“Aún cuando Latinoamérica ofrece perspectivas bastante optimistas para su recuperación, al escarbar un poco más en los datos, salta a la vista una región que se mueve a dos tiempos.”
La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar una presentación realizada por los economistas del BID Santiago Levy, Alejandro Izquierdo y Ernesto Talvi, sobre el nuevo orden global y los desafíos de política económica para Centroamérica. La utilidad de observar los patrones de comportamiento de algunas variables macroeconómicas clave en economías industrializadas y emergentes está en que revelan la manera diferenciada en que la gran recesión de 2008-2009 nos afectó a todos.
Con cerca de ocho años de información estadística, la tendencia en consumo e inversión privadas, exportaciones, importaciones, PBI, ingresos fiscales, gastos primarios, y resultado fiscal, dibuja con regular nitidez dos grupos de países. Por un lado aquellos en los que la mayoría de variables tuvieron una contracción importante y los gastos primarios se expandieron a partir de los programas contracíclicos impulsados por los gobiernos – unos más, otros menos, según el espacio fiscal de cada cual –.
Para dicho conjunto de países el resultado fiscal es un déficit que hoy debe atenderse y comenzar a revertirse para dar sostenibilidad a las finanzas públicas y a las condiciones macroeconómicas en general. El paradigma de este modelo de país son los Estados Unidos y México.
Por otro lado, tenemos el grupo de economías para las cuales consumo e inversión privados no reflejan contracciones significativas, ó si las tuvieron inmediatamente hubo un proceso de recuperación que los puso de vuelta en la trayectoria pre crisis. Es decir, en tales países ni consumidores ni inversionistas se dieron mucha cuenta de la hecatombe que desató Lehman Brothers y compañía. Las exportaciones sí sufrieron, pero la posición fiscal no se deterioró de manera dramática. Los referentes de este segundo modelo son China y Brasil.
Lo interesante es que cuando se analiza al conjunto de países de la región, los autores identifican un grupo bautizado como el clúster mexicano. Este grupo se caracteriza por ser importadores netos de commodities, con una alta exposición a lo que suceda con las exportaciones de bienes y servicios en países industrializados así como a las remesas que mandan los migrantes en dichos países. Allí se ubica el istmo centroamericano, República Dominicana, y varios países del Caribe.
En contraposición estaría el clúster brasileño, que son economías caracterizadas por ser exportadores netos de commodities y una baja exposición relativa a las exportaciones de países industrializados. En este conjunto se ubican principalmente los países de América del sur.
La gran diferencia entre uno y otro es que, ahora en tiempos de recuperación económica, las perspectivas para uno y otro grupo son muy distintas, sobretodo en términos de crecimiento económico. Para el clúster brasileño las proyecciones son mucho mayores (casi el doble) de las que se adelantan para el clúster mexicano.
Con estos hechos estilizados, puestos en el contexto de la región centroamericana, y tras observar las nuevas tendencias en crecimiento económico y comercio mundial, los autores adelantan tres o cuatro recomendaciones para la gestión macroeconómica de nuestros países en los próximos meses. Entre otras destacan: trabajar en la consolidación de las cuentas fiscales para asegurar una trayectoria de deuda pública que de credibilidad a la gestión macroeconómica, consolidar acuerdos comerciales con economías emergentes dinámicas, remover distorsiones para incrementar la productividad y facilitar la reconversión productiva ante los desafíos del nuevo orden económico global. Una lista de acciones nada sencilla para nuestros gobiernos.
De manera que aún cuando Latinoamérica ofrece perspectivas bastante optimistas para su recuperación, al escarbar un poco más en los datos, salta a la vista una región que se mueve a dos tiempos. Una mitad que se beneficia del alza en precios de commodities y de su comercio diversificado, y otra que sigue bastante atada al destino de lo que suceda en los Estados Unidos y a una estructura productiva que no le permite tomar mayor ventaja de buenos precios en productos primarios. Tenemos pues una región bicéfala.
Prensa libre, 17 de marzo de 2011.
lunes, 21 de marzo de 2011
Comida cara, bienestar en riesgo
“Una de las lecciones que hemos aprendido a sangre y fuego los latinoamericanos en las últimas décadas, es a no trastocar el sistema de precios en una economía.”
Cuando creíamos que por fin estaban superadas algunas de las crisis que nos han golpeado durante los últimos años, nuevamente aparece el fantasma de otra de ellas. Esa que quizás a algunos les pega más duro porque significa la capacidad o incapacidad de poner el sustento necesario sobre la mesa en cada tiempo de comida. Así es, los precios de los alimentos se vuelven a salir de control y entran en una espiral ascendente que ya ha llegado a los niveles más altos desde el pico del 2008.
Algunos incluso especulan que la crisis económica internacional que devino tras la quiebra de Lehman Brothers no fue sino una válvula de escape temporal a la subida de los precios en los alimentos. En otras palabras, de repente hasta estaríamos peor si el mundo no hubiera tenido aquella gran recesión. Hoy se habla de un cambio estructural en el nivel de precios de alimentos – es decir, una subida que será más bien de carácter permanente –, así como de la “primarización” de aquellas economías que se ven favorecidas por tal aumento.
Lo que sí nos dicen los números hoy es que tenemos más o menos 44 millones más de pobres desde junio del 2010 a la fecha. Por supuesto que no todo ha sido desastre. Se piensa que algunos hogares que antes estaban en pobreza han logrado salir de ella porque ahora pueden vender más caro su maíz, trigo, soja, y arroz, y con ello han aumentado sus ingresos lo suficiente como para mejorar traspasar la línea de pobreza. Esos son los que se clasifican como productores netos de alimentos.
Sin embargo, también están aquellos hogares, igualmente pobres, pero que lamentablemente no cuentan con capacidad de producir, sino que al contrario, todo o casi todo cuánto consumen tienen que comprarlo a precios de mercado. Como es de esperar, para este grupo una subida de precios implica un nuevo hoyo en el cincho. Esos son los consumidores netos de alimentos.
A este último grupo no le quedan muchas opciones. Tiene que bajar sus niveles de consumo (que dicho sea de paso ya es bastante precario), ó tiene que bajar la calidad de lo poco que ya consume, ó bien sacrifica lo poco que invierte en educación y salud para cubrir otros rubros más urgentes como darle de comer a los patojos. No hay más alternativas para mitigar la crisis.
Es en momentos como este cuando las redes de protección social, como las transferencias condicionadas en efectivo o cualquier otro programa que atienda a los segmentos más pobres, viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque si los hogares no pueden generar más ingresos propios, o incluso ven mermados los que ya generan, entonces es posible usar estos programas para aumentar de manera temporal las transferencias, y con ello amortiguar de manera temporal la caída de bienestar de aquellos grupos de población que más lo necesitan. Eso fue lo que hizo Brasil al aumentar la transferencia que ya reciben los beneficiarios de Bolsa Familia, para paliar así de forma temporal la subida en precios de alimentos.
Por supuesto que esa es solamente la respuesta de corto plazo. También es necesario iniciar en paralelo una serie de acciones que tiendan a mejorar la capacidad de generación de ingresos de los hogares. En tal sentido, los expertos recomiendan otro menú de medidas de política tales como aumentar la inversión en tecnología para mejorar la productividad del agro, el desarrollo de líneas de crédito contingentes, mejorar el acceso a mercados a pequeños productores a través de infraestructura e información para la toma de decisiones, entre otras.
De igual forma, se recomienda no intentar subsidios a los precios de los alimentos ni tampoco intentar distorsionar el comercio internacional a través de restricciones a las exportaciones de determinados productos. Una de las lecciones que hemos aprendido a sangre y fuego los latinoamericanos en las últimas décadas, es a no trastocar el sistema de precios en una economía. Al contrario, la piedra fundamental para lograr alinear incentivos entre los diferentes agentes económicos es la información que entregan los precios.
En este caso, por doloroso que parezca en el corto plazo, hay que dejar que los precios pasen desde los mercados internacionales hasta los productores, para que así se ajusten expectativas y planes de producción a futuro. En lo que sí deben ser muy firmes y vigilantes las autoridades de gobierno es en prevenir abusos por la vía de la especulación. No se vale que productores y comerciantes faltos de ética se salten las trancas y asusten a la población con el petate del muerto.
Además, es fundamental en coyunturas como la actual, que las autoridades desarrollen buenas estrategias de comunicación a la población. Cuando se habla con la verdad, por dolorosa que parezca, la sociedad lo valora, entiende y apoya. Son pues, momentos difíciles, pero todos podemos aportar nuestro grano de arena.
Prensa Libre, 10 de marzo de 2011.
Cuando creíamos que por fin estaban superadas algunas de las crisis que nos han golpeado durante los últimos años, nuevamente aparece el fantasma de otra de ellas. Esa que quizás a algunos les pega más duro porque significa la capacidad o incapacidad de poner el sustento necesario sobre la mesa en cada tiempo de comida. Así es, los precios de los alimentos se vuelven a salir de control y entran en una espiral ascendente que ya ha llegado a los niveles más altos desde el pico del 2008.
Algunos incluso especulan que la crisis económica internacional que devino tras la quiebra de Lehman Brothers no fue sino una válvula de escape temporal a la subida de los precios en los alimentos. En otras palabras, de repente hasta estaríamos peor si el mundo no hubiera tenido aquella gran recesión. Hoy se habla de un cambio estructural en el nivel de precios de alimentos – es decir, una subida que será más bien de carácter permanente –, así como de la “primarización” de aquellas economías que se ven favorecidas por tal aumento.
Lo que sí nos dicen los números hoy es que tenemos más o menos 44 millones más de pobres desde junio del 2010 a la fecha. Por supuesto que no todo ha sido desastre. Se piensa que algunos hogares que antes estaban en pobreza han logrado salir de ella porque ahora pueden vender más caro su maíz, trigo, soja, y arroz, y con ello han aumentado sus ingresos lo suficiente como para mejorar traspasar la línea de pobreza. Esos son los que se clasifican como productores netos de alimentos.
Sin embargo, también están aquellos hogares, igualmente pobres, pero que lamentablemente no cuentan con capacidad de producir, sino que al contrario, todo o casi todo cuánto consumen tienen que comprarlo a precios de mercado. Como es de esperar, para este grupo una subida de precios implica un nuevo hoyo en el cincho. Esos son los consumidores netos de alimentos.
A este último grupo no le quedan muchas opciones. Tiene que bajar sus niveles de consumo (que dicho sea de paso ya es bastante precario), ó tiene que bajar la calidad de lo poco que ya consume, ó bien sacrifica lo poco que invierte en educación y salud para cubrir otros rubros más urgentes como darle de comer a los patojos. No hay más alternativas para mitigar la crisis.
Es en momentos como este cuando las redes de protección social, como las transferencias condicionadas en efectivo o cualquier otro programa que atienda a los segmentos más pobres, viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque si los hogares no pueden generar más ingresos propios, o incluso ven mermados los que ya generan, entonces es posible usar estos programas para aumentar de manera temporal las transferencias, y con ello amortiguar de manera temporal la caída de bienestar de aquellos grupos de población que más lo necesitan. Eso fue lo que hizo Brasil al aumentar la transferencia que ya reciben los beneficiarios de Bolsa Familia, para paliar así de forma temporal la subida en precios de alimentos.
Por supuesto que esa es solamente la respuesta de corto plazo. También es necesario iniciar en paralelo una serie de acciones que tiendan a mejorar la capacidad de generación de ingresos de los hogares. En tal sentido, los expertos recomiendan otro menú de medidas de política tales como aumentar la inversión en tecnología para mejorar la productividad del agro, el desarrollo de líneas de crédito contingentes, mejorar el acceso a mercados a pequeños productores a través de infraestructura e información para la toma de decisiones, entre otras.
De igual forma, se recomienda no intentar subsidios a los precios de los alimentos ni tampoco intentar distorsionar el comercio internacional a través de restricciones a las exportaciones de determinados productos. Una de las lecciones que hemos aprendido a sangre y fuego los latinoamericanos en las últimas décadas, es a no trastocar el sistema de precios en una economía. Al contrario, la piedra fundamental para lograr alinear incentivos entre los diferentes agentes económicos es la información que entregan los precios.
En este caso, por doloroso que parezca en el corto plazo, hay que dejar que los precios pasen desde los mercados internacionales hasta los productores, para que así se ajusten expectativas y planes de producción a futuro. En lo que sí deben ser muy firmes y vigilantes las autoridades de gobierno es en prevenir abusos por la vía de la especulación. No se vale que productores y comerciantes faltos de ética se salten las trancas y asusten a la población con el petate del muerto.
Además, es fundamental en coyunturas como la actual, que las autoridades desarrollen buenas estrategias de comunicación a la población. Cuando se habla con la verdad, por dolorosa que parezca, la sociedad lo valora, entiende y apoya. Son pues, momentos difíciles, pero todos podemos aportar nuestro grano de arena.
Prensa Libre, 10 de marzo de 2011.
Clientelismo y manipulación
“La gente recibe la lámina, la gorra, el fertilizante ó la remesa. Va al mitin, aplaude, se pone la camiseta y grita. Pero al final del día – y cada vez lo hace menos – ya no transa tan fácilmente su voluntad soberana por cascarones de carnaval.”
Hace unos días leí una columna de opinión de mi amigo y colega economista, Hugo Maúl, titulada “clientelismo y manipulación”. En ella reflexiona y hace sonar algunas alarmas con relación a estrategias clientelistas de gobiernos para tratar de buscar (sic) “el apoyo electoral para tratar de concentrar el poder y eliminar los límites al uso del mismo.”
La provocación de Hugo me parece interesante porque en el fondo interpela el uso del clientelismo como instrumento para impulsar modelos afines al socialismo del siglo XXI. Supongo que es una alusión a un grupo de países latinoamericanos que se han cobijado bajo ese término tan etéreo y confuso, y que de alguna manera han seguido un cierto patrón para irse quedando en el ejercicio del poder. Al final su columna lanza la pregunta: ¿seremos nosotros la excepción?
Como la pregunta fue lanzada a todos, voy a aventurar unas ideas al respecto. Comienzo diciendo que desde mi perspectiva Guatemala no va en esa dirección. Es decir, parafraseando a mi colega, creo que sí somos y podemos seguir siendo la excepción. ¿Por qué creo esto?
Primero, porque la estructura y dinámica de nuestro sistema político es incapaz de engendrar caudillismos del calibre de los que reclama esa nuevo experimento de socialismo. Aunque ciertamente la psiquis política del guatemalteco es más proclive a la personalización que a modelos institucionales para encauzar sus demandas, también es verdad que los caudillismos contemporáneos en este país ya no van demasiado lejos. Poco a poco están mutando hacia ejercicios artificiales, construcciones mediáticas, producto de la ausencia de un sistema de participación política más sólido y estable, sobre el cual se pueda conformar una propuesta programática más allá de lo meramente electorero.
Segundo, si bien es cierto que el clientelismo es una práctica vieja en política, también vemos en Guatemala a un elector que da muestras de mayor madurez. En cada evento electoral va aprendiendo a utilizar mejor el sistema, ese mismo que aún no le resuelve sus necesidades de fondo. Es decir, la gente recibe la lámina, la gorra, el fertilizante ó la remesa. Va al mitin, aplaude, se pone la camiseta y grita. Pero al final del día – y cada vez lo hace menos – ya no transa tan fácilmente su voluntad soberana por cascarones de carnaval. El proceso de discriminación de opciones electoreras es cada vez más complejo, y hoy va más allá de la grotesca dádiva manipuladora.
Tercero, Guatemala difícilmente caerá en ese socialismo del siglo XXI porque no tiene los interlocutores ni operadores locales para poder implementarlo. Somos una sociedad conservadora aún, con una clase política que históricamente ha sido incapaz de articular una propuesta progresista viable y coherente, con posibilidad real de tomar el poder, no digamos una opción más radical. Con esfuerzo hemos tenido efímeros alumbrones en algunos espacios muy puntuales de la acción pública.
Finalmente, debo decir que en la reflexión que hace Hugo sí me parece importante el llamado a no prostituir ni contaminar más de lo necesario la batería de instrumentos de política para atender a grupos vulnerables ó rezagados. De igual forma es fundamental estar vigilantes de no trastocar ciertos fundamentos básicos del funcionamiento de nuestra democracia. Cualquiera de ambas cosas sería un gran retroceso para la transformación institucional y fortalecimiento del Estado guatemalteco.
Lo que necesitamos es airear y profundizar aún más el debate. Trascender la opción política que se haga del poder en cada ciclo. Llevar discusión verdadera a distintos foros, y procurar que sea amplia y lo más plural posible, en vez de seguir dándonos misa entre curas. Claudicar en esta responsabilidad ciudadana sería como tirar el agua sucia con el niño adentro.
Prensa Libre, 3 de marzo de 2011.
Hace unos días leí una columna de opinión de mi amigo y colega economista, Hugo Maúl, titulada “clientelismo y manipulación”. En ella reflexiona y hace sonar algunas alarmas con relación a estrategias clientelistas de gobiernos para tratar de buscar (sic) “el apoyo electoral para tratar de concentrar el poder y eliminar los límites al uso del mismo.”
La provocación de Hugo me parece interesante porque en el fondo interpela el uso del clientelismo como instrumento para impulsar modelos afines al socialismo del siglo XXI. Supongo que es una alusión a un grupo de países latinoamericanos que se han cobijado bajo ese término tan etéreo y confuso, y que de alguna manera han seguido un cierto patrón para irse quedando en el ejercicio del poder. Al final su columna lanza la pregunta: ¿seremos nosotros la excepción?
Como la pregunta fue lanzada a todos, voy a aventurar unas ideas al respecto. Comienzo diciendo que desde mi perspectiva Guatemala no va en esa dirección. Es decir, parafraseando a mi colega, creo que sí somos y podemos seguir siendo la excepción. ¿Por qué creo esto?
Primero, porque la estructura y dinámica de nuestro sistema político es incapaz de engendrar caudillismos del calibre de los que reclama esa nuevo experimento de socialismo. Aunque ciertamente la psiquis política del guatemalteco es más proclive a la personalización que a modelos institucionales para encauzar sus demandas, también es verdad que los caudillismos contemporáneos en este país ya no van demasiado lejos. Poco a poco están mutando hacia ejercicios artificiales, construcciones mediáticas, producto de la ausencia de un sistema de participación política más sólido y estable, sobre el cual se pueda conformar una propuesta programática más allá de lo meramente electorero.
Segundo, si bien es cierto que el clientelismo es una práctica vieja en política, también vemos en Guatemala a un elector que da muestras de mayor madurez. En cada evento electoral va aprendiendo a utilizar mejor el sistema, ese mismo que aún no le resuelve sus necesidades de fondo. Es decir, la gente recibe la lámina, la gorra, el fertilizante ó la remesa. Va al mitin, aplaude, se pone la camiseta y grita. Pero al final del día – y cada vez lo hace menos – ya no transa tan fácilmente su voluntad soberana por cascarones de carnaval. El proceso de discriminación de opciones electoreras es cada vez más complejo, y hoy va más allá de la grotesca dádiva manipuladora.
Tercero, Guatemala difícilmente caerá en ese socialismo del siglo XXI porque no tiene los interlocutores ni operadores locales para poder implementarlo. Somos una sociedad conservadora aún, con una clase política que históricamente ha sido incapaz de articular una propuesta progresista viable y coherente, con posibilidad real de tomar el poder, no digamos una opción más radical. Con esfuerzo hemos tenido efímeros alumbrones en algunos espacios muy puntuales de la acción pública.
Finalmente, debo decir que en la reflexión que hace Hugo sí me parece importante el llamado a no prostituir ni contaminar más de lo necesario la batería de instrumentos de política para atender a grupos vulnerables ó rezagados. De igual forma es fundamental estar vigilantes de no trastocar ciertos fundamentos básicos del funcionamiento de nuestra democracia. Cualquiera de ambas cosas sería un gran retroceso para la transformación institucional y fortalecimiento del Estado guatemalteco.
Lo que necesitamos es airear y profundizar aún más el debate. Trascender la opción política que se haga del poder en cada ciclo. Llevar discusión verdadera a distintos foros, y procurar que sea amplia y lo más plural posible, en vez de seguir dándonos misa entre curas. Claudicar en esta responsabilidad ciudadana sería como tirar el agua sucia con el niño adentro.
Prensa Libre, 3 de marzo de 2011.
Cohesión Social 2.0
“La política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.”
En los últimos dos días han salido dos noticias dignas de comentarse por su valor ilustrativo, tanto del pensamiento de nuestra clase política como de la psiquis del ciudadano de a pie. La primera fue una nota de Prensa Libre del pasado viernes 18 de febrero, cuyo titular fue “PP planea usar a cadetes en Academia de la policía”. A propósito de las filtraciones de Wikileaks nos enteramos de una de las acciones que planea impulsar el partido Patriota en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, la segunda parte de la nota también nos daba otra noticia, quizás más importante, al comentar que Pérez Molina (sic) “mantendrá los programas de asistencia incluidos en Cohesión Social, pero con elementos adicionales de transparencia y rendición de cuentas”.
La segunda apareció el martes recién pasado en elPeriódico, bajo el título “Programas de Cohesión Social, bien calificados; seguridad y carreteras, mal vistos”. En ella se resumen los principales resultados de una encuesta encargada por dicho medio de comunicación a la firma Borge y Asociados. Resulta que el 68% de los consultados califica bien el programa Mi Familia Progresa, un 75% piensa igual de los comedores solidarios, y un 69% se expresa en favor de las bolsas solidarias (bolsas de alimentos). Por su parte, los programas de salud son bien vistos por un 48.5% de la población y los de educación por un 66%.
Ambas noticias son muy sugerentes por varias razones. En primer lugar, porque vemos al principal candidato de oposición reconocer los méritos del esfuerzo más visible y consistente que ha tenido la administración Colom: la batería de programas para protección social.
No es descabellado entonces suponer que difícilmente alguno de los aspirantes a la presidencia tendrá la intención de desmontar esta proto-red de protección a grupos vulnerables. Ciertamente no lo va a hacer el partido oficial pues es la madre de la criatura, y por lo visto tampoco lo harán sus principales contendientes políticos.
En segundo lugar, queda claro que la estrategia política que siguió el actual gobierno para la implementación de dichos programas dio resultado. En una frenética carrera contra reloj le apostaron a la cobertura, como factor que haría irreversibles dichas intervenciones – o cuando menos una buena parte de ellas –. Hoy son casi un “entitlement” en poblaciones tradicionalmente sub-atendidas por el Estado, algo que la clase política y la oferta electoral no podrán obviar.
En ese sentido, recuerdo muy bien la desazón que tuvimos muchos en el 2008 cuando las autoridades entrantes optaron por desmantelar el programa Creciendo Bien, también impulsado por la primera dama de aquel entonces. La lección que podemos sacar de una y otra experiencia es que la política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.
En tercer lugar, vemos a una ciudadanía que sabe reconocer la importancia de programas y proyectos gubernamentales para atender a las poblaciones más vulnerables. Cosa no menor en una sociedad poco acostumbrada a atender desde lo público sus problemas más acuciantes, y en donde el imaginario estatal está siempre en entredicho. Es decir, el ciudadano no solamente sabe valorar sus necesidades individuales, sino que también es capaz de ver, de palpar, y de opinar sobre el potencial de un Estado que dio un par de pasos tímidos hacia la progresividad, la inclusión y la equidad.
Si este esfuerzo se logra mantener en el tiempo, es posible que hayamos ya sentado las bases para la reconstrucción de un sistema de protección social. Uno que vaya más acorde con el perfil de las condiciones de vida de la mayoría de nuestra población.
Por supuesto que estas dos señales que nos dan la clase política y la opinión popular no eximen en modo alguno la necesidad de seguir perfeccionando el diseño y la ejecución de la política social en Guatemala. Simplemente están mandando un mensaje de reconocimiento hacia intervenciones que van en la dirección correcta.
PS. Aprovecho dos líneas más para congratularme por el nacimiento del periódico digital Plaza Pública. Uno de los grandes logros de nuestra democracia es ir consolidando espacios de expresión plural del pensamiento. Conquista nada fácil, pues bien sabemos que hemos tenido nuestro par de arranques de creatividad despótica y autoritaria en los últimos 25 años de vida democrática. ¡Adelante amigos de Plaza Pública!
Prensa Libre, 24 de febrero de 2011.
En los últimos dos días han salido dos noticias dignas de comentarse por su valor ilustrativo, tanto del pensamiento de nuestra clase política como de la psiquis del ciudadano de a pie. La primera fue una nota de Prensa Libre del pasado viernes 18 de febrero, cuyo titular fue “PP planea usar a cadetes en Academia de la policía”. A propósito de las filtraciones de Wikileaks nos enteramos de una de las acciones que planea impulsar el partido Patriota en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, la segunda parte de la nota también nos daba otra noticia, quizás más importante, al comentar que Pérez Molina (sic) “mantendrá los programas de asistencia incluidos en Cohesión Social, pero con elementos adicionales de transparencia y rendición de cuentas”.
La segunda apareció el martes recién pasado en elPeriódico, bajo el título “Programas de Cohesión Social, bien calificados; seguridad y carreteras, mal vistos”. En ella se resumen los principales resultados de una encuesta encargada por dicho medio de comunicación a la firma Borge y Asociados. Resulta que el 68% de los consultados califica bien el programa Mi Familia Progresa, un 75% piensa igual de los comedores solidarios, y un 69% se expresa en favor de las bolsas solidarias (bolsas de alimentos). Por su parte, los programas de salud son bien vistos por un 48.5% de la población y los de educación por un 66%.
Ambas noticias son muy sugerentes por varias razones. En primer lugar, porque vemos al principal candidato de oposición reconocer los méritos del esfuerzo más visible y consistente que ha tenido la administración Colom: la batería de programas para protección social.
No es descabellado entonces suponer que difícilmente alguno de los aspirantes a la presidencia tendrá la intención de desmontar esta proto-red de protección a grupos vulnerables. Ciertamente no lo va a hacer el partido oficial pues es la madre de la criatura, y por lo visto tampoco lo harán sus principales contendientes políticos.
En segundo lugar, queda claro que la estrategia política que siguió el actual gobierno para la implementación de dichos programas dio resultado. En una frenética carrera contra reloj le apostaron a la cobertura, como factor que haría irreversibles dichas intervenciones – o cuando menos una buena parte de ellas –. Hoy son casi un “entitlement” en poblaciones tradicionalmente sub-atendidas por el Estado, algo que la clase política y la oferta electoral no podrán obviar.
En ese sentido, recuerdo muy bien la desazón que tuvimos muchos en el 2008 cuando las autoridades entrantes optaron por desmantelar el programa Creciendo Bien, también impulsado por la primera dama de aquel entonces. La lección que podemos sacar de una y otra experiencia es que la política pública en Guatemala no tiene color partidario ni ideológico. Más bien está regida por un pragmatismo fulminante: si funciona y si el costo político de desmantelarla es muy alto, entonces se mantiene. Si no es así, corre el riesgo de perecer al final de su ciclo.
En tercer lugar, vemos a una ciudadanía que sabe reconocer la importancia de programas y proyectos gubernamentales para atender a las poblaciones más vulnerables. Cosa no menor en una sociedad poco acostumbrada a atender desde lo público sus problemas más acuciantes, y en donde el imaginario estatal está siempre en entredicho. Es decir, el ciudadano no solamente sabe valorar sus necesidades individuales, sino que también es capaz de ver, de palpar, y de opinar sobre el potencial de un Estado que dio un par de pasos tímidos hacia la progresividad, la inclusión y la equidad.
Si este esfuerzo se logra mantener en el tiempo, es posible que hayamos ya sentado las bases para la reconstrucción de un sistema de protección social. Uno que vaya más acorde con el perfil de las condiciones de vida de la mayoría de nuestra población.
Por supuesto que estas dos señales que nos dan la clase política y la opinión popular no eximen en modo alguno la necesidad de seguir perfeccionando el diseño y la ejecución de la política social en Guatemala. Simplemente están mandando un mensaje de reconocimiento hacia intervenciones que van en la dirección correcta.
PS. Aprovecho dos líneas más para congratularme por el nacimiento del periódico digital Plaza Pública. Uno de los grandes logros de nuestra democracia es ir consolidando espacios de expresión plural del pensamiento. Conquista nada fácil, pues bien sabemos que hemos tenido nuestro par de arranques de creatividad despótica y autoritaria en los últimos 25 años de vida democrática. ¡Adelante amigos de Plaza Pública!
Prensa Libre, 24 de febrero de 2011.
jueves, 17 de febrero de 2011
El hilo rojo de Washington
“Cualesquiera sean los motivos para haber seleccionado estos países, parece que Washington tiene un nuevo hilo rojo para su relacionamiento con la región: estabilidad y seguridad.”
¿Qué pueden tener en común tres países tan disímiles como El Salvador, Chile y Brasil? Uno es un país pequeño, con un proceso de transición democrática y pacificación que no ha sido fácil. Que actualmente vive un ejercicio histórico de alternancia real y formal en la conducción política del gobierno, lo cual ya da para mantenerse entretenido por varios años. Pero además, es un país ubicado en una región expulsora neta de personas, y que cada vez más se constituye en un hub de la droga y el crimen organizado.
Al sur está Chile, un país con aura muy positiva de estabilidad, institucionalidad, alternancia en el poder, manejo prudente de sus recursos naturales y una tradición establecida de buena gestión macroeconómica. Que está por ingresar al club de los países desarrollados, y que a la fecha no ha dado muestras de tener aspiraciones de ejercer un liderazgo mundial.
Y finalmente Brasil, un peso pesado en la arena económica y geopolítica, no solamente en la región sino en el mundo entero. Reserva global de recursos naturales y ahora generador importante de tecnología e innovación. País al que le hacía falta anclar su gestión macroeconómica para poder darse la estabilidad y capacidad de atender una compleja agenda de desarrollo social. Algo que han logrado en la última década y de lo que ya comienzan a beneficiarse.
Estas tres naciones serán destino del viaje que haga el presidente Obama a América Latina durante el mes de marzo. Y por supuesto, ya circulan análisis y opiniones, no solamente sobre el mensaje que con tal selección quiere dar el gobierno de los Estados Unidos, sino respcto a los temas que definen este momento la relación de aquel país con nuestra región.
El Diálogo Interamericano preguntó a cuatro latinoamericanos cuáles podrían ser los temas que dominarían la agenda en las visitas de Obama a los países. Los cuatro entrevistados fueron Francisco Altschul, Embajador del El Salvador en Washington; Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano; Sergio Bitar, ex ministro de varias carteras en Chile – educación, minería, y de obras públicas –; y Joaquín Villalobos, ex comandante del FMLN y actualmente consultor político. El artículo puede encontrarlo en: http://www.thedialogue.org/uploads/LAA/Daily/2011/LAA110211.pdf.
Altschul, identifica cinco grandes temas para el encuentro con el presidente salvadoreño: combate a la pobreza y desigualdad, seguridad regional, inmigración, cambio climático y relaciones económicas. Hakim ve en la visita a Brasil fundamentalmente un esfuerzo por fortalecer alianzas con un actor que hoy ya puja por un espacio en esferas de decisión mundial, en un contexto en el que es importante para los Estados Unidos consolidar una visión compartida de seguridad global.
Bitar apunta señala más bien hacia la necesidad de elevar el rango de la región en las discusiones con Washington, superando una visión paternalista. Es decir, reenfocando la relación de manera más horizontal, en donde América Latina tenga voz y voto en la construcción de soluciones hemisféricas y globales.
Finalmente, Villalobos lanza una provocación interesante al decir que los países elegidos responden a un reconocimiento al centrismo político en la región como factor determinante para el desarrollo. Su planteamiento reconoce además que los recursos naturales, ayuda externa o acuerdos comerciales no son tan efectivos como la madurez política.
Cualequiera sean los motivos para haber seleccionado estos países, parece que Washington tiene un nuevo hilo rojo para su relacionamiento con la región: estabilidad y seguridad. Mientras que el caso salvadoreño representa la prioridad que de ahora en adelante tendrá la agenda regional (centroamericana) de seguridad, en el caso de Brasil puede verse la necesidad de apuntalar alianzas con jugadores globales en un esfuerzo por desactivar posibles focos de inestabilidad en otras regiones del planeta. Chile, por su parte, se afianza como un socio estratégico de cooperación hemisférica – norte-sur y sur-sur –, así como un referente de estabilidad y desarrollo con visión de mediano y largo plazo.
Seguridad y estabilidad son prioritarias, es verdad. En algunos casos han adquirido ya un carácter de urgencia o pre-condición para poder ejecutar cualquier otra agenda de desarrollo. Para Centro América, dado el peso específico que los Estados Unidos tienen, habrá que procurar que no desaparezcan del radar el desarrollo social y las relaciones comerciales. Son dos áreas estratégicas, en las cuales ya hemos logrado avances importantes que no deben descuidarse.
Prensa Libre, 17 de febrero de 2011.
¿Qué pueden tener en común tres países tan disímiles como El Salvador, Chile y Brasil? Uno es un país pequeño, con un proceso de transición democrática y pacificación que no ha sido fácil. Que actualmente vive un ejercicio histórico de alternancia real y formal en la conducción política del gobierno, lo cual ya da para mantenerse entretenido por varios años. Pero además, es un país ubicado en una región expulsora neta de personas, y que cada vez más se constituye en un hub de la droga y el crimen organizado.
Al sur está Chile, un país con aura muy positiva de estabilidad, institucionalidad, alternancia en el poder, manejo prudente de sus recursos naturales y una tradición establecida de buena gestión macroeconómica. Que está por ingresar al club de los países desarrollados, y que a la fecha no ha dado muestras de tener aspiraciones de ejercer un liderazgo mundial.
Y finalmente Brasil, un peso pesado en la arena económica y geopolítica, no solamente en la región sino en el mundo entero. Reserva global de recursos naturales y ahora generador importante de tecnología e innovación. País al que le hacía falta anclar su gestión macroeconómica para poder darse la estabilidad y capacidad de atender una compleja agenda de desarrollo social. Algo que han logrado en la última década y de lo que ya comienzan a beneficiarse.
Estas tres naciones serán destino del viaje que haga el presidente Obama a América Latina durante el mes de marzo. Y por supuesto, ya circulan análisis y opiniones, no solamente sobre el mensaje que con tal selección quiere dar el gobierno de los Estados Unidos, sino respcto a los temas que definen este momento la relación de aquel país con nuestra región.
El Diálogo Interamericano preguntó a cuatro latinoamericanos cuáles podrían ser los temas que dominarían la agenda en las visitas de Obama a los países. Los cuatro entrevistados fueron Francisco Altschul, Embajador del El Salvador en Washington; Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano; Sergio Bitar, ex ministro de varias carteras en Chile – educación, minería, y de obras públicas –; y Joaquín Villalobos, ex comandante del FMLN y actualmente consultor político. El artículo puede encontrarlo en: http://www.thedialogue.org/uploads/LAA/Daily/2011/LAA110211.pdf.
Altschul, identifica cinco grandes temas para el encuentro con el presidente salvadoreño: combate a la pobreza y desigualdad, seguridad regional, inmigración, cambio climático y relaciones económicas. Hakim ve en la visita a Brasil fundamentalmente un esfuerzo por fortalecer alianzas con un actor que hoy ya puja por un espacio en esferas de decisión mundial, en un contexto en el que es importante para los Estados Unidos consolidar una visión compartida de seguridad global.
Bitar apunta señala más bien hacia la necesidad de elevar el rango de la región en las discusiones con Washington, superando una visión paternalista. Es decir, reenfocando la relación de manera más horizontal, en donde América Latina tenga voz y voto en la construcción de soluciones hemisféricas y globales.
Finalmente, Villalobos lanza una provocación interesante al decir que los países elegidos responden a un reconocimiento al centrismo político en la región como factor determinante para el desarrollo. Su planteamiento reconoce además que los recursos naturales, ayuda externa o acuerdos comerciales no son tan efectivos como la madurez política.
Cualequiera sean los motivos para haber seleccionado estos países, parece que Washington tiene un nuevo hilo rojo para su relacionamiento con la región: estabilidad y seguridad. Mientras que el caso salvadoreño representa la prioridad que de ahora en adelante tendrá la agenda regional (centroamericana) de seguridad, en el caso de Brasil puede verse la necesidad de apuntalar alianzas con jugadores globales en un esfuerzo por desactivar posibles focos de inestabilidad en otras regiones del planeta. Chile, por su parte, se afianza como un socio estratégico de cooperación hemisférica – norte-sur y sur-sur –, así como un referente de estabilidad y desarrollo con visión de mediano y largo plazo.
Seguridad y estabilidad son prioritarias, es verdad. En algunos casos han adquirido ya un carácter de urgencia o pre-condición para poder ejecutar cualquier otra agenda de desarrollo. Para Centro América, dado el peso específico que los Estados Unidos tienen, habrá que procurar que no desaparezcan del radar el desarrollo social y las relaciones comerciales. Son dos áreas estratégicas, en las cuales ya hemos logrado avances importantes que no deben descuidarse.
Prensa Libre, 17 de febrero de 2011.
jueves, 10 de febrero de 2011
Un Estado huérfano
“Tenemos pues un Estado huérfano. Un Estado del cual sus élites hablan con cólera, a veces hasta con desprecio, o bien haciendo una apología igualmente irreal.”
Siempre me he preguntado por qué nos cuesta tanto lograr acuerdos mínimos en torno al Estado. ¿Por qué? Si el Estado guatemalteco ni siquiera es de un tamaño significativo, como sí lo son los Estados europeos, el norteamericano, o incluso algunos países en América Latina.
Históricamente tampoco es que nuestro Estado haya tenido grandes épocas doradas, de las cuales por una mala decisión hubiéramos salido, y a la que todos quisiéramos volver lo antes posible. Al contrario. Más bien hay períodos que quisiéramos como borrar de la memoria colectiva, ó que cuando menos se transformaran en simples pesadillas.
Por lo general, cuando se habla del Estado guatemalteco es como tratar de atrapar un fantasma, un espectro, una ilusión. Un imaginario inconcluso, generalmente teñido por la miopía que nos da la clase social en donde nacimos.
Para unos, el Estado no existe porque en términos prácticos no les ha llegado nunca. Es más, si quieren verlo tienen que dejar el campo, tomar la camioneta extraurbana y venirse a malvivir a la capital. En ese trayecto comienza a aparecer un poquito en los carriles de asfalto de la CA-9, y ya por Chimaltenango el paso a desnivel en construcción le da un toque de inacabada modernidad.
Pero al llegar a la jungla de concreto, en la terminal de la zona 4, sin proponérselo, el ciudadano rural se da cuenta que el Estado guatemalteco tampoco es sinónimo de un cambio cualitativo en su nivel de vida, sino más bien una fuente lánguida de servicios de sobrevivencia: el retén de la policía, la periférica del IGSS, la escuela pública, el picop con camper de los bomberos.
Y si se quedan por allá en provincia, el rostro estatal es de rasgos más sencillos aún. Uno que otro programa público – de volátil continuidad después de los tres o cuatro años de turno – como el saco de fertilizantes, microcréditos, transferencias en efectivo, o alimentación escolar. (Eso sí, siempre que su comunidad haya caído dentro de las favorecidas por el sistema de focalización, porque los recursos nunca alcanzan.)
Para el otro extremo de la distribución la historia tampoco es muy distinta. La cara más visible del Estado es la planilla del IGSS, del IVA o del ISR – siempre vistas como barrilitos sin fondo, porque a cambio de eso no reciben mayor cosa – ó el Ministro, el Presidente, o el Secretario de turno, a quienes se tiene regular acceso, pero que siempre son vistos como producto lácteo: con fecha pronta de expiración. Y por tanto, mientras más se acerca el último día más es la desconfianza.
En el medio queda una esmirriada clase media. Esa que idealmente debiera ser una mayoría pero que aquí no lo es. Un grupito de hogares que generalmente hace uso del Estado porque no tiene opción. Si la tuviera, seguramente pagaría por cada uno de los servicios públicos.
Tenemos pues un Estado huérfano. Para unos no existe y para otros sobra. Un Estado del cual sus élites hablan con cólera, a veces hasta con desprecio, y cuando no, en pocos y contados casos, lo hacen con apologías igualmente irreales. En toda esa distorsión reside la dificultad de hacer avanzar reformas y modernización de lo público.
Nuestra relación con el Estado es entonces como la de esos padres e hijos que se reclaman mutuamente el abandono de años, pero que a la vez buscan continuamente una cercanía que no llega por ninguna parte. Tal vez la razón sea que el Estado guatemalteco no fue concebido para aglutinar, sino más bien para mantener una relación distante y fría con su sociedad.
Una distancia que, a la postre, se traduce en una fuerza centrífuga que expulsa a esas mismas élites que podrían conducirlo. Pero que también catapulta a las masas. La gran ironía de esta difícil relación con nuestro Estado es que, sin excepción, todos los que deciden salir de Guatemala, de forma temporal o permanente – sean intelectuales, empresarios, artistas, profesionales ó mojados –, buscan refugio en sociedades con Estados mucho más fuertes y presentes en la vida del ciudadano. Es más, ¡hasta aprenden a usarlo, cuidarlo y valorarlo!
Vivimos pues en una sociedad que en su gran mayoría da la espalda al Estado. Lo niega y reniega. Simplemente porque nació y aprendió a vivir sin él, ó peor aún, a desconfiar de él. Lo que ya debiéramos saber es que esa no es una estrategia que nos va a sacar del atraso.
Prensa Libre, 10 de febrero de 2011.
Siempre me he preguntado por qué nos cuesta tanto lograr acuerdos mínimos en torno al Estado. ¿Por qué? Si el Estado guatemalteco ni siquiera es de un tamaño significativo, como sí lo son los Estados europeos, el norteamericano, o incluso algunos países en América Latina.
Históricamente tampoco es que nuestro Estado haya tenido grandes épocas doradas, de las cuales por una mala decisión hubiéramos salido, y a la que todos quisiéramos volver lo antes posible. Al contrario. Más bien hay períodos que quisiéramos como borrar de la memoria colectiva, ó que cuando menos se transformaran en simples pesadillas.
Por lo general, cuando se habla del Estado guatemalteco es como tratar de atrapar un fantasma, un espectro, una ilusión. Un imaginario inconcluso, generalmente teñido por la miopía que nos da la clase social en donde nacimos.
Para unos, el Estado no existe porque en términos prácticos no les ha llegado nunca. Es más, si quieren verlo tienen que dejar el campo, tomar la camioneta extraurbana y venirse a malvivir a la capital. En ese trayecto comienza a aparecer un poquito en los carriles de asfalto de la CA-9, y ya por Chimaltenango el paso a desnivel en construcción le da un toque de inacabada modernidad.
Pero al llegar a la jungla de concreto, en la terminal de la zona 4, sin proponérselo, el ciudadano rural se da cuenta que el Estado guatemalteco tampoco es sinónimo de un cambio cualitativo en su nivel de vida, sino más bien una fuente lánguida de servicios de sobrevivencia: el retén de la policía, la periférica del IGSS, la escuela pública, el picop con camper de los bomberos.
Y si se quedan por allá en provincia, el rostro estatal es de rasgos más sencillos aún. Uno que otro programa público – de volátil continuidad después de los tres o cuatro años de turno – como el saco de fertilizantes, microcréditos, transferencias en efectivo, o alimentación escolar. (Eso sí, siempre que su comunidad haya caído dentro de las favorecidas por el sistema de focalización, porque los recursos nunca alcanzan.)
Para el otro extremo de la distribución la historia tampoco es muy distinta. La cara más visible del Estado es la planilla del IGSS, del IVA o del ISR – siempre vistas como barrilitos sin fondo, porque a cambio de eso no reciben mayor cosa – ó el Ministro, el Presidente, o el Secretario de turno, a quienes se tiene regular acceso, pero que siempre son vistos como producto lácteo: con fecha pronta de expiración. Y por tanto, mientras más se acerca el último día más es la desconfianza.
En el medio queda una esmirriada clase media. Esa que idealmente debiera ser una mayoría pero que aquí no lo es. Un grupito de hogares que generalmente hace uso del Estado porque no tiene opción. Si la tuviera, seguramente pagaría por cada uno de los servicios públicos.
Tenemos pues un Estado huérfano. Para unos no existe y para otros sobra. Un Estado del cual sus élites hablan con cólera, a veces hasta con desprecio, y cuando no, en pocos y contados casos, lo hacen con apologías igualmente irreales. En toda esa distorsión reside la dificultad de hacer avanzar reformas y modernización de lo público.
Nuestra relación con el Estado es entonces como la de esos padres e hijos que se reclaman mutuamente el abandono de años, pero que a la vez buscan continuamente una cercanía que no llega por ninguna parte. Tal vez la razón sea que el Estado guatemalteco no fue concebido para aglutinar, sino más bien para mantener una relación distante y fría con su sociedad.
Una distancia que, a la postre, se traduce en una fuerza centrífuga que expulsa a esas mismas élites que podrían conducirlo. Pero que también catapulta a las masas. La gran ironía de esta difícil relación con nuestro Estado es que, sin excepción, todos los que deciden salir de Guatemala, de forma temporal o permanente – sean intelectuales, empresarios, artistas, profesionales ó mojados –, buscan refugio en sociedades con Estados mucho más fuertes y presentes en la vida del ciudadano. Es más, ¡hasta aprenden a usarlo, cuidarlo y valorarlo!
Vivimos pues en una sociedad que en su gran mayoría da la espalda al Estado. Lo niega y reniega. Simplemente porque nació y aprendió a vivir sin él, ó peor aún, a desconfiar de él. Lo que ya debiéramos saber es que esa no es una estrategia que nos va a sacar del atraso.
Prensa Libre, 10 de febrero de 2011.
jueves, 3 de febrero de 2011
Tres espacios de diálogo nacional
“¿Por qué no aprovechar esa cierta efervescencia que viene con las elecciones, en donde nos ponemos todos en un estado de ánimo prospectivo y propositivo y aprovechamos para sentarnos en mesas de trabajo a retomar la visión de país?”
La gran paradoja que imponen los años electorales es que, por una parte son el momento ideal para detener la marcha y reflexionar sobre el rumbo que lleva el país. Pero por la otra son meses de actividad febril, de proselitismo casi autómata, en donde lo que toca es pelear metro a metro, voto a voto, todos los espacios posibles.
Sabemos, como que cada año habrá semana santa, que todos los partidos en contienda darán su visión – generalmente epidérmica – de lo que el país necesita para los siguientes cuatro años. Igual que en elecciones anteriores, este año seguramente lo volverán a poner por escrito, para que quede registro en algún lado de su capacidad de oferta y propuesta.
Sin embargo, la experiencia también nos dice que estos ejercicios de análisis en momentos electorales no van muy lejos ni al detalle. Mientras tanto, los grandes temas nacionales siguen quedando a merced de coyunturas efímeras, pequeñas ventanas de oportunidad histórica, que quién sabe cuándo se van a abrir y, menos aún, en qué momento se cerrarán.
Desde esa perspectiva es posible que el año electoral sea un espacio propicio para que la sociedad – centros de pensamiento, universidades, gremios, cámaras empresariales y todo aquel interesado en la confección paciente del tapete social – se sienten a dialogar y proponer cursos de acción sobre algunas áreas en las que el país necesita una visión a 5 ó 10 años plazo. Desde una posición menos desesperada ni ansiosa de llegar al poder.
¿Por qué no aprovechar esa cierta efervescencia que viene con las elecciones, en donde nos ponemos todos en un estado de ánimo prospectivo y propositivo y aprovechamos para sentarnos en mesas de trabajo a retomar la visión de país? Si obviar el gigantesco reto que constituye la agenda de seguridad, hay tres grandes áreas que salen de forma recurrente en prácticamente cualquier espacio de socialización formal o informal: fiscal, protección social, y competitividad.
En cuanto a lo fiscal está claro que allí hay una agenda inconclusa, que supera la discusión impositiva, y que trasciende el calendario político. Muchos han opinado al respecto, y se percibe en el ambiente bastante aceptación a retomar el pacto fiscal. Obviamente habrá que matizarlo según las nuevas condiciones, pero también es cierto que la columna vertebral sigue estando allí: calidad y transparencia del gasto, mejoras en los ingresos, y reformas institucionales y legales que le den músculo a un Estado anoréxico y artrítico.
Además, debemos darnos el espacio para discutir a fondo nuestros sistemas de protección social. Es el paso inmediato y natural, en donde corresponde hacer una evaluación de lo andado en diez años desde que el tema de reducción de pobreza se posicionó, pasando por los esfuerzos más recientes por diseñar e implementar una batería de programas de atención a grupos en pobreza y-o vulnerabilidad.
Como nos lo han señalado los expertos, allí hay mucho que profundizar y seguir discutiendo. Tenemos espacios para mejorar, por ejemplo: el monitoreo y evaluación de programas para afinar la focalización, impactos, y transparencia en el uso de recursos públicos, la reforma al seguro social, además de los temas clásicos de calidad y cobertura en educación y salud.
Finalmente, y no por ello menos importante, es necesario recuperar el aliento en nuestra agenda asociada a la productividad de nuestro aparato productivo. Es decir, darle un fuerte y renovado impulso a la agenda nacional de competitividad, entendiendo que es necesario generar condiciones para un mayor crecimiento económico mayor y también de modernización de ciertos sectores de actividad económica.
Quizás es oportuno dejar a los partidos políticos este año como meros receptores del mensaje, reconociendo que están naturalmente consumidos en el papel que les corresponde jugar en un año electoral. Y por lo tanto, que sean otros los actores que reflexionen y propongan a la clase política una agenda balanceada.
Porque lo que queda claro es que atender de forma desigual estos grandes temas nacionales es como querer ganar una maratón con una pierna fuerte y robusta y otra enclenque y debilucha. Simplemente no se puede.
Prensa Libre, 3 de febrero de 2011.
La gran paradoja que imponen los años electorales es que, por una parte son el momento ideal para detener la marcha y reflexionar sobre el rumbo que lleva el país. Pero por la otra son meses de actividad febril, de proselitismo casi autómata, en donde lo que toca es pelear metro a metro, voto a voto, todos los espacios posibles.
Sabemos, como que cada año habrá semana santa, que todos los partidos en contienda darán su visión – generalmente epidérmica – de lo que el país necesita para los siguientes cuatro años. Igual que en elecciones anteriores, este año seguramente lo volverán a poner por escrito, para que quede registro en algún lado de su capacidad de oferta y propuesta.
Sin embargo, la experiencia también nos dice que estos ejercicios de análisis en momentos electorales no van muy lejos ni al detalle. Mientras tanto, los grandes temas nacionales siguen quedando a merced de coyunturas efímeras, pequeñas ventanas de oportunidad histórica, que quién sabe cuándo se van a abrir y, menos aún, en qué momento se cerrarán.
Desde esa perspectiva es posible que el año electoral sea un espacio propicio para que la sociedad – centros de pensamiento, universidades, gremios, cámaras empresariales y todo aquel interesado en la confección paciente del tapete social – se sienten a dialogar y proponer cursos de acción sobre algunas áreas en las que el país necesita una visión a 5 ó 10 años plazo. Desde una posición menos desesperada ni ansiosa de llegar al poder.
¿Por qué no aprovechar esa cierta efervescencia que viene con las elecciones, en donde nos ponemos todos en un estado de ánimo prospectivo y propositivo y aprovechamos para sentarnos en mesas de trabajo a retomar la visión de país? Si obviar el gigantesco reto que constituye la agenda de seguridad, hay tres grandes áreas que salen de forma recurrente en prácticamente cualquier espacio de socialización formal o informal: fiscal, protección social, y competitividad.
En cuanto a lo fiscal está claro que allí hay una agenda inconclusa, que supera la discusión impositiva, y que trasciende el calendario político. Muchos han opinado al respecto, y se percibe en el ambiente bastante aceptación a retomar el pacto fiscal. Obviamente habrá que matizarlo según las nuevas condiciones, pero también es cierto que la columna vertebral sigue estando allí: calidad y transparencia del gasto, mejoras en los ingresos, y reformas institucionales y legales que le den músculo a un Estado anoréxico y artrítico.
Además, debemos darnos el espacio para discutir a fondo nuestros sistemas de protección social. Es el paso inmediato y natural, en donde corresponde hacer una evaluación de lo andado en diez años desde que el tema de reducción de pobreza se posicionó, pasando por los esfuerzos más recientes por diseñar e implementar una batería de programas de atención a grupos en pobreza y-o vulnerabilidad.
Como nos lo han señalado los expertos, allí hay mucho que profundizar y seguir discutiendo. Tenemos espacios para mejorar, por ejemplo: el monitoreo y evaluación de programas para afinar la focalización, impactos, y transparencia en el uso de recursos públicos, la reforma al seguro social, además de los temas clásicos de calidad y cobertura en educación y salud.
Finalmente, y no por ello menos importante, es necesario recuperar el aliento en nuestra agenda asociada a la productividad de nuestro aparato productivo. Es decir, darle un fuerte y renovado impulso a la agenda nacional de competitividad, entendiendo que es necesario generar condiciones para un mayor crecimiento económico mayor y también de modernización de ciertos sectores de actividad económica.
Quizás es oportuno dejar a los partidos políticos este año como meros receptores del mensaje, reconociendo que están naturalmente consumidos en el papel que les corresponde jugar en un año electoral. Y por lo tanto, que sean otros los actores que reflexionen y propongan a la clase política una agenda balanceada.
Porque lo que queda claro es que atender de forma desigual estos grandes temas nacionales es como querer ganar una maratón con una pierna fuerte y robusta y otra enclenque y debilucha. Simplemente no se puede.
Prensa Libre, 3 de febrero de 2011.
viernes, 28 de enero de 2011
¡Qué importa la desigualdad! (XI y final)
“Equidad no es apachar a los exitosos y punteros en la distribución, sino acelerar el éxito de los rezagados.”
¡Vaya hombre!, como que por fin, después de un par de décadas de habernos cobijado en la comodidad del fin de la historia, esa que devino del consenso (y post consenso) de Washington, el péndulo viene de regreso y escuchamos a moros y cristianos cantar el mismo ángelus. Qué coincidencia ó ironía que Strauss Khan, Buffet, The Economist, y Lula, abanderan todos una agenda de equidad.
Y pensar que hace veinte años ni siquiera los íconos progresistas la reconocían como una batalla digna de pelearse. Blair y Clinton, la Concertación chilena, el socialismo francés, o la socialdemocracia alemana, todos sin excepción estaban seguros de que crecimiento económico y reducción de pobreza eran los dos ejes en el plano cartesiano de la política pública y el desarrollo. Razón de más para que los países menos ilustrados mapeáramos en ese cuadrante nuestros esfuerzos para salir del atraso.
Pues resulta que no. El reality check – como dirían los sajones –, o el baño de realidad nacional – como me dijo alguien un día–, provocado por las diferentes crisis (financiera, climática, ó de precios de commodities) por las que seguimos atravesando, nos vuelven a recordar que el desarrollo es crecimiento, pero también es equidad. Y que el recetario de “cada quien nace y se hace solo, y se procura su propio bienestar” no va muy lejos. Nacemos, vivimos, y morimos en sociedad, y en cuanto tal hay que reconocer que el bienestar del prójimo también tiene un impacto en el propio.
Actualmente todos, desde su trinchera, parecen reconocer el freno que constituyen disparidades extremas (peor todavía si no tienen mayor fundamento). Cada vez más y más estamos de acuerdo en que las diferencias son necesarias para fomentar innovación y hacer que la torta crezca. Pero esas diferencias no pueden provenir de la cuna, el apellido, la etnia, o el tamaño de la aldea o ciudad donde nacemos. La aspiración (ó la utopía, si usted así lo prefiere) apunta a que si habrá algo que nos diferencie, que sea el esfuerzo que cada quien pone para procurarse un mayor nivel de vida. Eso sí, después de habérsele dado un punto de partida equivalente para competir con sus pares.
La esperanza es que ya logramos ponernos de acuerdo sobre ciertos postulados básicos. Algo nos ha dejado la historia reciente. Iniciamos la década sabiendo tres o cuatro cosas: que el derrame no llega solito; que el mercado es importante, pero no absoluto, mucho menos suficiente; que la movilidad social es necesaria para hacer viable cualquier esfuerzo, porque le da realismo y perspectiva a cualquier proyecto que vaya más allá de una generación; que hay que igualar oportunidades no ingresos, para no matar la gallina de los huevos de oro del crecimiento económico; que hacen falta consensos sociales mínimos para que los países avancen, pero que a su vez la desigualdad hace más lento el diálogo y la construcción de confianzas para llegar a objetivos compartidos; y que equidad no es apachar a los exitosos y punteros en la distribución, sino más bien acelerar y procurar el éxito de los rezagados.
Prueba de todo ello es que el mundo entero piensa hoy en fortalecer (unos), recuperar (otros) y construir (nosotros) el Estado. Y que ese proceso pasa por aumentar la capacidad de ese mismo Estado para gestionar una parte de los recursos humanos y financieros generados por la iniciativa individual, para la provisión de una canasta de bienes públicos que debe ser definida por cada sociedad según su momento histórico.
El debate sobre desigualdad está puesto de nuevo, y creo que se va a quedar un buen rato en el ambiente. Eso es bueno. En el peor de los casos solamente estimulará reflexión y mayor madurez intelectual. Pero de repente y va un poco más lejos y hace avanzar otro poco la construcción de grandes imaginarios sociales como democracia, ciudadanía, institucionalidad, y bien común. Cualquiera de ambos escenarios será provechoso para Guatemala.
Prensa Libre, 27 de enero de 2011.
¡Vaya hombre!, como que por fin, después de un par de décadas de habernos cobijado en la comodidad del fin de la historia, esa que devino del consenso (y post consenso) de Washington, el péndulo viene de regreso y escuchamos a moros y cristianos cantar el mismo ángelus. Qué coincidencia ó ironía que Strauss Khan, Buffet, The Economist, y Lula, abanderan todos una agenda de equidad.
Y pensar que hace veinte años ni siquiera los íconos progresistas la reconocían como una batalla digna de pelearse. Blair y Clinton, la Concertación chilena, el socialismo francés, o la socialdemocracia alemana, todos sin excepción estaban seguros de que crecimiento económico y reducción de pobreza eran los dos ejes en el plano cartesiano de la política pública y el desarrollo. Razón de más para que los países menos ilustrados mapeáramos en ese cuadrante nuestros esfuerzos para salir del atraso.
Pues resulta que no. El reality check – como dirían los sajones –, o el baño de realidad nacional – como me dijo alguien un día–, provocado por las diferentes crisis (financiera, climática, ó de precios de commodities) por las que seguimos atravesando, nos vuelven a recordar que el desarrollo es crecimiento, pero también es equidad. Y que el recetario de “cada quien nace y se hace solo, y se procura su propio bienestar” no va muy lejos. Nacemos, vivimos, y morimos en sociedad, y en cuanto tal hay que reconocer que el bienestar del prójimo también tiene un impacto en el propio.
Actualmente todos, desde su trinchera, parecen reconocer el freno que constituyen disparidades extremas (peor todavía si no tienen mayor fundamento). Cada vez más y más estamos de acuerdo en que las diferencias son necesarias para fomentar innovación y hacer que la torta crezca. Pero esas diferencias no pueden provenir de la cuna, el apellido, la etnia, o el tamaño de la aldea o ciudad donde nacemos. La aspiración (ó la utopía, si usted así lo prefiere) apunta a que si habrá algo que nos diferencie, que sea el esfuerzo que cada quien pone para procurarse un mayor nivel de vida. Eso sí, después de habérsele dado un punto de partida equivalente para competir con sus pares.
La esperanza es que ya logramos ponernos de acuerdo sobre ciertos postulados básicos. Algo nos ha dejado la historia reciente. Iniciamos la década sabiendo tres o cuatro cosas: que el derrame no llega solito; que el mercado es importante, pero no absoluto, mucho menos suficiente; que la movilidad social es necesaria para hacer viable cualquier esfuerzo, porque le da realismo y perspectiva a cualquier proyecto que vaya más allá de una generación; que hay que igualar oportunidades no ingresos, para no matar la gallina de los huevos de oro del crecimiento económico; que hacen falta consensos sociales mínimos para que los países avancen, pero que a su vez la desigualdad hace más lento el diálogo y la construcción de confianzas para llegar a objetivos compartidos; y que equidad no es apachar a los exitosos y punteros en la distribución, sino más bien acelerar y procurar el éxito de los rezagados.
Prueba de todo ello es que el mundo entero piensa hoy en fortalecer (unos), recuperar (otros) y construir (nosotros) el Estado. Y que ese proceso pasa por aumentar la capacidad de ese mismo Estado para gestionar una parte de los recursos humanos y financieros generados por la iniciativa individual, para la provisión de una canasta de bienes públicos que debe ser definida por cada sociedad según su momento histórico.
El debate sobre desigualdad está puesto de nuevo, y creo que se va a quedar un buen rato en el ambiente. Eso es bueno. En el peor de los casos solamente estimulará reflexión y mayor madurez intelectual. Pero de repente y va un poco más lejos y hace avanzar otro poco la construcción de grandes imaginarios sociales como democracia, ciudadanía, institucionalidad, y bien común. Cualquiera de ambos escenarios será provechoso para Guatemala.
Prensa Libre, 27 de enero de 2011.
lunes, 24 de enero de 2011
Boceto rápido de nuestra política social
“Más allá de la sofisticación ó elegancia en los métodos de cálculo, hay rasgos que, como el ADN, definen el genoma de nuestra política social.”
Para poder evaluar cualquier cosa es necesario tener un punto de comparación, una línea de base, un referente contra el cual establecer avances o retrocesos. Allí reside el valor de estudios, investigaciones, consultorías. Es por eso la terca necedad de martillar sobre la necesidad de generar datos de forma regular y con calidad. De otra manera estamos navegando en un mar de percepciones, donde el que grita más duro ó es más efectivo en encender ánimos, es el que se lleva las palmas.
En el caso de nuestra política social tenemos varios referentes que nos permiten bosquejar cómo estaban las cosas más o menos al inicio del ciclo político que está por concluir. Los datos que sirvieron de base para tomarle el pulso a las condiciones de vida de nuestra población en el año 2006 revelaron realidades contundentes.
Más allá de la sofisticación ó elegancia en los métodos de cálculo, hay rasgos que, como el ADN, definen el genoma de nuestra política social. Los niveles de nuestro gasto social, inversiones en educación, salud, protección social, agua y saneamiento, o nuestro seguro social, constituyen una muestra bastante representativa para tomarle el pulso a nuestra red de protección social e inversión en capital humano.
Hay dos preguntas que hacerse. La primera es ¿cómo estaba todo eso hace cinco años? Afortunadamente para esa cuestión tenemos suficientes datos como para hacer un boceto bastante fiel de lo que había en el país.
El primer rasgo es el nivel de nuestro gasto social. Aquí salta a la vista el jalón inicial que se le dio tras la firma de los acuerdos de paz, pero que después no ha podido continuar en una senda creciente. Las ruedas del gasto social se quedaron patinando alrededor del 6% del PIB, sin poder avanzar. Además, no solamente el promedio latinoamericano fue el doble de ese número, sino que estábamos en el último lugar de la región centroamericana – incluso por debajo de países más pobres como Nicaragua y Honduras –.
El segundo rasgo tiene que ver con los sectores ganadores y rezagados de nuestra política social. Claramente hemos optado por invertir mucho más en educación, y dejar relativamente estancadas otras áreas sociales como salud, protección y previsión social. Ello, sin duda alguna explica avances en nuestros indicadores educativos, aunque también revela tareas pendientes.
Por ejemplo, la cobertura en educación primaria parecía estar bien encaminada y focalizada de manera razonable hacia los más pobres, aunque ya desde entonces se alertaba sobre el reto de elevar la calidad. Por el contrario, la secundaria despertaba preocupaciones con respecto a la poca oferta existente y una focalización que estaba beneficiando a los estratos medios y altos de la población. Ni se diga de la educación terciaria (superior), que claramente estaba sesgada hacia el 20% más rico.
El tercer rasgo tiene que ver con el gasto en salud. Para aquel entonces dicho sector era más o menos una réplica imperfecta de lo que sucedía en educación. Es decir, salud primaria razonablemente focalizada, y atención hospitalaria atendiendo estratos socioeconómicos más altos. Pero con el agravante de que el volumen de recursos destinados a la salud era mucho menor del que se asignaba a maestros y escuelas.
El cuarto rasgo es la protección social, cuya nota distintiva era que no teníamos mecanismos adecuados para seleccionar grupos de beneficiarios. De allí que al observar el rosario de programas – galleta escolar, alimentación escolar, vasos de leche y atole, transporte escolar, becas, útiles escolares, programas de salud, etc. – se reflejaba poca focalización hacia los más pobres. Es verdad que algunos pocos programas sí llegaban a los más necesitados, pero no era la norma.
El quinto rasgo es la paradoja del agua y la salud. En aquel entonces se reconocieron avances importantes en materia de agua y saneamiento, con lo cual se levantó la expectativa de que mejorarían nuestros indicadores de desnutrición crónica. Sin embargo, algo pasó en el camino y, de acuerdo a los datos de la última ENSMI, como que nos quedamos cortos. Quizás tenía razón un ex ministro de salud cuando decía que no es lo mismo agua entubada que agua potable.
Y el sexto rasgo del boceto pasa por las transferencias gubernamentales en especie y en efectivo. En aquel entonces se identificaron dos patrones: (i) ninguna de las dos llegaba a los extremadamente pobres, y (ii) mientras que transferencias en especie llegaban más a los pobres, las transferencias en efectivo llegaban más a los que no eran pobres.
En unos pocos párrafos, ese era el boceto de nuestra política social hace un quinquenio. Las recomendaciones de aquel entonces eran claras y precisas: calidad para la educación primaria y para centros y puestos de salud; construir más escuelas secundarias y hospitales; afinar la puntería de nuestros programas de protección social y desconcentrar los servicios que presta el seguro social.
La segunda pregunta es ¿cómo está todo eso hoy? El problema es que una respuesta técnica todavía no la tenemos. A pesar de que allí reside, al final de cuentas, la prueba ácida de muchas hipótesis que hoy flotan en nuestra atmósfera.
Prensa Libre, 20 de enero de 2011.
Para poder evaluar cualquier cosa es necesario tener un punto de comparación, una línea de base, un referente contra el cual establecer avances o retrocesos. Allí reside el valor de estudios, investigaciones, consultorías. Es por eso la terca necedad de martillar sobre la necesidad de generar datos de forma regular y con calidad. De otra manera estamos navegando en un mar de percepciones, donde el que grita más duro ó es más efectivo en encender ánimos, es el que se lleva las palmas.
En el caso de nuestra política social tenemos varios referentes que nos permiten bosquejar cómo estaban las cosas más o menos al inicio del ciclo político que está por concluir. Los datos que sirvieron de base para tomarle el pulso a las condiciones de vida de nuestra población en el año 2006 revelaron realidades contundentes.
Más allá de la sofisticación ó elegancia en los métodos de cálculo, hay rasgos que, como el ADN, definen el genoma de nuestra política social. Los niveles de nuestro gasto social, inversiones en educación, salud, protección social, agua y saneamiento, o nuestro seguro social, constituyen una muestra bastante representativa para tomarle el pulso a nuestra red de protección social e inversión en capital humano.
Hay dos preguntas que hacerse. La primera es ¿cómo estaba todo eso hace cinco años? Afortunadamente para esa cuestión tenemos suficientes datos como para hacer un boceto bastante fiel de lo que había en el país.
El primer rasgo es el nivel de nuestro gasto social. Aquí salta a la vista el jalón inicial que se le dio tras la firma de los acuerdos de paz, pero que después no ha podido continuar en una senda creciente. Las ruedas del gasto social se quedaron patinando alrededor del 6% del PIB, sin poder avanzar. Además, no solamente el promedio latinoamericano fue el doble de ese número, sino que estábamos en el último lugar de la región centroamericana – incluso por debajo de países más pobres como Nicaragua y Honduras –.
El segundo rasgo tiene que ver con los sectores ganadores y rezagados de nuestra política social. Claramente hemos optado por invertir mucho más en educación, y dejar relativamente estancadas otras áreas sociales como salud, protección y previsión social. Ello, sin duda alguna explica avances en nuestros indicadores educativos, aunque también revela tareas pendientes.
Por ejemplo, la cobertura en educación primaria parecía estar bien encaminada y focalizada de manera razonable hacia los más pobres, aunque ya desde entonces se alertaba sobre el reto de elevar la calidad. Por el contrario, la secundaria despertaba preocupaciones con respecto a la poca oferta existente y una focalización que estaba beneficiando a los estratos medios y altos de la población. Ni se diga de la educación terciaria (superior), que claramente estaba sesgada hacia el 20% más rico.
El tercer rasgo tiene que ver con el gasto en salud. Para aquel entonces dicho sector era más o menos una réplica imperfecta de lo que sucedía en educación. Es decir, salud primaria razonablemente focalizada, y atención hospitalaria atendiendo estratos socioeconómicos más altos. Pero con el agravante de que el volumen de recursos destinados a la salud era mucho menor del que se asignaba a maestros y escuelas.
El cuarto rasgo es la protección social, cuya nota distintiva era que no teníamos mecanismos adecuados para seleccionar grupos de beneficiarios. De allí que al observar el rosario de programas – galleta escolar, alimentación escolar, vasos de leche y atole, transporte escolar, becas, útiles escolares, programas de salud, etc. – se reflejaba poca focalización hacia los más pobres. Es verdad que algunos pocos programas sí llegaban a los más necesitados, pero no era la norma.
El quinto rasgo es la paradoja del agua y la salud. En aquel entonces se reconocieron avances importantes en materia de agua y saneamiento, con lo cual se levantó la expectativa de que mejorarían nuestros indicadores de desnutrición crónica. Sin embargo, algo pasó en el camino y, de acuerdo a los datos de la última ENSMI, como que nos quedamos cortos. Quizás tenía razón un ex ministro de salud cuando decía que no es lo mismo agua entubada que agua potable.
Y el sexto rasgo del boceto pasa por las transferencias gubernamentales en especie y en efectivo. En aquel entonces se identificaron dos patrones: (i) ninguna de las dos llegaba a los extremadamente pobres, y (ii) mientras que transferencias en especie llegaban más a los pobres, las transferencias en efectivo llegaban más a los que no eran pobres.
En unos pocos párrafos, ese era el boceto de nuestra política social hace un quinquenio. Las recomendaciones de aquel entonces eran claras y precisas: calidad para la educación primaria y para centros y puestos de salud; construir más escuelas secundarias y hospitales; afinar la puntería de nuestros programas de protección social y desconcentrar los servicios que presta el seguro social.
La segunda pregunta es ¿cómo está todo eso hoy? El problema es que una respuesta técnica todavía no la tenemos. A pesar de que allí reside, al final de cuentas, la prueba ácida de muchas hipótesis que hoy flotan en nuestra atmósfera.
Prensa Libre, 20 de enero de 2011.
jueves, 13 de enero de 2011
El fracaso escolar es fracaso de todos
“A nivel superior, el sistema debiera ser mucho más estricto y selectivo a favor de aquellas personas que verdaderamente van a la universidad a formarse y lo hacen en el menor tiempo posible.”
Lo he dicho muchas veces y de distintas formas: hoy ya no hay prácticamente nadie que se oponga al gran postulado de “necesitamos invertir más en educación”. Nuestros empresarios lo demandan para poder contar con una mano de obra más productiva. Nuestros jóvenes lo exigen para poder optar a un buen trabajo al momento de salir al mercado laboral. Nuestros adultos lo necesitan para poder generar el suficiente ingreso que sostiene a sus hogares. Todo mundo quiere más educación, así en términos generales y amplios.
El cuento es menos claro cuando se comienza a preguntar qué tipo y cuánta educación se necesita en un país como Guatemala. Y se vuelve totalmente borroso cuando se abre la discusión de quién y cómo debe pagar en cada nivel educativo. Algunos piensan que el sistema debiera ser enteramente público. Otros pensamos que ciertamente ese es un derecho humano, pero no automático, vitalicio, ni aplicado de la misma manera.
En un país como el nuestro, la formación de capital humano, a medida que se avanza en la escalera escolar, más que un derecho universal se vuelve un privilegio al que tienen acceso unos pocos. Sin embargo, la fuente de financiamiento del sistema educativo público continúa recayendo en una inmensa masa que no tiene mayor injerencia para poder exigir calidad y rendición de cuentas, ni a maestros ni a estudiantes.
El lunes una pequeña nota de prensa nos recordó, cifras en mano, los elevados costos del fracaso escolar en cada uno de los niveles educativos. Números que lloran sangre: 36% de nuestros niños en primero primaria, 22% en segundo, 19% en tercero, 55% de los muchachos en primero básico no aprueban el año.
La pregunta que hay que hacer es inmediata y fulminante. ¿Quién debe pagar por ese “fracaso” escolar? Hablemos del costo económico primero. Si la educación es privada, probablemente la respuesta sea: los padres del muchachito que no ganó el año. En ese caso le aseguro que las medidas correctivas no se harán esperar mucho – ¡por lo menos así era en mi casa! –.
En el caso de la educación pública, corremos el riesgo de que al ser de todos no es de ninguno. Por tanto, a menos que el sistema tenga capacidad de reacción, lo más probable es que no importe si el alumno se instala en primero básico o en primer semestre de la Universidad uno, dos o tres años. Total, el costo es nulo (o muy bajo) para la persona, la familia y el sistema – ¡aunque no lo sea para la sociedad! –.
El problema es que, aparentemente, también hay un costo personal y social asociado al fracaso escolar. Por ejemplo, la probabilidad de que un niño que vive en el campo pierda un año y vuelva al año siguiente a repetir el grado es baja. Por tanto, nuestro sistema educativo debiera reconocer esta realidad, sobre todo en los primeros años de escuela. Los costos del fracaso superan con creces las bondades de una calificación a fin de año, que tampoco es el mejor indicador ni el más preciso para capturar todo lo que sucede en el aula.
Lo opuesto sucede a nivel universitario, en donde el estudiante ya está en capacidad de asumir con plena responsabilidad los costos y los beneficios desempeño. En ese nivel el sistema debiera ser mucho más estricto y selectivo a favor de aquellas personas que verdaderamente van a la universidad a formarse y lo hacen en el menor tiempo posible.
Así como en los primeros años de formación puede justificarse la promoción universal, porque el fracaso escolar puede ser fulminante para el futuro de nuestros niños; a nivel superior debiéramos aplicar con mucha rigurosidad criterios de selección y descreme de aquella población que se dedica con seriedad y compromiso para utilizar los recursos públicos, que le son transferidos para que obtengan un grado académico superior. En ambos casos el fin es el mismo: procurar educación pública con criterios de eficiencia en el uso de sus recursos, de eficacia en la formación de nuestra población, y de equidad hacia aquellos con menos oportunidades.
Si bien es cierto que es bueno identificar ineficiencias en el uso de recursos asignados a la educación pública en los niveles primario y secundario, esa discusión debe extenderse con igual o mayor rigurosidad y exigencia hacia el uso de recursos públicos asignados a subvencionar la educación superior. El fracaso escolar no es solo en primaria y secundaria, también se extiende a la universidad.
El problema muchas veces es que nuestros universitarios (no todos, afortunadamente) tienen más capacidad de vociferar para defender su sagrado derecho a calentar banca. Mientras que nuestros chiquitos en Caulotes ó San Mateo Ixtatán no tienen más opción que recibir el jalón de orejas de un sistema educativo anacrónico y desigual. Al final, tenemos que estar claros que el fracaso escolar es fracaso de todos.
Prensa Libre, 13 de enero de 2011.
Lo he dicho muchas veces y de distintas formas: hoy ya no hay prácticamente nadie que se oponga al gran postulado de “necesitamos invertir más en educación”. Nuestros empresarios lo demandan para poder contar con una mano de obra más productiva. Nuestros jóvenes lo exigen para poder optar a un buen trabajo al momento de salir al mercado laboral. Nuestros adultos lo necesitan para poder generar el suficiente ingreso que sostiene a sus hogares. Todo mundo quiere más educación, así en términos generales y amplios.
El cuento es menos claro cuando se comienza a preguntar qué tipo y cuánta educación se necesita en un país como Guatemala. Y se vuelve totalmente borroso cuando se abre la discusión de quién y cómo debe pagar en cada nivel educativo. Algunos piensan que el sistema debiera ser enteramente público. Otros pensamos que ciertamente ese es un derecho humano, pero no automático, vitalicio, ni aplicado de la misma manera.
En un país como el nuestro, la formación de capital humano, a medida que se avanza en la escalera escolar, más que un derecho universal se vuelve un privilegio al que tienen acceso unos pocos. Sin embargo, la fuente de financiamiento del sistema educativo público continúa recayendo en una inmensa masa que no tiene mayor injerencia para poder exigir calidad y rendición de cuentas, ni a maestros ni a estudiantes.
El lunes una pequeña nota de prensa nos recordó, cifras en mano, los elevados costos del fracaso escolar en cada uno de los niveles educativos. Números que lloran sangre: 36% de nuestros niños en primero primaria, 22% en segundo, 19% en tercero, 55% de los muchachos en primero básico no aprueban el año.
La pregunta que hay que hacer es inmediata y fulminante. ¿Quién debe pagar por ese “fracaso” escolar? Hablemos del costo económico primero. Si la educación es privada, probablemente la respuesta sea: los padres del muchachito que no ganó el año. En ese caso le aseguro que las medidas correctivas no se harán esperar mucho – ¡por lo menos así era en mi casa! –.
En el caso de la educación pública, corremos el riesgo de que al ser de todos no es de ninguno. Por tanto, a menos que el sistema tenga capacidad de reacción, lo más probable es que no importe si el alumno se instala en primero básico o en primer semestre de la Universidad uno, dos o tres años. Total, el costo es nulo (o muy bajo) para la persona, la familia y el sistema – ¡aunque no lo sea para la sociedad! –.
El problema es que, aparentemente, también hay un costo personal y social asociado al fracaso escolar. Por ejemplo, la probabilidad de que un niño que vive en el campo pierda un año y vuelva al año siguiente a repetir el grado es baja. Por tanto, nuestro sistema educativo debiera reconocer esta realidad, sobre todo en los primeros años de escuela. Los costos del fracaso superan con creces las bondades de una calificación a fin de año, que tampoco es el mejor indicador ni el más preciso para capturar todo lo que sucede en el aula.
Lo opuesto sucede a nivel universitario, en donde el estudiante ya está en capacidad de asumir con plena responsabilidad los costos y los beneficios desempeño. En ese nivel el sistema debiera ser mucho más estricto y selectivo a favor de aquellas personas que verdaderamente van a la universidad a formarse y lo hacen en el menor tiempo posible.
Así como en los primeros años de formación puede justificarse la promoción universal, porque el fracaso escolar puede ser fulminante para el futuro de nuestros niños; a nivel superior debiéramos aplicar con mucha rigurosidad criterios de selección y descreme de aquella población que se dedica con seriedad y compromiso para utilizar los recursos públicos, que le son transferidos para que obtengan un grado académico superior. En ambos casos el fin es el mismo: procurar educación pública con criterios de eficiencia en el uso de sus recursos, de eficacia en la formación de nuestra población, y de equidad hacia aquellos con menos oportunidades.
Si bien es cierto que es bueno identificar ineficiencias en el uso de recursos asignados a la educación pública en los niveles primario y secundario, esa discusión debe extenderse con igual o mayor rigurosidad y exigencia hacia el uso de recursos públicos asignados a subvencionar la educación superior. El fracaso escolar no es solo en primaria y secundaria, también se extiende a la universidad.
El problema muchas veces es que nuestros universitarios (no todos, afortunadamente) tienen más capacidad de vociferar para defender su sagrado derecho a calentar banca. Mientras que nuestros chiquitos en Caulotes ó San Mateo Ixtatán no tienen más opción que recibir el jalón de orejas de un sistema educativo anacrónico y desigual. Al final, tenemos que estar claros que el fracaso escolar es fracaso de todos.
Prensa Libre, 13 de enero de 2011.
Demasiada elección mata la elección
“El problema es que si las personas de repente se vuelven incapaces de elegir generan un problema real para la economía y para la sociedad.”
Uno de los postulados más importantes que estudiamos en la escuela de Economía, algo así como la piedra filosofal de la teoría microeconómica y todo lo que de allí en adelante deriva, tiene que ver con una idea muy simple pero poderosa: las personas son capaces de elegir, ordenar y revelarnos sus preferencias. Es decir, pueden perfectamente distinguir si prefieran el producto, situación o servicio X sobre el producto, situación ó servicio Y.
De allí en adelante todo sale casi de rodado: estimar una demanda, derivar precios, calcular costos, excedente del consumidor, etcétera. Sin embargo, muy pocas veces nos preguntamos, ¿y qué pasaría si de la noche a la mañana toda esa masa de consumidores fuera incapaz de elegir? Imaginemos un día en que, como por arte de magia, las personas entran en ataque de pánico porque ya no saben hacer una elección. Sería un desastre, ¿no? (Cuando menos para los profesores de teoría microeconómica, quienes de la noche a la mañana se quedarían chiflando en la loma con una caja de herramientas que se ha vuelto completamente inservible u obsoleta para analizar la realidad que los rodea).
Pues resulta que esa disparatada no lo es tanto. De hecho, desde el siglo XVII, Nicolás de Condorcet imaginó que un día así podría llegar a suceder. De allí la famosa “paradoja de Condorcet”, que demuestra cómo las preferencias de las personas pueden ser cíclicas en vez de transitivas. Pero claro, ello solamente alivia un poco el estrés analítico de la disciplina económica, al darle una salida elegante a la teoría diciendo “si se viola esta condición, todo lo que sigue puede ya no ser cierto”.
Ahora bien, el problema es que si las personas de repente se vuelven incapaces de elegir, generan un problema real para la economía y para la sociedad. Desde un punto de vista estrictamente económico, las empresas ya no pueden predecir sus volúmenes de venta porque no saben si Martín o Julieta elegirán comprar sus productos sobre los de la competencia. Llevado al límite, un ataque de pánico a la elección puede reducir las ventas. Es como si de repente las personas salen corriendo de las tiendas al verse incapaces de comparar opciones, decidirse por uno de los productos de la estantería, pagar y obtener alguna satisfacción en el proceso.
De eso se trata una nota publicada en The Economist titulada “You choose”, en donde documentan algunas de las consecuencias reales que ha traído la explosión de variedades de bienes y servicios en el mundo moderno. Hoy día, para prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar, encontramos diferentes tamaños, formas, colores, empaques, marcas, y precios. Todo en un mismo centro comercial. Decenas de opciones para cosas tan triviales como cepillos de dientes, una taza de café ó una hamburguesa, hasta cosas más sofisticadas como encontrar pareja, una casa, un programa de estudios universitarios, la forma de la nariz o el tamaño del busto.
Si bien es cierto que en la variedad está el gusto, aparentemente el exceso de opciones puede llegar a tener efectos perniciosos para el funcionamiento del mercado y la sociedad. Demasiado de donde escoger genera ansiedad e indecisión en las personas. Inseguridad al no saber si lo que están eligiendo es lo que efectivamente estaban buscando o si, por el contrario, les hizo falta seguir buscando un poquito más.
Este nuevo fenómeno ha provocado ya ajustes en las estrategias de mercadeo de algunas empresas. Al percatarse que aparentemente hay un techo psicológico al número opciones que se puede dar a un consumidor, han comenzado a reducir el abanico de variedades que antes ofrecían, y con ello han logrado incrementar sus ventas. En otras palabras, al reconocer que hay un nivel óptimo para que el consumidor tome una decisión y genere una transacción en el mercado, estamos cambiando el paradigma, de “más es siempre mejor” a “menos puede llegar a ser más”.
Por supuesto que mucho de este fenómeno se observa principalmente en el mundo desarrollado y para un segmento de población urbana y metropolitana en Guatemala, la cual cuenta con alguna capacidad de compra – ya sea porque cuenta con ingresos altos o porque tiene posibilidades de endeudamiento – . Es por ello que bien vale la pena revisar las lecciones que nos están dejando ciertas tendencias en el consumo en otras partes del mundo. Ello nos permite revisar el tipo de consumidor en que nos hemos convertido, pero sobretodo el que estamos inculcando en nuestros hijos.
Siempre hemos sabido que elegir es un ejercicio no exento de costos. Pero ahora, al llevar la posibilidad de elegir al extremo, además nos damos cuenta que – como reza el adagio francés – demasiada elección mata la elección. Moraleja: viva simple. Quiera poco, y lo que quiera, ¡quiéralo poco!
Prensa Libre, 6 de enero de 2011.
Uno de los postulados más importantes que estudiamos en la escuela de Economía, algo así como la piedra filosofal de la teoría microeconómica y todo lo que de allí en adelante deriva, tiene que ver con una idea muy simple pero poderosa: las personas son capaces de elegir, ordenar y revelarnos sus preferencias. Es decir, pueden perfectamente distinguir si prefieran el producto, situación o servicio X sobre el producto, situación ó servicio Y.
De allí en adelante todo sale casi de rodado: estimar una demanda, derivar precios, calcular costos, excedente del consumidor, etcétera. Sin embargo, muy pocas veces nos preguntamos, ¿y qué pasaría si de la noche a la mañana toda esa masa de consumidores fuera incapaz de elegir? Imaginemos un día en que, como por arte de magia, las personas entran en ataque de pánico porque ya no saben hacer una elección. Sería un desastre, ¿no? (Cuando menos para los profesores de teoría microeconómica, quienes de la noche a la mañana se quedarían chiflando en la loma con una caja de herramientas que se ha vuelto completamente inservible u obsoleta para analizar la realidad que los rodea).
Pues resulta que esa disparatada no lo es tanto. De hecho, desde el siglo XVII, Nicolás de Condorcet imaginó que un día así podría llegar a suceder. De allí la famosa “paradoja de Condorcet”, que demuestra cómo las preferencias de las personas pueden ser cíclicas en vez de transitivas. Pero claro, ello solamente alivia un poco el estrés analítico de la disciplina económica, al darle una salida elegante a la teoría diciendo “si se viola esta condición, todo lo que sigue puede ya no ser cierto”.
Ahora bien, el problema es que si las personas de repente se vuelven incapaces de elegir, generan un problema real para la economía y para la sociedad. Desde un punto de vista estrictamente económico, las empresas ya no pueden predecir sus volúmenes de venta porque no saben si Martín o Julieta elegirán comprar sus productos sobre los de la competencia. Llevado al límite, un ataque de pánico a la elección puede reducir las ventas. Es como si de repente las personas salen corriendo de las tiendas al verse incapaces de comparar opciones, decidirse por uno de los productos de la estantería, pagar y obtener alguna satisfacción en el proceso.
De eso se trata una nota publicada en The Economist titulada “You choose”, en donde documentan algunas de las consecuencias reales que ha traído la explosión de variedades de bienes y servicios en el mundo moderno. Hoy día, para prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar, encontramos diferentes tamaños, formas, colores, empaques, marcas, y precios. Todo en un mismo centro comercial. Decenas de opciones para cosas tan triviales como cepillos de dientes, una taza de café ó una hamburguesa, hasta cosas más sofisticadas como encontrar pareja, una casa, un programa de estudios universitarios, la forma de la nariz o el tamaño del busto.
Si bien es cierto que en la variedad está el gusto, aparentemente el exceso de opciones puede llegar a tener efectos perniciosos para el funcionamiento del mercado y la sociedad. Demasiado de donde escoger genera ansiedad e indecisión en las personas. Inseguridad al no saber si lo que están eligiendo es lo que efectivamente estaban buscando o si, por el contrario, les hizo falta seguir buscando un poquito más.
Este nuevo fenómeno ha provocado ya ajustes en las estrategias de mercadeo de algunas empresas. Al percatarse que aparentemente hay un techo psicológico al número opciones que se puede dar a un consumidor, han comenzado a reducir el abanico de variedades que antes ofrecían, y con ello han logrado incrementar sus ventas. En otras palabras, al reconocer que hay un nivel óptimo para que el consumidor tome una decisión y genere una transacción en el mercado, estamos cambiando el paradigma, de “más es siempre mejor” a “menos puede llegar a ser más”.
Por supuesto que mucho de este fenómeno se observa principalmente en el mundo desarrollado y para un segmento de población urbana y metropolitana en Guatemala, la cual cuenta con alguna capacidad de compra – ya sea porque cuenta con ingresos altos o porque tiene posibilidades de endeudamiento – . Es por ello que bien vale la pena revisar las lecciones que nos están dejando ciertas tendencias en el consumo en otras partes del mundo. Ello nos permite revisar el tipo de consumidor en que nos hemos convertido, pero sobretodo el que estamos inculcando en nuestros hijos.
Siempre hemos sabido que elegir es un ejercicio no exento de costos. Pero ahora, al llevar la posibilidad de elegir al extremo, además nos damos cuenta que – como reza el adagio francés – demasiada elección mata la elección. Moraleja: viva simple. Quiera poco, y lo que quiera, ¡quiéralo poco!
Prensa Libre, 6 de enero de 2011.
jueves, 30 de diciembre de 2010
¿Acuerdos o recuerdos de paz?
“A inversiones políticas, económicas y sociales de la magnitud que tuvieron los Acuerdos de Paz, les estamos aplicando una tasa de depreciación demasiado alta.”
Ayer se cumplieron 14 años de la firma del último de los acuerdos de paz. Léase bien: el último de los acuerdos, porque el primero tiene fecha 25 de julio de 1991. Y si el punto de partida fuera el inicio de las conversaciones entre las partes, probablemente rozaríamos ya el cuarto de siglo. En otras palabras, a tres cuartas partes de nuestra población el capítulo del conflicto armado interno que les tocó vivir fue su fase de negociación, acuerdos, e implementación de lo pactado.
Una lógica lineal, en donde yo recuerdo más aquello que me acaba de suceder, haría pensar que los Acuerdos de Paz debieran estar dentro de los referentes históricos que se guardan con mayor frescura en la mente de nuestra población adulta (no digamos nuestros dirigentes políticos). Y si eso fuera así, debieran ser usados como referentes, lo mismo que otros esfuerzos de diálogo nacional igualmente valiosos – el Pacto Fiscal es otro ejemplo.
Pero no es así. Del contenido de todos los acuerdos, probablemente el dato que ha podido inmortalizarse con mayor efectividad es el relativo a la carga tributaria del país. El famoso, mágico y elusivo 12% al que todos nos referimos cada poco, cuando se discute el papel del Estado y los recursos que necesita para cumplir con sus funciones.
Irónicamente ni siquiera recordamos con precisión la cifra de muertos, desaparecidos y desplazados. Salvo aquellas familias – la mía es una de ellas – en donde todavía tenemos en la sala de la casa la foto y presencia de uno de aquellos jóvenes idealistas, que supieron tenerlos bien puestos y creyeron – equivocadamente o no, la historia será quien los juzgue – salir a la calle a solidarizarse, protestar e intentar transformar una realidad que les parecía injusta y abusiva con los derechos de la mayoría.
Hoy escuchamos en tarimas gritos y discursos delirantes que, cuando no son epidérmicos para la magnitud del problema social que tenemos entre manos, ponen en evidencia un minimalismo e inconsistencia conceptual, que francamente solo se puede explicar por una sola razón: a inversiones políticas, económicas y sociales de la magnitud que tuvieron los Acuerdos de Paz, les estamos aplicando una tasa de depreciación demasiado alta.
La coyuntura actual nos hace pensar que bien valdría la pena desempolvarlos y agitar nuevamente la discusión nacional que plantearon aquellos acuerdos, llevarlos un poco más lejos del sitio de internet de la SEPAZ, los cambios diarios de la rosa en el Palacio Nacional de la Cultura, o el cumpleaños de cada 29 de diciembre. En esa letra están identificados con mucha claridad y precisión, probablemente los principales grandes temas que hoy todavía nos afligen: seguridad, empleo, crecimiento económico, reducción de pobreza, institucionalidad democrática, derechos humanos, reforma del sector justicia, derechos de los pueblos indígenas, papel de la sociedad civil, poblaciones desarraigadas y excluidas, entre otros.
Pero además, el proceso de paz guatemalteco tiene la ventaja de que todavía los jóvenes podrían interactuar vivamente con la mayoría de personajes que los tejieron. Ese es otro gran activo que nos debiera ser de gran utilidad, más allá de la letra muerta y los análisis publicados que pueden contar solamente una parte del proceso.
Fue un esfuerzo valioso, amplio, lento, doloroso, lleno de sobresaltos, pero que definitivamente resume y demuestra una capacidad de diálogo y convivencia pacífica de los guatemaltecos. Capacidad de sentarnos a una misma mesa a pesar de nuestras profundas diferencias de origen; de identificar una agenda estructural, bajándola del campo de las generalidades y buenas intenciones a un plano un poco más tangible, con deducción de responsabilidades más claras y un cronograma más o menos preciso.
En fin, no me cabe la menor duda que las causas de muchos de los problemas identificados en los Acuerdos de Paz siguen vigentes, como tampoco es secreto que otros nuevos retos han aparecido desde entonces, y que seguramente necesitaríamos una segunda generación de acuerdos nacionales que tuvieran la capacidad de reconocer esos nuevos problemas que hoy nos agobian.
Creo que el diálogo sigue siendo la mejor avenida por la cual transitar para poder seguir viviendo en sociedad y en democracia. En todo caso, aprovecho para darles las gracias a todos ustedes, hombres y mujeres, que trabajaron en primera, segunda o tercera fila en el proceso de paz. Dejaron un legado valioso, que hoy debemos tratar de no convertir en simples recuerdos de paz.
Apreciado lector, ¡que tenga un buen inicio de año!
Prensa Libre, 30 de diciembre de 2010.
Ayer se cumplieron 14 años de la firma del último de los acuerdos de paz. Léase bien: el último de los acuerdos, porque el primero tiene fecha 25 de julio de 1991. Y si el punto de partida fuera el inicio de las conversaciones entre las partes, probablemente rozaríamos ya el cuarto de siglo. En otras palabras, a tres cuartas partes de nuestra población el capítulo del conflicto armado interno que les tocó vivir fue su fase de negociación, acuerdos, e implementación de lo pactado.
Una lógica lineal, en donde yo recuerdo más aquello que me acaba de suceder, haría pensar que los Acuerdos de Paz debieran estar dentro de los referentes históricos que se guardan con mayor frescura en la mente de nuestra población adulta (no digamos nuestros dirigentes políticos). Y si eso fuera así, debieran ser usados como referentes, lo mismo que otros esfuerzos de diálogo nacional igualmente valiosos – el Pacto Fiscal es otro ejemplo.
Pero no es así. Del contenido de todos los acuerdos, probablemente el dato que ha podido inmortalizarse con mayor efectividad es el relativo a la carga tributaria del país. El famoso, mágico y elusivo 12% al que todos nos referimos cada poco, cuando se discute el papel del Estado y los recursos que necesita para cumplir con sus funciones.
Irónicamente ni siquiera recordamos con precisión la cifra de muertos, desaparecidos y desplazados. Salvo aquellas familias – la mía es una de ellas – en donde todavía tenemos en la sala de la casa la foto y presencia de uno de aquellos jóvenes idealistas, que supieron tenerlos bien puestos y creyeron – equivocadamente o no, la historia será quien los juzgue – salir a la calle a solidarizarse, protestar e intentar transformar una realidad que les parecía injusta y abusiva con los derechos de la mayoría.
Hoy escuchamos en tarimas gritos y discursos delirantes que, cuando no son epidérmicos para la magnitud del problema social que tenemos entre manos, ponen en evidencia un minimalismo e inconsistencia conceptual, que francamente solo se puede explicar por una sola razón: a inversiones políticas, económicas y sociales de la magnitud que tuvieron los Acuerdos de Paz, les estamos aplicando una tasa de depreciación demasiado alta.
La coyuntura actual nos hace pensar que bien valdría la pena desempolvarlos y agitar nuevamente la discusión nacional que plantearon aquellos acuerdos, llevarlos un poco más lejos del sitio de internet de la SEPAZ, los cambios diarios de la rosa en el Palacio Nacional de la Cultura, o el cumpleaños de cada 29 de diciembre. En esa letra están identificados con mucha claridad y precisión, probablemente los principales grandes temas que hoy todavía nos afligen: seguridad, empleo, crecimiento económico, reducción de pobreza, institucionalidad democrática, derechos humanos, reforma del sector justicia, derechos de los pueblos indígenas, papel de la sociedad civil, poblaciones desarraigadas y excluidas, entre otros.
Pero además, el proceso de paz guatemalteco tiene la ventaja de que todavía los jóvenes podrían interactuar vivamente con la mayoría de personajes que los tejieron. Ese es otro gran activo que nos debiera ser de gran utilidad, más allá de la letra muerta y los análisis publicados que pueden contar solamente una parte del proceso.
Fue un esfuerzo valioso, amplio, lento, doloroso, lleno de sobresaltos, pero que definitivamente resume y demuestra una capacidad de diálogo y convivencia pacífica de los guatemaltecos. Capacidad de sentarnos a una misma mesa a pesar de nuestras profundas diferencias de origen; de identificar una agenda estructural, bajándola del campo de las generalidades y buenas intenciones a un plano un poco más tangible, con deducción de responsabilidades más claras y un cronograma más o menos preciso.
En fin, no me cabe la menor duda que las causas de muchos de los problemas identificados en los Acuerdos de Paz siguen vigentes, como tampoco es secreto que otros nuevos retos han aparecido desde entonces, y que seguramente necesitaríamos una segunda generación de acuerdos nacionales que tuvieran la capacidad de reconocer esos nuevos problemas que hoy nos agobian.
Creo que el diálogo sigue siendo la mejor avenida por la cual transitar para poder seguir viviendo en sociedad y en democracia. En todo caso, aprovecho para darles las gracias a todos ustedes, hombres y mujeres, que trabajaron en primera, segunda o tercera fila en el proceso de paz. Dejaron un legado valioso, que hoy debemos tratar de no convertir en simples recuerdos de paz.
Apreciado lector, ¡que tenga un buen inicio de año!
Prensa Libre, 30 de diciembre de 2010.
jueves, 23 de diciembre de 2010
Viviendo con un dólar al día
“Aquel famoso Servicio Social o las Misiones, eran ejercicios que intentaban acercar a jóvenes urbanos a la realidad de ese mundo rural e invisible, parándonos frente al incómodo espejo de las disparidades que componen nuestro país.”
Mira este video en YouTube. Ese fue todo el mensaje que leí en el correo electrónico que me mandó mi hijo Javier. Se me había perdido hasta que hace un par de días di con él y finalmente pude abrirlo. Después de ver el primero vi que no solamente eran una serie de mini documentales, sino que hasta tenían un sitio web en donde poder leer más información que explicaba la génesis y desarrollo del proyecto.
Al final de la mañana, lo que debió tomarme un par de minutos se convirtió en una zambullida de más de dos horas por el internet, viendo, escuchando, leyendo, reflexionando. Así es la vida. Las lecciones aparecen donde menos lo esperamos.
“Living on One Dollar-A-Day” es la historia de un grupo de cuatro estudiantes universitarios del Claremont McKenna College en California, quienes un buen día dispusieron salir de su zona de confort y tener la experiencia de vivir justamente así: con menos de un dólar diario. Es decir, vivir en pobreza extrema.
Para hacerlo decidieron dedicar sus vacaciones de verano del 2010. Durante nueve semanas tuvieron una inmersión total en un mundo y condiciones de vida que para muchos seguramente solo se compara con haber tenido ido y regresado a Marte, o bien haberse transportado en la máquina del tiempo un par de siglos atrás. Escogieron nada menos que la comunidad de Peña Blanca en la región del Lago de Atitlán.
Pero el cuento no termina allí, la idea iba más allá de la sola experiencia de vivir en condiciones precarias y administrar un presupuesto ínfimo. Además decidieron producir un documental, que después les permitiera tratar de explicar a sus pares cómo es que vive la gran mayoría de nuestros agricultores indígenas.
Cada uno de los videos va contando en pequeños capítulos las aventuras que tuvieron que pasar. Instalarse en una vivienda mínima, piso de tierra, cocinar a leña, adecuarse a una dieta de frijol y arroz (¡a veces aguacate y banano!), disciplinarse financieramente para vivir dentro del presupuesto asignado (un dólar por cabeza), aprender algo español y cackchiquel, enseñar un poco de inglés, tomar un microcrédito (¡y repagarlo a tiempo!), aprender el juego del regateo en el mercado local, cultivar la tierra, involucrarse con la comunidad y construir así un pequeño capital social que les sirvió de ventana para ese microcosmos.
El proyecto me hizo recordar otras experiencias similares que se practicaban en centros educativos en Guatemala hace algunos años. Aquel famoso “Servicio Social” o las “Misiones”, eran ejercicios que intentaban acercar a jóvenes urbanos a la realidad de ese mundo rural e invisible, parándonos frente al incómodo espejo de las enormes disparidades que componen nuestro país. Dicho sea de paso, sigo creyendo que la vivencia es una herramienta mucho más poderosa para construir lazos y acercar extremos.
Para fortuna nuestra, hoy parecen reverdecer estas ideas y poco a poco más y más jóvenes se organizan en proyectos de sensibilización y transformación social. Creo que es algo muy bueno y debiera fomentarse aún más. Hay que dejarlos despertar y procurarles canales sanos y propositivos para que desfoguen su innata rebeldía ante aquello que perciben como injusto. Es, además, una forma de reconstruir tejido social y crear puentes de confianza y entendimiento entre mundos y realidades muy distintas.
Devuelve la ilusión y la esperanza ver la fuerza interior y el entusiasmo que desprende de los ojos de jóvenes como Zach, Chris, Sean y Ryan, y muchos otros guatemaltecos que están haciendo cosas interesantes para entender y tratar de transformar lo que no les gusta. Haber acercado la lente de la cámara, el estómago, el cerebro y el corazón, a una realidad que para tantos es cotidiana o simplemente invisible, esforzándose por traducirla en lenguaje de juventud, seguramente es una experiencia que los dejará marcados por muchos años.
Lo invito a que se de una vuelta por su sitio web y vea cada uno de los videos y diarios que han colgado allí (http://onedollaraday.weebly.com/index.html). Le garantizo que serán minutos muy bien invertidos para abonar un poco más esa atmósfera reflexiva de fin de año. ¡Gracias patojos, hicieron un excelente trabajo!
Prensa Libre, 23 de diciembre de 2010.
Mira este video en YouTube. Ese fue todo el mensaje que leí en el correo electrónico que me mandó mi hijo Javier. Se me había perdido hasta que hace un par de días di con él y finalmente pude abrirlo. Después de ver el primero vi que no solamente eran una serie de mini documentales, sino que hasta tenían un sitio web en donde poder leer más información que explicaba la génesis y desarrollo del proyecto.
Al final de la mañana, lo que debió tomarme un par de minutos se convirtió en una zambullida de más de dos horas por el internet, viendo, escuchando, leyendo, reflexionando. Así es la vida. Las lecciones aparecen donde menos lo esperamos.
“Living on One Dollar-A-Day” es la historia de un grupo de cuatro estudiantes universitarios del Claremont McKenna College en California, quienes un buen día dispusieron salir de su zona de confort y tener la experiencia de vivir justamente así: con menos de un dólar diario. Es decir, vivir en pobreza extrema.
Para hacerlo decidieron dedicar sus vacaciones de verano del 2010. Durante nueve semanas tuvieron una inmersión total en un mundo y condiciones de vida que para muchos seguramente solo se compara con haber tenido ido y regresado a Marte, o bien haberse transportado en la máquina del tiempo un par de siglos atrás. Escogieron nada menos que la comunidad de Peña Blanca en la región del Lago de Atitlán.
Pero el cuento no termina allí, la idea iba más allá de la sola experiencia de vivir en condiciones precarias y administrar un presupuesto ínfimo. Además decidieron producir un documental, que después les permitiera tratar de explicar a sus pares cómo es que vive la gran mayoría de nuestros agricultores indígenas.
Cada uno de los videos va contando en pequeños capítulos las aventuras que tuvieron que pasar. Instalarse en una vivienda mínima, piso de tierra, cocinar a leña, adecuarse a una dieta de frijol y arroz (¡a veces aguacate y banano!), disciplinarse financieramente para vivir dentro del presupuesto asignado (un dólar por cabeza), aprender algo español y cackchiquel, enseñar un poco de inglés, tomar un microcrédito (¡y repagarlo a tiempo!), aprender el juego del regateo en el mercado local, cultivar la tierra, involucrarse con la comunidad y construir así un pequeño capital social que les sirvió de ventana para ese microcosmos.
El proyecto me hizo recordar otras experiencias similares que se practicaban en centros educativos en Guatemala hace algunos años. Aquel famoso “Servicio Social” o las “Misiones”, eran ejercicios que intentaban acercar a jóvenes urbanos a la realidad de ese mundo rural e invisible, parándonos frente al incómodo espejo de las enormes disparidades que componen nuestro país. Dicho sea de paso, sigo creyendo que la vivencia es una herramienta mucho más poderosa para construir lazos y acercar extremos.
Para fortuna nuestra, hoy parecen reverdecer estas ideas y poco a poco más y más jóvenes se organizan en proyectos de sensibilización y transformación social. Creo que es algo muy bueno y debiera fomentarse aún más. Hay que dejarlos despertar y procurarles canales sanos y propositivos para que desfoguen su innata rebeldía ante aquello que perciben como injusto. Es, además, una forma de reconstruir tejido social y crear puentes de confianza y entendimiento entre mundos y realidades muy distintas.
Devuelve la ilusión y la esperanza ver la fuerza interior y el entusiasmo que desprende de los ojos de jóvenes como Zach, Chris, Sean y Ryan, y muchos otros guatemaltecos que están haciendo cosas interesantes para entender y tratar de transformar lo que no les gusta. Haber acercado la lente de la cámara, el estómago, el cerebro y el corazón, a una realidad que para tantos es cotidiana o simplemente invisible, esforzándose por traducirla en lenguaje de juventud, seguramente es una experiencia que los dejará marcados por muchos años.
Lo invito a que se de una vuelta por su sitio web y vea cada uno de los videos y diarios que han colgado allí (http://onedollaraday.weebly.com/index.html). Le garantizo que serán minutos muy bien invertidos para abonar un poco más esa atmósfera reflexiva de fin de año. ¡Gracias patojos, hicieron un excelente trabajo!
Prensa Libre, 23 de diciembre de 2010.
jueves, 16 de diciembre de 2010
Reflexiones de fin de año
“Cuatro cosas que no son del otro mundo, pero que por ahora y a ratos nos parecen tan lejanas y míticas como el mismo Olimpo.”
El fin de año es uno de esos ritos de pasaje muy propicios para la reflexión sobre lo actuado, pero también para la planificación del futuro próximo. Este año, además, coincide con una coyuntura política que necesariamente nos obliga a repasar el rumbo que lleva el país. Faltan pocos meses para que nuevamente hagamos el ejercicio democrático formal de acudir a las urnas, reafirmándonos así que la democracia – aunque plagada de imperfecciones – sigue siendo el arreglo social más adecuado para construir nuestro desarrollo.
Si nos preguntaran hoy a todos los guatemaltecos cuáles son prioridades nacionales que el gobierno (saliente y entrante) debieran enfrentar, los principales retos o amenazas, oportunidades ó grandes temas, que demandan la atención de nuestras elites, posiblemente la lista no estaría muy lejos de lo siguiente: seguridad de que volveré vivo a casa cada día; condiciones físicas para hacer producir el changarro y poco a poco crecer económicamente; contar con una escuela y centro de salud para los patojos; y saber que si por alguna razón me va mal, hay una red mínima de protección que no me dejará caer al vacío de la miseria. Cuatro cosas que no son del otro mundo, pero que por ahora y a ratos nos parecen tan lejanas y míticas como el mismo Olimpo.
La seguridad ciudadana y combate al crimen organizado muy probablemente hoy sea número uno en la lista. Es un clamor generalizado, no solamente en Guatemala sino desde México hasta Costa Rica. Y esto no es retórica sino más bien un llamado de atención para que se le preste la importancia mayúscula que merece. Ha quedado claro que ninguno de nuestros débiles Estados en centroamericanos – mucho menos cualquier equipo de gobierno de turno – tiene ni tendrá la capacidad institucional, humana y financiera para hacer frente a tamaño reto.
Es una amenaza supranacional, que demanda el concurso paciente y sostenido de muchos actores en nuestra sociedad, así como la actuación coordinada con otros Estados. Así lo han reconocido líderes mundiales en distintos foros, al reconocer que el animal tiene dos cabezas. Por una parte, una oferta, canales de comercialización, y capacidad de fuego cada vez más sofisticados; y por la otra, una demanda creciente e insatisfecha, que pone todos los incentivos para procurar una tajada de tan jugoso negocio. Verlo de otra manera es miopía y más de lo mismo.
La consolidación fiscal es otro gran tema, eterno e inconcluso, que ya casi nos define como país en el concierto internacional. A Guatemala se la pinta bajo tres colores: pobre, desigual, y con poca capacidad de sus elites para movilizar recursos propios y financiar su propio desarrollo.
Nótese que se habla del tema fiscal en un sentido amplio. Claro reconocimiento que el nudo ciego no es solo de impuestos. La relevancia del tema es tal, que ya está en boca y tinta de representantes de todo el espectro político. Cualquiera que pretenda plantearse como una opción seria en las próximas elecciones deberá hablarnos con franqueza sobre su visión del financiamiento y rol del Estado guatemalteco.
Otro gran reto es la recuperación – primero – y ampliación – después – de nuestra maltratada infraestructura productiva. Es evidente que necesitamos crecer. Las tasas que traemos durante los últimos años no alcanzan ni para los pañales de los chirices que parimos cada año, mucho menos para ahorrar y pensar en inversiones de más largo aliento.
Y quien mejor para generar crecimiento que nuestro sector privado (micro, pequeño, mediano y grande), provisto de unas condiciones mínimas que lo hagan competitivo. En buen chapín eso significa recuperar carreteras, puentes y agua potable, que fueron dañadas por los desastres naturales.
Pero también hay espacio y necesidad de pensar en nuevas obras para la siguiente década. Hay financiamiento disponible en la banca internacional y multilateral, hay leyes que facilitan alianzas entre el gobierno y el empresariado, hay un interés declarado de nuestros principales socios comerciales en traducir ideas en proyectos regionales, y poder así relanzar una visión de mercados integrados.
Finalmente no podemos dejar olvidadas a nuestras grandes mayorías. Es absolutamente esencial continuar en la profundización de nuestras redes de protección social para atender mínimamente las paupérrimas condiciones en que sobreviven muchos. Nuestros indicadores de pobreza y desigualdad, aunque cifras viejas, dan cuenta de unas condiciones que necesitan atenderse con la urgencia del grito de la desnutrición infantil e inseguridad alimentaria en el oriente del país, con la profundidad y persistencia que revelan los niveles de pobreza del norte y noroccidente, y con los niveles de desigualdad económica y social que arroja cualquier comparación entre la región metropolitana y cualquier otra parte del territorio nacional.
Cuatro grandes retos, cuatro patas de la misma mesa sobre la cual podremos sentarnos en paz, a convivir como miembros de una misma familia guatemalteca; o sobre la cual echaremos los dados y nos daremos a la suerte. Menuda responsabilidad tienen nuestras elites, ojalá den la talla.
Prensa Libre, 16 de diciembre de 2010.
El fin de año es uno de esos ritos de pasaje muy propicios para la reflexión sobre lo actuado, pero también para la planificación del futuro próximo. Este año, además, coincide con una coyuntura política que necesariamente nos obliga a repasar el rumbo que lleva el país. Faltan pocos meses para que nuevamente hagamos el ejercicio democrático formal de acudir a las urnas, reafirmándonos así que la democracia – aunque plagada de imperfecciones – sigue siendo el arreglo social más adecuado para construir nuestro desarrollo.
Si nos preguntaran hoy a todos los guatemaltecos cuáles son prioridades nacionales que el gobierno (saliente y entrante) debieran enfrentar, los principales retos o amenazas, oportunidades ó grandes temas, que demandan la atención de nuestras elites, posiblemente la lista no estaría muy lejos de lo siguiente: seguridad de que volveré vivo a casa cada día; condiciones físicas para hacer producir el changarro y poco a poco crecer económicamente; contar con una escuela y centro de salud para los patojos; y saber que si por alguna razón me va mal, hay una red mínima de protección que no me dejará caer al vacío de la miseria. Cuatro cosas que no son del otro mundo, pero que por ahora y a ratos nos parecen tan lejanas y míticas como el mismo Olimpo.
La seguridad ciudadana y combate al crimen organizado muy probablemente hoy sea número uno en la lista. Es un clamor generalizado, no solamente en Guatemala sino desde México hasta Costa Rica. Y esto no es retórica sino más bien un llamado de atención para que se le preste la importancia mayúscula que merece. Ha quedado claro que ninguno de nuestros débiles Estados en centroamericanos – mucho menos cualquier equipo de gobierno de turno – tiene ni tendrá la capacidad institucional, humana y financiera para hacer frente a tamaño reto.
Es una amenaza supranacional, que demanda el concurso paciente y sostenido de muchos actores en nuestra sociedad, así como la actuación coordinada con otros Estados. Así lo han reconocido líderes mundiales en distintos foros, al reconocer que el animal tiene dos cabezas. Por una parte, una oferta, canales de comercialización, y capacidad de fuego cada vez más sofisticados; y por la otra, una demanda creciente e insatisfecha, que pone todos los incentivos para procurar una tajada de tan jugoso negocio. Verlo de otra manera es miopía y más de lo mismo.
La consolidación fiscal es otro gran tema, eterno e inconcluso, que ya casi nos define como país en el concierto internacional. A Guatemala se la pinta bajo tres colores: pobre, desigual, y con poca capacidad de sus elites para movilizar recursos propios y financiar su propio desarrollo.
Nótese que se habla del tema fiscal en un sentido amplio. Claro reconocimiento que el nudo ciego no es solo de impuestos. La relevancia del tema es tal, que ya está en boca y tinta de representantes de todo el espectro político. Cualquiera que pretenda plantearse como una opción seria en las próximas elecciones deberá hablarnos con franqueza sobre su visión del financiamiento y rol del Estado guatemalteco.
Otro gran reto es la recuperación – primero – y ampliación – después – de nuestra maltratada infraestructura productiva. Es evidente que necesitamos crecer. Las tasas que traemos durante los últimos años no alcanzan ni para los pañales de los chirices que parimos cada año, mucho menos para ahorrar y pensar en inversiones de más largo aliento.
Y quien mejor para generar crecimiento que nuestro sector privado (micro, pequeño, mediano y grande), provisto de unas condiciones mínimas que lo hagan competitivo. En buen chapín eso significa recuperar carreteras, puentes y agua potable, que fueron dañadas por los desastres naturales.
Pero también hay espacio y necesidad de pensar en nuevas obras para la siguiente década. Hay financiamiento disponible en la banca internacional y multilateral, hay leyes que facilitan alianzas entre el gobierno y el empresariado, hay un interés declarado de nuestros principales socios comerciales en traducir ideas en proyectos regionales, y poder así relanzar una visión de mercados integrados.
Finalmente no podemos dejar olvidadas a nuestras grandes mayorías. Es absolutamente esencial continuar en la profundización de nuestras redes de protección social para atender mínimamente las paupérrimas condiciones en que sobreviven muchos. Nuestros indicadores de pobreza y desigualdad, aunque cifras viejas, dan cuenta de unas condiciones que necesitan atenderse con la urgencia del grito de la desnutrición infantil e inseguridad alimentaria en el oriente del país, con la profundidad y persistencia que revelan los niveles de pobreza del norte y noroccidente, y con los niveles de desigualdad económica y social que arroja cualquier comparación entre la región metropolitana y cualquier otra parte del territorio nacional.
Cuatro grandes retos, cuatro patas de la misma mesa sobre la cual podremos sentarnos en paz, a convivir como miembros de una misma familia guatemalteca; o sobre la cual echaremos los dados y nos daremos a la suerte. Menuda responsabilidad tienen nuestras elites, ojalá den la talla.
Prensa Libre, 16 de diciembre de 2010.
Empleo: más preguntas que respuestas
“El empleo es condición sine qua non para que la gran mayoría de hogares guatemaltecos tengan casa, comida, educación y salud.”
El día de ayer salió una nota en la sección económica muy interesante. El título era “Prevén esatbilidad en el empleo”, y básicamente resumía un estudio hecho por una empresa de recursos humanos llamada Manpower. Haciendo una encuesta a 620 empresarios a nivel nacional, en diferentes sectores de actividad económica, destaca las expectativas que dichos agentes tienen con relación a posibles despidos y contrataciones que harían en el siguiente trimestre.
De allí derivan una medida llamada “tendencia neta del empleo”, que no es más que la resta entre los empleos y despidos que se prevén para el período en cuestión. Guatemala aparece con una tendencia neta de empleo del 9% para el primer trimestre del 2011. Aunque los datos que se presentan son bastante agregados en cuanto a distribución geográfica, tamaño de muestra, y sectores de actividad, es posible resaltar un par de tendencias.
La primera es que la región más rezagada del territorio nacional sigue siendo la Norte, resultado que refuerza las cifras de pobreza, en donde esa misma región es de las más pobres del país. Es decir, no solamente son pobres, sino que además no se está generando mayor empleo.
La segunda tendencia es que aparentemente el mayor dinamismo proviene del sector construcción, seguido muy de lejos por el sector agrícola y de transporte y comunicaciones. El sector servicios, por su parte, es el que menos empleo generaría. Resultado relevante cuando se piensa en el tipo de mano de obra que cada sector contrata, y por ende en el nivel salarial que podría llegar a tener las nuevas plazas. En promedio se esperaría que el sector servicios demandara un trabajador más cualificado, más productivo, y por consiguiente con un salario mayor.
Finalmente, en una comparación con otros países en donde también se realizan encuestas similares. Guatemala aparece a la cola en la tendencia neta de empleo (9%) para 2011 muy por debajo de otros países de la región como México (16%), Costa Rica (19%) ó Panamá (22%).
Pero además de los resultados obtenidos de la encuesta, es pertinente ir un paso más allá y reflexionar en un sentido más amplio sobre este mercado tan importante para el bienestar de la sociedad en su conjunto. El empleo es condición sine qua non para que la gran mayoría de hogares guatemaltecos tengan casa, comida, educación y salud. En otras palabras, son muy poquitos aquellos hogares privilegiados, que pueden prescindir de que – cuando menos – uno de sus miembros trabaje, y poder darse el lujo de vivir de rentas generadas por otros factores de la producción.
Por consiguiente, este tema debiera ser un tema central en la política pública nacional. Debiéramos estar inundados de análisis del mercado laboral guatemalteco. Por ejemplo, caracterizaciones del perfil del empleo para diferentes grupos de edad, étnicos, para cada departamento del país. Debiéramos poder predecir con mucha certeza las probabilidades de encontrar empleo para nuestros jóvenes, dependiendo de la cantidad y calidad de escolaridad que tienen. Las mediciones del empleo en el país tendrían que ser tan regulares y sistemáticas como la página del horóscopo en cada periódico.
Sin embargo no es así. Por el contrario, este estudio de Manpower y quizás el que hace ASIES son de lo poco que circula para medio tomarle el pulso al mercado laboral. Nuestras últimas encuestas oficiales de empleo son del 2004. ¿Increíble o no?
Conocer las expectativas de generación de empleo es importante, es verdad y no lo discuto. Pero también es cierto que no podemos seguir basando nuestra lectura de un mercado tan importante como el laboral de una forma tan miope, sin más referente que una pequeña muestra privada de empresarios y sus “espíritus animales” – como diría Keynes – con respecto a la creación o destrucción de plazas de trabajo.
Además de salir a preguntar a empresarios lo que piensan con respecto al siguiente trimestre, nuestro Instituto Nacional de Estadística debiera estar haciendo el mismo esfuerzo y con esa misma regularidad, para salir a tocar la puerta de nuestros hogares para que nos cuenten qué es lo que les ha pasado cada 10 ó 12 semanas.
Para terminar, me gustaría complementar la opinión de la ejecutiva de esta empresa cuando nos recuerda la importancia de (sic) “desarrollar la calidad del recurso humano y que se aprovechen los talentos y habilidades para que los trabajos no se vayan a otros países”. Eso es una parte – muy importante por cierto – del mercado.
La otra parte tiene que ver con la calidad de los puestos de trabajo que se generan para atraer mucho de nuestro capital humano que ya está formado y que tristemente sale centrifugado de la región por falta de oportunidades o, peor aún, porque habiéndolas, nuestro mercado laboral no sabe hacer un match adecuado entre plazas y talentos.
En todo caso, discusiones de este tipo solamente se pueden tener con más y mejor información estadística. De otra manera es como sacar el dedo por la ventana para tratar de pronosticar si va a llover en el territorio nacional.
Prensa Libre, 9 de diciembre de 2010.
El día de ayer salió una nota en la sección económica muy interesante. El título era “Prevén esatbilidad en el empleo”, y básicamente resumía un estudio hecho por una empresa de recursos humanos llamada Manpower. Haciendo una encuesta a 620 empresarios a nivel nacional, en diferentes sectores de actividad económica, destaca las expectativas que dichos agentes tienen con relación a posibles despidos y contrataciones que harían en el siguiente trimestre.
De allí derivan una medida llamada “tendencia neta del empleo”, que no es más que la resta entre los empleos y despidos que se prevén para el período en cuestión. Guatemala aparece con una tendencia neta de empleo del 9% para el primer trimestre del 2011. Aunque los datos que se presentan son bastante agregados en cuanto a distribución geográfica, tamaño de muestra, y sectores de actividad, es posible resaltar un par de tendencias.
La primera es que la región más rezagada del territorio nacional sigue siendo la Norte, resultado que refuerza las cifras de pobreza, en donde esa misma región es de las más pobres del país. Es decir, no solamente son pobres, sino que además no se está generando mayor empleo.
La segunda tendencia es que aparentemente el mayor dinamismo proviene del sector construcción, seguido muy de lejos por el sector agrícola y de transporte y comunicaciones. El sector servicios, por su parte, es el que menos empleo generaría. Resultado relevante cuando se piensa en el tipo de mano de obra que cada sector contrata, y por ende en el nivel salarial que podría llegar a tener las nuevas plazas. En promedio se esperaría que el sector servicios demandara un trabajador más cualificado, más productivo, y por consiguiente con un salario mayor.
Finalmente, en una comparación con otros países en donde también se realizan encuestas similares. Guatemala aparece a la cola en la tendencia neta de empleo (9%) para 2011 muy por debajo de otros países de la región como México (16%), Costa Rica (19%) ó Panamá (22%).
Pero además de los resultados obtenidos de la encuesta, es pertinente ir un paso más allá y reflexionar en un sentido más amplio sobre este mercado tan importante para el bienestar de la sociedad en su conjunto. El empleo es condición sine qua non para que la gran mayoría de hogares guatemaltecos tengan casa, comida, educación y salud. En otras palabras, son muy poquitos aquellos hogares privilegiados, que pueden prescindir de que – cuando menos – uno de sus miembros trabaje, y poder darse el lujo de vivir de rentas generadas por otros factores de la producción.
Por consiguiente, este tema debiera ser un tema central en la política pública nacional. Debiéramos estar inundados de análisis del mercado laboral guatemalteco. Por ejemplo, caracterizaciones del perfil del empleo para diferentes grupos de edad, étnicos, para cada departamento del país. Debiéramos poder predecir con mucha certeza las probabilidades de encontrar empleo para nuestros jóvenes, dependiendo de la cantidad y calidad de escolaridad que tienen. Las mediciones del empleo en el país tendrían que ser tan regulares y sistemáticas como la página del horóscopo en cada periódico.
Sin embargo no es así. Por el contrario, este estudio de Manpower y quizás el que hace ASIES son de lo poco que circula para medio tomarle el pulso al mercado laboral. Nuestras últimas encuestas oficiales de empleo son del 2004. ¿Increíble o no?
Conocer las expectativas de generación de empleo es importante, es verdad y no lo discuto. Pero también es cierto que no podemos seguir basando nuestra lectura de un mercado tan importante como el laboral de una forma tan miope, sin más referente que una pequeña muestra privada de empresarios y sus “espíritus animales” – como diría Keynes – con respecto a la creación o destrucción de plazas de trabajo.
Además de salir a preguntar a empresarios lo que piensan con respecto al siguiente trimestre, nuestro Instituto Nacional de Estadística debiera estar haciendo el mismo esfuerzo y con esa misma regularidad, para salir a tocar la puerta de nuestros hogares para que nos cuenten qué es lo que les ha pasado cada 10 ó 12 semanas.
Para terminar, me gustaría complementar la opinión de la ejecutiva de esta empresa cuando nos recuerda la importancia de (sic) “desarrollar la calidad del recurso humano y que se aprovechen los talentos y habilidades para que los trabajos no se vayan a otros países”. Eso es una parte – muy importante por cierto – del mercado.
La otra parte tiene que ver con la calidad de los puestos de trabajo que se generan para atraer mucho de nuestro capital humano que ya está formado y que tristemente sale centrifugado de la región por falta de oportunidades o, peor aún, porque habiéndolas, nuestro mercado laboral no sabe hacer un match adecuado entre plazas y talentos.
En todo caso, discusiones de este tipo solamente se pueden tener con más y mejor información estadística. De otra manera es como sacar el dedo por la ventana para tratar de pronosticar si va a llover en el territorio nacional.
Prensa Libre, 9 de diciembre de 2010.
¿Hay algo más después de las transferencias condicionadas?
“Para lograr efectos más permanentes sobre la calidad de vida de los pobres, la discusión va más allá de las capacidades limitadas que tiene un simple programa de TCE.”
Estamos a poco más de diez meses del evento electoral. A medida que transcurran las semanas, diferentes temas comenzarán a salir al aire. Visiones de lo que debiera hacerse, de las grandes prioridades nacionales. Esa discusión es muy sana, es el juego de la democracia, en donde diferentes visiones entran en competencia para tratar de ganarse el derecho de orientar por un tiempo la gestión pública.
Algunas discusiones se encenderán de acuerdo a la capacidad de jalar votos. Otras, aunque sean temas de fondo, no tendrán mayor realce y se perderán entre canciones y bulla. Natural miopía electoral. Lo importante es que, en medio del fragor de la discusión, los ciudadanos hagamos un esfuerzo renovado por tratar de poner argumentos sobre la mesa, y tratemos, tanto como sea posible, de construir discusiones sobre bases técnicas.
Uno de los grandes temas que seguramente será discutido es el enfoque que la actual administración ha seguido en materia de política social y de manera específica el programa de transferencias condicionadas en efectivo (TCE). Y para ello es muy importante preparar y documentar adecuadamente argumentos, evidencia, lo que ha funcionado en Guatemala y en otros países, así como aquello que merece mayor reflexión y necesidad de ajustes.
En ese sentido, el año pasado salió una publicación del Banco Mundial titulada “Conditional cash transfers: reducing present and future poverty”. Un documento que debiera ser consumido por cualquiera que tenga interés en el tema y busque tener una visión panorámica sobre la rápida expansión y logros de este instrumento de política pública, así como de los retos que enfrenta a futuro.
De una manera sistemática explica la forma y razones por las que estos programas se han expandido alrededor del mundo, especialmente en América Latina donde virtualmente cada país de la región tiene en funcionamiento un programa de este tipo. Pero además, el documento es amplio para discutir con evidencia empírica tanto efectos positivos como limitaciones que estas intervenciones tienen para la reducción de la pobreza y su transmisión intergeneracional.
Hay mucha evidencia acumulada y documentada a nivel mundial en cuanto a beneficios de las TCE. Por ejemplo, ganancias importantes en focalización hacia los grupos más pobres de la sociedad, aumentos en el nivel de consumo de los hogares beneficiarios, reducciones en niveles de pobreza – y en algunos casos de desigualdad económica –, han inducido a los hogares beneficiarios a demandar y utilizar servicios públicos de salud y educación. Todas estas son áreas en las que los programas de TCE parece que han hecho un buen trabajo.
Sin embargo, también es cierto que la evidencia es menos contundente cuando se va un paso más allá y se intentan observar impactos más profundos en el bienestar de las personas, tales como el estado nutricional y capacidad de aprendizaje de los niños, ó – incluso en aquellos programas que ya tienen muchos años funcionando –, en la posibilidad de insertar a los beneficiarios de las TCE en mercados laborales que les permitan generar retornos económicos por esa inversión que han hecho en capital humano – es decir, un ingreso mayor al de sus padres o al que estarían condenados a obtener sin mayor escolaridad o un estado de salud deficiente.
Para lograr estos efectos más permanentes sobre la calidad de vida de los pobres, la discusión va más allá de las capacidades limitadas que tiene un simple programa de TCE. Es decir, el instrumento hace una parte del trabajo, y de allí en adelante debe ser complementado con otro tipo de intervenciones que completen el círculo de efectos positivos en el bienestar de las personas.
Al final del día la literatura nos permite rescatar al menos tres lecciones de esta última década y media de programas de transferencias condicionadas alrededor del mundo. La primera lección es que son intervenciones que alivian transitoriamente la restricción presupuestaria de hogares en situación de pobreza, elevando su nivel de consumo.
La segunda lección es que tienen un gran poder de inducir demanda de servicios públicos, y por tanto imponen un reto importante a los ministerios sectoriales (salud y educación) para que agilicen su capacidad de respuesta por lo menos en cuanto a cobertura se refiere.
La tercera lección es que los efectos de mediano plazo, que ya se observan en otros programas más consolidados, sugieren la necesidad de pensar en las TCE como un primer eslabón de una cadena de intervenciones mucho más amplia y compleja en materia de protección social.
Lo rescatable de toda esta discusión en el contexto que vivirá Guatemala durante las próximas 35 semanas es que hay material suficiente para discutir técnicamente el tema, y poder así aprovechar el momento electoral para reflexionar sobre la arquitectura de nuestra política social con una perspectiva de mediano plazo.
Prensa Libre, 2 de diciembre de 2010.
Estamos a poco más de diez meses del evento electoral. A medida que transcurran las semanas, diferentes temas comenzarán a salir al aire. Visiones de lo que debiera hacerse, de las grandes prioridades nacionales. Esa discusión es muy sana, es el juego de la democracia, en donde diferentes visiones entran en competencia para tratar de ganarse el derecho de orientar por un tiempo la gestión pública.
Algunas discusiones se encenderán de acuerdo a la capacidad de jalar votos. Otras, aunque sean temas de fondo, no tendrán mayor realce y se perderán entre canciones y bulla. Natural miopía electoral. Lo importante es que, en medio del fragor de la discusión, los ciudadanos hagamos un esfuerzo renovado por tratar de poner argumentos sobre la mesa, y tratemos, tanto como sea posible, de construir discusiones sobre bases técnicas.
Uno de los grandes temas que seguramente será discutido es el enfoque que la actual administración ha seguido en materia de política social y de manera específica el programa de transferencias condicionadas en efectivo (TCE). Y para ello es muy importante preparar y documentar adecuadamente argumentos, evidencia, lo que ha funcionado en Guatemala y en otros países, así como aquello que merece mayor reflexión y necesidad de ajustes.
En ese sentido, el año pasado salió una publicación del Banco Mundial titulada “Conditional cash transfers: reducing present and future poverty”. Un documento que debiera ser consumido por cualquiera que tenga interés en el tema y busque tener una visión panorámica sobre la rápida expansión y logros de este instrumento de política pública, así como de los retos que enfrenta a futuro.
De una manera sistemática explica la forma y razones por las que estos programas se han expandido alrededor del mundo, especialmente en América Latina donde virtualmente cada país de la región tiene en funcionamiento un programa de este tipo. Pero además, el documento es amplio para discutir con evidencia empírica tanto efectos positivos como limitaciones que estas intervenciones tienen para la reducción de la pobreza y su transmisión intergeneracional.
Hay mucha evidencia acumulada y documentada a nivel mundial en cuanto a beneficios de las TCE. Por ejemplo, ganancias importantes en focalización hacia los grupos más pobres de la sociedad, aumentos en el nivel de consumo de los hogares beneficiarios, reducciones en niveles de pobreza – y en algunos casos de desigualdad económica –, han inducido a los hogares beneficiarios a demandar y utilizar servicios públicos de salud y educación. Todas estas son áreas en las que los programas de TCE parece que han hecho un buen trabajo.
Sin embargo, también es cierto que la evidencia es menos contundente cuando se va un paso más allá y se intentan observar impactos más profundos en el bienestar de las personas, tales como el estado nutricional y capacidad de aprendizaje de los niños, ó – incluso en aquellos programas que ya tienen muchos años funcionando –, en la posibilidad de insertar a los beneficiarios de las TCE en mercados laborales que les permitan generar retornos económicos por esa inversión que han hecho en capital humano – es decir, un ingreso mayor al de sus padres o al que estarían condenados a obtener sin mayor escolaridad o un estado de salud deficiente.
Para lograr estos efectos más permanentes sobre la calidad de vida de los pobres, la discusión va más allá de las capacidades limitadas que tiene un simple programa de TCE. Es decir, el instrumento hace una parte del trabajo, y de allí en adelante debe ser complementado con otro tipo de intervenciones que completen el círculo de efectos positivos en el bienestar de las personas.
Al final del día la literatura nos permite rescatar al menos tres lecciones de esta última década y media de programas de transferencias condicionadas alrededor del mundo. La primera lección es que son intervenciones que alivian transitoriamente la restricción presupuestaria de hogares en situación de pobreza, elevando su nivel de consumo.
La segunda lección es que tienen un gran poder de inducir demanda de servicios públicos, y por tanto imponen un reto importante a los ministerios sectoriales (salud y educación) para que agilicen su capacidad de respuesta por lo menos en cuanto a cobertura se refiere.
La tercera lección es que los efectos de mediano plazo, que ya se observan en otros programas más consolidados, sugieren la necesidad de pensar en las TCE como un primer eslabón de una cadena de intervenciones mucho más amplia y compleja en materia de protección social.
Lo rescatable de toda esta discusión en el contexto que vivirá Guatemala durante las próximas 35 semanas es que hay material suficiente para discutir técnicamente el tema, y poder así aprovechar el momento electoral para reflexionar sobre la arquitectura de nuestra política social con una perspectiva de mediano plazo.
Prensa Libre, 2 de diciembre de 2010.
¿Brecha ó dieta digital?
“Ahora comienza a hablarse de dieta digital, en referencia a la necesidad de aprender a dosificar y estar en control de la internet y otras tecnologías digitales.”
El domingo pasado apareció en el New York Times un reportaje titutlado “Growing up digital, wired for distraction”. A través de entrevistas con un par de maestros, un director de escuela, tres o cuatro niños, y algunos científicos, la nota reflexiona sobre los efectos de la avalancha digital sobre nuestros niños y jóvenes.
Si bien toma como ejemplo a un grupo de jóvenes adolescentes en escuelas de Estados Unidos, el mensaje es claro y universal: “los jóvenes siempre han estado expuestos a distractores y distintas formas para perder el tiempo. Pero los computadores y teléfonos celulares, y la cadena de estímulos que a través de ellos obtienen, han impuesto un reto importante para la concentración y el aprendizaje”.
No es muy difícil imaginarse los eslabones de esta cadena de estímulos. Nuestros jóvenes (e incluso adultos) usan cotidianamente cosas como Facebook, YouTube, Twitter, juegos de video, texting, email, o simplemente hablar por celular. Los que tenemos hijos seguramente hemos escuchado más de una vez la frase “pero ¿cómo hacían ustedes para vivir sin celular y computadoras?”. Para ellos es simplemente inconcebible un mundo en el que yo no pueda actualizar mi estado, subir una foto o un video, textear a mis amigos o bajar música del internet. El mundo así funciona y punto. Lo demás es casi como cavernario.
Sin embargo, estas bondades de la era de la conectividad aparentemente también imponen costos en el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Un grupo de neurocientistas de la German Sport University en Alemania estudiaron a niños entre 12 y 14 años, para medir los efectos de video juegos y programas de televisión en el aprendizaje. Encontraron que los videojuegos reducían significativamente la calidad de sueño y la capacidad de recordar vocabulario mucho más que la televisión.
Al parecer, uno de los principales riesgos que la nueva era digital impone sobre el desarrollo cerebral de nuestros niños y jóvenes es que los mantiene haciendo muchas cosas a la vez, sujetos a estímulos cambiantes, premiando el cambio por sobre la capacidad de concentrarse en una sola actividad. Esto se pone de manifiesto de manera muy clara en la escuela, en donde los maestros tienen cada vez más que usar métodos ingeniosos para mantener la atención de chiquillos habituados al “multi-tasking” (hacer muchas cosas simultáneamente).
Además, todos estos nuevos estímulos son (literalmente) permanentes. Es como si no tuvieran switch de apagado. Siempre se puede enviar un correo electrónico o navegar por la internet, incluso de madrugada. Ello provoca que cada vez haya menos tiempos de descanso para el cerebro en el día a día.
De acuerdo a estudios conducidos en la Harvard Medical School, estos espacios de tranquilidad cumplen una función fundamental para el cerebro. Son el equivalente al sueño para el cuerpo. Los períodos de descanso son críticos para que el cerebro sintetice información y haga conexiones entre ideas.
El tema ha adquirido tal relevancia que ahora comienza a hablarse de dieta digital, en referencia a la necesidad de aprender a dosificar y estar en control de la internet y otras tecnologías digitales. Es decir, tratar el tema como cualquier otra actividad que puede generar adicción y dependencia. Por ejemplo, balanceando el uso del tiempo en internet – mucha evidencia demuestra que los jóvenes usan las computadoras en casa fundamentalmente para entretenimiento y no para aprendizaje –, apagar celular, y desconectarse de facebook cuando se hacen tareas, son algunas de las recomendaciones básicas para recuperar el control en el uso del tiempo.
En un sentido más amplio hay que reconocer que la era digital está abriendo, por lo menos, dos importantes brechas. Por un lado, compitiendo con sistemas tradicionales de enseñanza, que encuentran cada vez mayor dificultad en mantener el ritmo del cambio, y con ello capturar la atención de jóvenes ávidos de estímulos y formación. En otras palabras, estamos obligados a repensar métodos de enseñanza para mantener la atención y motivación de una juventud que hoy transita entre el mundo virtual y el real en nanosegundos.
Y por el otro, en países como Guatemala, hay que añadir que la brecha tecnológica también tiene efectos en términos de equidad de oportunidades. Somos una sociedad joven, en donde una inmensa masa de población no tiene acceso a la décima parte de recursos y herramientas tecnológicas que en otras latitudes ya son consideradas como elementales. Ello indiscutiblemente ampliará brechas de productividad, y por consiguiente tendrá efectos en los retornos a la educación y perfiles de ingreso laboral de nuestra mano de obra. Todo ello muy fácilmente se traducen después en altos índices de desigualdad económica.
Prensa Libre, 25 de noviembre de 2010.
El domingo pasado apareció en el New York Times un reportaje titutlado “Growing up digital, wired for distraction”. A través de entrevistas con un par de maestros, un director de escuela, tres o cuatro niños, y algunos científicos, la nota reflexiona sobre los efectos de la avalancha digital sobre nuestros niños y jóvenes.
Si bien toma como ejemplo a un grupo de jóvenes adolescentes en escuelas de Estados Unidos, el mensaje es claro y universal: “los jóvenes siempre han estado expuestos a distractores y distintas formas para perder el tiempo. Pero los computadores y teléfonos celulares, y la cadena de estímulos que a través de ellos obtienen, han impuesto un reto importante para la concentración y el aprendizaje”.
No es muy difícil imaginarse los eslabones de esta cadena de estímulos. Nuestros jóvenes (e incluso adultos) usan cotidianamente cosas como Facebook, YouTube, Twitter, juegos de video, texting, email, o simplemente hablar por celular. Los que tenemos hijos seguramente hemos escuchado más de una vez la frase “pero ¿cómo hacían ustedes para vivir sin celular y computadoras?”. Para ellos es simplemente inconcebible un mundo en el que yo no pueda actualizar mi estado, subir una foto o un video, textear a mis amigos o bajar música del internet. El mundo así funciona y punto. Lo demás es casi como cavernario.
Sin embargo, estas bondades de la era de la conectividad aparentemente también imponen costos en el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Un grupo de neurocientistas de la German Sport University en Alemania estudiaron a niños entre 12 y 14 años, para medir los efectos de video juegos y programas de televisión en el aprendizaje. Encontraron que los videojuegos reducían significativamente la calidad de sueño y la capacidad de recordar vocabulario mucho más que la televisión.
Al parecer, uno de los principales riesgos que la nueva era digital impone sobre el desarrollo cerebral de nuestros niños y jóvenes es que los mantiene haciendo muchas cosas a la vez, sujetos a estímulos cambiantes, premiando el cambio por sobre la capacidad de concentrarse en una sola actividad. Esto se pone de manifiesto de manera muy clara en la escuela, en donde los maestros tienen cada vez más que usar métodos ingeniosos para mantener la atención de chiquillos habituados al “multi-tasking” (hacer muchas cosas simultáneamente).
Además, todos estos nuevos estímulos son (literalmente) permanentes. Es como si no tuvieran switch de apagado. Siempre se puede enviar un correo electrónico o navegar por la internet, incluso de madrugada. Ello provoca que cada vez haya menos tiempos de descanso para el cerebro en el día a día.
De acuerdo a estudios conducidos en la Harvard Medical School, estos espacios de tranquilidad cumplen una función fundamental para el cerebro. Son el equivalente al sueño para el cuerpo. Los períodos de descanso son críticos para que el cerebro sintetice información y haga conexiones entre ideas.
El tema ha adquirido tal relevancia que ahora comienza a hablarse de dieta digital, en referencia a la necesidad de aprender a dosificar y estar en control de la internet y otras tecnologías digitales. Es decir, tratar el tema como cualquier otra actividad que puede generar adicción y dependencia. Por ejemplo, balanceando el uso del tiempo en internet – mucha evidencia demuestra que los jóvenes usan las computadoras en casa fundamentalmente para entretenimiento y no para aprendizaje –, apagar celular, y desconectarse de facebook cuando se hacen tareas, son algunas de las recomendaciones básicas para recuperar el control en el uso del tiempo.
En un sentido más amplio hay que reconocer que la era digital está abriendo, por lo menos, dos importantes brechas. Por un lado, compitiendo con sistemas tradicionales de enseñanza, que encuentran cada vez mayor dificultad en mantener el ritmo del cambio, y con ello capturar la atención de jóvenes ávidos de estímulos y formación. En otras palabras, estamos obligados a repensar métodos de enseñanza para mantener la atención y motivación de una juventud que hoy transita entre el mundo virtual y el real en nanosegundos.
Y por el otro, en países como Guatemala, hay que añadir que la brecha tecnológica también tiene efectos en términos de equidad de oportunidades. Somos una sociedad joven, en donde una inmensa masa de población no tiene acceso a la décima parte de recursos y herramientas tecnológicas que en otras latitudes ya son consideradas como elementales. Ello indiscutiblemente ampliará brechas de productividad, y por consiguiente tendrá efectos en los retornos a la educación y perfiles de ingreso laboral de nuestra mano de obra. Todo ello muy fácilmente se traducen después en altos índices de desigualdad económica.
Prensa Libre, 25 de noviembre de 2010.
Maestros, padres y capital humano
“Mientras los maestros explican entre un 10% y 20% el logro educativo de los estudiantes, estos otros factores “fuera de la escuela” representan hasta un 60% del mismo.”
Todos estamos de acuerdo con que todos nuestros niños y niñas tengan acceso a un aula en donde formarse. La gran mayoría de nuestra población tiene eso claro hoy día. Es por eso que los padres buscamos la mejor educación a nuestro alcance para nuestros hijos. Y es por eso mismo que los gobiernos generalmente encuentran menor resistencia para dirigir recursos públicos hacia educación que hacia otras áreas.
En ese proceso de aumentar nuestro capital humano hay dos grandes retos: cobertura y calidad educativa. Por un lado están el aula, los pupitres, el bolsón de útiles escolares, el número de maestros, los libros de texto, son todos elementos que con relativa facilidad se pueden ver, cuantificar, y por tanto evaluar si se han alcanzado ciertas metas. Esta es la pelea por la cobertura.
Por otro lado está el conjunto de habilidades críticas que nuestros niños y jóvenes deben adquirir para poder insertarse en una sociedad y mercado laboral que demanda y retribuye cada vez más en función de lo que saben hacer y cada vez menos en función de los títulos alcanzados. Tales dimensiones del proceso educativo son de mucho más difícil medición. No se pueden tocar tan fácilmente como una escuela o un cuaderno. Esa es la pelea por la calidad educativa.
Lo interesante aquí es observar como prácticamente todos los países siguen más ó menos la misma secuencia. Primero se preocupan por abrir muchas escuelas, luego por garantizar los insumos que maestros y estudiantes requieren, y en un tercer momento caen al debate de lograr calidad en la educación. Vamos de lo más básico e inmediato a lo más complejo y de más largo plazo.
Sin embargo, la verdad es que la gran mayoría de personas no tenemos mucha idea de cómo procurar educación de calidad. Nos guiamos por señales incompletas – prestigio social de ciertas disciplinas, renombre de algunos centros educativos y maestros –. Vemos sujetos (nuestros niños y jóvenes y sus maestros), vemos insumos (aulas y útiles escolares), y vemos productos finales (profesionales exitosos o mediocres). El problema es que al momento de ver el producto final generalmente ya es muy tarde.
Lo que no podemos ver muy claramente es el proceso. Esa mezcla esfuerzo del maestro, dedicación del alumno, apoyo en el hogar, y una infraestructura adecuada para transformar capacidades potenciales en habilidades desarrolladas y aplicadas por el estudiante. Mucho menos aún sabemos cuánto pesa cada uno de esos factores en el producto final que se espera de la educación. Una pregunta para nada trivial cuando lo que está en juego es el retorno a una inversión de muchos años.
Por sentido común intuimos algunos de los factores que pueden determinar el éxito de las personas. Por ejemplo, nos parece que los maestros deben jugar un papel importante. ¡Será para menos, si nuestros hijos pasan interactuando con maestros la parte más productiva de sus días!
Pero además, no hay que perder de vista que el maestro es solamente uno más de muchos otros elementos. El nivel de ingreso de la familia a la cual pertenece la niña o el niño, así como el nivel de educación de sus padres son factores que esconden una dinámica mucho más profunda y compleja, que explica rendimientos diferentes entre estudiantes que atienden la misma escuela y son educados por el mismo maestro.
De hecho, algunos estudios documentan que mientras los maestros explican entre un 10% y 20% el logro educativo de los estudiantes, estos otros factores “fuera de la escuela” representan hasta un 60% del mismo. De allí se desprenden dos mensajes importantes: primero, para lograr calidad educativa, la calidad de los maestros es condición necesaria pero no es suficiente.
Y segundo, la responsabilidad que tienen padres y madres en el proceso de enseñanza de sus hijos es algo que no se puede ni debe desaprovechar. Para cerrar el círculo de calidad educativa, productividad, competitividad, crecimiento económico y desarrollo social, hay que descubrir y potenciar “todo lo demás” que rodea al niño.
Hacer una apología de la calidad de nuestros maestros es ignorar los muchos otros problemas estructurales que hacen más inclinada la pendiente del logro educativo para ciertos grupos de la población en Guatemala. La pobreza, violencia y desintegración familiar, el bajo nivel educativo de nuestra población adulta, la desnutrición, son todos lastres muy pesados que tienen un efecto en nuestros jóvenes. La calidad educativa es una tarea que no comienza ni termina en la escuela.
Prensa Libre, 18 de noviembre de 2010.
Todos estamos de acuerdo con que todos nuestros niños y niñas tengan acceso a un aula en donde formarse. La gran mayoría de nuestra población tiene eso claro hoy día. Es por eso que los padres buscamos la mejor educación a nuestro alcance para nuestros hijos. Y es por eso mismo que los gobiernos generalmente encuentran menor resistencia para dirigir recursos públicos hacia educación que hacia otras áreas.
En ese proceso de aumentar nuestro capital humano hay dos grandes retos: cobertura y calidad educativa. Por un lado están el aula, los pupitres, el bolsón de útiles escolares, el número de maestros, los libros de texto, son todos elementos que con relativa facilidad se pueden ver, cuantificar, y por tanto evaluar si se han alcanzado ciertas metas. Esta es la pelea por la cobertura.
Por otro lado está el conjunto de habilidades críticas que nuestros niños y jóvenes deben adquirir para poder insertarse en una sociedad y mercado laboral que demanda y retribuye cada vez más en función de lo que saben hacer y cada vez menos en función de los títulos alcanzados. Tales dimensiones del proceso educativo son de mucho más difícil medición. No se pueden tocar tan fácilmente como una escuela o un cuaderno. Esa es la pelea por la calidad educativa.
Lo interesante aquí es observar como prácticamente todos los países siguen más ó menos la misma secuencia. Primero se preocupan por abrir muchas escuelas, luego por garantizar los insumos que maestros y estudiantes requieren, y en un tercer momento caen al debate de lograr calidad en la educación. Vamos de lo más básico e inmediato a lo más complejo y de más largo plazo.
Sin embargo, la verdad es que la gran mayoría de personas no tenemos mucha idea de cómo procurar educación de calidad. Nos guiamos por señales incompletas – prestigio social de ciertas disciplinas, renombre de algunos centros educativos y maestros –. Vemos sujetos (nuestros niños y jóvenes y sus maestros), vemos insumos (aulas y útiles escolares), y vemos productos finales (profesionales exitosos o mediocres). El problema es que al momento de ver el producto final generalmente ya es muy tarde.
Lo que no podemos ver muy claramente es el proceso. Esa mezcla esfuerzo del maestro, dedicación del alumno, apoyo en el hogar, y una infraestructura adecuada para transformar capacidades potenciales en habilidades desarrolladas y aplicadas por el estudiante. Mucho menos aún sabemos cuánto pesa cada uno de esos factores en el producto final que se espera de la educación. Una pregunta para nada trivial cuando lo que está en juego es el retorno a una inversión de muchos años.
Por sentido común intuimos algunos de los factores que pueden determinar el éxito de las personas. Por ejemplo, nos parece que los maestros deben jugar un papel importante. ¡Será para menos, si nuestros hijos pasan interactuando con maestros la parte más productiva de sus días!
Pero además, no hay que perder de vista que el maestro es solamente uno más de muchos otros elementos. El nivel de ingreso de la familia a la cual pertenece la niña o el niño, así como el nivel de educación de sus padres son factores que esconden una dinámica mucho más profunda y compleja, que explica rendimientos diferentes entre estudiantes que atienden la misma escuela y son educados por el mismo maestro.
De hecho, algunos estudios documentan que mientras los maestros explican entre un 10% y 20% el logro educativo de los estudiantes, estos otros factores “fuera de la escuela” representan hasta un 60% del mismo. De allí se desprenden dos mensajes importantes: primero, para lograr calidad educativa, la calidad de los maestros es condición necesaria pero no es suficiente.
Y segundo, la responsabilidad que tienen padres y madres en el proceso de enseñanza de sus hijos es algo que no se puede ni debe desaprovechar. Para cerrar el círculo de calidad educativa, productividad, competitividad, crecimiento económico y desarrollo social, hay que descubrir y potenciar “todo lo demás” que rodea al niño.
Hacer una apología de la calidad de nuestros maestros es ignorar los muchos otros problemas estructurales que hacen más inclinada la pendiente del logro educativo para ciertos grupos de la población en Guatemala. La pobreza, violencia y desintegración familiar, el bajo nivel educativo de nuestra población adulta, la desnutrición, son todos lastres muy pesados que tienen un efecto en nuestros jóvenes. La calidad educativa es una tarea que no comienza ni termina en la escuela.
Prensa Libre, 18 de noviembre de 2010.
Quito y su centro histórico
“La tendencia de los pueblos latinoamericanos es a urbanizarse, y en consecuencia toca a las ciudades prepararse para crear y recrear espacios que permitan el desarrollo de los vecinos.”
A más de 2,800 metros sobre el nivel del mar, Quito es una de las ciudades más altas del continente. Para quien no está acostumbrado, se le recomienda que al llegar tome las primeras horas con actividad relativamente suave. La fatiga producto de la escasez de oxígeno es un malestar típico con que esta ciudad, de poco más de 2.3 millones de habitantes, recibe al extranjero. Hay que darle tiempo al organismo de irse aclimatando.
Hace 32 años, junto a Croacia, Quito fue declarada patrimonio de la humanidad. Según nos contó su alcalde, en parte ello se debe a la crisis por la que atravesaba la Real Audiencia de Quito en el siglo XVI y XVII, lo cual impidió que los gobernantes de entonces tuvieran la capacidad económica y política de derrumbar obras de arquitectura de la época. Hoy, esos 600 edificios constituyen un tesoro, testigo mudo de la vida colonial de aquel país.
Sin embargo, y como ha sido el destino casi indefectible de las principales ciudades latinoamericanas, durante la segunda mitad del siglo XX entró en un severo deterioro. Dejado al descuido, abandonado por las clases medias y altas, quienes se mudaron a la parte norte de la ciudad, el centro histórico se volvió cueva de rateros, comercio informal, edificios hediondos y muy deteriorados, calles sucias, caóticas y poco señalizadas. En fin, el centro de Quito se convirtió en cualquier cosa menos en un lugar vivible.
Durante la década de los años noventa la municipalidad inició un esfuerzo de mediano plazo, con el objetivo de recuperar el centro histórico. Y fue así como desde entonces ha desarrollado una agenda muy compleja de transformación urbana. Han restaurado edificios coloniales que estaban convertidos en palomares, cantinas y baratillos.
Negociaron una relocalización pactada con más de seis mil comerciantes informales que habían hecho de las calles un mercado de quinta categoría. Habilitaron parques, pequeños centros comerciales para diferentes grupos socioeconómicos. Las iglesias de jesuitas, franciscanos, dominicos y agustinos han sido reabiertas al público, y las plazas han vuelto a ser espacios para todos los vecinos y visitantes.
Veinte años después, el ambicioso proyecto de recuperación del centro histórico de Quito es una realidad que se puede palpar. Y lo que más entusiasma es escuchar a sus habitantes hablar con mucho orgullo de lo que se han logrado. Tanto así que se han trazado una nueva agenda que contempla proyectos de mucha más envergadura.
La actualización de su catastro, obras de saneamiento y purificación del agua, la construcción de la primera línea de metro subterráneo, regularización de barrios marginales, la reubicación del aeropuerto para poder atender mejor al millón de turistas que visitan la capital ecuatoriana todos los años, son solamente algunos de los proyectos en los que las autoridades municipales están trabajando.
Y así como Quito, esfuerzos de recuperación de centros históricos se están llevando a cabo en otras ciudades ecuatorianas y varios países latinoamericanos como Perú, Uruguay, México y Brasil. En definitiva son ejercicios de planificación urbana que se hacen necesarios para hacer de las urbes lugares con un mínimo de calidad de vida.
La tendencia de los pueblos latinoamericanos es a urbanizarse, y en consecuencia toca a las ciudades prepararse para crear y recrear espacios que permitan el desarrollo de los vecinos. Todos estos proyectos de recuperación comparten elementos comunes. Comienzan con obras básicas de infraestructura, para poder cerrar ciertas brechas de servicios básicos entre su población. A veces financiadas con recursos del gobierno central, a veces con recursos municipales. Más recientemente con modalidades de concesión y-o participación público privada.
Luego pasan a fases de promoción del desarrollo económico local para procurar fuentes de empleo e ingreso. Y después se centran en intervenciones de desarrollo social y reconstrucción de tejido ciudadano para poco a poco ir devolviendo un sentido de pertenencia e identidad a los habitantes del lugar.
Pero además, estos esfuerzos son una gran caja de resonancia que puede favorecer la cooperación entre países de ingreso medio. Las latinoamericanas son ciudades con retos y recursos más o menos similares. Ello nos debe facilitar encontrar soluciones creativas a los muchos retos que desprenden de la urbanización.
Por de pronto, mandarle un fuerte abrazo y sinceras felicitaciones a los Quiteños por haber hecho de su ciudad un espacio cada vez más público, vivible, y lleno de cultura. ¡Adelante!
Prensa Libre, 11 de noviembre de 2010.
A más de 2,800 metros sobre el nivel del mar, Quito es una de las ciudades más altas del continente. Para quien no está acostumbrado, se le recomienda que al llegar tome las primeras horas con actividad relativamente suave. La fatiga producto de la escasez de oxígeno es un malestar típico con que esta ciudad, de poco más de 2.3 millones de habitantes, recibe al extranjero. Hay que darle tiempo al organismo de irse aclimatando.
Hace 32 años, junto a Croacia, Quito fue declarada patrimonio de la humanidad. Según nos contó su alcalde, en parte ello se debe a la crisis por la que atravesaba la Real Audiencia de Quito en el siglo XVI y XVII, lo cual impidió que los gobernantes de entonces tuvieran la capacidad económica y política de derrumbar obras de arquitectura de la época. Hoy, esos 600 edificios constituyen un tesoro, testigo mudo de la vida colonial de aquel país.
Sin embargo, y como ha sido el destino casi indefectible de las principales ciudades latinoamericanas, durante la segunda mitad del siglo XX entró en un severo deterioro. Dejado al descuido, abandonado por las clases medias y altas, quienes se mudaron a la parte norte de la ciudad, el centro histórico se volvió cueva de rateros, comercio informal, edificios hediondos y muy deteriorados, calles sucias, caóticas y poco señalizadas. En fin, el centro de Quito se convirtió en cualquier cosa menos en un lugar vivible.
Durante la década de los años noventa la municipalidad inició un esfuerzo de mediano plazo, con el objetivo de recuperar el centro histórico. Y fue así como desde entonces ha desarrollado una agenda muy compleja de transformación urbana. Han restaurado edificios coloniales que estaban convertidos en palomares, cantinas y baratillos.
Negociaron una relocalización pactada con más de seis mil comerciantes informales que habían hecho de las calles un mercado de quinta categoría. Habilitaron parques, pequeños centros comerciales para diferentes grupos socioeconómicos. Las iglesias de jesuitas, franciscanos, dominicos y agustinos han sido reabiertas al público, y las plazas han vuelto a ser espacios para todos los vecinos y visitantes.
Veinte años después, el ambicioso proyecto de recuperación del centro histórico de Quito es una realidad que se puede palpar. Y lo que más entusiasma es escuchar a sus habitantes hablar con mucho orgullo de lo que se han logrado. Tanto así que se han trazado una nueva agenda que contempla proyectos de mucha más envergadura.
La actualización de su catastro, obras de saneamiento y purificación del agua, la construcción de la primera línea de metro subterráneo, regularización de barrios marginales, la reubicación del aeropuerto para poder atender mejor al millón de turistas que visitan la capital ecuatoriana todos los años, son solamente algunos de los proyectos en los que las autoridades municipales están trabajando.
Y así como Quito, esfuerzos de recuperación de centros históricos se están llevando a cabo en otras ciudades ecuatorianas y varios países latinoamericanos como Perú, Uruguay, México y Brasil. En definitiva son ejercicios de planificación urbana que se hacen necesarios para hacer de las urbes lugares con un mínimo de calidad de vida.
La tendencia de los pueblos latinoamericanos es a urbanizarse, y en consecuencia toca a las ciudades prepararse para crear y recrear espacios que permitan el desarrollo de los vecinos. Todos estos proyectos de recuperación comparten elementos comunes. Comienzan con obras básicas de infraestructura, para poder cerrar ciertas brechas de servicios básicos entre su población. A veces financiadas con recursos del gobierno central, a veces con recursos municipales. Más recientemente con modalidades de concesión y-o participación público privada.
Luego pasan a fases de promoción del desarrollo económico local para procurar fuentes de empleo e ingreso. Y después se centran en intervenciones de desarrollo social y reconstrucción de tejido ciudadano para poco a poco ir devolviendo un sentido de pertenencia e identidad a los habitantes del lugar.
Pero además, estos esfuerzos son una gran caja de resonancia que puede favorecer la cooperación entre países de ingreso medio. Las latinoamericanas son ciudades con retos y recursos más o menos similares. Ello nos debe facilitar encontrar soluciones creativas a los muchos retos que desprenden de la urbanización.
Por de pronto, mandarle un fuerte abrazo y sinceras felicitaciones a los Quiteños por haber hecho de su ciudad un espacio cada vez más público, vivible, y lleno de cultura. ¡Adelante!
Prensa Libre, 11 de noviembre de 2010.
Tomando el pulso de las microfinanzas (II)
“Guatemala tiene mucho camino recorrido en el sector, pero también enfrenta retos muy concretos para potenciar aún más ese mercado cautivo que espera tener acceso a mayores y mejores productos financieros.”
En octubre del año pasado escribí una columna de opinión titulada “Tomando el pulso de las microfinanzas” en la cual comentaba el informe “Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas”. Dicho trabajo es elaborado por The Economist Intelligence Unit con el apoyo de FOMIN (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF) y la IFC del Banco Mundial. Este año repito el ejercicio porque me parece útil comparar la evolución del sector desde el 2009.
El Microscopio es un esfuerzo que arrancó en el 2007. Construye un indicador que ordena a los países de acuerdo al nivel de desarrollo del sector de las microfinanzas. Para ello toma en cuenta tres categorías principales: marco regulatorio, clima de inversión y desarrollo institucional.
En aquella época era solamente para países de la región de América Latina y el Caribe, pero desde el año pasado se ha ampliado para incorporar a otras regiones del mundo como África Subsahariana, Este y Sur de Asia, Europa del Este y Asia Central y Oriente Medio y Norte de África.
En cuanto a marco regulatorio se analiza principalmente la capacidad del gobierno para supervisar el sector. En cuanto a clima de inversión se observan factores como estabilidad política, sistema judicial, transparencia de las instituciones de microfinanzas (IMF). Y en desarrollo institucional se considera la variedad de servicios ofrecidos por las IMF y el nivel de competencia del sector.
Al igual que el año pasado, Perú aparece como el mejor país evaluado del total de 54 países que componen la muestra. El mejor ubicado en Centro América es El Salvador (6), seguido por Nicaragua (13), Honduras (18), Guatemala (19) y Costa Rica (29).
El último país en la clasificación del Microscopio es Venezuela. Dentro de las razones que cita el informe anual están (sic) “distorsiones del entorno competitivo por causa de la fijación de tasas de interés y de la participación de entidades públicas subsidiadas, (…) deterioro del entorno macroeconómico y regulatorio, y la ausencia de una definición clara de microfinanzas, normativa y supervisión específicas”.
En el contexto centroamericano, el movimiento más drástico en el índice lo tuvo Nicaragua, quien el año pasado se ubicó en la posición 7 y este año descendió a la 13. Es el país que perdió la mayor cantidad de puntos debido a (sic) “los efectos negativos del movimiento No Pago sobre el marco regulatorio y las condiciones de financiamiento para las IMF.”
De las tres áreas que evalúa el índice, Guatemala obtiene el mejor puntaje en desarrollo institucional (puesto 7 de 54), seguida por clima de inversión (27 de 54) y finalmente marco regulatorio (32 de 54). El área en la que más posiciones retrocedimos con respecto al 2009 fue marco regulatorio, cayendo de la 26 a la 32.
La principal observación que el reporte hace a Guatemala tiene que ver con el marco regulatorio y supervisión. La ausencia de una legislación adecuada para atender al sector – algo que desde hace varios años se ha venido señalando, pero que por alguna razón no encuentra tracción suficiente en el parlamento. Consecuencia de lo anterior es que tenemos una reducida capacidad de supervisión hacia las instituciones no bancarias que atienden el sector, aún cuando son las IMF quienes han hecho una parte sustantiva del trabajo de profundización del mercado.
Paralelo al Microscopio se publicó un pequeño informe titulado “Microfinanzas en América Latina y el Caribe: el sector en cifras”, el cual hace un recuento de los principales indicadores de desempeño del sector en la región. Allí se citan las 20 mejores IMF de América Latina y el Caribe, evaluadas en tres dimensiones: alcance, eficiencia y transparencia. Guatemala vuelve a aparecer con dos instituciones: FONDESOL en el puesto 13, y Fundación Génesis Empresarial en el puesto 18. ¡Felicitaciones a ambos equipos por mantenerse en la lista!
Termino con la misma reflexión de hace un año: índices como Microscopio son valiosos porque ilustran las tendencias, los atributos, las cualidades, que internacionalmente se consideran valiosas en la industria microfinanciera moderna. Al final, estamos en un mundo globalizado, y por lo mismo somos observados y evaluados con una vara internacional.
Es verdad que Guatemala tiene mucho camino recorrido en el sector, pero también tiene una agenda muy concreta para potenciar aún más ese mercado cautivo que espera tener acceso a mayores y mejores productos financieros. Por lo tanto debemos seguir insistiendo y cuestionando qué piensan los jugadores locales al respecto – MINECO, REDIMIF, banca comercial, Comisión de finanzas del Congreso de la República, Junta Monetaria –. ¿Cuál es nuestro plan de acción para desarrollar esta industria nacional?
Prensa Libre, 4 de noviembre de 2010.
En octubre del año pasado escribí una columna de opinión titulada “Tomando el pulso de las microfinanzas” en la cual comentaba el informe “Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas”. Dicho trabajo es elaborado por The Economist Intelligence Unit con el apoyo de FOMIN (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF) y la IFC del Banco Mundial. Este año repito el ejercicio porque me parece útil comparar la evolución del sector desde el 2009.
El Microscopio es un esfuerzo que arrancó en el 2007. Construye un indicador que ordena a los países de acuerdo al nivel de desarrollo del sector de las microfinanzas. Para ello toma en cuenta tres categorías principales: marco regulatorio, clima de inversión y desarrollo institucional.
En aquella época era solamente para países de la región de América Latina y el Caribe, pero desde el año pasado se ha ampliado para incorporar a otras regiones del mundo como África Subsahariana, Este y Sur de Asia, Europa del Este y Asia Central y Oriente Medio y Norte de África.
En cuanto a marco regulatorio se analiza principalmente la capacidad del gobierno para supervisar el sector. En cuanto a clima de inversión se observan factores como estabilidad política, sistema judicial, transparencia de las instituciones de microfinanzas (IMF). Y en desarrollo institucional se considera la variedad de servicios ofrecidos por las IMF y el nivel de competencia del sector.
Al igual que el año pasado, Perú aparece como el mejor país evaluado del total de 54 países que componen la muestra. El mejor ubicado en Centro América es El Salvador (6), seguido por Nicaragua (13), Honduras (18), Guatemala (19) y Costa Rica (29).
El último país en la clasificación del Microscopio es Venezuela. Dentro de las razones que cita el informe anual están (sic) “distorsiones del entorno competitivo por causa de la fijación de tasas de interés y de la participación de entidades públicas subsidiadas, (…) deterioro del entorno macroeconómico y regulatorio, y la ausencia de una definición clara de microfinanzas, normativa y supervisión específicas”.
En el contexto centroamericano, el movimiento más drástico en el índice lo tuvo Nicaragua, quien el año pasado se ubicó en la posición 7 y este año descendió a la 13. Es el país que perdió la mayor cantidad de puntos debido a (sic) “los efectos negativos del movimiento No Pago sobre el marco regulatorio y las condiciones de financiamiento para las IMF.”
De las tres áreas que evalúa el índice, Guatemala obtiene el mejor puntaje en desarrollo institucional (puesto 7 de 54), seguida por clima de inversión (27 de 54) y finalmente marco regulatorio (32 de 54). El área en la que más posiciones retrocedimos con respecto al 2009 fue marco regulatorio, cayendo de la 26 a la 32.
La principal observación que el reporte hace a Guatemala tiene que ver con el marco regulatorio y supervisión. La ausencia de una legislación adecuada para atender al sector – algo que desde hace varios años se ha venido señalando, pero que por alguna razón no encuentra tracción suficiente en el parlamento. Consecuencia de lo anterior es que tenemos una reducida capacidad de supervisión hacia las instituciones no bancarias que atienden el sector, aún cuando son las IMF quienes han hecho una parte sustantiva del trabajo de profundización del mercado.
Paralelo al Microscopio se publicó un pequeño informe titulado “Microfinanzas en América Latina y el Caribe: el sector en cifras”, el cual hace un recuento de los principales indicadores de desempeño del sector en la región. Allí se citan las 20 mejores IMF de América Latina y el Caribe, evaluadas en tres dimensiones: alcance, eficiencia y transparencia. Guatemala vuelve a aparecer con dos instituciones: FONDESOL en el puesto 13, y Fundación Génesis Empresarial en el puesto 18. ¡Felicitaciones a ambos equipos por mantenerse en la lista!
Termino con la misma reflexión de hace un año: índices como Microscopio son valiosos porque ilustran las tendencias, los atributos, las cualidades, que internacionalmente se consideran valiosas en la industria microfinanciera moderna. Al final, estamos en un mundo globalizado, y por lo mismo somos observados y evaluados con una vara internacional.
Es verdad que Guatemala tiene mucho camino recorrido en el sector, pero también tiene una agenda muy concreta para potenciar aún más ese mercado cautivo que espera tener acceso a mayores y mejores productos financieros. Por lo tanto debemos seguir insistiendo y cuestionando qué piensan los jugadores locales al respecto – MINECO, REDIMIF, banca comercial, Comisión de finanzas del Congreso de la República, Junta Monetaria –. ¿Cuál es nuestro plan de acción para desarrollar esta industria nacional?
Prensa Libre, 4 de noviembre de 2010.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)