El presidente, el economista, y el migrante

“Si bien no están exentos de costos, dichos flujos generan beneficios que pueden compensar de sobra a aquellos segmentos de población que pierden bienestar en el corto plazo.”

Tal y como se esperaba, en el discurso sobre el estado de la Unión que dio el presidente Obama el martes pasado, uno de los temas a los que hizo referencia fue la reforma migratoria.  Hizo un llamado a los parlamentarios para que le enviaran en los próximos meses una propuesta de reforma que viabilizara la regularización de los millones de indocumentados que viven en ese país. 

A propósito, hace unos días el economista Gregory Mankiw publicó una columna de opinión reflexionando sobre el valor de los inmigrantes para los Estados Unidos.  Hacía referencia a tres razones básicas por las cuales los economistas nos sentimos cómodos con una política migratoria que permita el flujo de talentos y mano de obra. 

Muchos economistas, dice Mankiw, pero especialmente los conservadores, tienen una veta libertaria.  Por lo mismo, son reticentes a obstaculizar cualquier intercambio que sea mutuamente beneficioso entre dos personas adultas.  El ejemplo que pone es el del granjero americano que quiere contratar mano de obra para la época de cosecha, transacción económica que debiera suceder, independientemente del lugar de nacimiento del trabajador o del granjero.  

Pero también hace referencia a la veta igualitaria que tienen muchos economistas liberales.  Para ello cita la visión Rawlsiana de la justicia, que nos recuerda cómo las políticas públicas deben ser especialmente sensibles a las necesidades de los menos afortunados en la sociedad.  En este caso los trabajadores que (sic) “añoran con [irse] a los Estados Unidos para tener una mejor vida para ellos y sus familias”.

El tercer argumento tiene que ver con el amplio reconocimiento de lo beneficioso que ha sido para la profesión económica el influjo de talentos de otros países.  Jóvenes que llegan a formarse en programas de pre y postgrado provenientes de casi cualquier rincón del mundo, muchos de los cuales terminan sus estudios y se incorporan a universidades y centros de investigación norteamericanos. 

Por supuesto que esta es solamente una parte de la historia.  Esa que pueden contar aquellos que se educan a nivel superior ya que, como también señala Mankiw, la brecha salarial se ha profundizado con respecto a los trabajadores con poca o ninguna cualificación.  La razón está en el cambio tecnológico y la demanda de mano de obra cualificada que este genera.  

Dos mensajes destilan de su análisis.  El primero tiene que ver con las ganancias en eficiencia económica que pueden tener los países desarrollados al permitir flujos migratorios.  Si bien no están exentos de costos, dichos flujos generan beneficios que pueden compensar de sobra a aquellos segmentos de población que pierden bienestar en el corto plazo. 

El segundo tiene que ver con el papel que tiene el Estado para mitigar algunos de los efectos indeseados de la migración.  Por ejemplo, a través de programas de capacitación para la reconversión productiva y la inserción laboral, o esquemas de protección social focalizados a aquellos que no logran alcanzar niveles de remuneración suficientes para llevar una vida digna.

 

Por supuesto que la retórica de Mankiw y Obama, aunque apuntan en la misma dirección, son movidas por lógicas distintas.  En el caso del presidente, a todo este aparato teórico de racionalidad económica hay que agregar el hecho político (cosa no menor) de haberse beneficiado con más del 70% del voto hispano en las urnas para este segundo mandato que recién inicia.  En eso tampoco hay que perderse. 

Prensa Libre, 14 de febrero de 2013. 

¿Autarquía institucional?

“Pero todavía aún más grave es desconocer el orden internacional, pretendiendo ilusamente que podemos vivir en una especie de autarquía institucional.”

Análisis crítico, diversidad de puntos de vista, y posibilidad de manifestar disensos a las distintas esferas de poder político son condiciones esenciales para el buen funcionamiento de un sistema democrático.  Es un contrasentido privarnos de la riqueza que hay en la multiplicidad de enfoques que puedan aportar guatemaltecos o extranjeros sobre nuestro país.  Justamente allí, en la pluralidad, es donde residen los ingredientes que luego nosotros, los guatemaltecos, tenemos la obligación de aprender a mezclar para dar solución a los problemas que nos aquejan.

Renunciar al diálogo, a la construcción de confianzas, dejar de construir puentes y encontrar espacios comunes, optando en cambio por la polarización y la descalificación personal e institucional es una apuesta muy arriesgada y peligrosa.  Pero todavía aún más grave es desconocer el orden internacional, pretendiendo ilusamente que podemos vivir en una especie de autarquía institucional.  Actitud no solamente aldeana sino además cínica porque instrumenta a la comunidad internacional, utilizándola de manera selectiva.  Cuando me conviene la invoco, cuando me estorba la ninguneo.

Prácticamente ningún país desarrollado o en desarrollo ha seguido esa ruta de ostracismo.  No en Latinoamérica, no en Asia, mucho menos en el hemisferio norte.  Al contrario, la historia ha demostrado que aislarse y desoír opiniones solamente logra una cosa: crear condiciones y un entorno favorable para expresiones de radicalismo local y antidemocrático, que desemboca en privilegios para unos pocos, abusos, y malestar para la mayoría. 

Tampoco se trata de hacer una apología ingenua del actual orden internacional, sus organismos y agendas.  ¡De ninguna manera!  Es clarísimo que allí también se cuecen habas y hay amplios espacios para mejorar y hacer más eficientes su labor.  De lo que se trata más bien es de lograr pesos y contrapesos que garanticen un balance adecuado entre el papel que deben cumplir las instituciones nacionales, los organismos internacionales y la sociedad.

En vez de gastar fuerzas en desacreditar el trabajo de la comunidad internacional, sería mucho más productivo y útil para todos invertir energías en fortalecer instituciones nacionales.  Desarrollar cuadros técnicos y políticos, con mayor capacidad de análisis, interlocución y propuesta.  Esa es la forma de dar el salto cualitativo que Guatemala necesita para abrirnos un espacio aún mayor en el concierto de naciones, hacernos escuchar como país, pero también para poder hacer un uso mucho más racional y eficiente de los beneficios asociados a vivir en un mundo globalizado. 

Ejemplos de cómo otros países mantienen un diálogo sustantivo, aunque no siempre sea terso y fluido, con organismos externos los tenemos por docenas en la región.  Lo he visto en el ministerio de planificación brasileño, en la secretaría de hacienda mexicana, en la cancillería cubana, en el banco central chileno, en el ministerio de desarrollo social peruano, por mencionar solamente algunos ejemplos.  Son instituciones nacionales que comparten la característica de haber invertido en sus cuadros técnicos, lo cual les permite dialogar con la comunidad internacional de manera más provechosa.

La crítica es buena y saludable cuando está dirigida a las ideas más que a las personas.  La denuncia es útil y necesaria siempre que tenga fundamento.  Lo que definitivamente no nos llevará muy lejos es esa actitud de berrinche y soberbia que llama a meter la cabeza dentro de un agujero y pretender que podemos vivir aislados y prescindir del mundo que nos rodea. 

Eso que llamamos globalización tiene expresiones que van más allá de lo económico, financiero o comercial.  Incluye otras dimensiones de la vida en sociedad, aunque a veces convenientemente se quiera plantear de forma tan minimalista. 

trosada@gmail.com

http://ekonomiaydesarrollo.blogspot.com/

 

El imaginario de The Economist

 “Es decir que las madres indígenas no saben reconocer el valor de un vaso de leche versus una coca cola o un Toki, ¡por favor!”

El poder de los medios de comunicación es inmenso, incalculable quizás.  No en balde le han llamado el cuarto poder, en referencia a los otros tres que establecen las democracias modernas: ejecutivo, legislativo y judicial. Y tras la explosión comunicacional que generó el internet y más recientemente las redes sociales, su influencia se ha ampliado todavía más. 

Los medios de comunicación construyen imaginarios, narrativas, inflan personalidades o las borran del mapa.  Posicionan conceptos, hechos, paradigmas, repiten verdades (completas o a medias), que terminan por instalarse en la mente de elites y pueblos.  Cumplen una función que ejercida con seriedad puede ser un gran aporte para la democracia y el desarrollo de los pueblos.  Por el contrario, llevada a la ligera, exacerba visiones distorsionadas del mundo.  Allí reside su gran poder y a la vez su gran responsabilidad. 

Todas estas reflexiones son provocadas por una nota sobre Guatemala aparecida en la última edición del semanario The Economist, titulada “Edging back from the brink”.  Intenta ser un análisis del primer año de la administración Pérez Molina desde varios ángulos: seguridad y violencia, narcotráfico, política fiscal, desarrollo social, entre otros. 

Más allá de lo debatible que puedan ser sus apreciaciones sobre la coyuntura nacional, hay allí un párrafo muy desafortunado que dice más o menos así: (la traducción es mía) “El hambre es un problema aún más generalizado que el crimen.  La mitad de los niños guatemaltecos menores a cinco años sufren de malnutrición crónica – la tasa más alta en América Latina, el doble de la de Haití, y la sexta a nivel mundial.  El problema es un hábito rural, prevaleciente entre las mujeres Mayas, que alimentan a sus bebes con aguas coloreadas en vez de leche.  Esto impide el crecimiento y limita su desarrollo intelectual.  En las ciudades los bebés sufren porque la leche en polvo es preferida a la lactancia materna.”

¡Ajá!, así que todo este problema se debe a un mal hábito que tienen las mujeres Mayas que viven en el campo, ¿qué le parece?  Argumento de un simplismo que raya en lo ridículo; que no solamente es falso, sino que además contribuye a esa visión imbécil de que nuestra población maya se comporta de manera irracional, y que es incapaz de reconocer lo que es bueno para su desarrollo.  Un argumento que en el mejor de los casos refleja solamente una cosa: la profunda incompetencia de quien se sentó a escribirlo pensando en un país que evidentemente no conoce ni entiende. 

Es decir que las madres indígenas no saben reconocer el valor de un vaso de leche versus una coca cola o un Toki, ¡por favor!  Pero también es barrer bajo la alfombra años de pobreza y exclusión de grandes mayorías.  Es negar la incapacidad histórica que ha tenido nuestro Estado de llegar toda la sociedad con un mínimo de bienes, servicios e instituciones; y la indiferencia que como sociedad hemos tenido para discutir y exigir acciones concretas para desarrollar la Guatemala rural.

Y como dicen que el que calla otorga, por eso hoy hago pública mi protesta, misma que también hice llegar a la revista el mismo día que salió la publicación pidiendo una aclaración a tan irresponsable argumento.  Me carcomen las ganas por ver la evidencia empírica que soporta ese  análisis.  Y por supuesto, si tal cosa existe, estoy dispuesto a pedir la misma disculpa pública que hoy exijo al semanario. 

Dejar pasar esos pequeños deslices a los medios de comunicación nacionales o internacionales es contribuir a un imaginario que en buena medida explica el atraso de Guatemala.  Quedo a la espera de su respuesta, señores de The Economist. 

Prensa Libre, 31 de enero de 2013. 

Transferencias, ahorro y pobreza

“Efectivo, monederos electrónicos, tarjetas prepago o cuentas de ahorro no son la misma cosa en términos de liquidez, seguridad, visibilidad política, transparencia, costos, inclusión, etc.”

Me llegó hace poco un artículo de Carlos Chiapa, profesor del Colegio de México, titulado “Diagnóstico sobre los beneficios de unir ahorro y transferencias monetarias condicionadas”.  Un trabajo realizado en el marco del Proyecto Capital (www.proyectocapital.org), el cual tiene como objetivo articular programas de inclusión financiera con programas de protección social. 

Interesante reflexión en torno a los beneficios de vincular programas de transferencias condicionadas con cuentas de ahorro.   La pregunta central que plantea es ¿qué pasaría si los pagos de dichas transferencias monetarias condicionadas se hicieran de manera directa y automática en cuentas de ahorro de los beneficiarios?  Una innovación aparentemente intrascendente, pues al fin y al cabo podríamos pensar que la manera en que se hacen llegar los recursos a los pobres no tiene mayor importancia. 

Sin embargo no es así, la forma de pago tiene impactos distintos.  Efectivo, monederos electrónicos, tarjetas prepago o cuentas de ahorro no son la misma cosa en términos de liquidez, seguridad, visibilidad política, transparencia, costos, inclusión, etc.   

Al utilizar cuentas de ahorro hay beneficios claros para todos los actores involucrados.  Para los programas sociales porque reducen sus costos de entrega, disminuyen posibilidades de corrupción y captura política.  De igual forma, los hogares receptores de la transferencia también se benefician al reducir sus costos de transacción, pudiendo además acumular recursos con un instrumento formal y más seguro (cuenta de ahorro), y gradualmente tener acceso a otros instrumentos financieros.  Y las instituciones financieras pueden hacerse de una masa crítica de clientes, no solo de una cuenta de ahorro sino de un abanico de otros productos.    

Pero me parece que conceptualmente la idea más poderosa de esta innovación es romper con la dicotomía que se tenía en el modelo de las transferencias monetarias condicionadas.  El modelo original proponía una intervención en dos niveles: romper el ciclo intergeneracional de la pobreza a través de inversiones en salud y educación de los niños, y paliar un poco el efecto de la pobreza de ingreso con una transferencia monetaria.  Al vincular la transferencia a un instrumento financiero menos líquido, como es el caso de una cuenta de ahorro, hace que los hogares puedan usar estos recursos tanto para cubrir necesidades de corto (para gasto corriente) como de mediano plazo (ahorrando para eventualidades futuras). 

Por supuesto que no todo es así de simple.  Como bien señala el autor, la unión de ahorro con transferencia puede no ser apropiada en algunos contextos.  Se necesitan unas condiciones mínimas de desarrollo institucional, infraestructura, marcos regulatorios, etc., que lo hagan viable.  Sin embargo, son áreas en donde claramente se pueden explorar innovaciones para una gestión más eficiente de la política social así como para impulsar una agenda de inclusión financiera. 

De suyo, estas preguntas son interesantes, porque ponen a competir distintas ideas sobre cómo atender mejor a poblaciones en pobreza e indigencia, y por tanto obligan a más investigación y análisis para documentar efectos e implicaciones de política.  Curiosamente – y quizás debo decir también desafortunadamente – discusiones de este calibre parecen haber desaparecido de la agenda nacional. 

Curiosamente porque tan solo un par de años atrás se vertían litros de tinta en papel de prensa, debatiendo fervientemente sobre la validez técnica y motivaciones políticas del modelo MIFAPRO, hoy llamado Mi Bono Seguro.  Y digo desafortunadamente porque hay tanta investigación y debate sucediendo fuera de nuestras fronteras, haciéndose preguntas de segunda generación sobre la mejor manera de empalmar objetivos sociales con eficiencia económica y financiera.  Para muestra este pequeño botón. 

A veces me pregunto ¿por qué nuestra tendencia a la llamarada de tusas? ¿Por qué dejamos que ciertos temas desmayen y mueran de inanición cuando cambia la propaganda oficial o los actores de turno? 

Prensa Libre, 24 de enero de 2013.

 

Un proyecto de historia económica

 “Es una deuda que mantienen con la población aquellos economistas que han jugado un papel protagónico.”

El domingo pasado apareció publicado un artículo del Licenciado Federico Linares titulado “Apuntes sobre la política económica durante los primeros años del gobierno del presidente Cerezo”.  Lectura no solamente sabrosa sino muy ilustrativa y llena de contenido.  De esas agradables sorpresas dominicales que aparecen de cuando en vez, y que vale la pena guardar como referencia.  

Me hizo pensar en otra publicación que por razones de trabajo he tenido que revisar, para familiarizarme un poco de la historia económica de México.  Se llama “Gobernantes Mexicanos”.  Una compilación de ensayos escritos por especialistas mexicanos y extranjeros, sobre los mandatarios de aquel país.  Un proyecto que originalmente surgió con la idea de indagar la naturaleza del presidencialismo en México y que terminó siendo una compilación de prácticamente todos los gobernantes del siglo XIX y XX. 

Al analizar a cada gobernante, necesariamente pasan por un análisis de las distintas decisiones de política económica que adoptaron, la economía política detrás, el peso del contexto nacional e internacional de cada momento, y los principales resultados de su gestión.  Un proyecto de investigación realmente interesante pero sobre todo útil, pues de manera sucinta permite tener una referencia y visión general del país.

La nota de Linares me hizo pensar también en Guatemala y la escasa producción y debate que tenemos sobre historia económica contemporánea.  Tenemos alguna documentación, como la del profesor Alfredo Guerra Borges “Guatemala 60 años de historia económica”, Juan Alberto Fuentes y sus reflexiones sobre su experiencia en el gobierno como Ministro de Finanzas, Mayra Palencia analizando reformas y política fiscal del país, y algunas de centros de investigación como ASIES, por citar algunos ejemplos.  Pero la verdad es que no tenemos una producción bibliográfica equivalente a la que se generó con la transición democrática y con el proceso de paz.  Es una deuda que mantienen con la población aquellos economistas que han jugado un papel protagónico.

Pensé también en la experiencia de otros países, en donde casi cualquier funcionario público con cierta jerarquía, al dejar el cargo publica un libro y deja por escrito su narrativa del momento que le tocó vivir y explica los por qué de las cosas que hizo o dejó de hacer.

Es verdad que cualquier análisis está tamizado por la opinión y percepción del narrador.  Por eso es importante generar testimonios desde visiones y posiciones políticas distintas, porque en su combinación y contraste, de alguna manera, se crean condiciones para una apreciación balanceada del hecho histórico. 

La importancia de escribir la historia económica contemporánea va mucho más allá del mero interés académico.  En un país tan pequeño como Guatemala, es una necesidad para la construcción de la conciencia ciudadana.  Es casi una deuda moral que tienen con las nuevas generaciones aquellos economistas que han tenido bajo su responsabilidad la conducción de la política económica nacional.  Es el aporte que falta para generar debates cada vez más informados y basados en hechos y argumentos y cada vez menos en percepciones y fundamentalismos.

El artículo de Linares me dejó pensando en cómo se vería una colección de ensayos sobre Guatemala como la que logró Will Fowler para el caso de México.  ¿Qué tal sería que economistas renombrados como Sosa, Aitkenhead, Del Cid, Zelaya, Beteta, Velásquez, Lamport, Gaitán, Paiz, y tantos otros que han tenido papeles protagónicos en la construcción de la historia económica reciente, desde ministerios, banco central, junta monetaria y otras instituciones del gabinete económico del país nos fueran contando franca y abiertamente los entresijos del gobierno y la economía política chapina? 

Por de pronto me quedo esperando su siguiente entrega sobre los primeros años del presidente Jorge Serrano Elías. 

Prensa Libre, 17 de enero de 2013. 

Cambio discreto pero estratégico

“En un Estado moderno la función de planificación y evaluación es no solamente estratégica sino esencial.”

Como el canto de la gran Mercedes Sosa: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo; el actual equipo gobernante enfrenta su primer enroque de piezas tras 12 meses de gestión. 

Así desde la tribuna, en los cambios que al momento han sido hecho públicos se ve un poco de todo: cambios potencialmente buenos (agricultura), cambios necesarios (relaciones exteriores), cambios inciertos (Segeplan), cambios raros (IGSS) y cambios urgentes (Fonapaz).  El resultado final, como siempre, dependerá de las personas que lleguen, del espacio real con que cuenten para operar, y de la claridad de objetivos que se propongan. 

Además, hay que estar claros en que los cambios –sobre todo en el sector público guatemalteco– no están exentos de costos.  Para comenzar, ocasionan cierta parálisis institucional, pérdida de ritmo y rumbo mientras la organización entiende y asimila las prioridades del nuevo funcionario a cargo.  Porque es bien sabido que nuestra burocracia le tiene tomada la medida al disfuncional sistema político que hoy impera, y ha aprendido a estar mucho más atenta a las señales e intereses del ministro o secretario que a prioridades institucionales y estrategias de mediano plazo.  

De los movimientos anunciados por el presidente, quizás el que menos prensa reciba es el de la SEGEPLAN, lo cual es hasta cierto punto natural pues se trata de una institución diseñada para trabajar discretamente, desde el ámbito más bien técnico, y con perspectiva y horizonte de mediano plazo.  Por lo mismo, poco apetecible para periodicazos. 

Sin embargo, en este caso no hay que confundir poca prensa con irrelevancia política, ¡todo lo contrario!  En un Estado moderno la función de planificación y evaluación es no solamente estratégica sino esencial.  Es lo que debe dar brújula, estabilidad y capacidad de afinar la puntería a las acciones gubernamentales. 

Y en la gestión pública de Guatemala ese es claramente uno de nuestros puntos flacos, un área de mejora.  Por eso mismo es indispensable seguir formando y fomentar una tecnocracia que sea capaz de dar seguimiento a políticas, programas y proyectos; evaluando impactos y alimentando con evidencia dura discusiones del gabinete de gobierno.  Dicha secretaría es el espacio natural para la discusión técnica de las decisiones de inversión pública en el país, así como donde debe suceder la armonización de prioridades de territorios, gobiernos locales y gobierno central.    

Como el INE y el banco central, la SEGEPLAN es una institución estratégica para el funcionamiento del aparato público, y en consecuencia hay que sacarles todo el millaje que sea posible.  En ese contexto, el relevo debiera ser alguien con un perfil esencialmente técnico, pero con una mezcla de cualificaciones que le permitan dialogar a distintos niveles: internamente, en materia de planificación para el desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas; de manera sectorial con el resto del gabinete, pero fundamentalmente con el Ministerio de Finanzas para coordinar y reflejar adecuadamente las prioridades de inversión en el presupuesto anual; y con capacidad de comunicar de manera fluida a la sociedad y a las distintas formas de cooperación internacional que llegan al país, prioridades, avances y desafíos del gobierno. 

Durante los últimos años la institución ha sido confiada, salvo contadísimas excepciones, a tecnócratas que paulatina y consistentemente han logrado recuperar el espacio que una secretaría como esta debe tener dentro del aparato estatal.  Esperemos entonces que el movimiento de Carrera a Relaciones Exteriores y la elección de su sucesor sigan en la misma línea de fortalecimiento de una tecnocracia modernizante, clara y consciente del rol que el Estado y sus instituciones deben jugar para promover el desarrollo del país.  De otra manera el presidente habrá desvestido un santo para vestir otro. 

Prensa Libre, 10 de enero de 2013. 

El legado de OPM

“Muchas de estas señales iniciales positivas se han revertido y hasta transformado en amenazas de crisis.”

Se terminó.  Uno de cuatro.  El 25% de la gestión.  Para algunos, el año de la luna de miel, del aprendizaje, el que prepara 18 meses de implementación, de legado, de obra, antes de entrar a la última fase en la que cíclicamente el gallinero político se alborota y la rueda vuelve a girar.

Hay que reconocer que el primer cuatrimestre del año fue impresionante.  Un sprint en la gestión pública que no habíamos visto en mucho tiempo.  Grandes pendientes, no solo de la administración anterior sino históricos, parecían encontrar una coyuntura favorable.  Una elite urbana en el gabinete daba la impresión de haber encontrado su equilibrio para empujar un paquete de reformas y transformaciones al Estado. 

Después de un año se revela la estrategia política seguida: un puñado de objetivos y el aprovechamiento sagaz de conocer los entresijos parlamentarios.  Ello permitió anotar goles tempraneros y crear un clima distinto al de tan sólo unos meses atrás.   

Los logros estuvieron a la vista desde muy al comienzo: un ministerio de desarrollo social, que diera forma y cobijo, con reglas y procedimientos, a las acciones impulsadas con tanta vehemencia por la administración anterior.  La ratificación del estatuto de Roma, instrumento de la Corte Penal Internacional, en vigor desde el 2002, para condenar delitos como internacionales como crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad.  La aprobación parlamentaria del presupuesto de ingresos y gastos del Estado, otro cuco que no dejó dormir tranquilo al gabinete anterior.  La aprobación en tiempo record de una reforma tributaria, aunque no entraría en plena vigencia sino hasta 2013.  La instalación del desarrollo rural como prioridad de Estado, creando incluso la figura de un comisionado presidencial, personaje que encarna años de investigación y reflexión sobre el tema y una amistad cercana con el Presidente de turno. Una iniciativa por impulsar reformas constitucionales en varios temas considerados estratégicos para modernizar nuestro contrato social. 

Así, parecía que el Presidente estaba como tocando una tremenda sesión de jam, en la cual sus principales músicos tenían su pedacito y su solo.  El problema fue que a medida que transcurrió el tiempo, claridad y entusiasmo iniciales se fueron perdiendo, y la heterogeneidad del equipo gobernante dejo de ser un activo y se convirtió más bien en un freno. 

Hoy tenemos a la vuelta de la equina un año que ya amaga con arrancar complicado.  Muchas de estas señales iniciales positivas se han revertido y hasta transformado en amenazas de crisis.  Para muestra un par de botones: la reforma a la carrera magisterial y las leyes de desarrollo rural y de actualización tributaria. 

La estrategia de objetivos múltiples no dio todos los frutos que se esperaban.  Y a medida que avanza el reloj político, tendrán que irse priorizando y desapareciendo de escena muchas de las iniciativas que consumieron buena parte de las energías de la actual administración.  En medio, se ha perdido claridad y norte.  Si hoy nos preguntaran cuál será el legado de la administración Pérez Molina, creo que la mayoría de ciudadanos tendríamos dificultades en dar una respuesta. 

Apreciado lector, ¡le deseo unas muy felices fiestas de fin de año, en paz, y rodeado de sus seres más queridos!    

Prensa Libre, 27 de diciembre de 2012.

Subsistencia en tiempos de crisis

“(…) pobreza, desigualdad y ruralidad son condiciones que generalmente vienen asociadas a otras como bajos niveles de institucionalidad y capacidad de respuesta de las agencias públicas.”

Para amortiguar los efectos que tienen las crisis económicas en los deciles más bajos de la población típicamente se recomienda utilizar a las redes de protección social como instrumento de política.  Eso es correcto en la medida en que los gobiernos cuenten con tales redes. 

El problema es que en países con elevados niveles de pobreza, desigualdad y ruralidad, generalmente se hace más costosa cualquier intervención debido a la amplia dispersión de la población.  Además, pobreza, desigualdad y ruralidad son condiciones que generalmente vienen asociadas a otras como bajos niveles de institucionalidad y capacidad de respuesta de las agencias públicas.  Guatemala es un buen ejemplo. 

Desde una perspectiva más amplia de atención a los pobres, hay que pensar entonces en instrumentos de política pública adicionales que se complementen con programas de protección social más tradicionales.  La escalada en precios internacionales de los alimentos que hemos observado durante los últimos años ha detonado reflexiones de este tipo. 

En un interesante artículo titulado “Subsistence farming as a safety net for food-price shocks” los profesores Alain De Janvry y Elisabeth Sadoulet discuten alternativas que desde la agricultura de subsistencia se pueden poner en marcha para mitigar los efectos negativos que acarrean las alzas de precios de alimentos para los hogares más pobres en el campo.  La idea central de su planteamiento viene en dos vías. 

En un nivel macro, países pequeños y más pobres generalmente tienen un menú de instrumentos de política mucho más restringido, distintos a los que pueden utilizar países grandes y más ricos.  Así por ejemplo, reducciones arancelarias a la importación de alimentos tiene un alcance limitado debido a la liberalización comercial que ya ha tenido lugar.  Lo mismo sucede con políticas de subsidios, fuertemente restringidas por el costo de oportunidad que supone utilizar los exiguos recursos fiscales en tales fines. 

En un nivel micro se debe reconocer que los agricultores de subsistencia participan de manera diferente en los mercados de alimentos.  Es decir, algunos son vendedores netos, otros autosuficientes, y otros compradores netos.  Claramente el grupo de compradores netos de alimentos es el que absorbe el impacto negativo ante subidas de precios y por lo tanto demanda una atención prioritaria sobre los otros dos grupos. 

En ese contexto, las recomendaciones de De Janvry y Sadoulet van por la vía de elevar la productividad de la tierra y del trabajo de los productores de subsistencia, a través de una combinación de apoyos de asistencia técnica, acceso a semillas, fertilizantes y otros insumos, así como a servicios financieros, entre otros.   La novedad de su propuesta no radica tanto en las medidas que proponen, que de hecho son todas muy conocidas y estándar.  Lo interesante es que aborda a la agricultura de subsistencia desde una óptica distinta.  Más como parte de la solución y menos como parte del problema.  Más como sujetos con capacidad de identificar y ejecutar sus propias estrategias de vida y menos como simples objetos pasivos de una política de protección social. 

Con todo, los autores también son muy claros al referirse a la agricultura de subsistencia como un instrumento transitorio y sub óptimo en el largo plazo, pero que ciertamente puede ser utilizado cuando (sic) “los shocks de precios son recurrentes, la pobreza rural es amplia, los servicios financieros son incompletos, y la capacidad de atender a los pobres con otros mecanismos resulta más costoso”.  Es decir, en entornos muy similares a los que tenemos en Guatemala hoy día.    

Insumos analíticos de este tipo son muy valiosos y pertinentes para provocar pensamiento alternativo que nos permita oxigenar la discusión local, y diseñar así mejores estrategias de reducción de pobreza rural, que atiendan de manera más activa a los eslabones más débiles de la cadena de producción en el campo.    

Prensa Libre, 20 de diciembre de 2012.

¿Milpa o salario?

“(…) fundamentalmente se trata de mudarnos hacia una visión estratégica que reconozca a la ruralidad como algo que hace rato dejó de ser sinónimo de la gran agricultura comercial.”

El campo en la ciudad está que arde. El campo por haberse atrevido a ser sujeto principal de una agenda que ha estado pendiente por años, y la ciudad porque es allí en donde se toman las decisiones políticas de ambos mundos: el rural y el urbano.   La hoy ya famosa iniciativa de ley 4084 ha puesto a unos y otros a pegar de gritos, escribir pancartas, hacer plantones, mandarse mensajes por la prensa, presentar recursos ante cortes y cabildear tupido y parejo.  De todo se vale con tal que la ley pase o no pase, según a quién usted le pregunte. 

Por supuesto, en todo esto hay también aquellos que quieren hacer su agosto con cada coyuntura.  Al final, la politiquería se aprovecha ante la falta de un sistema político con incentivos para operar pensando más en el mediano plazo, y menos en cómo hacerse de la guayaba cada 48 meses.  La oposición de turno no hace sino ponérsele al brinco al gobierno de turno mientras espera su turno, cuando lo más sensato sería enfriar la cabeza y trabajar una propuesta única que construyera sobre el proceso ya recorrido. 

Alguien propuso que lo que le falta para superar la pobreza del campo es más inversión.  ¡Brujo!  Pero la pregunta del millón de quetzales no es esa, sino más bien ¿cómo se logra esa bendita inversión en el campo en niveles suficientes para generar empleo?

Ciertamente no será por la vía de dar exenciones fiscales ni tratos preferenciales a inversionistas para que vayan a poner una fábrica a Chuatuj ó a San Manuel Chaparrón.  Cualquier empresario medianamente exitoso sabe hacer cuentas y entiende que ningún negocio será suficientemente rentable en el mediano plazo si lo que tiene a la mano son empleados con escasamente 3 ó 4 años de escuela de baja calidad y deficiente estado nutricional.  Eso no es más que síntoma de la ausencia de bienes públicos rurales, que hacen poco atractivo invertir capital en condiciones de baja productividad y rentabilidad. 

También se rumora sobre la pulverización en la tenencia de la tierra.  Francamente no creo que nadie en su sano juicio esté hoy proponiendo tal cosa para el país.  Otros andan presentando a la agricultura familiar como una visión dicotómica milpa versus salario, lo cual me parece igualmente equivocado. 

Se trata de reconocer la heterogeneidad de los pequeños productores, en donde aquellos que están en condiciones más precarias difícilmente saldrán sin una intervención focalizada que debe gestarse desde el sector público.  Se trata también de que aquellos otros pequeños productores con mayor capacidad de producir y comercializar tengan condiciones mínimas: una carretera saca cosechas, un paquete tecnológico, asistencia técnica, semillas de calidad, instituciones públicas que les faciliten información para asociarse y producir eficientemente, y productos financieros que respondan a los riesgos que su actividad agropecuaria enfrenta. 

Pero fundamentalmente se trata de mudarnos hacia una visión estratégica que reconozca a la ruralidad como algo que hace rato dejó de ser sinónimo de la gran agricultura comercial.  De entender que el mercado no es algo que funciona al vació, sino que esta constituido por una densa red de instituciones sin las cuales es prácticamente imposible que opere adecuadamente, y que muchas de estas instituciones todavía no existen para una parte importante del sector rural guatemalteco.   

En democracia se vale disentir, es verdad.  Lo que ya no se vale es que en pleno siglo XXI sigamos comportándonos como el perro del hortelano, y que además se ande asustando con el petate del muerto a una clase media urbana, que en su gran mayoría no tiene mayor conexión ni empatía con la realidad del campo.   

Prensa Libre, 13 de diciembre de 2012.

El sospechoso gasto social

“(…) pareciera que tenemos una cierta sospecha inconsciente con relación al gasto social.”

Las últimas tres décadas nos han dejado muchos aprendizajes en América Latina en términos de gestión y política económica.  Quizás la enseñanza mayor tiene que ver con la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica como condición básica para avanzar en cualquier otro espacio de la gestión pública.  De eso se ha escrito y documentado profusamente. 

El texto “Ensayos sobre economía mexicana” de David Ibarra resume mucha de esta discusión.  Aunque escrito para aquel país, es perfectamente aplicable para toda la región al decir cosas como que (sic) “los nuevos paradigmas abandonan la idea de que el ritmo y la estabilidad del desarrollo, el cierre de la brecha con las naciones avanzadas, constituya el meollo de la política económica de las naciones periféricas.  En su lugar, las preocupaciones se han desplazado hacia la búsqueda de la estabilidad macroeconómica y de precios de cara a la integración de los mercados internacionales.  La disciplina fiscal y la eficiencia parecen ganar la batalla a los valores de la igualdad y la solidaridad sociales”. 

Ibarra lo plantea como una batalla entre agendas de política pública.  Yo prefiero enfocarlo como una minimización temporal de la equidad como prioridad de los países, que encontró su momento más agudo durante los años del ajuste estructural y el desmantelamiento del Estado latinoamericano. 

Dicha minimización pareciera estarse revirtiendo.  La equidad recupera espacio en las agendas políticas de los latinoamericanos.  Lo interesante es que esto no sucede solamente en países en desarrollo.  Más bien, en dicha vuelta a escena de la equidad como elemento central, ha jugado un papel fundamental el cuestionamiento que las clases medias en los países industrializados se están haciendo, sobretodo durante estos últimos años post Lehman Brothers y la inequitativa distribución de los costos que ha supuesto el ajuste económico por el que atraviesa la mayor parte de economías de Europa y Estados Unidos. 

Pero además de lo anterior, es interesante resaltar otra mega tendencia que acompaña este retorno de la equidad a la esfera de la política pública.  Tiene que ver con una cierta obsesión de gobiernos y organismos internacionales por evaluar el uso de los recursos destinados al gasto social. 

Sectores como salud, educación y protección social se han visto sometidos a complejos procesos para documentar productos, resultados e impactos, muchas veces utilizando métodos ultra sofisticados.  Mecanismos que, además de costosos, son monopolizados por una elite mundial de tecnócratas ilustrados, ante la cual el resto de mortales no tenemos más opción que tragar sus conclusiones, sin más asidero que la buena fe que puedan tener en lo que hacen.   

Lo curioso es que este mismo auge y protagonismo que han adquirido diferentes técnicas de evaluación de impactos en política social no han tenido un correlato similar en otras esferas de la política económica.  Como comentaba un colega mexicano, pareciera que mantenemos una cierta sospecha inconsciente con respecto al gasto social.  El rigor y publicidad que damos a las evaluaciones del gasto dedicado a promover derechos universales como educación y salud o a programas de reducción de pobreza y desigualdad, ni de lejos se compara con el tratamiento que se da a otras políticas como la comercial, financiera, o monetaria. 

¿Por qué será? ¿Es que acaso son tan eficientes esas otras políticas que no necesitan ser evaluadas con la misma intensidad, rigurosidad y pompa? O dicho de otra manera, ¿es la política social más ineficiente que las demás y por tanto necesita auditarse de manera distinta? Por supuesto que no hay nada de malo en evaluar la manera en que se gastan recursos públicos cualquiera sea su fin.  Al contrario, entre más se haga mejor.  Es solo que quizás llegó el momento de hacer un esfuerzo equivalente con otras dimensiones del gasto y política pública. 

Prensa Libre, 6 de diciembre de 2012.

 

Protección, producción y pobreza rural

“Baja calidad e inestabilidad hacen una combinación nefasta en el servicio civil.”

¿Por dónde comenzar a desatar ese nudo de pobreza estructural en el que se encuentran sumergidas millones de campesinos en América Latina?  ¿Cuál es la secuencia de intervenciones que se necesitan? ¿Cuál es la combinación óptima?  ¿Existe tal cosa o simplemente hay que colgar los guantes y dejar que en algún momento y por azar del destino su suerte cambie? 

Todas esas son preguntas que consumen horas de reflexión y millones de dólares en la región y el mundo entero.  Y si hemos de ser honestos, la verdad es que no tenemos mucha idea.  De otra manera ya lo hubiéramos resuelto desde hace años.  Tan simple como eso.  A lo sumo, sabemos que hay acciones puntuales que ayudan, inversiones que crean condiciones propicias, instituciones que aceleran procesos, prácticas locales y ancestrales que deben ser tomadas en consideración.  Pero su combinatoria, secuencia y peso específico de cada uno de estos elementos sigue siendo más arte que ciencia.  Una función del momento histórico, del territorio y de la población.

Pero a pesar de esta visión artesanal de las estrategias de reducción de pobreza rural, hay dos factores que parecen comunes a casi cualquier realidad latinoamericana.  En primer lugar, los pobres rurales carecen de interlocutores con peso político suficiente, que hagan cabildeo ante las instancias más altas de toma de decisión para la asignación de recursos humanos, físicos y financieros que los ayuden a salir adelante. 

En el mejor de los casos dependen de iniciativas de caudillos locales, liderazgos que logran colarse en el real politik y empujan, reclaman, movilizan, hasta que finalmente algo consiguen.  No siempre son efectivos, ni siempre son bien intencionados, eso también es verdad.  Pero son una fórmula mucho más frecuente que la institucionalización y permanencia de programas en atención a grupos rurales pobres.   

La otra constante es una ausencia de personal de planta en el servicio público que piense estratégicamente, que identifique y articule programas y políticas de desarrollo rural, no solamente proyectos.  Por una parte, la burocracia latinoamericana ya de por sí débil, lo es todavía más cuando se trata de aquel funcionariado que tiene bajo su responsabilidad atender poblaciones marginadas geográficamente.  Y por la otra, la inestabilidad en los cuadros públicos inhibe cualquier capacidad de reflexión y acción con perspectiva de mediano plazo. 

Baja calidad e inestabilidad hacen una combinación nefasta en el servicio civil.  De allí que la provisión de bienes públicos y asistencia técnica, son hoy los grandes ausentes para el campesino.  Con ello desperdiciamos el potencial que yace en la ruralidad y las estrategias de vida del pequeño productor latinoamericano. 

El avance que se ha tenido en la región por la vía de la protección social para aliviar un poco las carencias de ingreso de estas poblaciones debe seguir perfeccionándose y evolucionando hacia una atención más integral y sostenible, capaz de transformar el entorno de ese sujeto que hasta hoy solamente se le ve como un beneficiario de la política social.  Los latinoamericanos tenemos que movernos a una nueva generación de instrumentos de atención a poblaciones rurales pobres, tomando en consideración lo que ya hemos aprendido en casi dos décadas de programas de protección social. 

La capacidad de medición, de monitoreo y evaluación, de diseñar intervenciones que articulan esfuerzos sectoriales en salud y educación, de hacer visibles en los presupuestos gubernamentales a poblaciones históricamente desatendidas, son avances que debieran aprovecharse para dar el siguiente salto hacia la construcción de capacidades productivas, generadoras de ingreso y empleo.  

Para lograrlo, tres ingredientes siguen siendo esenciales: instituciones, servidores públicos, y una sociedad rural con capacidad de cabildeo.  Sin ello, difícilmente abatiremos la pobreza rural. A lo sumo, la transformaremos en pobreza urbana.     

Prensa Libre, 22 de noviembre de 2012. 

¿Clase media o ingreso medio?

“En otras palabras, una cosa es un país de ingreso medio y muy otra es una sociedad de clase media.”

El Banco Mundial ha publicado recientemente un estudio titulado “Economic mobility and the rise of the Latin American middle class”.  La cobertura mediática que ha tenido el mismo y las opiniones tan diversas y ricas que ha generado entre expertos hace pensar que bien podría constituirse en un tema central para la agenda de la región en los próximos años – dicho sea de paso, eso no estaría nada mal.  Es un tema que se complementa y sigue la secuencia lógica de la discusión tan fuerte que se tuvo hace algunos años sobre pobreza, y más recientemente sobre el papel que la protección social juega para su reducción.  

El documento provoca varias reflexiones, resalto solamente tres.  La primera tiene que ver con el crecimiento significativo de un grupo social latinoamericano que hoy intenta ser bautizado como clase media.  Allí mismo comienza a surgir el debate, haciendo reaparecer la vieja discusión de si los niveles de ingreso bastan para pertenecer a tal o cual estrato, o si más bien hay que considerar otras dimensiones como educación, tipo de empleo y propiedad de activos para tener una definición más completa y sobre todo sostenible en el tiempo.  En otras palabras, una cosa es un país de ingreso medio y muy otra es una sociedad de clase media. 

La segundo reflexión deriva de los factores que han permitido el aumento en tamaño de este grupo socioeconómico.  Según el reporte son esencialmente tres: crecimiento económico dinámico, bajo desempleo y reducción de la desigualdad en varios países de la región.  Aquí es relevante el énfasis que se da al crecimiento económico como motor principal de la expansión de una clase media, en contraposición al protagonismo que han tenido las políticas de protección social para la reducción de la pobreza y mejoras en la distribución del ingreso. 

La tercera reflexión está relacionada con las implicaciones que este fenómeno puede tener en la región.  Una de las más importantes tiene que ver con cómo una clase media más grande puede además contribuir a tener mayores niveles de movilidad social y cohesión social.  Porque al final del día solamente así es que se podrá decir que Latinoamérica efectivamente ha alcanzado mayores niveles de desarrollo y no solamente de ingreso.    

De alguna manera el referente implícito que todos tenemos en la cabeza cuando se piensa en sociedades de clase media son países como Canadá y la región escandinava, en donde la forma no es piramidal, con muchos pobres en la base y pocos ricos en la cima, sino  más bien como una cebolla, en donde el grueso de la población pertenece a un estrato sin excesos ni miserias. 

En lo inmediato, el reto que tenemos por delante los latinoamericanos es mantener viva la discusión.  Darle tanto empuje y fuerza como la que tuvo la de reducción de pobreza.  Este puede (quizás debe) ser el tema central de países de ingreso medio como los nuestros.  Aún en aquellos como Guatemala, con un alto porcentaje de pobreza y alta desigualdad, debatir estos temas nos debe dar un sentido de orientación, de saber en términos concretos hacia dónde hay que dirigir energías y esfuerzos. 

En el mediano plazo, la aspiración debe ser encauzar este crecimiento de un estrato socioeconómico con mayor capacidad de compra y ahorro en una auténtica clase media, capaz de valorar y exigir bienes públicos y una calidad en sus instituciones estatales que le garanticen el bienestar adicional que sus ingresos no van a poder comprar jamás. 

Prensa Libre, 15 de noviembre de 2012.

El imaginario del ministro

“La sola política económica ha demostrado ser necesaria pero insuficiente para que la mayoría de la población tenga mayor bienestar.”

Hace unos días se publicó una entrevista con el Ministro de Economía, Sergio De la Torre.  La discusión que generó entre lectores del diario e internautas en las redes sociales me hicieron volver a leerla con más detenimiento y reflexionar un poco sobre su contenido.   

Creo que hay dos formas de leer el texto.  La primera es con un sentido de información a la población.  Una suerte de “cuentadancia”, ciertamente inducida por la iniciativa que tuvo Beatriz Colmenares, pero de cualquier manera un ejercicio saludable para nuestra democracia.  Estas cosas debieran suceder con mayor regularidad y sistematicidad, para que los ciudadanos comunes y corrientes nos enteremos de qué es lo que están haciendo los funcionarios que administran nuestro Estado. 

En este caso particular, saber que hay esfuerzos y agilizar la tramitología para hacer negocios formales, para reducir la mortalidad prematura de nuestros emprendimientos, así como el apoyo a encadenamientos productivos, pues suena a buenas noticias.  Son acciones que pretenden hacernos más eficientes y productivos como país, lo cual esperaríamos que resulte en más crecimiento económico y salarios reales más altos.   

La otra forma de mirar el texto del ministro es a partir de sus mensajes implícitos.  Esos que revelan su imaginario.  Es decir, las cosas en las que cree, su visión del Estado guatemalteco – expresado de manera concreta en el ministerio que hoy tiene a su cargo –, el rol de la política pública en dos de sus expresiones más esenciales: la económica y la social, etcétera.  Esta narrativa que el funcionario intenta construir y comunicarnos es mucho más interesante y útil, creo yo.  Porque a la postre nos revela el modelo de desarrollo que tiene en su cabeza.

Hay allí muchos elementos interesantes y que seguramente concitan amplio apoyo de la sociedad.  Por ejemplo, la importancia de la competitividad, la diversificación de mercados internacionales, y los apoyos a micro y pequeñas empresas, como factores dinamizadores de la economía nacional. 

Otras piezas, sin embargo, generan más crítica.  Como su frase de cierre cuando dice que (sic) “la mejor política social es una buena política económica”.  O las ideas de que (sic) “(…) este país se convierta en la fábrica de Latinoamérica”, que se impulsen incentivos de tercera generación en materia fiscal y flexibilización de relaciones entre empleados y empleadores.     

¿Qué se puede comentar al respecto?  Bueno, por lo menos dos cosas.  La primera es agradecer su claridad y franqueza.  De hecho, la prefiero por sobre posiciones ambivalentes y confusas.  Son declaraciones consistentes y coherentes con el sector que representaba antes de ser ministro de Estado.  Aunque puede que no comparta todos sus puntos de vista –de hecho tengo diferencias conceptuales sustantivas–, saber cómo realmente piensa un funcionario da certeza e invita a la discusión. 

Dicho lo anterior, la segunda cosa que puedo comentar es que obviamente no comparto varios elementos de su visión de desarrollo para Guatemala.  No creo que convertirnos en una gran fábrica sea el camino a seguir.  Y menos aún si se hace sobre la base de incentivos fiscales de tercera, cuarta o nonagésima generación.  Eso debilita la capacidad fiscal del Estado.  Pero además porque creo que la estructura productiva del país es mucho más rica y compleja.  Y por consiguiente, las condiciones y necesidades de sectores más allá del industrial deben tener un espacio equivalente en su narrativa. 

Finalmente, por supuesto que tampoco creo que la mejor política social es una buena política económica.  Ese fue el discurso de aquellos años en los que la región adolecía de una pobre gestión macroeconómica.  Días oscuros en que los grandes consensos y manuales de uso y gestión de los estados nacionales latinoamericanos emanaban de las instituciones financieras de Washington.  Afortunadamente esa etapa ha quedado ultra superada. 

De hecho, hoy hay un amplio consenso en la comunidad del desarrollo internacional sobre lo fundamental que es la política social como mecanismo para elevar la productividad y con ello las tasas de crecimiento de los países.  En otras palabras, la sola política económica ha demostrado ser necesaria pero insuficiente para que la mayoría de la población tenga mayor bienestar. 

Si algo ha enseñando Latinoamérica al resto del mundo en tiempos recientes, es que justamente ha sido la política social un instrumento esencial, no solamente para la reducción de pobreza y desigualdad, sino para sentar bases de un crecimiento económico más robusto y de largo plazo. 

Pero por supuesto, en la variedad está el gusto, y es mejor tener muchas visiones de desarrollo que compitan entre sí, en vez de un único discurso fotocopiado, incoloro e insípido. 

Prensa Libre, 8 de noviembre de 2012.

 

El mundo cambió

“(…) bien le vendría a la región una reflexión y apoyo de organismos regionales para diseñar verdaderos sistemas de reacción contra-cíclica, que sean ágiles en su función de sístole y diástole.”

Ese es el título de la última publicación que hizo el BID analizando los desafíos y oportunidades de crecimiento económico en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.  Un documento sintético pero muy rico en contenido y métodos de análisis, que intenta dar una lectura de las condiciones estructurales de las economías de la región a la luz de las nuevas condiciones del mercado internacional. 

Son cinco capítulos en total, que comienzan por describir el escenario de la economía global, para inmediatamente pasar a tres desafíos principales de la región: fiscal, financiero y comercial.  Finalmente cierra con una reflexión simulando los efectos que podría llegar a tener en la región una nueva crisis financiera global de magnitud similar a la del 2008-2009.  Este ejercicio responde a la incertidumbre que prevalece en las economías del Euro. 

Resalto tres mensajes del informe porque me parece que son buenas provocaciones a las que los tomadores de decisión de la región debieran prestar atención. 

El primero tiene que ver con las transformaciones, algunas permanentes en apariencia, que ha tenido el entorno internacional.  La recesión de la economía norteamericana y de buena parte del mundo industrializado, así como la fuerte entrada de China como actor global han impactado variables que para los centroamericanos son muy importantes.  Entre otras, el volumen y dinamismo de las remesas que envía nuestra diáspora, la pérdida de correlación positiva entre el precio del petróleo y el nivel de actividad de la economía americana, y la recomposición en el financiamiento de la cuenta corriente – en este último caso aumentando la exposición de las economías de la región a flujos financieros de naturaleza más volátil. 

Todos estos fenómenos apuntan en la misma dirección: pérdida de herramientas que antes servían para paliar choques externos e internos entre la población, cuyos efectos se acentúan aún más en aquellos estratos de menores ingresos.

El segundo mensaje tiene que ver con el replanteamiento de la política comercial de la región.  Coyunturalmente, la pérdida de dinamismo de las economías industrializadas – Estados Unidos y Europa –se ha traducido en una menor participación de dichos socios comerciales en el total de la oferta exportable de los países centroamericanos. 

Ahora bien, desde una perspectiva de más largo plazo, es todavía más importante reconocer que no solamente estos son mercados en declive sino que además la región ha perdido participación en los mismos.  De allí la importancia de analizar opciones para diversificar el destino de las exportaciones hacia economías que hoy son más dinámicas como las economías de Suramérica y Asia.  Algo más fácil dicho que hecho, pues implica cambios en la estructura productiva doméstica, inversiones en infraestructura y lograr acuerdos comerciales con tales países.

Finalmente, el tercer mensaje se refiere a la dimensión fiscal.  Es muy provocadora la reflexión que hace el BID en cuanto a los efectos del gasto público contra-cíclico aplicado por los gobiernos de la región durante la crisis de 2008-09.  El razonamiento es que (sic) “la política contra-cíclica implementada durante la crisis financiera dejó a los países de la región parados sobre un nivel de gasto público de difícil reversibilidad”. 

Sin embargo, el mismo informe reconoce que el tipo de gasto que tuvo lugar durante ese período fue en renglones que difícilmente pueden ser considerados en una lógica puramente contra-cíclica.  Es decir, aquel tipo de gasto público que se expande en momentos de contracción de la economía y se remueve cuando llega la recuperación. 

En ese sentido, hay que ser cuidadosos al analizar y calificar los distintos tipos de aumento que ha tenido el gasto público regional.  Son cosas muy distintas una expansión en la nómina o de los salarios de empleados públicos, de los programas de transferencias condicionadas en efectivo, ó de lo que debieran ser estabilizadores automáticos en su versión más pura. 

La racionalidad de cada uno responde a factores que no necesariamente tienen que ver con el ciclo económico.  En tal sentido, bien le vendría a la región una reflexión y apoyo de organismos regionales para diseñar verdaderos sistemas de reacción contra-cíclica, que sean ágiles en su función de sístole y diástole.  

Como bien señala el informe, la región centroamericana, Panamá y la República Dominicana tienen hoy un nuevo entorno mundial del cual se deriva una agenda de trabajo que permita a estas economías sacarle el mayor provecho posible.  Como siempre, el mayor reto sigue siendo generar condiciones y capacidades domésticas para pensar y actuar en clave de mediano plazo. 

Prensa Libre, 1 de noviembre de 2012.