“Un esfuerzo por pasar del olvido a la memoria institucional, que seguramente constituirá uno de sus mayores legados a las nuevas generaciones de dominicanos.”
Conocí a Roberto hace unos 12 años en Santiago de Chile cuando llegó a visitar a su hija, María del Carmen, con quien yo estudiaba la maestría en Economía que ofrecen los jesuitas. En aquel entonces no tenía idea de quién era, pero recuerdo que en esa ocasión trabamos una conversación larga, intensa, y amena sobre la realidad política y económica de su país y del mío. Por algún tiempo intercambiamos mensajes y opiniones sobre temas de interés mutuo, aunque con los años eso fue espaciándose cada vez más.
La semana pasada lo volví a encontrar, esta vez en su querida Santo Domingo. Otra vez conversamos mucho, ahora movidos por la coyuntura electoral que atraviesan los dominicanos. Supe además que desde hace unos años es el Director del Archivo General de la Nación, cargo que ha desempeñado con muchísima creatividad y entrega. Recuperar los documentos históricos de República Dominicana desde la época colonial se ha convertido en su cruzada personal. Un esfuerzo por pasar del olvido a la memoria institucional, que seguramente constituirá uno de sus mayores legados a las nuevas generaciones de dominicanos y extranjeros.
Al despedirnos me regaló uno de sus más recientes libros, “La rebelión de los capitanes: viva el rey y muera el mal gobierno”. En el prólogo, escrito por uno de sus alumnos, encontré esta frase que lo describe muy bien: “Roberto Cassá es profesor universitario e investigador histórico y uno de los principales exponentes del materialismo histórico en la República Dominicana. Juicioso escritor y ensayista, ha escudriñado en sus numerosos trabajos prácticamente todos los ámbitos de la historia dominicana”.
El último día que estuve en la isla le robamos un rato a la agenda que teníamos, y con algunos colegas fuimos a visitar el Archivo General de la Nación. Francamente no pude creer todo el trabajo que han desarrollado en tan pocos años. Hay allí una enorme inversión financiera, institucional, política y humana.
No solamente es impresionante el nivel de sofisticación en las técnicas para recuperación de documentos, sino el esfuerzo amplio de formación de profesionales jóvenes que hoy tienen, literalmente en sus manos, la delicada tarea de recuperar con mucha paciencia la historia de las instituciones de su país. Además, con mucho sentido de futuro han complementado toda esta inversión con iniciativas de ley para dejar sentadas las bases que permitan seguir ampliando este esfuerzo a escala nacional.
Fotos de Santo Domingo a principios del siglo XX, de los gobiernos de Juan Bosch y Balaguer, correspondencia del período colonial, periódicos de distintas épocas, la vida y asesinato de las hermanas Mirabal, fueron solamente algunas de las cosas que pude ver muy a la carrera. Actualmente están trabajando en la recuperación del Archivo de la Presidencia de la República que corresponde al gobierno del General Rafael Trujillo, período histórico largo y doloroso, que sigue teniendo una influencia grande en formas y comportamiento político de los dominicanos.
Salí de allí con sana envidia y mucha satisfacción. Envidia porque quisiera que los guatemaltecos hiciéramos una inversión parecida de recuperación sistemática de toda la evidencia escrita y gráfica de nuestras instituciones. Porque como leí en un diario dominicano de 1941, “preferimos sufrir por la verdad antes que la verdad sufra con nuestro silencio”.
Satisfacción porque ¿quién mejor que un tipo como Roberto para echarse a hombros semejante tarea?, siendo que él ha vivido y crecido profesionalmente como usuario de esa misma documentación que le fue confiada para recuperar, cuidar y poner al servicio de su país y más allá. Pero además, porque entiendo que esta iniciativa ha contado con el apoyo decidido del actual Presidente de la República. Ese es un ejemplo concreto de cómo la memoria institucional puede ser valorada y promovida al más alto nivel político. ¡Bien por los dominicanos!
Prensa Libre, 26 de enero de 2012.
miércoles, 25 de enero de 2012
jueves, 19 de enero de 2012
El túnel haitiano
“El campo haitiano es muy parecido al resto de América Latina. Vegetación exuberante en algunas partes, erosión en otras. Ríos, pequeñas parcelas, agricultores, pequeñas aldeas.”
Siempre quise visitarlo. Por varias razones. Desde una perspectiva analítica, porque es un país que muchas veces citamos como caso extremo de precariedad en latinoamérica. El ejemplo clásico del Estado fallido. Ese lugar casi surreal en donde todo hace falta: instituciones, infraestructura física, capital social, mercados.
Desde una dimensión más bien política, mi interés aumentó después de haber participado en el proceso de aumento de capital del Banco Interamericano de Desarrollo. Como suele suceder, muchas veces eventos externos e inesperados determinan cursos de acción y acuerdos finales. En este caso, el terremoto de Haití del 2010 se convirtió en el rostro más tangible de la novena capitalización de dicho banco. La emergencia nos puso a todos los países miembros a pensar colectivamente en la manera como podíamos ayudar al socio más débil de la cooperativa durante la próxima década.
La oportunidad finalmente llegó la semana pasada y pude visitarlo. Desde el aterrizaje comenzó el aluvión de estímulos. Aunque trataba de imaginarlo, es una realidad difícil de digerir y aceptar. La miseria humana de Puerto Príncipe provoca una sensación de desasosiego general. De encierro, de trampa de pobreza, de círculo vicioso, de callejón sin salida, de no saber por dónde comenzar.
La ciudad entera, sus calles y viviendas, alcantarillados, el derruido palacio nacional con su bandera ondeando muda y dignamente en el jardín, los campamentos de refugiados por toda la ciudad, caminos llenos de polvo, mucho polvo, basura por todas partes, el campamento logístico de las Naciones Unidas. Todo asemeja un país en guerra. Quizás con menos tiros, pero donde las consecuencias son básicamente las mismas: destrucción, desesperanza, sofoco, muerte.
Hasta este punto de la misión de trabajo la sensación que tenía era una mezcla de angustia y frustración. Si esa es la capital del país, no puedo imaginar lo que vamos a encontrar en el campo – me repetía. Y en efecto no pude. No pude porque el paradigma que tenemos es que el campo es sinónimo de rezago en comparación con las ciudades.
Pero cuando finalmente salimos al suroeste del país, esa pequeña península que se mete al mar frente a las costas de Cuba, la historia fue otra. Salir de Puerto Príncipe nos tomó un buen rato, pero valió la pena. El paisaje comenzó a ser más familiar, los espacios se ampliaban, como indicando un modesto sendero para atajar las inmensas necesidades que tiene ese país.
El campo haitiano es muy parecido al resto de América Latina. Vegetación exuberante en algunas partes, erosión en otras. Ríos, pequeñas parcelas, agricultores, pequeñas aldeas. Allí los desafíos son más conocidos: caminos rurales, sistemas de irrigación, servicios de extensión, asociatividad de los pequeños productores, seguridad alimentaria, acceso a mercados. En fin, cosas mucho más manejables que el laberinto de Puerto Príncipe.
Tampoco es que sea fácil. Por una parte, el país no cuenta con las instituciones necesarias para desarrollar lo rural. La ausencia del Estado es evidente – como en muchas otras partes de nuestro continente – y la construcción de capital social entre pequeños productores rurales es un trabajo lento y pendiente.
El individualismo y la desconfianza no son exclusivos de la ciudad. Aunque fue en la capital donde vi vendedores callejeros colocados en fila, pero separados por algunos metros unos de otros. Como levantando diariamente una pequeña barrera invisible. Así es –me decía un intérprete del creole que nos acompañó durante la visita–, somos producto de nuestra historia. A veces nos cuesta confiar.
Aunque estoy seguro que mi lectura es incompleta, lo cierto es que volví del campo haitiano con un poco de más esperanza. Con una sensación de ´por aquí es la cosa´, de luz al final del túnel.
En todo caso, y guardando las distancias, creo que hay muchas lecciones que destilar para Guatemala de lo que está pasando en el lado oeste de La Española. Allá, igual que aquí, tenemos dos realidades. Allá, tanto como aquí, el desarrollo y destino del país está amarrado al desarrollo y destino rural.
Prensa Libre, 19 de enero de 2010.
Siempre quise visitarlo. Por varias razones. Desde una perspectiva analítica, porque es un país que muchas veces citamos como caso extremo de precariedad en latinoamérica. El ejemplo clásico del Estado fallido. Ese lugar casi surreal en donde todo hace falta: instituciones, infraestructura física, capital social, mercados.
Desde una dimensión más bien política, mi interés aumentó después de haber participado en el proceso de aumento de capital del Banco Interamericano de Desarrollo. Como suele suceder, muchas veces eventos externos e inesperados determinan cursos de acción y acuerdos finales. En este caso, el terremoto de Haití del 2010 se convirtió en el rostro más tangible de la novena capitalización de dicho banco. La emergencia nos puso a todos los países miembros a pensar colectivamente en la manera como podíamos ayudar al socio más débil de la cooperativa durante la próxima década.
La oportunidad finalmente llegó la semana pasada y pude visitarlo. Desde el aterrizaje comenzó el aluvión de estímulos. Aunque trataba de imaginarlo, es una realidad difícil de digerir y aceptar. La miseria humana de Puerto Príncipe provoca una sensación de desasosiego general. De encierro, de trampa de pobreza, de círculo vicioso, de callejón sin salida, de no saber por dónde comenzar.
La ciudad entera, sus calles y viviendas, alcantarillados, el derruido palacio nacional con su bandera ondeando muda y dignamente en el jardín, los campamentos de refugiados por toda la ciudad, caminos llenos de polvo, mucho polvo, basura por todas partes, el campamento logístico de las Naciones Unidas. Todo asemeja un país en guerra. Quizás con menos tiros, pero donde las consecuencias son básicamente las mismas: destrucción, desesperanza, sofoco, muerte.
Hasta este punto de la misión de trabajo la sensación que tenía era una mezcla de angustia y frustración. Si esa es la capital del país, no puedo imaginar lo que vamos a encontrar en el campo – me repetía. Y en efecto no pude. No pude porque el paradigma que tenemos es que el campo es sinónimo de rezago en comparación con las ciudades.
Pero cuando finalmente salimos al suroeste del país, esa pequeña península que se mete al mar frente a las costas de Cuba, la historia fue otra. Salir de Puerto Príncipe nos tomó un buen rato, pero valió la pena. El paisaje comenzó a ser más familiar, los espacios se ampliaban, como indicando un modesto sendero para atajar las inmensas necesidades que tiene ese país.
El campo haitiano es muy parecido al resto de América Latina. Vegetación exuberante en algunas partes, erosión en otras. Ríos, pequeñas parcelas, agricultores, pequeñas aldeas. Allí los desafíos son más conocidos: caminos rurales, sistemas de irrigación, servicios de extensión, asociatividad de los pequeños productores, seguridad alimentaria, acceso a mercados. En fin, cosas mucho más manejables que el laberinto de Puerto Príncipe.
Tampoco es que sea fácil. Por una parte, el país no cuenta con las instituciones necesarias para desarrollar lo rural. La ausencia del Estado es evidente – como en muchas otras partes de nuestro continente – y la construcción de capital social entre pequeños productores rurales es un trabajo lento y pendiente.
El individualismo y la desconfianza no son exclusivos de la ciudad. Aunque fue en la capital donde vi vendedores callejeros colocados en fila, pero separados por algunos metros unos de otros. Como levantando diariamente una pequeña barrera invisible. Así es –me decía un intérprete del creole que nos acompañó durante la visita–, somos producto de nuestra historia. A veces nos cuesta confiar.
Aunque estoy seguro que mi lectura es incompleta, lo cierto es que volví del campo haitiano con un poco de más esperanza. Con una sensación de ´por aquí es la cosa´, de luz al final del túnel.
En todo caso, y guardando las distancias, creo que hay muchas lecciones que destilar para Guatemala de lo que está pasando en el lado oeste de La Española. Allá, igual que aquí, tenemos dos realidades. Allá, tanto como aquí, el desarrollo y destino del país está amarrado al desarrollo y destino rural.
Prensa Libre, 19 de enero de 2010.
jueves, 12 de enero de 2012
¿Qué dice el menú?
“(…) sostenibilidad fiscal, protección social y desarrollo rural, aparecen como temas centrales para el equipo que está por estrenarse.”
Hasta hace unos pocos años, entrar a comer a un restaurant nuevo – a menos que se tuvieran referencias previas – era un juego de ruleta rusa. No se sabía qué platos iba a encontrar en el menú, ni tampoco el precio de los mismos. Más de una vez tocaba pasar el rato colorado de tener que levantarse de la mesa sin ordenar nada, y salir nuevamente en busca de algo más a hoc a gustos y posibilidades.
Algo similar ha pasado con esta última elección de gobierno. Como nunca antes en la era democrática reciente, nos habíamos dado el lujo de tener dos equipos de gobierno en funciones por dos meses. Un gabinete oficial y un gabinete sombra, este último anunciado con mucha anticipación, y por lo mismo puesto a trabajar desde antes que comience su período oficial, esperando solamente el pitazo de salida para recibir las llaves de la oficina.
Ese simple pero significativo hecho nos dio información, comenzó a mandar mensajes a un electorado que, otra vez, se vuelve a esperanzar ante la posibilidad de que, con el fin de un ciclo político y el inicio de uno nuevo, algunos temas puedan retomarse con energías renovadas. A otros más escépticos, el interregno vivido en noviembre y diciembre pasados fue como haber tenido el menú en la puerta del restaurant, para poder ver platos y precios antes de entrar. Y debo confesar que en algunos casos ha despertado alguna dosis de optimismo, porque vemos pequeñas islas de oportunidad para seguir avanzando en la modernización del Estado.
Es curioso cómo a veces la clase política y la administración pública nos hace creer que el país está dando pasos cortos, modestos, pero hacia adelante. Hago una lectura rápida de un par de señales en el área socio-económica, porque ese es el pequeño metro cuadrado en el que me toca desenvolverme profesionalmente.
Por ejemplo, los nombramientos en carteras como Finanzas – tanto a nivel de ministro como de viceministros – y la Secretaría de Planificación Económica, dan razones para pensar que la complementariedad que debiera existir entre ambos entes vuelve a ser una posibilidad en el futuro inmediato. Hay varias coincidencias en ambos equipos: comparten una visión de desarrollo con equidad así como el papel del sector público en dicho proceso.
Más importante aún, también comulgan de la necesidad de seguir dando la batalla por una reforma fiscal en el país, que cumpla varias funciones: dotar al Estado de más recursos para atender problemas urgentes como la seguridad ciudadana, nuevas inversiones físicas y más inversión social; modernizar los sistemas tributarios, dándole un sentido de eficiencia y de progresividad; avanzar en los sistemas de planificación económica, eficiencia y transparencia y rendición de cuentas del gasto público.
De igual forma, la claridad con la que se nos ha hablado de un nuevo ministerio que atienda temas de desarrollo social también sugiere que las redes de protección a grupos vulnerables, y la política social en un sentido más amplio, tendrá un espacio real de institucionalización y de convertirse en política estratégica del Estado guatemalteco en los siguientes años. En otras palabras, tendrá la posibilidad de migrar a un nivel superior, dejando de ser un simple apéndice de iniciativas individuales o pequeños programas inconexos, unos más exitosos que otros.
En materia de desarrollo rural, el nombramiento de un comisionado presidencial para temas rurales, así como la asignación presupuestaria del ministerio sectorial, indican hacia una renovada ventana de oportunidad, para discutir e implementar acciones sobre un tema postergado pero estratégico para la reducción de la pobreza y la exclusión en que viven muchos de nuestros paisanos: el desarrollo rural.
Finalmente, la conformación del equipo de trabajo del MINECO indica el retorno a temas de competitividad y promoción de una agenda exportadora. Eso es positivo en tanto llena un vacío dejado por la administración saliente. El país necesita mayores tasas de crecimiento, y el gobierno debe asignara ello cuadros técnicos y políticos que trabajen de manera complementaria al resto de áreas prioritarias.
Así pues, sostenibilidad fiscal, protección social, competitividad y desarrollo rural, aparecen en el centro del equipo que está por estrenarse. O al menos eso es lo que se puede leer hasta hoy en la carta que han colocado a la entrada del palacio nacional de la cultura. Falta ver cómo preparan y sirven los platos, y qué sabor de boca nos dejan al final.
Como guatemalteco no puedo sino desear que tengan éxito, y confiar en la capacidad y compromiso que muchos de ellos han demostrado, desde las diferentes arenas profesionales en las que se desenvolvían hasta hace muy poco. Ahora ¡a cocinar!
Prensa Libre, 12 de enero de 2012.
Hasta hace unos pocos años, entrar a comer a un restaurant nuevo – a menos que se tuvieran referencias previas – era un juego de ruleta rusa. No se sabía qué platos iba a encontrar en el menú, ni tampoco el precio de los mismos. Más de una vez tocaba pasar el rato colorado de tener que levantarse de la mesa sin ordenar nada, y salir nuevamente en busca de algo más a hoc a gustos y posibilidades.
Algo similar ha pasado con esta última elección de gobierno. Como nunca antes en la era democrática reciente, nos habíamos dado el lujo de tener dos equipos de gobierno en funciones por dos meses. Un gabinete oficial y un gabinete sombra, este último anunciado con mucha anticipación, y por lo mismo puesto a trabajar desde antes que comience su período oficial, esperando solamente el pitazo de salida para recibir las llaves de la oficina.
Ese simple pero significativo hecho nos dio información, comenzó a mandar mensajes a un electorado que, otra vez, se vuelve a esperanzar ante la posibilidad de que, con el fin de un ciclo político y el inicio de uno nuevo, algunos temas puedan retomarse con energías renovadas. A otros más escépticos, el interregno vivido en noviembre y diciembre pasados fue como haber tenido el menú en la puerta del restaurant, para poder ver platos y precios antes de entrar. Y debo confesar que en algunos casos ha despertado alguna dosis de optimismo, porque vemos pequeñas islas de oportunidad para seguir avanzando en la modernización del Estado.
Es curioso cómo a veces la clase política y la administración pública nos hace creer que el país está dando pasos cortos, modestos, pero hacia adelante. Hago una lectura rápida de un par de señales en el área socio-económica, porque ese es el pequeño metro cuadrado en el que me toca desenvolverme profesionalmente.
Por ejemplo, los nombramientos en carteras como Finanzas – tanto a nivel de ministro como de viceministros – y la Secretaría de Planificación Económica, dan razones para pensar que la complementariedad que debiera existir entre ambos entes vuelve a ser una posibilidad en el futuro inmediato. Hay varias coincidencias en ambos equipos: comparten una visión de desarrollo con equidad así como el papel del sector público en dicho proceso.
Más importante aún, también comulgan de la necesidad de seguir dando la batalla por una reforma fiscal en el país, que cumpla varias funciones: dotar al Estado de más recursos para atender problemas urgentes como la seguridad ciudadana, nuevas inversiones físicas y más inversión social; modernizar los sistemas tributarios, dándole un sentido de eficiencia y de progresividad; avanzar en los sistemas de planificación económica, eficiencia y transparencia y rendición de cuentas del gasto público.
De igual forma, la claridad con la que se nos ha hablado de un nuevo ministerio que atienda temas de desarrollo social también sugiere que las redes de protección a grupos vulnerables, y la política social en un sentido más amplio, tendrá un espacio real de institucionalización y de convertirse en política estratégica del Estado guatemalteco en los siguientes años. En otras palabras, tendrá la posibilidad de migrar a un nivel superior, dejando de ser un simple apéndice de iniciativas individuales o pequeños programas inconexos, unos más exitosos que otros.
En materia de desarrollo rural, el nombramiento de un comisionado presidencial para temas rurales, así como la asignación presupuestaria del ministerio sectorial, indican hacia una renovada ventana de oportunidad, para discutir e implementar acciones sobre un tema postergado pero estratégico para la reducción de la pobreza y la exclusión en que viven muchos de nuestros paisanos: el desarrollo rural.
Finalmente, la conformación del equipo de trabajo del MINECO indica el retorno a temas de competitividad y promoción de una agenda exportadora. Eso es positivo en tanto llena un vacío dejado por la administración saliente. El país necesita mayores tasas de crecimiento, y el gobierno debe asignara ello cuadros técnicos y políticos que trabajen de manera complementaria al resto de áreas prioritarias.
Así pues, sostenibilidad fiscal, protección social, competitividad y desarrollo rural, aparecen en el centro del equipo que está por estrenarse. O al menos eso es lo que se puede leer hasta hoy en la carta que han colocado a la entrada del palacio nacional de la cultura. Falta ver cómo preparan y sirven los platos, y qué sabor de boca nos dejan al final.
Como guatemalteco no puedo sino desear que tengan éxito, y confiar en la capacidad y compromiso que muchos de ellos han demostrado, desde las diferentes arenas profesionales en las que se desenvolvían hasta hace muy poco. Ahora ¡a cocinar!
Prensa Libre, 12 de enero de 2012.
jueves, 5 de enero de 2012
¿En qué están nuestros jóvenes?
“Los jóvenes son el futuro, dice el refrán. Una frase tan romántica como perversa, que bien puede dar sentido de esperanza como simplemente significar trasladar la responsabilidad de una generación a otra.”
Los jóvenes son el futuro, dice el refrán. Y Guatemala, como buena parte del continente latinoamericano, es un territorio de población joven. Luego debiéramos estar llenos de futuro, de sueños y planes, todos promisorios, todos llenos de energía y utopías. ¿Es así?
La juventud es barro húmedo entre los dedos. Es inexperiencia pero también es muchas ganas de hacer cosas nuevas. Por ratos es comportamiento errático pero generalmente bien intencionado. Es campo fértil para sembrar y cosechar casi de inmediato. En una escala mayor, es una oportunidad de corrección social, de cohesión, fuente de crecimiento económico, potencial de innovación y desarrollo.
Y por si fuera poco, en la Latinoamérica actual es un fenómeno social que trae su propio pan bajo el brazo. El bono demográfico es la manera en que técnicamente se ha bautizado a sociedades en las que la proporción de población en edad de trabajar continuará creciendo más rápidamente que la población dependiente en edad escolar o en edad de retiro. Es decir, por algunos años habrá potencial de aumentar el ingreso por habitante.
Paradójicamente, en un país de jóvenes, cuando uno se pregunta cosas tan sencillas como ¿qué hacen nuestros patojos? ¿qué los inspira? ¿qué los preocupa? ¿qué los mueve? ¿cómo viven su sexualidad? ¿cómo encuentran empleo? ¿en qué usan su tiempo libre? ¿qué los hace migrar, meterse a maras, o usar drogas?¿hay diferencias entre los jóvenes de la capital y los de las cabeceras?...generalmente hablamos de oídas. Los datos son escasos, y los análisis a nivel de país lo son más todavía.
Por eso me dio mucho gusto cuando Bienvenido Argueta me escribió hace unos días para contarme que la otra semana harán públicos los resultados de la “Primera encuesta nacional de juventud en Guatemala”. Creo que, otra vez, dio en el clavo, coordinando un nuevo esfuerzo amplio, esta vez para sacarles una radiografía social a los guatemaltecos entre 15 y 29 años.
Estuve hojeando rápidamente algunos cuadros generados a partir del módulo de empleo. Como en todo, hay hallazgos que uno puede anticipar por simple intuición, como que más escolaridad genera mayores posibilidades de estar empleado, o que los jóvenes en situación de pobreza están más propensos a comenzar a trabajar que el resto de sus pares en mejores condiciones económicas.
Sin embargo, también hay aquel otro grupo de resultados que sorprenden por su capacidad de interpelar mitos. Por ejemplo, que las redes sociales (amigos y familia) son, de lejos, la principal fuente para encontrar empleo, no solamente el primero sino también los subsiguientes. Esto es un serio cuestionamiento al funcionamiento de nuestro mercado laboral, pero también pone en evidencia la desigualdad de oportunidades que prevalece en el país. Constata aquella frase infame de “no es tanto cuánto sabes sino a quién conoces”.
De igual manera, las respuestas diferenciadas que dan los jóvenes sobre por qué no buscan trabajo indican con mucha claridad la necesidad de diseñar políticas públicas distintas para cada segmento socioeconómico. Incompatibilidad entre trabajo y estudio, falta de interés o necesidad son las razones de los jóvenes en estratos más altos. Embarazo, cuidados de personas ancianas o niños, y quehaceres del hogar son las respuestas más recurrentes entre los más pobres.
Los jóvenes son el futuro, dice el refrán. Una frase tan romántica como perversa, que bien puede dar sentido de esperanza como simplemente significar trasladar la responsabilidad de una generación a otra, y continuar dejando a los jóvenes desatendidos porque todavía no es su momento, porque todavía no son adultos. Esa percepción es equivocada.
Los jóvenes son futuro pero al mismo tiempo son presente. Viven hoy, trabajan hoy, sueñan y se frustran hoy, se entusiasman o defraudan hoy, igual que usted y yo. Por lo mismo, debiéramos emplearlos a fondo, no solo como objetos, sino también como sujetos de la vida social. Que opinen, que sean escuchados al momento de tomar decisiones que les afectan, que cometan errores y asuman su responsabilidad, que su participación política obligue el recambio en nuestros liderazgos.
Ojalá y este modesto esfuerzo por darnos información estadística actualizada sirva para reanimar el interés y compromiso que todos debiéramos tener hacia la juventud. Ojalá y esos datos sean puestos inmediatamente a disposición de todos aquellos que directa o indirectamente trabajan con dicho grupo. Solamente así nos ayudará a responder la pregunta ¿en qué están nuestros jóvenes?
Prensa Libre, 5 de enero de 2012.
Los jóvenes son el futuro, dice el refrán. Y Guatemala, como buena parte del continente latinoamericano, es un territorio de población joven. Luego debiéramos estar llenos de futuro, de sueños y planes, todos promisorios, todos llenos de energía y utopías. ¿Es así?
La juventud es barro húmedo entre los dedos. Es inexperiencia pero también es muchas ganas de hacer cosas nuevas. Por ratos es comportamiento errático pero generalmente bien intencionado. Es campo fértil para sembrar y cosechar casi de inmediato. En una escala mayor, es una oportunidad de corrección social, de cohesión, fuente de crecimiento económico, potencial de innovación y desarrollo.
Y por si fuera poco, en la Latinoamérica actual es un fenómeno social que trae su propio pan bajo el brazo. El bono demográfico es la manera en que técnicamente se ha bautizado a sociedades en las que la proporción de población en edad de trabajar continuará creciendo más rápidamente que la población dependiente en edad escolar o en edad de retiro. Es decir, por algunos años habrá potencial de aumentar el ingreso por habitante.
Paradójicamente, en un país de jóvenes, cuando uno se pregunta cosas tan sencillas como ¿qué hacen nuestros patojos? ¿qué los inspira? ¿qué los preocupa? ¿qué los mueve? ¿cómo viven su sexualidad? ¿cómo encuentran empleo? ¿en qué usan su tiempo libre? ¿qué los hace migrar, meterse a maras, o usar drogas?¿hay diferencias entre los jóvenes de la capital y los de las cabeceras?...generalmente hablamos de oídas. Los datos son escasos, y los análisis a nivel de país lo son más todavía.
Por eso me dio mucho gusto cuando Bienvenido Argueta me escribió hace unos días para contarme que la otra semana harán públicos los resultados de la “Primera encuesta nacional de juventud en Guatemala”. Creo que, otra vez, dio en el clavo, coordinando un nuevo esfuerzo amplio, esta vez para sacarles una radiografía social a los guatemaltecos entre 15 y 29 años.
Estuve hojeando rápidamente algunos cuadros generados a partir del módulo de empleo. Como en todo, hay hallazgos que uno puede anticipar por simple intuición, como que más escolaridad genera mayores posibilidades de estar empleado, o que los jóvenes en situación de pobreza están más propensos a comenzar a trabajar que el resto de sus pares en mejores condiciones económicas.
Sin embargo, también hay aquel otro grupo de resultados que sorprenden por su capacidad de interpelar mitos. Por ejemplo, que las redes sociales (amigos y familia) son, de lejos, la principal fuente para encontrar empleo, no solamente el primero sino también los subsiguientes. Esto es un serio cuestionamiento al funcionamiento de nuestro mercado laboral, pero también pone en evidencia la desigualdad de oportunidades que prevalece en el país. Constata aquella frase infame de “no es tanto cuánto sabes sino a quién conoces”.
De igual manera, las respuestas diferenciadas que dan los jóvenes sobre por qué no buscan trabajo indican con mucha claridad la necesidad de diseñar políticas públicas distintas para cada segmento socioeconómico. Incompatibilidad entre trabajo y estudio, falta de interés o necesidad son las razones de los jóvenes en estratos más altos. Embarazo, cuidados de personas ancianas o niños, y quehaceres del hogar son las respuestas más recurrentes entre los más pobres.
Los jóvenes son el futuro, dice el refrán. Una frase tan romántica como perversa, que bien puede dar sentido de esperanza como simplemente significar trasladar la responsabilidad de una generación a otra, y continuar dejando a los jóvenes desatendidos porque todavía no es su momento, porque todavía no son adultos. Esa percepción es equivocada.
Los jóvenes son futuro pero al mismo tiempo son presente. Viven hoy, trabajan hoy, sueñan y se frustran hoy, se entusiasman o defraudan hoy, igual que usted y yo. Por lo mismo, debiéramos emplearlos a fondo, no solo como objetos, sino también como sujetos de la vida social. Que opinen, que sean escuchados al momento de tomar decisiones que les afectan, que cometan errores y asuman su responsabilidad, que su participación política obligue el recambio en nuestros liderazgos.
Ojalá y este modesto esfuerzo por darnos información estadística actualizada sirva para reanimar el interés y compromiso que todos debiéramos tener hacia la juventud. Ojalá y esos datos sean puestos inmediatamente a disposición de todos aquellos que directa o indirectamente trabajan con dicho grupo. Solamente así nos ayudará a responder la pregunta ¿en qué están nuestros jóvenes?
Prensa Libre, 5 de enero de 2012.
jueves, 22 de diciembre de 2011
Solidaridad y confianza en quiebra
“(…) están en quiebra los dos pilares sobre los que se articula cualquier sociedad: solidaridad y confianza.”
Cuando le preguntaron al filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, qué pensaba del futuro de Europa en estos momentos cruciales, se refugió en cuatro palabras, cuatro conceptos que ciertamente han movido a la humanidad por siglos, y cuyas interrelaciones explican en buena medida la evolución de la sociedad. Estas son: política, poder, solidaridad y confianza.
Para Bauman, es justamente en la manera de asociar o disociar estos cuatro términos donde subyacen las explicaciones a la crisis actual. En donde lo único que parece cambiar cada poco es el epicentro y la sensación de ansiedad y catástrofe, cada vez mayores que en la crisis precedente. Lo ejemplifica diciendo que “[a]ntes el poder y la política residían en el estado nación, podía haber contradicciones, debates y posiciones contrapuestas sobre un tema, pero una vez se había decidido qué era lo que se iba a hacer ya no había ninguna duda: el estado nación lo haría. Nada de esto sucede ahora. Los políticos han perdido el brazo ejecutor. (…) El poder, el poder real que controla nuestras vidas ya es global, pero nuestros políticos piensan y actúan como si todavía fuera local. Nos enfrentamos a la necesidad de crear un nuevo paradigma, un nuevo modelo que vuelva a conectar la política con el poder. La soberanía es un concepto zombie, que hace creer que está viva, pero está muerta.”
Y por si eso no fuera suficiente, concluye que están en quiebra los dos pilares sobre los que se articula cualquier sociedad: solidaridad y confianza. Conceptos que en la actualidad parecen haberse depreciado a tal punto que “[e]n estos momentos sólo se construyen alianzas ad hoc, mientras dure la satisfacción. No existe la lealtad. Una cosa sirve sólo hasta que sale la siguiente que la reemplaza. De la misma manera que las relaciones entre el yo y el resto son extremadamente volubles, lo mismo sucede para entrar o salir de una alianza. La confianza es la base de las relaciones humanas y ahora no hay nada en que confiar. De hecho se produce una especie de círculo vicioso. La gente cree que las cosas son frágiles y quebradizas, que nada es permanente, lo que hace que se comporten como si todo fuera frágil y quebradizo, lo que hace que esta percepción acabe cumpliéndose”.
¿Cómo resuena esto en nuestra América Latina? Curiosamente la región compró en los últimos diez o quince años, más en el discurso que en la práctica me dirá usted con mucha razón, dos paradigmas que reflejan la crítica de Bauman. El primero tiene que ver con la promoción del capital social y la importancia de construir redes de confianza como elemento fundamental para aumentar la eficiencia económica y profundizar la cohesión social. Mayores niveles de confianza entre agentes económicos y sociales resultarían en costos de transacción menores entre agentes privados, cumplimiento de contratos, certeza para planificar inversiones en un horizonte temporal más largo, apropiación de la democracia como marco de convivencia.
El segundo tiene que ver con el relanzamiento de la protección social como expresión concreta de la solidaridad ejercida desde el ámbito público. Apostamos a la idea de que era posible llegar a un acuerdo en el que aquellos grupos más aventajados de nuestra sociedad contribuyeran (o por lo menos no vetaran) a la institucionalización de programas para atender a aquellos otros históricamente rezagados, y que en muchos países son mayoría.
Así pues, la región parece estar en la senda correcta en cuanto a solidaridad y confianza. Ahora bien, en lo que corresponde al campo de la política y el poder hay ciertamente muchas más sombras que luces. La disfuncionalidad de los sistemas de partidos políticos, el pobrísimo debate parlamentario, y la creciente amenaza que supone el crimen organizado hacen sonar alarmas tanto en América Latina como en el viejo continente y la actual potencia hegemónica.
Aunque todavía falta tiempo para saber si la lectura de Bauman es la correcta, lo cierto es que sus argumentos dan un marco para observar el impasse que viven los países desarrollados, por un lado, y la atípica resiliencia latinoamericana ante esta crisis, por el otro.
¡Le deseo a usted y su familia una Navidad en paz!
Prensa Libre, 22 de diciembre de 2011.
Cuando le preguntaron al filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, qué pensaba del futuro de Europa en estos momentos cruciales, se refugió en cuatro palabras, cuatro conceptos que ciertamente han movido a la humanidad por siglos, y cuyas interrelaciones explican en buena medida la evolución de la sociedad. Estas son: política, poder, solidaridad y confianza.
Para Bauman, es justamente en la manera de asociar o disociar estos cuatro términos donde subyacen las explicaciones a la crisis actual. En donde lo único que parece cambiar cada poco es el epicentro y la sensación de ansiedad y catástrofe, cada vez mayores que en la crisis precedente. Lo ejemplifica diciendo que “[a]ntes el poder y la política residían en el estado nación, podía haber contradicciones, debates y posiciones contrapuestas sobre un tema, pero una vez se había decidido qué era lo que se iba a hacer ya no había ninguna duda: el estado nación lo haría. Nada de esto sucede ahora. Los políticos han perdido el brazo ejecutor. (…) El poder, el poder real que controla nuestras vidas ya es global, pero nuestros políticos piensan y actúan como si todavía fuera local. Nos enfrentamos a la necesidad de crear un nuevo paradigma, un nuevo modelo que vuelva a conectar la política con el poder. La soberanía es un concepto zombie, que hace creer que está viva, pero está muerta.”
Y por si eso no fuera suficiente, concluye que están en quiebra los dos pilares sobre los que se articula cualquier sociedad: solidaridad y confianza. Conceptos que en la actualidad parecen haberse depreciado a tal punto que “[e]n estos momentos sólo se construyen alianzas ad hoc, mientras dure la satisfacción. No existe la lealtad. Una cosa sirve sólo hasta que sale la siguiente que la reemplaza. De la misma manera que las relaciones entre el yo y el resto son extremadamente volubles, lo mismo sucede para entrar o salir de una alianza. La confianza es la base de las relaciones humanas y ahora no hay nada en que confiar. De hecho se produce una especie de círculo vicioso. La gente cree que las cosas son frágiles y quebradizas, que nada es permanente, lo que hace que se comporten como si todo fuera frágil y quebradizo, lo que hace que esta percepción acabe cumpliéndose”.
¿Cómo resuena esto en nuestra América Latina? Curiosamente la región compró en los últimos diez o quince años, más en el discurso que en la práctica me dirá usted con mucha razón, dos paradigmas que reflejan la crítica de Bauman. El primero tiene que ver con la promoción del capital social y la importancia de construir redes de confianza como elemento fundamental para aumentar la eficiencia económica y profundizar la cohesión social. Mayores niveles de confianza entre agentes económicos y sociales resultarían en costos de transacción menores entre agentes privados, cumplimiento de contratos, certeza para planificar inversiones en un horizonte temporal más largo, apropiación de la democracia como marco de convivencia.
El segundo tiene que ver con el relanzamiento de la protección social como expresión concreta de la solidaridad ejercida desde el ámbito público. Apostamos a la idea de que era posible llegar a un acuerdo en el que aquellos grupos más aventajados de nuestra sociedad contribuyeran (o por lo menos no vetaran) a la institucionalización de programas para atender a aquellos otros históricamente rezagados, y que en muchos países son mayoría.
Así pues, la región parece estar en la senda correcta en cuanto a solidaridad y confianza. Ahora bien, en lo que corresponde al campo de la política y el poder hay ciertamente muchas más sombras que luces. La disfuncionalidad de los sistemas de partidos políticos, el pobrísimo debate parlamentario, y la creciente amenaza que supone el crimen organizado hacen sonar alarmas tanto en América Latina como en el viejo continente y la actual potencia hegemónica.
Aunque todavía falta tiempo para saber si la lectura de Bauman es la correcta, lo cierto es que sus argumentos dan un marco para observar el impasse que viven los países desarrollados, por un lado, y la atípica resiliencia latinoamericana ante esta crisis, por el otro.
¡Le deseo a usted y su familia una Navidad en paz!
Prensa Libre, 22 de diciembre de 2011.
miércoles, 14 de diciembre de 2011
¿Pan francés o pan de rodaja?
“(…) probablemente allí se explica por qué en países como Guatemala, con una clase media que no termina de dibujarse con nitidez, las discusiones son más primarias.”
Moisés Naim y Andrés Oppenheimer publicaron hace unos días sendas columnas de opinión en el diario El País de España. Una sobre desigualdad y la otra sobre pobreza. Rico que ambos temas parecen estar ya bien sembrados en el jardín latinoamericano. ¡Pero pucha que costó sangre, sudor y lágrimas, eh!
Oppenheimer comenta las últimas cifras publicadas por CEPAL con relación a la pobreza en la región. De los años 80s para acá hemos logrado reducir como nunca, tanto la pobreza general como extrema (en 17 y 10 puntos porcentuales respectivamente). Sin embargo, dice Andrés, no hay razón para ufanarse demasiado. Asia ha conseguido cifras y ritmos mucho mayores. Y se lo atribuye a tres condiciones objetivas: mejor distribución del ingreso, mayor integración económica y mejores niveles de educación, ciencia y tecnología.
Naim se centra en el descontento ciudadano de los chilenos. Las protestas por una educación de calidad y menos onerosa. Señala dos factores clave para leer el momento por el que atraviesa Chile: el crecimiento de la clase media y la desigualdad económica. Paradójicamente, uno de esos factores es reconocido como un síntoma de desarrollo más que como fuente de malestar. Una aspiración de la gran mayoría de sociedades latinoamericanas.
Estábamos mucho más acostumbrados a pensar en las bondades de una amplia clase media: mercados más amplios para los productores locales, salarios más altos, productividad mayor, crecimiento más sostenido, ciudadanía más apropiada de conceptos abstractos como democracia y Estado de Derecho, demanda vigorosa por productos de mayor valor agregado, profundización financiera, etcétera. Eso era lo que incluía el combo de hacerle un upgrade a nuestro software social, para ponerlo en términos de cibernauta.
Lo que no se nos ocurrió, o no fuimos capaces de anticipar con suficiente precisión, fue la velocidad y beligerancia con que la clase media exigiría instituciones, bienes y servicios públicos, de calidad y con un mínimo de equidad en su provisión. Ahora bien, una clase media exigiendo calidad y equidad no tendría por qué ser un problema en sí mismo. Obviamente, siempre que exista una oferta capaz de satisfacer a ese colectivo creciente que, además, nos ha dejado bien claro que está cada día más dispuesto a la exigencia y movilización social.
Si lo anterior es verdad, probablemente allí se explica por qué en países como Guatemala, con una clase media que no termina de dibujarse con nitidez, las discusiones son más primarias: mucho o poco, presente o ausente, provisión pública o privada. Y solo en los últimos años hemos comenzado a hacer tiritos al marco para plantear temas de calidad institucional, en el sector educación fundamentalmente.
¿Somos diferentes al resto? No, no lo somos. Simplemente estamos en otro estadio de desarrollo. Por eso agendas de discusión como la que ya se plantean los chilenos en las calles de Santiago, en Guatemala siguen confinadas (cada vez menos, hay que reconocerlo) a espacios bastante limitados. Todavía suenan demasiado ajenas, abstractas, salvo por lo concreto que es para la mitad de la población, vivir en pobreza y con oportunidades tan dispares que hasta rayan en lo injusto.
La tendencia regional todavía no nos llega, la reducción de pobreza y mejoras en equidad observadas en otros países no se ve en el nuestro. La expansión de la clase media sudamericana es por ahora un enano de otro cuento. Para nosotros el reto es poner pan sobre la mesa de todos los chapines. Luego quizás podremos tener la discusión de si mejor pan francés o pan de rodaja.
Prensa Libre, 15 de diciembre de 2011.
Moisés Naim y Andrés Oppenheimer publicaron hace unos días sendas columnas de opinión en el diario El País de España. Una sobre desigualdad y la otra sobre pobreza. Rico que ambos temas parecen estar ya bien sembrados en el jardín latinoamericano. ¡Pero pucha que costó sangre, sudor y lágrimas, eh!
Oppenheimer comenta las últimas cifras publicadas por CEPAL con relación a la pobreza en la región. De los años 80s para acá hemos logrado reducir como nunca, tanto la pobreza general como extrema (en 17 y 10 puntos porcentuales respectivamente). Sin embargo, dice Andrés, no hay razón para ufanarse demasiado. Asia ha conseguido cifras y ritmos mucho mayores. Y se lo atribuye a tres condiciones objetivas: mejor distribución del ingreso, mayor integración económica y mejores niveles de educación, ciencia y tecnología.
Naim se centra en el descontento ciudadano de los chilenos. Las protestas por una educación de calidad y menos onerosa. Señala dos factores clave para leer el momento por el que atraviesa Chile: el crecimiento de la clase media y la desigualdad económica. Paradójicamente, uno de esos factores es reconocido como un síntoma de desarrollo más que como fuente de malestar. Una aspiración de la gran mayoría de sociedades latinoamericanas.
Estábamos mucho más acostumbrados a pensar en las bondades de una amplia clase media: mercados más amplios para los productores locales, salarios más altos, productividad mayor, crecimiento más sostenido, ciudadanía más apropiada de conceptos abstractos como democracia y Estado de Derecho, demanda vigorosa por productos de mayor valor agregado, profundización financiera, etcétera. Eso era lo que incluía el combo de hacerle un upgrade a nuestro software social, para ponerlo en términos de cibernauta.
Lo que no se nos ocurrió, o no fuimos capaces de anticipar con suficiente precisión, fue la velocidad y beligerancia con que la clase media exigiría instituciones, bienes y servicios públicos, de calidad y con un mínimo de equidad en su provisión. Ahora bien, una clase media exigiendo calidad y equidad no tendría por qué ser un problema en sí mismo. Obviamente, siempre que exista una oferta capaz de satisfacer a ese colectivo creciente que, además, nos ha dejado bien claro que está cada día más dispuesto a la exigencia y movilización social.
Si lo anterior es verdad, probablemente allí se explica por qué en países como Guatemala, con una clase media que no termina de dibujarse con nitidez, las discusiones son más primarias: mucho o poco, presente o ausente, provisión pública o privada. Y solo en los últimos años hemos comenzado a hacer tiritos al marco para plantear temas de calidad institucional, en el sector educación fundamentalmente.
¿Somos diferentes al resto? No, no lo somos. Simplemente estamos en otro estadio de desarrollo. Por eso agendas de discusión como la que ya se plantean los chilenos en las calles de Santiago, en Guatemala siguen confinadas (cada vez menos, hay que reconocerlo) a espacios bastante limitados. Todavía suenan demasiado ajenas, abstractas, salvo por lo concreto que es para la mitad de la población, vivir en pobreza y con oportunidades tan dispares que hasta rayan en lo injusto.
La tendencia regional todavía no nos llega, la reducción de pobreza y mejoras en equidad observadas en otros países no se ve en el nuestro. La expansión de la clase media sudamericana es por ahora un enano de otro cuento. Para nosotros el reto es poner pan sobre la mesa de todos los chapines. Luego quizás podremos tener la discusión de si mejor pan francés o pan de rodaja.
Prensa Libre, 15 de diciembre de 2011.
jueves, 8 de diciembre de 2011
¿Y las estadísticas rurales?
“(…) al igual que los seguros contra accidentes, las mejores estadísticas son las que se tienen en el momento que se necesitan.”
Para nadie es un secreto que durante los últimos quince años el sector rural ha sufrido las consecuencias de una desafortunada retirada de instituciones públicas. Es verdad que eso fue motivado, en muchos casos, por servicios públicos que tenían una calidad mediocre, en donde prevalecían programas con incentivos clientelares y con poca o ninguna visión estratégica. Y para ajuste de penas, la solución fue gestionarlo a través de una iniciativa privada que francamente no dio todos los frutos que se esperaban.
Tampoco nos toma por sorpresa cuando repetimos ad nauseam que los sistemas estadísticos nacionales nunca han sido una prioridad para los gobiernos de turno. Son contadas las excepciones, generalmente motivadas por una coyuntura internacional favorable, que ofrecía recursos técnicos y financieros sobre determinados temas – pobreza, población, salud materno-infantil, por citar un par de ejemplos –.
Si sumamos los dos párrafos anteriores, imagínese usted lo que podríamos concluir de los sistemas estadísticos del sector agrícola y rural. Algo así como “crónica de un vacío de información anunciado”.
Eso es grave para cualquier país. Pero lo es más todavía para uno que, como Guatemala, tiene a la mitad de su población habitando en el sector rural. Somos un territorio con una vocación forestal en ciertas partes, una altísima productividad agrícola en otras, pero que también conjuga territorios en condiciones de crisis profundas y recurrentes.
Tales características debieran ser razón suficiente para tener un sistema de información que nos permitiera planificar nuestro desarrollo rural, para que efectivamente contribuya a una agenda de crecimiento económico inclusivo y sostenible. Pero no es así.
El problema de no contar con información es que, al igual que los seguros contra accidentes, las mejores estadísticas son las que se tienen en el momento que se necesitan. En otras palabras, a la hora de los pepitazos se trabaja con el dato que hay o, peor aún, se planifica la acción estatal y privada “al oído”. Como ejemplo tenemos desastres naturales y shocks externos de precios, que ponen a todo el sector público a pegar carreras para costear intervenciones sin mayor evidencia, mucho menos líneas de base.
Por supuesto que este vacío de información no es exclusivo de Guatemala. Ha sido más bien una tendencia observada en casi todo el mundo en desarrollo. Tan grave, que durante el último par de años se han ido alzando y alineando voces, señalando la importancia de volver a contar con mejores estadísticas para el campo.
Hoy está dando vueltas en el ambiente una “Estrategia global para mejorar las estadísticas agrícolas y rurales”, esfuerzo promovido por varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, Banco Mundial, y varios gobiernos nacionales en América Latina y el resto del mundo.
En el papel, esencialmente se propone tres cosas: 1. establecer un conjunto mínimo de datos que los países recojan de manera regular para monitorear el sector rural, 2. integrar al sector rural en los sistemas estadísticos nacionales, de manera que puedan estar en el radar de hacedores de política (más allá de los ministros de agricultura), analistas y sociedad en general, y 3. apoyar en la construcción de capacidades nacionales para hacer que este esfuerzo sea sostenible en el tiempo.
Hasta donde he podido averiguar, los guatemaltecos no estamos en la lista de países que han dado el paso al frente para servir como piloto, y francamente creo que deberíamos estarlo. Porque, independientemente de lo que al final pueda aportar esta estrategia global, ofrece una oportunidad muy favorable para revisar el tema en Guatemala.
La necesidad de más y mejores estadísticas rurales es una realidad en nuestro país. Que no solamente coincide hoy con un apoyo de varias instituciones internacionales, sino también con la entrada de un nuevo equipo de cuadros técnicos que llegarán a ministerios, secretarías y demás dependencias del Ejecutivo.
Unos necesitarán mostrar resultados de su gestión, y otros necesitamos hacer auditoría social. De modo que hay condiciones para una alianza muy positiva, que de regularidad y consistencia a los datos. Es también una forma efectiva de seguir posicionando el desarrollo rural como tema de agenda nacional.
Sólo hace falta (¡otra vez!) un poco de pensamiento estratégico dentro de la burocracia estatal, y una pizca de voluntad política y gerencial para alinear intereses de gobierno y de país con tiempos y plazos internacionales. Una batalla fácil de ganar, en la que si por lo menos lográramos beneficios parecidos a aquel otro programa llamado “Mejoramiento de las encuestas de condiciones de vida (MECOVI)”, podemos darnos por muy bien pagados.
¡Pan para el matate del INE, MAGA, SEGEPLAN y MINECO!
Prensa Libre, 8 de diciembre de 2011.
Para nadie es un secreto que durante los últimos quince años el sector rural ha sufrido las consecuencias de una desafortunada retirada de instituciones públicas. Es verdad que eso fue motivado, en muchos casos, por servicios públicos que tenían una calidad mediocre, en donde prevalecían programas con incentivos clientelares y con poca o ninguna visión estratégica. Y para ajuste de penas, la solución fue gestionarlo a través de una iniciativa privada que francamente no dio todos los frutos que se esperaban.
Tampoco nos toma por sorpresa cuando repetimos ad nauseam que los sistemas estadísticos nacionales nunca han sido una prioridad para los gobiernos de turno. Son contadas las excepciones, generalmente motivadas por una coyuntura internacional favorable, que ofrecía recursos técnicos y financieros sobre determinados temas – pobreza, población, salud materno-infantil, por citar un par de ejemplos –.
Si sumamos los dos párrafos anteriores, imagínese usted lo que podríamos concluir de los sistemas estadísticos del sector agrícola y rural. Algo así como “crónica de un vacío de información anunciado”.
Eso es grave para cualquier país. Pero lo es más todavía para uno que, como Guatemala, tiene a la mitad de su población habitando en el sector rural. Somos un territorio con una vocación forestal en ciertas partes, una altísima productividad agrícola en otras, pero que también conjuga territorios en condiciones de crisis profundas y recurrentes.
Tales características debieran ser razón suficiente para tener un sistema de información que nos permitiera planificar nuestro desarrollo rural, para que efectivamente contribuya a una agenda de crecimiento económico inclusivo y sostenible. Pero no es así.
El problema de no contar con información es que, al igual que los seguros contra accidentes, las mejores estadísticas son las que se tienen en el momento que se necesitan. En otras palabras, a la hora de los pepitazos se trabaja con el dato que hay o, peor aún, se planifica la acción estatal y privada “al oído”. Como ejemplo tenemos desastres naturales y shocks externos de precios, que ponen a todo el sector público a pegar carreras para costear intervenciones sin mayor evidencia, mucho menos líneas de base.
Por supuesto que este vacío de información no es exclusivo de Guatemala. Ha sido más bien una tendencia observada en casi todo el mundo en desarrollo. Tan grave, que durante el último par de años se han ido alzando y alineando voces, señalando la importancia de volver a contar con mejores estadísticas para el campo.
Hoy está dando vueltas en el ambiente una “Estrategia global para mejorar las estadísticas agrícolas y rurales”, esfuerzo promovido por varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, Banco Mundial, y varios gobiernos nacionales en América Latina y el resto del mundo.
En el papel, esencialmente se propone tres cosas: 1. establecer un conjunto mínimo de datos que los países recojan de manera regular para monitorear el sector rural, 2. integrar al sector rural en los sistemas estadísticos nacionales, de manera que puedan estar en el radar de hacedores de política (más allá de los ministros de agricultura), analistas y sociedad en general, y 3. apoyar en la construcción de capacidades nacionales para hacer que este esfuerzo sea sostenible en el tiempo.
Hasta donde he podido averiguar, los guatemaltecos no estamos en la lista de países que han dado el paso al frente para servir como piloto, y francamente creo que deberíamos estarlo. Porque, independientemente de lo que al final pueda aportar esta estrategia global, ofrece una oportunidad muy favorable para revisar el tema en Guatemala.
La necesidad de más y mejores estadísticas rurales es una realidad en nuestro país. Que no solamente coincide hoy con un apoyo de varias instituciones internacionales, sino también con la entrada de un nuevo equipo de cuadros técnicos que llegarán a ministerios, secretarías y demás dependencias del Ejecutivo.
Unos necesitarán mostrar resultados de su gestión, y otros necesitamos hacer auditoría social. De modo que hay condiciones para una alianza muy positiva, que de regularidad y consistencia a los datos. Es también una forma efectiva de seguir posicionando el desarrollo rural como tema de agenda nacional.
Sólo hace falta (¡otra vez!) un poco de pensamiento estratégico dentro de la burocracia estatal, y una pizca de voluntad política y gerencial para alinear intereses de gobierno y de país con tiempos y plazos internacionales. Una batalla fácil de ganar, en la que si por lo menos lográramos beneficios parecidos a aquel otro programa llamado “Mejoramiento de las encuestas de condiciones de vida (MECOVI)”, podemos darnos por muy bien pagados.
¡Pan para el matate del INE, MAGA, SEGEPLAN y MINECO!
Prensa Libre, 8 de diciembre de 2011.
miércoles, 30 de noviembre de 2011
¿Dinero o tierra?
“Con una pizca de cinismo, si no se complementan con otras medidas de política, es posible que simplemente estemos preparando ejércitos de jóvenes, listos para migrar a las cabeceras departamentales o al norte.”
Hace unas semanas comentaba sobre las nuevas preguntas que están posicionándose en materia de protección social. Transferencia de activos versus transferencias de dinero era una de ellas.
Coincidentemente, hace poco pude escuchar una presentación de Michael Carter, profesor de la Universidad de California en Davis, sobre el tema. Comparaba beneficios de programas tipo Oportunidades (México) y Bolsa Familia (Brasil), versus otras formas más heterodoxas para impulsar procesos de generación de ingresos en el sector rural.
El caso que presentó era Sudáfrica. Allá tienen un programa llamado “Settlement Land Aquisition Grant (SLAG)”, de redistribución de tierra para pequeños productores agrícolas. Lo interesante es que los sudafricanos también han implementado un programa de transferencias no-condicionadas de dinero, con lo cual hay material para comparar ambos instrumentos de política.
La primera lección que deja el programa de transferencia no-condicionadas es que tiene efectos parecidos a los que hemos implementado en América Latina. Por ejemplo, hay evidencia de aumentos en peso y talla de los niños, a pesar de no estar obligados a asistir a centros de salud. Valga decir que peso y talla son indicadores de desarrollo humano futuro porque están correlacionados con capacidades de aprendizaje y por ende productividad laboral del individuo.
En el caso de transferencia de tierra para agricultura, evidentemente no es un instrumento para formar capital humano en jóvenes, sino más bien para aumentar la capacidad de generación de ingresos de los adultos. La apuesta, por tanto, es conceptualmente distinta.
Un análisis de costo beneficio de uno y otro programa arroja puntos de comparación y contraste valiosos. Para comenzar, la evidencia Sudafricana dice que los beneficios de transferir tierra genera ingresos al individuo en un plazo mucho más corto (3 años), en comparación con las transferencias monetarias (15 años). No solamente eso. Además, el nivel de ingresos es significativamente mayor en el caso de transferencia de tierra.
¿Por qué seguir entonces apostando a transferencias de dinero en vez de transferencias de activos? Por varias razones. Aventuro tres solamente.
Primero, transferir activos no puede escalarse en la misma magnitud que las transferencias de dinero. No todo el mundo quiere y tiene las condiciones para desarrollarse en la agricultura. Segundo, la transferencia de activos está amarrada a una dotación fija del recurso – en este caso tierra –, que claramente no alcanzaría para llegar a todos los posibles beneficiarios. Y tercero, en el caso latinoamericano, el tema tierra todavía arrastra una connotación políticamente sensible y explosiva, que seguramente ahuyenta a gobiernos, quienes prefieren jugarse por la vía más expedita y de impacto inmediato. Aunque por otra parte, entregar “cash” es intrínsecamente menos riesgoso (y por eso mismo también es menos rentable en el largo plazo) que entregar activos productivos, que están sujetos a shocks externos como sequías, inundaciones, o alta volatilidad en precios de productos agrícolas.
Ahora bien, lo cierto es que estos otros programas, que para los latinoamericanos pueden parecernos más heterodoxos, cumplen una función importante. Nos sirven de punto de contraste para repensar la manera en que hemos estado haciendo política social y desarrollo rural.
Sin lugar a dudas, las transferencias condicionadas en efectivo han cumplido un papel. Han aumentado el nivel de consumo de los hogares pobres rurales, han dinamizado pequeños mercados locales – como si fuesen mini multiplicadores keynesianos del gasto – y en muchos casos han inducido la oferta de servicios públicos (escuelas y centros de salud).
Pero también es verdad que los efectos son limitados en cuanto a capacidad de ensanchar de manera significativa el menú de oportunidades que tienen los jóvenes rurales. Con una pizca de cinismo, si no se complementan con otras medidas de política, es posible que simplemente estemos preparando ejércitos de jóvenes, listos para migrar a las cabeceras departamentales o al norte, en busca de condiciones más favorables para su desarrollo.
En sociedades con elevados índices de informalidad y subempleo, la formación masiva de capital humano no es más que una precondición para el desarrollo, que no se activa a menos que del otro lado de la tubería haya una capacidad instalada lista para demandar fuerza de trabajo. Y justamente eso es lo que brilla por su ausencia en buena parte de nuestros países.
De allí que explorar alternativas como transferencias de activos – sean estos tierra, tecnologías, insumos, o bienes públicos rurales –, cumple una función complementaria a las redes de protección social más ortodoxas. Son instrumentos que no compiten con enfoques masivos como los que hemos venido ensayando en América Latina a través de nuestros programas de transferencias condicionadas en efectivo. Pero además, son un esfuerzo por reconocer algo de la heterogeneidad que subyace al sujeto del campo, y dejar de verlo exclusivamente como un objeto de la acción estatal.
Prensa Libre, 1 de diciembre de 2011.
Hace unas semanas comentaba sobre las nuevas preguntas que están posicionándose en materia de protección social. Transferencia de activos versus transferencias de dinero era una de ellas.
Coincidentemente, hace poco pude escuchar una presentación de Michael Carter, profesor de la Universidad de California en Davis, sobre el tema. Comparaba beneficios de programas tipo Oportunidades (México) y Bolsa Familia (Brasil), versus otras formas más heterodoxas para impulsar procesos de generación de ingresos en el sector rural.
El caso que presentó era Sudáfrica. Allá tienen un programa llamado “Settlement Land Aquisition Grant (SLAG)”, de redistribución de tierra para pequeños productores agrícolas. Lo interesante es que los sudafricanos también han implementado un programa de transferencias no-condicionadas de dinero, con lo cual hay material para comparar ambos instrumentos de política.
La primera lección que deja el programa de transferencia no-condicionadas es que tiene efectos parecidos a los que hemos implementado en América Latina. Por ejemplo, hay evidencia de aumentos en peso y talla de los niños, a pesar de no estar obligados a asistir a centros de salud. Valga decir que peso y talla son indicadores de desarrollo humano futuro porque están correlacionados con capacidades de aprendizaje y por ende productividad laboral del individuo.
En el caso de transferencia de tierra para agricultura, evidentemente no es un instrumento para formar capital humano en jóvenes, sino más bien para aumentar la capacidad de generación de ingresos de los adultos. La apuesta, por tanto, es conceptualmente distinta.
Un análisis de costo beneficio de uno y otro programa arroja puntos de comparación y contraste valiosos. Para comenzar, la evidencia Sudafricana dice que los beneficios de transferir tierra genera ingresos al individuo en un plazo mucho más corto (3 años), en comparación con las transferencias monetarias (15 años). No solamente eso. Además, el nivel de ingresos es significativamente mayor en el caso de transferencia de tierra.
¿Por qué seguir entonces apostando a transferencias de dinero en vez de transferencias de activos? Por varias razones. Aventuro tres solamente.
Primero, transferir activos no puede escalarse en la misma magnitud que las transferencias de dinero. No todo el mundo quiere y tiene las condiciones para desarrollarse en la agricultura. Segundo, la transferencia de activos está amarrada a una dotación fija del recurso – en este caso tierra –, que claramente no alcanzaría para llegar a todos los posibles beneficiarios. Y tercero, en el caso latinoamericano, el tema tierra todavía arrastra una connotación políticamente sensible y explosiva, que seguramente ahuyenta a gobiernos, quienes prefieren jugarse por la vía más expedita y de impacto inmediato. Aunque por otra parte, entregar “cash” es intrínsecamente menos riesgoso (y por eso mismo también es menos rentable en el largo plazo) que entregar activos productivos, que están sujetos a shocks externos como sequías, inundaciones, o alta volatilidad en precios de productos agrícolas.
Ahora bien, lo cierto es que estos otros programas, que para los latinoamericanos pueden parecernos más heterodoxos, cumplen una función importante. Nos sirven de punto de contraste para repensar la manera en que hemos estado haciendo política social y desarrollo rural.
Sin lugar a dudas, las transferencias condicionadas en efectivo han cumplido un papel. Han aumentado el nivel de consumo de los hogares pobres rurales, han dinamizado pequeños mercados locales – como si fuesen mini multiplicadores keynesianos del gasto – y en muchos casos han inducido la oferta de servicios públicos (escuelas y centros de salud).
Pero también es verdad que los efectos son limitados en cuanto a capacidad de ensanchar de manera significativa el menú de oportunidades que tienen los jóvenes rurales. Con una pizca de cinismo, si no se complementan con otras medidas de política, es posible que simplemente estemos preparando ejércitos de jóvenes, listos para migrar a las cabeceras departamentales o al norte, en busca de condiciones más favorables para su desarrollo.
En sociedades con elevados índices de informalidad y subempleo, la formación masiva de capital humano no es más que una precondición para el desarrollo, que no se activa a menos que del otro lado de la tubería haya una capacidad instalada lista para demandar fuerza de trabajo. Y justamente eso es lo que brilla por su ausencia en buena parte de nuestros países.
De allí que explorar alternativas como transferencias de activos – sean estos tierra, tecnologías, insumos, o bienes públicos rurales –, cumple una función complementaria a las redes de protección social más ortodoxas. Son instrumentos que no compiten con enfoques masivos como los que hemos venido ensayando en América Latina a través de nuestros programas de transferencias condicionadas en efectivo. Pero además, son un esfuerzo por reconocer algo de la heterogeneidad que subyace al sujeto del campo, y dejar de verlo exclusivamente como un objeto de la acción estatal.
Prensa Libre, 1 de diciembre de 2011.
jueves, 24 de noviembre de 2011
¡No da lo mismo con instituciones que sin ellas!
“Brasil y Guatemala guardan muchas similitudes. Pero guardan una diferencia fundamental: la densidad institucional del sector público es mucho mayor en un país que en otro.”
El nordeste brasileño es una de las regiones más rezagadas del Brasil. Estados como Piauí y Ceará tienen índices de pobreza de 53% frente a otros más al sur, como Santa Catarina y Río Grande Do Sul, con una incidencia menor al 27%. Pero además, la pobreza nordestina no es de ahora. Como me escribió un colega en Facebook, “el nordeste brasileño fue gran preocupación de Celso Furtado desde aquellos tiempos.”
Poblaciones afro descendientes y mestizas se dispersan en pequeños poblados con escasa infraestructura básica. Sumidas en un clima semiárido que no hace sino agravar la precariedad. Hogares que subsisten con cisternas – tanques de agua medio enterrados, en donde se colecta la lluvia para consumo diario –. Caminos de terracería, sol, calor, aire seco, muy seco. Ese es el paisaje en una buena parte del nordeste.
Lo que vi me hizo pensar mucho en el corredor seco de Guatemala y sus recurrentes crisis de sequía y hambrunas. Y a la vez me hizo reflexionar y buscar las diferencias entre uno y otro territorio. Brasil y Guatemala guardan muchas similitudes. Son ambos países de contrastes, muy desiguales, étnicamente diversos, ricos en recursos naturales. Pero guardan una diferencia fundamental: la densidad institucional del sector público es mucho mayor en un país que en otro. Y eso automáticamente hace que el menú de soluciones posibles sea mucho más amplio en un país que en otro.
Dos visitas hechas a instituciones públicas brasileñas me bastan para ejemplificar el argumento. La primera fue EMBRAPA (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria). Fundada en 1973, probablemente uno de los centros de investigación pública más grandes del mundo en ciencias agrícolas. Tiene más de dos mil investigadores, de los cuales más de mil quinientos cuentan con nivel de doctorado.
Su agenda de trabajo es amplísima, abarcando temas como café, algodón, ganado, pesca, silvicultura, maíz, ecosistemas en la amazonia, agroindustria tropical, entre muchos otros. El centro de investigación regional que conocimos en el Estado de Ceará está enfocado en ovinos y caprinos, una de las actividades principales de los agricultores del semiárido brasileño.
La segunda experiencia fue una presentación que escuché del director del instituto de investigación y estrategia económica del Estado de Ceará (IPECE) en relación a las diferentes bases de micro datos que tienen, y los análisis que hacen sobre condiciones de vida de su población. Tienen en su sitio de internet información a nivel de municipio que sería la envidia de cualquier funcionario público, investigador, ó inversionista guatemalteco. Tienen datos y mapas sobre demografía, energía, vivienda, saneamiento, desarrollo agropecuario, industria y comercio, empleo, pobreza, ¡y lo que usted guste y mande!
Un esfuerzo francamente impresionante. Sobre todo cuando uno piensa que esta es la infraestructura pública que ofrece un Estado como Ceará, con indicadores de pobreza y desigualdad muy parecidos a los de Guatemala.
No necesito decir que me corroía envidia de la buena. Y a la vez me preguntaba ¿qué tenemos que hacer en Guatemala para tener estas pequeñas islas de generación y gestión del conocimiento público? ¿No habrá espacio para hacer convenios de cooperación sur-sur entre Ceará y nuestro país?
Termino extendiendo una invitación y lanzando un reto a las nuevas autoridades que están por asumir el gobierno. Para que se den una vuelta por este par de páginas de internet, se entusiasmen con las herramientas de gestión que allí encontrarán, y ojalá tomen la decisión de invertir en bienes públicos parecidos (http://www.ipece.ce.gov.br/ y http://www.embrapa.gov.br/).
Algunas de estas cosas no son muy difíciles de implementar. En otros casos ciertamente habrá que planificar un poco más para poder iniciar un proceso de mediano plazo. De cualquier manera, una cosa sí le puedo asegurar, ¡es muy distinto implementar programas y proyectos de desarrollo con instituciones públicas que sin ellas!
Prensa Libre, 24 de noviembre de 2011.
El nordeste brasileño es una de las regiones más rezagadas del Brasil. Estados como Piauí y Ceará tienen índices de pobreza de 53% frente a otros más al sur, como Santa Catarina y Río Grande Do Sul, con una incidencia menor al 27%. Pero además, la pobreza nordestina no es de ahora. Como me escribió un colega en Facebook, “el nordeste brasileño fue gran preocupación de Celso Furtado desde aquellos tiempos.”
Poblaciones afro descendientes y mestizas se dispersan en pequeños poblados con escasa infraestructura básica. Sumidas en un clima semiárido que no hace sino agravar la precariedad. Hogares que subsisten con cisternas – tanques de agua medio enterrados, en donde se colecta la lluvia para consumo diario –. Caminos de terracería, sol, calor, aire seco, muy seco. Ese es el paisaje en una buena parte del nordeste.
Lo que vi me hizo pensar mucho en el corredor seco de Guatemala y sus recurrentes crisis de sequía y hambrunas. Y a la vez me hizo reflexionar y buscar las diferencias entre uno y otro territorio. Brasil y Guatemala guardan muchas similitudes. Son ambos países de contrastes, muy desiguales, étnicamente diversos, ricos en recursos naturales. Pero guardan una diferencia fundamental: la densidad institucional del sector público es mucho mayor en un país que en otro. Y eso automáticamente hace que el menú de soluciones posibles sea mucho más amplio en un país que en otro.
Dos visitas hechas a instituciones públicas brasileñas me bastan para ejemplificar el argumento. La primera fue EMBRAPA (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria). Fundada en 1973, probablemente uno de los centros de investigación pública más grandes del mundo en ciencias agrícolas. Tiene más de dos mil investigadores, de los cuales más de mil quinientos cuentan con nivel de doctorado.
Su agenda de trabajo es amplísima, abarcando temas como café, algodón, ganado, pesca, silvicultura, maíz, ecosistemas en la amazonia, agroindustria tropical, entre muchos otros. El centro de investigación regional que conocimos en el Estado de Ceará está enfocado en ovinos y caprinos, una de las actividades principales de los agricultores del semiárido brasileño.
La segunda experiencia fue una presentación que escuché del director del instituto de investigación y estrategia económica del Estado de Ceará (IPECE) en relación a las diferentes bases de micro datos que tienen, y los análisis que hacen sobre condiciones de vida de su población. Tienen en su sitio de internet información a nivel de municipio que sería la envidia de cualquier funcionario público, investigador, ó inversionista guatemalteco. Tienen datos y mapas sobre demografía, energía, vivienda, saneamiento, desarrollo agropecuario, industria y comercio, empleo, pobreza, ¡y lo que usted guste y mande!
Un esfuerzo francamente impresionante. Sobre todo cuando uno piensa que esta es la infraestructura pública que ofrece un Estado como Ceará, con indicadores de pobreza y desigualdad muy parecidos a los de Guatemala.
No necesito decir que me corroía envidia de la buena. Y a la vez me preguntaba ¿qué tenemos que hacer en Guatemala para tener estas pequeñas islas de generación y gestión del conocimiento público? ¿No habrá espacio para hacer convenios de cooperación sur-sur entre Ceará y nuestro país?
Termino extendiendo una invitación y lanzando un reto a las nuevas autoridades que están por asumir el gobierno. Para que se den una vuelta por este par de páginas de internet, se entusiasmen con las herramientas de gestión que allí encontrarán, y ojalá tomen la decisión de invertir en bienes públicos parecidos (http://www.ipece.ce.gov.br/ y http://www.embrapa.gov.br/).
Algunas de estas cosas no son muy difíciles de implementar. En otros casos ciertamente habrá que planificar un poco más para poder iniciar un proceso de mediano plazo. De cualquier manera, una cosa sí le puedo asegurar, ¡es muy distinto implementar programas y proyectos de desarrollo con instituciones públicas que sin ellas!
Prensa Libre, 24 de noviembre de 2011.
jueves, 17 de noviembre de 2011
Desarrollo rural y la propuesta USAC-URL (II y final)
“La propuesta hace un esfuerzo por darle rostro a un término que muchas veces dejamos demasiado abstracto: equidad en la distribución de los beneficios de generar riqueza.”
Termino esta semana con la discusión de la propuesta de desarrollo rural que nos ha puesto sobre la mesa a USAC y la URL. En mi columna anterior rescaté tres elementos de carácter general. Externalidades positivas, si usted quiere. Hoy cierro con dos elogios, dos críticas, y dos recomendaciones.
El primer elogio que quiero hacer tiene que ver con los roles diferenciados que el documento le asigna al Estado para promover el desarrollo rural. Promotor, para ayudar a la economía campesina a volverse excedentaria. Subsidiario, para los que ya son excedentarios y necesitan mayor inserción en mercados. Facilitador y regulador para productores que son competitivos en el mercado mundial. Es una propuesta poderosa, por cuanto pasa por reconocer la gran heterogeneidad que define no solamente el campo guatemalteco, sino el país en general.
Al más atrasado debe dársele una atención diferente que a aquel otro que ya está en capacidades de enfrentarse a mercados mucho más agresivos y abiertos. Me hace pensar en mis tres hijos y las necesidades diferenciadas que cada uno de ellos tiene para desarrollarse. Al más pequeño lo llevo de la mano para subir y bajar gradas, con el mediano ya juego futbol y ajedrez, y con el mayor discuto opciones para su educación universitaria.
El segundo elogio se refiere al enfoque de equidad. Cuando habla de la gran importancia que tiene la inversión privada para el desarrollo rural, también nos sugiere que debe ser una que cumpla con ciertos criterios básicos. Es decir, la propuesta hace un esfuerzo por darle rostro a un término que muchas veces dejamos demasiado abstracto: equidad en la distribución de los beneficios de generar riqueza.
Así por ejemplo, nos propone que sea una inversión que genere empleo digno y acorde con la legislación laboral; que produzca beneficios directos a las comunidades; pero también que fortalezca fiscalmente al Estado. Son tres características esenciales para cualquier modelo de crecimiento que busque llegar a todos a través del empleo, la responsabilidad social empresarial, y la política fiscal. En otras palabras, cómo procurar mayor equidad en términos palpables y concretos.
Por otra parte, pienso que hay algunos cabos que quedaron sueltos, lo cual da espacio a críticas constructivas. Áreas que se beneficiarían muchísimo de una buena estrategia de comunicación, de manera que la venta política de su propuesta sea exitosa.
Por ejemplo, al hablar de promover la economía campesina para generar sistemas alimentarios sostenibles, es importante resaltar no solamente el rol del Estado para “jalarla”, sino también para “graduarla” de dicha condición. Con eso evitamos dependencia. De paso, es una discusión que se extrapola muy bien hoy a redes de protección social. Es decir, buenos esquemas de incentivos tanto para el sujeto priorizado (campesino) como para las instituciones estatales que lo atienden.
Asimismo, cuando la propuesta sugiere el respeto a la multiculturalidad y la consulta comunitaria como herramienta para garantizar dicho respeto, es importante también señalar que deben existir mecanismos que limiten abusos tanto de consultantes como de consultados. De otra manera corremos el riesgo de que ambos, actores económicos poderosos y-o liderazgos locales mal enfocados, puedan paralizar proyectos de beneficio nacional.
Finalmente concluyo con dos pequeñas recomendaciones. La primera tiene que ver con la capacidad de articularse con otras iniciativas. Es muy importante dedicarle algún tiempo y recursos a esto. Pareciera haber un despertar en algunos socios importantes del país que vuelven a plantear el tema rural de manera explícita. Hay por lo menos cuatro o cinco instituciones internacionales con las cuales rápidamente se podría sondear posibilidades de articular una estrategia conjunta como la FAO, PMA, FIDA – que conforman el hub agro-alimentario por excelencia –, pero además otras que también están volviendo al tema, como el BID, Banco Mundial y PNUD.
Y la segunda recomendación tiene que ver en la parte más conceptual. Creo que la discusión debe continuar madurando hasta llegar a establecer un nivel mínimo de comprensión en la sociedad con respecto a ciertos conceptos fundamentales como agroecología, tiempos de adopción de los cambios tecnológicos en las economías campesinas, y soberanía alimentaria. Todo ello actualizado y aplicado al caso guatemalteco. Así se desactivarán críticas o interpretaciones incompletas. Por ejemplo, confundiendo soberanía alimentaria con la promoción de autarquía y-o subsidios a sectores de baja productividad. Sabemos que no es así, pero al no aclararlo suficientemente se deja un vacío conceptual y operativo.
Cierro deseando que ojalá y lográramos reposicionar el desarrollo rural en la agenda pública tanto como se logró hacer hace diez años con el tema de pobreza. Ello permitiría un salto cualitativo en muchos sentidos – conceptual, herramientas de política pública, asignaciones presupuestarias, y toma de conciencia –. Contamos con muchos ingredientes para lograrlo. Fuentes de datos más o menos recientes; instituciones como SEGEPLAN, MAGA, SESAN, y el mismo INE; y una coyuntura favorable para hacerlo. Falta la decisión política ¡na’más!
Prensa Libre, 17 de noviembre de 2011.
Termino esta semana con la discusión de la propuesta de desarrollo rural que nos ha puesto sobre la mesa a USAC y la URL. En mi columna anterior rescaté tres elementos de carácter general. Externalidades positivas, si usted quiere. Hoy cierro con dos elogios, dos críticas, y dos recomendaciones.
El primer elogio que quiero hacer tiene que ver con los roles diferenciados que el documento le asigna al Estado para promover el desarrollo rural. Promotor, para ayudar a la economía campesina a volverse excedentaria. Subsidiario, para los que ya son excedentarios y necesitan mayor inserción en mercados. Facilitador y regulador para productores que son competitivos en el mercado mundial. Es una propuesta poderosa, por cuanto pasa por reconocer la gran heterogeneidad que define no solamente el campo guatemalteco, sino el país en general.
Al más atrasado debe dársele una atención diferente que a aquel otro que ya está en capacidades de enfrentarse a mercados mucho más agresivos y abiertos. Me hace pensar en mis tres hijos y las necesidades diferenciadas que cada uno de ellos tiene para desarrollarse. Al más pequeño lo llevo de la mano para subir y bajar gradas, con el mediano ya juego futbol y ajedrez, y con el mayor discuto opciones para su educación universitaria.
El segundo elogio se refiere al enfoque de equidad. Cuando habla de la gran importancia que tiene la inversión privada para el desarrollo rural, también nos sugiere que debe ser una que cumpla con ciertos criterios básicos. Es decir, la propuesta hace un esfuerzo por darle rostro a un término que muchas veces dejamos demasiado abstracto: equidad en la distribución de los beneficios de generar riqueza.
Así por ejemplo, nos propone que sea una inversión que genere empleo digno y acorde con la legislación laboral; que produzca beneficios directos a las comunidades; pero también que fortalezca fiscalmente al Estado. Son tres características esenciales para cualquier modelo de crecimiento que busque llegar a todos a través del empleo, la responsabilidad social empresarial, y la política fiscal. En otras palabras, cómo procurar mayor equidad en términos palpables y concretos.
Por otra parte, pienso que hay algunos cabos que quedaron sueltos, lo cual da espacio a críticas constructivas. Áreas que se beneficiarían muchísimo de una buena estrategia de comunicación, de manera que la venta política de su propuesta sea exitosa.
Por ejemplo, al hablar de promover la economía campesina para generar sistemas alimentarios sostenibles, es importante resaltar no solamente el rol del Estado para “jalarla”, sino también para “graduarla” de dicha condición. Con eso evitamos dependencia. De paso, es una discusión que se extrapola muy bien hoy a redes de protección social. Es decir, buenos esquemas de incentivos tanto para el sujeto priorizado (campesino) como para las instituciones estatales que lo atienden.
Asimismo, cuando la propuesta sugiere el respeto a la multiculturalidad y la consulta comunitaria como herramienta para garantizar dicho respeto, es importante también señalar que deben existir mecanismos que limiten abusos tanto de consultantes como de consultados. De otra manera corremos el riesgo de que ambos, actores económicos poderosos y-o liderazgos locales mal enfocados, puedan paralizar proyectos de beneficio nacional.
Finalmente concluyo con dos pequeñas recomendaciones. La primera tiene que ver con la capacidad de articularse con otras iniciativas. Es muy importante dedicarle algún tiempo y recursos a esto. Pareciera haber un despertar en algunos socios importantes del país que vuelven a plantear el tema rural de manera explícita. Hay por lo menos cuatro o cinco instituciones internacionales con las cuales rápidamente se podría sondear posibilidades de articular una estrategia conjunta como la FAO, PMA, FIDA – que conforman el hub agro-alimentario por excelencia –, pero además otras que también están volviendo al tema, como el BID, Banco Mundial y PNUD.
Y la segunda recomendación tiene que ver en la parte más conceptual. Creo que la discusión debe continuar madurando hasta llegar a establecer un nivel mínimo de comprensión en la sociedad con respecto a ciertos conceptos fundamentales como agroecología, tiempos de adopción de los cambios tecnológicos en las economías campesinas, y soberanía alimentaria. Todo ello actualizado y aplicado al caso guatemalteco. Así se desactivarán críticas o interpretaciones incompletas. Por ejemplo, confundiendo soberanía alimentaria con la promoción de autarquía y-o subsidios a sectores de baja productividad. Sabemos que no es así, pero al no aclararlo suficientemente se deja un vacío conceptual y operativo.
Cierro deseando que ojalá y lográramos reposicionar el desarrollo rural en la agenda pública tanto como se logró hacer hace diez años con el tema de pobreza. Ello permitiría un salto cualitativo en muchos sentidos – conceptual, herramientas de política pública, asignaciones presupuestarias, y toma de conciencia –. Contamos con muchos ingredientes para lograrlo. Fuentes de datos más o menos recientes; instituciones como SEGEPLAN, MAGA, SESAN, y el mismo INE; y una coyuntura favorable para hacerlo. Falta la decisión política ¡na’más!
Prensa Libre, 17 de noviembre de 2011.
jueves, 10 de noviembre de 2011
Desarrollo rural y la propuesta USAC-URL (parte I)
“(…) queda uno invitado a seguir profundizando en la comprensión de la economía campesina en Guatemala, qué la define, qué impide su desarrollo y cómo puede dinamizarse para que muchos hogares puedan superar su condición de pobreza.”
Sigo con la discusión de la semana pasada, intentando resonar ideas para aprovechar la ventana de oportunidad que parece estarse abriendo para avanzar en una agenda de desarrollo rural. Hoy comparto dos o tres impresiones iniciales al documento “Propuesta para abordar el desarrollo rural integral de Guatemala”, que hace unos días han puesto sobre la mesa las universidades San Carlos y Rafael Landivar.
Después de leerlo me han quedado tres gratos mensajes. Tres valores que quizás no destilan a primera vista, pero que deben realzarse.
El primero es el valor ciudadano del ejercicio. Es un documento que construye, que aporta, que critica pero que también propone. Como solíamos decir en la U hace algunos años: ¡protesta con propuesta! Eso es positivo. Es un mensaje al resto de la comunidad universitaria nacional, para que de vez en cuando se arremanguen las mangas de la camisa y salgan de la torre de marfil a hablarle a un público mucho más amplio que el que solamente puede acceder a sus aulas.
Nuestras universidades tienen que hacer más de esto. La ciudadanía necesita municiones para poder dar la pelea de la auditoría social y la incidencia sobre una clase política que no responde a intereses nacionales ni objetivos de largo plazo.
El segundo valor es eminentemente conceptual – como era de esperarse de dos instituciones de educación superior y de dos equipos de trabajo serios y ampliamente conocidos en nuestro medio –. Ofrece una sintética pero sustanciosa presentación y discusión de dos modelos, dos paradigmas, dos visiones de desarrollo rural: el modelo empresarial y el modelo de economía campesina.
El texto me parece que debiera ser lectura obligada para todos. Incluso para aquellos que no están directamente involucrados en el desarrollo rural. Ayuda a redondear la comprensión de los problemas nacionales. Y a los ciudadanos urbanos con poca exposición a la realidad rural, nos acerca a esa otra mitad del país que usualmente omitimos en el discurso y análisis.
En síntesis, queda uno invitado a seguir profundizando en la comprensión de la economía campesina en Guatemala, qué la define, qué impide su desarrollo y cómo puede dinamizarse para que muchos hogares puedan superar su condición de pobreza.
Finalmente, el tercer valor es de naturaleza política. El texto tiende puentes de encuentro entre visiones que históricamente han estado contrapuestas. Esto es ya un gran valor agregado en sí mismo, sobre todo cuando sucede en una sociedad más acostumbrada a la crítica y la descalificación que a reconocer el derecho al disenso y aprovechar la riqueza que nace en la diversidad de enfoques de desarrollo.
Pero además tiene otra gran virtud política: reconoce el esfuerzo previo, el camino andado. No solamente rescata los puntos positivos de estos dos modelos de desarrollo rural, sino también señala la importancia de seguir avanzando a partir de acciones concretas que el gobierno ya ha tomado. Por ejemplo, la política de desarrollo rural integral y la iniciativa de ley 40 84 para el desarrollo rural integral.
En la coyuntura actual, donde se está cerrando un ciclo político y se abre uno nuevo, y donde además se están redefiniendo prioridades y recursos públicos que deberán hacerse disponibles para el 2012, la pertinencia de este tipo de insumos se amplifica. Sería deseable que el nuevo equipo que hará gobierno, y la clase política en un sentido más amplio, le saquen el mayor provecho posible. Como bien dice uno de los párrafos del documento, es un claro ejemplo de cómo (sic) “la academia puede contribuir en la búsqueda de intersecciones y complementariedades entre los planteamientos que alrededor del desarrollo rural integral se elaboran”.
Confieso que me he quedado “picado”, como decimos en buen chapín. Por razones de espacio será en una siguiente columna cuando discuta algunos puntos más en la parte sustantiva que me parecieron sugerentes y provocadores.
De cualquier manera, desde ya felicito a la USAC y la URL y los invito a seguir ahondando en este tema y otros que conforman la agenda de problemas estructurales en Guatemala. ¡Animo y adelante!
Prensa Libre, 10 de noviembre de 2011.
Sigo con la discusión de la semana pasada, intentando resonar ideas para aprovechar la ventana de oportunidad que parece estarse abriendo para avanzar en una agenda de desarrollo rural. Hoy comparto dos o tres impresiones iniciales al documento “Propuesta para abordar el desarrollo rural integral de Guatemala”, que hace unos días han puesto sobre la mesa las universidades San Carlos y Rafael Landivar.
Después de leerlo me han quedado tres gratos mensajes. Tres valores que quizás no destilan a primera vista, pero que deben realzarse.
El primero es el valor ciudadano del ejercicio. Es un documento que construye, que aporta, que critica pero que también propone. Como solíamos decir en la U hace algunos años: ¡protesta con propuesta! Eso es positivo. Es un mensaje al resto de la comunidad universitaria nacional, para que de vez en cuando se arremanguen las mangas de la camisa y salgan de la torre de marfil a hablarle a un público mucho más amplio que el que solamente puede acceder a sus aulas.
Nuestras universidades tienen que hacer más de esto. La ciudadanía necesita municiones para poder dar la pelea de la auditoría social y la incidencia sobre una clase política que no responde a intereses nacionales ni objetivos de largo plazo.
El segundo valor es eminentemente conceptual – como era de esperarse de dos instituciones de educación superior y de dos equipos de trabajo serios y ampliamente conocidos en nuestro medio –. Ofrece una sintética pero sustanciosa presentación y discusión de dos modelos, dos paradigmas, dos visiones de desarrollo rural: el modelo empresarial y el modelo de economía campesina.
El texto me parece que debiera ser lectura obligada para todos. Incluso para aquellos que no están directamente involucrados en el desarrollo rural. Ayuda a redondear la comprensión de los problemas nacionales. Y a los ciudadanos urbanos con poca exposición a la realidad rural, nos acerca a esa otra mitad del país que usualmente omitimos en el discurso y análisis.
En síntesis, queda uno invitado a seguir profundizando en la comprensión de la economía campesina en Guatemala, qué la define, qué impide su desarrollo y cómo puede dinamizarse para que muchos hogares puedan superar su condición de pobreza.
Finalmente, el tercer valor es de naturaleza política. El texto tiende puentes de encuentro entre visiones que históricamente han estado contrapuestas. Esto es ya un gran valor agregado en sí mismo, sobre todo cuando sucede en una sociedad más acostumbrada a la crítica y la descalificación que a reconocer el derecho al disenso y aprovechar la riqueza que nace en la diversidad de enfoques de desarrollo.
Pero además tiene otra gran virtud política: reconoce el esfuerzo previo, el camino andado. No solamente rescata los puntos positivos de estos dos modelos de desarrollo rural, sino también señala la importancia de seguir avanzando a partir de acciones concretas que el gobierno ya ha tomado. Por ejemplo, la política de desarrollo rural integral y la iniciativa de ley 40 84 para el desarrollo rural integral.
En la coyuntura actual, donde se está cerrando un ciclo político y se abre uno nuevo, y donde además se están redefiniendo prioridades y recursos públicos que deberán hacerse disponibles para el 2012, la pertinencia de este tipo de insumos se amplifica. Sería deseable que el nuevo equipo que hará gobierno, y la clase política en un sentido más amplio, le saquen el mayor provecho posible. Como bien dice uno de los párrafos del documento, es un claro ejemplo de cómo (sic) “la academia puede contribuir en la búsqueda de intersecciones y complementariedades entre los planteamientos que alrededor del desarrollo rural integral se elaboran”.
Confieso que me he quedado “picado”, como decimos en buen chapín. Por razones de espacio será en una siguiente columna cuando discuta algunos puntos más en la parte sustantiva que me parecieron sugerentes y provocadores.
De cualquier manera, desde ya felicito a la USAC y la URL y los invito a seguir ahondando en este tema y otros que conforman la agenda de problemas estructurales en Guatemala. ¡Animo y adelante!
Prensa Libre, 10 de noviembre de 2011.
jueves, 3 de noviembre de 2011
Por favor, ¡no más dogmas para el campo!
“En cambio, lo que sí hay son problemas reales y agendas invisibilizadas. Recursos muy escasos y prioridades terriblemente dispersas.”
Todo parece indicar que después del evento electoral del domingo dos temas estarán puestos sobre el tapete de gobernantes entrantes y sociedad civil: fiscalidad y desarrollo rural. Uno con mayor fuerza, arrastrado por la coyuntura, demandas asociadas a la campaña, aunque claramente alimentado por las profundas brechas y rezagos que definen el país. El otro, más bien estructural, pero que parece encontrar puntos de apoyo en una iniciativa de ley, una propuesta de dos universidades nacionales y la opinión de algunos columnistas que comienzan a alzar la voz por aquí y por allá.
Hay que comenzar por reconocer que el tema del desarrollo rural, a diez mil metros de altura, es como el amor a la madre. Nadie puede oponerse. Todo el mundo lo quiere y apoya. El diablo aparece, como siempre, en los detalles. Y quizás aquí es donde surge la necesidad de levantar ciertas banderas amarillas, para ayudarnos a prevenir que una discusión tan importante se vuelva a descarrilar entre el griterío y el dogma.
Para cualquier analista y hacedor de política pública medianamente serio, hay tres factores a considerar al referirse al campo. El primero tiene que ver con una limitada disponibilidad de información, sistemática, cuantitativa y cualitativa, que permita no solamente hacer buenos diagnósticos, sino documentar impactos. Ello dificulta la tarea de definir cuáles son las prioridades, qué funciona y qué no.
Digo esto sin demeritar trabajo de años de varios investigadores serios que se han dado a la titánica y paciente tarea de documentar los retos de desarrollo rural en Guatemala. Más bien es un llamado a plantearnos seriamente una estrategia de estudio y generación de información que permita mantener viva y actualizada la discusión en el país. Si no hay datos regulares, el debate político se da por llamaradas de tuzas.
Lo segundo es reconocer de entrada que si ya nuestro Estado asemeja un niño mal nutrido, las instituciones para atender la ruralidad son quizás el ejemplo extremo. Aquí el mea culpa debe ser compartido. Baja tributación, deficiente gasto, disfuncional diseño institucional y desmantelamiento dogmático de lo poco que existía han sido el pan diario.
Por otra parte, hoy no solamente Guatemala sino América Latina completa vuelve a caer en la cuenta de que los pobres del campo también suman y limitan posibilidades de los que viven en las urbes, y del desarrollo de los países en un sentido más amplio. Como si el campo vuelve a importar de repente.
Y finalmente, la lejanía (y con ello el desconocimiento) propio del centro con su periferia. Algo que si bien puede servir como una sana distancia del sujeto mismo de la política pública, también puede propiciar desconexión y distorsión en lectura y propuesta. Se taponan los vasos comunicantes entre analistas y hacedores de política y el campesino y sus diferentes formas de organización y subsistencia. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo mucha prudencia, al momento de emitir una opinión, ¡no digamos una recomendación!
En cualquier caso, me parece de sentido común que cualquier propuesta de desarrollo rural comience por reconocer la realidad del campo guatemalteco. Que sepa ver las innovaciones tecnológicas y de gestión para desarrollar productos, abrirse mercados, y generar ingresos. Que dé el suficiente valor y reconocimiento a la empresarialidad rural y al papel que juegan los encadenamientos productivos, y a la asociatividad como mecanismo de los pequeños productores para insertarse en el mercado internacional.
Pero también, que sepa reconocer la dicotomía que prevalece en nuestro ámbito rural. En donde también (y milagrosamente) sobreviven una masa de rezagados, guatemaltecos sin ciudadanía, ignorados y-o desatendidos por el mercado y-o el Estado, que ante la más mínima volatilidad de su entorno económico o natural sucumben. Si no fuera así, si solamente tuviéramos un tipo de sujeto rural, la historia fuera muy distinta. Para comenzar no tendríamos el subcampeonato continental en desnutrición infantil ni un 70% de pobres rurales.
Es preciso entonces identificar en voz alta y por escrito las brechas que van más allá de la dicotomía rural-urbano. Dentro del mismo grupo rural hay que hilar más fino y hacer visibles características, perfiles, modelos, incentivos, condiciones de vida.
De manera que ante la nueva ventana que parece estarse abriendo para debatir el tema, la actitud debe ser de apertura y receptividad al razonamiento diverso. Porque como suele ser el caso de cualquier problema socioeconómico, no hay recetarios. Si los hubiera, no habría pobres, no habría desnutridos, ni espacio para estas discusiones.
En cambio, lo que sí hay son problemas reales y agendas invisibilizadas. Recursos muy escasos y prioridades terriblemente dispersas. Diálogo de sordos entre pocos y esperas eternas de muchos. Por allí es por donde hay que comenzar a desatar el nudo. Pero por favor, ¡no más dogmas para el campo!
Dado que es un tema de suyo importante, en mi siguiente columna trataré de reaccionar a la propuesta que han hecho de manera conjunta la USAC y URL y otras iniciativas conexas.
Prensa Libre, 3 de octubre de 2011.
Todo parece indicar que después del evento electoral del domingo dos temas estarán puestos sobre el tapete de gobernantes entrantes y sociedad civil: fiscalidad y desarrollo rural. Uno con mayor fuerza, arrastrado por la coyuntura, demandas asociadas a la campaña, aunque claramente alimentado por las profundas brechas y rezagos que definen el país. El otro, más bien estructural, pero que parece encontrar puntos de apoyo en una iniciativa de ley, una propuesta de dos universidades nacionales y la opinión de algunos columnistas que comienzan a alzar la voz por aquí y por allá.
Hay que comenzar por reconocer que el tema del desarrollo rural, a diez mil metros de altura, es como el amor a la madre. Nadie puede oponerse. Todo el mundo lo quiere y apoya. El diablo aparece, como siempre, en los detalles. Y quizás aquí es donde surge la necesidad de levantar ciertas banderas amarillas, para ayudarnos a prevenir que una discusión tan importante se vuelva a descarrilar entre el griterío y el dogma.
Para cualquier analista y hacedor de política pública medianamente serio, hay tres factores a considerar al referirse al campo. El primero tiene que ver con una limitada disponibilidad de información, sistemática, cuantitativa y cualitativa, que permita no solamente hacer buenos diagnósticos, sino documentar impactos. Ello dificulta la tarea de definir cuáles son las prioridades, qué funciona y qué no.
Digo esto sin demeritar trabajo de años de varios investigadores serios que se han dado a la titánica y paciente tarea de documentar los retos de desarrollo rural en Guatemala. Más bien es un llamado a plantearnos seriamente una estrategia de estudio y generación de información que permita mantener viva y actualizada la discusión en el país. Si no hay datos regulares, el debate político se da por llamaradas de tuzas.
Lo segundo es reconocer de entrada que si ya nuestro Estado asemeja un niño mal nutrido, las instituciones para atender la ruralidad son quizás el ejemplo extremo. Aquí el mea culpa debe ser compartido. Baja tributación, deficiente gasto, disfuncional diseño institucional y desmantelamiento dogmático de lo poco que existía han sido el pan diario.
Por otra parte, hoy no solamente Guatemala sino América Latina completa vuelve a caer en la cuenta de que los pobres del campo también suman y limitan posibilidades de los que viven en las urbes, y del desarrollo de los países en un sentido más amplio. Como si el campo vuelve a importar de repente.
Y finalmente, la lejanía (y con ello el desconocimiento) propio del centro con su periferia. Algo que si bien puede servir como una sana distancia del sujeto mismo de la política pública, también puede propiciar desconexión y distorsión en lectura y propuesta. Se taponan los vasos comunicantes entre analistas y hacedores de política y el campesino y sus diferentes formas de organización y subsistencia. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo mucha prudencia, al momento de emitir una opinión, ¡no digamos una recomendación!
En cualquier caso, me parece de sentido común que cualquier propuesta de desarrollo rural comience por reconocer la realidad del campo guatemalteco. Que sepa ver las innovaciones tecnológicas y de gestión para desarrollar productos, abrirse mercados, y generar ingresos. Que dé el suficiente valor y reconocimiento a la empresarialidad rural y al papel que juegan los encadenamientos productivos, y a la asociatividad como mecanismo de los pequeños productores para insertarse en el mercado internacional.
Pero también, que sepa reconocer la dicotomía que prevalece en nuestro ámbito rural. En donde también (y milagrosamente) sobreviven una masa de rezagados, guatemaltecos sin ciudadanía, ignorados y-o desatendidos por el mercado y-o el Estado, que ante la más mínima volatilidad de su entorno económico o natural sucumben. Si no fuera así, si solamente tuviéramos un tipo de sujeto rural, la historia fuera muy distinta. Para comenzar no tendríamos el subcampeonato continental en desnutrición infantil ni un 70% de pobres rurales.
Es preciso entonces identificar en voz alta y por escrito las brechas que van más allá de la dicotomía rural-urbano. Dentro del mismo grupo rural hay que hilar más fino y hacer visibles características, perfiles, modelos, incentivos, condiciones de vida.
De manera que ante la nueva ventana que parece estarse abriendo para debatir el tema, la actitud debe ser de apertura y receptividad al razonamiento diverso. Porque como suele ser el caso de cualquier problema socioeconómico, no hay recetarios. Si los hubiera, no habría pobres, no habría desnutridos, ni espacio para estas discusiones.
En cambio, lo que sí hay son problemas reales y agendas invisibilizadas. Recursos muy escasos y prioridades terriblemente dispersas. Diálogo de sordos entre pocos y esperas eternas de muchos. Por allí es por donde hay que comenzar a desatar el nudo. Pero por favor, ¡no más dogmas para el campo!
Dado que es un tema de suyo importante, en mi siguiente columna trataré de reaccionar a la propuesta que han hecho de manera conjunta la USAC y URL y otras iniciativas conexas.
Prensa Libre, 3 de octubre de 2011.
miércoles, 26 de octubre de 2011
¿Hacia dónde va la protección social?
“(…) la discusión evoluciona hacia una noción de protección social transformadora, y no solamente como herramienta para paliar momentos críticos en la vida de los pobres.”
Ya llevamos varios años hablando de transferencias condicionadas y algunos otros programas de protección social. Algunos siguen refunfuñando, acusándolos de asistencialismo. De dar pescado en vez de enseñar a pescar. De ser la causa de la politización de masas de pobres, que luego son capturadas por unos cuantos pesos, por un plato de comida caliente, por una escuela que abre los fines de semana para devolverles el derecho a contar con espacios públicos y actividades lúdicas.
Otros hemos creído desde siempre en el potencial que ese tipo de políticas tiene para integrarnos socialmente. Para favorecer un poco la movilidad social, la canalización sana de la energía de nuestros jóvenes, y para ser mínimamente progresivos en la manera como invertimos los pinches 9 len por cada quetzal producido.
Lo cierto es que hoy día prácticamente todos los países de renta media han adoptado políticas similares, fundamentalmente porque son bastante bien focalizadas y porque francamente su costo fiscal no es tan elevado.
Los diferentes estudios que se han hecho, particularmente sobre transferencias condicionadas, consistentemente concluyen dos cosas que debiéramos internalizar y asumir de una buena vez: 1. los impactos son mayores en áreas rurales que urbanas, aunque tampoco son la bala de plata que resuelve el atraso estructural del campo; y 2. la mayor demanda por servicios públicos que se induce a través de la condicionalidad para dar esos pocos dineros a hogares pobres ha provocado, mal que bien, alguna respuesta en la oferta de servicios básicos – aumentos de cobertura –.
Pero además se observan otros efectos de segundo orden. Quizás no tan intencionados como los anteriores, pero no por ello menos relevantes. Por citar un ejemplo solamente, el dinamismo económico que genera la inyección programada de recursos en los territorios dinamiza mercados y abre espacios para que otros actores puedan interactuar con los beneficiarios de las transferencias.
Por otra parte, esos mismos análisis de programas de transferencias, y redes de protección social en un sentido más amplio, también comienzan a generar nuevas preguntas. Ideas preconcebidas pierden razón de ser, y se abre paso a una oportunidad para seguir innovando.
Por ejemplo, en la actualidad la generalidad de programas de protección social reconocen la necesidad de graduar a sus beneficiarios. Algo obvio, pero que hasta hace dos o tres años todavía se debatía acaloradamente en algunos de nuestros países.
Surgen conceptos como umbral de graduación y umbral de sostenibilidad, reconociendo que no basta solamente con lograr que las personas tengan un ingreso suficiente, sino que el objetivo último es asegurar mecanismos para que esa asistencia temporal se transforme en acumulación de activos e ingresos permanentes que impidan volver a caer en pobreza. En ese mismo sentido, ganan terreno innovaciones como la bancarización y promoción del ahorro y el aseguramiento, con diseños ad hoc para segmentos de población que antes eran simplemente ignorados por el sector financiero formal.
Se habla también de transferencias de activos – como tierra, insumos, herramientas – y ya no solamente de efectivo. Experiencias en África han sido muy innovadoras en este sentido. Y con ello emergen con fuerza conceptos como activos comunitarios, en contraposición a activos individuales y-o de los hogares. Es decir, el bien público vuelve a cobrar relevancia en la lucha contra la pobreza.
En síntesis, la discusión evoluciona hacia una noción de protección social transformadora, y no solamente como herramienta para paliar momentos críticos en la vida de los pobres. Algunos van más allá y discuten cómo la protección social está formando parte del contrato social en muchos países en desarrollo. Probablemente gracias a la persistencia de varios gobiernos en América Latina durante la última década y media. Tiempos interesantes y estimulantes los que estamos viviendo.
Al escribir estas reflexiones quiero aprovechar para saludar el nombramiento de Carolina Trivelli como ministra de desarrollo e inclusión social en el Perú. Con Carolina hemos tenido muchas discusiones sobre temas similares a través de proyectos de investigación en la región. Una excelente profesional, comprometida con el progreso y la transformación social en América Latina. Enorme reto y valiente decisión para dirigir una nueva cartera en el gabinete del gobierno peruano. Un intento por pasar de programas dispersos a sistemas integrados de atención y protección social. ¡Le deseamos mucha suerte a la Caro!
Prensa Libre, 27 de octubre de 2011.
Ya llevamos varios años hablando de transferencias condicionadas y algunos otros programas de protección social. Algunos siguen refunfuñando, acusándolos de asistencialismo. De dar pescado en vez de enseñar a pescar. De ser la causa de la politización de masas de pobres, que luego son capturadas por unos cuantos pesos, por un plato de comida caliente, por una escuela que abre los fines de semana para devolverles el derecho a contar con espacios públicos y actividades lúdicas.
Otros hemos creído desde siempre en el potencial que ese tipo de políticas tiene para integrarnos socialmente. Para favorecer un poco la movilidad social, la canalización sana de la energía de nuestros jóvenes, y para ser mínimamente progresivos en la manera como invertimos los pinches 9 len por cada quetzal producido.
Lo cierto es que hoy día prácticamente todos los países de renta media han adoptado políticas similares, fundamentalmente porque son bastante bien focalizadas y porque francamente su costo fiscal no es tan elevado.
Los diferentes estudios que se han hecho, particularmente sobre transferencias condicionadas, consistentemente concluyen dos cosas que debiéramos internalizar y asumir de una buena vez: 1. los impactos son mayores en áreas rurales que urbanas, aunque tampoco son la bala de plata que resuelve el atraso estructural del campo; y 2. la mayor demanda por servicios públicos que se induce a través de la condicionalidad para dar esos pocos dineros a hogares pobres ha provocado, mal que bien, alguna respuesta en la oferta de servicios básicos – aumentos de cobertura –.
Pero además se observan otros efectos de segundo orden. Quizás no tan intencionados como los anteriores, pero no por ello menos relevantes. Por citar un ejemplo solamente, el dinamismo económico que genera la inyección programada de recursos en los territorios dinamiza mercados y abre espacios para que otros actores puedan interactuar con los beneficiarios de las transferencias.
Por otra parte, esos mismos análisis de programas de transferencias, y redes de protección social en un sentido más amplio, también comienzan a generar nuevas preguntas. Ideas preconcebidas pierden razón de ser, y se abre paso a una oportunidad para seguir innovando.
Por ejemplo, en la actualidad la generalidad de programas de protección social reconocen la necesidad de graduar a sus beneficiarios. Algo obvio, pero que hasta hace dos o tres años todavía se debatía acaloradamente en algunos de nuestros países.
Surgen conceptos como umbral de graduación y umbral de sostenibilidad, reconociendo que no basta solamente con lograr que las personas tengan un ingreso suficiente, sino que el objetivo último es asegurar mecanismos para que esa asistencia temporal se transforme en acumulación de activos e ingresos permanentes que impidan volver a caer en pobreza. En ese mismo sentido, ganan terreno innovaciones como la bancarización y promoción del ahorro y el aseguramiento, con diseños ad hoc para segmentos de población que antes eran simplemente ignorados por el sector financiero formal.
Se habla también de transferencias de activos – como tierra, insumos, herramientas – y ya no solamente de efectivo. Experiencias en África han sido muy innovadoras en este sentido. Y con ello emergen con fuerza conceptos como activos comunitarios, en contraposición a activos individuales y-o de los hogares. Es decir, el bien público vuelve a cobrar relevancia en la lucha contra la pobreza.
En síntesis, la discusión evoluciona hacia una noción de protección social transformadora, y no solamente como herramienta para paliar momentos críticos en la vida de los pobres. Algunos van más allá y discuten cómo la protección social está formando parte del contrato social en muchos países en desarrollo. Probablemente gracias a la persistencia de varios gobiernos en América Latina durante la última década y media. Tiempos interesantes y estimulantes los que estamos viviendo.
Al escribir estas reflexiones quiero aprovechar para saludar el nombramiento de Carolina Trivelli como ministra de desarrollo e inclusión social en el Perú. Con Carolina hemos tenido muchas discusiones sobre temas similares a través de proyectos de investigación en la región. Una excelente profesional, comprometida con el progreso y la transformación social en América Latina. Enorme reto y valiente decisión para dirigir una nueva cartera en el gabinete del gobierno peruano. Un intento por pasar de programas dispersos a sistemas integrados de atención y protección social. ¡Le deseamos mucha suerte a la Caro!
Prensa Libre, 27 de octubre de 2011.
jueves, 20 de octubre de 2011
Peronismo, sandinismo, y desmadre
“Los electores y la democracia valoran solamente una cosa el día de hoy: estabilidad.”
¡Qué curioso! Hace un par de mañanas paso revista a algunos diarios de la región. Primero, El País, con una columna de Martín Caparrós, conmemorando el 66 aniversario del peronismo. De una forma muy provocadora avienta, sin muchos pelos en la lengua, una crítica pura y dura, bien planchada, a un término de difícil explicación. Para Caparrós el peronismo es una palabra vacía. Sin contenido. Porque intenta abarcarlo todo y lo ha sido todo a lo largo de su vida.
Esta analogía me encantó: “Si perro quisiera decir mamífero carniza de ojos tristes, engaño socarrón, adolescente que ese día se quedó sin plata, cuarto planeta del sistema solar de la vigésima de Andrómeda, la hojita que al caer produce en su refrote contra el suelo un chistido que recuerda vagamente al canto gregoriano, el tercer órgano sexual, empleado perseverante, verde botella, rojo pecado, blanco radiante, atropello violento con los codos, choricito, y venticuatro más, nadie diría perro porque no está diciendo nada. (…) El peronismo fue sindicalismo perseguido en los cincuentas, sindicalismo propatronal en los sesentas, izquierdismo nacionalista en los setentas, nacionalismo fascistoide al mismo tiempo, intentos democristianos en los ochentas, neoliberalismo antiestatal en los noventas, populismo cuasiestatista en los dosmiles.”
En simultáneo, The Nicaragua Dispatch publica una entrevista hecha al ex comandante del FSLN, Bayardo Arce. Actualmente asesor económico del Presidente Ortega. Allí Arce se desnuda y habla no solamente de los errores de la primera experiencia sandinista en el gobierno y de los correctivos que en esta segunda oportunidad han aplicado, sino de su visión de la práctica política. También recuerda lo aleccionador que fue para algunos dirigentes el haber tenido que salir a ganarse la vida en el sector privado, y las bondades de una relación institucional que han forjado durante los últimos años con el Fondo Monetario Institucional para promover el crecimiento económico.
Me parece que no hace sino dibujar el neo-sandinismo. Uno que se reinventó en el camino, tras 26 años de haber ganado una revolución a tiro limpio, que en 1990 perdió el poder en las urnas, manteniendo al FSLN en la oposición por 16 años, y que ahora recupera el poder. ¿Es esto posible?
Seguramente si el texto de Arce hubiera sido publicado en otra época, lo hubieran acusado de revisionista. Pero los tiempos son otros. Y muy probablemente la lectura sea más bien de sagacidad política y oportunismo ante el nuevo contexto. Los bien pensados hablarán del relanzamiento de una propuesta más adecuada (o menos confrontativa) con el orden que prevalece en la región y el mundo. Los mal pensados comentarán cínica e incrédulamente cada una de sus respuestas.
Lo más probable es que ambos casos no reflejen otra cosa que pragmatismo llevado al límite. ¿Para qué? Pues para mantener el poder político, ¿para qué más? Un personaje de la vida nacional chapina me dijo una vez que hay individuos que no quieren estar en el poder sino con el poder. La sutileza semántica es profunda.
Curioso que ambos movimientos, peronismo y sandinismo, están hoy a las puertas de revalidar su mandato. Las mutaciones en el discurso parecen no hacerles mella. Los electores y la democracia valoran solamente una cosa el día de hoy: estabilidad. Que se traduce concretamente en prudencia macroeconómica y un mínimo de seguridad a la propiedad privada individual o corporativa. A eso hemos reducido nuestras aspiraciones.
En el caso argentino y nicaragüense cuando menos tienen un referente histórico: Juan Domingo y Eva Perón y sus demás sucesores, y el triunfo de la revolución sandinista y su retorno al poder. Nosotros en Guatemala, ¿contra qué nos comparamos? ¿Qué representan las propuestas políticas contemporáneas sino una profunda incapacidad de articular nada y explicarnos nada de nada? Sin idearios y sin un mínimo de cordura y profundidad. El último debate de nuestros presidenciables y el mercado parlamentario son un excelente botón de muestra.
En vez de explicarnos cómo diablos financiarán el presupuesto nacional, cómo abordarán el desarrollo rural, o qué piensan hacer para mejorar el sistema de justicia y la calidad de los servicios de atención hospitalaria y educación secundaria, prefieren gritarse cual placeras, y por un pelo darse a las trompadas. Bochornoso. Aldeano.
Honestamente no sé qué es peor para un país. Si tener una clase política con visión camaleónica, pero mal que bien con una estructura partidista estable en el tiempo. O si por el contrario, es menos dañino un esquema a la guatemalteca, de partidos políticos sin preocupación alguna por darle referente ideológico ni contenido programático a su discurso, burdos inversionistas en cada evento electoral.
En fin, le deseo un buen descanso hoy en el aniversario de la revolución de octubre – probablemente el último referente claro en nuestra historia política contemporánea –.
Prensa Libre, 20 de octubre de 2011.
¡Qué curioso! Hace un par de mañanas paso revista a algunos diarios de la región. Primero, El País, con una columna de Martín Caparrós, conmemorando el 66 aniversario del peronismo. De una forma muy provocadora avienta, sin muchos pelos en la lengua, una crítica pura y dura, bien planchada, a un término de difícil explicación. Para Caparrós el peronismo es una palabra vacía. Sin contenido. Porque intenta abarcarlo todo y lo ha sido todo a lo largo de su vida.
Esta analogía me encantó: “Si perro quisiera decir mamífero carniza de ojos tristes, engaño socarrón, adolescente que ese día se quedó sin plata, cuarto planeta del sistema solar de la vigésima de Andrómeda, la hojita que al caer produce en su refrote contra el suelo un chistido que recuerda vagamente al canto gregoriano, el tercer órgano sexual, empleado perseverante, verde botella, rojo pecado, blanco radiante, atropello violento con los codos, choricito, y venticuatro más, nadie diría perro porque no está diciendo nada. (…) El peronismo fue sindicalismo perseguido en los cincuentas, sindicalismo propatronal en los sesentas, izquierdismo nacionalista en los setentas, nacionalismo fascistoide al mismo tiempo, intentos democristianos en los ochentas, neoliberalismo antiestatal en los noventas, populismo cuasiestatista en los dosmiles.”
En simultáneo, The Nicaragua Dispatch publica una entrevista hecha al ex comandante del FSLN, Bayardo Arce. Actualmente asesor económico del Presidente Ortega. Allí Arce se desnuda y habla no solamente de los errores de la primera experiencia sandinista en el gobierno y de los correctivos que en esta segunda oportunidad han aplicado, sino de su visión de la práctica política. También recuerda lo aleccionador que fue para algunos dirigentes el haber tenido que salir a ganarse la vida en el sector privado, y las bondades de una relación institucional que han forjado durante los últimos años con el Fondo Monetario Institucional para promover el crecimiento económico.
Me parece que no hace sino dibujar el neo-sandinismo. Uno que se reinventó en el camino, tras 26 años de haber ganado una revolución a tiro limpio, que en 1990 perdió el poder en las urnas, manteniendo al FSLN en la oposición por 16 años, y que ahora recupera el poder. ¿Es esto posible?
Seguramente si el texto de Arce hubiera sido publicado en otra época, lo hubieran acusado de revisionista. Pero los tiempos son otros. Y muy probablemente la lectura sea más bien de sagacidad política y oportunismo ante el nuevo contexto. Los bien pensados hablarán del relanzamiento de una propuesta más adecuada (o menos confrontativa) con el orden que prevalece en la región y el mundo. Los mal pensados comentarán cínica e incrédulamente cada una de sus respuestas.
Lo más probable es que ambos casos no reflejen otra cosa que pragmatismo llevado al límite. ¿Para qué? Pues para mantener el poder político, ¿para qué más? Un personaje de la vida nacional chapina me dijo una vez que hay individuos que no quieren estar en el poder sino con el poder. La sutileza semántica es profunda.
Curioso que ambos movimientos, peronismo y sandinismo, están hoy a las puertas de revalidar su mandato. Las mutaciones en el discurso parecen no hacerles mella. Los electores y la democracia valoran solamente una cosa el día de hoy: estabilidad. Que se traduce concretamente en prudencia macroeconómica y un mínimo de seguridad a la propiedad privada individual o corporativa. A eso hemos reducido nuestras aspiraciones.
En el caso argentino y nicaragüense cuando menos tienen un referente histórico: Juan Domingo y Eva Perón y sus demás sucesores, y el triunfo de la revolución sandinista y su retorno al poder. Nosotros en Guatemala, ¿contra qué nos comparamos? ¿Qué representan las propuestas políticas contemporáneas sino una profunda incapacidad de articular nada y explicarnos nada de nada? Sin idearios y sin un mínimo de cordura y profundidad. El último debate de nuestros presidenciables y el mercado parlamentario son un excelente botón de muestra.
En vez de explicarnos cómo diablos financiarán el presupuesto nacional, cómo abordarán el desarrollo rural, o qué piensan hacer para mejorar el sistema de justicia y la calidad de los servicios de atención hospitalaria y educación secundaria, prefieren gritarse cual placeras, y por un pelo darse a las trompadas. Bochornoso. Aldeano.
Honestamente no sé qué es peor para un país. Si tener una clase política con visión camaleónica, pero mal que bien con una estructura partidista estable en el tiempo. O si por el contrario, es menos dañino un esquema a la guatemalteca, de partidos políticos sin preocupación alguna por darle referente ideológico ni contenido programático a su discurso, burdos inversionistas en cada evento electoral.
En fin, le deseo un buen descanso hoy en el aniversario de la revolución de octubre – probablemente el último referente claro en nuestra historia política contemporánea –.
Prensa Libre, 20 de octubre de 2011.
jueves, 13 de octubre de 2011
De ver dan ganas
“Ya casi nadie parecía estar dispuesto a salir a los espacios públicos a dar la pelea por bienes públicos.”
Primero fue el 15-M y la toma de Puerta del Sol en España. Todo el mundo observaba a un grupo de jóvenes de la sociedad civil europea, volcados a la calle exigiendo respuestas a su gobierno. Esencialmente soluciones al paro laboral. Aunque era un problema que ya venía arrastrándose desde hace varios años atrás, la crisis del 2008 vino a agudizarlo.
Luego el espacio mediático fue tomado por Occupy Wall Street. Métodos muy parecidos: acampar en parques, movilizar redes sociales, marchas, pancartas. Demandas muy parecidas: más fuentes de trabajo, salud y educación más baratas. Corolario: una distribución más equitativa del ajuste que se venía encima. El villano aquí es el sector financiero y el héroe los jóvenes de hogares promedio, que no la están teniendo nada fácil para salir adelante y ascender socialmente.
Ambas expresiones evocan protestas de otra época. Días que quedaron en Woodstock, que se llevaron los hippies, que se fueron con el fin de la guerra en Vietnam. Reacciones que ya habíamos dado por muertas (o por lo menos bien dormidas), enterradas, históricas.
Hasta hace muy poco todo el mundo hablaba con nostalgia de aquella legendaria participación política de los jóvenes. El idealismo propio de mentes y corazones nuevos parecía haber sido derrotado por el “reality check” post muro de Berlín y la fría condición hegemónica de dos máximas que se impusieron sin preguntar: democracia en lo político y mercado en lo económico. La política había sido relegada a los políticos, aunque todos sabíamos que la iban a hacer mal. Y ya casi nadie parecía estar dispuesto a salir a los espacios públicos a dar la pelea por bienes públicos.
Hoy, los conservadores más radicales, monarquistas económicos (economic royalists) – como los llama Krugman parafraseando a Franklin Roosevelt –, llaman a estas expresiones anti-Americanos, alineados con Lenin. ¡Hágame usted el favor! Aún y cuando su escala en las redes sociales sea mucho mayor comparado con lo que modestamente está sucediendo en parques y calles. El mismo alcalde Bloomberg de Nueva York los criticó señalándolos de estar ahuyentando fuentes de empleo de la ciudad. (Pregunto, ¿a quién se señala por haber ahuyentado el otro 9.6% de americanos desempleados desde hace ya varios meses?).
Es como si de repente participación ciudadana se volvió una concepto proscrito. Maldito por alborotador de un orden que, entre otras cosas, nos tiene a todos bastante desordenados. La gran ironía es que esa misma participación ciudadana se promueva en sociedades abajo del Rio Bravo y a ultramar como condición indispensable para el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico de las naciones. Vea usted, “do as I say, not as I do…”
Una cosa debiera ir quedándonos clara. Los movimientos en España, Chile, el mundo árabe y ahora Estados Unidos están mandando mensajes que ya no resuenan sino más bien retumban.
Están interpelando a gobiernos y sistemas políticos, exigiéndoles no seguir guardando un silencio cómplice con respecto a la inequidad. Mucho menos si esta proviene de aquella vieja máxima en la que “las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan”.
Exigen una reforma profunda de los sistemas y partidos políticos. Desde hace años se escucha señalar a las élites intelectuales, de todos los bandos ideológicos, el agotamiento de muchas estructuras y formas de representación democrática. Hay que sentarse pronto a hacer un overhaul a los canales de participación política.
Pero además, se pone de manifiesto un deseo de participación en los jóvenes. Piden más espacios y presentan una capacidad de articulación de demandas y movilización social cada vez mayor – Camila Vallejo es quizás el ejemplo más claro –. Pareciera haber moméntum, deseos de renovación, y eso debe ser aprovechado, contagiado, inoculado a los más posibles. No para construir un sistema perfecto, no. Simplemente para que el cambio de estafeta en la conducción de los países se dé, sobretodo en sociedades jóvenes y diversas como las latinoamericanas.
No es de sorprender que todo esto pueda perfectamente extrapolarse a la Guatemala actual. Aunque también es cierto que históricamente el país reacciona más o menos con una década de rezago ante las tendencias y procesos mundiales. Sin embargo, quizás sea posible que la nueva forma de participación impulsada por redes sociales y mayor conectividad nos haga el favor de acortar un poco esos plazos. El tiempo dirá.
Por ahora tengo que confesar que es muy estimulante y tentador observar el reverdecimiento de la participación ciudadana y el involucramiento de los jóvenes en la vida política. De ver dan ganas, dicen porai…
Prensa Libre, 13 de octubre de 2011.
Primero fue el 15-M y la toma de Puerta del Sol en España. Todo el mundo observaba a un grupo de jóvenes de la sociedad civil europea, volcados a la calle exigiendo respuestas a su gobierno. Esencialmente soluciones al paro laboral. Aunque era un problema que ya venía arrastrándose desde hace varios años atrás, la crisis del 2008 vino a agudizarlo.
Luego el espacio mediático fue tomado por Occupy Wall Street. Métodos muy parecidos: acampar en parques, movilizar redes sociales, marchas, pancartas. Demandas muy parecidas: más fuentes de trabajo, salud y educación más baratas. Corolario: una distribución más equitativa del ajuste que se venía encima. El villano aquí es el sector financiero y el héroe los jóvenes de hogares promedio, que no la están teniendo nada fácil para salir adelante y ascender socialmente.
Ambas expresiones evocan protestas de otra época. Días que quedaron en Woodstock, que se llevaron los hippies, que se fueron con el fin de la guerra en Vietnam. Reacciones que ya habíamos dado por muertas (o por lo menos bien dormidas), enterradas, históricas.
Hasta hace muy poco todo el mundo hablaba con nostalgia de aquella legendaria participación política de los jóvenes. El idealismo propio de mentes y corazones nuevos parecía haber sido derrotado por el “reality check” post muro de Berlín y la fría condición hegemónica de dos máximas que se impusieron sin preguntar: democracia en lo político y mercado en lo económico. La política había sido relegada a los políticos, aunque todos sabíamos que la iban a hacer mal. Y ya casi nadie parecía estar dispuesto a salir a los espacios públicos a dar la pelea por bienes públicos.
Hoy, los conservadores más radicales, monarquistas económicos (economic royalists) – como los llama Krugman parafraseando a Franklin Roosevelt –, llaman a estas expresiones anti-Americanos, alineados con Lenin. ¡Hágame usted el favor! Aún y cuando su escala en las redes sociales sea mucho mayor comparado con lo que modestamente está sucediendo en parques y calles. El mismo alcalde Bloomberg de Nueva York los criticó señalándolos de estar ahuyentando fuentes de empleo de la ciudad. (Pregunto, ¿a quién se señala por haber ahuyentado el otro 9.6% de americanos desempleados desde hace ya varios meses?).
Es como si de repente participación ciudadana se volvió una concepto proscrito. Maldito por alborotador de un orden que, entre otras cosas, nos tiene a todos bastante desordenados. La gran ironía es que esa misma participación ciudadana se promueva en sociedades abajo del Rio Bravo y a ultramar como condición indispensable para el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico de las naciones. Vea usted, “do as I say, not as I do…”
Una cosa debiera ir quedándonos clara. Los movimientos en España, Chile, el mundo árabe y ahora Estados Unidos están mandando mensajes que ya no resuenan sino más bien retumban.
Están interpelando a gobiernos y sistemas políticos, exigiéndoles no seguir guardando un silencio cómplice con respecto a la inequidad. Mucho menos si esta proviene de aquella vieja máxima en la que “las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan”.
Exigen una reforma profunda de los sistemas y partidos políticos. Desde hace años se escucha señalar a las élites intelectuales, de todos los bandos ideológicos, el agotamiento de muchas estructuras y formas de representación democrática. Hay que sentarse pronto a hacer un overhaul a los canales de participación política.
Pero además, se pone de manifiesto un deseo de participación en los jóvenes. Piden más espacios y presentan una capacidad de articulación de demandas y movilización social cada vez mayor – Camila Vallejo es quizás el ejemplo más claro –. Pareciera haber moméntum, deseos de renovación, y eso debe ser aprovechado, contagiado, inoculado a los más posibles. No para construir un sistema perfecto, no. Simplemente para que el cambio de estafeta en la conducción de los países se dé, sobretodo en sociedades jóvenes y diversas como las latinoamericanas.
No es de sorprender que todo esto pueda perfectamente extrapolarse a la Guatemala actual. Aunque también es cierto que históricamente el país reacciona más o menos con una década de rezago ante las tendencias y procesos mundiales. Sin embargo, quizás sea posible que la nueva forma de participación impulsada por redes sociales y mayor conectividad nos haga el favor de acortar un poco esos plazos. El tiempo dirá.
Por ahora tengo que confesar que es muy estimulante y tentador observar el reverdecimiento de la participación ciudadana y el involucramiento de los jóvenes en la vida política. De ver dan ganas, dicen porai…
Prensa Libre, 13 de octubre de 2011.
jueves, 6 de octubre de 2011
Cosas veredes, amigo Sancho
“La falta de empleo es y seguirá siendo el principal y más claro detonante de malestar en los hogares y economías de cualquier parte del mundo.”
Esta recurrente crisis económica ha puesto de manifiesto una de las principales debilidades que tienen la mayor parte de las economías en el mundo: generación de empleo. Y aunque la discusión entre economistas especula ampliamente sobre lo que debe hacerse para alcanzar un crecimiento económico alto y que a la vez genere suficientes puestos de trabajo, la verdad es que el grueso del debate está ya librándose en la arena política – sin mucha más claridad, por cierto –.
¡Obvio! Al final son los ciudadanos en edad productiva, sobre todo los que están desempleados, los primeros en plantarse a exigir a sus gobernantes que hagan algo. Unos pidiendo condiciones para abrirse un espacio en el sector privado, crear sus propias empresas, competir y crecer. Otros serían felices con solo poder salir a la calle y ser capaces de encontrar demanda para sus servicios en el sector privado o público.
Pero cuando estos mecanismos no están presentes o funcionan de manera deficiente, como parece ser el caso a todo nivel – países desarrollados, economías emergentes, y la gran generalidad de países en desarrollo –, los gobiernos entran en estado de alerta y evalúan qué se puede hacer para resolver el problema del paro laboral de sus ciudadanos votantes.
Las respuestas son muy diversas. Van desde distintos esquemas de protección social, que principalmente trata de proteger aquellos grupos que son más vulnerables, hasta aquellas otras intervenciones más “de mercado”, que intentan facilitar actividad privada para la generación de puestos productivos.
En el caso latinoamericano, principalmente durante el último par de décadas, era típico que esta segunda respuesta de los gobiernos se solía dar en un contexto de apertura y liberalización de mercados. La receta era intervenir dentro de los límites que imponían la integración comercial y financiera, tratando de distorsionar lo menos posible precios y decisiones que los agentes económicos se suponía tomaban de manera racional y eficiente.
Sin embargo, la tendencia histórica parece estar cambiando. Por una parte, cada vez más escuchamos acerca de protestas de adultos jóvenes alrededor del mundo en contra de mercados y políticas que simple y llanamente los han dejado de lado. El 15-M en España (ahora con su versión New Yorkina), y las protestas chilenas por la educación son quizás los ejemplos más cercanos y recientes.
Por otro lado, comenzamos a ver respuestas de gobiernos, que no solamente intentan salir en defensa de sus ciudadanos votantes, pero que además cuestionan el supuesto de partida: mayor apertura económica siempre es preferida a menor apertura económica. Dos noticias que leí hace unos días sobre disposiciones de los gobiernos en Argentina y Brasil me han puesto a pensar si esta crisis no podría conducirnos a un replanteamiento y pérdida de relevancia del modelo de crecimiento económico anclado en exportaciones y comercio libre.
En cierta forma reviven viejas discusiones sobre el auge y ocaso de la política industrial como instrumento para promover desarrollo; o aquel modelo de substitución de importaciones que apostaba a construir una base de producción manufacturera local, que a su vez permitiría romper la dependencia de los recursos naturales y materias primas para la generación de ingreso en los países menos desarrollados.
Argentina decide inducir la producción de BlackBerrys en Tierra del Fuego. En palabras de la ministra de industria Débora Giorgi el país tiene (sic) “un mercado doméstico con demanda creciente. El objetivo es abastecerlo con mano de obra y producción locales”. Aunque, a decir de la revista The Economist, cueste 15 veces más producirlo allí que en Asia. (Dicho sea de paso, no es la primera medida de este tipo que adopta el régimen Kirchnerista).
Y Brasil anuncia a través de su ministro de finanzas, Guido Mantega, un aumento a los impuestos sobre vehículos importados. Ello a pesar de que aparentemente China los produce a un costo significativamente menor. Al igual que en el caso de sus vecinos más al sur, esta medida forma parte de un paquete más amplio que incluyen incentivos fiscales a la industria doméstica. Como dijo Don Quijote: cosas veredes, amigo Sancho…
Por el momento leo dos mensajes y tengo dos preguntas. Primer mensaje, la falta de empleo es y seguirá siendo el principal y más claro detonante de malestar en los hogares y economías de cualquier parte del mundo. Segundo mensaje, los gobiernos van a reaccionar en tanto y cuanto haya votantes empoderados que hagan valer sus demandas.
Primera pregunta, ¿estaremos ante un potencial cambio en la manera de hacer política económica o simplemente estamos viendo cómo dos economías grandes de América Latina convergen y se comportan de acuerdo a viejas prácticas, típicas de países desarrollados? Segunda pregunta, ¿qué opciones tienen economías pequeñas y abiertas como las centroamericanas para atender su igualmente urgente necesidad de generar más y mejores puestos de trabajo?
Prensa Libre, 7 de octubre de 2011.
Esta recurrente crisis económica ha puesto de manifiesto una de las principales debilidades que tienen la mayor parte de las economías en el mundo: generación de empleo. Y aunque la discusión entre economistas especula ampliamente sobre lo que debe hacerse para alcanzar un crecimiento económico alto y que a la vez genere suficientes puestos de trabajo, la verdad es que el grueso del debate está ya librándose en la arena política – sin mucha más claridad, por cierto –.
¡Obvio! Al final son los ciudadanos en edad productiva, sobre todo los que están desempleados, los primeros en plantarse a exigir a sus gobernantes que hagan algo. Unos pidiendo condiciones para abrirse un espacio en el sector privado, crear sus propias empresas, competir y crecer. Otros serían felices con solo poder salir a la calle y ser capaces de encontrar demanda para sus servicios en el sector privado o público.
Pero cuando estos mecanismos no están presentes o funcionan de manera deficiente, como parece ser el caso a todo nivel – países desarrollados, economías emergentes, y la gran generalidad de países en desarrollo –, los gobiernos entran en estado de alerta y evalúan qué se puede hacer para resolver el problema del paro laboral de sus ciudadanos votantes.
Las respuestas son muy diversas. Van desde distintos esquemas de protección social, que principalmente trata de proteger aquellos grupos que son más vulnerables, hasta aquellas otras intervenciones más “de mercado”, que intentan facilitar actividad privada para la generación de puestos productivos.
En el caso latinoamericano, principalmente durante el último par de décadas, era típico que esta segunda respuesta de los gobiernos se solía dar en un contexto de apertura y liberalización de mercados. La receta era intervenir dentro de los límites que imponían la integración comercial y financiera, tratando de distorsionar lo menos posible precios y decisiones que los agentes económicos se suponía tomaban de manera racional y eficiente.
Sin embargo, la tendencia histórica parece estar cambiando. Por una parte, cada vez más escuchamos acerca de protestas de adultos jóvenes alrededor del mundo en contra de mercados y políticas que simple y llanamente los han dejado de lado. El 15-M en España (ahora con su versión New Yorkina), y las protestas chilenas por la educación son quizás los ejemplos más cercanos y recientes.
Por otro lado, comenzamos a ver respuestas de gobiernos, que no solamente intentan salir en defensa de sus ciudadanos votantes, pero que además cuestionan el supuesto de partida: mayor apertura económica siempre es preferida a menor apertura económica. Dos noticias que leí hace unos días sobre disposiciones de los gobiernos en Argentina y Brasil me han puesto a pensar si esta crisis no podría conducirnos a un replanteamiento y pérdida de relevancia del modelo de crecimiento económico anclado en exportaciones y comercio libre.
En cierta forma reviven viejas discusiones sobre el auge y ocaso de la política industrial como instrumento para promover desarrollo; o aquel modelo de substitución de importaciones que apostaba a construir una base de producción manufacturera local, que a su vez permitiría romper la dependencia de los recursos naturales y materias primas para la generación de ingreso en los países menos desarrollados.
Argentina decide inducir la producción de BlackBerrys en Tierra del Fuego. En palabras de la ministra de industria Débora Giorgi el país tiene (sic) “un mercado doméstico con demanda creciente. El objetivo es abastecerlo con mano de obra y producción locales”. Aunque, a decir de la revista The Economist, cueste 15 veces más producirlo allí que en Asia. (Dicho sea de paso, no es la primera medida de este tipo que adopta el régimen Kirchnerista).
Y Brasil anuncia a través de su ministro de finanzas, Guido Mantega, un aumento a los impuestos sobre vehículos importados. Ello a pesar de que aparentemente China los produce a un costo significativamente menor. Al igual que en el caso de sus vecinos más al sur, esta medida forma parte de un paquete más amplio que incluyen incentivos fiscales a la industria doméstica. Como dijo Don Quijote: cosas veredes, amigo Sancho…
Por el momento leo dos mensajes y tengo dos preguntas. Primer mensaje, la falta de empleo es y seguirá siendo el principal y más claro detonante de malestar en los hogares y economías de cualquier parte del mundo. Segundo mensaje, los gobiernos van a reaccionar en tanto y cuanto haya votantes empoderados que hagan valer sus demandas.
Primera pregunta, ¿estaremos ante un potencial cambio en la manera de hacer política económica o simplemente estamos viendo cómo dos economías grandes de América Latina convergen y se comportan de acuerdo a viejas prácticas, típicas de países desarrollados? Segunda pregunta, ¿qué opciones tienen economías pequeñas y abiertas como las centroamericanas para atender su igualmente urgente necesidad de generar más y mejores puestos de trabajo?
Prensa Libre, 7 de octubre de 2011.
jueves, 22 de septiembre de 2011
No es lo que se dice, sino cómo se dice
“Si el ciudadano promedio recibe mensajes cruzados de sus autoridades, no solamente queda confundido, sino que además las medidas de política pierden credibilidad y fuerza.”
En política pública son importantes tres cosas: tener claridad con respecto a lo que hay que hacer, contar con los recursos necesarios para implementar medidas, y saber comunicar bien decisiones y resultados. Si cualquiera de estos tres elementos falla, el efecto de cualquier intervención se diluye, o peor aún, puede resultar contraproducente.
La última medición de pobreza en Colombia ilustra muy bien este punto. El gobierno salió hace unos días a presentar los resultados de la última medición que habían realizado. Para fortuna de los colombianos, los datos revelan un relativo mejoramiento en las condiciones de vida de la población. Tanto la pobreza general y extrema se redujeron.
Sin embargo, no todo es regocijo. La población rural continúa siendo mayoritariamente pobre (53%), mientras que en las ciudades el porcentaje de pobres es del 24%. Además, el país retrocedió en materia de equidad, reportando un índice de Gini de 0.56. Es decir, se pone en la pelea por el liderato regional en desigualdad.
Según el Director de Planeación, Hernando José Gómez, hay tres variables que explican la desigualdad colombiana: el analfabetismo, la informalidad, y calidad de la oferta pública de los servicios sociales. Y si usted lo piensa despacio, se dará cuanta que revertir cualquiera de estos factores no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. De allí la cantaleta de la equidad como algo que toma mucho más tiempo para alcanzarse en comparación con la reducción de pobreza.
Pero bueno, estos son los datos fríos y hasta aquí todo iba bien. ¿En dónde está el alboroto entonces? Resulta que la grilla se armó porque las autoridades colombianas implementaron un nuevo método para medir pobreza. Decidieron (acertadamente creo yo) ir un paso más allá de las mediciones tradicionales de ingreso, consumo o de necesidades básicas insatisfechas, y le apostaron a un método más integral: el índice multidimensional de la pobreza (IMP).
El índice captura el entorno más amplio de una familia. Es decir, educación de los hijos, trabajo infantil, desempleo e informalidad, acceso al aseguramiento de la salud y condiciones de vivienda (agua potable, calidad de los materiales y del piso, eliminación de excretas y hacinamiento). La ventaja de esta herramienta es que permite afinar mejor la puntería de la política pública. Revela no solamente porcentajes sino también el tipo de necesidades particulares que enfrentan los pobres en diferentes territorios.
El problema estuvo en la forma de comunicar los resultados. El vicepresidente tomó los datos y lanzó una interpretación un tanto apresurada de la línea de pobreza que ahora es de 190,000 pesos colombianos al mes por persona – aproximadamente USD100.00 –. Cuestionó la cifra y retó a los técnicos para que fueran a hacer compras de mercado con esa cantidad de dinero. La confusión estuvo en que el vicepresidente interpretó la línea de pobreza como si fuera para un hogar completo y no como gasto per capita, que es como usualmente se calcula.
Este incidente revela con mucha nitidez la importancia de contar con una adecuada estrategia de comunicación al momento de hacer públicos resultados sensibles. Si el ciudadano promedio recibe mensajes cruzados de sus autoridades, no solamente queda confundido, sino que además las medidas de política pierden credibilidad y fuerza.
En Guatemala están por salir a luz los datos y resultados de la ECOVI 2011, encuesta de hogares por excelencia para actualizar mediciones de pobreza. Es muy importante que paralelamente a todo el trabajo técnico, de campo, y de análisis que se ha hecho, también se dedique suficiente tiempo a preparar una adecuada estrategia de comunicación. Presumiblemente los datos se publicaran justo a las puertas de que un nuevo equipo de gobierno este por estrenarse en el cargo. Es una oportunidad privilegiada para el INE, pues contará con el oído de la clase política y de la tecnocracia nacional e internacional interesada en el tema.
Los guatemaltecos esperamos que no solamente hagan públicos porcentajes, sino que también bases de datos y metodologías de cálculo utilizadas. Ello permitirá, entre otras cosas, legitimar un trabajo que el INE ha venido realizando desde hace ya varios años. Pero también hará posible compararnos con el resto del barrio latino, y constatar, por ejemplo, si Colombia ha destronado a Brasil, Chile y Guatemala en materia de desigualdad.
Prensa Libre, 22 de septiembre de 2011.
En política pública son importantes tres cosas: tener claridad con respecto a lo que hay que hacer, contar con los recursos necesarios para implementar medidas, y saber comunicar bien decisiones y resultados. Si cualquiera de estos tres elementos falla, el efecto de cualquier intervención se diluye, o peor aún, puede resultar contraproducente.
La última medición de pobreza en Colombia ilustra muy bien este punto. El gobierno salió hace unos días a presentar los resultados de la última medición que habían realizado. Para fortuna de los colombianos, los datos revelan un relativo mejoramiento en las condiciones de vida de la población. Tanto la pobreza general y extrema se redujeron.
Sin embargo, no todo es regocijo. La población rural continúa siendo mayoritariamente pobre (53%), mientras que en las ciudades el porcentaje de pobres es del 24%. Además, el país retrocedió en materia de equidad, reportando un índice de Gini de 0.56. Es decir, se pone en la pelea por el liderato regional en desigualdad.
Según el Director de Planeación, Hernando José Gómez, hay tres variables que explican la desigualdad colombiana: el analfabetismo, la informalidad, y calidad de la oferta pública de los servicios sociales. Y si usted lo piensa despacio, se dará cuanta que revertir cualquiera de estos factores no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. De allí la cantaleta de la equidad como algo que toma mucho más tiempo para alcanzarse en comparación con la reducción de pobreza.
Pero bueno, estos son los datos fríos y hasta aquí todo iba bien. ¿En dónde está el alboroto entonces? Resulta que la grilla se armó porque las autoridades colombianas implementaron un nuevo método para medir pobreza. Decidieron (acertadamente creo yo) ir un paso más allá de las mediciones tradicionales de ingreso, consumo o de necesidades básicas insatisfechas, y le apostaron a un método más integral: el índice multidimensional de la pobreza (IMP).
El índice captura el entorno más amplio de una familia. Es decir, educación de los hijos, trabajo infantil, desempleo e informalidad, acceso al aseguramiento de la salud y condiciones de vivienda (agua potable, calidad de los materiales y del piso, eliminación de excretas y hacinamiento). La ventaja de esta herramienta es que permite afinar mejor la puntería de la política pública. Revela no solamente porcentajes sino también el tipo de necesidades particulares que enfrentan los pobres en diferentes territorios.
El problema estuvo en la forma de comunicar los resultados. El vicepresidente tomó los datos y lanzó una interpretación un tanto apresurada de la línea de pobreza que ahora es de 190,000 pesos colombianos al mes por persona – aproximadamente USD100.00 –. Cuestionó la cifra y retó a los técnicos para que fueran a hacer compras de mercado con esa cantidad de dinero. La confusión estuvo en que el vicepresidente interpretó la línea de pobreza como si fuera para un hogar completo y no como gasto per capita, que es como usualmente se calcula.
Este incidente revela con mucha nitidez la importancia de contar con una adecuada estrategia de comunicación al momento de hacer públicos resultados sensibles. Si el ciudadano promedio recibe mensajes cruzados de sus autoridades, no solamente queda confundido, sino que además las medidas de política pierden credibilidad y fuerza.
En Guatemala están por salir a luz los datos y resultados de la ECOVI 2011, encuesta de hogares por excelencia para actualizar mediciones de pobreza. Es muy importante que paralelamente a todo el trabajo técnico, de campo, y de análisis que se ha hecho, también se dedique suficiente tiempo a preparar una adecuada estrategia de comunicación. Presumiblemente los datos se publicaran justo a las puertas de que un nuevo equipo de gobierno este por estrenarse en el cargo. Es una oportunidad privilegiada para el INE, pues contará con el oído de la clase política y de la tecnocracia nacional e internacional interesada en el tema.
Los guatemaltecos esperamos que no solamente hagan públicos porcentajes, sino que también bases de datos y metodologías de cálculo utilizadas. Ello permitirá, entre otras cosas, legitimar un trabajo que el INE ha venido realizando desde hace ya varios años. Pero también hará posible compararnos con el resto del barrio latino, y constatar, por ejemplo, si Colombia ha destronado a Brasil, Chile y Guatemala en materia de desigualdad.
Prensa Libre, 22 de septiembre de 2011.
jueves, 15 de septiembre de 2011
De cóncavo a convexo (parte II y final)
“La capacidad de absorción del sector formal de la economía es muchísimo más lenta que la velocidad a la que se generan trabajadores con diploma de sexto grado.”
La semana pasada comentaba sobre el cambio que en los últimos años han tenido los retornos a la educación en el mundo en desarrollo. La idea central era la siguiente: por años habíamos pregonado que invertir en educación primaria era el mejor negocio, y ahora parece que sus beneficios se vuelven más y más reducidos en comparación con los retornos a la educación secundaria y universitaria.
Esto es un fenómeno que no apareció por generación espontánea. Mucha evidencia había comenzado a señalar que algo ocurría en los retornos a la educación desde hace algunos años. Sin embargo, ahora toca tratar de entender las causas y asumir el reto que ofrece para la política social en países en desarrollo.
En cuanto a razones de esta reversión, básicamente se proponen tres posibilidades para los países de renta baja, y una cuarta que se suma para los países de renta media, en donde cae la gran mayoría de países de América Latina. Todas, como solemos hacer los economistas, explicadas por curvas de oferta y demanda.
En primer lugar, hoy se perciben los beneficios del tremendo avance en cobertura educativa. La recomendación desde los años ochentas y noventas no cayeron en saco roto. Sin embargo, no se previó la reacción de un mercado que de manera natural ajusta su precio ante la abundancia o la escasez de un bien o servicio. Más graduados de primaria, el salario tiende a caer o bien los requerimientos para empleos se desplaza a aquellos con enseñanza media. Además, la capacidad de absorción del sector formal de la economía es muchísimo más lenta que la velocidad a la que se generan trabajadores con diploma de sexto grado.
En segundo lugar, hay evidencia de que esta ampliación acelerada en la cobertura no ha ido de la mano con un aumento de recursos suficientes para garantizar calidad en la enseñanza. De esto, los guatemaltecos sabemos mucho. Es una de las patas de la mesa que sostiene la discusión sobre reforma tributaria en el país: calidad y eficiencia del gasto público. Si a ello sumamos gobiernos que dentro de sus programas de trabajo han propiciado la gratuidad, pues la pita tiene que romperse por algún lado. ¡Eureka!, la variable de ajuste más silenciosa es la calidad del material y destrezas que se dan a nuestros niños.
El efecto por supuesto que no es neutro. Después tenemos analfabetas con diplomas y niveles muy bajos de competencias laborales. En otras palabras, la productividad se pone en riesgo y con ello se compromete el crecimiento económico de largo plazo.
Y en tercer lugar, aunque no se cuenta con mucha evidencia para este argumento, no es del todo descabellado pensar que las habilidades del estudiante “en el margen” son menores que las del promedio. Cuando se tiene cobertura casi completa, el último 5% puede no tener las condiciones óptimas en el hogar (e.g. baja escolaridad y desinterés de los padres, hábitos y estímulos poco conducentes a un buen aprendizaje).
Sumado a lo anterior, América Latina al ser una región de ingreso medio, se piensa que la liberalización y apertura indiscriminadas han favorecido un sesgo en la estructura económica hacia aquella mano de obra más calificada. ¿Por qué? Simplemente porque nuestra región no está tan escasa de infraestructura, instituciones y capital humano como otros países mucho más pobres. Entonces la predicción teórica de que la apertura económica favorecería el factor más abundante – que en el caso de los países pobres es mano de obra no calificada –, no sucedió tan así.
Somos una región desigual, y eso al final se traduce en mano de obra igualmente desigual. Es decir, hay sectores que pueden ofrecer mayores calificaciones a la inversión extranjera, y con ello deprimen los retornos en términos relativos de aquellos individuos que sólo han tenido acceso a unos pocos años de escolaridad.
Cierro con un par de ideas para agitar la discusión de política social. Por un lado, hay que recordar que esta evidencia solamente sugiere que la relación educación-ingresos ha cambiado en el tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar que existen muchos otros beneficios extra monetarios de invertir en educación primaria – e.g. mayor participación política y capacidad de articular de mejor manera sus demandas ciudadanas, ¡por ejemplo! –.
Y por otro lado, evidentemente toca ahora pensar e invertir recursos en entender el gonce entre política social y política laboral. Si no lo hacemos es muy posible que se genere frustración y abandono escolar o más informalidad. Esta es un área muy fértil para investigación y perfeccionamiento de programas como los de transferencias condicionadas en efectivo, que esencialmente se ocupan de la oferta de mano de obra modestamente más calificada, pero muy pocos recursos se dedican a la inserción laboral y generación de empleos de calidad (demanda). ¡Después de todo puede que la convexidad no sea tan mala!
Prensa Libre, 15 de septiembre de 2011.
La semana pasada comentaba sobre el cambio que en los últimos años han tenido los retornos a la educación en el mundo en desarrollo. La idea central era la siguiente: por años habíamos pregonado que invertir en educación primaria era el mejor negocio, y ahora parece que sus beneficios se vuelven más y más reducidos en comparación con los retornos a la educación secundaria y universitaria.
Esto es un fenómeno que no apareció por generación espontánea. Mucha evidencia había comenzado a señalar que algo ocurría en los retornos a la educación desde hace algunos años. Sin embargo, ahora toca tratar de entender las causas y asumir el reto que ofrece para la política social en países en desarrollo.
En cuanto a razones de esta reversión, básicamente se proponen tres posibilidades para los países de renta baja, y una cuarta que se suma para los países de renta media, en donde cae la gran mayoría de países de América Latina. Todas, como solemos hacer los economistas, explicadas por curvas de oferta y demanda.
En primer lugar, hoy se perciben los beneficios del tremendo avance en cobertura educativa. La recomendación desde los años ochentas y noventas no cayeron en saco roto. Sin embargo, no se previó la reacción de un mercado que de manera natural ajusta su precio ante la abundancia o la escasez de un bien o servicio. Más graduados de primaria, el salario tiende a caer o bien los requerimientos para empleos se desplaza a aquellos con enseñanza media. Además, la capacidad de absorción del sector formal de la economía es muchísimo más lenta que la velocidad a la que se generan trabajadores con diploma de sexto grado.
En segundo lugar, hay evidencia de que esta ampliación acelerada en la cobertura no ha ido de la mano con un aumento de recursos suficientes para garantizar calidad en la enseñanza. De esto, los guatemaltecos sabemos mucho. Es una de las patas de la mesa que sostiene la discusión sobre reforma tributaria en el país: calidad y eficiencia del gasto público. Si a ello sumamos gobiernos que dentro de sus programas de trabajo han propiciado la gratuidad, pues la pita tiene que romperse por algún lado. ¡Eureka!, la variable de ajuste más silenciosa es la calidad del material y destrezas que se dan a nuestros niños.
El efecto por supuesto que no es neutro. Después tenemos analfabetas con diplomas y niveles muy bajos de competencias laborales. En otras palabras, la productividad se pone en riesgo y con ello se compromete el crecimiento económico de largo plazo.
Y en tercer lugar, aunque no se cuenta con mucha evidencia para este argumento, no es del todo descabellado pensar que las habilidades del estudiante “en el margen” son menores que las del promedio. Cuando se tiene cobertura casi completa, el último 5% puede no tener las condiciones óptimas en el hogar (e.g. baja escolaridad y desinterés de los padres, hábitos y estímulos poco conducentes a un buen aprendizaje).
Sumado a lo anterior, América Latina al ser una región de ingreso medio, se piensa que la liberalización y apertura indiscriminadas han favorecido un sesgo en la estructura económica hacia aquella mano de obra más calificada. ¿Por qué? Simplemente porque nuestra región no está tan escasa de infraestructura, instituciones y capital humano como otros países mucho más pobres. Entonces la predicción teórica de que la apertura económica favorecería el factor más abundante – que en el caso de los países pobres es mano de obra no calificada –, no sucedió tan así.
Somos una región desigual, y eso al final se traduce en mano de obra igualmente desigual. Es decir, hay sectores que pueden ofrecer mayores calificaciones a la inversión extranjera, y con ello deprimen los retornos en términos relativos de aquellos individuos que sólo han tenido acceso a unos pocos años de escolaridad.
Cierro con un par de ideas para agitar la discusión de política social. Por un lado, hay que recordar que esta evidencia solamente sugiere que la relación educación-ingresos ha cambiado en el tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar que existen muchos otros beneficios extra monetarios de invertir en educación primaria – e.g. mayor participación política y capacidad de articular de mejor manera sus demandas ciudadanas, ¡por ejemplo! –.
Y por otro lado, evidentemente toca ahora pensar e invertir recursos en entender el gonce entre política social y política laboral. Si no lo hacemos es muy posible que se genere frustración y abandono escolar o más informalidad. Esta es un área muy fértil para investigación y perfeccionamiento de programas como los de transferencias condicionadas en efectivo, que esencialmente se ocupan de la oferta de mano de obra modestamente más calificada, pero muy pocos recursos se dedican a la inserción laboral y generación de empleos de calidad (demanda). ¡Después de todo puede que la convexidad no sea tan mala!
Prensa Libre, 15 de septiembre de 2011.
jueves, 8 de septiembre de 2011
De cóncavo a convexo (parte I)
“(…) con el paso de los años los beneficios en términos de ingresos adicionales para aquellos con educación primaria se están volviendo cada vez más enanos.”
Bien dicen que casi nada está escrito en piedra en este mundo. Las verdades absolutas no existen. O dicho de otra manera, siempre hay que hay procurar poner en su contexto histórico las cosas. Lo que hoy es bueno y válido quizás no lo fue ayer y probablemente deje de serlo mañana. Para muestra un botón.
Un grupo de reconocidos economistas que han dedicado buena parte de su vida al análisis del capital humano y su importancia en la economía ponen un artículo sobre la mesa, en el cual interpelan una verdad que hasta hace muy pocos años era incuestionable: invertir en educación primaria era de las mejores apuestas que podía hacer en un individuo, un hogar, un país. Los ingresos adicionales que cada año de escolaridad generaría superaban con creces los costos de proveer dicha educación.
Con el tiempo se nos olvidó preguntarnos ¿y qué pasa si eso deja de ser verdad? ¿Y qué tal que la rentabilidad invertir en patojos y patojas de primaria se mueve a otro lado? Porque hasta hace muy pocos años el modelo era perfecto y la recomendación simple y directa: había que invertir mucho en educación (mejor si es pública), de manera gradual, cuidando no solamente cobertura sino también calidad. Al hacerlo así, los individuos se beneficiarían de ir a la escuela obteniendo mayores ingresos y con eso salir de la pobreza.
Dichos ingresos irían en aumento pero de manera decreciente. Es decir, el cambio de ir a la primaria versus no tener ninguna escolaridad era como pasar de la noche al día. Y a medida que aumentaban años de escuela, esos cambios serían comparativamente menores cada vez (marginales) en comparación con los años iniciales. A esa noción la llamábamos retornos decrecientes a la educación. O como dicen algunos colegas más sofisticados, los retornos a la educación eran cóncavos.
Pero ¡vaya vaya la papaya! Parece que ya no va por allí la cosa. Hace unos días vi una gráfica en un artículo de publicación reciente con las tendencias históricas de los retornos a la educación en tres niveles: primaria, segundaria y terciaria. Francamente es de parar el pelo. Las tendencias son tres.
Primero, los retornos a la educación están cayendo para todo el mundo y en todo el mundo. Es decir, no es solamente un fenómeno guatemalteco o latinoamericano, sino que está sucediendo en todo el mundo en desarrollo. Está pasando en China, Brasil, Sudan, Taiwán, Filipinas, etc., y por supuesto en nuestro propio gallinero.
Segundo, la caída más fuerte la tiene la educación primaria. Durante los últimos cincuenta años (1960-2010) ha pasado de niveles cercanos al 30% hasta un 8% ó 9%. Pero no solamente eso, antes era el nivel educativo con mayores retornos, y hoy es el nivel educativo con menores retornos de todos.
Tercero, para los niveles secundarios y terciarios los retornos también han caído, pero muchísimo menos. Por ejemplo, en cincuenta años la secundaria ha pasado de 16% a 14%, y el nivel terciario (superior) ha pasado de 21% a 19% aproximadamente.
De manera que la evidencia empírica nos pone una vez más contra las cuerdas, y nos muestra hoy que con el paso de los años los beneficios en términos de ingresos adicionales para aquellos con educación primaria se están volviendo cada vez más enanos. La pregunta de cajón es ¿qué está pasando? ¿y ahora qué hacemos?
En mi siguiente columna comentaré un poco sobre las posibles causas de este cambio de cóncavo a convexo en los retornos a la educación, así como algunas de las implicaciones que tiene para la política social de los países en desarrollo.
Prensa Libre, 8 de septiembre de 2011.
Bien dicen que casi nada está escrito en piedra en este mundo. Las verdades absolutas no existen. O dicho de otra manera, siempre hay que hay procurar poner en su contexto histórico las cosas. Lo que hoy es bueno y válido quizás no lo fue ayer y probablemente deje de serlo mañana. Para muestra un botón.
Un grupo de reconocidos economistas que han dedicado buena parte de su vida al análisis del capital humano y su importancia en la economía ponen un artículo sobre la mesa, en el cual interpelan una verdad que hasta hace muy pocos años era incuestionable: invertir en educación primaria era de las mejores apuestas que podía hacer en un individuo, un hogar, un país. Los ingresos adicionales que cada año de escolaridad generaría superaban con creces los costos de proveer dicha educación.
Con el tiempo se nos olvidó preguntarnos ¿y qué pasa si eso deja de ser verdad? ¿Y qué tal que la rentabilidad invertir en patojos y patojas de primaria se mueve a otro lado? Porque hasta hace muy pocos años el modelo era perfecto y la recomendación simple y directa: había que invertir mucho en educación (mejor si es pública), de manera gradual, cuidando no solamente cobertura sino también calidad. Al hacerlo así, los individuos se beneficiarían de ir a la escuela obteniendo mayores ingresos y con eso salir de la pobreza.
Dichos ingresos irían en aumento pero de manera decreciente. Es decir, el cambio de ir a la primaria versus no tener ninguna escolaridad era como pasar de la noche al día. Y a medida que aumentaban años de escuela, esos cambios serían comparativamente menores cada vez (marginales) en comparación con los años iniciales. A esa noción la llamábamos retornos decrecientes a la educación. O como dicen algunos colegas más sofisticados, los retornos a la educación eran cóncavos.
Pero ¡vaya vaya la papaya! Parece que ya no va por allí la cosa. Hace unos días vi una gráfica en un artículo de publicación reciente con las tendencias históricas de los retornos a la educación en tres niveles: primaria, segundaria y terciaria. Francamente es de parar el pelo. Las tendencias son tres.
Primero, los retornos a la educación están cayendo para todo el mundo y en todo el mundo. Es decir, no es solamente un fenómeno guatemalteco o latinoamericano, sino que está sucediendo en todo el mundo en desarrollo. Está pasando en China, Brasil, Sudan, Taiwán, Filipinas, etc., y por supuesto en nuestro propio gallinero.
Segundo, la caída más fuerte la tiene la educación primaria. Durante los últimos cincuenta años (1960-2010) ha pasado de niveles cercanos al 30% hasta un 8% ó 9%. Pero no solamente eso, antes era el nivel educativo con mayores retornos, y hoy es el nivel educativo con menores retornos de todos.
Tercero, para los niveles secundarios y terciarios los retornos también han caído, pero muchísimo menos. Por ejemplo, en cincuenta años la secundaria ha pasado de 16% a 14%, y el nivel terciario (superior) ha pasado de 21% a 19% aproximadamente.
De manera que la evidencia empírica nos pone una vez más contra las cuerdas, y nos muestra hoy que con el paso de los años los beneficios en términos de ingresos adicionales para aquellos con educación primaria se están volviendo cada vez más enanos. La pregunta de cajón es ¿qué está pasando? ¿y ahora qué hacemos?
En mi siguiente columna comentaré un poco sobre las posibles causas de este cambio de cóncavo a convexo en los retornos a la educación, así como algunas de las implicaciones que tiene para la política social de los países en desarrollo.
Prensa Libre, 8 de septiembre de 2011.
jueves, 1 de septiembre de 2011
Lobistas del campo
“Dejarlos en la periferia de la economía e instituciones formales del desarrollo los pone de facto en el centro de la economía sumergida, las instituciones ilegales y la vulnerabilidad.”
Leí hace unos días la entrevista que hizo Enrique Naveda en Plaza Pública a Juan Alberto Fuentes Knight, ex ministro de Finanzas Públicas, quien justamente hoy estará presentando su libro “Rendición de cuentas”. Un texto que seguramente va a despertar mucha discusión, no solamente por lo reciente de la experiencia allí consignada, sino además porque el momento electoral es campo fértil para este tipo de discusiones entre la clase política e intelectual de la sociedad guatemalteca.
Quiero rescatar una idea solamente de esa entrevista, haciendo la salvedad que aún no he leído el libro. Simplemente basado en la transcripción del diálogo Naveda-Fuentes. Es la siguiente: a partir de un comentario de Edelberto Torres Rivas sobre la importancia de la reforma fiscal y su carácter más revolucionario y de mayor importancia que la misma reforma agraria , Fuentes Knight reflexiona y señala tres problemas estructurales de Guatemala. Tres nudos ciegos que históricamente han trabado discusiones (¡y hasta balazos y muertos!) entre los guatemaltecos: la reforma agraria, el papel del ejército, y la reforma fiscal. En el lenguaje de Rodrick, los tres temas constituyen restricciones a un crecimiento económico elevado y sostenido en el país.
Sin embargo también lanza otra hipótesis, casi fulminante para uno de los tres grandes problemas, cuando deja entrever que el tema de la reforma agraria ha quedado relegado por la historia y la evolución del a estructura económica nacional. La aseveración que mejor lo ejemplifica en la entrevista es cuando dice (sic) “(…) el sector agrícola es cierto que todavía tiene la mayor proporción de personas que trabajan ahí, pero aunque se distribuyera toda la tierra entre esas personas ya no alcanzaría. Entonces, sin que deje de justificarse alguna redistribución de tierra ya no es algo tan importante como antes en el sentido de que antes podía ser un aporte decisivo para el desarrollo del país.”
Trato de decodificar el mensaje. Por un lado, lo fiscal y el rol del ejército encuentran hoy, nos guste o no, condiciones históricas favorables, cuñas, en el plano internacional. La crisis económica mundial y la de seguridad que vive Mesoamérica han puesto ambos temas en el radar de todos. Pero además a nivel local hay ya una cierta masa crítica de guatemaltecas y guatemaltecos que construyen hipótesis, investigan, hacen gobierno por un rato y oposición otro rato, que generan opinión escribiendo en prensa y educando en las aulas. En fin, voceros que garantizan, cuando menos, mantener vivo el debate interno. Otro cuento es que logremos ponernos de acuerdo. En suma, fiscalidad, seguridad y sus instituciones tienen sus respectivos lobistas. Y en democracia eso cuenta mucho, o quizás eso es lo que cuenta.
Pero ¿qué pasa con el tema agrario, y con el desarrollo rural en un sentido más amplio? ¿Quién lo está atendiendo? ¿Tenemos masa crítica para reflexionarlo seriamente o estamos todavía en la fase de grupitos inconexos de presión o de choque? Tengo la impresión que en dicha arena no hay abanderados todavía. O por lo menos no los suficientes como para posicionar una agenda básica en el imaginario de la población y del gobierno mismo.
Un panorama así no hace más que condenar a la invisibilidad mediática a la mitad de nuestra población y con ello mantenerlos fuera de alcance del poco músculo que tiene nuestro Estado. Y no es porque sean una minoría despreciable. Son, entre otras cosas, el 70% de nuestros pobres. Por otra parte, como dice Fuentes, el sector agrícola es quizás el más intensivo en mano de obra y paradójicamente el que menos se ha beneficiado de nuestra tímida red de protección social.
Si el ex ministro está en lo correcto, es decir, si la agenda del campo – lo agrario, lo rural – está supeditada a lo fiscal, y con ello cuasi condenada a ser un tema de tercera o cuarta categoría, bien valdría la pena preguntarnos si no vale la pena tratar de revertir ese tratamiento tan pasivo que le damos a los temas del campo. Dejarlos en la periferia de la economía e instituciones formales del desarrollo los pone de facto en el centro de la economía sumergida, las instituciones ilegales y la vulnerabilidad.
En el mejor de los casos prolongaremos el esquema de Guatemalas múltiples e inconexas. En el peor escenario, contribuimos tácitamente a inducir reacciones violentas en demanda de oportunidades económicas y espacios de participación política. A nuestro campo le urgen lobistas que empujen su agenda y la eleven a categoría de prioridad nacional.
Prensa Libre, 1 de septiembre de 2011.
Leí hace unos días la entrevista que hizo Enrique Naveda en Plaza Pública a Juan Alberto Fuentes Knight, ex ministro de Finanzas Públicas, quien justamente hoy estará presentando su libro “Rendición de cuentas”. Un texto que seguramente va a despertar mucha discusión, no solamente por lo reciente de la experiencia allí consignada, sino además porque el momento electoral es campo fértil para este tipo de discusiones entre la clase política e intelectual de la sociedad guatemalteca.
Quiero rescatar una idea solamente de esa entrevista, haciendo la salvedad que aún no he leído el libro. Simplemente basado en la transcripción del diálogo Naveda-Fuentes. Es la siguiente: a partir de un comentario de Edelberto Torres Rivas sobre la importancia de la reforma fiscal y su carácter más revolucionario y de mayor importancia que la misma reforma agraria , Fuentes Knight reflexiona y señala tres problemas estructurales de Guatemala. Tres nudos ciegos que históricamente han trabado discusiones (¡y hasta balazos y muertos!) entre los guatemaltecos: la reforma agraria, el papel del ejército, y la reforma fiscal. En el lenguaje de Rodrick, los tres temas constituyen restricciones a un crecimiento económico elevado y sostenido en el país.
Sin embargo también lanza otra hipótesis, casi fulminante para uno de los tres grandes problemas, cuando deja entrever que el tema de la reforma agraria ha quedado relegado por la historia y la evolución del a estructura económica nacional. La aseveración que mejor lo ejemplifica en la entrevista es cuando dice (sic) “(…) el sector agrícola es cierto que todavía tiene la mayor proporción de personas que trabajan ahí, pero aunque se distribuyera toda la tierra entre esas personas ya no alcanzaría. Entonces, sin que deje de justificarse alguna redistribución de tierra ya no es algo tan importante como antes en el sentido de que antes podía ser un aporte decisivo para el desarrollo del país.”
Trato de decodificar el mensaje. Por un lado, lo fiscal y el rol del ejército encuentran hoy, nos guste o no, condiciones históricas favorables, cuñas, en el plano internacional. La crisis económica mundial y la de seguridad que vive Mesoamérica han puesto ambos temas en el radar de todos. Pero además a nivel local hay ya una cierta masa crítica de guatemaltecas y guatemaltecos que construyen hipótesis, investigan, hacen gobierno por un rato y oposición otro rato, que generan opinión escribiendo en prensa y educando en las aulas. En fin, voceros que garantizan, cuando menos, mantener vivo el debate interno. Otro cuento es que logremos ponernos de acuerdo. En suma, fiscalidad, seguridad y sus instituciones tienen sus respectivos lobistas. Y en democracia eso cuenta mucho, o quizás eso es lo que cuenta.
Pero ¿qué pasa con el tema agrario, y con el desarrollo rural en un sentido más amplio? ¿Quién lo está atendiendo? ¿Tenemos masa crítica para reflexionarlo seriamente o estamos todavía en la fase de grupitos inconexos de presión o de choque? Tengo la impresión que en dicha arena no hay abanderados todavía. O por lo menos no los suficientes como para posicionar una agenda básica en el imaginario de la población y del gobierno mismo.
Un panorama así no hace más que condenar a la invisibilidad mediática a la mitad de nuestra población y con ello mantenerlos fuera de alcance del poco músculo que tiene nuestro Estado. Y no es porque sean una minoría despreciable. Son, entre otras cosas, el 70% de nuestros pobres. Por otra parte, como dice Fuentes, el sector agrícola es quizás el más intensivo en mano de obra y paradójicamente el que menos se ha beneficiado de nuestra tímida red de protección social.
Si el ex ministro está en lo correcto, es decir, si la agenda del campo – lo agrario, lo rural – está supeditada a lo fiscal, y con ello cuasi condenada a ser un tema de tercera o cuarta categoría, bien valdría la pena preguntarnos si no vale la pena tratar de revertir ese tratamiento tan pasivo que le damos a los temas del campo. Dejarlos en la periferia de la economía e instituciones formales del desarrollo los pone de facto en el centro de la economía sumergida, las instituciones ilegales y la vulnerabilidad.
En el mejor de los casos prolongaremos el esquema de Guatemalas múltiples e inconexas. En el peor escenario, contribuimos tácitamente a inducir reacciones violentas en demanda de oportunidades económicas y espacios de participación política. A nuestro campo le urgen lobistas que empujen su agenda y la eleven a categoría de prioridad nacional.
Prensa Libre, 1 de septiembre de 2011.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)