“Apostarle demasiado a la cooperación internacional para salir del atraso es arriesgado y no garantiza un final feliz. Es mucho mejor negocio tratar de hacerlo con recursos propios.”
Fue en septiembre de 2000 cuando 189 países miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Declaración del Milenio. Un documento que incluía compromisos y metas para la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo social y la protección del medio ambiente. Desde entonces, mucha de la cooperación internacional, así como ejercicios de planificación económica y social de gobiernos de países en desarrollo gravitó alrededor del avance de lo que en adelante se ha conocido como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Dentro de los ODM que más han resonado está reducir en un cincuenta por ciento la proporción de personas que viven en pobreza extrema, la proporción de personas que sufren hambre, y de aquellos que no tienen acceso a agua potable. También hemos escuchado de una meta para que niños y niñas – por igual – sean capaces de completar el nivel de educación primaria y tengan igual acceso a todos los niveles de educación. Otra tiene que ver con reducir la mortalidad materna e infantil en dos terceras partes, y revertir la propagación del HIV-SIDA, malaria y otras enfermedades.
En aquel momento se fijaron un horizonte de quince años pero con una particularidad: el año que sería tomado como base sería 1990. Es decir, se daban 10 años “de ventaja” para no arrancar enteramente de cero. Para aquel entonces el año 2015 quedaba muy lejos, quizás lo suficiente para facilitar compromisos de quienes en ese momento tenían a su cargo la conducción política de sus respectivos países.
Hoy es el 2010 y estamos a menos de 60 meses de la línea de llegada. Ya se comienza a generar alguna ansiedad y sentido de urgencia. Tanto que durante la Asamblea de Naciones Unidas que tuvo lugar la semana pasada en New york se dedicó un espacio para la evaluación de los ODM.
A pesar de ser una aspiración noble y bien intencionada para toda la humanidad, los ODM tampoco han estado exentos de crítica. Algunos han señalado que las metas son demasiado ambiciosas para algunas regiones del mundo. Por ejemplo, en el caso de África Sub Sahariana, de acuerdo a su trayectoria de desarrollo social tendría que dar un giro espectacular para poder cumplir tales compromisos.
Sin embargo, también se reconoce que los ODM han tenido otros efectos colaterales positivos. Por ejemplo, revertir una tendencia de reducciones en ayuda internacional tras el fin de la Guerra Fría. Así también, han contribuido a cambiar el paradigma de la cooperación internacional para el desarrollo, antes anclado más en insumos – e.g. cantidad de centros de salud construidos – que en resultados – e.g. reducir la tasa de mortalidad materna –. Personalmente creo que si estas dos externalidades fueran el único saldo que nos dejara los ODM, ya se le habría hecho un gran favor al mundo en desarrollo.
Dentro de los informes que circularon previo a la cumbre de Naciones Unidas hay un artículo elaborado por el Centro para el Desarrollo Global, cuyos autores fueron Benjamín Leo y Julia Barmeier. Se lo recomiendo. En poco más de quince páginas trata de salirle al paso a una crítica que se ha hecho al monitoreo de avances y retrocesos en ODM: concentrarse en tendencias agregadas (globales o regionales), minimizando con ello comportamientos diferenciados a nivel de país. Construyen un índice relativamente sencillo que evalúa la trayectoria en el cumplimiento de los ODM a nivel nacional, y se lo aplican a un grupo de 139 países, fundamentalmente aquellos de renta baja y media.
Dentro del grupo de países de renta baja la revelación es Honduras, punteando en primer lugar. Y dentro de los coleros están Burundi, la República Democrática del Congo, Afganistán y Guinea Bissau. En el grupo de países de renta media aparecen China, Ecuador y Túnez como los mejores y Bulgaria, Gabón y las islas Marshall como los más rezagados. Guatemala forma parte del grupo de mejor desempeño entre los países de renta media.
Los resultados generales del análisis dejan dos buenas noticias y plantean dos tareas pendientes. Las buenas nuevas son que el indicador con mejor desempeño en toda la muestra de países es el de igualdad de género; por otra parte, los países de renta baja (países más pobres) tienen un buen desempeño en el indicador de reducción de pobreza extrema. Las tareas pendientes tienen que ver con mejorar el desempeño relativo a HIV-SIDA y mortalidad materna.
Aunque quedan algunos años para el 2015, ya se pueden observar ciertas tendencias. Algunas de ellas corroboran lecciones ya recogidas en la literatura del desarrollo desde hace varios años. Menciono tres: primero, países en conflicto ó con altos índices de violencia tendrán más dificultad para cumplir con los ODM; segundo, cada vez es más clara la relación positiva que hay entre desarrollo, calidad institucional, crecimiento económico, y niveles de ingreso; y tercero, apostarle demasiado a la cooperación internacional para salir del atraso es arriesgado y no garantiza un final feliz. Es mucho mejor negocio tratar de hacerlo con recursos propios.
Prensa Libre, 30 de septiembre de 2010.
jueves, 30 de septiembre de 2010
viernes, 17 de septiembre de 2010
La década ganada
“Hoy podemos echar mano de lo que está cocinándose bajo el crecimiento económico peruano, la recuperación de espacios públicos de los colombianos, las redes de protección social uruguayas, la reducción de pobreza y desigualdad brasileña ó la profundización democrática costarricense.”
Cuando éramos estudiantes de universidad recuerdo cómo nuestros maestros y los principales analistas políticos y económicos nos hablaban de la década de los ochentas, refiriéndose a ella como “la década perdida”. Era el tiempo en que Latinoamérica daba el trago amargo de haberse puesto a juguetear con su gestión macroeconómica. Eran años de mucha intolerancia y un establishment claramente anti democrático. Días de palabras proscritas como progreso social, pobreza, reformas fiscales, redistribución del ingreso y derechos humanos. En el caso de Centro América, fue una época en que la región literalmente se desangraba por sus ideas políticas – tristemente hoy lo ha vuelto a hacer pero por razones más baratas y viles como la droga y el crimen organizado –.
Afortunadamente ha corrido agua bajo el puente, y hemos logrado superar varios de los problemas de entonces. Tanto así que el mundo nos ve de otra manera. Algunos incluso aventuran a decir que estamos ante “la década de América Latina”. En la actualidad prácticamente toda la región abraza la democracia como sistema político; los conflictos armados son parte de un capítulo duro y doloroso, pero que ya nadie considera como opción para llevar adelante transformaciones sociales y económicas aún pendientes; el crecimiento económico, aunque todavía modesto y volátil, poco a poco se ha ido quedando en nuestros países y contribuye a mejorar el nivel de vida de nuestra población; la gestión macroeconómica prudente nos parece hoy una obviedad, cuenta de ello es que La Gran Recesión no hizo tanto daño como en otras partes del planeta.
A propósito de los avances que hemos dado en las últimas décadas, la edición de The Economist de esta semana ha publicado un especial sobre América Latina. Francamente vale la pena leerlo despacio. Toma bastante bien la temperatura a nuestros países y sus principales retos de desarrollo.
En una de sus secciones el reporte aborda la agenda de progreso social en la región. Comienza por reconocer la reducción de pobreza que América Latina ha experimentado en los últimos años, explicando dicho avance básicamente por tres factores: crecimiento económico, control de la inflación, y programas sociales focalizados a los más pobres. Es cuando menos interesante el análisis que hace con respecto al crecimiento de la clase media baja en varios de nuestros países, tema que da para amplia discusión y debate.
Sin embargo, también enciende luces de alerta temprana sobre los nuevos desafíos que hoy se dibujan sobre nuestra agenda social. Por ejemplo, diseñar programas de reducción de pobreza urbana que sean tanto o más exitosos que los de pobreza rural; el desafío de lograr calidad educativa, dado que prácticamente hemos superado el reto de la cobertura en ciertos niveles; la reforma al gasto público, para darle más progresividad y capacidad de atención a la amplia masa de economía informal; así como la consolidación de nuestros incipientes sistemas de protección social.
En síntesis, aunque hay signos de avance, ello no es razón para ser autocomplacientes. Más bien, si de algo debemos cuidarnos los latinoamericanos es de no quedarnos atrapados en esos equilibrios de “baja intensidad”, en donde por una parte la crisis no llega a niveles que provoca procesos de transformación profunda; y por la otra, la inercia de un crecimiento mediocre y un Estado con poco músculo tampoco detonan círculos virtuosos de prosperidad y progreso.
Afortunadamente contamos con casos exitosos que ya han abierto brecha en diferentes áreas de desarrollo político, económico y social de la región. A diferencia de la década de los años noventa, cuando solamente teníamos el referente del milagro económico chileno, hoy podemos echar mano de lo que está cocinándose bajo el crecimiento económico peruano, la recuperación de espacios públicos de los colombianos, las redes de protección social uruguayas, la reducción de pobreza y desigualdad brasileña ó la profundización democrática costarricense, por citar algunos ejemplos.
Si estos cambios positivos se generalizan, es posible que en unos cuantos años podamos hablar de una “década ganada” para América Latina. Ello pasa por promover más integración y cooperación sur-sur, que permita una activa polinización cruzada entre nuestros pueblos. Ese es un camino muy efectivo para acortar tiempo y brecha en países como Guatemala, que todavía tienen importantes rezagos por atender y revertir.
Prensa Libre, 16 de septiembre de 2010.
Cuando éramos estudiantes de universidad recuerdo cómo nuestros maestros y los principales analistas políticos y económicos nos hablaban de la década de los ochentas, refiriéndose a ella como “la década perdida”. Era el tiempo en que Latinoamérica daba el trago amargo de haberse puesto a juguetear con su gestión macroeconómica. Eran años de mucha intolerancia y un establishment claramente anti democrático. Días de palabras proscritas como progreso social, pobreza, reformas fiscales, redistribución del ingreso y derechos humanos. En el caso de Centro América, fue una época en que la región literalmente se desangraba por sus ideas políticas – tristemente hoy lo ha vuelto a hacer pero por razones más baratas y viles como la droga y el crimen organizado –.
Afortunadamente ha corrido agua bajo el puente, y hemos logrado superar varios de los problemas de entonces. Tanto así que el mundo nos ve de otra manera. Algunos incluso aventuran a decir que estamos ante “la década de América Latina”. En la actualidad prácticamente toda la región abraza la democracia como sistema político; los conflictos armados son parte de un capítulo duro y doloroso, pero que ya nadie considera como opción para llevar adelante transformaciones sociales y económicas aún pendientes; el crecimiento económico, aunque todavía modesto y volátil, poco a poco se ha ido quedando en nuestros países y contribuye a mejorar el nivel de vida de nuestra población; la gestión macroeconómica prudente nos parece hoy una obviedad, cuenta de ello es que La Gran Recesión no hizo tanto daño como en otras partes del planeta.
A propósito de los avances que hemos dado en las últimas décadas, la edición de The Economist de esta semana ha publicado un especial sobre América Latina. Francamente vale la pena leerlo despacio. Toma bastante bien la temperatura a nuestros países y sus principales retos de desarrollo.
En una de sus secciones el reporte aborda la agenda de progreso social en la región. Comienza por reconocer la reducción de pobreza que América Latina ha experimentado en los últimos años, explicando dicho avance básicamente por tres factores: crecimiento económico, control de la inflación, y programas sociales focalizados a los más pobres. Es cuando menos interesante el análisis que hace con respecto al crecimiento de la clase media baja en varios de nuestros países, tema que da para amplia discusión y debate.
Sin embargo, también enciende luces de alerta temprana sobre los nuevos desafíos que hoy se dibujan sobre nuestra agenda social. Por ejemplo, diseñar programas de reducción de pobreza urbana que sean tanto o más exitosos que los de pobreza rural; el desafío de lograr calidad educativa, dado que prácticamente hemos superado el reto de la cobertura en ciertos niveles; la reforma al gasto público, para darle más progresividad y capacidad de atención a la amplia masa de economía informal; así como la consolidación de nuestros incipientes sistemas de protección social.
En síntesis, aunque hay signos de avance, ello no es razón para ser autocomplacientes. Más bien, si de algo debemos cuidarnos los latinoamericanos es de no quedarnos atrapados en esos equilibrios de “baja intensidad”, en donde por una parte la crisis no llega a niveles que provoca procesos de transformación profunda; y por la otra, la inercia de un crecimiento mediocre y un Estado con poco músculo tampoco detonan círculos virtuosos de prosperidad y progreso.
Afortunadamente contamos con casos exitosos que ya han abierto brecha en diferentes áreas de desarrollo político, económico y social de la región. A diferencia de la década de los años noventa, cuando solamente teníamos el referente del milagro económico chileno, hoy podemos echar mano de lo que está cocinándose bajo el crecimiento económico peruano, la recuperación de espacios públicos de los colombianos, las redes de protección social uruguayas, la reducción de pobreza y desigualdad brasileña ó la profundización democrática costarricense, por citar algunos ejemplos.
Si estos cambios positivos se generalizan, es posible que en unos cuantos años podamos hablar de una “década ganada” para América Latina. Ello pasa por promover más integración y cooperación sur-sur, que permita una activa polinización cruzada entre nuestros pueblos. Ese es un camino muy efectivo para acortar tiempo y brecha en países como Guatemala, que todavía tienen importantes rezagos por atender y revertir.
Prensa Libre, 16 de septiembre de 2010.
Nuevo fondo
“Así son las emergencias en países institucionalmente débiles. Alborotan hormigueros a cual más, pero solo lo suficiente para recuperar el endeble equilibrio pre crisis.”
Muchos tenemos la sensación que Guatemala pasa por uno de sus momentos más bajos en la historia reciente. Tratando de ser objetivo no podría decir cuánto de tal percepción se amplifica por la integración de ciertos segmentos de la sociedad que tenemos la capacidad de discutir en tiempo real e inocularnos mutuamente opiniones, fuentes de información y estados de ánimo.
De cualquier manera, el impasse político, la inseguridad ciudadana y los eventos naturales nos mantienen a raya y en boca de los principales medios de comunicación mundial. Lo peor de todo es que cuando creímos por fin haber tocado fondo, ¡zángana!... pues fíjese que siempre no. Hace muy poco fue la primera tormenta tropical de la temporada que vino “acuachada” con la erupción de un volcán y hundimientos en pleno centro de la ciudad. Pusieron a todo mundo a correr como pollos sin cabeza. Y no había terminado de asentar el polvo cuando aparece un invierno record.
Francamente somos como de libro de texto. Guatemala parece caso de estudio de un libro que salió al mercado un libro titulado “The Black Swan”, en alusión a aquellos fenómenos que tienen muy poca probabilidad de que ocurran, pero que cuando llegan a suceder tienen efectos profundos en las condiciones de vida de las personas. De verdad que la tentación de leer el momento por el que atraviesa el país como nuestro cisne negro es muy grande – y no me refiero solamente en lo climático –.
Pero más allá de ponernos a calcular probabilidades, lo más grave es que en su gran mayoría, todos son desastres para los que tenemos conciencia plena de lo que van a implicar y a quienes van a afectar más profundamente. Como dice una nota de la BBC al citar el último informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres, publicado por Naciones Unidas y el Banco Mundial: “(…) las comunidades más vulnerables sufren una parte desproporcionada de las pérdidas. (…) Los hogares pobres también suelen tener una menor capacidad de respuesta puesto que carecen de capacidad para movilizar o acceder a los activos necesarios para paliar las pérdidas (…) y rara vez tiene cobertura mediante seguros o sistemas de protección social.”
A eso habría que sumar el natural aumento poblacional acompañado de ninguna o muy poca planificación urbana y territorial, generando asentamientos en zonas de mucha vulnerabilidad como son las laderas y riberas de ríos. Claro está que muchas veces no es por falta de visión de mediano plazo sino por una razón mucho más elemental: la urgente necesidad de tener un techo (¡de la calidad que sea!). Así es la pobreza que vive la mitad de nuestra gente.
En el mediano plazo los restos están a la vista: levantar fondos para reconstrucción de la infraestructura, mitigar daños en la producción agrícola y agroindustrial a fin de contener aumentos en desempleo y prepararnos para nuevas crisis de seguridad alimentaria. Todo suena como a agua mojada. Todas son recomendaciones que ya se conocen desde hace tiempo. Entonces la pregunta interpelante es ¿por qué demonios no podemos salirnos del libreto de crónica de una muerte anunciada?
Entre tanto, la gritería de nuestras elites y liderazgos sigue siendo la misma: que si tantos puentes rotos, que si tramos carreteros mal construidos, que si aldeas y caseríos incomunicados, que si insuficiencia de recursos para atender emergencia, que si el mejor mecanismo es el presupuesto o más deuda externa, que si mejor antes interpelamos a fulano o a mengano, que si esto ayuda a tal o cual candidato, que si la cúpula tal o la conferencia cual protestan pero no proponen. Así son las emergencias en países institucionalmente débiles. Alborotan hormigueros a cual más, pero solo lo suficiente para recuperar el endeble equilibrio pre crisis.
De la seguidilla de eventos críticos destila una única y triste conclusión: incomunicación generalizada en el país – física, institucional, política y social. Diálogo de sordos. Y así es muy difícil poner en pie nación alguna. No se escucha con claridad el mensaje de nuestros liderazgos, aún y cuando tenemos dos grandes oportunidades para convocar a la unidad nacional y enrumbar nuevamente a Guatemala: la reconstrucción y la lucha frontal contra el crimen organizado. ¿Será que todavía nos falta tocar un nuevo fondo?
Prensa Libre, 9 de septiembre de 2010.
Muchos tenemos la sensación que Guatemala pasa por uno de sus momentos más bajos en la historia reciente. Tratando de ser objetivo no podría decir cuánto de tal percepción se amplifica por la integración de ciertos segmentos de la sociedad que tenemos la capacidad de discutir en tiempo real e inocularnos mutuamente opiniones, fuentes de información y estados de ánimo.
De cualquier manera, el impasse político, la inseguridad ciudadana y los eventos naturales nos mantienen a raya y en boca de los principales medios de comunicación mundial. Lo peor de todo es que cuando creímos por fin haber tocado fondo, ¡zángana!... pues fíjese que siempre no. Hace muy poco fue la primera tormenta tropical de la temporada que vino “acuachada” con la erupción de un volcán y hundimientos en pleno centro de la ciudad. Pusieron a todo mundo a correr como pollos sin cabeza. Y no había terminado de asentar el polvo cuando aparece un invierno record.
Francamente somos como de libro de texto. Guatemala parece caso de estudio de un libro que salió al mercado un libro titulado “The Black Swan”, en alusión a aquellos fenómenos que tienen muy poca probabilidad de que ocurran, pero que cuando llegan a suceder tienen efectos profundos en las condiciones de vida de las personas. De verdad que la tentación de leer el momento por el que atraviesa el país como nuestro cisne negro es muy grande – y no me refiero solamente en lo climático –.
Pero más allá de ponernos a calcular probabilidades, lo más grave es que en su gran mayoría, todos son desastres para los que tenemos conciencia plena de lo que van a implicar y a quienes van a afectar más profundamente. Como dice una nota de la BBC al citar el último informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres, publicado por Naciones Unidas y el Banco Mundial: “(…) las comunidades más vulnerables sufren una parte desproporcionada de las pérdidas. (…) Los hogares pobres también suelen tener una menor capacidad de respuesta puesto que carecen de capacidad para movilizar o acceder a los activos necesarios para paliar las pérdidas (…) y rara vez tiene cobertura mediante seguros o sistemas de protección social.”
A eso habría que sumar el natural aumento poblacional acompañado de ninguna o muy poca planificación urbana y territorial, generando asentamientos en zonas de mucha vulnerabilidad como son las laderas y riberas de ríos. Claro está que muchas veces no es por falta de visión de mediano plazo sino por una razón mucho más elemental: la urgente necesidad de tener un techo (¡de la calidad que sea!). Así es la pobreza que vive la mitad de nuestra gente.
En el mediano plazo los restos están a la vista: levantar fondos para reconstrucción de la infraestructura, mitigar daños en la producción agrícola y agroindustrial a fin de contener aumentos en desempleo y prepararnos para nuevas crisis de seguridad alimentaria. Todo suena como a agua mojada. Todas son recomendaciones que ya se conocen desde hace tiempo. Entonces la pregunta interpelante es ¿por qué demonios no podemos salirnos del libreto de crónica de una muerte anunciada?
Entre tanto, la gritería de nuestras elites y liderazgos sigue siendo la misma: que si tantos puentes rotos, que si tramos carreteros mal construidos, que si aldeas y caseríos incomunicados, que si insuficiencia de recursos para atender emergencia, que si el mejor mecanismo es el presupuesto o más deuda externa, que si mejor antes interpelamos a fulano o a mengano, que si esto ayuda a tal o cual candidato, que si la cúpula tal o la conferencia cual protestan pero no proponen. Así son las emergencias en países institucionalmente débiles. Alborotan hormigueros a cual más, pero solo lo suficiente para recuperar el endeble equilibrio pre crisis.
De la seguidilla de eventos críticos destila una única y triste conclusión: incomunicación generalizada en el país – física, institucional, política y social. Diálogo de sordos. Y así es muy difícil poner en pie nación alguna. No se escucha con claridad el mensaje de nuestros liderazgos, aún y cuando tenemos dos grandes oportunidades para convocar a la unidad nacional y enrumbar nuevamente a Guatemala: la reconstrucción y la lucha frontal contra el crimen organizado. ¿Será que todavía nos falta tocar un nuevo fondo?
Prensa Libre, 9 de septiembre de 2010.
Éxito rural, reto urbano
“La pobreza y desigualdad urbana tiene una naturaleza muy diferente, quizás más compleja, que la pobreza y desigualdad rural.”
No es difícil imaginarse a Guatemala como un pequeño Brasil. Su diversidad climática, étnica, niveles de pobreza y desigualdad, el rol de sus elites económicas, y un pasado compartido de difícil transición democrática, hacen que ambos países tengan mucho de qué hablarse uno al otro; y en el caso de Guatemala, mucho que aprender de lo andado por el gigante de Suramérica.
Un pequeño ejemplo de ello lo tenemos en nuestra política social, en donde los guatemaltecos también hemos apostado al concepto de transferencias condicionadas en efectivo como herramienta para la reducción del a pobreza. En Brasil el programa Bolsa Familia ha recibido un particular impulso institucional y político desde el año 2003 con el gobierno del Presidente Lula. Desde entonces ha hecho significativos esfuerzos por ampliar su cobertura e impacto social, convirtiéndolo en pieza clave para la función redistributiva de aquel Estado. Hoy tiene prácticamente garantizada su continuidad en la siguiente administración que los brasileños elegirán el mes próximo.
En esa línea, hace algunas semanas apareció un reportaje publicado en la revista The Economist, discutiendo de forma prospectiva el programa insignia de la política social en aquel país. Vale la pena compartir algunos mensajes porque mucho de lo que allí se dice puede perfectamente trasplantarse a cualquier otra nación latinoamericana que esté utilizando instrumentos similares para atender a su población más pobre.
Las bondades y debilidades de Bolsa Familia están a la vista. Pero además son debatidas abierta y ampliamente, lo cual suma a favor de la transparencia y apropiación del concepto por parte de la sociedad. Los números duros revelan que dicha intervención ha contribuido en menos de 10 años a reducir el índice de desigualdad de Gini de 0.58 a 0.54, ha acelerado un proceso de reducción de pobreza y desnutrición rural – fenómeno que ya venía dándose desde la década de los noventa –, y además no ha representado un costo demasiado alto para el erario público – más o menos 0.5% del PIB.
A pesar de ello, la discusión parece estar puesta hacia el nuevo y principal reto que tiene el programa: cómo hacerlo igualmente efectivo en un contexto de pobreza urbana. Por ejemplo, hoy se discute si las transferencias condicionadas en las ciudades han dejado a muchos hogares pobres en una condición relativamente peor que la que tenían antes, cuando eran usuarios de un conjunto de transferencias gubernamentales tales como programas contra la desnutrición infantil, subsidio a combustibles para cocinar, transferencias para adolescentes, entre otros.
De igual forma se debate sobre los impactos sobre trabajo infantil, en donde aparentemente el programa no ha sido tan efectivo, ni en el campo ni en la ciudad. Pero sobretodo en contextos urbanos, en donde el monto de la transferencia que se da a los hogares parece insuficiente para cubrir lo que los niños podrían ganar haciendo trabajos informales en las calles.
En resumen, los brasileños tienen ya una idea bastante acabada en cuanto a beneficios y retos que Bolsa familia deberá enfrentar en los próximos años. La intervención ha sido exitosa en términos de reducción de la desigualdad y pobreza. Sin lugar a dudas ha beneficiado a los hogares más necesitados del ámbito rural. Ha cerrado brechas campo-ciudad en cuanto a escolaridad y desnutrición infantil. Y todo ello a un costo relativamente bajo comparado con la cobertura y el impacto socioeconómico alcanzados.
Sin embargo, evidencia acumulada de varios años de monitoreo y evaluación ya alerta sobre la necesidad de hacer ajustes para reconocer características diferentes entre la población más pobre, particularmente la que vive en centros urbanos. Hay que revisar el sistema de incentivos que tiene el programa para sacar a más y más niños fuera de las calles y llevarlos hacia escuelas y centros de salud.
Ha quedado claro que la pobreza y desigualdad urbana tiene una naturaleza muy diferente, quizás más compleja, que la pobreza y desigualdad rural. Por tanto, los ajustes que se darán en el área urbana probablemente apuntarán a volver “más competitivos” los beneficios de Bolsa Familia con respecto a otras fuentes alternativas de ingreso. Incluso quizás sea necesario complementar con otro tipo de intervenciones que vayan más allá de la transferencia de dinero.
De cualquier manera, si hubiera que resumir en una línea programas como este, diríamos que son un éxito rural y un reto urbano.
Prensa Libre, 2 de septiembre de 2010.
No es difícil imaginarse a Guatemala como un pequeño Brasil. Su diversidad climática, étnica, niveles de pobreza y desigualdad, el rol de sus elites económicas, y un pasado compartido de difícil transición democrática, hacen que ambos países tengan mucho de qué hablarse uno al otro; y en el caso de Guatemala, mucho que aprender de lo andado por el gigante de Suramérica.
Un pequeño ejemplo de ello lo tenemos en nuestra política social, en donde los guatemaltecos también hemos apostado al concepto de transferencias condicionadas en efectivo como herramienta para la reducción del a pobreza. En Brasil el programa Bolsa Familia ha recibido un particular impulso institucional y político desde el año 2003 con el gobierno del Presidente Lula. Desde entonces ha hecho significativos esfuerzos por ampliar su cobertura e impacto social, convirtiéndolo en pieza clave para la función redistributiva de aquel Estado. Hoy tiene prácticamente garantizada su continuidad en la siguiente administración que los brasileños elegirán el mes próximo.
En esa línea, hace algunas semanas apareció un reportaje publicado en la revista The Economist, discutiendo de forma prospectiva el programa insignia de la política social en aquel país. Vale la pena compartir algunos mensajes porque mucho de lo que allí se dice puede perfectamente trasplantarse a cualquier otra nación latinoamericana que esté utilizando instrumentos similares para atender a su población más pobre.
Las bondades y debilidades de Bolsa Familia están a la vista. Pero además son debatidas abierta y ampliamente, lo cual suma a favor de la transparencia y apropiación del concepto por parte de la sociedad. Los números duros revelan que dicha intervención ha contribuido en menos de 10 años a reducir el índice de desigualdad de Gini de 0.58 a 0.54, ha acelerado un proceso de reducción de pobreza y desnutrición rural – fenómeno que ya venía dándose desde la década de los noventa –, y además no ha representado un costo demasiado alto para el erario público – más o menos 0.5% del PIB.
A pesar de ello, la discusión parece estar puesta hacia el nuevo y principal reto que tiene el programa: cómo hacerlo igualmente efectivo en un contexto de pobreza urbana. Por ejemplo, hoy se discute si las transferencias condicionadas en las ciudades han dejado a muchos hogares pobres en una condición relativamente peor que la que tenían antes, cuando eran usuarios de un conjunto de transferencias gubernamentales tales como programas contra la desnutrición infantil, subsidio a combustibles para cocinar, transferencias para adolescentes, entre otros.
De igual forma se debate sobre los impactos sobre trabajo infantil, en donde aparentemente el programa no ha sido tan efectivo, ni en el campo ni en la ciudad. Pero sobretodo en contextos urbanos, en donde el monto de la transferencia que se da a los hogares parece insuficiente para cubrir lo que los niños podrían ganar haciendo trabajos informales en las calles.
En resumen, los brasileños tienen ya una idea bastante acabada en cuanto a beneficios y retos que Bolsa familia deberá enfrentar en los próximos años. La intervención ha sido exitosa en términos de reducción de la desigualdad y pobreza. Sin lugar a dudas ha beneficiado a los hogares más necesitados del ámbito rural. Ha cerrado brechas campo-ciudad en cuanto a escolaridad y desnutrición infantil. Y todo ello a un costo relativamente bajo comparado con la cobertura y el impacto socioeconómico alcanzados.
Sin embargo, evidencia acumulada de varios años de monitoreo y evaluación ya alerta sobre la necesidad de hacer ajustes para reconocer características diferentes entre la población más pobre, particularmente la que vive en centros urbanos. Hay que revisar el sistema de incentivos que tiene el programa para sacar a más y más niños fuera de las calles y llevarlos hacia escuelas y centros de salud.
Ha quedado claro que la pobreza y desigualdad urbana tiene una naturaleza muy diferente, quizás más compleja, que la pobreza y desigualdad rural. Por tanto, los ajustes que se darán en el área urbana probablemente apuntarán a volver “más competitivos” los beneficios de Bolsa Familia con respecto a otras fuentes alternativas de ingreso. Incluso quizás sea necesario complementar con otro tipo de intervenciones que vayan más allá de la transferencia de dinero.
De cualquier manera, si hubiera que resumir en una línea programas como este, diríamos que son un éxito rural y un reto urbano.
Prensa Libre, 2 de septiembre de 2010.
jueves, 26 de agosto de 2010
Política fiscal, pobreza y desigualdad
“La porción de gasto dedicado a asistencia social en la región parece ser mucho más costo-efectiva que la parte asignada a seguridad social.”
El Inter American Dialogue publicó esta semana su tercera nota de política Síntesis, titulada “La política fiscal y los pobres en América Latina”. Un documento que en poco más de tres páginas esboza con gran nitidez los rasgos más sobresalientes de la política fiscal en la región, identificando las principales causas de su fracaso para reducir pobreza y desigualdad.
Lo hace de dos maneras. Por una parte, comparando a la región con los países miembros de la OCDE, con lo cual logra un efecto de claroscuro que llama a la reflexión sobre lo que podría llegar a ser el músculo fiscal latinoamericano. Y por la otra, citando cifras y estudios todos relativamente recientes y de autores diversos y reconocidos, dando así autoridad suficiente a la línea de argumentación.
Por el lado de los ingresos fiscales la radiografía revela, entre otras cosas, una incapacidad muy grande para redistribuir; bajos niveles de recaudación (a pesar de contar con tasas impositivas no muy distintas a otras regiones del mundo); importantes agujeros negros de deducciones, exenciones y vacíos legales; incapacidad de desplazar la carga de ingresos tributarios desde los hogares pobres y de clase media hacia los hogares más ricos; y una seria debilidad para recaudar impuestos individuales sobre la renta (e.g. mientras que la OECD recauda por este concepto cerca del 9 por ciento del PIB, América Latina ligeramente supera el 1 por ciento).
Por el lado del gasto los problemas tampoco son menores. A pesar de haber aumentado su nivel en las últimas décadas, los beneficios de dicho gasto – ya sea en forma de servicios o de transferencias de ingreso – no están llegando a la población más pobre. Sobre este último punto es interesante el análisis que hace sobre los recursos públicos dedicados a educación, señalando dos problemas fundamentales: bajos niveles de calidad y deficiente focalización. Alarman los datos con respecto a beneficiarios del gasto en educación por cada nivel educativo, de lo cual se deduce que es urgente trabajar en la progresividad, sobre todo en el caso de educación media y superior.
Para terminar, el reporte cierra con una discusión que es central para la definición del papel redistributivo del gasto público, y que pasa por el rol que juegan las transferencias públicas. Dichas transferencias típicamente vienen en forma de seguridad social (pensiones ó seguro al desempleo) ó de asistencia social (transferencias condicionadas o no condicionadas).
Contrario al imaginario que muchos comparten, la porción de asistencia social no solamente alcanza un magro 15% del gasto en transferencias públicas, sino que además evidencia niveles aceptables de focalización hacia los estratos socioeconómicos más bajos. Lo opuesto sucede en el caso de la seguridad social, en donde no solamente son quintiles superiores de población los más beneficiados, sino que además por su capacidad de movilización social y presión política logran imponer rigideces que hacen más difícil la implementación de reformas. En suma, la porción de gasto dedicado a asistencia social en la región parece ser mucho más costo-efectiva que la parte asignada a seguridad social.
Después de leer el documento quedé con un sabor de boca agridulce. Sin decirlo de forma explícita, deja en el ambiente dos mensajes muy sutiles. El primero tiene que ver con el profundo poder y valor que tiene el cabildeo en la construcción y conducción de los Estados – particularmente los latinoamericanos, que adolecen de una crónica debilidad institucional, muchas veces en un contexto de sociedades segmentadas, así como de procesos políticos que impiden pensar el quehacer público con una perspectiva de mediano plazo –.
El segundo mensaje, todavía más sutil, se deduce de hacer un rápido análisis de procesos fallidos y exitosos de reforma en la región, en donde el hilo rojo de procesos exitosos ha sido la construcción de confianza entre actores con capacidad de un efectivo cabildeo político. Parece que es allí en donde reside en última instancia la posibilidad de transformación o estancamiento indefinido de cualquier agenda.
La historia de la región demuestra una y otra vez que siempre se puede construir una línea argumental técnicamente fundamentada, sin que ello garantice reforma alguna. De la misma manera, con un efectivo cabildeo ejecutado por operadores políticos conscientes de su entorno idiosincrático, hasta la más débil de las propuestas coge vuelo. Pan para nuestro matate.
Prensa Libre, 26 de agosto de 2010.
El Inter American Dialogue publicó esta semana su tercera nota de política Síntesis, titulada “La política fiscal y los pobres en América Latina”. Un documento que en poco más de tres páginas esboza con gran nitidez los rasgos más sobresalientes de la política fiscal en la región, identificando las principales causas de su fracaso para reducir pobreza y desigualdad.
Lo hace de dos maneras. Por una parte, comparando a la región con los países miembros de la OCDE, con lo cual logra un efecto de claroscuro que llama a la reflexión sobre lo que podría llegar a ser el músculo fiscal latinoamericano. Y por la otra, citando cifras y estudios todos relativamente recientes y de autores diversos y reconocidos, dando así autoridad suficiente a la línea de argumentación.
Por el lado de los ingresos fiscales la radiografía revela, entre otras cosas, una incapacidad muy grande para redistribuir; bajos niveles de recaudación (a pesar de contar con tasas impositivas no muy distintas a otras regiones del mundo); importantes agujeros negros de deducciones, exenciones y vacíos legales; incapacidad de desplazar la carga de ingresos tributarios desde los hogares pobres y de clase media hacia los hogares más ricos; y una seria debilidad para recaudar impuestos individuales sobre la renta (e.g. mientras que la OECD recauda por este concepto cerca del 9 por ciento del PIB, América Latina ligeramente supera el 1 por ciento).
Por el lado del gasto los problemas tampoco son menores. A pesar de haber aumentado su nivel en las últimas décadas, los beneficios de dicho gasto – ya sea en forma de servicios o de transferencias de ingreso – no están llegando a la población más pobre. Sobre este último punto es interesante el análisis que hace sobre los recursos públicos dedicados a educación, señalando dos problemas fundamentales: bajos niveles de calidad y deficiente focalización. Alarman los datos con respecto a beneficiarios del gasto en educación por cada nivel educativo, de lo cual se deduce que es urgente trabajar en la progresividad, sobre todo en el caso de educación media y superior.
Para terminar, el reporte cierra con una discusión que es central para la definición del papel redistributivo del gasto público, y que pasa por el rol que juegan las transferencias públicas. Dichas transferencias típicamente vienen en forma de seguridad social (pensiones ó seguro al desempleo) ó de asistencia social (transferencias condicionadas o no condicionadas).
Contrario al imaginario que muchos comparten, la porción de asistencia social no solamente alcanza un magro 15% del gasto en transferencias públicas, sino que además evidencia niveles aceptables de focalización hacia los estratos socioeconómicos más bajos. Lo opuesto sucede en el caso de la seguridad social, en donde no solamente son quintiles superiores de población los más beneficiados, sino que además por su capacidad de movilización social y presión política logran imponer rigideces que hacen más difícil la implementación de reformas. En suma, la porción de gasto dedicado a asistencia social en la región parece ser mucho más costo-efectiva que la parte asignada a seguridad social.
Después de leer el documento quedé con un sabor de boca agridulce. Sin decirlo de forma explícita, deja en el ambiente dos mensajes muy sutiles. El primero tiene que ver con el profundo poder y valor que tiene el cabildeo en la construcción y conducción de los Estados – particularmente los latinoamericanos, que adolecen de una crónica debilidad institucional, muchas veces en un contexto de sociedades segmentadas, así como de procesos políticos que impiden pensar el quehacer público con una perspectiva de mediano plazo –.
El segundo mensaje, todavía más sutil, se deduce de hacer un rápido análisis de procesos fallidos y exitosos de reforma en la región, en donde el hilo rojo de procesos exitosos ha sido la construcción de confianza entre actores con capacidad de un efectivo cabildeo político. Parece que es allí en donde reside en última instancia la posibilidad de transformación o estancamiento indefinido de cualquier agenda.
La historia de la región demuestra una y otra vez que siempre se puede construir una línea argumental técnicamente fundamentada, sin que ello garantice reforma alguna. De la misma manera, con un efectivo cabildeo ejecutado por operadores políticos conscientes de su entorno idiosincrático, hasta la más débil de las propuestas coge vuelo. Pan para nuestro matate.
Prensa Libre, 26 de agosto de 2010.
lunes, 23 de agosto de 2010
¿Pensar y escribir para quién? (Marcela Gereda)
Mis héroes son los campesinos, la gente de a pie.
Hace algunos días conversaba con un amigo y reconocido antropólogo, entre otras cosas hablámos de la urgente necesidad que tenemos intelectuales y gente de ciencias sociales de democratizar y desmonopolizar el conocimiento.
Es muy característico de las ciencias sociales pensar para sí misma. No llegar a dar explicaciones a la gente, con la que y sobre la que describe fenómenos sociales. Al igual que muchos artistas posmodernos, muchos científicos sociales son elitistas. Vemos en centros de investigación enormes anaqueles de publicaciones que no las lee ni Dios.
En un país como el nuestro, deberíamos de pensar para todos. Hacer investigación no sobre la subalternidad sino con la subalternidad. ¿De qué sirven las grandes publicaciones si las leen sólo los intelectuales?, ¿puede el periodismo alternativo ser un vehículo para democratizar y desmonopolizar el conocimiento?
Para dar vida a un texto, partimos de la necesidad urgente de que las ciencias sociales tengan un terreno para hablar a la sociedad en toda su amplitud. Parto de la necesidad de incorporar el arte y la cultura como herramienta explicativa de lo que somos y de por qué las cosas son como son.
Con el periodista polaco Ryzard Kapuscinsky, creemos que es fundamental que un periodista esté entre la gente sobre la cual va, quiere o piensa escribir. La mayoría de la gente en el mundo, vive en muy duras y terribles condiciones y si no las entendemos y compartimos, no tenemos derecho a escribir.
Todo lo que dicen los medios debe ponerse a prueba por la experiencia y la reflexión. Para explicar, para informar de una verdad se tiene qué tener un conocimiento directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros ni escudos protectores, sobre aquello de lo que se habla.
Me encanta intentar combinar los registros de la antropología en un espacio periodístico. Es decir, la observación participante. Para comprender una cultura ajena hay que internarse y asentarse en su tierra. Sólo así podrá captarse esa “otredad”. Para ello hace falta estar dispuesto a movernos, a ser nómadas, a saber regalar sonrisas.
Hoy leemos la gran mayoría de los periódicos y sentimos que todo es una gran tomadera de pelo. Hay una parte de las historias que parecen estar ausentes. Nos hacen falta los personajes del campo, la vida marginal. Pareciera entonces que los periódicos y telenoticieros hablaran de un cuerpo incompleto, donde falta una mitad. Entonces sucede que las historias que nos llegan ignoran a una población, que es la mayoría.
En un tiempo de oscuridad, en el que nos relacionamos casi sólo como mercancías, donde todo se legitima y da continuidad a la máquina perversa que es el mundo que habitamos, creo que lo que nunca olvidaremos de los periódicos es lo que hay en ellos de buena literatura y de buena crítica cultual. Es desde ahí que podemos rescatar los destellos que descubren el lado oculto de la vida. Y volver a intentar relacionar la cultura como patrón de conducta a través de una historia y no como una invención postiza.
Muchas veces no escribimos de grandes acontecimientos, ni de personajes poderosos, aunque unos y otros estén presentes como sombras. Mis héroes son los campesinos, la gente sencilla, la gente de a pie, los pescadores, los artesanos, los panaderos, la gente que vive cada día como un fin en sí mismo.
Hay mentiras a medias y verdades a medias. Las que se repiten una y otra vez parecen convirtiéndose en verdades. De lo que hay que huir es de creer que se posee la verdad absoluta. Y de las posturas científicas que adoran la verdad y la estadística. La verosimilitud no es una media, no se obtiene de la estadística.
Dice Walter Benajamin que la condición de escuchar consiste en olvidarse de uno: “cuanto más olvidado de sí mismo está el que escucha, tanto más profundamente se imprime el relato en el que lo escucha”.
Para quienes buscamos dar una explicación a nuestro tiempo, ¿podemos asumir el desafío de amar la escritura y no a nosotros en la escritura, de amar el arte y no lo que hay de nosotros en arte, buscar desmonopolizar el conocimiento y escribir y pensar para los otros
elPeriodico, 23 de agosto de 2010.
Hace algunos días conversaba con un amigo y reconocido antropólogo, entre otras cosas hablámos de la urgente necesidad que tenemos intelectuales y gente de ciencias sociales de democratizar y desmonopolizar el conocimiento.
Es muy característico de las ciencias sociales pensar para sí misma. No llegar a dar explicaciones a la gente, con la que y sobre la que describe fenómenos sociales. Al igual que muchos artistas posmodernos, muchos científicos sociales son elitistas. Vemos en centros de investigación enormes anaqueles de publicaciones que no las lee ni Dios.
En un país como el nuestro, deberíamos de pensar para todos. Hacer investigación no sobre la subalternidad sino con la subalternidad. ¿De qué sirven las grandes publicaciones si las leen sólo los intelectuales?, ¿puede el periodismo alternativo ser un vehículo para democratizar y desmonopolizar el conocimiento?
Para dar vida a un texto, partimos de la necesidad urgente de que las ciencias sociales tengan un terreno para hablar a la sociedad en toda su amplitud. Parto de la necesidad de incorporar el arte y la cultura como herramienta explicativa de lo que somos y de por qué las cosas son como son.
Con el periodista polaco Ryzard Kapuscinsky, creemos que es fundamental que un periodista esté entre la gente sobre la cual va, quiere o piensa escribir. La mayoría de la gente en el mundo, vive en muy duras y terribles condiciones y si no las entendemos y compartimos, no tenemos derecho a escribir.
Todo lo que dicen los medios debe ponerse a prueba por la experiencia y la reflexión. Para explicar, para informar de una verdad se tiene qué tener un conocimiento directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros ni escudos protectores, sobre aquello de lo que se habla.
Me encanta intentar combinar los registros de la antropología en un espacio periodístico. Es decir, la observación participante. Para comprender una cultura ajena hay que internarse y asentarse en su tierra. Sólo así podrá captarse esa “otredad”. Para ello hace falta estar dispuesto a movernos, a ser nómadas, a saber regalar sonrisas.
Hoy leemos la gran mayoría de los periódicos y sentimos que todo es una gran tomadera de pelo. Hay una parte de las historias que parecen estar ausentes. Nos hacen falta los personajes del campo, la vida marginal. Pareciera entonces que los periódicos y telenoticieros hablaran de un cuerpo incompleto, donde falta una mitad. Entonces sucede que las historias que nos llegan ignoran a una población, que es la mayoría.
En un tiempo de oscuridad, en el que nos relacionamos casi sólo como mercancías, donde todo se legitima y da continuidad a la máquina perversa que es el mundo que habitamos, creo que lo que nunca olvidaremos de los periódicos es lo que hay en ellos de buena literatura y de buena crítica cultual. Es desde ahí que podemos rescatar los destellos que descubren el lado oculto de la vida. Y volver a intentar relacionar la cultura como patrón de conducta a través de una historia y no como una invención postiza.
Muchas veces no escribimos de grandes acontecimientos, ni de personajes poderosos, aunque unos y otros estén presentes como sombras. Mis héroes son los campesinos, la gente sencilla, la gente de a pie, los pescadores, los artesanos, los panaderos, la gente que vive cada día como un fin en sí mismo.
Hay mentiras a medias y verdades a medias. Las que se repiten una y otra vez parecen convirtiéndose en verdades. De lo que hay que huir es de creer que se posee la verdad absoluta. Y de las posturas científicas que adoran la verdad y la estadística. La verosimilitud no es una media, no se obtiene de la estadística.
Dice Walter Benajamin que la condición de escuchar consiste en olvidarse de uno: “cuanto más olvidado de sí mismo está el que escucha, tanto más profundamente se imprime el relato en el que lo escucha”.
Para quienes buscamos dar una explicación a nuestro tiempo, ¿podemos asumir el desafío de amar la escritura y no a nosotros en la escritura, de amar el arte y no lo que hay de nosotros en arte, buscar desmonopolizar el conocimiento y escribir y pensar para los otros
elPeriodico, 23 de agosto de 2010.
jueves, 19 de agosto de 2010
Bienes públicos para el campo
“Algunos años más tarde y tres o cuatro crisis bajo el cincho, hemos aprendido que las condiciones estructurales de nuestro país obligan a pensar en mezclas más balanceadas entre la acción pública y la iniciativa privada.”
Ayer salió publicada una pequeña nota de prensa en la que se comenta sobre la reactivación del Sistema Nacional de Extensión Agrícola (SNEA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Es una de esas noticias que salen chicas y usualmente pasan desapercibidas, pero que reflejan cambios conceptuales importantes en la forma de imaginar nuestro Estado y el diseño de las políticas públicas. Por esa razón creo que vale la pena dedicarle un poco de tinta.
La nota dice que el SNEA se reactivará – después de 14 años de no funcionar – con una inversión de 20 millones de quetzales, con lo cual se podrá dar asistencia gratuita a pequeños y medianos agricultores a través del apoyo de 800 técnicos agrícolas y la instalación de agencias en diferentes municipios del país. En la actualidad ya se han instalado 37 en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz y El Progreso. Para fines del 2010 se espera llegar a 87 y para el 2011 a 214 agencias en total.
Básicamente los servicios de extensión agrícola son una forma de aplicar la investigación científica a las prácticas agrícolas a través de educación y asesoría técnica. El grupo objetivo es la población rural y los técnicos (extensionistas) son profesionales de diferentes disciplinas tales como agronomía, administración de negocios y mercadeo de productos.
La premisa que subyace a dichos servicios es que a través de la aplicación de técnicas y conocimiento científico moderno se puede elevar la productividad – es decir, mejorar cantidad y calidad producida – de los pequeños agricultores. Con ello se proveen los medios para generar mayor ingreso y empleo rural conducentes a un mejoramiento en las condiciones de vida del campo.
En el caso de Guatemala, la provisión pública de dichos servicios de extensión se abandonó hace una década y media. Eran aquellos los años en que nuestro país escuchaba muy atentamente las recomendaciones del Consenso de Washington. Tiempos en los que prevalecía un clima para replantear (reducir) el papel que el Estado en la Economía. Hoy, algunos años más tarde y tres o cuatro crisis bajo el cincho, hemos aprendido que las condiciones estructurales de nuestro país obligan a pensar en mezclas más balanceadas entre la acción pública y la iniciativa privada.
De manera que la idea de recuperar ahora la provisión pública de los servicios de extensión puede que tenga sentido. Además, porque tenemos en la actualidad la posibilidad de promover espacios de cooperación con la comunidad científica nacional. Contamos con muchos campus regionales de diferentes universidades tanto privadas como pública a lo largo del país. Lógicamente ese debiera ser un aliado natural del SNEA porque ofrece institucionalidad, capital humano cualificado y conocimiento rural base para relanzar dicho sistema.
Sin conocer detalles de la arquitectura que las autoridades del MAGA han pensado para relanzar este sistema, lo importante debe ser rescatar las lecciones aprendidas a lo largo de nuestra historia reciente. En otras palabras, hay que tratar de entender el espíritu de la reforma anterior que llevó al abandono por parte del Estado por tantos años.
Claramente el punto flaco de todo bien público está en un adecuado sistema de incentivos que garantice calidad. En el caso de los servicios de extensión la calidad es lo que los agricultores más pequeños y vulnerables necesitan para poder competir en un mercado abierto y globalizado. En ese sentido, promover la competencia entre extensionistas puede que sea una forma de lograrlo, aunque no necesariamente la única.
En una perspectiva más amplia, lo fundamental debiera ser preservar el principio de subsidiariedad, según el cual la autoridad central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones que, por diferentes razones, no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. Es decir, en tanto dichos servicios no puedan ser proveídos con calidad y pertinencia de manera privada, el acceso debe garantizarse a través de instancias superiores de organización social.
Ello, por supuesto, no implica de forma alguna que la única y exclusiva fuente de provisión sea el gobierno central. Hay en nuestro Estado niveles inferiores y más cercanos a las comunidades que con el tiempo y un adecuado fortalecimiento institucional deben llegar a hacerse cargo de las necesidades de sus poblaciones.
Por de pronto es bueno recobrar conciencia de dos cosas. Primero, que el ámbito rural necesita urgentemente bienes y servicios públicos como los servicios de extensión agrícola. Y segundo, que el Estado puede y debe jugar un papel asegurando una adecuada provisión de los mismos.
Prensa Libre, 19 de agosto de 2010.
Ayer salió publicada una pequeña nota de prensa en la que se comenta sobre la reactivación del Sistema Nacional de Extensión Agrícola (SNEA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Es una de esas noticias que salen chicas y usualmente pasan desapercibidas, pero que reflejan cambios conceptuales importantes en la forma de imaginar nuestro Estado y el diseño de las políticas públicas. Por esa razón creo que vale la pena dedicarle un poco de tinta.
La nota dice que el SNEA se reactivará – después de 14 años de no funcionar – con una inversión de 20 millones de quetzales, con lo cual se podrá dar asistencia gratuita a pequeños y medianos agricultores a través del apoyo de 800 técnicos agrícolas y la instalación de agencias en diferentes municipios del país. En la actualidad ya se han instalado 37 en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz y El Progreso. Para fines del 2010 se espera llegar a 87 y para el 2011 a 214 agencias en total.
Básicamente los servicios de extensión agrícola son una forma de aplicar la investigación científica a las prácticas agrícolas a través de educación y asesoría técnica. El grupo objetivo es la población rural y los técnicos (extensionistas) son profesionales de diferentes disciplinas tales como agronomía, administración de negocios y mercadeo de productos.
La premisa que subyace a dichos servicios es que a través de la aplicación de técnicas y conocimiento científico moderno se puede elevar la productividad – es decir, mejorar cantidad y calidad producida – de los pequeños agricultores. Con ello se proveen los medios para generar mayor ingreso y empleo rural conducentes a un mejoramiento en las condiciones de vida del campo.
En el caso de Guatemala, la provisión pública de dichos servicios de extensión se abandonó hace una década y media. Eran aquellos los años en que nuestro país escuchaba muy atentamente las recomendaciones del Consenso de Washington. Tiempos en los que prevalecía un clima para replantear (reducir) el papel que el Estado en la Economía. Hoy, algunos años más tarde y tres o cuatro crisis bajo el cincho, hemos aprendido que las condiciones estructurales de nuestro país obligan a pensar en mezclas más balanceadas entre la acción pública y la iniciativa privada.
De manera que la idea de recuperar ahora la provisión pública de los servicios de extensión puede que tenga sentido. Además, porque tenemos en la actualidad la posibilidad de promover espacios de cooperación con la comunidad científica nacional. Contamos con muchos campus regionales de diferentes universidades tanto privadas como pública a lo largo del país. Lógicamente ese debiera ser un aliado natural del SNEA porque ofrece institucionalidad, capital humano cualificado y conocimiento rural base para relanzar dicho sistema.
Sin conocer detalles de la arquitectura que las autoridades del MAGA han pensado para relanzar este sistema, lo importante debe ser rescatar las lecciones aprendidas a lo largo de nuestra historia reciente. En otras palabras, hay que tratar de entender el espíritu de la reforma anterior que llevó al abandono por parte del Estado por tantos años.
Claramente el punto flaco de todo bien público está en un adecuado sistema de incentivos que garantice calidad. En el caso de los servicios de extensión la calidad es lo que los agricultores más pequeños y vulnerables necesitan para poder competir en un mercado abierto y globalizado. En ese sentido, promover la competencia entre extensionistas puede que sea una forma de lograrlo, aunque no necesariamente la única.
En una perspectiva más amplia, lo fundamental debiera ser preservar el principio de subsidiariedad, según el cual la autoridad central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones que, por diferentes razones, no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. Es decir, en tanto dichos servicios no puedan ser proveídos con calidad y pertinencia de manera privada, el acceso debe garantizarse a través de instancias superiores de organización social.
Ello, por supuesto, no implica de forma alguna que la única y exclusiva fuente de provisión sea el gobierno central. Hay en nuestro Estado niveles inferiores y más cercanos a las comunidades que con el tiempo y un adecuado fortalecimiento institucional deben llegar a hacerse cargo de las necesidades de sus poblaciones.
Por de pronto es bueno recobrar conciencia de dos cosas. Primero, que el ámbito rural necesita urgentemente bienes y servicios públicos como los servicios de extensión agrícola. Y segundo, que el Estado puede y debe jugar un papel asegurando una adecuada provisión de los mismos.
Prensa Libre, 19 de agosto de 2010.
jueves, 5 de agosto de 2010
Más que bajo ingreso
“Llevar una vida digna o estar en capacidad de ejercer mis derechos no es algo que se puede comprar con tan poco dinero.”
Simple es bello, dice el refrán sajón. Sin embargo, la simpleza acarrea costos que en ocasiones pueden implicar desviarnos del objetivo deseado. Algo parecido nos ha pasado con la medición de la pobreza en países en desarrollo. La medición es una de las dos preguntas más viejas que han acompañado el debate. La otra es la conceptualización misma de la pobreza. Ambas están íntimamente relacionadas, pero cumplen fines muy distintos. Mientras que la definición permite quedarse en el plano de lo teórico y especulativo, la medición necesariamente obliga a aterrizar y hacer “tangible” el concepto.
En el caso de la medición de pobreza humildemente hay que reconocer que hemos optado por simplificar – ¡a veces a costa de empobrecer el debate conceptual! –. El paradigma que impera es usar indicadores monetarios tales como uno o dos dólares diarios por persona. Con eso nos ha bastado por varios años para caracterizar poblaciones y decir cosas como “en aquel país hay tantos miles de pobres” ó “en aquella otra región cuesta tantos millones de quetzales eliminar la pobreza”.
Por supuesto que dicha simplificación tiene alcance limitado. De allí que la crítica nunca se ha hecho esperar. ¡Será para menos! Tan sencillo como que llevar una vida digna o estar en capacidad de ejercer mis derechos no es algo que se puede comprar con tan poco dinero.
Sin embargo, la discusión conceptual ha seguido avanzando en paralelo, reconociendo que la condición de pobreza está determinada por muchos otros factores además de la cantidad de ingreso diario de que disponen las personas. En otras palabras, la pobreza es algo multidimensional.
Recientemente la teoría y los métodos de medición se han movido otro poco, como intentando unir los dos enfoques prevalecientes: necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el de líneas de pobreza (indicador monetario). Ambos tienen sus fortalezas y sus limitaciones. Individualmente nos revelan solamente unas pocas facetas de lo que implica ser pobre. ¿Por qué no intentar juntarlos entonces?
En el año 2007 el Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford lanzó un Centro para la Investigación de la Pobreza y el Desarrollo Humano. Uno de sus proyectos insignia es OPHI, el cual se propuso como meta implementar una metodología de medición de pobreza, bautizada como el índice de pobreza multidimensional – MPI por sus siglas en inglés –. (Dicho sea de paso, el reporte de Desarrollo Humano de Naciones Unidas para el año 2010 utilizará algunos de los resultados de dicho esfuerzo.)
El índice, como su nombre lo indica, intenta recoger varias dimensiones de la vida humana que debieran ser tomadas en cuenta al momento de clasificar a la población como pobre o no pobre. Recoge variables de educación, salud, condiciones materiales de la vivienda, acceso a servicios, entre otras. En eso se parece mucho al NBI.
Pero además, tiene la cualidad de integrar todas esas dimensiones de una manera tal que permite medir las condiciones de vida de la población de forma muy parecida al enfoque de líneas de pobreza. Bajo dicho indicador, un hogar es considerado pobre si está privado del 30% de las dimensiones que contempla dicho indicador, sin importar cuáles sean estas dimensiones.
Llama la atención cómo los primeros resultados que han salido de la aplicación de este nuevo índice pueden cambiar el ordenamiento (ranking) de países, y con ello la noción que tenemos de ellos y su nivel de desarrollo. Así por ejemplo, mientras que Etiopía duplica su nivel de pobreza bajo el índice multidimensional en comparación con la medición de ingreso, Tanzania y Uzbequistán tienen el efecto contrario. Para el caso latinoamericano, el MPI ya ha sido calculado para países como Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Uruguay.
Además, el índice puede descomponerse para poder observar con mayor claridad el “tipo” de pobreza que enfrentan personas en diferentes regiones de un país. Con ello se identifica de mejor manera el tipo de necesidades de diferentes grupos poblacionales, y por consiguiente se puede mejorar el diseño de intervenciones privadas ó públicas.
Finalmente, en un plano más filosófico, el valor del proyecto OPHI es que es un nuevo intento por tratar de encontrar formas mejores y más prácticas de medir el bienestar, acercando conceptos relativamente complejos a instrumentos de fácil aplicación y mucha utilidad para la política pública. Al final del día lo que cuenta en el campo del desarrollo es lo que se pueda hacer con una idea para transformar una realidad.
Prensa Libre, 5 de agosto de 2010.
Simple es bello, dice el refrán sajón. Sin embargo, la simpleza acarrea costos que en ocasiones pueden implicar desviarnos del objetivo deseado. Algo parecido nos ha pasado con la medición de la pobreza en países en desarrollo. La medición es una de las dos preguntas más viejas que han acompañado el debate. La otra es la conceptualización misma de la pobreza. Ambas están íntimamente relacionadas, pero cumplen fines muy distintos. Mientras que la definición permite quedarse en el plano de lo teórico y especulativo, la medición necesariamente obliga a aterrizar y hacer “tangible” el concepto.
En el caso de la medición de pobreza humildemente hay que reconocer que hemos optado por simplificar – ¡a veces a costa de empobrecer el debate conceptual! –. El paradigma que impera es usar indicadores monetarios tales como uno o dos dólares diarios por persona. Con eso nos ha bastado por varios años para caracterizar poblaciones y decir cosas como “en aquel país hay tantos miles de pobres” ó “en aquella otra región cuesta tantos millones de quetzales eliminar la pobreza”.
Por supuesto que dicha simplificación tiene alcance limitado. De allí que la crítica nunca se ha hecho esperar. ¡Será para menos! Tan sencillo como que llevar una vida digna o estar en capacidad de ejercer mis derechos no es algo que se puede comprar con tan poco dinero.
Sin embargo, la discusión conceptual ha seguido avanzando en paralelo, reconociendo que la condición de pobreza está determinada por muchos otros factores además de la cantidad de ingreso diario de que disponen las personas. En otras palabras, la pobreza es algo multidimensional.
Recientemente la teoría y los métodos de medición se han movido otro poco, como intentando unir los dos enfoques prevalecientes: necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el de líneas de pobreza (indicador monetario). Ambos tienen sus fortalezas y sus limitaciones. Individualmente nos revelan solamente unas pocas facetas de lo que implica ser pobre. ¿Por qué no intentar juntarlos entonces?
En el año 2007 el Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford lanzó un Centro para la Investigación de la Pobreza y el Desarrollo Humano. Uno de sus proyectos insignia es OPHI, el cual se propuso como meta implementar una metodología de medición de pobreza, bautizada como el índice de pobreza multidimensional – MPI por sus siglas en inglés –. (Dicho sea de paso, el reporte de Desarrollo Humano de Naciones Unidas para el año 2010 utilizará algunos de los resultados de dicho esfuerzo.)
El índice, como su nombre lo indica, intenta recoger varias dimensiones de la vida humana que debieran ser tomadas en cuenta al momento de clasificar a la población como pobre o no pobre. Recoge variables de educación, salud, condiciones materiales de la vivienda, acceso a servicios, entre otras. En eso se parece mucho al NBI.
Pero además, tiene la cualidad de integrar todas esas dimensiones de una manera tal que permite medir las condiciones de vida de la población de forma muy parecida al enfoque de líneas de pobreza. Bajo dicho indicador, un hogar es considerado pobre si está privado del 30% de las dimensiones que contempla dicho indicador, sin importar cuáles sean estas dimensiones.
Llama la atención cómo los primeros resultados que han salido de la aplicación de este nuevo índice pueden cambiar el ordenamiento (ranking) de países, y con ello la noción que tenemos de ellos y su nivel de desarrollo. Así por ejemplo, mientras que Etiopía duplica su nivel de pobreza bajo el índice multidimensional en comparación con la medición de ingreso, Tanzania y Uzbequistán tienen el efecto contrario. Para el caso latinoamericano, el MPI ya ha sido calculado para países como Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Uruguay.
Además, el índice puede descomponerse para poder observar con mayor claridad el “tipo” de pobreza que enfrentan personas en diferentes regiones de un país. Con ello se identifica de mejor manera el tipo de necesidades de diferentes grupos poblacionales, y por consiguiente se puede mejorar el diseño de intervenciones privadas ó públicas.
Finalmente, en un plano más filosófico, el valor del proyecto OPHI es que es un nuevo intento por tratar de encontrar formas mejores y más prácticas de medir el bienestar, acercando conceptos relativamente complejos a instrumentos de fácil aplicación y mucha utilidad para la política pública. Al final del día lo que cuenta en el campo del desarrollo es lo que se pueda hacer con una idea para transformar una realidad.
Prensa Libre, 5 de agosto de 2010.
martes, 3 de agosto de 2010
La paradoja de la educación
“Ambas fuerzas (fertilidad y participación) operan en el mismo sentido: a mayor educación se acceden a mejores trabajos, se planifica más el tamaño del hogar, y por ende el ingreso per cápita de la familia aumenta.”
Si hay una recomendación cajonera en el ámbito del desarrollo económico es la inversión en educación. Los ejemplos nos vienen por docenas, en estudios teóricos, en análisis de política pública, en diseño de programas sociales, en recomendaciones de ajuste macroeconómico cuidando de tocar lo menos posible el gasto público social. En fin, para donde uno voltee a ver se topa con que indefectiblemente es bueno que los países inviertan en más y en mejor educación para su gente.
Pero más allá de esa conclusión general, al tratar de hilar un poco más fino nos damos cuenta que hay menos discusión sobre los efectos que tiene la inversión en educación sobre variables como la pobreza y la desigualdad. Campo fértil en países con características como las de Guatemala.
Evidencia empírica reciente para el caso de países en Asia y América Latina ha revelado que hay fuerzas que operan de manera contrapuesta sobre estos dos fenómenos (pobreza y desigualdad). Tanto así que han dado por llamarlo “la paradoja del progreso”. Cuando se analizan por separado los impactos de la educación en la pobreza y la desigualdad aparecen por lo menos cuatro efectos muy claros, dos relacionados con la pobreza y dos con la desigualdad.
En el caso de la pobreza, la expansión en educación tiene un efecto directo y uno indirecto. El efecto directo tiene que ver con el mayor número de años de escolaridad que las personas pueden vender en el mercado laboral por un salario. Es lo que comúnmente se conoce como retornos a la educación, ya que educarse es finalmente una inversión en un tipo particular de capital (ie. capital humano) y por lo tanto se espera obtener algún retorno. Luego, a mayor educación mayor posibilidad de ingreso.
Por otra parte, el efecto indirecto tiene que ver con el ingreso disponible de los hogares. A mayor educación mayor ingreso disponible. ¿Por qué? Aquí operan dos factores básicamente: el primero tiene que ver con las tasas de fertilidad de la población. Hay evidencia que señala una correlación negativa entre el nivel de escolaridad de las personas y el número de hijos que desean tener. Pero además, porque a mayor educación también aumenta la participación de las personas en el mercado laboral. Este último factor es particularmente visible en el caso de las mujeres. ¡Obvio!, no es lo mismo salir a trabajar con un hijo que con cuatro o cinco.
En todo caso, ambas fuerzas (fertilidad y participación) operan en el mismo sentido: a mayor educación se acceden a mejores trabajos, se planifica más el tamaño del hogar, y por ende el ingreso per cápita de la familia aumenta.
En cuanto a la desigualdad la historia es un poco más compleja. Aquí operan otros dos mecanismos. El primero tiene que ver con los retornos diferenciados a la educación. No se gana lo mismo por aumentar un año de escolaridad de primero a segundo de primaria que de tercero a cuarto de bachillerado. Al contrario, la evidencia apunta a que cuando se aumenta un año de educación en la población, se benefician en una proporción mayor aquellos que ya tenían más escolaridad que el resto.
El segundo mecanismo tiene que ver con las implicaciones de corto plazo que tiene mandar a nuestros jóvenes a la escuela. Es ampliamente reconocido que, sobre todo en hogares pobres, la fuerza laboral del hogar la constituyen incluso niños y adolescentes. Luego pedirles que se eduquen implica una reducción en el ingreso corriente del hogar. Con ello no solamente se corre el riesgo de profundizar la pobreza, sino que además se aumenta la desigualdad, ya que esa decisión no la tienen que tomar hogares con más posibilidades económicas.
De manera que ambas fuerzas apuntan en dirección a aumentar la desigualdad, por lo menos de forma transitoria, hasta que la población más pobre logra acumular un stock de educación tal que le permite beneficiarse de los retornos crecientes que tiene la educación.
Es aquí en donde reside la paradoja. Por una parte reduce pobreza y cierra la brecha histórica que existe entre diferentes grupos – hombres versus mujeres, indígenas versus no indígenas, etc. –. Pero por otra parte también hay que reconocer que la inversión en educación también puede implicar por un tiempo aumentos en la desigualdad de ingresos.
Por supuesto, tal evidencia de ninguna manera significa que debamos dejar de educar a nuestra población, ¡para nada! Simplemente señala que hay que estar preparados para asimilar posibles aumentos transitorios en la desigualdad de ingresos a través de redes de protección social. Por lo menos mientras se logra que la mayoría pueda educarse lo suficiente y desarrollarse según sus capacidades.
Prensa Libre, 29 de julio de 2010.
Si hay una recomendación cajonera en el ámbito del desarrollo económico es la inversión en educación. Los ejemplos nos vienen por docenas, en estudios teóricos, en análisis de política pública, en diseño de programas sociales, en recomendaciones de ajuste macroeconómico cuidando de tocar lo menos posible el gasto público social. En fin, para donde uno voltee a ver se topa con que indefectiblemente es bueno que los países inviertan en más y en mejor educación para su gente.
Pero más allá de esa conclusión general, al tratar de hilar un poco más fino nos damos cuenta que hay menos discusión sobre los efectos que tiene la inversión en educación sobre variables como la pobreza y la desigualdad. Campo fértil en países con características como las de Guatemala.
Evidencia empírica reciente para el caso de países en Asia y América Latina ha revelado que hay fuerzas que operan de manera contrapuesta sobre estos dos fenómenos (pobreza y desigualdad). Tanto así que han dado por llamarlo “la paradoja del progreso”. Cuando se analizan por separado los impactos de la educación en la pobreza y la desigualdad aparecen por lo menos cuatro efectos muy claros, dos relacionados con la pobreza y dos con la desigualdad.
En el caso de la pobreza, la expansión en educación tiene un efecto directo y uno indirecto. El efecto directo tiene que ver con el mayor número de años de escolaridad que las personas pueden vender en el mercado laboral por un salario. Es lo que comúnmente se conoce como retornos a la educación, ya que educarse es finalmente una inversión en un tipo particular de capital (ie. capital humano) y por lo tanto se espera obtener algún retorno. Luego, a mayor educación mayor posibilidad de ingreso.
Por otra parte, el efecto indirecto tiene que ver con el ingreso disponible de los hogares. A mayor educación mayor ingreso disponible. ¿Por qué? Aquí operan dos factores básicamente: el primero tiene que ver con las tasas de fertilidad de la población. Hay evidencia que señala una correlación negativa entre el nivel de escolaridad de las personas y el número de hijos que desean tener. Pero además, porque a mayor educación también aumenta la participación de las personas en el mercado laboral. Este último factor es particularmente visible en el caso de las mujeres. ¡Obvio!, no es lo mismo salir a trabajar con un hijo que con cuatro o cinco.
En todo caso, ambas fuerzas (fertilidad y participación) operan en el mismo sentido: a mayor educación se acceden a mejores trabajos, se planifica más el tamaño del hogar, y por ende el ingreso per cápita de la familia aumenta.
En cuanto a la desigualdad la historia es un poco más compleja. Aquí operan otros dos mecanismos. El primero tiene que ver con los retornos diferenciados a la educación. No se gana lo mismo por aumentar un año de escolaridad de primero a segundo de primaria que de tercero a cuarto de bachillerado. Al contrario, la evidencia apunta a que cuando se aumenta un año de educación en la población, se benefician en una proporción mayor aquellos que ya tenían más escolaridad que el resto.
El segundo mecanismo tiene que ver con las implicaciones de corto plazo que tiene mandar a nuestros jóvenes a la escuela. Es ampliamente reconocido que, sobre todo en hogares pobres, la fuerza laboral del hogar la constituyen incluso niños y adolescentes. Luego pedirles que se eduquen implica una reducción en el ingreso corriente del hogar. Con ello no solamente se corre el riesgo de profundizar la pobreza, sino que además se aumenta la desigualdad, ya que esa decisión no la tienen que tomar hogares con más posibilidades económicas.
De manera que ambas fuerzas apuntan en dirección a aumentar la desigualdad, por lo menos de forma transitoria, hasta que la población más pobre logra acumular un stock de educación tal que le permite beneficiarse de los retornos crecientes que tiene la educación.
Es aquí en donde reside la paradoja. Por una parte reduce pobreza y cierra la brecha histórica que existe entre diferentes grupos – hombres versus mujeres, indígenas versus no indígenas, etc. –. Pero por otra parte también hay que reconocer que la inversión en educación también puede implicar por un tiempo aumentos en la desigualdad de ingresos.
Por supuesto, tal evidencia de ninguna manera significa que debamos dejar de educar a nuestra población, ¡para nada! Simplemente señala que hay que estar preparados para asimilar posibles aumentos transitorios en la desigualdad de ingresos a través de redes de protección social. Por lo menos mientras se logra que la mayoría pueda educarse lo suficiente y desarrollarse según sus capacidades.
Prensa Libre, 29 de julio de 2010.
viernes, 23 de julio de 2010
Solamente intuición no basta
“Si los hogares logran aumentar sus fuentes de ingreso pueden consumir más y mejores bienes y servicios, mejoran sus condiciones de vida y por ende la pobreza se reduce.”
Cuando el viento sopla favorablemente no hay problema. Inconvenientes menores pasan desapercibidos porque la mayoría de las cosas caminan bien y hacen ver el panorama global positivo a pesar de un par de nubes aquí y allá. El problema viene cuando la marea cambia y las crisis se vuelven norma más que excepción. Allí es al revés, pequeñas cosas positivas pasan ninguneadas porque el malestar es generalizado.
Algo así nos pasó con las últimas crisis y sus efectos sobre la pobreza, desigualdad (¡y hasta la gobernabilidad!). Durante la primera mitad de la década actual la economía guatemalteca creció a tasas más o menos robustas, por lo que relativamente la fuimos pasando sin mucha pena ni gloria.
Hace un par de décadas en Guatemala se solía decir que el mejor Ministro de Finanzas era un buen precio del café. Hoy creo que podríamos ajustarlo y decir que el mejor Presidente es una tasa alta de crecimiento económico. Son frases muy simples pero que resumen mucho del país que tenemos, con su gran potencialidad y sus problemas estructurales de pobreza, exclusión, y desigualdad de oportunidades.
La parte positiva, para analistas y gobernantes al menos, es que no se necesita mucha información estadística reciente para poder atinarle a lo que está pasando y poder prescribir una que otra medida – ¡otro cuento es la implementación de soluciones! Tome como ejemplo el momento actual en donde mucho se ha debatido sobre los efectos de las crisis más recientes, quiénes pudieron ser los más afectados y qué instrumentos de política son los más adecuados para la recuperación económica.
En general se escucha más intuición que evidencia empírica. Y no porque en el país se carezca de la capacidad técnica para analizar fenómenos sociales, sino más bien porque nuestra información estadística envejece.
En el caso de la pobreza, una de las herramientas utilizadas para analizarla es explicar sus cambios en el tiempo de acuerdo a dos factores: crecimiento económico y redistribución. La lógica es muy simple: si los hogares logran aumentar sus fuentes de ingreso pueden consumir más y mejores bienes y servicios, mejoran sus condiciones de vida y por ende la pobreza se reduce.
Para los hogares más pobres dicho aumento de ingreso proviene fundamentalmente de dos fuentes. Una es aquellos ingresos que se perciben en el trabajo – ya sea porque aumenta el número de horas trabajadas, ó porque las personas se vuelven más productivas y les aumentan el salario, ó porque más personas en el hogar salen a trabajar y poder así contribuir a la economía familiar –. La otra puede ser porque son hogares sujetos de programas sociales –becas y bolsas de estudio, programas de alimentación escolar, pensiones, transferencias del gobierno, ó simplemente por tener un mayor acceso a salud y educación gratuita –.
Ambas fuentes (crecimiento y redistribución) se reflejan en la información de las encuestas de hogares y pueden ser estudiadas a lo largo del tiempo. En el caso de nuestro país, datos del año 2000 y 2006 revelan cómo ciertos grupos de población han sido impactados por la vía del crecimiento, la redistribución ó ambos. Así por ejemplo, la poca reducción de la pobreza que tuvo lugar en poblaciones rurales y en grupos indígenas – particularmente el Qeqchí y el Kaqchikel – parece haber dependido casi por completo del crecimiento. Por el contrario, entre la población no indígena y el grupo Mam los datos sugieren que funcionó alguna combinación de crecimiento y redistribución.
Pequeños pero informativos análisis de este tipo son importantes ya que nos permiten un mejor diseño de la política pública, una mayor comprensión de la estructura económica y la racionalidad que han seguido diferentes gobiernos en cada momento. Pero además, ilustran sobre la importancia de la focalización, y el monitoreo constante que debe hacerse de las condiciones de vida de nuestra población.
Sería tremendamente útil poder contar con mucha más investigación que amarre y reconstruya de forma sistemática nuestra historia económica y política pública, sobre todo a la luz de los múltiples shocks que hemos vivido en tan sólo diez años, y las diversas formas en que nuestro Estado ha tratado de atenderlos.
¿Qué habrá pasado con las condiciones de vida de los guatemaltecos en los últimos cinco años? ¿Cómo estarán los niveles de pobreza y desigualdad después de la recesión, la crisis alimentaria y los desastres naturales? Dos preguntas de mucha actualidad, pero que al no contar con información reciente no nos queda más que decir “supongo que ha empeorado”. En este caso solamente intuición no basta.
Prensa Libre, 22 de julio de 2010.
Cuando el viento sopla favorablemente no hay problema. Inconvenientes menores pasan desapercibidos porque la mayoría de las cosas caminan bien y hacen ver el panorama global positivo a pesar de un par de nubes aquí y allá. El problema viene cuando la marea cambia y las crisis se vuelven norma más que excepción. Allí es al revés, pequeñas cosas positivas pasan ninguneadas porque el malestar es generalizado.
Algo así nos pasó con las últimas crisis y sus efectos sobre la pobreza, desigualdad (¡y hasta la gobernabilidad!). Durante la primera mitad de la década actual la economía guatemalteca creció a tasas más o menos robustas, por lo que relativamente la fuimos pasando sin mucha pena ni gloria.
Hace un par de décadas en Guatemala se solía decir que el mejor Ministro de Finanzas era un buen precio del café. Hoy creo que podríamos ajustarlo y decir que el mejor Presidente es una tasa alta de crecimiento económico. Son frases muy simples pero que resumen mucho del país que tenemos, con su gran potencialidad y sus problemas estructurales de pobreza, exclusión, y desigualdad de oportunidades.
La parte positiva, para analistas y gobernantes al menos, es que no se necesita mucha información estadística reciente para poder atinarle a lo que está pasando y poder prescribir una que otra medida – ¡otro cuento es la implementación de soluciones! Tome como ejemplo el momento actual en donde mucho se ha debatido sobre los efectos de las crisis más recientes, quiénes pudieron ser los más afectados y qué instrumentos de política son los más adecuados para la recuperación económica.
En general se escucha más intuición que evidencia empírica. Y no porque en el país se carezca de la capacidad técnica para analizar fenómenos sociales, sino más bien porque nuestra información estadística envejece.
En el caso de la pobreza, una de las herramientas utilizadas para analizarla es explicar sus cambios en el tiempo de acuerdo a dos factores: crecimiento económico y redistribución. La lógica es muy simple: si los hogares logran aumentar sus fuentes de ingreso pueden consumir más y mejores bienes y servicios, mejoran sus condiciones de vida y por ende la pobreza se reduce.
Para los hogares más pobres dicho aumento de ingreso proviene fundamentalmente de dos fuentes. Una es aquellos ingresos que se perciben en el trabajo – ya sea porque aumenta el número de horas trabajadas, ó porque las personas se vuelven más productivas y les aumentan el salario, ó porque más personas en el hogar salen a trabajar y poder así contribuir a la economía familiar –. La otra puede ser porque son hogares sujetos de programas sociales –becas y bolsas de estudio, programas de alimentación escolar, pensiones, transferencias del gobierno, ó simplemente por tener un mayor acceso a salud y educación gratuita –.
Ambas fuentes (crecimiento y redistribución) se reflejan en la información de las encuestas de hogares y pueden ser estudiadas a lo largo del tiempo. En el caso de nuestro país, datos del año 2000 y 2006 revelan cómo ciertos grupos de población han sido impactados por la vía del crecimiento, la redistribución ó ambos. Así por ejemplo, la poca reducción de la pobreza que tuvo lugar en poblaciones rurales y en grupos indígenas – particularmente el Qeqchí y el Kaqchikel – parece haber dependido casi por completo del crecimiento. Por el contrario, entre la población no indígena y el grupo Mam los datos sugieren que funcionó alguna combinación de crecimiento y redistribución.
Pequeños pero informativos análisis de este tipo son importantes ya que nos permiten un mejor diseño de la política pública, una mayor comprensión de la estructura económica y la racionalidad que han seguido diferentes gobiernos en cada momento. Pero además, ilustran sobre la importancia de la focalización, y el monitoreo constante que debe hacerse de las condiciones de vida de nuestra población.
Sería tremendamente útil poder contar con mucha más investigación que amarre y reconstruya de forma sistemática nuestra historia económica y política pública, sobre todo a la luz de los múltiples shocks que hemos vivido en tan sólo diez años, y las diversas formas en que nuestro Estado ha tratado de atenderlos.
¿Qué habrá pasado con las condiciones de vida de los guatemaltecos en los últimos cinco años? ¿Cómo estarán los niveles de pobreza y desigualdad después de la recesión, la crisis alimentaria y los desastres naturales? Dos preguntas de mucha actualidad, pero que al no contar con información reciente no nos queda más que decir “supongo que ha empeorado”. En este caso solamente intuición no basta.
Prensa Libre, 22 de julio de 2010.
viernes, 16 de julio de 2010
Claros y de acuerdo
“La seriedad de nuestras autoridades monetarias y fiscales ha sido la norma más que la excepción en la historia contemporánea del país.”
El último tema económico que se ha puesto en el ambiente tiene que ver con el nivel de endeudamiento del país. Aún cuando se ha intentado darle un enfoque aséptico a la discusión, la visión que priva entre el grupo de guatemaltecos que lee y escribe es de cierto llamado a la cautela. Todos sugieren que hay que ponerle atención al asunto porque se nos puede llegar a salir de las manos.
La gran mayoría de argumentos que se esgrimen son válidos, pero también hay que reconocer que algunos son usados con más maña que otros. Al final del día hay que comprender que la opinión pública, al igual que la política, tiene mucho de percepción, y por tanto se vale empujar diferentes visiones de la realidad.
Dentro de los señalamientos que se han hecho, está la importancia de no comprometer nuestra preciada y reconocida estabilidad macroeconómica. Sobre este punto cabe reconocer la seriedad de nuestras autoridades monetarias y fiscales, algo que ha sido la norma más que la excepción en la historia contemporánea del país. Ponerse a jugar al alquimista con la política económica sería un suicidio, no solamente para el gobierno sino para la sociedad en general. Fue esa misma prudencia macroeconómica la que nos dio el modesto espacio fiscal para atender las últimas crisis que nos han golpeado. En eso creo que todos estamos claros y de acuerdo.
El problema es que seguimos enfrentando shocks externos, y claramente la estrategia de endeudamiento no puede ser la misma de hace dos años. Será necesario apuntalarla con otras medidas complementarias, que además de hacerla financieramente viable y sostenible, den toda la credibilidad que se necesita para entrar al 2011 con unas cuentas macroeconómicas a prueba de toda duda. En eso creo que también estamos claros y de acuerdo.
Por otro lado aparecen algunos otros argumentos más alarmistas, en ese mismo afán de llamar a la prudencia, pero que a la larga pueden generar más ansiedad de la necesaria. Por ejemplo, señalar que la comparación de nuestro nivel de deuda contra el PIB es un ejercicio engañoso e irrelevante. El problema está en pedirle a un solo indicador que nos entregue toda la información que necesitamos. (Por cierto, hay un juego de presentaciones muy ilustrativas sobre el tema deuda, hechas por el MINFIN y BANGUAT, y que se colocaron en la página de internet de un medio escrito local.)
Siguiendo la analogía con la economía familiar, un hogar puede financiarse completamente con deuda – por un tiempo relativamente corto, claro está. O también puede financiarse con deuda por un período más largo, eso sí, para hacer ciertas inversiones específicas: la educación de sus hijos, la ampliación de su casa, o la compra de un vehículo. En ambos casos el supuesto de fondo es que, al hacer dichos gastos e inversiones, las personas tendrán la posibilidad de generar mayor ingreso en el futuro, y con ello poder repagar sus deudas.
Así, los estudiantes universitarios en América del Norte usualmente se endeudan por 50 ó 60 mil dólares al año por un período de cuatro ó cinco años, a pesar de que su perfil de ingreso al momento al salir de la escuela secundaria sea de solamente 24 mil dólares anuales.
De manera que negarle un crédito de estudio a un joven bajo el argumento que sus ingresos no cubren ni la mitad de lo que está pidiendo prestado, o a un hogar para comprar su casa porque el ingreso total familiar no alcanza para pagar toda la deuda, pareciera contradecir el funcionamiento mismo de los mercados de crédito.
Esos mismos mercados también nos explican por qué sería arriesgado que las compañías de tarjetas de crédito le enviaran certificados de extra financiamiento a un tarjetahabiente que vive pagando solamente su cuota mínima mensual. Más aún cuando su patrón de consumo es comidas en restaurantes, joyas, ó viajes de placer. A la postre se generaría una espiral de gasto e insolvencia financiera de la cual es muy difícil salir.
Igualmente peligroso e insostenible sería que mamá o papá fueran al supermercado todos los meses y compraran la comida al crédito, sin ninguna intención de aumentar la porción de su salario dedicado a pagar por eso que ha consumido. Todos los que somos padres o madres sabemos que cuando los hijos crecen, las necesidades crecen con ellos, y por ende el presupuesto familiar para cubrirlas debe irse ajustando en forma proporcional, dentro de nuestras posibilidades.
Los párrafos anteriores son tres formas de ilustrar una parte solamente de lo que hoy sucede en Guatemala. De modo que hay que ser prudentes al ejemplificar la actual coyuntura para no pecar de simplismo. En esta tarea sí que nos pueden ayudar mucho las autoridades monetarias y fiscales, haciendo fluir toda la información y explicaciones que hagan falta. Ello no solamente educa a la ciudadanía en temas tan trascendentes, sino que de facto se fortalece una forma de auditoría social. En eso también creo que todos podemos estar claros y de acuerdo.
Prensa Libre, 15 de julio de 2010.
El último tema económico que se ha puesto en el ambiente tiene que ver con el nivel de endeudamiento del país. Aún cuando se ha intentado darle un enfoque aséptico a la discusión, la visión que priva entre el grupo de guatemaltecos que lee y escribe es de cierto llamado a la cautela. Todos sugieren que hay que ponerle atención al asunto porque se nos puede llegar a salir de las manos.
La gran mayoría de argumentos que se esgrimen son válidos, pero también hay que reconocer que algunos son usados con más maña que otros. Al final del día hay que comprender que la opinión pública, al igual que la política, tiene mucho de percepción, y por tanto se vale empujar diferentes visiones de la realidad.
Dentro de los señalamientos que se han hecho, está la importancia de no comprometer nuestra preciada y reconocida estabilidad macroeconómica. Sobre este punto cabe reconocer la seriedad de nuestras autoridades monetarias y fiscales, algo que ha sido la norma más que la excepción en la historia contemporánea del país. Ponerse a jugar al alquimista con la política económica sería un suicidio, no solamente para el gobierno sino para la sociedad en general. Fue esa misma prudencia macroeconómica la que nos dio el modesto espacio fiscal para atender las últimas crisis que nos han golpeado. En eso creo que todos estamos claros y de acuerdo.
El problema es que seguimos enfrentando shocks externos, y claramente la estrategia de endeudamiento no puede ser la misma de hace dos años. Será necesario apuntalarla con otras medidas complementarias, que además de hacerla financieramente viable y sostenible, den toda la credibilidad que se necesita para entrar al 2011 con unas cuentas macroeconómicas a prueba de toda duda. En eso creo que también estamos claros y de acuerdo.
Por otro lado aparecen algunos otros argumentos más alarmistas, en ese mismo afán de llamar a la prudencia, pero que a la larga pueden generar más ansiedad de la necesaria. Por ejemplo, señalar que la comparación de nuestro nivel de deuda contra el PIB es un ejercicio engañoso e irrelevante. El problema está en pedirle a un solo indicador que nos entregue toda la información que necesitamos. (Por cierto, hay un juego de presentaciones muy ilustrativas sobre el tema deuda, hechas por el MINFIN y BANGUAT, y que se colocaron en la página de internet de un medio escrito local.)
Siguiendo la analogía con la economía familiar, un hogar puede financiarse completamente con deuda – por un tiempo relativamente corto, claro está. O también puede financiarse con deuda por un período más largo, eso sí, para hacer ciertas inversiones específicas: la educación de sus hijos, la ampliación de su casa, o la compra de un vehículo. En ambos casos el supuesto de fondo es que, al hacer dichos gastos e inversiones, las personas tendrán la posibilidad de generar mayor ingreso en el futuro, y con ello poder repagar sus deudas.
Así, los estudiantes universitarios en América del Norte usualmente se endeudan por 50 ó 60 mil dólares al año por un período de cuatro ó cinco años, a pesar de que su perfil de ingreso al momento al salir de la escuela secundaria sea de solamente 24 mil dólares anuales.
De manera que negarle un crédito de estudio a un joven bajo el argumento que sus ingresos no cubren ni la mitad de lo que está pidiendo prestado, o a un hogar para comprar su casa porque el ingreso total familiar no alcanza para pagar toda la deuda, pareciera contradecir el funcionamiento mismo de los mercados de crédito.
Esos mismos mercados también nos explican por qué sería arriesgado que las compañías de tarjetas de crédito le enviaran certificados de extra financiamiento a un tarjetahabiente que vive pagando solamente su cuota mínima mensual. Más aún cuando su patrón de consumo es comidas en restaurantes, joyas, ó viajes de placer. A la postre se generaría una espiral de gasto e insolvencia financiera de la cual es muy difícil salir.
Igualmente peligroso e insostenible sería que mamá o papá fueran al supermercado todos los meses y compraran la comida al crédito, sin ninguna intención de aumentar la porción de su salario dedicado a pagar por eso que ha consumido. Todos los que somos padres o madres sabemos que cuando los hijos crecen, las necesidades crecen con ellos, y por ende el presupuesto familiar para cubrirlas debe irse ajustando en forma proporcional, dentro de nuestras posibilidades.
Los párrafos anteriores son tres formas de ilustrar una parte solamente de lo que hoy sucede en Guatemala. De modo que hay que ser prudentes al ejemplificar la actual coyuntura para no pecar de simplismo. En esta tarea sí que nos pueden ayudar mucho las autoridades monetarias y fiscales, haciendo fluir toda la información y explicaciones que hagan falta. Ello no solamente educa a la ciudadanía en temas tan trascendentes, sino que de facto se fortalece una forma de auditoría social. En eso también creo que todos podemos estar claros y de acuerdo.
Prensa Libre, 15 de julio de 2010.
sábado, 10 de julio de 2010
COSEFIN
“Las finanzas públicas dejaron de ser un tema estrictamente de impuestos y gastos domésticos y han mutado hacia algo más global y complejo.”
Hasta hace algunos años, cuando en los países de Centro América se hablaba de relaciones internacionales, integración, y las instituciones que pueden impulsar dichos temas, se solía pensar casi exclusivamente en los Ministerios de Relaciones Exteriores. Era un tema más entre muchos que componen la nutrida agenda de los gobiernos. Eso ha cambiado radicalmente producto del dinamismo que nos ha impuesto la globalización.
En la actualidad, prácticamente todos los ministerios conforman el Organismo Ejecutivo tienen una instancia regional de coordinación. Es una evolución natural en la institucionalidad de los gobiernos. Que tiene todo el sentido del mundo porque los niveles de interdependencia regional y mundial, así como han facilitado el avance en muchos órdenes de la vida, de igual forma han venido acompañados de problemas y retos que hoy superan las capacidades de nuestros Estados nacionales en su formato actual.
El combate al crimen organizado, la agenda de migración internacional, el cambio climático, y la armonización de políticas comerciales son solamente algunos de los múltiples ejemplos que hoy obligan a sentarnos a la mesa entre países, para diseñar abordajes supranacionales a situaciones que impactan el día a día de nuestra gente. La aldea global finalmente se hizo realidad.
Es en dichos foros donde los ministros de la región se reúnen a conversar, entre homólogos, sobre temas de preocupación o interés común. Allí cruzan información, identifican áreas de convergencia, y muchas veces hasta construyen mensajes de región hacia otros actores regionales y globales que necesitan escuchar una voz y punto de vista unísono de países como los nuestros – pequeños y con peso e incidencia internacional limitados.
En el caso centroamericano lo interesante es observar cómo el proceso de madurez institucional y el regionalismo han alcanzado incluso a los Ministerios de Finanzas, quienes también han llegado a sentir la necesidad de una instancia de diálogo regional para impulsar temas de hacienda y crédito público. La razón es simple: las finanzas públicas dejaron de ser un tema estrictamente de impuestos y gastos domésticos y han mutado hacia algo más global y complejo.
Desde esa perspectiva, el músculo financiero del Estado – en este caso entendido como una adecuada gestión de los recursos públicos que le confiere la ciudadanía en la forma de impuestos – es una pieza clave; y que por lo tanto debe funcionar en armonía con todas las otras manifestaciones de ese mismo Estado para atender las necesidades de su población.
En tal contexto hacia el año 2006 se da vida al Consejo de Ministros y Secretarios de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN). La agenda de trabajo ha sido muy rica desde sus inicios. Pero de forma muy especial durante los años 2008 y 2009, cuando estuvo fuertemente marcada por la crisis internacional y la modesta respuesta contra cíclica que nuestros gobiernos pudieron dar a la misma.
Allí fueron significativas varias declaraciones conjuntas de nuestros titulares del tesoro porque dieron un mensaje de unidad y preocupación compartida. Pero además, porque sonó como voz de alerta a los grandes organismos multilaterales, para no dejar en segundo plano las necesidades de apoyo técnico y financiero que tenían y siguen teniendo los vecinos más pequeños y modestos del barrio.
Por supuesto que el trabajo del COSEFIN también se compone de otros temas que superan la coyuntura, como por ejemplo: aspectos de unión aduanera, combate al contrabando, coordinación de las políticas fiscales, capacitación para cuadros técnicos, entre otros. En un sentido más amplio, lo interesante de este foro permanente de ministros de hacienda es que ha ido poco a poco encontrando su espacio propio en la dinámica y arquitectura de la integración centroamericana.
Como cualquier institución joven, ha tenido que pasar por un proceso de gestación y consolidación no exenta de dificultades. Naturalmente ha descansado en sus primeros años de vida en el dinamismo y personalidad de aquellos ministros que fueron los padres y madres de la criatura. Hoy día, salvo los ministros Guevara de Nicaragua y Bengoa de República Dominicana, prácticamente todos han cambiado. Unos como producto del recambio que acompaña los ciclos políticos de nuestras democracias, y otros a consecuencia de movimientos y coyunturas al interno de gabinetes de gobierno.
COSEFIN enfrenta hoy varios retos institucionales y políticos tanto o más importantes como los de los años recientes. Las estrategias de salida a los impulsos fiscales dados durante la crisis, el diálogo con organismos multilaterales para la concepción e implementación de un nuevo regionalismo, y las urgentes necesidades que impone la recuperación de la senda del crecimiento con equidad, son solamente algunos de los temas que abonan la agenda de los responsables de las finanzas públicas centroamericanas.
En lo inmediato, el desafío más grande de dicha instancia probablemente sea consolidarse más allá del protoplasma de turno. Algo que por el bien de la región esperamos que sea así.
Prensa Libre, 8 de julio de 2010.
Hasta hace algunos años, cuando en los países de Centro América se hablaba de relaciones internacionales, integración, y las instituciones que pueden impulsar dichos temas, se solía pensar casi exclusivamente en los Ministerios de Relaciones Exteriores. Era un tema más entre muchos que componen la nutrida agenda de los gobiernos. Eso ha cambiado radicalmente producto del dinamismo que nos ha impuesto la globalización.
En la actualidad, prácticamente todos los ministerios conforman el Organismo Ejecutivo tienen una instancia regional de coordinación. Es una evolución natural en la institucionalidad de los gobiernos. Que tiene todo el sentido del mundo porque los niveles de interdependencia regional y mundial, así como han facilitado el avance en muchos órdenes de la vida, de igual forma han venido acompañados de problemas y retos que hoy superan las capacidades de nuestros Estados nacionales en su formato actual.
El combate al crimen organizado, la agenda de migración internacional, el cambio climático, y la armonización de políticas comerciales son solamente algunos de los múltiples ejemplos que hoy obligan a sentarnos a la mesa entre países, para diseñar abordajes supranacionales a situaciones que impactan el día a día de nuestra gente. La aldea global finalmente se hizo realidad.
Es en dichos foros donde los ministros de la región se reúnen a conversar, entre homólogos, sobre temas de preocupación o interés común. Allí cruzan información, identifican áreas de convergencia, y muchas veces hasta construyen mensajes de región hacia otros actores regionales y globales que necesitan escuchar una voz y punto de vista unísono de países como los nuestros – pequeños y con peso e incidencia internacional limitados.
En el caso centroamericano lo interesante es observar cómo el proceso de madurez institucional y el regionalismo han alcanzado incluso a los Ministerios de Finanzas, quienes también han llegado a sentir la necesidad de una instancia de diálogo regional para impulsar temas de hacienda y crédito público. La razón es simple: las finanzas públicas dejaron de ser un tema estrictamente de impuestos y gastos domésticos y han mutado hacia algo más global y complejo.
Desde esa perspectiva, el músculo financiero del Estado – en este caso entendido como una adecuada gestión de los recursos públicos que le confiere la ciudadanía en la forma de impuestos – es una pieza clave; y que por lo tanto debe funcionar en armonía con todas las otras manifestaciones de ese mismo Estado para atender las necesidades de su población.
En tal contexto hacia el año 2006 se da vida al Consejo de Ministros y Secretarios de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN). La agenda de trabajo ha sido muy rica desde sus inicios. Pero de forma muy especial durante los años 2008 y 2009, cuando estuvo fuertemente marcada por la crisis internacional y la modesta respuesta contra cíclica que nuestros gobiernos pudieron dar a la misma.
Allí fueron significativas varias declaraciones conjuntas de nuestros titulares del tesoro porque dieron un mensaje de unidad y preocupación compartida. Pero además, porque sonó como voz de alerta a los grandes organismos multilaterales, para no dejar en segundo plano las necesidades de apoyo técnico y financiero que tenían y siguen teniendo los vecinos más pequeños y modestos del barrio.
Por supuesto que el trabajo del COSEFIN también se compone de otros temas que superan la coyuntura, como por ejemplo: aspectos de unión aduanera, combate al contrabando, coordinación de las políticas fiscales, capacitación para cuadros técnicos, entre otros. En un sentido más amplio, lo interesante de este foro permanente de ministros de hacienda es que ha ido poco a poco encontrando su espacio propio en la dinámica y arquitectura de la integración centroamericana.
Como cualquier institución joven, ha tenido que pasar por un proceso de gestación y consolidación no exenta de dificultades. Naturalmente ha descansado en sus primeros años de vida en el dinamismo y personalidad de aquellos ministros que fueron los padres y madres de la criatura. Hoy día, salvo los ministros Guevara de Nicaragua y Bengoa de República Dominicana, prácticamente todos han cambiado. Unos como producto del recambio que acompaña los ciclos políticos de nuestras democracias, y otros a consecuencia de movimientos y coyunturas al interno de gabinetes de gobierno.
COSEFIN enfrenta hoy varios retos institucionales y políticos tanto o más importantes como los de los años recientes. Las estrategias de salida a los impulsos fiscales dados durante la crisis, el diálogo con organismos multilaterales para la concepción e implementación de un nuevo regionalismo, y las urgentes necesidades que impone la recuperación de la senda del crecimiento con equidad, son solamente algunos de los temas que abonan la agenda de los responsables de las finanzas públicas centroamericanas.
En lo inmediato, el desafío más grande de dicha instancia probablemente sea consolidarse más allá del protoplasma de turno. Algo que por el bien de la región esperamos que sea así.
Prensa Libre, 8 de julio de 2010.
jueves, 24 de junio de 2010
Ocho lecciones en ocho años
“En algún sentido, los académicos se constituyen en la reserva intelectual de los países, aportando, auditando, y proponiendo soluciones técnicamente fundamentadas a los problemas nacionales.”
Hacia el año 2002 el Gobierno de Chile dio vida a un programa social llamado “Chile Solidario” (CHS), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias en extrema pobreza. La aspiración de dicho programa era erradicar la pobreza extrema para el año 2006.
Originalmente estuvo dirigido a 225 mil familias, población clasificada como extremadamente pobre, de acuerdo a una serie de instrumentos con que cuenta el gobierno para identificar y medir las condiciones de vida de su población. Una cifra relativamente baja para un país de poco más de 16 millones de habitantes.
Sin embargo, con los años la experiencia ha dejado en claro que la reducción – ni se diga erradicación – de la pobreza extrema es un reto mayúsculo, incluso para países con crecimiento económico sostenido e instituciones bastante consolidadas. Después de 8 años de implementación, un grupo de trabajo formado por académicos chilenos especializados en política pública nos comparte algunas lecciones aprendidas en torno al programa. Resumo algunas de ellas, pensando en lo que puede ahorrarnos tiempo y dinero en la construcción de nuestro propio sistema de protección social en Guatemala.
Primera: “el derrame salpica pero no empapa”. Ha quedado claro que en términos de equidad y superación de la pobreza el crecimiento económico, por muy vigoroso que sea, no basta. Debe ser complementado con la acción redistributiva del Estado, acercando instituciones y programas a los más necesitados y vulnerables de la sociedad.
Segunda: “hay muchos caminos para llegar a Roma”. Por años hemos santificado la política de protección social anclada alrededor de transferencias condicionadas en efectivo a la mexicana y brasileña. A veces en desmedro de evaluar modelos alternativos como Chile Solidario, cuyo centro de gravedad está en un componente de apoyo psicosocial que busca generar capacidades en un sentido más amplio, para que las familias salgan de su condición de pobreza extrema.
Tercera: “dar pan hoy pero también enseñando a pescar para mañana”. Es decir, hay que concebir estas intervenciones con una estrategia de salida. En el caso de CHS se concibió un componente llamado Bono de Protección a la Familia, que es una transferencia en dinero cuyo monto disminuye gradualmente en el tiempo.
Cuarta: “lo que no se puede medir también cuenta”. A contrapelo del paradigma positivista, y de una larga tradición chilena de estudio cuantitativo de la Economía, el programa CHS no concibió desde su inicio una estrategia de evaluación robusta. Sin embargo, ello no ha sido razón para impedir que el programa siga adelante, sino más bien es visto como una lección aprendida, área de mejora para una eventual reforma y afinamiento de dicha intervención.
Quinta: “no sólo de pan vive el hombre”. Evaluaciones parciales dan cuenta de cómo el CHS no ha sido capaz de mejorar sustantivamente las condiciones de empleo e ingresos, pero sí ha tenido efectos positivos en la autoestima y motivación de las familias participantes.
Además, la evidencia cuantitativa disponible sugiere que los hogares en extrema pobreza no son un grupo estático. Algunos logran salir de dicha condición y otros desafortunadamente caen en ella ante diferentes shocks. Esta dinámica, entre otras cosas, está generando interesantes reflexiones en cuanto a la forma de medir pobreza en el país, moviéndose hacia enfoques multidimensionales.
Sexta: “no pedir peras al olmo”. Dado que Chile Solidario no cuenta con herramientas directas para generar empleo e ingresos, las expectativas sobre los resultados esperados no pueden ir en esa dirección, sino que tienen que ajustarse y valorarse de acuerdo al modelo de intervención.
Séptima: “para conocer a Miguel hay que vivir con él”. Un buen diagnóstico es fundamental al inicio de cualquier programa. Ello permite identificar claramente las necesidades y características de la población objetivo, y por tanto un buen diseño de política. En el caso de CHS parece que los diagnósticos iniciales no fueron del todo capaces de capturar adecuadamente la situación y comportamiento de los hogares beneficiarios. Ello significó una subestimación en las metas propuestas originalmente.
Octava: “el gobierno, al igual que Pinocho, necesita de Pepe Grillo”. El rol que ha jugado la Academia ha sido fundamental en el funcionamiento del sector público chileno. Tanto para ocupar cargos públicos en diferentes dependencias (ie. transferencia tecnológica), como para servir de caja de resonancia y señalar áreas de mejora (ie. auditoría social). En algún sentido, los académicos se constituyen en la reserva intelectual de los países, aportando, auditando, y proponiendo soluciones técnicamente fundamentadas a los problemas nacionales.
Estas ocho lecciones que destilan de la experiencia chilena pueden perfectamente envasarse, tropicalizarse y consumirse en Guatemala. Es lo que en la jerga del desarrollo se llamaría cooperación Sur-Sur, en donde las lecciones aprendidas, buenas y malas, son compartidas con otras sociedades para ahorrarles tropezones y dolores de cabeza innecesarios. ¡Ojalá!
Prensa Libre, 24 de junio de 2010.
Hacia el año 2002 el Gobierno de Chile dio vida a un programa social llamado “Chile Solidario” (CHS), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias en extrema pobreza. La aspiración de dicho programa era erradicar la pobreza extrema para el año 2006.
Originalmente estuvo dirigido a 225 mil familias, población clasificada como extremadamente pobre, de acuerdo a una serie de instrumentos con que cuenta el gobierno para identificar y medir las condiciones de vida de su población. Una cifra relativamente baja para un país de poco más de 16 millones de habitantes.
Sin embargo, con los años la experiencia ha dejado en claro que la reducción – ni se diga erradicación – de la pobreza extrema es un reto mayúsculo, incluso para países con crecimiento económico sostenido e instituciones bastante consolidadas. Después de 8 años de implementación, un grupo de trabajo formado por académicos chilenos especializados en política pública nos comparte algunas lecciones aprendidas en torno al programa. Resumo algunas de ellas, pensando en lo que puede ahorrarnos tiempo y dinero en la construcción de nuestro propio sistema de protección social en Guatemala.
Primera: “el derrame salpica pero no empapa”. Ha quedado claro que en términos de equidad y superación de la pobreza el crecimiento económico, por muy vigoroso que sea, no basta. Debe ser complementado con la acción redistributiva del Estado, acercando instituciones y programas a los más necesitados y vulnerables de la sociedad.
Segunda: “hay muchos caminos para llegar a Roma”. Por años hemos santificado la política de protección social anclada alrededor de transferencias condicionadas en efectivo a la mexicana y brasileña. A veces en desmedro de evaluar modelos alternativos como Chile Solidario, cuyo centro de gravedad está en un componente de apoyo psicosocial que busca generar capacidades en un sentido más amplio, para que las familias salgan de su condición de pobreza extrema.
Tercera: “dar pan hoy pero también enseñando a pescar para mañana”. Es decir, hay que concebir estas intervenciones con una estrategia de salida. En el caso de CHS se concibió un componente llamado Bono de Protección a la Familia, que es una transferencia en dinero cuyo monto disminuye gradualmente en el tiempo.
Cuarta: “lo que no se puede medir también cuenta”. A contrapelo del paradigma positivista, y de una larga tradición chilena de estudio cuantitativo de la Economía, el programa CHS no concibió desde su inicio una estrategia de evaluación robusta. Sin embargo, ello no ha sido razón para impedir que el programa siga adelante, sino más bien es visto como una lección aprendida, área de mejora para una eventual reforma y afinamiento de dicha intervención.
Quinta: “no sólo de pan vive el hombre”. Evaluaciones parciales dan cuenta de cómo el CHS no ha sido capaz de mejorar sustantivamente las condiciones de empleo e ingresos, pero sí ha tenido efectos positivos en la autoestima y motivación de las familias participantes.
Además, la evidencia cuantitativa disponible sugiere que los hogares en extrema pobreza no son un grupo estático. Algunos logran salir de dicha condición y otros desafortunadamente caen en ella ante diferentes shocks. Esta dinámica, entre otras cosas, está generando interesantes reflexiones en cuanto a la forma de medir pobreza en el país, moviéndose hacia enfoques multidimensionales.
Sexta: “no pedir peras al olmo”. Dado que Chile Solidario no cuenta con herramientas directas para generar empleo e ingresos, las expectativas sobre los resultados esperados no pueden ir en esa dirección, sino que tienen que ajustarse y valorarse de acuerdo al modelo de intervención.
Séptima: “para conocer a Miguel hay que vivir con él”. Un buen diagnóstico es fundamental al inicio de cualquier programa. Ello permite identificar claramente las necesidades y características de la población objetivo, y por tanto un buen diseño de política. En el caso de CHS parece que los diagnósticos iniciales no fueron del todo capaces de capturar adecuadamente la situación y comportamiento de los hogares beneficiarios. Ello significó una subestimación en las metas propuestas originalmente.
Octava: “el gobierno, al igual que Pinocho, necesita de Pepe Grillo”. El rol que ha jugado la Academia ha sido fundamental en el funcionamiento del sector público chileno. Tanto para ocupar cargos públicos en diferentes dependencias (ie. transferencia tecnológica), como para servir de caja de resonancia y señalar áreas de mejora (ie. auditoría social). En algún sentido, los académicos se constituyen en la reserva intelectual de los países, aportando, auditando, y proponiendo soluciones técnicamente fundamentadas a los problemas nacionales.
Estas ocho lecciones que destilan de la experiencia chilena pueden perfectamente envasarse, tropicalizarse y consumirse en Guatemala. Es lo que en la jerga del desarrollo se llamaría cooperación Sur-Sur, en donde las lecciones aprendidas, buenas y malas, son compartidas con otras sociedades para ahorrarles tropezones y dolores de cabeza innecesarios. ¡Ojalá!
Prensa Libre, 24 de junio de 2010.
jueves, 17 de junio de 2010
Suspendidos en el tiempo
“Guatemala es un país de contrastes, como escribiera Alberto Fuentes Mohr hace cuarenta años.”
¡Guatemala no cambia, nunca va a cambiar!, me dijo hace veintitantos años una señora por quien guardo especial aprecio. Entonces no comprendí ni compartí su sentimiento y significado. Con el tiempo he ido constatando que había mucho de verdad en sus palabras. Cinco trozos, que dibujan “escenas diferentes” en 150 años de historia, le dan la razón. ¡Va por usted doña Mimi!
La ciudad no había cambiado mucho desde que los “salvajes” de Carrera custodiaron las calles polvorientas. Aparte de haber terminado la construcción de la catedral, el Fuerte San José y un teatro nacional que parecía fuera de lugar en una ciudad de sólo mil doscientas casas, el gobierno no había invertido mayor cosa en el desarrollo urbano. Por lo mismo, cincuenta mil personas vivían cómodamente detrás de gruesas paredes blancas de adobe que resguardaban los anchos patios interiores. Las calles sin pavimentar se convertían en ríos de lodo durante la temporada lluviosa, pero las fuentes y jardines rompían la monótona serie de casas bajas, distribuidas en la clásica parrilla española, con las elites habitando el núcleo de casas que circundaba la Plaza Central. (Ciudad de Guatemala en 1870, “El ascenso de las élites industriales en Guatemala”, Paul Dosal).
Ubico resolvía en el momento: me destituyen al contralor, le dan cien palos al maestro, usted se casa con la señorita, y todo cuanto hubiera que disponer. Con frecuencia él mismo aplicaba los castigos, ya sea por la vía del fuete o de las patadas. Al poco tiempo llegó Arévalo y la gente se reunió, como era costumbre, para plantearle sus problemas al Señor Presidente. Arévalo respondía explicando a qué instituciones debían acudir para resolver esos problemas, pues eso era lo que mandaba la ley. “Y dónde están esas instituciones”, preguntaba la gente. “En la capital”, respondía él. O sea, a días de camino, y sólo para iniciar un proceso de nunca acabar. Cuando Arévalo partía, la gente se quedaba comentando: “Este no ha de ser el presidente porque no manda”. (Giras presidenciales al interior en los años cuarenta, “Las huellas de Guatemala”, Gustavo Porras Castejón).
Tina tenía dos hijos y cierto día le pregunté por ellos pues nunca los llevaba. Resultó que se quedaban solos de lunes a sábado, desde las siete de la mañana hasta la una o dos de la tarde, cuando ella volvía. Los niños tenían año y medio y cinco años. Le expresé mi inquietud por lo peligroso de su medida (…). Tina respondió que para evitarles accidentes los dejaba amarrados de la cintura a un pilar del corredor que la longitud del lazo les permitía moverse sólo donde no había peligro y que la soga del grandecito era un poco más larga, de manera que alcanzara una jarrilla de atol. El fogón lo dejaba apagado. Lo dijo con sencillez y naturalidad, explicándome estoicamente que no tenía otra alternativa. Carecía de familiares, vivía en las afueras del pueblo y su trabajo la llevaba de una a otra casa durante cada jornada. (Zona Ixil de Guatemala en los años setenta, “Mujeres en la Alborada”, Yolanda Colom).
Al mediodía pasé por las calles polvorientas de uno de los barrios marginales. Allí vi a borrachos tirados en el suelo, durmiendo el sopor de su intoxicación, las caras cubiertas de moscas, mientras que desentendiéndose de ellos, niños harapientos jugaban balompié con una pelota de trapo. Para esos pequeños, los borrachos tirados en la calle, los desagües fétidos, los zopilotes que hurgan en los basureros, son parte de la existencia diaria. (Ciudad de Guatemala en 1970, “Secuestro y Prisión”, Alberto Fuentes Mohr).
La sociedad guatemalteca se parece a un edificio extraño de lejos, desagradable de cerca y que produce la impresión que está a punto de implosión; es una mezcla de estilos arquitectónicos incompatibles e incongruentes: repugnante en su estructura profunda de donde se elevan con dificultad muros grises, sucios. Luego, en la base, breves espacios de ventanas deformes, con las maderas y los vidrios rotos, como si fueran ojos enfermos, orificios apiñados, dando la sensación de un pesado conjunto de estrechos departamentos con jirones de ropa secándose en el exterior. (…) Más arriba, muy arriba, el edificio va ganando en limpieza y proporcionalidad, dando una sensación de bienestar cuando culmina finalmente en lo alto con un moderno estilo señorial, ligero y elegante. El contraste de su sección superior es visible por la limpieza, el orden y la dignidad de sus espacios de luz, flores y sol. Y porque se encuentra, lejano y ajeno de la base. (Estratos sociales guatemaltecos en el año 2000, “Guatemala: un edificio de cinco niveles”, Edelberto Torres Rivas).
Guatemala es un país de contrastes, como escribiera Alberto Fuentes Mohr hace cuarenta años. Lo ha sido y lo seguirá siendo. Pero no son contrastes a secas, sino que además están impregnados de una estática pavorosa. Quizás sea esa mezcla infame la que nos impide pensarnos como una nación que da la cara al futuro, en vez de andar cabeza gacha, pateando solamente nuestra sombra.
¡Guatemala no cambia, nunca va a cambiar!, me dijo hace veintitantos años una señora por quien guardo especial aprecio. Entonces no comprendí ni compartí su sentimiento y significado. Con el tiempo he ido constatando que había mucho de verdad en sus palabras. Cinco trozos, que dibujan “escenas diferentes” en 150 años de historia, le dan la razón. ¡Va por usted doña Mimi!
La ciudad no había cambiado mucho desde que los “salvajes” de Carrera custodiaron las calles polvorientas. Aparte de haber terminado la construcción de la catedral, el Fuerte San José y un teatro nacional que parecía fuera de lugar en una ciudad de sólo mil doscientas casas, el gobierno no había invertido mayor cosa en el desarrollo urbano. Por lo mismo, cincuenta mil personas vivían cómodamente detrás de gruesas paredes blancas de adobe que resguardaban los anchos patios interiores. Las calles sin pavimentar se convertían en ríos de lodo durante la temporada lluviosa, pero las fuentes y jardines rompían la monótona serie de casas bajas, distribuidas en la clásica parrilla española, con las elites habitando el núcleo de casas que circundaba la Plaza Central. (Ciudad de Guatemala en 1870, “El ascenso de las élites industriales en Guatemala”, Paul Dosal).
Ubico resolvía en el momento: me destituyen al contralor, le dan cien palos al maestro, usted se casa con la señorita, y todo cuanto hubiera que disponer. Con frecuencia él mismo aplicaba los castigos, ya sea por la vía del fuete o de las patadas. Al poco tiempo llegó Arévalo y la gente se reunió, como era costumbre, para plantearle sus problemas al Señor Presidente. Arévalo respondía explicando a qué instituciones debían acudir para resolver esos problemas, pues eso era lo que mandaba la ley. “Y dónde están esas instituciones”, preguntaba la gente. “En la capital”, respondía él. O sea, a días de camino, y sólo para iniciar un proceso de nunca acabar. Cuando Arévalo partía, la gente se quedaba comentando: “Este no ha de ser el presidente porque no manda”. (Giras presidenciales al interior en los años cuarenta, “Las huellas de Guatemala”, Gustavo Porras Castejón).
Tina tenía dos hijos y cierto día le pregunté por ellos pues nunca los llevaba. Resultó que se quedaban solos de lunes a sábado, desde las siete de la mañana hasta la una o dos de la tarde, cuando ella volvía. Los niños tenían año y medio y cinco años. Le expresé mi inquietud por lo peligroso de su medida (…). Tina respondió que para evitarles accidentes los dejaba amarrados de la cintura a un pilar del corredor que la longitud del lazo les permitía moverse sólo donde no había peligro y que la soga del grandecito era un poco más larga, de manera que alcanzara una jarrilla de atol. El fogón lo dejaba apagado. Lo dijo con sencillez y naturalidad, explicándome estoicamente que no tenía otra alternativa. Carecía de familiares, vivía en las afueras del pueblo y su trabajo la llevaba de una a otra casa durante cada jornada. (Zona Ixil de Guatemala en los años setenta, “Mujeres en la Alborada”, Yolanda Colom).
Al mediodía pasé por las calles polvorientas de uno de los barrios marginales. Allí vi a borrachos tirados en el suelo, durmiendo el sopor de su intoxicación, las caras cubiertas de moscas, mientras que desentendiéndose de ellos, niños harapientos jugaban balompié con una pelota de trapo. Para esos pequeños, los borrachos tirados en la calle, los desagües fétidos, los zopilotes que hurgan en los basureros, son parte de la existencia diaria. (Ciudad de Guatemala en 1970, “Secuestro y Prisión”, Alberto Fuentes Mohr).
La sociedad guatemalteca se parece a un edificio extraño de lejos, desagradable de cerca y que produce la impresión que está a punto de implosión; es una mezcla de estilos arquitectónicos incompatibles e incongruentes: repugnante en su estructura profunda de donde se elevan con dificultad muros grises, sucios. Luego, en la base, breves espacios de ventanas deformes, con las maderas y los vidrios rotos, como si fueran ojos enfermos, orificios apiñados, dando la sensación de un pesado conjunto de estrechos departamentos con jirones de ropa secándose en el exterior. (…) Más arriba, muy arriba, el edificio va ganando en limpieza y proporcionalidad, dando una sensación de bienestar cuando culmina finalmente en lo alto con un moderno estilo señorial, ligero y elegante. El contraste de su sección superior es visible por la limpieza, el orden y la dignidad de sus espacios de luz, flores y sol. Y porque se encuentra, lejano y ajeno de la base. (Estratos sociales guatemaltecos en el año 2000, “Guatemala: un edificio de cinco niveles”, Edelberto Torres Rivas).
Guatemala es un país de contrastes, como escribiera Alberto Fuentes Mohr hace cuarenta años. Lo ha sido y lo seguirá siendo. Pero no son contrastes a secas, sino que además están impregnados de una estática pavorosa. Quizás sea esa mezcla infame la que nos impide pensarnos como una nación que da la cara al futuro, en vez de andar cabeza gacha, pateando solamente nuestra sombra.
jueves, 27 de mayo de 2010
Etica y conocimiento
“Siempre la ética profesional ha sido importante. Pero lo es todavía más ante la división del trabajo y la sobre especialización que constantemente impone el progreso.”
El 20 de mayo en las páginas de Science apareció una noticia que realmente mueve la frontera del conocimiento. Esta vez a manos de dos biólogos americanos, Craig Venter y Hamilton Smith, quienes trabajan en un campo de la ciencia llamado biología sintética. De hecho, hay que recordar que ya en 1995 estos individuos revolucionaron al mundo científico cuando decodificaron la primera secuencia de ADN en un organismo vivo.
Ahora dan otro paso emblemático y anuncian haber creado una bacteria con un genoma artificial. Es decir, crearon el primer organismo vivo que no tiene ancestros. La revista The Economist califica el hecho como algo “más profundo que incluso la misma detonación de la primera bomba atómica”.
Como era de esperarse, ya comienzan a surgir reflexiones sobre todo lo bueno que puede derivar de ahora en adelante: nuevas drogas para curar enfermedades, cosechas mejoradas, antibióticos más efectivos, entender más la evolución de las especies, en fin. Ciertamente nadie puede anticipar a dónde nos llevará este nuevo sendero del conocimiento científico.
Sin embargo, también genera preocupaciones y suspicacias. Voces de alerta que señalan sobre lo peligroso que puede llegar a ser este descubrimiento si cayera en manos de las personas equivocadas. Un viejo fantasma que nos persigue casi con cada descubrimiento que ha hecho el ser humano. La batalla que hoy se libra para limitar la capacidad que tengan ciertos países para enriquecer uranio – insumo para las bombas atómicas – es el ejemplo de más actualidad que tenemos.
Así es la evolución y el desarrollo de la humanidad. Lo mismo que puede mejorar la calidad de vida de muchas personas, también trae consigo el germen de destruir y comprometer la sostenibilidad misma del planeta. Como bien cita el editorial de dicha revista, la primera reacción que provoca este avance de la biología sintética y la potencial amenaza en que puede convertirse la generación de vida artificial, es restringir ó regular en exceso el acceso a este tipo de conocimiento.
Afortunadamente también hay quienes alzan la voz y nos recuerdan que siempre es mejor democratizar el conocimiento que privilegiarlo a una elite. Al compartirlo se le convierte en un bien público, ampliándose así las posibilidades de la innovación y capacidad creativa de la comunidad científica mundial. De ahora en adelante serán muchas más cabezas ensanchando la brecha de investigación abierta por estos dos biólogos.
Cabe aquí una reflexión desde una perspectiva más filosófica, que tiene que ver con el espacio y la importancia que debe darse a la ética profesional. Siempre es importante (la ética profesional), pero lo es todavía más ante la división del trabajo y la sobre especialización que constantemente impone el progreso.
La razón es muy sencilla: el costo de obtener y gestionar información para todos y cada uno de los campos del conocimiento ha llegado a ser muy alto. Porque no solamente los campos del conocimiento se han multiplicado y especializado con los años. Además, la revolución tecnológica que acompaña a la globalización ha hecho explotar las cantidades de información que hoy están a la disposición de todos nosotros con un simple click en el computador o blackberry. El sueño de los Enciclopedistas del siglo XVIII ha mutado en la actual era del conocimiento a ser más bien gestores responsables de información.
Por lo tanto, llega un punto en el desarrollo científico en donde es solamente un hombre ó mujer – en el mejor de los casos un pequeño y selecto grupo –, quienes tienen acceso a la última innovación y al último concepto, sin que pueda alcanzarlos regulación o supervisión alguna. Es precisamente allí, cuando han quedado solos, parados sobre la frontera del conocimiento, que la ética profesional debe ser el último faro que guíe sus decisiones de manera responsable.
Descubrimientos como los que anunciaron Venter y Smith hace una semana no hacen sino constatar las palabras de Mikhail Gorbachov ante la crisis de pensamiento político y económico que ocasionó la caída del muro de Berlín en el mundo entero: los seres humanos siguen siendo capaces de encontrarle una salida a cualquier crisis, siempre que se les permita pensar, explorar, y ser creativos.
El 20 de mayo en las páginas de Science apareció una noticia que realmente mueve la frontera del conocimiento. Esta vez a manos de dos biólogos americanos, Craig Venter y Hamilton Smith, quienes trabajan en un campo de la ciencia llamado biología sintética. De hecho, hay que recordar que ya en 1995 estos individuos revolucionaron al mundo científico cuando decodificaron la primera secuencia de ADN en un organismo vivo.
Ahora dan otro paso emblemático y anuncian haber creado una bacteria con un genoma artificial. Es decir, crearon el primer organismo vivo que no tiene ancestros. La revista The Economist califica el hecho como algo “más profundo que incluso la misma detonación de la primera bomba atómica”.
Como era de esperarse, ya comienzan a surgir reflexiones sobre todo lo bueno que puede derivar de ahora en adelante: nuevas drogas para curar enfermedades, cosechas mejoradas, antibióticos más efectivos, entender más la evolución de las especies, en fin. Ciertamente nadie puede anticipar a dónde nos llevará este nuevo sendero del conocimiento científico.
Sin embargo, también genera preocupaciones y suspicacias. Voces de alerta que señalan sobre lo peligroso que puede llegar a ser este descubrimiento si cayera en manos de las personas equivocadas. Un viejo fantasma que nos persigue casi con cada descubrimiento que ha hecho el ser humano. La batalla que hoy se libra para limitar la capacidad que tengan ciertos países para enriquecer uranio – insumo para las bombas atómicas – es el ejemplo de más actualidad que tenemos.
Así es la evolución y el desarrollo de la humanidad. Lo mismo que puede mejorar la calidad de vida de muchas personas, también trae consigo el germen de destruir y comprometer la sostenibilidad misma del planeta. Como bien cita el editorial de dicha revista, la primera reacción que provoca este avance de la biología sintética y la potencial amenaza en que puede convertirse la generación de vida artificial, es restringir ó regular en exceso el acceso a este tipo de conocimiento.
Afortunadamente también hay quienes alzan la voz y nos recuerdan que siempre es mejor democratizar el conocimiento que privilegiarlo a una elite. Al compartirlo se le convierte en un bien público, ampliándose así las posibilidades de la innovación y capacidad creativa de la comunidad científica mundial. De ahora en adelante serán muchas más cabezas ensanchando la brecha de investigación abierta por estos dos biólogos.
Cabe aquí una reflexión desde una perspectiva más filosófica, que tiene que ver con el espacio y la importancia que debe darse a la ética profesional. Siempre es importante (la ética profesional), pero lo es todavía más ante la división del trabajo y la sobre especialización que constantemente impone el progreso.
La razón es muy sencilla: el costo de obtener y gestionar información para todos y cada uno de los campos del conocimiento ha llegado a ser muy alto. Porque no solamente los campos del conocimiento se han multiplicado y especializado con los años. Además, la revolución tecnológica que acompaña a la globalización ha hecho explotar las cantidades de información que hoy están a la disposición de todos nosotros con un simple click en el computador o blackberry. El sueño de los Enciclopedistas del siglo XVIII ha mutado en la actual era del conocimiento a ser más bien gestores responsables de información.
Por lo tanto, llega un punto en el desarrollo científico en donde es solamente un hombre ó mujer – en el mejor de los casos un pequeño y selecto grupo –, quienes tienen acceso a la última innovación y al último concepto, sin que pueda alcanzarlos regulación o supervisión alguna. Es precisamente allí, cuando han quedado solos, parados sobre la frontera del conocimiento, que la ética profesional debe ser el último faro que guíe sus decisiones de manera responsable.
Descubrimientos como los que anunciaron Venter y Smith hace una semana no hacen sino constatar las palabras de Mikhail Gorbachov ante la crisis de pensamiento político y económico que ocasionó la caída del muro de Berlín en el mundo entero: los seres humanos siguen siendo capaces de encontrarle una salida a cualquier crisis, siempre que se les permita pensar, explorar, y ser creativos.
miércoles, 3 de marzo de 2010
Urgen nuevos datos de pobreza!
“Si no producimos información, las ideas innovadoras, los programas piloto, y las nuevas tendencias en política pública, se van hacia aquellos países en donde sí hay datos para evaluar, para experimentar, para validar hipótesis”.
Hace poco más de diez años, Guatemala se embarcó en un programa conocido como MECOVI (Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida). Fue una iniciativa en la que participaron muchas agencias de cooperación y desarrollo internacional como el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD, el BID, y algunas otras de carácter bilateral.
La idea original del programa consistía en apoyar a las agencias responsables de generar estadísticas oficiales en países en desarrollo, que en el caso de Guatemala es el Instituto Nacional de Estadística. Dicho apoyo tomó varias formas, desde la producción de encuestas de hogares para diferentes propósitos, pasando por la capacitación de funcionarios públicos en diferentes campos de la producción y análisis de información estadística, hasta la sensibilización de la sociedad en general sobre la importancia de generar periódicamente tal información.
En el caso de Guatemala el Programa MECOVI acompaño distintas encuestas de hogares, muchas de las cuales todavía sirven para estudiar la realidad nacional. Entre las más difundidas están las Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2000 y 2006, pero también se llevaron a cabo las Encuestas de Empleo e Ingresos (ENEI) del 2002, 2003 y 2004.
Así también, al amparo del trabajo que realizaba el Programa MECOVI, se constituyeron equipos de análisis de diferentes instituciones. El caso que tengo más a la mano fue una alianza entre el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la Universidad Rafael Landívar, el Banco Mundial, CEPAL, y PNUD, para hacer estudios de pobreza.
De allí surgieron estudios, herramientas, e iniciativas muy diversas y útiles que sirvieron, entre otras cosas, para consolidar el tema de pobreza en el centro de la discusión nacional. Pero quizás la externalidad positiva más importante fue permitir la profesionalización de un grupo de jóvenes guatemaltecos y guatemaltecas en distintas técnicas de análisis de encuestas de hogares. Muchos de estos profesionales se quedaron atrapados en el campo del desarrollo, y han seguido trabajando en la actualización de análisis, nutriendo procesos de reflexión y formulación de política pública.
Pero además, las bases de datos que se generaron a partir del Programa MECOVI generaron otra oleada de efectos positivos a nivel internacional. Diferentes instituciones las utilizaron para estudiar al país y responderse preguntas de interés mundial. De los más recientes estudios que he podido ver sobre Guatemala están un documento de trabajo del Banco Mundial que estudia el concepto de desigualdad de oportunidades en varios países de América Latina, y otro par de análisis de los posibles impactos de la crisis de precios de alimentos en las condiciones de vida de nuestra población.
El problema que enfrentamos en la actualidad es que dicha información está envejeciendo. Las cifras más recientes son del 2006, lo cual implica que eventos como las crisis de precios de alimentos y petróleo, la contracción económica del 2008 y 2009, ó los programas de protección social implementados desde esa fecha, están fuera del radar. Para decirlo de otra manera, cada año que pasa navegamos con instrumentos desactualizados que pierden poder y contenido para orientar nuestras decisiones.
Pero no solamente eso, en un plano más estratégico, la generación de información actualizada y con técnicas estadísticas modernas permite a países pequeños como el nuestro, estar en la mente de aquellas instituciones generadoras de conocimiento, tanto a nivel local como internacional. Producir periódicamente información estadística es una manera de hacerse presente en la agenda de análisis y propuestas de desarrollo. Si no producimos información, las ideas innovadoras, los programas piloto, y las nuevas tendencias en política pública, se van hacia aquellos países en donde sí hay datos para evaluar, para experimentar, para validar hipótesis.
Creo que el mensaje es claro: tenemos que sentarnos a diseñar una nueva encuesta de condiciones de vida a la brevedad posible. Hay muchos interesados en hacerlo, dentro y fuera del país. Es sólo cuestión de contar con un poco de voluntad política para darle el respaldo, el sentido de urgencia, y la prioridad nacional que se merece. Además, no es un esfuerzo demasiado oneroso, sobre todo si se le compara con los tremendos beneficios que generará a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal una ENCOVI 2011?
Prensa Libre, 25 de febrero de 2010.
Hace poco más de diez años, Guatemala se embarcó en un programa conocido como MECOVI (Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida). Fue una iniciativa en la que participaron muchas agencias de cooperación y desarrollo internacional como el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD, el BID, y algunas otras de carácter bilateral.
La idea original del programa consistía en apoyar a las agencias responsables de generar estadísticas oficiales en países en desarrollo, que en el caso de Guatemala es el Instituto Nacional de Estadística. Dicho apoyo tomó varias formas, desde la producción de encuestas de hogares para diferentes propósitos, pasando por la capacitación de funcionarios públicos en diferentes campos de la producción y análisis de información estadística, hasta la sensibilización de la sociedad en general sobre la importancia de generar periódicamente tal información.
En el caso de Guatemala el Programa MECOVI acompaño distintas encuestas de hogares, muchas de las cuales todavía sirven para estudiar la realidad nacional. Entre las más difundidas están las Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2000 y 2006, pero también se llevaron a cabo las Encuestas de Empleo e Ingresos (ENEI) del 2002, 2003 y 2004.
Así también, al amparo del trabajo que realizaba el Programa MECOVI, se constituyeron equipos de análisis de diferentes instituciones. El caso que tengo más a la mano fue una alianza entre el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la Universidad Rafael Landívar, el Banco Mundial, CEPAL, y PNUD, para hacer estudios de pobreza.
De allí surgieron estudios, herramientas, e iniciativas muy diversas y útiles que sirvieron, entre otras cosas, para consolidar el tema de pobreza en el centro de la discusión nacional. Pero quizás la externalidad positiva más importante fue permitir la profesionalización de un grupo de jóvenes guatemaltecos y guatemaltecas en distintas técnicas de análisis de encuestas de hogares. Muchos de estos profesionales se quedaron atrapados en el campo del desarrollo, y han seguido trabajando en la actualización de análisis, nutriendo procesos de reflexión y formulación de política pública.
Pero además, las bases de datos que se generaron a partir del Programa MECOVI generaron otra oleada de efectos positivos a nivel internacional. Diferentes instituciones las utilizaron para estudiar al país y responderse preguntas de interés mundial. De los más recientes estudios que he podido ver sobre Guatemala están un documento de trabajo del Banco Mundial que estudia el concepto de desigualdad de oportunidades en varios países de América Latina, y otro par de análisis de los posibles impactos de la crisis de precios de alimentos en las condiciones de vida de nuestra población.
El problema que enfrentamos en la actualidad es que dicha información está envejeciendo. Las cifras más recientes son del 2006, lo cual implica que eventos como las crisis de precios de alimentos y petróleo, la contracción económica del 2008 y 2009, ó los programas de protección social implementados desde esa fecha, están fuera del radar. Para decirlo de otra manera, cada año que pasa navegamos con instrumentos desactualizados que pierden poder y contenido para orientar nuestras decisiones.
Pero no solamente eso, en un plano más estratégico, la generación de información actualizada y con técnicas estadísticas modernas permite a países pequeños como el nuestro, estar en la mente de aquellas instituciones generadoras de conocimiento, tanto a nivel local como internacional. Producir periódicamente información estadística es una manera de hacerse presente en la agenda de análisis y propuestas de desarrollo. Si no producimos información, las ideas innovadoras, los programas piloto, y las nuevas tendencias en política pública, se van hacia aquellos países en donde sí hay datos para evaluar, para experimentar, para validar hipótesis.
Creo que el mensaje es claro: tenemos que sentarnos a diseñar una nueva encuesta de condiciones de vida a la brevedad posible. Hay muchos interesados en hacerlo, dentro y fuera del país. Es sólo cuestión de contar con un poco de voluntad política para darle el respaldo, el sentido de urgencia, y la prioridad nacional que se merece. Además, no es un esfuerzo demasiado oneroso, sobre todo si se le compara con los tremendos beneficios que generará a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal una ENCOVI 2011?
Prensa Libre, 25 de febrero de 2010.
La salud de nuestros niños y sus madres
“La desnutrición crónica, aunque todavía sigue siendo elevada, ha caído varios puntos porcentuales. Sin embargo, hay que anotar dos cosas: el ritmo va muy lento, y la correlación con el nivel educativo de las madres es fuerte.”
Hace unos días llegó a mi buzón de correo electrónico un informe con noticias frescas sobre Guatemala, en uno de los campos más importantes y trascendentales para su desarrollo a largo plazo. El documento se titula “V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2008-2009, informe preliminar”. (Valga recordar que las cuatro encuestas anteriores datan de 1987, 1995, 1998-1999, y 2002).
Quizás el apellido “preliminar” sea la razón por la que todavía no he visto que la noticia reciba toda la atención que amerita. Sin embargo, esperaría que esto cambie muy pronto ya que, hasta hace poco, algunos indicadores de nutrición infantil en Guatemala daban la vuelta al continente, colocándonos como ejemplo de país con una niñez y futuro hipotecados.
De hecho, un análisis relativamente reciente concluye que (sic) “Guatemala ocupa el primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe en lo que respecta al porcentaje de niños menores de cinco años que sufren de baja talla para su edad, una medida de la deficiencia nutricional de largo plazo. Casi la mitad de los niños menores de cinco años del país sufre de talla baja moderada o severa, de acuerdo a datos de la ENSMI de 2002”.
Creo que vale la pena resaltar dos bondades de esta última encuesta. Por una parte, la ENSMI 2008-2009 permite desagregar los resultados hasta el nivel departamental. Esto es importante porque entre mayor nivel de desagregación se pueda tener, mejor es la calidad del análisis y las recomendaciones de política. No es lo mismo sacar conclusiones de grandes extensiones de territorio, como las ocho regiones político-administrativas del país, que poder analizar a Huehuetenango y San Marcos de manera separada.
La otra bondad de la encuesta, quizás tanto o más importante que la anterior, es ver cómo poco a poco se vuelve una práctica común la colaboración interinstitucional entre universidades del país, el sector público y la comunidad internacional. Al igual que ha sucedido en el pasado con las encuestas de condiciones de vida y de empleo, en el caso de la ENSMI interactuaron de forma coordinada actores como la Universidad del Valle de Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y varias agencias de cooperación internacional que contribuyeron al financiamiento – USAID, ASDI, UNICEF, UNFPA, y OPS.
Comentar sobre los primeros resultados que han salido del análisis de la ENSMI sería demasiado extenso para este espacio. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar dos o tres trayectorias importantes.
En primer lugar, durante los últimos veinte años, la tasa global de fecundidad (ie. número de hijos que tienen las mujeres en edad reproductiva) ha caído de 5.6 en 1987 a 3.6 en 2008-2009. Mientras que el segmento de población con al menos educación secundaria tiene 2.3 hijos en promedio, aquellos sin educación tienen 5.2. La correlación es clara, y el espacio para seguir invirtiendo en educación está a la vista.
En segundo lugar, el uso de métodos anticonceptivos se ha más que duplicado. El promedio nacional ha pasado de 23.2% de la población usando algún método en 1987 a 54.1% en 2008-2009. Llama la atención que entre aquellos con educación universitaria, solamente el 74% declara utilizar algún método. En otras palabras, hay que redoblar el trabajo para concientizar sobre la importancia de la planificación familiar, incluso entre nuestra población más educada.
En tercer lugar, la desnutrición crónica, aunque todavía sigue siendo elevada (43.4% de nuestros niños entre 3 y 5 años), ha caído varios puntos porcentuales, bajando de un 49.3% en 2002 y 57.9% en 1987. Sin embargo, hay que anotar dos cosas: el ritmo va muy lento, y la correlación con el nivel educativo de las madres es fuerte. Entre más educación reciba la madre, mucho menor el problema de desnutrición – 62.9% para madres sin educación versus un 16.3% para madres con educación secundaria.
A estas alturas del siglo XXI pienso que ya no hace falta darnos misa entre curas para señalar la importancia que tiene la niñez y la maternidad en el desarrollo de cualquier sociedad. Pienso también que habrá muchos otros resultados de la ENSMI que provocarán reflexión y debate. Lo importante ahora es congratularse porque tenemos una nueva encuesta, y esperar a que muy pronto nos inviten a bajar la base de datos del sitio web del INE, del MSPAS, o de cualquiera de las instituciones que participaron en su elaboración. Hay que recordar que toda esa información es un bien público.
Prensa Libre, 18 de febrero de 2010.
Hace unos días llegó a mi buzón de correo electrónico un informe con noticias frescas sobre Guatemala, en uno de los campos más importantes y trascendentales para su desarrollo a largo plazo. El documento se titula “V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2008-2009, informe preliminar”. (Valga recordar que las cuatro encuestas anteriores datan de 1987, 1995, 1998-1999, y 2002).
Quizás el apellido “preliminar” sea la razón por la que todavía no he visto que la noticia reciba toda la atención que amerita. Sin embargo, esperaría que esto cambie muy pronto ya que, hasta hace poco, algunos indicadores de nutrición infantil en Guatemala daban la vuelta al continente, colocándonos como ejemplo de país con una niñez y futuro hipotecados.
De hecho, un análisis relativamente reciente concluye que (sic) “Guatemala ocupa el primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe en lo que respecta al porcentaje de niños menores de cinco años que sufren de baja talla para su edad, una medida de la deficiencia nutricional de largo plazo. Casi la mitad de los niños menores de cinco años del país sufre de talla baja moderada o severa, de acuerdo a datos de la ENSMI de 2002”.
Creo que vale la pena resaltar dos bondades de esta última encuesta. Por una parte, la ENSMI 2008-2009 permite desagregar los resultados hasta el nivel departamental. Esto es importante porque entre mayor nivel de desagregación se pueda tener, mejor es la calidad del análisis y las recomendaciones de política. No es lo mismo sacar conclusiones de grandes extensiones de territorio, como las ocho regiones político-administrativas del país, que poder analizar a Huehuetenango y San Marcos de manera separada.
La otra bondad de la encuesta, quizás tanto o más importante que la anterior, es ver cómo poco a poco se vuelve una práctica común la colaboración interinstitucional entre universidades del país, el sector público y la comunidad internacional. Al igual que ha sucedido en el pasado con las encuestas de condiciones de vida y de empleo, en el caso de la ENSMI interactuaron de forma coordinada actores como la Universidad del Valle de Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y varias agencias de cooperación internacional que contribuyeron al financiamiento – USAID, ASDI, UNICEF, UNFPA, y OPS.
Comentar sobre los primeros resultados que han salido del análisis de la ENSMI sería demasiado extenso para este espacio. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar dos o tres trayectorias importantes.
En primer lugar, durante los últimos veinte años, la tasa global de fecundidad (ie. número de hijos que tienen las mujeres en edad reproductiva) ha caído de 5.6 en 1987 a 3.6 en 2008-2009. Mientras que el segmento de población con al menos educación secundaria tiene 2.3 hijos en promedio, aquellos sin educación tienen 5.2. La correlación es clara, y el espacio para seguir invirtiendo en educación está a la vista.
En segundo lugar, el uso de métodos anticonceptivos se ha más que duplicado. El promedio nacional ha pasado de 23.2% de la población usando algún método en 1987 a 54.1% en 2008-2009. Llama la atención que entre aquellos con educación universitaria, solamente el 74% declara utilizar algún método. En otras palabras, hay que redoblar el trabajo para concientizar sobre la importancia de la planificación familiar, incluso entre nuestra población más educada.
En tercer lugar, la desnutrición crónica, aunque todavía sigue siendo elevada (43.4% de nuestros niños entre 3 y 5 años), ha caído varios puntos porcentuales, bajando de un 49.3% en 2002 y 57.9% en 1987. Sin embargo, hay que anotar dos cosas: el ritmo va muy lento, y la correlación con el nivel educativo de las madres es fuerte. Entre más educación reciba la madre, mucho menor el problema de desnutrición – 62.9% para madres sin educación versus un 16.3% para madres con educación secundaria.
A estas alturas del siglo XXI pienso que ya no hace falta darnos misa entre curas para señalar la importancia que tiene la niñez y la maternidad en el desarrollo de cualquier sociedad. Pienso también que habrá muchos otros resultados de la ENSMI que provocarán reflexión y debate. Lo importante ahora es congratularse porque tenemos una nueva encuesta, y esperar a que muy pronto nos inviten a bajar la base de datos del sitio web del INE, del MSPAS, o de cualquiera de las instituciones que participaron en su elaboración. Hay que recordar que toda esa información es un bien público.
Prensa Libre, 18 de febrero de 2010.
viernes, 12 de febrero de 2010
La formación de economistas en América Latina
“La inversión en capital humano que hace un individuo y una sociedad es justamente eso: una inversión. Y en cuanto tal debe procurar el mayor rendimiento posible”.
El BID publicó en diciembre del año pasado un documento de trabajo titulado “La formación de los economistas en América Latina”. El estudio presenta una visión comparada de la formación de estos profesionales en cinco países de la región – Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, y México –. Para ello analizan planes de estudio, libros de texto, profesores, métodos de enseñanza, perfil socioeconómico de los estudiantes, actitudes y opiniones sobre la carrera.
Aunque la preocupación por la calidad y pertinencia de la enseñanza de la Economía ha sido motivo de otras publicaciones similares en Estados Unidos y en Latinoamérica desde hace varios años, siempre es relevante revisar conclusiones y volver a tomarle el pulso a las nuevas generaciones para saber si se está siendo efectivo.
Al final, la inversión en capital humano que hace un individuo y una sociedad es justamente eso: una inversión. Y en cuanto tal debe procurar el mayor rendimiento posible – en este caso medido a través del perfil de ingresos de los futuros profesionales, así como de la utilidad que prestan a la sociedad en la que viven –.
Es imposible resumir todo el trabajo en este espacio. Por ello, quiero concentrarme en algunos hallazgos que me parecen suficientemente provocadores para el gremio. Los interesados pueden encontrar el documento completo en el sitio de internet del banco.
El primer elemento analizado fueron los planes de estudio. Aunque procuran guardar un cierto balance entre las áreas macro, micro, y cuantitativa, salta a la vista el poco espacio dado al estudio de la historia económica, economía institucional moderna, así como a cursos afines a otras disciplinas a las que la economía ha intentado volver a acercarse recientemente, como la política y la psicología.
A este respecto, el artículo del BID documenta una de las tensiones tradicionales que existe en cualquier plan de estudios en Economía a nivel de licenciatura: el tipo de entrenamiento que se ofrece a los jóvenes universitarios. En otras palabras, ¿se debe ofrecer un enfoque de “caja de herramientas”, en donde prime el uso de métodos cuantitativos y la formalización matemática, ó se debe implementar un enfoque “cable a tierra”, con cursos que pongan en contexto a los estudiantes y les desarrollen habilidad para interpretar los problemas coyunturales y estructurales del país?
A propósito de los libros de texto utilizados, el trabajo constata dos cosas: primero, que actualmente hay un total predominio del enfoque neoclásico tanto en macro como microeconomía. Y segundo, que hay poquísimos textos nacidos de las Facultades de Economía latinoamericanas. En algunos casos ello puede explicarse por no contar con docentes e investigadores de dedicación completa, pero hay universidades de la región en donde ese ya no es el caso.
No se trata de reinventar la rueda, pero como bien se dice en el artículo, “(…) es bien probable que muchos estudiantes lleguen a familiarizarse más con la Reserva Federal y con los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos, que con los problemas de credibilidad e independencia del Banco Central de su país, con la razón de ser de las metas fiscales, o con los debates sobre la estructura de monedas y plazos de la deuda pública.”
Con respecto a profesores y métodos de enseñanza, sobresale la insatisfacción de los estudiantes con la manera de transmitir el conocimiento, posible reflejo de “(…) falta de innovación, incapacidad para involucrar activamente a los estudiantes en el salón de clase, actualidad y relevancia de los contenidos”. Ello contrasta con que la mayor proporción de docentes es de dedicación parcial. Evidentemente se explota muy poco la experiencia de los profesores en sus respectivas actividades profesionales.
El perfil socioeconómico de los estudiantes de economía revela dos cosas: jóvenes que en un buen porcentaje provienen de hogares en donde sus padres cuentan con educación superior, así como jóvenes que trabajan para costearse sus estudios.
En cuanto a inserción laboral, llama la atención cómo el mito de que los economistas están destinados a engrosar las filas del sector público no es cierto. Entre 30 y 40 por ciento se insertan en el sector privado, otro tanto igual va al sector público, y entre 10 y 20 por ciento va a la academia.
Naturalmente después de leer el trabajo quedan ganas de saber cómo están las escuelas de economía en Guatemala y cómo les va a sus egresados. ¿No valdría la pena coordinarse entre las cuatro o cinco Facultades que actualmente ofrecen la carrera, para replicar este estudio y sacar lecciones más específicas al contexto guatemalteco? Sería un proyecto relativamente fácil y barato de llevar a cabo. Ya se cuenta con la plantilla, conclusiones preliminares a nivel región, el instrumento de recolección de datos, etc. El costo más alto es el de transacción: coordinarse y distribuirse la chamba para producir este pequeño pero útil bien público.
Prensa Libre, 11 de febrero de 2010.
El BID publicó en diciembre del año pasado un documento de trabajo titulado “La formación de los economistas en América Latina”. El estudio presenta una visión comparada de la formación de estos profesionales en cinco países de la región – Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, y México –. Para ello analizan planes de estudio, libros de texto, profesores, métodos de enseñanza, perfil socioeconómico de los estudiantes, actitudes y opiniones sobre la carrera.
Aunque la preocupación por la calidad y pertinencia de la enseñanza de la Economía ha sido motivo de otras publicaciones similares en Estados Unidos y en Latinoamérica desde hace varios años, siempre es relevante revisar conclusiones y volver a tomarle el pulso a las nuevas generaciones para saber si se está siendo efectivo.
Al final, la inversión en capital humano que hace un individuo y una sociedad es justamente eso: una inversión. Y en cuanto tal debe procurar el mayor rendimiento posible – en este caso medido a través del perfil de ingresos de los futuros profesionales, así como de la utilidad que prestan a la sociedad en la que viven –.
Es imposible resumir todo el trabajo en este espacio. Por ello, quiero concentrarme en algunos hallazgos que me parecen suficientemente provocadores para el gremio. Los interesados pueden encontrar el documento completo en el sitio de internet del banco.
El primer elemento analizado fueron los planes de estudio. Aunque procuran guardar un cierto balance entre las áreas macro, micro, y cuantitativa, salta a la vista el poco espacio dado al estudio de la historia económica, economía institucional moderna, así como a cursos afines a otras disciplinas a las que la economía ha intentado volver a acercarse recientemente, como la política y la psicología.
A este respecto, el artículo del BID documenta una de las tensiones tradicionales que existe en cualquier plan de estudios en Economía a nivel de licenciatura: el tipo de entrenamiento que se ofrece a los jóvenes universitarios. En otras palabras, ¿se debe ofrecer un enfoque de “caja de herramientas”, en donde prime el uso de métodos cuantitativos y la formalización matemática, ó se debe implementar un enfoque “cable a tierra”, con cursos que pongan en contexto a los estudiantes y les desarrollen habilidad para interpretar los problemas coyunturales y estructurales del país?
A propósito de los libros de texto utilizados, el trabajo constata dos cosas: primero, que actualmente hay un total predominio del enfoque neoclásico tanto en macro como microeconomía. Y segundo, que hay poquísimos textos nacidos de las Facultades de Economía latinoamericanas. En algunos casos ello puede explicarse por no contar con docentes e investigadores de dedicación completa, pero hay universidades de la región en donde ese ya no es el caso.
No se trata de reinventar la rueda, pero como bien se dice en el artículo, “(…) es bien probable que muchos estudiantes lleguen a familiarizarse más con la Reserva Federal y con los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos, que con los problemas de credibilidad e independencia del Banco Central de su país, con la razón de ser de las metas fiscales, o con los debates sobre la estructura de monedas y plazos de la deuda pública.”
Con respecto a profesores y métodos de enseñanza, sobresale la insatisfacción de los estudiantes con la manera de transmitir el conocimiento, posible reflejo de “(…) falta de innovación, incapacidad para involucrar activamente a los estudiantes en el salón de clase, actualidad y relevancia de los contenidos”. Ello contrasta con que la mayor proporción de docentes es de dedicación parcial. Evidentemente se explota muy poco la experiencia de los profesores en sus respectivas actividades profesionales.
El perfil socioeconómico de los estudiantes de economía revela dos cosas: jóvenes que en un buen porcentaje provienen de hogares en donde sus padres cuentan con educación superior, así como jóvenes que trabajan para costearse sus estudios.
En cuanto a inserción laboral, llama la atención cómo el mito de que los economistas están destinados a engrosar las filas del sector público no es cierto. Entre 30 y 40 por ciento se insertan en el sector privado, otro tanto igual va al sector público, y entre 10 y 20 por ciento va a la academia.
Naturalmente después de leer el trabajo quedan ganas de saber cómo están las escuelas de economía en Guatemala y cómo les va a sus egresados. ¿No valdría la pena coordinarse entre las cuatro o cinco Facultades que actualmente ofrecen la carrera, para replicar este estudio y sacar lecciones más específicas al contexto guatemalteco? Sería un proyecto relativamente fácil y barato de llevar a cabo. Ya se cuenta con la plantilla, conclusiones preliminares a nivel región, el instrumento de recolección de datos, etc. El costo más alto es el de transacción: coordinarse y distribuirse la chamba para producir este pequeño pero útil bien público.
Prensa Libre, 11 de febrero de 2010.
viernes, 29 de enero de 2010
Estado, unos más y otros menos
“En el mundo desarrollado probablemente haga falta menos Estado, en Centro América claramente nos está haciendo falta más peso, calidad, y presencia del mismo”.
Todo parece indicar que el siguiente gran debate en economía será repreguntarnos cuál es el papel que debe jugar el Estado. Una discusión que (ingenuamente) creímos superada desde hace ya algunos años, sobre todo después de haber transitado durante el siglo pasado de un extremo a otro. Primero con los excesos de la planificación central post segunda guerra mundial, y luego con el “Reaganomics” – reformas estructurales, reducción, y desmantelamiento de lo público – aplicado a rajatabla durante los años ochenta y noventa.
Para los latinoamericanos, este debate todavía resuena en la mente y memoria de muchos, unos porque tuvieron que implementarlo, y otros porque vivieron las consecuencias de tales medidas. Como todo, algunas cosas dejaron buen sabor de boca, y otras nos quedaron debiendo.
La importancia de ser responsables y consistentes macroeconómicamente fue una lección asumida, que en muchos casos aprendimos con sangre, pero que demostró ser el camino correcto. Así lo constatan las estadísticas recientes que describen a América Latina como una región que no fue afectada de manera tan profunda con la última crisis, y para la que anticipan la mayor aceleración (recuperación) de todas las subregiones en el 2010.
Por el contrario, privatizaciones y la regulación que debió acompañarla, la tercerización de servicios básicos, y el ninguneo de las oficinas de planificación económica, probaron ser ejercicios incompletos, en algunos casos, y francamente equivocados, en otros.
Interesante y rico es el debate actual en el hemisferio norte, donde ya comenzaron a escucharse cañonazos intelectuales y políticos con relación a cuánto más Estado se necesita. Las razones que resuenan son todas meritorias. Elevados déficits fiscales, alta participación del Estado en la economía, condiciones demográficas que vaticinan una presión mayor sobre el gasto en pensiones y salud para una población que envejece, son solamente algunos de los motivos de preocupación.
En contraste, ese no es el panorama en nuestro istmo – mucho menos en nuestro país. Mientras que allá se discute cómo hacer menos metiche a un Estado que probablemente se está pasando de la raya, aquí todavía tenemos una inmensa geografía y población para la cual el Estado “ni fu ni fa”.
Allá, los americanos se acongojan con déficits fiscales del 12% del producto; los ingleses y franceses cuestionan el tamaño del gobierno cuando ven que ya rebasó el 50% del PIB. Aquí se nos para el pelo por subir la carga tributaria un punto y medio, aunque todavía no tengamos una escuela secundaria en cada municipio.
Allá se discute cuál debe ser la edad mínima de retiro para hacer sostenible el sistema de pensiones. Aquí preguntamos cuál es la edad mínima para salir a trabajar. Como dice Rubén Blades en una canción: “(…) así fue la baraja, en casa del pobre, hasta el que es feto trabaja”.
En ese sentido, es adecuado volver a reflexionar sobre el tamaño y funciones óptimas el Estado en pleno siglo XXI, pero hacerlo acorde a la realidad de cada cual. En el mundo desarrollado probablemente haga falta menos Estado, en Centro América claramente nos está haciendo falta más peso, calidad, y presencia del mismo. Ni siquiera hemos agotado discusiones elementales como cobertura total y gratuita en la provisión de bienes y servicios básicos, ni qué decir en cuanto a calidad mínima en la provisión de los mismos.
Por si eso fuera poco, acontecimientos recientes son ejemplos dolorosos de que indiscutiblemente hay un Estado mínimo para hacer viable a cualquier país. El terremoto de Haití, el huracán Mitch en Honduras, linchamientos, narcotráfico, y depredación ambiental en Guatemala, son claras manifestaciones de la poquísima capacidad de reacción que tienen nuestros Estados.
Dos reflexiones finales: primero, queda demostrado que las discusiones en ciencias sociales son recurrentes, y se explican por la misma naturaleza cambiante del ser humano y su entorno. El Estado del siglo XX no es el Estado que se necesita en el siglo XXI. De modo que revisitar estos temas es saludable, siempre que los interlocutores hayan evolucionado al ritmo que lo ha hecho el contexto que los rodea.
Y segundo, en Guatemala debiéramos prepararnos para reabrir el tema – que no quiere decir estar a la defensiva, sino más bien dispuestos a ventilar puntos de vista de forma abierta y libre. Debatir siempre es positivo, es la base del progreso de toda sociedad, siempre que no se convierta en un recitar letanías adecuadas para una sociedad que no es la nuestra, mucho menos para un Estado que jamás hemos visto.
Prensa Libre,28 de enero de 2010.
Todo parece indicar que el siguiente gran debate en economía será repreguntarnos cuál es el papel que debe jugar el Estado. Una discusión que (ingenuamente) creímos superada desde hace ya algunos años, sobre todo después de haber transitado durante el siglo pasado de un extremo a otro. Primero con los excesos de la planificación central post segunda guerra mundial, y luego con el “Reaganomics” – reformas estructurales, reducción, y desmantelamiento de lo público – aplicado a rajatabla durante los años ochenta y noventa.
Para los latinoamericanos, este debate todavía resuena en la mente y memoria de muchos, unos porque tuvieron que implementarlo, y otros porque vivieron las consecuencias de tales medidas. Como todo, algunas cosas dejaron buen sabor de boca, y otras nos quedaron debiendo.
La importancia de ser responsables y consistentes macroeconómicamente fue una lección asumida, que en muchos casos aprendimos con sangre, pero que demostró ser el camino correcto. Así lo constatan las estadísticas recientes que describen a América Latina como una región que no fue afectada de manera tan profunda con la última crisis, y para la que anticipan la mayor aceleración (recuperación) de todas las subregiones en el 2010.
Por el contrario, privatizaciones y la regulación que debió acompañarla, la tercerización de servicios básicos, y el ninguneo de las oficinas de planificación económica, probaron ser ejercicios incompletos, en algunos casos, y francamente equivocados, en otros.
Interesante y rico es el debate actual en el hemisferio norte, donde ya comenzaron a escucharse cañonazos intelectuales y políticos con relación a cuánto más Estado se necesita. Las razones que resuenan son todas meritorias. Elevados déficits fiscales, alta participación del Estado en la economía, condiciones demográficas que vaticinan una presión mayor sobre el gasto en pensiones y salud para una población que envejece, son solamente algunos de los motivos de preocupación.
En contraste, ese no es el panorama en nuestro istmo – mucho menos en nuestro país. Mientras que allá se discute cómo hacer menos metiche a un Estado que probablemente se está pasando de la raya, aquí todavía tenemos una inmensa geografía y población para la cual el Estado “ni fu ni fa”.
Allá, los americanos se acongojan con déficits fiscales del 12% del producto; los ingleses y franceses cuestionan el tamaño del gobierno cuando ven que ya rebasó el 50% del PIB. Aquí se nos para el pelo por subir la carga tributaria un punto y medio, aunque todavía no tengamos una escuela secundaria en cada municipio.
Allá se discute cuál debe ser la edad mínima de retiro para hacer sostenible el sistema de pensiones. Aquí preguntamos cuál es la edad mínima para salir a trabajar. Como dice Rubén Blades en una canción: “(…) así fue la baraja, en casa del pobre, hasta el que es feto trabaja”.
En ese sentido, es adecuado volver a reflexionar sobre el tamaño y funciones óptimas el Estado en pleno siglo XXI, pero hacerlo acorde a la realidad de cada cual. En el mundo desarrollado probablemente haga falta menos Estado, en Centro América claramente nos está haciendo falta más peso, calidad, y presencia del mismo. Ni siquiera hemos agotado discusiones elementales como cobertura total y gratuita en la provisión de bienes y servicios básicos, ni qué decir en cuanto a calidad mínima en la provisión de los mismos.
Por si eso fuera poco, acontecimientos recientes son ejemplos dolorosos de que indiscutiblemente hay un Estado mínimo para hacer viable a cualquier país. El terremoto de Haití, el huracán Mitch en Honduras, linchamientos, narcotráfico, y depredación ambiental en Guatemala, son claras manifestaciones de la poquísima capacidad de reacción que tienen nuestros Estados.
Dos reflexiones finales: primero, queda demostrado que las discusiones en ciencias sociales son recurrentes, y se explican por la misma naturaleza cambiante del ser humano y su entorno. El Estado del siglo XX no es el Estado que se necesita en el siglo XXI. De modo que revisitar estos temas es saludable, siempre que los interlocutores hayan evolucionado al ritmo que lo ha hecho el contexto que los rodea.
Y segundo, en Guatemala debiéramos prepararnos para reabrir el tema – que no quiere decir estar a la defensiva, sino más bien dispuestos a ventilar puntos de vista de forma abierta y libre. Debatir siempre es positivo, es la base del progreso de toda sociedad, siempre que no se convierta en un recitar letanías adecuadas para una sociedad que no es la nuestra, mucho menos para un Estado que jamás hemos visto.
Prensa Libre,28 de enero de 2010.
Paul Samuelson
“(…) muchos economistas desearían haber escrito tan siquiera un artículo seminal – uno que cambiara de manera fundamental la forma en que la gente piensa sobre algún tema. Samuelson escribió docenas de ellos”.
El pasado domingo 13 de diciembre falleció el Profesor Paul Anthony Samuelson a la edad de 94 años. Primer americano en obtener el premio Nobel de economía, incansable investigador, formador de opinión pública y de generaciones de estudiantes universitarios. Pero sobretodo, reconocido por colegas y alumnos por su profunda calidad humana y sencillez. Sin duda alguna uno de los economistas más influyentes del siglo XX, no solamente por sus aportaciones en el campo teórico, sino también en el ámbito metodológico y docente.
Difícil (además de osado) intentar hacer el recuento de las aportaciones de Samuelson. Paul Krugman, premio Nobel de Economía del 2008, y durante algún tiempo colega de Paul Samuelson en el MIT, escribió un editorial en el New York Times diciendo: “(…) muchos economistas desearían haber escrito tan siquiera un artículo seminal – uno que cambiara de manera fundamental la forma en que la gente piensa sobre algún tema. Samuelson escribió docenas de ellos…”
En el campo teórico destacan su modelo “multiplicador-acelerador” para explicar ciclos de negocios, el “teorema Stolper-Samuelson” para explicar el impacto diferenciado del comercio sobre distintos grupos de agentes económicos, contribuciones a la teoría de bienes públicos, y modelos de generaciones traslapadas – que han sido de mucha utilidad para estudiar temas como seguridad social y el manejo de deuda pública –. Así también desarrolló lo que él mismo bautizó como la “síntesis neoclásica”, en donde conjuga dos aparatos de análisis, neoclásico y keynesiano, en función de las condiciones en que se encuentre la economía.
En cuanto al método, el Profesor Samuelson fue reconocido desde muy temprano en su carrera como lúcido economista matemático. De allí que otra de sus grandes contribuciones a la disciplina haya sido la formalización matemática de principios económicos.
En el campo docente, me atrevería a decir que una gran mayoría de estudiantes universitarios alrededor del mundo han pasado por las páginas de su famoso libro de texto “Economía”, cuya primera edición data de 1948. Todavía recuerdo la sensación que me causó leer el párrafo final de su prefacio. Me permito reproducirlo aquí porque creo que captura un momento único en la vida de cualquier estudiante de economía.
Dice así: “(…) Es comprensible que al comenzar su viaje por las tierras de los mercados, el lector esté algo inquieto. Aní¬mese. Lo cierto es que envidiamos al principiante que se adentra por primera vez en el fascinante mundo de la economí¬a. Es ésta una emoción que, por desgracia, sólo puede experimentarse una vez en la vida. Así¬ pues, dispuesto ya a comenzar, le deseamos ¡buen viaje!”.
Con esas palabras, Samuelson nos introdujo a los conceptos de escasez, mercados, desempleo, impuestos, comercio, gobierno, externalidades, bienes públicos, y muchos más. Cómo él mismo declaró en una entrevista: “No me importa quién escribe las leyes de una nación si yo puedo escribir sus libros de texto de economía”.
Contemporáneo de John Maynard Keynes, fue un activo promotor de muchos de sus postulados. Convencido del papel que los gobiernos pueden jugar para tratar de acelerar procesos de recuperación económica. En una de sus últimas entrevistas concedida a la BBC, al comentar sobre los paquetes de estímulo fiscal impulsados actualmente por muchos gobiernos, hizo el contraste con las medidas (keynesianas) de política que se tomaron en la década de los años treinta, diciendo “no fue el dinero lo que nos sacó de la gran depresión, fue el gasto…”.
Por toda esta herencia intelectual, me parece oportuno concluir recordándolo con un texto atribuido al economista inglés:
“El estudio de la Economía no pareciera requerir atributos muy especiales. ¿No es considerado acaso un tópico relativamente simple cuando se compara con disciplinas más elevadas como la filosofía o la ciencia pura? ¡Un tópico simple que muy pocos dominan! Esta paradoja probablemente se explica en que el economista verdadero tiene que poseer
una rara combinación de cualidades. Tiene que tener algo de matemático, historiador, político y filósofo. Tiene que entender símbolos, pero hablar con palabras. Tiene que observar lo particular a través de lo general, y combinar lo abstracto y lo concreto en un mismo pensamiento. Tiene que estudiar el presente a la luz del pasado para saber qué hacer en el futuro. Ninguna parte de la naturaleza humana o de la sociedad puede quedar completamente fuera de su campo de atención. Tiene que ser intencionado y objetivo simultáneamente; tan puro e incorruptible como un artista; pero, a veces, tan pragmático como un político”.
Prensa Libre, 17 de diciembre de 2009.
El pasado domingo 13 de diciembre falleció el Profesor Paul Anthony Samuelson a la edad de 94 años. Primer americano en obtener el premio Nobel de economía, incansable investigador, formador de opinión pública y de generaciones de estudiantes universitarios. Pero sobretodo, reconocido por colegas y alumnos por su profunda calidad humana y sencillez. Sin duda alguna uno de los economistas más influyentes del siglo XX, no solamente por sus aportaciones en el campo teórico, sino también en el ámbito metodológico y docente.
Difícil (además de osado) intentar hacer el recuento de las aportaciones de Samuelson. Paul Krugman, premio Nobel de Economía del 2008, y durante algún tiempo colega de Paul Samuelson en el MIT, escribió un editorial en el New York Times diciendo: “(…) muchos economistas desearían haber escrito tan siquiera un artículo seminal – uno que cambiara de manera fundamental la forma en que la gente piensa sobre algún tema. Samuelson escribió docenas de ellos…”
En el campo teórico destacan su modelo “multiplicador-acelerador” para explicar ciclos de negocios, el “teorema Stolper-Samuelson” para explicar el impacto diferenciado del comercio sobre distintos grupos de agentes económicos, contribuciones a la teoría de bienes públicos, y modelos de generaciones traslapadas – que han sido de mucha utilidad para estudiar temas como seguridad social y el manejo de deuda pública –. Así también desarrolló lo que él mismo bautizó como la “síntesis neoclásica”, en donde conjuga dos aparatos de análisis, neoclásico y keynesiano, en función de las condiciones en que se encuentre la economía.
En cuanto al método, el Profesor Samuelson fue reconocido desde muy temprano en su carrera como lúcido economista matemático. De allí que otra de sus grandes contribuciones a la disciplina haya sido la formalización matemática de principios económicos.
En el campo docente, me atrevería a decir que una gran mayoría de estudiantes universitarios alrededor del mundo han pasado por las páginas de su famoso libro de texto “Economía”, cuya primera edición data de 1948. Todavía recuerdo la sensación que me causó leer el párrafo final de su prefacio. Me permito reproducirlo aquí porque creo que captura un momento único en la vida de cualquier estudiante de economía.
Dice así: “(…) Es comprensible que al comenzar su viaje por las tierras de los mercados, el lector esté algo inquieto. Aní¬mese. Lo cierto es que envidiamos al principiante que se adentra por primera vez en el fascinante mundo de la economí¬a. Es ésta una emoción que, por desgracia, sólo puede experimentarse una vez en la vida. Así¬ pues, dispuesto ya a comenzar, le deseamos ¡buen viaje!”.
Con esas palabras, Samuelson nos introdujo a los conceptos de escasez, mercados, desempleo, impuestos, comercio, gobierno, externalidades, bienes públicos, y muchos más. Cómo él mismo declaró en una entrevista: “No me importa quién escribe las leyes de una nación si yo puedo escribir sus libros de texto de economía”.
Contemporáneo de John Maynard Keynes, fue un activo promotor de muchos de sus postulados. Convencido del papel que los gobiernos pueden jugar para tratar de acelerar procesos de recuperación económica. En una de sus últimas entrevistas concedida a la BBC, al comentar sobre los paquetes de estímulo fiscal impulsados actualmente por muchos gobiernos, hizo el contraste con las medidas (keynesianas) de política que se tomaron en la década de los años treinta, diciendo “no fue el dinero lo que nos sacó de la gran depresión, fue el gasto…”.
Por toda esta herencia intelectual, me parece oportuno concluir recordándolo con un texto atribuido al economista inglés:
“El estudio de la Economía no pareciera requerir atributos muy especiales. ¿No es considerado acaso un tópico relativamente simple cuando se compara con disciplinas más elevadas como la filosofía o la ciencia pura? ¡Un tópico simple que muy pocos dominan! Esta paradoja probablemente se explica en que el economista verdadero tiene que poseer
una rara combinación de cualidades. Tiene que tener algo de matemático, historiador, político y filósofo. Tiene que entender símbolos, pero hablar con palabras. Tiene que observar lo particular a través de lo general, y combinar lo abstracto y lo concreto en un mismo pensamiento. Tiene que estudiar el presente a la luz del pasado para saber qué hacer en el futuro. Ninguna parte de la naturaleza humana o de la sociedad puede quedar completamente fuera de su campo de atención. Tiene que ser intencionado y objetivo simultáneamente; tan puro e incorruptible como un artista; pero, a veces, tan pragmático como un político”.
Prensa Libre, 17 de diciembre de 2009.
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