello hizo pensar que estábamos ante el inminente despegue de una de las principales economías de la región, lo que también hubiesen sido buenas noticias para todos nosotros centroamericanos.  Pero de la cuchara a la boca se cae la sopa, dice el refrán.  Y los indicadores macro y micro se han tomado su tiempo en dar signos vitales vigorosos, lo que sería la prueba última de que las decisiones fueron las correctas.  Esta ha sido la pregunta impaciente del ciudadano medio. 

Por supuesto que, como en todo, hay un lapso de tiempo entre lo que se decide y aprueba políticamente y lo que finalmente se manifiesta en la economía cotidiana de los hogares.  Entre otras cosas, porque el contexto internacional, en donde la economía de Estados Unidos juega un papel preponderante para nuestro país vecino, pues tampoco ayudaba mucho.  Esta fue parte de la respuesta técnica que emanaba desde el poder. 

Hasta ahí todo más o menos bien.  Luego vino el remezón, con Guerrero como último detonante, poniendo el acento en ese otro gran tema de agenda nacional: seguridad ciudadana y crimen organizado. 

En ese contexto, Jesús Silva Herzog escribió una columna en el diario Reforma titulada “El deber de oponerse”, a propósito de la delicada situación por la que atraviesa el país, y la pobre respuesta que ha dado la oposición política.  Imposible no hacer el paralelismo con los señalamientos que en Guatemala se han hecho de la alianza entre el partido de gobierno y el principal partido de oposición, manifiesta en la aprobación del presupuesto público 2015 y la voladura controlada de varios de los candados para asegurar una ejecución eficaz pero sobre todo transparente del gasto público.     

Silva Herzog lo pone en términos muy claros cuando nos dice (sic) “[l]o más lamentable de esta crisis ha sido el silencio de las oposiciones, su indisposición a serlo y a cumplir su responsabilidad democrática. Decía el politólogo Gianfranco Pasquino que uno de los deberes esenciales de toda oposición es ‘actuar conscientemente para permanecer como tal’: cumplir su papel de cuestionador, preservar distancia y autonomía, cuidarse de los peligros de la absorción. Es que a la democracia no le basta establecer el derecho a oponerse. Requiere también que la oposición cumpla el deber de oponerse. Sin una oposición activa, responsable y exigente, la democracia es una farsa.”

Palabras escritas al norte del Suchiate, pero que sin problema pasan el río y pareciera que hubieran sido dichas por cualquier paisano chapín.  La diferencia es que allá cuando menos tienen una sociedad civil con capacidad de indignación, de organización para salir a la calle, y de hacerse escuchar.    

El qué y cómo de Veracruz

“Hoy la cruda realidad nos recuerda que fue una tremenda metida de pata el desmantelamiento físico y mental de lo público como eje central de la vida en sociedad.”

De la cumbre Iberoamericana celebrada en Veracruz han salido algunos (pocos) mensajes interesantes, que bien vale la pena decodificar y ponerles un poco de contexto.  Como dirían los patojos, déjeme hacer este tirito al marco y veamos qué sale.      

Primero, la toma de conciencia regional de que estamos ante el fin de un ciclo de alto crecimiento económico.  Las economías se desaceleran, el boom de las materias primas se esfuma y el financiamiento barato en dólares se terminó.  El PIB de 2004 creció a una tasa 5 veces más alta que la previsión para 2014.  No hace falta decir más.    

Segundo, estamos ante una región desigual, característica que se manifiesta incluso en los estilos de gobierno y prioridades que cada uno está dando para promover el desarrollo de sus respectivos países.  Así, no son comparables los casos de Argentina o Venezuela con los de México o Perú, por decir algo.  Eso que parece tan obvio, tiene un impacto claro en las opciones que se evalúan al pensar en una agenda de integración regional.  No en balde la frase del el rey de España “lleguemos hasta donde sea posible”.                 

Tercero, los presidentes del poder ejecutivo de Iberoamérica cerraron filas sobre la necesidad de seguir manteniendo en el centro del debate a la educación.  Pero ahora con un énfasis distinto al de hace veinte años.  La cobertura deja de ser el desafío principal y es más bien la calidad educativa el dolor de cabeza de nuestros sistemas de enseñanza.  Allí es donde hoy aprieta el zapato de la inequidad.   
 

Con esas tres pinceladas gruesas no sorprende que los términos que emanan de la cumbre sean diversificación productiva, innovación tecnológica, productividad, calidad educativa, infraestructura pública.  Si lo vemos fríamente, es un replanteo de la agenda de capital humano que estuvo en boga a principios de los años noventa.  Aparentemente no hay ningún énfasis nuevo, solamente desempolvamos un concepto que habíamos puesto a hibernar ante la buena racha por la que estábamos pasando.    

Sin embargo, lo que sí diferencia la discusión actual de la de hace dos décadas es la inclusión de la política industrial dentro del instrumental de política pública.  En aquella época hablar de política industrial estaba casi mal visto, pues eran los años de maldecir a todo lo que sonara a Estado.  Hoy la cruda realidad nos recuerda que fue una tremenda metida de pata el desmantelamiento físico y mental de lo público como eje fundamental de la vida en sociedad.  

Así nos lo recordaron dos mujeres latinas que, con propiedad y solvencia, sintetizaron el nuevo qué y cómo que la región debe priorizar. 

Por una parte, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL, insiste en el qué.  Señala tres rubros que no debiéramos negociar en estos momentos de ajuste: inversión pública en infraestructura, educación y diversificación productiva.

Y por la otra, Rebeca Grynspan, de la Secretaría Iberoamericana, pone el acento en el cómo.  Al decir “si quieres ir rápido, ve solo; pero si quieres ir lejos, hazlo acompañado”, nos recuerda la importancia de mantener la integración regional como un importante y potente instrumento de desarrollo.  

Qué y cómo invertir serán sin duda dos elecciones que los gobiernos latinoamericanos tendrán que hacer en estos años de ajuste que se nos vienen encima, y que ciertamente definirán el rostro de Latinoamérica a mediano plazo.