Descentralización, privatización y bienestar

“(…) el gobierno central es un mejor proveedor de servicios básicos sobre cualquier otra alternativa.”

Hace unos diez años Guatemala se embarcó en una de las reformas más profundas de los últimos tiempos en materia de descentralización.  La famosa trilogía del 2002 en donde se modificó el código municipal, la ley de consejos de desarrollo urbano y rural y la nueva ley de descentralización, parecían redibujar el paisaje de lo que serían las relaciones entre gobierno central, municipal y sociedad.

No hay que olvidar que los noventas eran los años en que casi no se cuestionaba la visión post acuerdos de paz de un Estado mínimo, y se gritaban en techos y azoteas las bondades de un mercado que nos solucionaría la vida.  Si había que decir algo de lo público, a lo sumo nos atrevíamos a plantear la transferencia de competencias desde el gobierno central a las municipalidades, y se presentaba a las comunidades como campeonas en la gestión de servicios que el gobierno central había sido incapaz de llevar con regularidad y calidades mínimas. 

¿Qué paso desde entonces?  Este mes de marzo, el Instituto internacional de investigación sobre políticas alimentarias (IFPRI) hizo circular un documento titulado “Oportunities and challenges for community involvement in public service provision in rural Guatemala”, de los autores Johanna Speer y William Vásquez.  Una reflexión interesante sobre las percepciones que tienen las comunidades acerca de la provisión de ciertos servicios básicos en el mundo rural.     

De los muchos mensajes que salen del estudio resalto tres.  El primero tiene que ver con la claridad que tienen las comunidades respecto de los servicios que más les urgen.  En jerga economicista, sus preferencias reveladas están claras: acceso a agua.  Después vienen otras cosas como salud, caminos y saneamiento, pero con porcentajes mucho menores.  

Esto puede explicarse de varias maneras.  Por ejemplo, debido a la importante inversión financiera, política e institucional que se ha hecho en el sector educación durante los últimos años, aún y cuando todavía hace falta mucho en términos de calidad y acceso a niveles superiores.  Pero también puede ser reflejo de períodos de inversión, más intermitentes eso sí, en construcción y reparación de caminos. 

El segundo mensaje que nos mandan los pobladores rurales tiene que ver con una percepción de que el gobierno central es un mejor proveedor de servicios básicos sobre cualquier otra alternativa.  ¡Así como lo lee!  De hecho, las comunidades estudiadas no se consideran más eficientes que el Estado para la provisión de servicios.  ¿Bálsamo para los oídos de quienes creemos en los servicios públicos? De ninguna manera.  Puede también deberse a una fatiga de los comuneros, a quienes les sale muy caro en tiempo y dinero hacerse cargo del puesto de salud, la escuela, los dos kilómetros de terracería, o del consultor que debiera darles asesoría técnica en sus parcelas. 

Finalmente, a pesar de los avances variopintos que nos ha dejado una década de descentralización, aparentemente hay un espacio muy claro para la participación de las comunidades en prácticamente en cualquier contexto.  Las funciones de planificación, evaluación, y auditoría social a proveedores de servicios y a autoridades de gobierno central o local es un papel que debe asumirlo la sociedad.  Esto hay que seguirlo promoviendo, creando condiciones para más participación de la población, fomentando la organización social, demandando de los gobiernos información de manera regular, y encontrando formas de abaratar la participación de los habitantes de comunidades en espacios de toma de decisión política.   

Si los datos presentados por IFPRI nos están reflejando la realidad del campo guatemalteco, es decir, si el método y las respuestas representan la percepción nacional, queda en el ambiente la necesidad de seguir investigando el tema.  Hay que tener respuestas más precisas que nos permitan responder por qué el arraigo tan fuerte en el imaginario de los capitalinos de que lo estatal es siempre de calidad inferior, y por qué en el campo hay una valoración distinta de lo público.  

Prensa Libre, 21 de marzo de 2013.

El tiempo está a favor de los pequeños

“¿Qué pasa si dejamos de pensar lo público en compartimientos estancos y lo imaginamos en el marco de una estrategia más amplia de atención a pequeños?”

El tiempo está a favor de los pequeños.  Eso dice uno de los versos de Silvio Rodríguez.  Lo traigo a colación porque de alguna manera es el mensaje que destila del último informe de la OECD 2013 titulado “Latin America Economic Outlook 2013.  SME policies for structural change”.  

Un reporte que resume las principales tendencias que se observan en la región, en donde el crecimiento apunta a seguir siendo bajo, a pesar de la preciada estabilidad macroeconómica.  Con un cierto espacio para la aplicación de políticas contra-cíclicas que puedan apuntalar en un período de contracción de la demanda proveniente de economías más desarrolladas.

Se constata una vez más la dependencia histórica de los latinos a la exportación de recursos naturales con bajo valor agregado.  De allí la recomendación al cambio estructural, que atienda fundamentalmente dos cosas: diversificación de la economía y mayores niveles de productividad.

Hasta allí el diagnóstico francamente es bastante estándar, casi hasta podría decirse que poco novedoso.  Sin embargo, el reporte lanza una hipótesis de trabajo que apuesta por las pequeñas y medianas empresas como posibles catalizadores de dicho cambio estructural. 

De tal premisa deriva recomendaciones de política que van desde reconocimiento de la heterogeneidad en la estructura productiva, necesidad de mucha coordinación horizontal (entre políticas sectoriales) y vertical (actores locales y regionales), integración de clusters de producción a cadenas de valor globales, entre otros.  Por supuesto también se refiere a políticas más tradicionales como el acceso a financiamiento, tecnologías de la información y capital humano. 

Pero más allá de este análisis enfocado a pequeñas empresas, el informe me provocó a pensar ¿qué pasaría si comenzamos a conectar puntos y tratamos de construir una visión más coherente del Estado?  ¿Qué pasa si dejamos de pensar lo público en compartimientos estancos y lo imaginamos en el marco de una estrategia más amplia de atención a pequeños – sean estos ciudadanos usuarios de programas sociales, pequeñas empresas familiares o productores individuales del campo?

Es decir, si efectivamente asumimos como correcta la premisa de la OECD en cuanto a la posibilidad de promover el cambio estructural a través de las pequeñas y medianas empresas.  Si a eso agregamos una arquitectura de la política social orientada a construir redes de protección para facilitar a hogares marginados la salida de su precariedad y-o evitar que caigan en ella.  Y si además superponemos una visón de desarrollo rural que construya sobre la agricultura familiar como piedra angular, para dar el salto cualitativo que permita pasar de agricultura de subsistencia a una con excedentes que cubran el autoconsumo, pero que además haga posible la comercialización. 

Entonces probablemente allí tendríamos, de facto, una visión de Estado que no solamente se ocupe y preocupe por asegurar esa noción abstracta de la estabilidad macroeconómica y la inserción en mercados globales (ambas condiciones necesarias pero a todas luces insuficientes), sino que activamente se compromete con las mayorías.  Un Estado que con sus políticas e instituciones hace una apuesta clara por los conceptos de movilidad social y cohesión social, como precondiciones para alcanzar el desarrollo. ¿Cómo sería un Estado así?

Prensa Libre, 14 de marzo de 2013. 

Salario mínimo y el petate del muerto

“(…) sobre los efectos negativos que aumentos al salario mínimo podrían tener en el nivel de empleo, expertos en la materia nos dicen que en realidad nos hemos estado asustando con el petate del muerto.”

Dentro de los varios temas que tiene en agenda el presidente Obama está la discusión sobre el aumento al salario mínimo.  Un tema que en cualquier parte del mundo despierta pasiones, argumentos políticos y explicaciones técnicas sobre cuál puede ser la mejor forma de ayudar a que los trabajadores logren un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas hoy, pero además, que también tengan la posibilidad a lo largo de su vida laboral de algún nivel de movilidad social ascendente. 

En el país del norte como en el resto del mundo, una de las principales razones para dudar de la efectividad del salario mínimo en el nivel de vida de los trabajadores tiene que ver con el aumento que ocasiona en la estructura de costos de las empresas.   En otras palabras, si la planilla se encarece, yo como empresario aparentemente tengo dos opciones: no contratar nuevos trabajadores, con lo cual no hay creación de nuevos empleos; o peor aún, destruir empleos, despidiendo a aquellos que son menos productivos o esenciales para la actividad del negocio. 

Dicha lógica es de una simpleza y claridad tal que ha logrado posicionarse como uno de los argumentos más utilizados al momento de discutir temas como salario mínimo y-o flexibilizaciones al mercado laboral.  Pero, ¿realmente es así? ¿es eso lo que sucede siempre y en todos los casos? ¿es ese el razonamiento que debiera seguir la política salarial de un país?

Curiosamente, sobre los efectos negativos que aumentos al salario mínimo podrían tener en el nivel de empleo, expertos en la materia nos dicen que en realidad nos hemos estado asustando con el petate del muerto.  La razón es muy simple: la destrucción de empleo no es el único -de hecho ni siquiera es el más importante- canal de ajuste, hay muchos otros.   

Para compensar el aumento que ocasiona en su estructura de costos, empresas y trabajadores echan mano de un menú más amplio que incluye reorganizar los procesos productivos para hacerlos más eficientes, reducir la rotación de personal, reducir pagos a empleados mejor remunerados (compresión salarial), aumentar ligeramente el precio de sus productos, reducir el número de horas trabajadas, o incluso ajustar la rentabilidad del negocio.  La mezcla precisa dependerá del contexto.  Es decir, del país, del sector de la economía, y del momento específico en que tales medidas se adopten. 

Por supuesto que tanto en Estados Unidos, Guatemala y cualquier otro país del mundo, hay también otros factores extra económicos que juegan y pesan al momento de fijar el salario mínimo.  Sin embargo, la ventaja de contar con análisis técnicos es que al menos obliga a los decisores a sincerar las variables que utilizan para fijar dicho precio.   

Dado que el salario mínimo es un tema recurrente en Guatemala, pero sobre todo a partir del énfasis en el discurso que la actual administración hace sobre la generación de empleo como objetivo de política pública, entonces ¿por qué no aprovechar esta convergencia de condiciones para que gobierno y academia desarrollen una agenda de análisis y propuestas de política con relación al funcionamiento de los mercados laborales en el país? 

La gran mayoría de guatemaltecos tenemos la sospecha que sobre ese tema vamos, en el mejor de los casos, navegando por instrumentos.    

Prensa Libre, 7 de marzo de 2013. 

El dragón rural

“(…) el músculo de la política fiscal debe estar presente incluso (o sobretodo) allá en comunidades remotas y apartadas.”

Hace pocos días tuvo lugar la 36 asamblea de gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).  Una reunión que este año tuvo algunas peculiaridades: se reeligió al Doctor Kanayo Nwanze como presidente de la institución; Cuba tuvo presencia y participación después de más de veinticinco años de ausencia en dicho foro multilateral; y como uno de los oradores principales se contó con la participación del vice premier del Consejo de Estado de la República Popular China, Hui Liangyu.

Es sobre este último punto que quisiera detenerme y comentar un poco.  Simplemente porque de nuestro lado del mundo las noticias que llegan de China generalmente tienen que ver más con sus altos niveles de crecimiento, con el enorme peso de su demanda en la economía global, o con su proceso de apertura e inversión, del cual América Latina ya está siendo parte.  Por el contrario, se escucha poco de su visión de desarrollo rural y del papel que tiene el pequeño productor en la reducción de la pobreza. 

El señor Liangyu habló de los aprendizajes que en las últimas tres décadas y media su país ha tenido en materia de desarrollo rural, resumiéndolas más o menos así: primero, la importancia de mantener el desarrollo agrícola y la reducción de la pobreza como prioridad de la agenda social y económica, focalizando tanto obras de infraestructura como programas sociales para el campo, y manteniendo el énfasis no solamente en los grupos de población pobre sino en los territorios en donde estos habitan. 

Segundo, desarrollar la agricultura familiar, formas de organización cooperativa, y los servicios de apoyo que se requieren para mejorar la productividad del productor pequeño.  Es decir, una visión micro del desarrollo, que por un lado reconoce el valor de la actividad e iniciativa individual, pero también las ganancias que derivan de asociarse para competir y hacer mejor uso de las políticas, bienes y servicios públicos.

Tercero, mejorar las condiciones de producción agrícola a través de ampliar sistemas de riego y sistemas de conservación del agua así como la mecanización del campo.  Agua y tecnología parecen ser la restricción fundamental, no solamente en el Artibonite haitiano, en el nordeste brasileño o en la montaña de Guerrero mexicana, sino hasta en China.  

Cuarto, incentivos fiscales para el campo, que también incluye medidas pro mercado para la promoción de la agricultura, así como programas de compras públicas para los principales productos agrícolas que cultivan los pequeños.  En otras palabras, el músculo de la política fiscal debe estar presente incluso (o sobretodo) allá en comunidades remotas y apartadas. 

Pero a pesar de todo, Liangyu no presentó una visión autocomplaciente.  Más bien señaló con mucha claridad los inmensos desafíos que tienen por delante.  La necesidad de continuar cerrando las brechas entre el mundo urbano y el rural, igualando el acceso a servicios básicos para toda la población, no hace sino ejemplificar la importancia que tiene la equidad en su modelo de desarrollo. 

El mensaje que manda China en cuanto a desarrollo rural es claro y consistente.  La seguridad alimentaria debe constituirse en objetivo nacional para los países en desarrollo; la política social debe articularse con la política productiva, en una visión integral del desarrollo rural; la reducción de la pobreza pasa por un acelerado proceso de crecimiento y productividad del pequeño productor agrícola, y dicho proceso descansa en formas de organización cooperativa.  Tres lecciones que ciertamente no son nuevas en cuanto a contenido, mucho menos ajenas a la realidad guatemalteca, pero que dichas con el respaldo de la economía con mayores niveles de crecimiento anual en las últimas décadas adquieren un significado todavía mayor. 

Bien haríamos entonces escuchándolas y aplicándolas, ¿no?

Prensa Libre, 28 de febrero de 2013. 

El presidente, el economista, y el migrante

“Si bien no están exentos de costos, dichos flujos generan beneficios que pueden compensar de sobra a aquellos segmentos de población que pierden bienestar en el corto plazo.”

Tal y como se esperaba, en el discurso sobre el estado de la Unión que dio el presidente Obama el martes pasado, uno de los temas a los que hizo referencia fue la reforma migratoria.  Hizo un llamado a los parlamentarios para que le enviaran en los próximos meses una propuesta de reforma que viabilizara la regularización de los millones de indocumentados que viven en ese país. 

A propósito, hace unos días el economista Gregory Mankiw publicó una columna de opinión reflexionando sobre el valor de los inmigrantes para los Estados Unidos.  Hacía referencia a tres razones básicas por las cuales los economistas nos sentimos cómodos con una política migratoria que permita el flujo de talentos y mano de obra. 

Muchos economistas, dice Mankiw, pero especialmente los conservadores, tienen una veta libertaria.  Por lo mismo, son reticentes a obstaculizar cualquier intercambio que sea mutuamente beneficioso entre dos personas adultas.  El ejemplo que pone es el del granjero americano que quiere contratar mano de obra para la época de cosecha, transacción económica que debiera suceder, independientemente del lugar de nacimiento del trabajador o del granjero.  

Pero también hace referencia a la veta igualitaria que tienen muchos economistas liberales.  Para ello cita la visión Rawlsiana de la justicia, que nos recuerda cómo las políticas públicas deben ser especialmente sensibles a las necesidades de los menos afortunados en la sociedad.  En este caso los trabajadores que (sic) “añoran con [irse] a los Estados Unidos para tener una mejor vida para ellos y sus familias”.

El tercer argumento tiene que ver con el amplio reconocimiento de lo beneficioso que ha sido para la profesión económica el influjo de talentos de otros países.  Jóvenes que llegan a formarse en programas de pre y postgrado provenientes de casi cualquier rincón del mundo, muchos de los cuales terminan sus estudios y se incorporan a universidades y centros de investigación norteamericanos. 

Por supuesto que esta es solamente una parte de la historia.  Esa que pueden contar aquellos que se educan a nivel superior ya que, como también señala Mankiw, la brecha salarial se ha profundizado con respecto a los trabajadores con poca o ninguna cualificación.  La razón está en el cambio tecnológico y la demanda de mano de obra cualificada que este genera.  

Dos mensajes destilan de su análisis.  El primero tiene que ver con las ganancias en eficiencia económica que pueden tener los países desarrollados al permitir flujos migratorios.  Si bien no están exentos de costos, dichos flujos generan beneficios que pueden compensar de sobra a aquellos segmentos de población que pierden bienestar en el corto plazo. 

El segundo tiene que ver con el papel que tiene el Estado para mitigar algunos de los efectos indeseados de la migración.  Por ejemplo, a través de programas de capacitación para la reconversión productiva y la inserción laboral, o esquemas de protección social focalizados a aquellos que no logran alcanzar niveles de remuneración suficientes para llevar una vida digna.

 

Por supuesto que la retórica de Mankiw y Obama, aunque apuntan en la misma dirección, son movidas por lógicas distintas.  En el caso del presidente, a todo este aparato teórico de racionalidad económica hay que agregar el hecho político (cosa no menor) de haberse beneficiado con más del 70% del voto hispano en las urnas para este segundo mandato que recién inicia.  En eso tampoco hay que perderse. 

Prensa Libre, 14 de febrero de 2013. 

¿Autarquía institucional?

“Pero todavía aún más grave es desconocer el orden internacional, pretendiendo ilusamente que podemos vivir en una especie de autarquía institucional.”

Análisis crítico, diversidad de puntos de vista, y posibilidad de manifestar disensos a las distintas esferas de poder político son condiciones esenciales para el buen funcionamiento de un sistema democrático.  Es un contrasentido privarnos de la riqueza que hay en la multiplicidad de enfoques que puedan aportar guatemaltecos o extranjeros sobre nuestro país.  Justamente allí, en la pluralidad, es donde residen los ingredientes que luego nosotros, los guatemaltecos, tenemos la obligación de aprender a mezclar para dar solución a los problemas que nos aquejan.

Renunciar al diálogo, a la construcción de confianzas, dejar de construir puentes y encontrar espacios comunes, optando en cambio por la polarización y la descalificación personal e institucional es una apuesta muy arriesgada y peligrosa.  Pero todavía aún más grave es desconocer el orden internacional, pretendiendo ilusamente que podemos vivir en una especie de autarquía institucional.  Actitud no solamente aldeana sino además cínica porque instrumenta a la comunidad internacional, utilizándola de manera selectiva.  Cuando me conviene la invoco, cuando me estorba la ninguneo.

Prácticamente ningún país desarrollado o en desarrollo ha seguido esa ruta de ostracismo.  No en Latinoamérica, no en Asia, mucho menos en el hemisferio norte.  Al contrario, la historia ha demostrado que aislarse y desoír opiniones solamente logra una cosa: crear condiciones y un entorno favorable para expresiones de radicalismo local y antidemocrático, que desemboca en privilegios para unos pocos, abusos, y malestar para la mayoría. 

Tampoco se trata de hacer una apología ingenua del actual orden internacional, sus organismos y agendas.  ¡De ninguna manera!  Es clarísimo que allí también se cuecen habas y hay amplios espacios para mejorar y hacer más eficientes su labor.  De lo que se trata más bien es de lograr pesos y contrapesos que garanticen un balance adecuado entre el papel que deben cumplir las instituciones nacionales, los organismos internacionales y la sociedad.

En vez de gastar fuerzas en desacreditar el trabajo de la comunidad internacional, sería mucho más productivo y útil para todos invertir energías en fortalecer instituciones nacionales.  Desarrollar cuadros técnicos y políticos, con mayor capacidad de análisis, interlocución y propuesta.  Esa es la forma de dar el salto cualitativo que Guatemala necesita para abrirnos un espacio aún mayor en el concierto de naciones, hacernos escuchar como país, pero también para poder hacer un uso mucho más racional y eficiente de los beneficios asociados a vivir en un mundo globalizado. 

Ejemplos de cómo otros países mantienen un diálogo sustantivo, aunque no siempre sea terso y fluido, con organismos externos los tenemos por docenas en la región.  Lo he visto en el ministerio de planificación brasileño, en la secretaría de hacienda mexicana, en la cancillería cubana, en el banco central chileno, en el ministerio de desarrollo social peruano, por mencionar solamente algunos ejemplos.  Son instituciones nacionales que comparten la característica de haber invertido en sus cuadros técnicos, lo cual les permite dialogar con la comunidad internacional de manera más provechosa.

La crítica es buena y saludable cuando está dirigida a las ideas más que a las personas.  La denuncia es útil y necesaria siempre que tenga fundamento.  Lo que definitivamente no nos llevará muy lejos es esa actitud de berrinche y soberbia que llama a meter la cabeza dentro de un agujero y pretender que podemos vivir aislados y prescindir del mundo que nos rodea. 

Eso que llamamos globalización tiene expresiones que van más allá de lo económico, financiero o comercial.  Incluye otras dimensiones de la vida en sociedad, aunque a veces convenientemente se quiera plantear de forma tan minimalista. 

trosada@gmail.com

http://ekonomiaydesarrollo.blogspot.com/

 

El imaginario de The Economist

 “Es decir que las madres indígenas no saben reconocer el valor de un vaso de leche versus una coca cola o un Toki, ¡por favor!”

El poder de los medios de comunicación es inmenso, incalculable quizás.  No en balde le han llamado el cuarto poder, en referencia a los otros tres que establecen las democracias modernas: ejecutivo, legislativo y judicial. Y tras la explosión comunicacional que generó el internet y más recientemente las redes sociales, su influencia se ha ampliado todavía más. 

Los medios de comunicación construyen imaginarios, narrativas, inflan personalidades o las borran del mapa.  Posicionan conceptos, hechos, paradigmas, repiten verdades (completas o a medias), que terminan por instalarse en la mente de elites y pueblos.  Cumplen una función que ejercida con seriedad puede ser un gran aporte para la democracia y el desarrollo de los pueblos.  Por el contrario, llevada a la ligera, exacerba visiones distorsionadas del mundo.  Allí reside su gran poder y a la vez su gran responsabilidad. 

Todas estas reflexiones son provocadas por una nota sobre Guatemala aparecida en la última edición del semanario The Economist, titulada “Edging back from the brink”.  Intenta ser un análisis del primer año de la administración Pérez Molina desde varios ángulos: seguridad y violencia, narcotráfico, política fiscal, desarrollo social, entre otros. 

Más allá de lo debatible que puedan ser sus apreciaciones sobre la coyuntura nacional, hay allí un párrafo muy desafortunado que dice más o menos así: (la traducción es mía) “El hambre es un problema aún más generalizado que el crimen.  La mitad de los niños guatemaltecos menores a cinco años sufren de malnutrición crónica – la tasa más alta en América Latina, el doble de la de Haití, y la sexta a nivel mundial.  El problema es un hábito rural, prevaleciente entre las mujeres Mayas, que alimentan a sus bebes con aguas coloreadas en vez de leche.  Esto impide el crecimiento y limita su desarrollo intelectual.  En las ciudades los bebés sufren porque la leche en polvo es preferida a la lactancia materna.”

¡Ajá!, así que todo este problema se debe a un mal hábito que tienen las mujeres Mayas que viven en el campo, ¿qué le parece?  Argumento de un simplismo que raya en lo ridículo; que no solamente es falso, sino que además contribuye a esa visión imbécil de que nuestra población maya se comporta de manera irracional, y que es incapaz de reconocer lo que es bueno para su desarrollo.  Un argumento que en el mejor de los casos refleja solamente una cosa: la profunda incompetencia de quien se sentó a escribirlo pensando en un país que evidentemente no conoce ni entiende. 

Es decir que las madres indígenas no saben reconocer el valor de un vaso de leche versus una coca cola o un Toki, ¡por favor!  Pero también es barrer bajo la alfombra años de pobreza y exclusión de grandes mayorías.  Es negar la incapacidad histórica que ha tenido nuestro Estado de llegar toda la sociedad con un mínimo de bienes, servicios e instituciones; y la indiferencia que como sociedad hemos tenido para discutir y exigir acciones concretas para desarrollar la Guatemala rural.

Y como dicen que el que calla otorga, por eso hoy hago pública mi protesta, misma que también hice llegar a la revista el mismo día que salió la publicación pidiendo una aclaración a tan irresponsable argumento.  Me carcomen las ganas por ver la evidencia empírica que soporta ese  análisis.  Y por supuesto, si tal cosa existe, estoy dispuesto a pedir la misma disculpa pública que hoy exijo al semanario. 

Dejar pasar esos pequeños deslices a los medios de comunicación nacionales o internacionales es contribuir a un imaginario que en buena medida explica el atraso de Guatemala.  Quedo a la espera de su respuesta, señores de The Economist. 

Prensa Libre, 31 de enero de 2013. 

Transferencias, ahorro y pobreza

“Efectivo, monederos electrónicos, tarjetas prepago o cuentas de ahorro no son la misma cosa en términos de liquidez, seguridad, visibilidad política, transparencia, costos, inclusión, etc.”

Me llegó hace poco un artículo de Carlos Chiapa, profesor del Colegio de México, titulado “Diagnóstico sobre los beneficios de unir ahorro y transferencias monetarias condicionadas”.  Un trabajo realizado en el marco del Proyecto Capital (www.proyectocapital.org), el cual tiene como objetivo articular programas de inclusión financiera con programas de protección social. 

Interesante reflexión en torno a los beneficios de vincular programas de transferencias condicionadas con cuentas de ahorro.   La pregunta central que plantea es ¿qué pasaría si los pagos de dichas transferencias monetarias condicionadas se hicieran de manera directa y automática en cuentas de ahorro de los beneficiarios?  Una innovación aparentemente intrascendente, pues al fin y al cabo podríamos pensar que la manera en que se hacen llegar los recursos a los pobres no tiene mayor importancia. 

Sin embargo no es así, la forma de pago tiene impactos distintos.  Efectivo, monederos electrónicos, tarjetas prepago o cuentas de ahorro no son la misma cosa en términos de liquidez, seguridad, visibilidad política, transparencia, costos, inclusión, etc.   

Al utilizar cuentas de ahorro hay beneficios claros para todos los actores involucrados.  Para los programas sociales porque reducen sus costos de entrega, disminuyen posibilidades de corrupción y captura política.  De igual forma, los hogares receptores de la transferencia también se benefician al reducir sus costos de transacción, pudiendo además acumular recursos con un instrumento formal y más seguro (cuenta de ahorro), y gradualmente tener acceso a otros instrumentos financieros.  Y las instituciones financieras pueden hacerse de una masa crítica de clientes, no solo de una cuenta de ahorro sino de un abanico de otros productos.    

Pero me parece que conceptualmente la idea más poderosa de esta innovación es romper con la dicotomía que se tenía en el modelo de las transferencias monetarias condicionadas.  El modelo original proponía una intervención en dos niveles: romper el ciclo intergeneracional de la pobreza a través de inversiones en salud y educación de los niños, y paliar un poco el efecto de la pobreza de ingreso con una transferencia monetaria.  Al vincular la transferencia a un instrumento financiero menos líquido, como es el caso de una cuenta de ahorro, hace que los hogares puedan usar estos recursos tanto para cubrir necesidades de corto (para gasto corriente) como de mediano plazo (ahorrando para eventualidades futuras). 

Por supuesto que no todo es así de simple.  Como bien señala el autor, la unión de ahorro con transferencia puede no ser apropiada en algunos contextos.  Se necesitan unas condiciones mínimas de desarrollo institucional, infraestructura, marcos regulatorios, etc., que lo hagan viable.  Sin embargo, son áreas en donde claramente se pueden explorar innovaciones para una gestión más eficiente de la política social así como para impulsar una agenda de inclusión financiera. 

De suyo, estas preguntas son interesantes, porque ponen a competir distintas ideas sobre cómo atender mejor a poblaciones en pobreza e indigencia, y por tanto obligan a más investigación y análisis para documentar efectos e implicaciones de política.  Curiosamente – y quizás debo decir también desafortunadamente – discusiones de este calibre parecen haber desaparecido de la agenda nacional. 

Curiosamente porque tan solo un par de años atrás se vertían litros de tinta en papel de prensa, debatiendo fervientemente sobre la validez técnica y motivaciones políticas del modelo MIFAPRO, hoy llamado Mi Bono Seguro.  Y digo desafortunadamente porque hay tanta investigación y debate sucediendo fuera de nuestras fronteras, haciéndose preguntas de segunda generación sobre la mejor manera de empalmar objetivos sociales con eficiencia económica y financiera.  Para muestra este pequeño botón. 

A veces me pregunto ¿por qué nuestra tendencia a la llamarada de tusas? ¿Por qué dejamos que ciertos temas desmayen y mueran de inanición cuando cambia la propaganda oficial o los actores de turno? 

Prensa Libre, 24 de enero de 2013.

 

Un proyecto de historia económica

 “Es una deuda que mantienen con la población aquellos economistas que han jugado un papel protagónico.”

El domingo pasado apareció publicado un artículo del Licenciado Federico Linares titulado “Apuntes sobre la política económica durante los primeros años del gobierno del presidente Cerezo”.  Lectura no solamente sabrosa sino muy ilustrativa y llena de contenido.  De esas agradables sorpresas dominicales que aparecen de cuando en vez, y que vale la pena guardar como referencia.  

Me hizo pensar en otra publicación que por razones de trabajo he tenido que revisar, para familiarizarme un poco de la historia económica de México.  Se llama “Gobernantes Mexicanos”.  Una compilación de ensayos escritos por especialistas mexicanos y extranjeros, sobre los mandatarios de aquel país.  Un proyecto que originalmente surgió con la idea de indagar la naturaleza del presidencialismo en México y que terminó siendo una compilación de prácticamente todos los gobernantes del siglo XIX y XX. 

Al analizar a cada gobernante, necesariamente pasan por un análisis de las distintas decisiones de política económica que adoptaron, la economía política detrás, el peso del contexto nacional e internacional de cada momento, y los principales resultados de su gestión.  Un proyecto de investigación realmente interesante pero sobre todo útil, pues de manera sucinta permite tener una referencia y visión general del país.

La nota de Linares me hizo pensar también en Guatemala y la escasa producción y debate que tenemos sobre historia económica contemporánea.  Tenemos alguna documentación, como la del profesor Alfredo Guerra Borges “Guatemala 60 años de historia económica”, Juan Alberto Fuentes y sus reflexiones sobre su experiencia en el gobierno como Ministro de Finanzas, Mayra Palencia analizando reformas y política fiscal del país, y algunas de centros de investigación como ASIES, por citar algunos ejemplos.  Pero la verdad es que no tenemos una producción bibliográfica equivalente a la que se generó con la transición democrática y con el proceso de paz.  Es una deuda que mantienen con la población aquellos economistas que han jugado un papel protagónico.

Pensé también en la experiencia de otros países, en donde casi cualquier funcionario público con cierta jerarquía, al dejar el cargo publica un libro y deja por escrito su narrativa del momento que le tocó vivir y explica los por qué de las cosas que hizo o dejó de hacer.

Es verdad que cualquier análisis está tamizado por la opinión y percepción del narrador.  Por eso es importante generar testimonios desde visiones y posiciones políticas distintas, porque en su combinación y contraste, de alguna manera, se crean condiciones para una apreciación balanceada del hecho histórico. 

La importancia de escribir la historia económica contemporánea va mucho más allá del mero interés académico.  En un país tan pequeño como Guatemala, es una necesidad para la construcción de la conciencia ciudadana.  Es casi una deuda moral que tienen con las nuevas generaciones aquellos economistas que han tenido bajo su responsabilidad la conducción de la política económica nacional.  Es el aporte que falta para generar debates cada vez más informados y basados en hechos y argumentos y cada vez menos en percepciones y fundamentalismos.

El artículo de Linares me dejó pensando en cómo se vería una colección de ensayos sobre Guatemala como la que logró Will Fowler para el caso de México.  ¿Qué tal sería que economistas renombrados como Sosa, Aitkenhead, Del Cid, Zelaya, Beteta, Velásquez, Lamport, Gaitán, Paiz, y tantos otros que han tenido papeles protagónicos en la construcción de la historia económica reciente, desde ministerios, banco central, junta monetaria y otras instituciones del gabinete económico del país nos fueran contando franca y abiertamente los entresijos del gobierno y la economía política chapina? 

Por de pronto me quedo esperando su siguiente entrega sobre los primeros años del presidente Jorge Serrano Elías. 

Prensa Libre, 17 de enero de 2013. 

Cambio discreto pero estratégico

“En un Estado moderno la función de planificación y evaluación es no solamente estratégica sino esencial.”

Como el canto de la gran Mercedes Sosa: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo; el actual equipo gobernante enfrenta su primer enroque de piezas tras 12 meses de gestión. 

Así desde la tribuna, en los cambios que al momento han sido hecho públicos se ve un poco de todo: cambios potencialmente buenos (agricultura), cambios necesarios (relaciones exteriores), cambios inciertos (Segeplan), cambios raros (IGSS) y cambios urgentes (Fonapaz).  El resultado final, como siempre, dependerá de las personas que lleguen, del espacio real con que cuenten para operar, y de la claridad de objetivos que se propongan. 

Además, hay que estar claros en que los cambios –sobre todo en el sector público guatemalteco– no están exentos de costos.  Para comenzar, ocasionan cierta parálisis institucional, pérdida de ritmo y rumbo mientras la organización entiende y asimila las prioridades del nuevo funcionario a cargo.  Porque es bien sabido que nuestra burocracia le tiene tomada la medida al disfuncional sistema político que hoy impera, y ha aprendido a estar mucho más atenta a las señales e intereses del ministro o secretario que a prioridades institucionales y estrategias de mediano plazo.  

De los movimientos anunciados por el presidente, quizás el que menos prensa reciba es el de la SEGEPLAN, lo cual es hasta cierto punto natural pues se trata de una institución diseñada para trabajar discretamente, desde el ámbito más bien técnico, y con perspectiva y horizonte de mediano plazo.  Por lo mismo, poco apetecible para periodicazos. 

Sin embargo, en este caso no hay que confundir poca prensa con irrelevancia política, ¡todo lo contrario!  En un Estado moderno la función de planificación y evaluación es no solamente estratégica sino esencial.  Es lo que debe dar brújula, estabilidad y capacidad de afinar la puntería a las acciones gubernamentales. 

Y en la gestión pública de Guatemala ese es claramente uno de nuestros puntos flacos, un área de mejora.  Por eso mismo es indispensable seguir formando y fomentar una tecnocracia que sea capaz de dar seguimiento a políticas, programas y proyectos; evaluando impactos y alimentando con evidencia dura discusiones del gabinete de gobierno.  Dicha secretaría es el espacio natural para la discusión técnica de las decisiones de inversión pública en el país, así como donde debe suceder la armonización de prioridades de territorios, gobiernos locales y gobierno central.    

Como el INE y el banco central, la SEGEPLAN es una institución estratégica para el funcionamiento del aparato público, y en consecuencia hay que sacarles todo el millaje que sea posible.  En ese contexto, el relevo debiera ser alguien con un perfil esencialmente técnico, pero con una mezcla de cualificaciones que le permitan dialogar a distintos niveles: internamente, en materia de planificación para el desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas; de manera sectorial con el resto del gabinete, pero fundamentalmente con el Ministerio de Finanzas para coordinar y reflejar adecuadamente las prioridades de inversión en el presupuesto anual; y con capacidad de comunicar de manera fluida a la sociedad y a las distintas formas de cooperación internacional que llegan al país, prioridades, avances y desafíos del gobierno. 

Durante los últimos años la institución ha sido confiada, salvo contadísimas excepciones, a tecnócratas que paulatina y consistentemente han logrado recuperar el espacio que una secretaría como esta debe tener dentro del aparato estatal.  Esperemos entonces que el movimiento de Carrera a Relaciones Exteriores y la elección de su sucesor sigan en la misma línea de fortalecimiento de una tecnocracia modernizante, clara y consciente del rol que el Estado y sus instituciones deben jugar para promover el desarrollo del país.  De otra manera el presidente habrá desvestido un santo para vestir otro. 

Prensa Libre, 10 de enero de 2013. 

El legado de OPM

“Muchas de estas señales iniciales positivas se han revertido y hasta transformado en amenazas de crisis.”

Se terminó.  Uno de cuatro.  El 25% de la gestión.  Para algunos, el año de la luna de miel, del aprendizaje, el que prepara 18 meses de implementación, de legado, de obra, antes de entrar a la última fase en la que cíclicamente el gallinero político se alborota y la rueda vuelve a girar.

Hay que reconocer que el primer cuatrimestre del año fue impresionante.  Un sprint en la gestión pública que no habíamos visto en mucho tiempo.  Grandes pendientes, no solo de la administración anterior sino históricos, parecían encontrar una coyuntura favorable.  Una elite urbana en el gabinete daba la impresión de haber encontrado su equilibrio para empujar un paquete de reformas y transformaciones al Estado. 

Después de un año se revela la estrategia política seguida: un puñado de objetivos y el aprovechamiento sagaz de conocer los entresijos parlamentarios.  Ello permitió anotar goles tempraneros y crear un clima distinto al de tan sólo unos meses atrás.   

Los logros estuvieron a la vista desde muy al comienzo: un ministerio de desarrollo social, que diera forma y cobijo, con reglas y procedimientos, a las acciones impulsadas con tanta vehemencia por la administración anterior.  La ratificación del estatuto de Roma, instrumento de la Corte Penal Internacional, en vigor desde el 2002, para condenar delitos como internacionales como crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad.  La aprobación parlamentaria del presupuesto de ingresos y gastos del Estado, otro cuco que no dejó dormir tranquilo al gabinete anterior.  La aprobación en tiempo record de una reforma tributaria, aunque no entraría en plena vigencia sino hasta 2013.  La instalación del desarrollo rural como prioridad de Estado, creando incluso la figura de un comisionado presidencial, personaje que encarna años de investigación y reflexión sobre el tema y una amistad cercana con el Presidente de turno. Una iniciativa por impulsar reformas constitucionales en varios temas considerados estratégicos para modernizar nuestro contrato social. 

Así, parecía que el Presidente estaba como tocando una tremenda sesión de jam, en la cual sus principales músicos tenían su pedacito y su solo.  El problema fue que a medida que transcurrió el tiempo, claridad y entusiasmo iniciales se fueron perdiendo, y la heterogeneidad del equipo gobernante dejo de ser un activo y se convirtió más bien en un freno. 

Hoy tenemos a la vuelta de la equina un año que ya amaga con arrancar complicado.  Muchas de estas señales iniciales positivas se han revertido y hasta transformado en amenazas de crisis.  Para muestra un par de botones: la reforma a la carrera magisterial y las leyes de desarrollo rural y de actualización tributaria. 

La estrategia de objetivos múltiples no dio todos los frutos que se esperaban.  Y a medida que avanza el reloj político, tendrán que irse priorizando y desapareciendo de escena muchas de las iniciativas que consumieron buena parte de las energías de la actual administración.  En medio, se ha perdido claridad y norte.  Si hoy nos preguntaran cuál será el legado de la administración Pérez Molina, creo que la mayoría de ciudadanos tendríamos dificultades en dar una respuesta. 

Apreciado lector, ¡le deseo unas muy felices fiestas de fin de año, en paz, y rodeado de sus seres más queridos!    

Prensa Libre, 27 de diciembre de 2012.

Subsistencia en tiempos de crisis

“(…) pobreza, desigualdad y ruralidad son condiciones que generalmente vienen asociadas a otras como bajos niveles de institucionalidad y capacidad de respuesta de las agencias públicas.”

Para amortiguar los efectos que tienen las crisis económicas en los deciles más bajos de la población típicamente se recomienda utilizar a las redes de protección social como instrumento de política.  Eso es correcto en la medida en que los gobiernos cuenten con tales redes. 

El problema es que en países con elevados niveles de pobreza, desigualdad y ruralidad, generalmente se hace más costosa cualquier intervención debido a la amplia dispersión de la población.  Además, pobreza, desigualdad y ruralidad son condiciones que generalmente vienen asociadas a otras como bajos niveles de institucionalidad y capacidad de respuesta de las agencias públicas.  Guatemala es un buen ejemplo. 

Desde una perspectiva más amplia de atención a los pobres, hay que pensar entonces en instrumentos de política pública adicionales que se complementen con programas de protección social más tradicionales.  La escalada en precios internacionales de los alimentos que hemos observado durante los últimos años ha detonado reflexiones de este tipo. 

En un interesante artículo titulado “Subsistence farming as a safety net for food-price shocks” los profesores Alain De Janvry y Elisabeth Sadoulet discuten alternativas que desde la agricultura de subsistencia se pueden poner en marcha para mitigar los efectos negativos que acarrean las alzas de precios de alimentos para los hogares más pobres en el campo.  La idea central de su planteamiento viene en dos vías. 

En un nivel macro, países pequeños y más pobres generalmente tienen un menú de instrumentos de política mucho más restringido, distintos a los que pueden utilizar países grandes y más ricos.  Así por ejemplo, reducciones arancelarias a la importación de alimentos tiene un alcance limitado debido a la liberalización comercial que ya ha tenido lugar.  Lo mismo sucede con políticas de subsidios, fuertemente restringidas por el costo de oportunidad que supone utilizar los exiguos recursos fiscales en tales fines. 

En un nivel micro se debe reconocer que los agricultores de subsistencia participan de manera diferente en los mercados de alimentos.  Es decir, algunos son vendedores netos, otros autosuficientes, y otros compradores netos.  Claramente el grupo de compradores netos de alimentos es el que absorbe el impacto negativo ante subidas de precios y por lo tanto demanda una atención prioritaria sobre los otros dos grupos. 

En ese contexto, las recomendaciones de De Janvry y Sadoulet van por la vía de elevar la productividad de la tierra y del trabajo de los productores de subsistencia, a través de una combinación de apoyos de asistencia técnica, acceso a semillas, fertilizantes y otros insumos, así como a servicios financieros, entre otros.   La novedad de su propuesta no radica tanto en las medidas que proponen, que de hecho son todas muy conocidas y estándar.  Lo interesante es que aborda a la agricultura de subsistencia desde una óptica distinta.  Más como parte de la solución y menos como parte del problema.  Más como sujetos con capacidad de identificar y ejecutar sus propias estrategias de vida y menos como simples objetos pasivos de una política de protección social. 

Con todo, los autores también son muy claros al referirse a la agricultura de subsistencia como un instrumento transitorio y sub óptimo en el largo plazo, pero que ciertamente puede ser utilizado cuando (sic) “los shocks de precios son recurrentes, la pobreza rural es amplia, los servicios financieros son incompletos, y la capacidad de atender a los pobres con otros mecanismos resulta más costoso”.  Es decir, en entornos muy similares a los que tenemos en Guatemala hoy día.    

Insumos analíticos de este tipo son muy valiosos y pertinentes para provocar pensamiento alternativo que nos permita oxigenar la discusión local, y diseñar así mejores estrategias de reducción de pobreza rural, que atiendan de manera más activa a los eslabones más débiles de la cadena de producción en el campo.    

Prensa Libre, 20 de diciembre de 2012.

¿Milpa o salario?

“(…) fundamentalmente se trata de mudarnos hacia una visión estratégica que reconozca a la ruralidad como algo que hace rato dejó de ser sinónimo de la gran agricultura comercial.”

El campo en la ciudad está que arde. El campo por haberse atrevido a ser sujeto principal de una agenda que ha estado pendiente por años, y la ciudad porque es allí en donde se toman las decisiones políticas de ambos mundos: el rural y el urbano.   La hoy ya famosa iniciativa de ley 4084 ha puesto a unos y otros a pegar de gritos, escribir pancartas, hacer plantones, mandarse mensajes por la prensa, presentar recursos ante cortes y cabildear tupido y parejo.  De todo se vale con tal que la ley pase o no pase, según a quién usted le pregunte. 

Por supuesto, en todo esto hay también aquellos que quieren hacer su agosto con cada coyuntura.  Al final, la politiquería se aprovecha ante la falta de un sistema político con incentivos para operar pensando más en el mediano plazo, y menos en cómo hacerse de la guayaba cada 48 meses.  La oposición de turno no hace sino ponérsele al brinco al gobierno de turno mientras espera su turno, cuando lo más sensato sería enfriar la cabeza y trabajar una propuesta única que construyera sobre el proceso ya recorrido. 

Alguien propuso que lo que le falta para superar la pobreza del campo es más inversión.  ¡Brujo!  Pero la pregunta del millón de quetzales no es esa, sino más bien ¿cómo se logra esa bendita inversión en el campo en niveles suficientes para generar empleo?

Ciertamente no será por la vía de dar exenciones fiscales ni tratos preferenciales a inversionistas para que vayan a poner una fábrica a Chuatuj ó a San Manuel Chaparrón.  Cualquier empresario medianamente exitoso sabe hacer cuentas y entiende que ningún negocio será suficientemente rentable en el mediano plazo si lo que tiene a la mano son empleados con escasamente 3 ó 4 años de escuela de baja calidad y deficiente estado nutricional.  Eso no es más que síntoma de la ausencia de bienes públicos rurales, que hacen poco atractivo invertir capital en condiciones de baja productividad y rentabilidad. 

También se rumora sobre la pulverización en la tenencia de la tierra.  Francamente no creo que nadie en su sano juicio esté hoy proponiendo tal cosa para el país.  Otros andan presentando a la agricultura familiar como una visión dicotómica milpa versus salario, lo cual me parece igualmente equivocado. 

Se trata de reconocer la heterogeneidad de los pequeños productores, en donde aquellos que están en condiciones más precarias difícilmente saldrán sin una intervención focalizada que debe gestarse desde el sector público.  Se trata también de que aquellos otros pequeños productores con mayor capacidad de producir y comercializar tengan condiciones mínimas: una carretera saca cosechas, un paquete tecnológico, asistencia técnica, semillas de calidad, instituciones públicas que les faciliten información para asociarse y producir eficientemente, y productos financieros que respondan a los riesgos que su actividad agropecuaria enfrenta. 

Pero fundamentalmente se trata de mudarnos hacia una visión estratégica que reconozca a la ruralidad como algo que hace rato dejó de ser sinónimo de la gran agricultura comercial.  De entender que el mercado no es algo que funciona al vació, sino que esta constituido por una densa red de instituciones sin las cuales es prácticamente imposible que opere adecuadamente, y que muchas de estas instituciones todavía no existen para una parte importante del sector rural guatemalteco.   

En democracia se vale disentir, es verdad.  Lo que ya no se vale es que en pleno siglo XXI sigamos comportándonos como el perro del hortelano, y que además se ande asustando con el petate del muerto a una clase media urbana, que en su gran mayoría no tiene mayor conexión ni empatía con la realidad del campo.   

Prensa Libre, 13 de diciembre de 2012.

El sospechoso gasto social

“(…) pareciera que tenemos una cierta sospecha inconsciente con relación al gasto social.”

Las últimas tres décadas nos han dejado muchos aprendizajes en América Latina en términos de gestión y política económica.  Quizás la enseñanza mayor tiene que ver con la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica como condición básica para avanzar en cualquier otro espacio de la gestión pública.  De eso se ha escrito y documentado profusamente. 

El texto “Ensayos sobre economía mexicana” de David Ibarra resume mucha de esta discusión.  Aunque escrito para aquel país, es perfectamente aplicable para toda la región al decir cosas como que (sic) “los nuevos paradigmas abandonan la idea de que el ritmo y la estabilidad del desarrollo, el cierre de la brecha con las naciones avanzadas, constituya el meollo de la política económica de las naciones periféricas.  En su lugar, las preocupaciones se han desplazado hacia la búsqueda de la estabilidad macroeconómica y de precios de cara a la integración de los mercados internacionales.  La disciplina fiscal y la eficiencia parecen ganar la batalla a los valores de la igualdad y la solidaridad sociales”. 

Ibarra lo plantea como una batalla entre agendas de política pública.  Yo prefiero enfocarlo como una minimización temporal de la equidad como prioridad de los países, que encontró su momento más agudo durante los años del ajuste estructural y el desmantelamiento del Estado latinoamericano. 

Dicha minimización pareciera estarse revirtiendo.  La equidad recupera espacio en las agendas políticas de los latinoamericanos.  Lo interesante es que esto no sucede solamente en países en desarrollo.  Más bien, en dicha vuelta a escena de la equidad como elemento central, ha jugado un papel fundamental el cuestionamiento que las clases medias en los países industrializados se están haciendo, sobretodo durante estos últimos años post Lehman Brothers y la inequitativa distribución de los costos que ha supuesto el ajuste económico por el que atraviesa la mayor parte de economías de Europa y Estados Unidos. 

Pero además de lo anterior, es interesante resaltar otra mega tendencia que acompaña este retorno de la equidad a la esfera de la política pública.  Tiene que ver con una cierta obsesión de gobiernos y organismos internacionales por evaluar el uso de los recursos destinados al gasto social. 

Sectores como salud, educación y protección social se han visto sometidos a complejos procesos para documentar productos, resultados e impactos, muchas veces utilizando métodos ultra sofisticados.  Mecanismos que, además de costosos, son monopolizados por una elite mundial de tecnócratas ilustrados, ante la cual el resto de mortales no tenemos más opción que tragar sus conclusiones, sin más asidero que la buena fe que puedan tener en lo que hacen.   

Lo curioso es que este mismo auge y protagonismo que han adquirido diferentes técnicas de evaluación de impactos en política social no han tenido un correlato similar en otras esferas de la política económica.  Como comentaba un colega mexicano, pareciera que mantenemos una cierta sospecha inconsciente con respecto al gasto social.  El rigor y publicidad que damos a las evaluaciones del gasto dedicado a promover derechos universales como educación y salud o a programas de reducción de pobreza y desigualdad, ni de lejos se compara con el tratamiento que se da a otras políticas como la comercial, financiera, o monetaria. 

¿Por qué será? ¿Es que acaso son tan eficientes esas otras políticas que no necesitan ser evaluadas con la misma intensidad, rigurosidad y pompa? O dicho de otra manera, ¿es la política social más ineficiente que las demás y por tanto necesita auditarse de manera distinta? Por supuesto que no hay nada de malo en evaluar la manera en que se gastan recursos públicos cualquiera sea su fin.  Al contrario, entre más se haga mejor.  Es solo que quizás llegó el momento de hacer un esfuerzo equivalente con otras dimensiones del gasto y política pública. 

Prensa Libre, 6 de diciembre de 2012.